HERMOSILLO, Son: Después de ocultarse 13 meses y 25 días, el exgobernador Guillermo Padrés Elías, surgido de las filas del PAN, reapareció públicamente para declararse inocente de las acusaciones de desvío de fondos públicos, operación de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, lavado de dinero y evasión fiscal.
“Enfrentaré esto como siempre he enfrentado los retos y las luchas políticas, porque soy un perseguido político de un sistema que quiere emparejar cartones para tratar de omitir los señalamientos de corrupción que se les imputan y pretenden hacerlos repercutir a otro partido o persona para nivelar este asunto”, declaró Padrés a Radio Fórmula.
El exmandatario de Sonora en el periodo de 2009 a 2015 se entregó de manera voluntaria la mañana de este jueves en el Juzgado 12 del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, a fin de enfrentar tres querellas ante la Procuraduría General de la República (PGR) por las que fue declarado prófugo de la justicia hace casi un mes, el 14 de octubre.
De acuerdo con el Saldo Histórico de Obligaciones Financieras de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Padrés duplicó la deuda pública sonorense al pasar de 11 mil 258 millones a 23 mil 288 millones de pesos.
El incremento fue 12 mil 30 millones, a un ritmo anual de 2 mil 5 millones; más de 167 millones mensuales, un total de 5.5 millones cada día.
Los Informes de Resultados de las Cuentas Públicas de 2009 a 2015 revelan que Padrés, como gobernador, sobrejerció 62 mil 630 millones, acumuló 12 mil 897 observaciones de parte del Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y tuvo al alcance de sus manos 336 mil 749 millones de pesos en presupuesto.
También utilizó 894 millones 377 mil pesos para promocionar su imagen pública mediante la partida 36101, denominada Difusión en radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
El dispendio mediático de Padrés arrojó que el gasto de la oficina del Ejecutivo en su sexenio superó los 336 millones 749 mil pesos en sobrejercicio.
Además, creó de facto las partidas 31701 y 31901, nombradas Servicios integrales y otros servicios, así como la de Servicios de accesos a internet y proceso de información que, en total, desviaron 379 millones 423 mil pesos.
El 31 de agosto último el secretario de Hacienda estatal, Raúl Navarro, dijo en rueda de prensa que el pasivo estatal –tras el sexenio padrecista– asciende a 32 mil 538 millones de pesos al 30 de septiembre de 2015.
El secretario Navarro detalló que en transferencias a organismos, pago a proveedores al corto plazo, cumplir con contratistas y saldar retenciones, así como destinar lo correspondiente al fondo de pensiones de los burócratas sonorenses, liquidar los adeudos de ejercicios fiscales anteriores y reconocer cuentas no registradas, se deben unos 9 mil 599 millones de pesos.
En esa ocasión también reveló que la deuda directa estatal, la de los municipios y organismos descentralizados, suma cerca de 22 mil 939 millones, por lo que –según sus estimaciones– el quebranto patrimonial, luego del primer sexenio panista, alcanzaría los 32 mil 538 millones de pesos, pero no mostró información del orden federal que comprobara sus señalamientos.
Padrés, a su paso por Sonora, dejó la detención ilegal por más de un año de los yaquis Mario Luna y Fernando Jiménez; la tortura y aprehensión sin pruebas de la extrabajadora doméstica Gisela Peraza, así como la cuestionable construcción del acueducto Independencia, que costó 4 mil millones de pesos.
Líos con la justicia federal
De las tres investigaciones que se le siguen a Padrés, la primera se dio el 4 de abril de 2014 ante la PGR de parte del comisionado nacional del Partido del Trabajo, Jaime Moreno Berry, quien documentó la supuesta evasión fiscal, asociación delictuosa y lavado de dinero en que incurrió el exgobernador.
En la querella, el promovente solicitaba a la fiscalía mexicana que Padrés transparentara el origen fiscal de los 300 millones de pesos utilizados para la plantación de nogal en el rancho Pozo Nuevo SP de RL, en una extensión de 700 hectáreas.
Además, la denuncia exigía a la PGR que el exservidor público entregue a las autoridades la comprobación fiscal de los recursos ejercidos en este inmueble en su rehabilitación, electrificación de pozos y la construcción de un “mini acueducto” de 7 kilómetros que trasvasa el agua de arroyos pertenecientes al río Bacanuchi a un reservorio familiar.
Aún más. El 30 de octubre de 2014, los exactivistas Luis Miguel Vargas y Rebeca Villanueva –hoy empleados de gobiernos priistas– denunciaron a Padrés ante la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la PGR, debido a que el exmandatario sonorense incrementó los bienes del rancho personal y familiar denominado Pozo Nuevo SP de RL en 900%, de 2009 a 2014, cuando se encontraba al frente de la administración estatal.
En la querella con folio 1/2014 se documentó, con valuaciones actuariales y frente a un notario público, que el inmueble de la familia Padrés pasó de un valor comercial de 10 millones de pesos a más de 90 millones.
Por este mismo rancho, el exjefe del Ejecutivo fue sancionado a inicios de 2015 por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) con un monto de 4.9 millones de pesos por violentar la Ley de Aguas Nacionales al construir tres represos con la capacidad de almacenaje total de 5.7 millones de metros cúbicos; no contar con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para operar esta infraestructura hidráulica, y retener ilegalmente el agua en perjuicio de 248 habitantes de Bacanuchi, Sonora.
El 6 de marzo del año pasado, el diario estadunidense The Wall Street Journal documentó que Guillermo Padrés y familia realizaron operaciones bancarias en Estados Unidos por un monto de 8.8 millones de dólares, lo que perfilaría el ilícito de lavado de dinero.
Según el influyente rotativo, en aquellos días la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encontró que Miguel Padrés, el hermano del exgobernador de Sonora, transfirió 5.7 millones de dólares a una cuenta bancaria de Estados Unidos que abrió en 2012, a nombre de Tenerife CVS, una firma de responsabilidad limitada con sede en Holanda en la que era el único beneficiario.
Asimismo, la investigación periodística reveló que Miguel, apodado “el rico de la familia”, depositó 522 mil dólares en otra cuenta estadunidense abierta a nombre de Dolphinius CV, otra sociedad de responsabilidad limitada con sede en Holanda y en la que supuestamente él es el único beneficiado.
A esta cantidad se suman los 3.3 millones de dólares que Guillermo Padrés recibió en supuestos sobornos de parte del empresario sonorense Mario Aguirre, quien a lo largo del sexenio del panista se benefició con más de 260 millones de pesos utilizados para confeccionar los uniformes escolares entregados de manera gratuita desde 2010 a los niños de primaria y secundaria de Sonora.
En total, Miguel Padrés transfirió 8.8 millones de dólares de cuentas mexicanas a cuentas en bancos en la Unión Americana desde que su hermano ascendió a la administración estatal en 2009.
Según la publicación, el 21 de mayo de 2015 el Departamento de Justicia estadunidense notificó a la PGR que había iniciado en Arizona una investigación contra el entonces mandatario sonorense, a fin de fortalecer los canales de información en las distintas diligencias.
