PUEBLA, Pue: Por más de dos años, el gobierno de Rafael Moreno Valle ha mantenido la persecución política en contra de 14 activistas, integrantes del Movimiento Cholula Viva y Digna, quienes se han opuesto a la construcción de un parque en las inmediaciones de la Gran Pirámide, rica en vestigios arqueológicos.
El catedrático Roberto Formacio denunció que, desde octubre de 2014 a la fecha, le han dictado cuatro órdenes de aprehensión en las que le acusa por los mismos delitos, lo que pone en evidencia que el mandatario poblano “recurre a instrumentos fascistas para acallar la protesta pública”.
También relató que cuando ha logrado ganar amparos al demostrar que los cargos que se le imputan son falsos, el juez de Cholula Alejandro León Flores vuelve a dictar otra orden de aprehensión en la que se hacen los mismos señalamientos por la misma protesta en la que participó el 6 de octubre de 2014.
“Llevo cuatro órdenes de aprehensión hasta este momento”, señaló.
“No entiendo cómo este gobernador pretende ser presidente de la República cuando está adoptando formas fascistas (en su gobierno), es lo que yo quiero denunciar públicamente, y que el país lo sepa: no es un gobernante democrático, más bien utiliza los instrumentos que tiene el Estado para acallar”, reclamó en rueda de prensa.
Formacio recordó que luego de que participó en la protesta pública en la plaza principal de San Andrés Cholula, con el fin de oponerse a la construcción del parque sobre la zona arqueológica, se tuvo que mantener oculto por más de un año.
En ese entonces, refirió, le dictaron a él y a otros 11 activistas órdenes de aprehensión por delitos como motín, daño en propiedad ajena, despojo, ataques a las vías y otros.
A cinco de los líderes de Cholula Viva y Digna se les encarceló: Adán y Paul Xicale, a los hermanos Primo y Albino Tlachi, así como a Teódulo Coaya, mientras que a otros nueve integrantes de la agrupación se les dictó órdenes de aprehensión y tuvieron que mantenerse ocultos para evitar su encarcelamiento.
El catedrático de la Facultad de Economía de la BUAP, Roberto Formacio, señaló que para resolver su situación laboral, una vez que se ha alargado la persecución política en su contra, tuvo que recurrir a la jubilación. Se quejó de que la rectoría de la universidad no hizo ningún pronunciamiento para respaldarlo.
“No soy delincuente, por más de 30 años he sido docente en distintas universidades del país, ni ninguno de mis compañeros, lo único que hicimos fue protestar por la violación de nuestros derechos humanos, y nunca se nos ha podido probar algún delito”, manifestó.
Luego indicó que en el caso de 12 de los activistas ya están por ganar sentencia de libertad absoluta, debido a que los delitos de los cuales fueron señalados no se han podido sostener. “Porque son inventados, son delitos que nunca existieron y que sólo tenían como finalidad criminalizar la protesta y disolver el movimiento”, recalcó Formacio.
Sólo en su caso y de la activista Paola de la Concha, se han vuelto a dictar consecutivamente órdenes de aprehensión, en los que aún se sostienen los cargos por despojo y daño en propiedad.
En cuanto a Paola de la Concha, una joven dedicada al arte, indicó que se ha comprobado que ella ni siquiera participó ese día en la protesta, ya que se encontraba en el extranjero, pese a lo cual el gobierno de Moreno Valle sostiene los cargos en su contra.
Xóchitl Formacio, hija del catedrático, mencionó que con la joven activista, como con otros de los perseguidos, se demuestra además que los nombres con los que se dictaron las órdenes de aprehensión fueron obtenidos del Facebook, pues en lugar de usar su nombre real, en el documento la identificaron como Paola Zuculima, que es su usuario en las redes sociales.
El catedrático advirtió que aun a la fecha el gobierno mantiene sobre él la amenaza de aprehenderlo en cualquier momento por haber participado en una protesta social en la que reclamaban que se detuvieran las obras que afectaban la zona arqueológica y la forma de vida que los cholultecas han mantenido por cientos de años.
“En Puebla no existe estado de derecho, se ha roto como en otras entidades del país”, declaró, pues “los jueces y los ministerios no cumplen con su papel, dictan fallos y actúan por consigna del gobierno”.
Josué Xicale, vocero de Cholula Viva y Digna, refirió que los otros 12 integrantes que han logrado ganar amparos aún siguen sujetos a proceso judicial, por lo que todavía se sienten perseguidos por la justicia.
“Sigue firmando la mayoría, y viven con el temor de que puedan ser encarcelados en cualquier momento”, indicó, “y la defensa de ellos se dificulta porque cómo defenderse cuando todo fue inventado y se armaron los procesos”, inquirió.
También recordó que fueron policías y empleados del gobierno municipal los que fueron usados para hacer declaraciones en contra de los activistas, a fin de levantarles los cargos por los cuales han sido acosados durante los dos últimos años.
Anuncian festival
Las agrupaciones cholultecas anunciaron que este domingo 13 llevarán a cabo el Festival Flor y Canto con el objetivo de unir fuerzas en defensa del territorio.
“El 13 de noviembre festejaremos que ya tenemos una radio comunitaria para la región cholulteca, que se logró con mucho trabajo y sacrificios de los pueblos de Zacatepec y Tlaxcalancingo, y que después de tres cierres y persecución a su trabajo hoy logran ser la primera concesión de uso social indígena en el país”, relataron en rueda de prensa.
El festival, precisaron, será también el cierre de la Caravana de las Resistencias en Defensa de la Vida y la Madre Tierra, convocado por la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, donde más de 200 pueblos y organizaciones de la sociedad civil se unen con académicos y artistas para denunciar el despojo sistemático que vive el país.
“En el festival y la caravana nos encontraremos los pueblos cholultecas con el pueblo Mayo Yoreme y el pueblo Comca’ac de Sonora, el pueblo Purépecha de Cherán, el Consejo Autónomo de la costa de Chiapas, Dr. Shenka de Panteon Rococo, K-50 de Amilcingo, Morelos y La Orquesta Sinfonica de Zacatepec, entre otros”, refirieron las organizaciones en un boletín.
