El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán propone que se amplíe la posibilidad de solicitar el derecho de réplica cuando la información sea “agravante”, aunque sea cierta y exacta; la organización Artículo 19 sostiene que esto dejara la puerta abierta para que los políticos invadan de réplicas cada vez que se sientan agraviados.
La Ley de Derecho de Réplica se aprobó el 4 de noviembre de 2015. Sin embargo, PRD y Morena interpusieron acciones contra varias disposiciones de la ley argumentando que violan algunos artículos de la Constitución mexicana. Esos cambios fueron integrados en el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que fue publicado el pasado 25 de octubre, el cual está previsto que este martes pase al pleno de la SCJN para su discusión. Derecho a réplica aunque la información sea cierta, el punto clave Entre los cambios propuestos, el punto clave tiene que ver con los requisitos para el ejercicio del derecho de réplica. ¿Qué dice en la actualidad la Ley? Los artículos 2 y 3 señalan que solo se podrá ejercer este derecho cuando la información publicada en un medio sea “falsa o inexacta”. En el proyecto del ministro Pérez Dayán, el PRD y Morena argumentan que el derecho a réplica también debe incluir cuando la información resulte “agraviante” contra una persona, partidos políticos, precandidatos y candidatos, aunque la nota periodística sea cierta y exacta. En la argumentación, PRD y Morena señalan que aunque una información sea cierta y exacta, ésta puede implicar una “ofensa a la fama u honor” de una persona, perjudicando sus intereses y derechos. Por lo que piden incluir la palabra “agraviante” entre los requisitos, ya que, de lo contrario, argumentan que se dejaría “en estado de indefensión” al afectado “por difusión de información que aun siendo cierta, atenta contra la dignidad o afecta la opinión que se tiene de su persona”. Además, el proyecto amplía el término “agraviante” como aquella información “vejatoria, calumniosa” o “que envilece y ofende”. Otro cambio: directo a los tribunales La ley de Réplica prevé que la persona solicitante deberá acudir directamente ante el medio de comunicación para pedir que se publique su rectificación o respuesta. En caso de negativa, el solicitante podrá acudir a la justicia federal para iniciar un procedimiento contra el medio. No obstante, en el proyecto del ministro Pérez Dayán establece que acudir al medio es opcional, y que la persona podrá ir directamente a los tribunales sin necesidad de solicitar al medio de comunicación la publicación de la réplica. La polémica El proyecto del ministro Pérez Dayán ha generado polémica entre quienes consideran que el cambio propuesto por PRD y Morena fortalecerá “el debate público” y la libertad de expresión, y quienes por el contrario opinan que coartaría el ejercicio periodístico y abrirá las puertas para que políticos y funcionarios invadan los medios con réplicas cada vez que se sientan agraviados por una información que los critica o cuestiona. En contra: mecanismo de censura Articulo 19, organización defensora de la libertad de expresión, ha sido una de las más críticas con la propuesta de ampliar los requisitos para acceder al derecho de réplica incluyendo la palabra “agraviante”. “Nos parece muy preocupante, porque deja la puerta abierta a que especialmente candidatos y partidos políticos acudan al derecho de réplica por cualquier información que consideren que los agravió o los injurió, aunque esta sea cierta y exacta”, planteó en entrevista con Animal Político Luis Knapp, integrante del programa de Protección y Defensa de Artículo 19. En este sentido, Knapp advirtió que el derecho de réplica podría ser utilizado como un mecanismo de censura por parte de funcionarios, candidatos políticos o miembros de partidos, contra quienes publican información crítica. “Lo que puede derivar en injerencias arbitrarias y restricciones desproporcionadas sobre la libertad editorial”, añadió. Sobre la modificación propuesta para que la persona pueda acudir directamente a los tribunales sin pedirle primero al medio que publique una réplica, Articulo 19 critica que esto puede generar un “efecto inhibitorio” a la hora de que un periodista o un medio de comunicación publique información. Knapp apuntó al respecto que Artículo 19 ha documentado el incremento del abuso de mecanismos judiciales de responsabilidad por daño moral, “con el objetivo de someter a periodistas y medios de comunicación a litigios largos, costosos y complicados”. Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) calificó como “alarmante” la propuesta para cambiar las regulaciones sobre el derecho de réplica en México. “Estamos alarmados por la posibilidad de forzar a los medios a publicar o difundir réplicas a historias noticiosas bajo una más amplia serie de parámetros”, dijo en un comunicado Carlos Lauría, coordinador del CPJ América. A favor: fortalece el debate en los medios de comunicación Por el contrario, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) destacó que de aprobarse el proyecto y las modificaciones propuestas por PRD y Morena, se ampliará las posibilidades de acceder al derecho de réplica, favoreciendo el debate y la diversidad de puntos de vista en los medios. En un comunicado, la AMEDI señaló que la argumentación del ministro de la SCJN sobre agregar el término información “agraviante” a los requisitos para acceder a la réplica, es “adecuada” porque reconoce que la libertad de expresión “no es absoluta”, ya que viene acompañada de obligaciones y de los límites a los derechos de terceras personas, “uno de los cuales es la custodia del honor y dignidad de las personas”. Además, recordó que los medios de comunicación tienen la obligación de aportar información “fidedigna y documentada”, y que las personas tienen derecho “a responder o rectificar información no solo falsa o inexacta, sino incluso agraviante”. Por su parte, Jesús Zambrano, vicecoordinador de los diputados del PRD, dijo que la propuesta de su partido sobre el derecho de réplica no va contra la libertad de expresión ni busca la censura en los medios.
Pero destacó que es necesario agregar el término “agravante” porque hoy “no existe la posibilidad del derecho de réplica de quien se ve agraviado por una publicación, no solo incierta sino también tendenciosa y que carece de objetividad”. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/derecho-replica-corte-medios/
Según esta sentencia en primera instancia, publicada hoy en los portales web de MVS y Aristegui Noticias, Aristegui “excedió su libertad de expresión y de información causando un daño a los derechos de personalidad, honor y prestigio de Joaquín Vargas Guajardo”; Por ello, se condenó a la periodista a que “todas y cada una de las ediciones y publicaciones” que se realicen de dicho libro desde que sea ejecutable la sentencia incluyan en el prólogo “un extracto de la presente sentencia como parte integrante de la misma”, asimismo, se absolvió tanto a Aristegui como a la editorial -y codemandada moral- Penguin Random House del pago de una indemnización.
Un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictaminó que la periodista Carmen Aristegui causó daño moral al presidente del grupo de comunicación MVS, Joaquín Vargas Guajardo, en el prólogo de un libro sobre el escándalo de la llamada “Casa Blanca”, informaron hoy ambas partes. Según esta sentencia en primera instancia, publicada hoy en los portales web de MVS y Aristegui Noticias, Aristegui “excedió su libertad de expresión y de información causando un daño a los derechos de personalidad, honor y prestigio de Joaquín Vargas Guajardo”. Ello en relación a las “apreciaciones contenidas” en el prólogo del libro titulado La Casa Blanca de Peña Nieto, de Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán e Irving Huerta.