No sólo eso. El 3 de junio y 8 de julio siguiente se reunieron funcionarios federales en materia de procuración de justicia de ambas naciones para intercambiar información sobre las transferencias sospechosas realizadas por Confecciones Industriales SA de CV y No. 1 Sonora Apparel SA de CV, ambas operadas por Mario Aguirre.
“Realizaron una serie de operaciones en el sistema financiero nacional y extranjero, con recursos que posiblemente tienen un origen ilícito y, con un alto grado de probabilidad, se operaron con la finalidad de ocultar su origen, localización, destino o propiedad”, citó la investigación del Wall Street Journal.
A fin de contrarrestar los alcances de esta investigación periodística y tras presiones de parte de sus correligionarios panistas, el 24 de febrero de 2014 el exgobernador Guillermo Padrés y familia ofrecieron una declaración patrimonial que en bienes conjuntos ascendía a 261.8 millones de pesos.
Aquella noche el exjefe del Ejecutivo local dijo que “por seguridad” e “insistencia” de sus hermanos Héctor, Miguel y Julio César presentaron un desglosado de 20 propiedades y registro de mil 200 cabezas de ganado.
Además, Padrés admitió tener una sola cuenta bancaria en Estados Unidos con un monto superior a los 20 mil dólares.
En esa atípica y espontánea presentación patrimonial, la familia Padrés declaró tener 16 sociedades comerciales que datan de 1944 a 2014, entre las que destacaban ranchos, concesionarias de autos, mueblerías, producción de carne de alta calidad para Japón y escuelas bilingües en Cananea.
También se encontraba el multicitado rancho Pozo Nuevo SP de RL, con un valor de 52 millones de pesos, pese a que ya había una denuncia sustentada en que esta propiedad valía por lo menos 99 millones.
A un par de años de que concluyera la administración padrecista, la familia de origen cananense creó la firma Hemex Reproducción Equina SPR de RL para la crianza de caballos finos.
Todavía esa agitada noche, el entonces gobernador compartió que en diciembre de 2013 adquirió un crédito a BBVA Bancomer por 5.2 millones de pesos para construir una casa en San Pedro “El Saucito”, localizado en la zona rural hermosillense y asegurado el 5 de mayo pasado por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, supuestamente como parte de una querella contra el exmandatario.
En esa misma noche Héctor Padrés, el mayor de la familia, comentó que orillaron a Guillermo, el exgobernador, a transparentar los recursos familiares porque “nadie va a tachar la calidad de hombre de nuestro hermano”.
Antes de entregarse
Guillermo Padrés Elías acudió al estudio radiofónico con Ciro Gómez Leyva, a fin de responder a la opinión pública antes de entregarse al Juzgado 12 de Distrito de Procesos Penales Federales, en donde se mantendrá los próximos seis días.
“He pasado por una persecución política tremenda; se me han iniciado averiguaciones desde 2014, y en abril de 2015 me presenté en la Procuraduría General de la República para saber de qué se me acusaba; no se me dio acceso al expediente; oía acusaciones diversas en los medios y de detractores políticos, pero nada concreto”, buscó justificarse Padrés.
En la entrevista que se prolongó por más de 40 minutos, adelantó que interpondrá una denuncia contra la exprocuradora Arely Gómez, porque “en mi caso se violaron los derechos humanos, los derechos procesales y el debido proceso”, bajo las figuras jurídicas de abuso de autoridad, omisión y “acusarme en dos ocasiones por el mismo delito”.
Asimismo, denunció que la actual gobernadora de Sonora, la priista Claudia Pavlovich, fue grabada mientras cometía supuestos actos de corrupción y no se le ha investigado.
“Los actuales integrantes del gobierno de Sonora fueron acusados en campaña, en voz de la propia gobernadora, pidiendo dinero a cambio de programas federales, y nunca los investigaron; hubo señalamientos muy claros, como fue el caso cuando a (Pavlovich) se le ofrecieron maletas llenas de dinero para su campaña y tampoco nunca se investigó”, recordó Padrés.
Y puntualizó: “Ella en su propia voz está comprando apartamentos en Phoenix y la Ciudad de México con cantidades que no pueden controlar ella o su marido; ella fue señalada y me echa la culpa a mí de esta campaña de desprestigio, pero no hay ninguna averiguación; si quieren comprobarlo (se dirigió a la audiencia), pónganse a buscar la frase ‘ponte guapo’, y van a escuchar su voz”.
También dijo que a sus colaboradores cercanos, ahora encarcelados, se “les sembraron drogas y armas e inventaron delitos”, en alusión a su exjefe de prensa, Jorge Morales, detenido por cometer el supuesto delito de corrupción.
Las misma acciones, continuó, emprendieron contra el veterinario Luis Arístides López, al que se le encontró una hielera con 3.5 millones de pesos en el interior y varias porciones de la droga “cristal”, así como con el titular del Consejo Estatal para la Concertación de la Obra Pública, Francisco Monge, conocido como “Pancho Platas”, detenido por ejercicio abusivo de funciones, cohecho y posesión de “cristal”.
A estos últimos se les suma una lista de 19 funcionarios buscados desde el 4 de octubre pasado por la Interpol en 190 países.
Binomio Trump-Padrés
La inesperada entrega voluntaria de Padrés despertó un sinnúmero de suspicacias, sin embargo, la más fortalecida hasta ahora es que su presentación está íntimamente ligada con la reciente victoria electoral del político estadunidense y excandidato republicano Donald Trump, con quien mantiene sociedad comercial desde 2010.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462169/la-dudosa-inocencia-padres
MONTERREY, NL: Un juez de control concedió a la Fiscalía Anticorrupción la ampliación del plazo para acopiar pruebas en contra del exgobernador Rodrigo Medina, acusado de ejercicio indebido de funciones por la asignación ilegal de 3 mil 600 millones de pesos a la armadora surcoreana KIA.
El juzgador Arturo Octavio Reyes determinó que fuera el 26 de enero el plazo para el cierre de la investigación, tras lo cual determinará si Medina de la Cruz es sometido al juicio oral o es exonerado.
El priista imputado, quien acudió a la audiencia de esta tarde, dijo al salir de la diligencia que respetaba la disposición de la autoridad y reiteró que no incurrió en las violaciones de la ley por las que el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón quiere enviarlo a la cárcel.
“Tenemos una defensa sólida y la postura firme de que no cometimos ese delito y que, independientemente de lo que se especula en los medios, y en la opinión pública, es un tema que se va a resolver en los tribunales”, expuso al terminar la audiencia de este jueves.
El agente del Ministerio Público, Héctor Maldonado, señaló que aún le resta por obtener la traducción de algunos documentos relacionados con la firma inicial del convenio entre el gobierno de Medina y KIA.
También necesita entrevistar a más funcionarios involucrados y realizar algunos peritajes en terrenos que fueron entregados en comodato a la ensambladora de automóviles, que ya entró en funciones en el municipio de Pesquería, 30 kilómetros al nororiente de la capital.
Durante la audiencia, los abogados defensores Alonso Aguilar y Javier Flores acusaron al fiscal de lentitud, por no acopiar información suficiente para sustentar sus acusaciones, aunque al final el juez optó por aplazar la conclusión de las investigaciones.
La ampliación del plazo surte efecto también para Rolando Zubirán Robert, exsecretario de Desarrollo Económico, y Celina Edith Villarreal Cárdenas, subsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional de la Secretaría de Desarrollo Económico, procesados por el mismo caso.
La investigación se cierra para estos tres exfuncionarios el mismo día fijado para Rodolfo Gómez Acosta, quien fuera tesorero de Medina.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462190/concede-juez-a-fiscalia-tiempo-buscar-pruebas-contra-rodrigo-medina
QUERÉTARO Qro: Integrantes de la organización Desaparecidos Justicia, conformada por familias queretanas a las que les falta alguno de sus seres queridos, denunciaron que el gobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez Servién, incumplió su promesa de recibirlos y analizar cada uno de los casos de desaparecidos.
La noche del jueves pasado marcharon por la ciudad y en un mitin recordaron que hace un año, el gobernador queretano salió de su oficina y ofreció a los familiares de personas desaparecidas trabajar en conjunto, al asegurar que era sensible a su dolor, aunque en aquella ocasión ni siquiera pudo decir cuántas personas desaparecidas había en Querétaro.
“Yo quiero trabajar con ustedes, yo alcé la voz por ustedes cuando estaba en campaña. Que la autoridad, el gobierno que terminó nunca los atendió, nunca quiso enfrentar, nunca quiso decirles el número de desaparecidas y desaparecidos y el procurador pasado nunca quiso hablar del tema”, les dijo el mandatario hace un año.
Sin embargo, un año después, familiares de personas desaparecidas denunciaron que el gobernador nunca recibió a las familias de Desaparecidos Justicia, e incluso revelaron que las mesas de trabajo que tenían con las autoridades responsables de impartir justicia el sexenio pasado fueron suspendidas.
“Lamentamos que sus palabras se la ha llevado el viento y que la confianza que en ese momento nos pidió, ha sido rota por su gobierno ya que no han hecho otra cosa más que mentirnos y revictimizarnos con su ignorancia e incapacidad para buscar a nuestros hijos”, lamentó Yadira González Hernández, representante de la agrupación.
González agregó que aun cuando el gobierno anunció la conformación de una Unidad de Búsqueda, las familias agrupadas en Desaparecidos Justicia, ni siquiera conocen a los 37 elementos que supuestamente investigan las desapariciones.
“Sus acciones en torno a nuestros hijos desaparecidos, señor gobernador, han sido sólo mentiras disfrazadas de verdad, verdades que usted, su secretario de Gobierno y su procurador han disfrazado con su insensibilidad, prepotencia, soberbia e ignorancia”, insistió Yadira.
Mientras algunas integrantes de Desaparecidos Justicia colocaban una tela con el nombre de sus seres queridos en las puertas del inmueble del gobernador, señalaron que una servidora pública que identificaron como Rendón, intentó intimidarlos con que la llevaría a la cárcel, mientras la grababa.
“Entiendo que un concertador viene a negociar y no a lastimarnos más del dolor que de por sí traemos por la ausencia de nuestros seres queridos y esta persona viene a confrontarnos, creo que esta parte no se vale”, reprochó Yadira.
El gobernador Domínguez fue crítico con la administración del exgobernador José Eduardo Calzada Rovirosa, pero en su primer año incurrió en errores similares, como cuando la entonces Procuraduría estatal citó a declarar por teléfono a un presunto responsable relacionado con el caso de Yosheline Arenas Heredia, quien finalmente la autoridad reportó que halló sin vida.
A inicios de año la Procuraduría de Querétaro también reportó la existencia de 413 casos activos de personas desaparecidas después de una “depuración”, sin embargo el padrón no incluyó el caso de Juan González Hernández, hermano de Yadira, representante de la organización Desaparecidos Justicia AC.
Los familiares de personas desaparecidas en Querétaro se manifiestan cada 10 de noviembre, fecha en que la organización fue fundada por Brenda Rangel Ortiz, quien busca a su hermano Héctor, desaparecido el 10 de noviembre, hace siete años.
En su posicionamiento la organización demandó la destitución de Margarita Luna Téllez Girón, subprocuradora de Prevención del Delito, Atención a Víctimas y Derechos Humanos; Milagros Cabrera López, directora de Atención a Víctimas y Ofendidos del delito; y Uriel Guillén Orozco, Norma Angélica García Verdi, Víctor Miguel Bustos González y Cinthya Grisel González Serrano, agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidos.
Lo anterior porque familiares de personas desparecidas de Querétaro se duelen de actos de re victimización, omisiones en la investigación de sus casos y violación a sus derechos humanos.
Al final del mitin la organización Desaparecidos Justicia AC le dio una emotiva bienvenida a una familia más que llegó a la agrupación. Yadira González recordó que hace un año eran 21 familias con personas desaparecidas y este año suman ya 45.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERIC PACHECO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462228/acusan-al-gobernador-queretaro-incumplir-a-familiares-personas-desaparecidas
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, que contempla un total de cuatro billones 888 mil 892.5 millones de pesos. Los legisladores reasignaron 67 mil 707 millones de pesos, que se destinaron a los rubros de educación, campo, infraestructura, anticorrupción, el Fondo de Capitalidad de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo Metro.
La Cámara de Diputados el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, que contempla un total de cuatro billones 888 mil 892.5 millones de pesos.
La discusión en el Pleno inició a las 19:35 horas y a las 22:10 horas se avaló en lo general por 438 votos a favor y 36 en contra.
El grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue el único en manifestar su desacuerdo a los recortes presupuestales que se realizarán en diversos rubros.
Previamente, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobaron en lo general el dictamen, con un recorte por casi 240 mil millones de pesos.
Los legisladores reasignaron 67 mil 707 millones de pesos, que se destinaron a los rubros de educación, campo, infraestructura, anticorrupción y otros fondos que no tenían partida presupuestal, informó el priista Alfredo del Mazo Maza, presidente de la citada comisión.
Este monto surgió de los 51 mil 380.2 millones de pesos adicionales que se proyectan obtener, tras los cambios realizados a la cotización del dólar y la plataforma de producción petrolera, así como 16 mil 327 millones más que se obtuvieron luego de realizar ajustes a diversos programas.
Se adicionaron mil millones de pesos, respecto a la propuesta del Ejecutivo federal; se aumentaron recursos para el rubro educativo, principalmente para las universidades públicas de las entidades federativas.
Otros cinco mil 500 millones de pesos serán destinados al fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Para el Fondo Fortalece se contemplan ocho mil 900 millones de pesos; para el de cultura únicamente, mil 400 millones de pesos, y para el programa de infraestructura de caminos rurales y carreteras, seis mil millones de pesos. Rubros para los cuales no existía un presupuesto asignado.
Por su parte, al Fondo de Capitalidad de la Ciudad de México, también sin recursos asignados, se le destinarán dos mil 450 millones de pesos. También figuran 500 millones de pesos para el Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Al Fondo para Fronteras le asignaron 790 millones de pesos. Este fondo busca otorgar apoyos a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país.
Para el Fondo Metropolitano el presupuesto será de 3 mil 240 millones de pesos.
Cada legislador pudo asignar, aproximadamente, 20 millones de pesos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-11-2016/3114038
Acusa que a Padrés "se le cerraron todos los espacios para su fuga e intenta victimizarse con esta estrategia mediática orquestada desde las más altas esferas del panismo".