Por ello, se condenó a la periodista a “la publicación a su costa de un extracto del presente fallo que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance del mismo, en el medio y formato donde fueron difundidas las opiniones contenidas en el prólogo del libro de referencia”.
Aristegui mantiene un litigio con MVS a raíz de que fue despedida de la empresa en marzo del pasado año con una parte de su equipo, el mismo que destapó que el Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, compraron inmuebles a dos empresas que son contratistas del Gobierno. La sentencia dada a conocer hoy obliga a que “todas y cada una de las ediciones y publicaciones” que se realicen de dicho libro desde que sea ejecutable la sentencia incluyan en el prólogo “un extracto de la presente sentencia como parte integrante de la misma”.
“Condena que se hace extensiva a diversas formas de difusión del multicitado prefacio, tales como medios electrónicos, televisivos y radiofónicos”, apuntó la resolución judicial.
Asimismo, se absolvió tanto a Aristegui como a la editorial -y codemandada moral- Penguin Random House del pago de una indemnización. Tanto en los diarios El Universal y Reforma apareció hoy publicado un texto pagado titulado “Aristegui mintió”, en el que Vargas recuerda que el pasado 30 de junio demandó a la comunicadora por daño moral por “dolosas y falsas afirmaciones” que aparecían en el prólogo en cuestión. Celebró la sentencia porque señala que la periodista buscó “no informar”, sino “desprestigiar” con argumentos “que no se ajustan a la realidad”, por lo que esta se “excedió en su libertad de expresión e información”, llegando a mentir. Por su parte, Aristegui Noticias reprodujo la sentencia, el artículo de Vargas y el prólogo del libro en una página encabezada por el titular “¿Quién miente aquí?”.
Aristegui, que todavía no ha dado una respuesta oficial, presentó el pasado otoño una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra al Estado mexicano por “obstrucción a la Justicia” en el litigio que mantiene con el grupo MVS por su despido en marzo de 2015. FUENTE: SIN EMBARGO/EFE. LINK: http://www.sinembargo.mx/07-11-2016/3112712
Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador electo de Veracruz, dijo que la situación financiera del estado podría derivar en una crisis humanitaria en la mayoría de los municipios, y no está equivocado. Tatahuicapan y Mixtla son altamente marginados, y fueron los más saqueados por Javier Duarte, entre otros que también son gobernador por el PRD y el PAN. Ahora, hay familias en la miseria, angustiadas por la falta de trabajo y educación, sin recibir apoyo ni del Gobierno federal.
El Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, además de saquear las arcas de los programas sociales y de infraestructura, desvió recurso de municipios catalogados como de alta marginación, como Mixtla de Altamirano, Mariano Escobedo y Tatahuicapan de Juárez. De los 61 ayuntamientos del Partido Acción Nacional (PAN) y del de la Revolución Democrática (PRD) que están reclamando el depósito de recursos, a municipios del sur de Veracruz, se les debe unos 226 millones 712 mil pesos, los cuales están concentrados en Jáltipan, Pajapan, Tatahuicapan, Oluta, Zaragoza, etc. Algunos de los presidentes municipales de esos ayuntamientos, ya cumplieron más de una semana en la toma del Palacio de Gobierno en Xalapa, un hecho para la historia, pues nunca antes las fuerzas opositoras se habían alineado para desplazar al Ejecutivo se su trono. A Flavino Ríos Alvarado, Gobernador provisional, y al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, no les quedó de otra más que admitir que ilegalmente tomaron el dinero para otras necesidades propias del Gobierno, como el pago de nómina y proveedores, lo que no deja de ser un delito sancionado por el Código Federal de Procedimientos Penales. Debe mencionarse que los recursos tomados por el Ejecutivo, en la mayoría de los casos, eran para obras de desarrollos social y acciones de combate a la pobreza, pese a ello, durante los últimos cuatro años el Gobierno de Duarte de Ochoa lo desvió sin miramientos. Faltan unos días para la toma de protesta del nuevo Gobernador y aún no hay culpables ante esta falta. DUARTE ROBÓ A LOS MÁS POBRES Igualmente, las cifras reclamadas, entregadas a BlogExpediente por los comités del PAN y del PRD, en algunos casos, superan el presupuesto, en dos o tres años, de los municipios afectados. Tal es el caso de Tatahuicapan, gobernado por el PRD, y que le reclama a Javier Duarte de Ochoa 73 millones de pesos, cuando la Ley de Egresos del 2016 le asignó 43 millones 262 mil 574 pesos en la integración de participaciones y aportaciones a los municipios. El CONEVAL indica que en Tatahuicapan, el 89 por ciento de la población (12 mil 526) está en condiciones de pobreza, y la mitad en pobreza extrema. Javier Duarte de Ochoa los engañó con un hospital, la promesa de nuevos caminos y más recursos por la explotación de la presa Yuribia, sin que tengan resultados. Mixtla de Altamirano, entre los 50 municipios más marginados del país, y el más pobre de Veracruz, reclama 30 millones de pesos; la Ley de Egresos dice que en 2016, le asignaron 43 millones 459 mil pesos. Ahí el 80 por ciento de sus habitantes, vive en condiciones de pobreza extrema y el 85.0 por ciento está por debajo de la línea de bienestar mínimo, el 53 por ciento carga rezago educativo. En Atlahuilco, el 55 por ciento de la gente persiste en pobreza extrema, el 99 por ciento presenta al menos una carencia social y el 96 por ciento no cuenta con acceso a seguridad social. En Filomeno Mata, el 62 por ciento de los 14 mil 369 habitantes medidos, vive en pobreza extrema y 82 pro ciento no tiene acceso a los servicios básicos de vivienda. En Oluta, el 64.6 por ciento de los 9 mil 981 habitantes, está en pobreza, y el 44 por ciento, registra al menos tres carencias sociales. En Platón Sánchez hay 13 mil 735 personas, de las cuales, el 27.1 por ciento, persiste en pobreza extrema, el 52 por ciento con tres carencias sociales 81 por ciento no cuenta con acceso a seguridad social Een Pajapan, el 86 por ciento de los habitantes vive en pobreza, y el 57.5 por ciento no tiene acceso a servicios de salud. En Tantoyuca, uno de los más afectados, de sus 78 mil habitantes, el 40 por ciento vive en pobreza extrema y el 60 por ciento no cuenta con espacios dignos de vivienda. En Mariano Escobedo, con 23 mil pobladores, el 39.5 por ciento tiene pobreza moderada, 53.7 por ciento, al menos tres carencias sociales y el 77.8 no cuenta con acceso a la seguridad social. LOS CASTIGADOS Del análisis al listado se desprende que los ayuntamientos a los que se les debe más son al mismo tiempo los que, de alguna forma, en los últimos meses, sus alcaldes presentaron una relación “cercana” con el Gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares. En la toma del Palacio en Xalapa no se ha dudado en decir que este indicador es síntoma de una revancha política desde la Secretaría de Finanzas, empleando el presupuesto como arma para castigar las diferencias políticas. Como el caos de Papantla, por el PRD, el Ayuntamiento con la deuda más alta, por 107 millones de pesos y que es gobernado por Marcos Romero Sánchez, ferviente promotor de Yunes Linares en el norte. En campaña, Yunes Linares caminó por Tatahuicapan, lo que nunca hizo Duarte de Ochoa, y ahí prometió regresar en marzo del 2017 pero ya para inaugurar una obra importante. Ahora su Alcalde, Filogonio Bautista, reclama 73 millones de pesos. Por el lado del PAN, es Boca del Río, con 345 millones desviados, el más afectado, ahí gobierna Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del próximo Gobernador, y una de las figuras más notorias de la oposición durante el Gobierno de Fidel Herrera Beltrán, y ahora contra Javier Duarte y Flavino Ríos Alvarado. El segundo adeudo más grande por el PAN, lo carga Tantoyuca, con 162 millones, en ese municipio se asienta otro de los bastiones panistas y de los yunistas por medio de Jaime Guzmán Avilés, uno de los más cercanos al director del ISSSTE. Como epílogo, se expone que en 2014, el CONEVAL dio a conocer que Veracruz, respeto a otros estados, mantenía los peores escenarios en la lucha contra la pobreza, incluso, estaba portando para los primeros años del duartismo, más de 500 mil pobres al concierto nacional. En las dependencias encargadas de abatir la pobreza, tuvo de jefes a Ranulfo Márquez, Marcelo Montiel Montiel, Anilú Ingram y Alberto Silva, dualistas que están bajo sospecha de haberle metido la mano al cajón. YUNES ADVIERTE CRISIS HUMANITARIA Miguel Ángel Yunes Linares advirtió este día que la falta de entrega de participaciones federales a municipios de la entidad “puede llevar a Veracruz a una situación de ingobernabilidad y en algunas zonas del Estado ya hay auténticamente una crisis humanitaria, concretamente en las zonas indígenas donde los ayuntamientos se hacen cargo de todo”. Al término de la inauguración del Quinto Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad, el Gobernador electo enfatizó que ciertos municipios encaran prácticamente una situación de insolvencia, pues se hacen cargo de los rubros médicos, de seguridad, atención alimentaria, “se hacen cargo de todo”, dijo. Deuda con alcaldes del PAN: Boca del Rio 345,205,465 Tantoyuca 162,000,000 Córdoba 55,938,382 Álamo 47,925,637 Soconusco 43,856,012 Oluta 42,500,000 Zontecomatlán 33,755,449 Mixtla 30,000,000 Tlapacoyan 27,357,351 Tierra Blanca 23,036,524 Jáltipan 17,900,000 Ixhuacan 13,977,058 Tehuipanco 13,948,599 Huatusco 12,451,996 Filomeno 12,339,120 Tlachichilco 11,743,016 Cotaxtla 11,500,000 Pajapan 10,700,000 Medellín 10,270,000 Tlalixcoyan 10,000,000 Tomatlan 8,800,000 Rio Blanco 8,660,334 Antigua 8,500,000 Tlacotalpan 8,206,842 Acajete 8,018,079 Acatlán 7,925,509 Platón 7,443,815 Nogales 7,191,179 Atlahuilco 6,044,877 Naranjos 5,612,565 Cuitlahuac 4,770,000 Camarón 3,164,913 Zentla 3,465,000 Tatatila 2,551,573 Tamalin 2,000,000 Sochiapa 1,000,000 TOTAL 1,036,920,119 DEUDA con el PRD: Papantla 107,329,507 Tatahuicapan 73, 676, 782 Tihuatlan 54,344,001 Coatzintla 38,123,830 Ixhuatlán Sur. 23,637,331 Xico 22,773,820 Acultzingo 17,400,000 Paso del Macho 13,800,00 San Rafael 12,499,402 Ixhuatlancillo 12,481,867 Ixcatepec 11,854,791 Mariano Escobe 11,000,000 Tlaquilpa 9,818,061 Zacahualpa 8,849,782 Tecaxtepec 8,663,927 Apazapan 8,000,000 Tenochitlan 7,958,000 Ilamatlán 7,270,173 Miahuatlán 6,537,801 Colipa 6,040,000 Chiconamel 5,904,516 San Andrés Tenejapan 4,958,522 4,400,000
Américo Zúñiga, presidente municipal de Xalapa, encabezando un grupo de 60 alcaldes de Veracruz, aseguró hoy en las instalaciones del Senado que ante la escasez de fondos ese estado del oriente de México se encuentra “al borde de una crisis de gobernabilidad”.