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió a las instituciones de justicia de México, apliquen un castigo ejemplar al ex gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías.
En un comunicado, el instituto político señaló que deben ser las instituciones de justicia y no el Partido Acción Nacional (PAN) o sus abogados, quienes determinen la culpabilidad de Padrés.
Lamentó que la defensa del ex mandatario estatal sea victimizarse y presentarse ante la opinión pública como un perseguido político. “Los corruptos deben acabar en la cárcel”.
El PRI reprobó que Padrés acuda ante las autoridades un año después de que concluyó su mandato en Sonora, solicitar decenas de amparos y luego de permanecer 40 días escondido por la orden de aprehensión en su contra.
“Para el PRI, es claro que se le cerraron todos los espacios para su fuga e intenta victimizarse con esta estrategia mediática orquestada desde las más altas esferas del panismo”, sentenció.
Exhortó respetuosamente a las autoridades federales, a que redoblen sus esfuerzos para la aplicación de las sanciones que correspondan al panista.
“No deben dejarse amedrentar por la actuación de sus abogados, quienes son encabezados por el ex procurador general de la República panista, Antonio Lozano Gracia.”
Hoy la sociedad mexicana debe confiar en que habrá justicia, se incautarán los bienes a Guillermo Padrés y serán reintegrados a su legítimo propietario, que es el pueblo de Sonora.
Confió en la PGR y en que su actuación es y será en el margen de la ley, alejada de revanchas políticas pero sí con todo rigor contra aquellos que fallaron a la confianza de los ciudadanos al cometer actos de corrupción.
Comunicado:
Exige PRI Castigo Ejemplar a GP by Aristegui Noticias on Scribd
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1011/mexico/pri-exige-castigo-ejemplar-para-guillermo-padres-corruptos-deben-acabar-en-la-carcel-ochoa/
Miguel Ángel Yunes Linares, quien en breve tomará posesión como gobernador de Veracruz, está siendo investigado por la PGR a raíz de denuncias según las cuales cuando dirigía el ISSSTE sacó de ahí recursos para que él y su familia compraran, de manera indebida, una escandalosa cantidad de inmuebles. Lo curioso es que la lista de propiedades de los Yunes Márquez fue proporcionada ni más ni menos que por Javier Duarte, el exmandatario prófugo que se volvió imagen viva de la corrupción.
XALAPA, Ver: Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo de Veracruz, tiene en su contra denuncias por enriquecimiento ilícito; como presunta prueba de ese delito hay una lista de propiedades, casi tantas como las de Javier Duarte, su antecesor ahora prófugo y quien es uno de sus acusadores.
Las denuncias son analizadas en la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Procuraduría General de la República (PGR), así como en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.
Según la averiguación previa FED/SEIDO/VEIORPIFAM-DF/0000445/2016 –copia de la cual tiene Proceso– la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acusa a Yunes Linares de haber constituido en la Ciudad de México sociedades mercantiles –cuyos accionistas son familiares cercanos– para “transferir” de forma ilegal “retenciones”, “comisiones” y “recursos” de trabajadores de ese sindicato cuando era director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Yunes Linares fue demandado el pasado 8 de agosto –querella penal que sigue su curso en la PGR– por apropiarse de más de 230 millones de pesos de “comisiones” y “retenciones” indebidas de miles de afiliados al ISSSTE y maestros del SNTE.
Además, Duarte –exgobernador prófugo desde el 12 de octubre– utilizó información privilegiada del Registro Público de la Propiedad para obtener la lista de inmuebles de la familia Yunes y también demandarlo penalmente.
En dicha lista, consultada por Proceso, destacan 26 departamentos, residencias, oficinas de lujo, varios de ellos a nombre de Veracruzana de Bienes Inmuebles S. A., propiedad de Miguel Ángel Yunes, de su esposa, Leticia Márquez Mora, y de sus hijos.
Esta denuncia penal contra Yunes Linares –quien habrá de tomar protesta el próximo 1 de diciembre– fue puesta por el propio Javier Duarte y gran parte de su gabinete el pasado 1 de agosto, y fue ratificada días después en la Fiscalía General del Estado.
En esa ocasión Duarte aseguró que “el único negocio que Yunes Linares tuvo antes de ser servidor público era un local en el mercado de Soledad de Doblado, donde vendía escobas. Lo que aquí entrego a las autoridades son pruebas irrefutables, como lo son escrituras notariadas e inscritas en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, actas constitutivas y demás documentales públicas que demuestran la escandalosa corrupción y la impunidad con la que hasta ahora se ha conducido”.
Figuran en esa lista cuatro predios, con una extensión total de 29 mil 335 metros cuadrados, en “La Encrucijada”, Coatepec, Veracruz; 2 mil metros cuadrados del predio “Tepetates” en La Estanzuela, municipio de Emiliano Zapata; más de mil metros cuadrados de un terreno y una casa construida en la comunidad de Zoncuantla, también en Coatepec.
Además figura en la lista un terreno en Barranca Honda, en la capital estatal, con una extensión de 4 mil 339 metros cuadrados, así como tres condominios de 500 metros cuadrados cada uno en la zona residencial del Club de Golf Villa Rica, en Alvarado; tres locales comerciales en Playón del Sur, en Minatitlán, con una extensión de 225 metros cuadrados, y una casa de la colonia Petrolera, también en Minatitlán, de 500 metros cuadrados.
En el municipio de Boca del Río aparecen a su nombre los lotes 9 y 10 del fraccionamiento Costa Verde, con una extensión de 517 metros cuadrados.
En el caso de Omar Yunes Márquez –hijo de Yunes Linares–, la querella que puso Duarte en su contra lo señala como propietario de un inmueble en la Ciudad de México, en el número 433 de la calle Platón en Polanco; también de dos terrenos en el fraccionamiento Rincón
del Conchal, en Alvarado, Veracruz, con una extensión global de 3 mil 662 metros cuadrados.
A Omar Yunes –de quien anteriormente se filtraron audios de conversaciones en las que consultaba a su padre para hacer inversiones inmobiliarias en Estados Unidos y así obtener “rentitas”–, Duarte también le adjudica inmuebles en un boyante fraccionamiento de Polanco, en la calle Calderón de la Barca; uno más, de 591 metros cuadrados, en la avenida Horacio; otro, de 400 metros cuadrados, en Sierra Vertientes y uno de 437 metros cuadrados en la calle Cicerón, en las Lomas de Chapultepec, todo esto en la Ciudad de México.
También se hallan en la lista cuatro departamentos más en Horacio, cada uno con una superficie promedio de 220 metros cuadrados.
De los ataques a su hijo, Yunes Linares ha dicho que se trata de una “campaña de desprestigio” por haber evidenciado todas las irregularidades y desvíos de recursos de los gobiernos de Duarte y del también exmandatario veracruzano Fidel Herrera.
Al gobernador electo también se le atribuye la posesión de un departamento de 517 metros cuadrados en la Torre Vlu, en el fraccionamiento Costa de Oro, de Boca del Río.
Proceso buscó en repetidas ocasiones una entrevista con Yunes Linares, pero hasta el cierre de la presente edición el mandatario electo y su jefe de prensa, Elías Assad, sólo dieron evasivas.
La acusación del SNTE
La averiguación previa no sólo menciona a Yunes Linares, sino también a su esposa, Leticia Isabel Márquez Mora, y a sus hijos, el senador veracruzano Fernando Yunes Márquez; el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez y a Omar Yunes Márquez.
A todos se les señala como accionistas o integrantes de los consejos de administración de Cobranza y Recuperación, S. A. de C. V.; Corporate Linkage, S. A. de C. V., e Intermediación Corporativa, S. A. de C. V., y quienes recibían “transferencias ilícitas” de la empresa Consupago, S. A. de C. V., representada por Sergio Chedraui Eguía, con la cual el ISSSTE –durante la administración de Yunes Linares– firmó varios convenios de colaboración.
Chedraui Eguía murió el 3 de junio de 2012 a causa de un infarto mientras corría una maratón en Chapultepec.
El expriista Yunes Linares enfrenta esta nueva querella a 20 días de tomar posesión del gobierno de Veracruz, entidad vapuleada por el desaseo financiero que dejó Duarte, estimado, según la Comisión de Hacienda del Congreso local, en 180 mil millones de pesos.
La denuncia de hechos –que quedó asignada a la fiscal Jésica Salgado Ruiz– señala que de diciembre de 2006 al 22 de febrero de 2010, Yunes Linares autorizó “préstamos en efectivo”, “financiamientos” y todo tipo de créditos con descuentos vía quincenal a trabajadores, cuyas retenciones iniciales recaían en Consupago, pero que ésta transfería después, a “título de comisión”, a las empresas donde los accionistas eran integrantes de la familia Yunes Márquez.
“Se aprovechó de su puesto como director general del ISSSTE, acordó con Consupago transferir recursos retenidos a los trabajadores, para posteriormente, de manera ilícita, recibirlos a través de empresas propias y familiares como supuestas comisiones”, expresa la hoja 5 de la denuncia de hechos.
A decir del secretario de Asuntos Jurídicos de la Sección 32 del SNTE, Javier Martínez del Ángel, la querella penal interpuesta en agosto pasado no tiene “sesgos políticos”, sino que sólo pretende exigir castigo por los delitos en el ejercicio “abusivo” de funciones
y operaciones con “recursos de procedencia ilícita”.
Antes de concluir noviembre, el departamento jurídico del SNTE tendrá que concurrir a la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda para verificar el “avance” de las diligencias contra la familia Yunes Márquez.
En el legajo que aportó el área jurídica del SNTE a su denuncia de hechos se aprecian las constancias de folio 332818 y 330841 del Registro Público de la Propiedad y Comercio y de la Dirección de Proceso Registral Inmobiliario y de Comercio, del entonces Gobierno del Distrito Federal, donde en 2005 y 2006 se constituyeron las sociedades anónimas de modalidad de capital variable Intermediación Corporativa y Corporate Linkage, en las cuales, con capitales iniciales de 50 mil pesos, aparecen como apoderados y accionistas Miguel Ángel Yunes Márquez (entonces diputado local) y Omar Yunes Márquez, con acciones suscritas representativas de 70% y 30%.
En los folios de inscripción de la asamblea general extraordinaria figuran también como accionistas e integrantes del consejo de administración Leticia Isabel Márquez Mora y Miguel Ángel Yunes Linares, en acta rubricada por Silvia Vidals Negrete, por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Gobierno del Distrito Federal.
Complicidades
En el polémico convenio de colaboración que celebraron el ISSSTE y Consupago no se especifica la transferencia de “retenciones” y “comisiones” a las empresas cuyos accionistas son los hijos de Yunes Linares, pese a que a dicho convenio se le hicieron varias adendas modificatorias.
El contrato –del que Proceso tiene copia–, firmado el 15 de mayo de 2008, está rubricado por el proveedor Sergio Chedraui Eguía y Jesús Villalobos López, subdirector general de Finanzas del ISSSTE y que a la postre relevaría a Yunes Linares al frente del instituto, en 2010.
Al cierre del sexenio de Felipe Calderón, Villalobos sería señalado como autor de un daño patrimonial al ISSSTE por 300 millones de pesos, pues erogó a discreción esa cantidad a la empresa Ingeniería Costos y Servicios, S. A. de C. V., por trabajos que no se realizaron. La investigación del Órgano Interno de Control del ISSSTE quedó radicada en el expediente PAR-729/2012.
A Villalobos lo inhabilitó la Secretaría de la Función Pública por comprobarse que asistió al partido del Supertazón 46 en Indianápolis, Estados Unidos, con un boleto de avión pagado con recursos de la Dirección de Pronósticos para la Asistencia Pública, de la que era director.
El convenio también iba rubricado por Pedro Vásquez Colmenares, subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, y por Luis Felipe Castro Sánchez, director del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE.
Castro Sánchez ha sido señalado por desviar fondos del ISSSTE, hacer “compras infladas” de medicamentos e insumos, así como traficar con la nómina y matrícula de los empleados, según acusaciones vertidas al diario La Jornada por la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos.
Ahora el área jurídica de la Sección 32 del SNTE asegura que a Yunes Linares se le pueden fincar responsabilidades por ejercicio abusivo de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, por “obtener beneficios económicos” como servidor público y por enajenar recursos públicos para su beneficio personal.
En la denuncia penal FED/SEIDO/VEIORPIFAM-DF/0000445/2016 los agraviados exigen que se cite a declarar a la esposa e hijos de Yunes Linares y al propio gobernador electo. También demandan que se presente el actual representante legal del ISSSTE para que dé su versión de los hechos y aporte información que podría ser relevante al caso.
Le piden a la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda que “solicite” a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores las cuentas bancarias de Consupago, Cobranza y Recuperación, Corporate Linkage, Intermediación Corporativa, así como de todos los integrantes de la familia Yunes Márquez.
Exigen también, y como parte de la investigación, las declaraciones fiscales de todas las personas arriba citadas.
Antes de huir de la justicia, Javier Duarte se expresó así de Yunes Linares en el noticiario Despierta con Loret, de Televisa: “Es un desvergonzado, no tan sólo se roba el dinero, sino que lo ostenta; las mansiones, las propiedades que tiene son insultantes, ni siquiera podemos pensar en prestanombres (sic), todo lo tiene a su nombre y al de sus hijos, en esta cadena (Televisa) se dio a conocer que tiene un edificio completo de Nueva York, ese es el dedo fustigador que me señala como corrupto”.
Este año, diputados locales del PRI –antes afines a Duarte– y legisladores federales acudieron ante la FGE y la PGR para denunciar a Yunes Linares y a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, por enriquecimiento ilícito.
Yunes Márquez, edil de Boca del Río, acudió a la FGE a “entregarse”; aseguró que se trataba de una “persecución política” contra él en plena campaña electoral. La investigación quedó radicada con el folio 45E/2015 en el oficio FGE/FIM/2867/2015.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462082/los-yunes-una-cola-larga-la-duarte
Uno de los principios fundamentales del derecho es no legislar ad hominem, es decir, con la intención de perjudicar o beneficiar a una persona (o grupo) en particular, pero eso es precisamente lo que hicieron los legisladores mexicanos al ampliar los periodos de cuatro de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para asegurarse que una mayoría de éstos califiquen las dos siguientes elecciones presidenciales: la de 2018 –que juzgarán los siete nuevos integrantes– y la de 2024, en la que permanecerán todavía cinco de los siete.