Alcaldes de Veracruz marcharon hoy en la Ciudad de México en demanda de una solución a la crisis financiera de ese estado, cuyo gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, se reunió con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio. Américo Zúñiga, presidente municipal de Xalapa, encabezando un grupo de 60 alcaldes de Veracruz, aseguró hoy en las instalaciones del Senado que ante la escasez de fondos ese estado del oriente de México se encuentra “al borde de una crisis de gobernabilidad”. Después de reunirse con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Francisco Yunes, Zúñiga aseguró en conferencia de prensa que los alcaldes han solicitado al Gobierno mexicano “la transferencia de los recursos federales directamente a los ayuntamientos”. Aseguró que los alcaldes tienen “obligaciones con miles de trabajadores municipales que, ante la escasez, se encuentran en riesgo de no poder ser cubiertas”. De acuerdo con el senador Francisco Yunes, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a los municipios de Veracruz se les adeudan unos 1.500 o 2.000 millones de pesos (80,5 a 107,3 millones de dólares) que no han sido depositados. Yunes aseguró que 20 % de los recursos federales asignados al estado están destinados para los municipios; sin embargo, en los últimos meses no les han llegado los fondos. Dijo que “la federación ya entregó al Gobierno del estado (el dinero) y este no hizo llegar a los alcaldes, porque fue desviado o destinado a otra cosa”, y precisó que “no se les puede reintegrar, ya que la federación solo puede destinar recursos para lo expresamente aprobado”. Luego de su reunión en el Senado, los alcaldes se movilizaron hacia la Secretaría de Gobernación, donde se reunieron con el subsecretario de Gobierno, René Juárez Cisneros, a quien le plantearon la problemática que enfrentan por la falta de recursos. Los alcaldes le entregaron al subsecretario un documento en el que solicitan a Gobernación su intervención para recibir los fondos. De acuerdo con un comunicado de la institución, Juárez Cisneros les manifestó que “el Gobierno de la República ha atendido y cumplido puntualmente con la administración estatal en los rubros que le competen”. De acuerdo con el funcionario, Gobernación “contribuirá y coadyuvará en la búsqueda de soluciones en favor de los veracruzanos”. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares para definir “una agenda conjunta” en materia de seguridad y gobernabilidad en la entidad, informó la dependencia. Los alcaldes inconformes y dirigentes estatales del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) tomaron en sus manos desde hace más de 10 días la sede del Poder Ejecutivo Estatal y la noche de ayer se apoderaron de Casa Veracruz, como se conoce a la residencia oficial del gobernador en turno. La toma de Casa Veracruz ocurrió luego de una agria reunión entre el gobernador interino, Flavino Ríos, y su secretario de Finanzas, Antonio Gómez, con alcaldes que reclaman el pago de las participaciones federales. Los presidentes municipales y los dirigentes partidistas acusaron al gobernador y a sus funcionarios de “ladrones” y “sinvergüenzas”, y anunciaron que no se moverán del lugar hasta recibir su “lana” (dinero). En las elecciones del pasado 5 de junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras 86 años de hegemonía, perdió el gobierno estatal a manos de una alianza de PAN y PRD. A las pocas semanas, el gobernador Javier Duarte solicitó y obtuvo licencia para separarse del cargo y luego se convirtió en prófugo de la justicia al ser acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. La quiebra financiera en que se encuentra Veracruz ha provocado que se dejen de pagar salarios y prestaciones laborales a funcionarios y maestros. En este escenario, se encuentran suspendidos los trabajos de entrega y recepción de la administración al gobernador electo Yunes Linares, quien deberá asumir el cargo el 1 de diciembre. AUMENTA CRISIS DE VERACRUZ, CON BLOQUEOS Y SUSPENSIÓN DE SERVICIOS La crisis económica que enfrenta el Gobierno de Veracruz generó hoy bloqueos carreteros, tomas de casetas de peaje, sabotaje a una presa y la suspensión en 20 municipios de servicios básicos como recolección de basura y alumbrado. Cientos de maestros, estudiantes, personal médico, taxistas, deportistas paralímpicos y presidentes municipales encabezaron manifestaciones para exigir al gobierno del Estado el pago de diversos adeudos. A la par, alcaldes del conservador Partido Acción Nacional (PAN) y del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) mantienen tomada la sede del Poder Ejecutivo Estatal y la residencia oficial del gobernador en demanda del pago de 2.000 millones de pesos (107,3 millones de dólares) de participaciones federales. En el interior de la residencia, conocida como Casa Veracruz, los alcaldes transmitieron videos en vivo por redes sociales para denunciar que el gobernador con licencia Javier Duarte saqueó el inmueble, del que desaparecieron obras de arte, televisores y otros objetos. Durante la mañana de hoy, maestros de sindicatos independientes tomaron las oficinas de la Secretaría de Educación de Veracruz, en la capital Xalapa, para exigir el pago de adeudos, entre ellos un fondo de ahorros por 85 millones de pesos (4,6 millones de dólares). Estudiantes de la Escuela Nornal “Manuel Suárez Trujillo” bloquearon la carretera federal Xalapa-Veracruz durante cuatro horas para demandar el pago de 130 millones de pesos (7,2 millones de dólares) del Fideicomiso de Manutención. Las oficinas centrales de la Secretaría de Finanzas y Planeación fueron bloqueadas por atletas con discapacidad, quienes denunciaron atrasos en el pago de sus becas deportivas, aunque sin precisar montos. En esa misma dependencia hubo protesta de taxistas que exigen la entrega de concesiones del transporte público que pagaron y que la autoridad nunca les entregó. En la zona turística de Veracruz y Boca del Río, personal médico, administrativo y operativo salió a las calles a protestar para denunciar desabasto de medicamentos en hospitales públicos debido a que el Gobierno estatal no ha pagado a proveedores. Habitantes del municipio indígena de Tatahuicapan, en el sur del estado, tomaron la presa Yuribia y rompieron tuberías en protesta por el incumplimiento del pago de 80 millones de pesos (4,3 millones de dólares) para obras públicas para sus comunidades. Con el sabotaje a la presa, más de medio millón de habitantes se quedaron sin agua potable en los municipios petroleros de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, donde se asientan cuatro petroquímicas y una refinería operadas por la empresa gubernamental Petróleos Mexicanos. Alcaldes de la zona serrana de Zongolica tomaron la caseta de peaje de Fortín de las Flores en la autopista Veracruz-México y permitieron el paso sin pagar de miles de automovilistas. Al menos 20 municipios cerraron sus oficinas centrales bajo el argumento que el Gobierno estatal no les ha transferido las participaciones federales que llegaron a sus arcas desde hace meses y que fueron utilizados para otras áreas. En las elecciones del pasado 5 de junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras 86 años de hegemonía, perdió el gobierno estatal a manos de una alianza de PAN y PRD. A las pocas semanas, el gobernador Javier Duarte solicitó y obtuvo licencia para separarse del cargo y luego se convirtió en prófugo de la justicia al ser acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.
En este escenario, se encuentran suspendidos los trabajos de entrega y recepción de la administración al gobernador electo Yunes Linares, quien deberá asumir el cargo el 1 de diciembre. FUENTE: SIN EMBARGO/EFE. LINK: http://www.sinembargo.mx/07-11-2016/3112756
José Narro, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan Ayala, dijo que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica tiende a favorecer la hegemonía de Estados Unidos.
Diversas organizaciones campesinas, agrupadas en el movimiento ‘El Campo es de Todos’, se manifestaron este lunes contra el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP, por sus siglas en inglés). José Narro, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan Ayala, dijo que la Secretaría de Agricultura en la Ciudad de México amaneció rodeada por un millar de campesinos provenientes de todo el país. Indicó que también fue cerrada la aduana fronteriza con Estados Unidos en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en protesta por la intención, dijo, del gobierno y el Senado mexicano de aprobar vía ‘fast track’ el TTP. Se trata de una imposición del gobierno de Estados Unidos, cuyas transnacionales son las principales beneficiarias de este tratado lesivo para el agro mexicano, argumentó. El Acuerdo Transpacífico es parte del modelo neoliberal de dominación que antes no pudieron imponer con el fracasado proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas, apuntó. Aseguró que el TPP tiende a favorecer la hegemonía de Estados Unidos y lamentó que el gobierno mexicano ‘siempre anda a la cola de los grandes intereses económicos estadounidenses’.
Narro explicó que las movilizaciones también tienen el propósito de exigir al gobierno federal presupuesto justo para los pequeños y medianos productores, hoy excluidos de recursos y asistencia técnica gubernamental, que favorece a los grandes productores y las transnacionales. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://aristeguinoticias.com/0711/mexico/campesinos-protestan-contra-el-ttp-y-piden-presupuesto-justo/
El presidente Enrique Peña Nieto convocó a las organizaciones de la sociedad a reunirse y participar en la definición de la política de seguridad.
María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, criticó el modelo policial durante su participación en el Quinto Foro Nacional “Sumemos causas por la seguridad: ciudadanos + policías”. “El modelo policial del país es intrínsecamente corrupto porque sólo puede existir económicamente, ya no digamos operar en ningún sentido, gracias al subsidio de la delincuencia y de la corrupción”, dijo. La activista llamó a no estigmatizar a los agentes policiacos y cuestionó que muy pocos policías locales tienen seguro social, seguro médico, educación, profesionalización suficiente y sueldo digno. Comentó que las cifras de asesinatos en septiembre de 2016 año ha sido la más alta en cuatro años y destacó que existen afrentas al Estado mexicano, como en el caso de la violencia cometida contra los militares durante la emboscada en Culiacán y el asesinato del juez federal. “Ningún gobierno ha logrado definir, crear y mucho menos consolidar, una política pública de seguridad que sea transexenal y que sea de Estado. La violencia, el miedo y el desamparo son parte de la vida cotidiana de muchos mexicanos”, dijo. Morera dijo que el aumento de la violencia tiene repercusiones sociales, tal como lo muestran las señales de hartazgo de los ciudadanos que han hecho justicia por su propia mano. “En lo que va del sexenio se cuenta con un promedio mensual de mil 800 homicidios, casi 22 mil al año, y el país se acerca a los peores momentos de violencia del sexenio anterior“, aseguró.
Llamado presidencial a organizaciones Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a las organizaciones de la sociedad a reunirse y participar en la definición de la política de seguridad. “Definamos una agenda que nos permita afinar con mayor precisión la política que en materia de seguridad pública debe seguir el Estado mexicano”. Peña Nieto dijo que a dos años de que concluya su administración “se pueden lograr muchas cosas”, y por ello está en total apertura para hablar con las asociaciones de la sociedad civil y establecer una agenda que impulsar en ese periodo. El mandatario llamó a definir una agenda que diga “hacia dónde debemos de caminar”, a partir de las experiencias que se han tenido en este tema “que ha sido crónico” y en el que “reconocemos avances pero también, debo decir, son insuficientes”. Con la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, el mandatario convocó a participar en la definición de una política de Estado “que sea incluso de orden transexenal, a través de la coordinación entre gobierno y sociedad”. De acuerdo con el Presidente, en 2012 el indicador de homicidios dolosos era de 23 por cada 100 mil habitantes y a partir de 2015 fue de 17 por cada 100 mil, aunque hay entidades cuyos indicadores están por debajo de cinco y otras muy por encima del indicador promedio, lo que revela que el país “vive diferentes realidades”. Asimismo, la embajadora estadounidense Roberta Jacobson llamó a que los cuerpos policiales se certifiquen y capaciten para brindar sus servicios. “Después de todo, muchos de los que hoy están aquí no se subirían a un avión si el piloto no está certificado”.
“La acreditación de los departamentos de policía significa que los ciudadanos pueden confiar en que los cadetes estén capacitados en habilidades básicas que incluyen el uso de fuerza y la defensa de los derechos humanos“, expresó.
GUADALAJARA, Jal: La mañana de este lunes fue acribillado un integrante de la Fuerza Única Regional (FUR) en el municipio de San Martín de Hidalgo, en una agresión registrada cuando agentes de esa policía de élite atendían un reporte ciudadano sobre la presencia de un sujeto que realizaba detonaciones de arma de fuego. Según los primeros reportes, el agresor se encontraba pertrechado al interior de una vivienda en la mencionada población y lejos de parar los disparos, al momento de ver a los agentes policíacos disparó contra ellos. En los hechos el agresor fue abatido por los agentes que repelieron el ataque del delincuente. En otro hecho registrado la tarde del domingo, al filo de las 14:00 horas, en el estacionamiento de Plaza del Sol, en el sur de la zona metropolitana de Guadalajara, fue atacado a balazos Javier Armando Sombrerero Beltrán, de 45 años de edad, identificado como supuesto inspector de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). El hombre fue atacado por un solitario sujeto que luego de llevar a cabo ese atentado, huyó a pie sin que alguien lo detuviera. Minutos después el herido fue trasladado en condición grave al puesto de socorro de la Cruz Verde de Las Águilas, en el municipio de Zapopan, sin que ninguna autoridad pudiera confirmar si en verdad se trataba de un inspector de la CIDH. De manera extraoficial trascendió que la persona atacada tenía pendiente una orden de aprehensión en el estado de Michoacán. También durante el pasado fin de semana autoridades policíacas de Tlajomulco de Zúñiga encontraron sin vida a un hombre de aproximadamente de 30 o 35 años de edad.
El hallazgo ocurrió en las inmediaciones de las instalaciones de la Universidad Politécnica, sobre una brecha y cerca del fraccionamiento Lomas de Tejeda. El Occiso tenía un impacto de bala y mostraba huellas de haber sido atropellado por algún vehículo automotor, según versión de medios locales. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ALBERTO OSORIO. LINK: http://www.proceso.com.mx/461667/asesinan-a-policia-la-fur-en-san-martin-hidalgo-jalisco
CIUDAD DE MÉXICO: Una boda celebrada en el puerto de Acapulco la tarde del pasado domingo terminó en tragedia, cuando un grupo armado ingresó al lugar donde se efectuaba la fiesta por el enlace matrimonial y asesinó a dos invitados. En el ataque, resultaron heridas cinco personas más, según el reporte oficial. Los hechos se registraron la madrugada del pasado domingo a la altura del kilómetro 8 de la carretera Acapulco-Pinotepa, luego de que una decena de hombres con armas largas irrumpieron en el festejo y dispararon contra los asistentes, matando a dos de ellos. Los cuerpos de los hombres ultimados fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). Los heridos fueron trasladados por sus propios familiares a hospitales cercanos.
CIUDAD DE MÉXICO: Las autoridades de Estados Unidos están en busca del empresario Braulio López Fernández, nieto del exgobernador de Coahuila Braulio Fernández Aguirre, por ser uno de los cómplices del banquero mexicano Carlos Djemal, detenido en Chicago, Illinois, por fraude y lavado de dinero, junto con otras cuatro personas. A los implicados se les acusa de lavar más de 100 millones de dólares con empresas fantasma, de acuerdo con información publicada en el periódico Zócalo de Satillo. Además del accionista de InvestaBank, Carlos Djemal, y del propio López Fernández, están involucrados Isidoro Haiat, socio principal del banquero, así como Max Fraenkel, Roberto Moreno y Daniel Blitzer. De acuerdo con las investigaciones, el también sobrino del exsenador y exalcalde de Torreón, Braulio Manuel Fernández Aguirre, es el único en encontrarse prófugo de la justicia, ya que dos de los socios implicados, Fraenkel y Moreno, fueron detenidos en Texas, y Blitzer fue presentado el lunes pasado ante la corte. En el caso de Isidoro Haiat, las autoridades de Estados Unidos refieren que presuntamente falleció en 2015, de acuerdo con reportes de prensa.