La reforma al párrafo II del artículo 4 transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008, además, rompe con la lógica de los ciclos electorales federales de tres años, que fue la razón que motivó a los legisladores en aquel entonces a establecer el escalonamiento cada tres años: con ello se garantizaba que, a futuro, al afrontar los procesos electorales federales siempre había una mayoría de magistrados que ya tenían la experiencia de haber estado en un proceso electoral previo.
Uno de los grandes errores de la legislación original, antes de la reforma constitucional de 2007, era que cada 10 años se hacía la renovación total de los siete magistrados, lo que tiraba por la borda toda la experiencia acumulada; en la reforma mencionada se reconoció que lo ideal era que la renovación fuese escalonada y que, en el caso de los organismos electorales (Instituto Federal Electoral entonces, ahora Instituto Nacional Electoral), dicho escalonamiento estuviera en consonancia con los ciclos electorales federales de tres años. Así, el único proceso electoral federal que después de los procesos de 1997 y 2009 se realizaría con siete magistrados sin experiencia sería el de 2018. En lo sucesivo siempre estarían cuatro o cinco magistrados (dependiendo del caso) con práctica.
Es decir, se buscaba aprovechar al máximo la combinación de la experiencia y la renovación, pero siempre bajo la lógica de que haya mayoría de experimentados y un número suficiente de “novatos”, para sacudir la rutina y el letargo. En la elección presidencial de 2018, los siete magistrados vivirían su primer proceso electoral federal; en la de 2021, serían dos noveles; en la de 2024, serían otra vez dos nuevos, así que únicamente tres magistrados habrían estado en la elección de 2018 y cinco en la intermedia de 2021. En la de 2027 habría tres nuevos magistrados y cuatro que provendrían desde la de 2024; y en la de 2030 (nuevamente presidencial) otros tres nuevos y únicamente dos magistrados habrían estado en la de 2024; y así sucesivamente.
Con la acelerada reforma que procesaron los legisladores se rompe esta dinámica, de tal suerte que nuevamente hay varios procesos electorales en los que repiten los siete magistrados y hay otros en los que existirá una mayoría de magistrados nuevos: los mismos siete magistrados que calificarán la elección presidencial de 2018 repetirán en su totalidad en la de 2021; para la elección presidencial de 2024 habrá dos nuevos magistrados y repiten cinco; para la de 2027 habrá cinco nuevos magistrados que no habían estado en ningún proceso federal previo, pero obviamente para 2030 no habrá ningún nuevo magistrado y permanecerán dos que estuvieron en la de 2024, y así se mantendrá la intermitencia de inmovilidad y cambio de la mayoría de una elección a otra. Por ejemplo, en la elección presidencial de 2036 participarán cinco magistrados que no habrán estado en ninguna elección previa.
La lógica de mantener los ciclos comiciales permeó en todos los órganos electorales, tanto a escala estatal como federal, pues fue el criterio que se utilizó para la renovación de las Salas Regionales del mismo Tribunal Electoral y que ya estaba establecido para la conformación de los Consejos Locales y Distritales del INE; pero también prevaleció en la conformación de los organismos estatales, tanto los administrativos (organismos públicos locales, Oples) como los jurisdiccionales (tribunales electorales estatales), de tal manera que la única instancia vinculada con los procesos electorales que estará fuera de esta dinámica es, precisamente, la Sala Superior del TEPJF.
Contrario a lo que hizo en el Senado, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados no apoyó la reforma, y aunque fundó su argumentación en la posible inconstitucionalidad de la misma por ser posterior a la designación de los magistrados y estar dirigida directamente a cuatro de ellos, no puede soslayarse que el cambio fue fundamentalmente porque el magistrado que ellos propusieron sí recibe el beneficio de la ampliación del periodo de tres a siete años, pero sale justo al inicio del proceso electoral de 2024 y ya no alcanza a participar en la calificación de la elección presidencial de ese año. Así, la clara intención de mantener el control de la Sala Superior del Tribunal en los dos próximos procesos electorales se hizo todavía más evidente.
Dado que, aunque no es una ley electoral, se trata de una reforma que afecta a un organismo directamente vinculado con lo electoral, los partidos políticos que votaron en contra de la modificación en cualquiera de las cámaras o en ambas (como el PT y Movimiento Ciudadano, así como senadores que aun sin grupo parlamentario son cercanos a Morena) deben intentar interponer la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hay varios elementos que se pueden alegar y hacer que la modificación sea revertida. Desde luego, es imposible saber cuál será la sentencia del Pleno de la Corte, pero el intento de evitar el atropello por parte de los legisladores es lo menos que pueden hacer estos institutos políticos.
La consumación de la reforma es una muestra más de la insensibilidad de los legisladores al descontento ciudadano; de cómo sobreponen sus intereses partidistas al beneficio público y la gobernabilidad nacional; y de la soberbia y cinismo con el que actúan apostando a la pasividad ciudadana. Un nuevo atropello de estos legisladores en este periodo de sesiones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ (ANÁLISIS).
LINK: http://www.proceso.com.mx/462087/cinismo-soberbia-los-legisladores
CHIHUAHUA, Chih: Los habitantes del poblado de Baborigame, en el municipio de Guadalupe y Calvo, principalmente los indígenas tepehuanos, pidieron la presencia de autoridades ante el incremento de violencia, ejecuciones y propiedades incineradas, además de que los militares destacamentados en el lugar sólo actúan cuando los hechos delictivos trascienden a la opinión pública.
El domingo pasado, cuando levantaron al párroco Luis Antonio Salazar de la Torre, quien logró escapar ileso, también ejecutaron e incineraron a cinco personas que viajaban en dos vehículos.
En uno viajaban Andrés Molina Quiñónez y Elmer Joel Loera Lerma y en otro vehículo iban otro hombre, una mujer y un niño.
Los restos fueron retirados apenas ayer y trasladados a la ciudad de Chihuahua, donde se practicarán los estudios de ADN, pero ello ocurrió hasta que los familiares exigieron a la Fiscalía General del Estado que se los entregaran para sepultarlos.
Las personas fueron calcinadas por el grupo Los Pintos, que mantiene el control del pueblo, pero que se ha enfrentado a un grupo de autodefensa apodado Los Azules.
En entrevista, familiares de las víctimas pidieron que las autoridades realicen su trabajo y ya no los dejen solos, como ha sucedido los últimos años, que han visto ejecuciones que no se registran o que las hacen parecer como accidentes o suicidios.
Durante meses han despojado y desplazado a la comunidad indígena, tepehuana, de sus tierras, les quitan sus pertenencias y también sus viviendas.
“Queremos que se haga justicia, los quemaron en el carro los maleantes. No sabemos más, sólo sabemos que por lo menos eran ellos dos y en otro vehículo otros tres. Fue el domingo, en ese mismo rato que pasó lo del padre. Los quemaron ahí, queremos que se haga justicia”, denunció uno de los padres de familia de las víctimas.
El hombre sostiene que no es la primera ocasión que algo así sucede, pues es cotidiano que maten gente, que quemen casas y vehículos, pero ya no aguantan más.
“Tienen secuestrado al pueblo, si se rebela, aquí tienen espías, donde descubran a uno lo van matando o lo van desapareciendo, por eso queremos que las autoridades cumplan con su obligación al pueblo. No nos hacen caso, no nos toman en cuenta.
“Lo que queremos es que nos entreguen ya los restos. Ahí están tirados en la calle, no hay autoridad que nos dé ayuda. Sólo están los huesos y cenizas que están volando, que no los dejen ahí desparramados, están llegando perros y vacas, por favor que nos los entreguen para sepultarlos, para llevarlos al panteón y también pedimos seguridad para nosotros”, pidió llorando una familiar de las víctimas, horas antes de que llegaran los agentes estatales a retirar los cuerpos.
Aquí, los adolescentes no ven oportunidades, se han convertido en presa de los narcotraficantes y de la cultura enquistada en el municipio, ya que la mayoría participa en actividades de cultivo de droga y varios de ellos se convierten en sicarios a su corta edad.
“Que la autoridad no nos deje solos, nosotros nomás estamos sufriendo, se hacen los sordos como que nadie les habla. No tenemos nada de ayuda”, expresó un niño de 12 años desde Baborigame, familiar de uno de los hombres calcinados.
El menor, de quien se reserva su identidad por seguridad, relató que hace unos años mataron a su papá, acompañó a su familia a denunciar en la cabecera de Guadalupe y Calvo, pero no pasó nada.
“Siento mucha tristeza, hace algunos años mataron a mi papá, fuimos a Guadalupe y nunca nos dijeron nada, como si no hubiéramos ido”, sostuvo.
“Al gobernador le quiero decir que hagan algo, que para eso son autoridades, para protegernos, no para dejarnos solos; que pongan protección en las calles para circular todo eso, que cuiden al pueblo, que den mejores apoyos de escuelas, en atención de doctores. Todos se están yendo, ya casi no hay nadie en el pueblo y yo quiero estar ahí, aquí crecí, pero me da miedo por la inseguridad, si hubiera modo, si me fuera de aquí”.
Y sus familiares cuentan que a partir del lunes las clases quedaron suspendidas, las personas se han ido a las rancherías y nadie quiere salir. El terror es generalizado.
Cuarteles en la Sierra Tarahumara
Los asesinatos del domingo son parte de los 254 homicidios dolosos que se han registrado en 10 diez días en la entidad, de acuerdo con el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, quien compareció ayer ante el Poder Legislativo por el incremento de violencia.
El funcionario informó que tienen carpetas de investigación integradas, contra policías de diferentes corporaciones, presuntamente infiltrados en el narcotráfico.
Peniche dijo que una desventaja, además de la falta de recursos en la dependencia estatal porque el gobierno de César Duarte Jáquez dejó en bancarrota al estado, es que la Secretaría de la Defensa Nacional retiró armamento a las policías municipales, porque fue entregado sin cumplir con el protocolo, situación que los coloca con otra desventaja contra la delincuencia.
Anteriormente, el fiscal informó que también investigan la desaparición de 75 armas del C4, que se llevó, presuntamente y de acuerdo con agentes de la dependencia, el exdirector de la Policía Estatal Única, Pablo Ernesto Rocha Acosta.
Respecto de la situación de Baborigame, César Augusto Peniche reconoció en entrevista que le avisaron sobre la situación y enviaron a agentes estatales al pueblo.
Destacó que rescataron al sacerdote con vida, y dijo sobre los cinco cuerpos calcinados que ya habían atendido el caso y será investigado.
Minutos antes, dio a conocer a los legisladores que enviará una iniciativa de ley para la creación de un cuerpo de seguridad pública en la región serrana que incluya la instalación de cuarteles de la Policía Estatal.
“Es una de las prioridades atender la seguridad en la Sierra, para lo cual se analizan los lugares específicos en donde instalarán por lo menos tres cuarteles que tienen la finalidad albergar de manera permanentemente a los agentes, quienes ya no tendrán que desplazarse como lo venían haciendo y que generaba un gasto excesivo para el gobierno”, detalló.
El objetivo fundamental es brindar seguridad a los habitantes de la Sierra Tarahumara y poner al servicio de la comunidad la presencia de elementos que puedan atender desde un reporte, una denuncia o un hecho delictivo, aseveró.
“Sabemos que es un proyecto ambicioso, pero es una estrategia de seguridad que nos va a dar resultado, porque se debe de contar con personal fijo; pues estamos convencidos de que mientras no se atienda de manera global la raíz del problema, no vamos a poder revertir la problemática en la Sierra”, agregó.
Peniche Espejel explicó que pretenden tener mayor cobertura en la Sierra, porque debido a las condiciones de lejanía es donde menos presencia policiaca hay y no es suficiente la presencia del Ejército Mexicano. Además, faltan policías municipales en la región.
La Unidad Especial dentro de la Policía Estatal Única podría ubicarse en puntos estratégicos de la zona, que permita mejorar las condiciones de seguridad y disuadir las prácticas de actividades delictivas que se están generando en aquellos lugares.
“La propuesta va en el sentido de instalar cuarteles (tres por lo pronto), dotarlos de seguridad e infraestructura y desde luego personal, incluso, se convocaría reclutar gente de aquellas mismas zonas, puesto que es la gente que conoce la Sierra, que conoce los caminos, las comunidades, el fenómeno delictivo que se presenta allá y sería lo más útil contar ellos”, agregó ante los legisladores.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462079/exigen-seguridad-en-poblado-la-sierra-tarahumara-ante-aumento-violencia
En comparecencia ante el Senado, el director del Instituto, detalló que en los próximos dos años se iniciarán cuatro grandes proyectos para la construcción de nuevos hospitales en Mérida, Ciudad de México, Tabasco y Nayarit.
José Reyes Baeza Terrazas, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) exhortó a los gobiernos de los estados y municipios, así como a instituciones académicas, a saldar sus adeudos con el Instituto para que los derechohabientes no se vean sacrificados en sus prestaciones.
En comparecencia ante la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República este jueves, Baeza detalló que en los próximos dos años se iniciarán cuatro grandes proyectos para la construcción de nuevos hospitales en Mérida, Ciudad de México, Tabasco y Nayarit.
“En la actual administración del Presidente Enrique Peña Nieto, el Instituto ha invertido cuatro mil 615 millones de pesos en obra nueva, ampliaciones y remodelaciones en nuestra infraestructura hospitalaria”, dijo Baeza
“El próximo año, además, se inaugurarán el hospital en Chiapas, la clínica hospital en Zacatecas, la ampliación en la clínica de Aguascalientes, la clínica en Córdoba y una Estancia Infantil en Nogales”, agregó.
Baeza también informó que durante este año el rezago en cirugías se redujo de ocho mil 373 a cuatro mil 871 en lo que va del año, por lo que la meta en 2017 es que sea eliminado por completo. Esto gracias a que se realizan dos mil 250 cirugías cada mes durante los fines de semana
El titular del Instituto aseguró que gracias al programa Triage, el cual se lleva a cabo en 111 unidades médicas, el promedio de estancia en urgencias es de tres a cuatro horas.