"Incongruente" el recorte presupuestal con la decisión de crear la Secretaría de Cultura, señalan.
Más de 700 intelectuales, académicos, empresarios, periodistas, escritores y organizaciones lamentaron los recortes presupuestales a la cultura y llamaron a incrementarlo. En un desplegado publicado este lunes en El Universal, dirigido al Congreso, los firmantes sostienen que “el anunciado recorte al presupuesto destinado a la cultura es el principal problema pero no el único, otro más es la inacabada Ley de Cultura y uno más consecuencia del primero la precaria situación en la que inicia la Secretaría de Cultura y el desamparo que esto supone para los Estados y los distintos Institutos”. Indicaron que el presupuesto asignado a Cultura en 2016 es de 15 mil 759 millones de pesos, lo que representa el 0.08% del PIB, por lo que llamaron a aumentarlo a un 1%.
Lo anterior, con el fin de alcanzar los objetivos en esta materia.
El plan plantea un saneamiento financiero que permitirá alcanzar un superávit primario de 8.4 mil millones de pesos en 2017, después de cuatro años seguidos con déficit.
De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), entre las principales consecuencias que traerá el plan de negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex) 2016-2021 será generar el crecimiento e incidir positivamente en los niveles de competitividad de la economía mexicana. El organismo destacó que el plan de negocios de Pemex plantea un saneamiento financiero que permitirá alcanzar un superávit primario de 8.4 mil millones de pesos en 2017, después de cuatro años seguidos con déficit. También anunció que su balance financiero negativo en 149,000 millones de pesos que se espera para este año, se revierta para que en cinco años se obtenga un superávit de 43, 000 millones de pesos. De igual manera, el plan de negocios considera la posibilidad de que la producción de crudo sea de un millón 944 mil barriles por día, como se aprobó en el Congreso recientemente, refiere el organismo privado en su publicación semanal “Análisis económico ejecutivo”. Expuso que además de la estrategia de reducción de costos, que parece dará mejores resultados de lo que se esperaba, la estrategia de farm-outs contribuirá para que la producción se incremente 15% hacia 2021. Resaltó que con este plan de negocios también será posible que con la mayor actividad privada, la recaudación y el flujo de recursos de Pemex se incrementen, lo que ayudará a fortalecer su situación financiera y consolidarse nuevamente como la empresa más grande de México. Así mismo estimó que la reforma energética en este sentido es uno de los grandes logros en la actualidad, pues permite grandes cambios en el país y los resultados serán un elemento fundamental de cambio para la nación. Vale destacar que acuerdo al organismo, la confianza empresarial y del consumidor se mantienen en niveles considerablemente bajos, además de que los especialistas mantienen a la baja sus expectativas de crecimiento, tanto para el presente como para el siguiente año, refiere.
Es fundamental que las señales cambien de dirección y apunten hacia la confianza de que la instrumentación eficiente de las reformas estructurales será la base de un ritmo de crecimiento elevado, sano y sostenido que fortalezca la posición de México en los mercados internacionales y mejore el nivel de vida de los hogares”, puntualizó. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://aristeguinoticias.com/0711/mexico/plan-de-negocios-de-pemex-elevara-los-niveles-de-competencia-ceesp/
CIUDAD DE MÉXICO: Karla Iraís Trujillo Guevara e Isamari Arleth López Moreno, de 15 años de edad, fueron encontradas sanas y salvas, luego de permanecer cuatro días en la lista de personas reportadas como desaparecidas. En su cuenta de Twitter y sin dar mayores detalles, la dependencia confirmó el pasado fin de semana que las adolescentes fueron encontradas y que ya se encontraba a buen resguardo. Trujillo Guevara y López Moreno habían sido reportadas como desaparecidas el pasado martes 1. La propia Fiscalía activó la alerta e incluso advirtió que las jóvenes se encontraban en riesgo, “toda vez que pueden ser víctimas de la comisión de un delito”.
El Partido Acción Nacional se debate en una lucha interna. Por un lado los anayistas, y por otro los calderonistas-zavalistas, van en pos de la candidatura a la Presidencia. Y en medio de esa disputa, Enrique Peña Nieto homenajeó a Felipe Calderón en lo que podría interpretarse como la confirmación de un pacto de apoyo del PRI a las aspiraciones presidenciales de Margarita Zavala.
CIUDAD DE MÉXICO: En medio de la cruenta disputa por la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) que ambicionan Margarita Zavala, Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle, un hecho insólito ocurrió en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM): Enrique Peña Nieto homenajeó a Felipe Calderón, su antecesor en la Presidencia, por su contribución “al desarrollo de una sociedad más libre, más justa y más próspera”.
Nunca en los 70 años del ITAM había asistido un Presidente de la República en funciones a entregar un reconocimiento como el que, el martes 1, Día de Muertos, dio en mano a Calderón por ser “un modelo a seguir” para la comunidad de esa institución presidida por Alberto Bailleres González, el segundo hombre más rico de México. La ceremonia se realizó a puerta cerrada, en día de asueto, con invitación personalizada y sin ninguna difusión –ni para la fuente presidencial–, con el fin de evitar brotes de inconformidad contra Calderón o Peña, quien el año pasado hizo que el Senado otorgara la medalla Belisario Domínguez a Bailleres, con una fraudulenta votación (Proceso 2037). Mientras Anaya, presidente del PAN, era exhibido mediáticamente por su vida de lujos en Estados Unidos, donde tiene radicada a su familia; al gobernador Moreno Valle le era cancelada por ilegal su propaganda como “nuevo presidenciable” y Zavala convalecía de una operación ocular, Calderón recibió el reconocimiento que le otorgó la Asociación de Exalumnos del ITAM, presidida por Lorenzo Meade Kuribreña. La distinción no es fortuita: Lorenzo es hermano de José Antonio Meade Kuribreña –galardonado también ese día–, a quien Calderón hizo secretario de Energía y Hacienda, mismo cargo que, desde octubre, ostenta con Peña, luego de haber sido, también en este sexenio, secretario de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Social, por cuya trayectoria es identificado como presidenciable.
CIUDAD DE MÉXICO: La periodista Carmen Aristegui “excedió su libertad de expresión y de información” causando daño a los “derechos de personalidad, honor y prestigio” a Joaquín Vargas, presidente de MVS Comunicaciones, en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto, destacó el propio empresario en un desplegado publicado este lunes en varios medios impresos. El desplegado de Vargas, titulado “Aristegui Mintió”, se basa en las “partes esenciales” de la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que puede ser apelable y sujeta al juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia. Según Vargas, la sentencia determina “en su parte esencial” lo siguiente: “1.-Que los términos utilizados por Carmen Aristegui en su prólogo del libro para referirse a mi, no tienen el propósito de informar, sino el claro afán de desprestigiarme, produciendo con ello un agravio a mi honor, al atribuirme falsas conductas que por supuesto nunca fueron probadas, configurándose así un hecho ilícito.
“2.-Que los argumentos utilizados por Carmen Aristegui en el prólogo no se ajustan a la realidad, además de que no tienen referencia con el contenido del libro o de la información periodística, ya que su fin fue exhibir o dirimir los conflictos personales que la periodista tiene en mi contra. “3.-Que Carmen Aristegui excedió su libertad de expresión y de información causando un daño a los derechos de personalidad, honor y prestigio a mi persona, en sus apreciaciones contenidas en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto. “4.-Que lo expresado por Carmen Aristegui en mi contra es una mentira, pues en ningún momento ofreció pruebas para acreditar lo dicho en el prólogo de este libro”. El presidente de MVS Comunicaciones justificó la publicación de este desplegado señalando que “las credenciales y el amplio reconocimiento público de Carmen Aristegui, no le dan derecho a mentir y difamar sin consecuencias”. Joaquín Vargas escaló desde junio de este año su conflicto con Carmen Aristegui y con la editorial Penguin Random House Mondadori al demandar a la periodista por presunto daño moral y le reclamó a la editorial la desaparición del prólogo de 43 páginas del libro La Casa Blanca de Peña Nieto, la Historia que Cimbró un Gobierno, escrito por la propia periodista. Aristegui y la editorial fueron notificados de la demanda por daño moral el pasado 29 de mayo, pero se conoció públicamente el 21 de julio, cuatro días después que el primer mandatario Enrique Peña Nieto pidiera “perdón, con toda humildad”, admitiendo que “en noviembre de 2014, la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación”. La demanda por presunto daño moral se sumó a los litigios que MVS emprendió en contra de Aristegui después de haber roto el contrato que tenían ambas partes, en marzo de 2015, bajo la justificación de que la directora de la Primera Emisión de MVS Noticias violó un supuesto código de ética al utilizar el nombre de la empresa en la iniciativa Mexicoleaks. Aristegui y su equipo destacaron que el verdadero motivo del conflicto se debió a la difusión del reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto, en noviembre de 2014, trabajo que ha sido ampliamente reconocido con premios nacionales e internacionales. Efecto amedrentador: Edison Lanza Para Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso de la Casa Blanca y las demandas en contra de Carmen Aristegui constituyen “un caso de altísimo interés público, sobre todo porque mereció una disculpa pública del propio presidente de la República de México”. Entrevistado vía telefónica, un día después que se conociera la demanda de Joaquín Vargas contra Aristegui y Penguin Random House, Edison Lanza subrayó que “si bien el gobierno mexicano ha dicho que no tiene nada que ver con el despido de la periodista, nos llama la atención que se continúe con las demandas que pueden constituir una forma de hostigamiento”. -¿Es contradictorio para la relatoría que el presidente mexicano pida disculpas y, por otro lado, MVS demande por daño moral a Aristegui? -Exacto, sobre todo, cuando el propio primer mandatario confirmó que la investigación periodística tuvo un asidero y una verosimilitud. Sorprende que aparezca una nueva demanda. Las consecuencias que puede tener esta demanda es un efecto amedrentador. “Llama la atención que la periodista y su equipo reciba premios internacionales por el trabajo de la Casa Blanca y que el medio para el que trabajó continúe con sus demandas contra ella”. -¿Es hostigamiento por parte de MVS contra Carmen Aristegui y contra otro medio de comunicación muy importante, como es la editorial Penguin Random? -Es un tema de debate público. Un medio de comunicación como MVS tiene la potencia de dar a conocer su posición y su versión a través de sus propios canales y no someter a la periodista a una serie de demandas mercantiles o civiles y menos incluir un pedido a la editorial para que suprima una parte fundamental de un libro. “La Corte Interamericana ha dicho que no sólo las demandas de carácter penal tienen un efecto inhibidor sino también una demanda con una sanción económica elevada tiene un costo muy elevado e implica un hostigamiento. “Hay que esperar cuál será la posición del Poder Judicial mexicano en este caso, pero no deja de ser preocupante desde el inicio la cantidad de demandas mercantiles que se han interpuesto en contra de la periodista”, abundó Lanza en ese momento. El abogado Javier Quijano, quien ha llevado la defensa de Carmen Aristegui, precisó que después de que la justicia mexicana le denegara el amparo a la periodista, MVS ha presentado dos demandas mercantiles, una en un tribunal federal y otra en un tribunal capitalino, además de la reciente por daño moral. Estas demandas entrañan “un grave riesgo de afectación patrimonial” para la conductora. “Carmen es objeto de una persecución política. Destruir el prólogo que escribió para el libro equivale a tomar los prólogos incómodos de todos los libros que se publican y quemarlos en una hoguera de la plaza pública. Ellos no pretenden que se corrijan los párrafos sino que se cancele el prólogo”, argumentó Quijano. Los “párrafos malditos” de La Casa Blanca De acuerdo con la demanda por daño moral interpuesta por Joaquín Vargas, los párrafos del prólogo escrito por Carmen Aristegui y que afectan la reputación del presidente de Grupo MVS son, entre otros, los siguientes: “Personalmente lamento el derrumbe moral de Joaquín Vargas y el de sus hermanos, a quienes estimé mucho y sinceramente. Lamento también la carga moral que han transferido al resto de la familia Vargas. Son personas a las que conozco y aprecio desde hace muchos años. Por su perfil e historias propias, pienso que quienes no participaron en las acciones de censura y aniquilamiento no pudieron haber visto con buenos ojos lo que de tan mala manera hicieron a nombre de sus empresas contra los periodistas. “Con Joaquín y Alejandro Vargas construimos el mejor y más independiente de los espacios de la radio en México. Forjamos juntos un modelo de referencia para ejercer con profesionalismo nuestra tarea. Un buen negocio, también, con los mejores niveles de audiencia. Siempre di por verdadero su compromiso y responsabilidad con los radioescuchas y los creí convencidos de que lo que hacíamos juntos, tanto la empresa como los comunicadores, era en beneficio de México. “Fue una tragedia ver cómo aquellos que habían apostado por la libertad de expresión y la investigación periodística, como proyecto compartido con los periodistas de esa primera emisión, finalmente sucumbieron a presiones y componendas de un poder al que ya antes se habían enfrentado con dignidad y valentía”. Líneas abajo, Aristegui preguntó: “¿Dónde quedaron aquellos Joaquín y Ernesto Vargas de 2012 que enfrentaron a la presidencia, denunciando presiones que confundían berrinches presidenciales con políticas en telecomunicaciones? ¿Qué fue de Joaquín, Ernesto y Alejandro Vargas en 2015, ahora con un gobierno del PRI? Haciendo a un lado biografía, prestigio y compromisos, aceptaron el papel de instrumento para asestar la puñalada con cobardía”. “Es insoslayable el hecho de que el 17 y 18 de septiembre de 2015 MVS obtuvo de forma expedita, por parte de un tribunal federal, dos fallos favorables en asuntos que estuvieron largamente en litigio: el must carry–must offer (que obliga a Televisa a permitir la retransmisión gratuita de su señal por parte de otras empresas, entre ellas Dish, filial de MVS), así como la concesión de una prórroga al uso de la banda de 2.5 Ghz”. En estos párrafos, Aristegui recordó el episodio de la histórica conferencia de prensa de Joaquín Vargas, el 15 de agosto de 2012, cuando denunció y documentó las presiones que recibió en febrero de 2011 del presidente Felipe Calderón, del secretario del Trabajo, Javier Lozano, y de la entonces vocera de Los Pinos, Alejandra Sota, para que no recontratara a Carmen Aristegui, a cambio de que le refrendaran las concesiones de la banda 2.5 Ghz (Proceso No. 1868).
En aquella ocasión, Joaquín Vargas mostró mensajes que recibió de Javier Lozano, el 13 de febrero de 2011, con las siguientes advertencias: “hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5 Ghz tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista (Carmen Aristegui) a tu proyecto se lo llevó la chingada y te olvidas de este gobierno, hasta su último día”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL. LINK: http://www.proceso.com.mx/461622/aristegui-excedio-libertad-expresion-joaquin-vargas
El Ejército mexicano fotografió los cadáveres tras la balacera del 30 de junio de 2014, lo cual demuestra el acomodo de cuerpos y armas.
El Ejército Mexicano tuvo evidencia desde un primer momento sobre la alteración que sufrió la escena del crimen donde 22 civiles fallecieron en un supuesto enfrentamiento, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014. Aristegui Noticias obtuvo, vía transparencia, los primeros reportes enviados por los soldados a sus superiores tras la balacera: cuatro partes “extraurgentes” y un anexo de 34 fotografías en blanco y negro, tomadas por soldados en el lugar de los hechos. Dos partes militares mencionan el envío de fotografías: el S-1/M-1/14787 y el S-1/M-1/14720. El primero no figura entre las pruebas que entregó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para la investigación por violaciones graves. Durante las 93 páginas de la recomendación de CNDH nunca se menciona que los elementos hayan tomado imágenes. La Comisión concluyó con peritajes que nueve cadáveres fueron movidos o les colocaron armas.
Aristegui Noticias comparó las nuevas fotos entregadas por la Sedena con dos series de imágenes que ya eran públicas. El resultado: nueve cadáveres fueron movidos o les colocaron armas. El 30 de junio de 2014, elementos de la Sedena se enfrentaron a un grupo civiles armados en el poblado de San Pedro Limón, Tlatlaya. Soldados reportaron que los sujetos dispararon desde una bodega, por lo que repelieron la agresión con un saldo de 22 civiles fallecidos y un militar herido. Los hechos se registraron alrededor de las 6:00 am y el Ministerio Público llegó hasta las 12:30 horas, por lo cual los soldados tuvieron control de la escena durante seis horas. En los cuatro partes obtenidos por Aristegui Noticias se aprecia el desarrollo de los hechos: en el primero ya se habla de 22 civiles muertos, pero no hay detalles sobre las armas decomisadas; el último reporte cierra a las 17:30 horas, cuando acabó el levantamiento de los cuerpos.
FOTOS DEMUESTRAN CADÁVERES MANIPULADOS Las fotos entregadas por la Sedena son una pieza clave para entender cómo las autoridades modificaron el lugar donde fallecieron 22 civiles. Hay dos registros gráficos previos. Uno fue el expediente publicado por la CNDH (con imágenes de peritajes); y el segundo, las fotos filtradas a la agencia de noticias MVT, de Toluca. Al comparar los tres grupos de imágenes consta que el Ejército tuvo evidencia en sus archivos sobre el cambio de posición de al menos nueve cadáveres y armas a su alrededor. La Sedena entregó 34 fotos y en 20 de ellas se aprecia la posición de los cadáveres luego de la balacera, e incluso las botas de un militar que tomó las imágenes. En la foto número dos de la Sedena, se ve el cuerpo de un hombre con los brazos extendidos y un arma larga sin cargador sobre el brazo izquierdo, incluso aparecen las botas del militar que tomó la foto. Después, la escena cambia. En las imágenes que tomaron los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), se aprecia el cuerpo en la misma posición, pero ahora el arma ya tiene incorporado el cargador. BLOQUEO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Aristegui Noticias solicitó acceso a estos archivos en enero de 2015: la Sedena negó el acceso, pero una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obligó a la Secretaría a entregar los datos en junio de 2015. De última hora, el Ejército Mexicano canceló la entrega de los documentos, argumentando la existencia de un amparo promovido por los soldados que participaron en los hechos para que no se divulgaran elementos de la investigación. El bloqueo sobre la información pública terminó en octubre de 2016, cuando la dependencia notificó la posibilidad de entregar los documentos. El expediente transparentado está en una versión pública (con datos personales y caras tapadas con un cuadro negro). Al ya tener los documentos, una fuente entregó a Aristegui Noticias otra versión de las mismas fotos, pero con mayor calidad y ahora sin el cuadro negro que tapaba la cara de las víctimas. Además, en la lista de “EVIDENCIAS” de la CNDH no aparece el parte S-1/M-1/14787, donde los soldados reportaron el envío de imágenes a sus superiores. El Ejército Mexicano guardó en sus archivos evidencia clave para determinar qué pasó la mañana del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya.
JUSTICIA La versión oficial sobre la balacera (que los militares repelieron una agresión) dominó la agenda pública dos meses, hasta que un reportaje de la revista Esquire, de septiembre de 2014, cuestionó la actuación de los soldados y una de las sobrevivientes de los hechos acusó la ejecución extrajudicial de los civiles armados. La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que investigaba los hechos desde un principio, aunque poco a poco los involucrados en los hechos han salido victoriosos de los procesos penales. A dos años y tres meses de lo ocurrido, todos los militares están libres, luego que un juez federal no encontró elementos suficientes para seguir el proceso penal. Sin embargo, el juez dio a la PGR la oportunidad de perfeccionar la investigación y presentar el caso nuevamente. La abogada Araceli Olivos, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que el juez rechazó un peritaje de PGR que confirmaba la alteración ilícita del lugar de los hechos, por carecer de elementos que comprobaran rotundamente esta hipótesis. Sin embargo, el juez dio más peso a un documento de la PGJEM que afirmaba que la escena se conservó íntegra.