Ante el presidente de la Comisión, Fernando Enrique Mayans, el director del ISSSTE puntualizó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 el Ejecutivo propuso un ejercicio para el Instituto de 263 mil 589 millones de pesos, es decir, 33 mil 673 millones más que este año.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1011/mexico/pide-issste-a-gobiernos-estatales-y-municipales-saldar-adeudos-con-el-instituto/
Entre los años 2009 y 2014, el su gobierno otorgó licitaciones a modo a un grupo de empresas vinculadas a él y su familia, las cuales salieron beneficiadas con contratos públicos que conjunto sumaron 260 millones de pesos.
El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, enfrenta dos procesos acusaciones penales por el presunto desvío de 312 millones de recursos públicos mediante la creación de empresas fantasmas que luego de recibir contratos de su administración, transferían el dinero a compañías fachada en el extranjero
La Procuraduría General de la República informó que una de las causas penales contra Padrés Elías es por su probable responsabilidad en los delitos de defraudación fiscal equiparada y lavado de dinero por un monto total de 134 millones de pesos; mientras que la otra es una indagatoria en la que enfrenta cargos por delincuencia organizada y por transferir de manera ilícita 178 millones de pesos entre diversas cuentas bancarias.
El subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, explicó que derivado de ambas causas penales, este jueves se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión contra el ex mandatario panista y su hijo Guillermo Padrés Dagnino en las inmediaciones del Reclusorio Oriente.
Agregó que derivado de ambos mandamientos judiciales, Padrés Elías fue ingresado al Reclusorio Norte luego de ser obligado a comparecer ante otro impartidor de justicia en otra causa judicial; mientras que su hijo Guillermo Padrés Dagnino, fue puesto a disposición de un juzgado federal con sede en Toluca, Estado de México, para definir si se les dicta auto de formal prisión o si se ordena la inmediata libertad de ambos por falta de indicios para probarles algún delito.
El titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR, Crisógono de Jesús Díaz Cervantes, detalló que el esquema de operación financiera ideado por el ex gobernador de Sonora en la causa penal por lavado de dinero y defraudación fiscal consistió en la apertura de cuentas bancarias en el extranjero, a las cuales envío 8 millones de dólares, equivalentes a 134 millones de pesos al tipo de cambio vigente en la época de los hechos.
El fiscal antilavado de la PGR agregó que estos recursos no fueron asentados por Guillermo Padrés Elías en su declaración fiscal y patrimonial, destacando que el dinero depositado en dichas cuentas era transferido de México al extranjero y regresados de nuevo a instituciones financieras de nuestro país para tratar de ocultar su origen ilícito.
“A través de esta maquinación el ex gobernador pretendió ocultar el origen de estos recursos para introducirlos al sistema financiero aparentando que se trata de recursos lícitos. Posteriormente, dispersó los recursos a empresas controladas por el núcleo familiar en México con el fin de ocultar su origen, pero se trataba solamente de empresas que facturaron operaciones simuladas“, advirtió Díaz Cervantes.
Por lo que respecta a la imputación por delincuencia organizada, el fiscal antilavado de la PGR detalló que entre los años 2009 y 2014, el gobierno de Padrés otorgó licitaciones a modo a un grupo de empresas vinculadas a él y su familia, las cuales salieron beneficiadas con contratos públicos que conjunto sumaron 260 millones de pesos.
Una vez que se realizaban los pagos del gobierno de Sonora a las citadas empresas, los recursos eran transferidos a una cuenta concentradora que tenía como beneficiarios a un ex colaborador del ex gobernador y a su propio hijo, Guillermo Padrés Dagnino, por lo que también se libró la orden de aprehensión en su contra.
“De esta forma se detectaron depósitos por 178 millones de pesos, logrando documentar diversas dispersiones de los mismos a cuentas de familiares del ex gobernador, de uno de los hijos del ex gobernador, del ex gobernador, y empresas relacionadas con su núcleo familiar, con la finalidad de ocultar el origen, la propiedad, el destino y el propietario de los mismos, siendo que una parte de este dinero se dispersó con el fin de ocultar su origen en cuentas de bancos en el extranjero”, explicó la PGR.
El subprocurador de Control Regional, Gilberto Higuera, señaló que luego de comparecer ante Juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales en la Ciudad de México por la primera causa penal, se ejecutaron las órdenes de aprehensión que giró el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México contra Guillermo Padrés Elías y su hijo derivado de la segunda acusación que enfrentan, por lo que ambos pudieron conocieron las imputaciones en su contra sin que se violara su derecho al debido proceso.
Guillermo Padrés logró suspensión para evitar traslado a penales de alta seguridad
Durante las diligencias de los dos procesos penales que enfrenta, el ex gobernador de Sonora. Guillermo Padrés Elías, presentó una suspensión provisional que le concedió un juez federal para que permanezca recluido en un penal de la Ciudad de México y no sea trasladado a penales federales de alta seguridad.
La suspensión le fue concedida por el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, dentro del juicio de amparo con expediente 1009/2016, lo que impide su traslado fuera de la Ciudad de México.
Por el momento, se desconoce si el hijo cuenta con una suspensión similar, ya que este comparece ante un juzgado federal con sede en Toluca, Estado de México, el cual está adscrito al penal federal de El Altiplano en Almoloya de Juárez.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1011/mexico/padres-desvio-312-millones-de-pesos-provenientes-del-erario-revela-pgr/
CIUDAD DE MÉXICO: Ricardo Sandoval Aguilar, exdirector administrativo de los Servicios de Salud (Sesver), promovió un juicio de amparo contra cualquier acto del Ministerio Público federal y otras autoridades, ante señalamientos en su contra como probable responsable del desvío de recursos federales del Seguro Popular de los ejercicios fiscales 2012 y 2013.
El exfuncionario estatal promovió el juicio para obtener la protección de la justicia federal ante el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, informó E-Consulta.
Dicho juez admitió la demanda misma que quedó radicada con el número de expediente 920/2016.
En marzo de 2013, el entonces secretario de Salud Juan Antonio Nemi Dib, despidió a Sandoval Aguilar tras detectar una serie de irregularidades en el manejo de recursos.
Entrevistado sobre el tema este día, Nemi Dib reveló que en su paso por la dependencia interpuso más de 200 denuncias penales por actos de corrupción que detectó.
El exsecretario de Salud recordó que entre las irregularidades que detectó está el caso de siete empresas “fantasma” que supuestamente compraban bienes y servicios para la Jurisdicción Sanitaria número V, con sede en Xalapa, mediante las que se desviaron 14 millones de pesos.
Y señaló a Sandoval Aguilar y su asesor Jesús Villegas Ríos como los responsables del “latrocinio” cometido en la dependencia estatal en años pasados.
Sin embargo, cuando Fernando Benítez Obeso tomó las riendas de la Secretaría de Salud, a partir de octubre del 2014, se desistió de la acción penal.
Y en octubre pasado informó que Sandoval Aguilar había dejado la dependencia “por cuestiones de salud” y afirmó que regresaría a su cargo cuando se recuperara, lo cual no ha ocurrido hasta hoy.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462090/busca-amparo-exdirector-salud-veracruz-acusado-desviar-recursos-del-seguro-popular
CIUDAD DE MÉXICO: Ejidatarios de La Sierrita de Galeana, Durango presentaron una demanda de amparo por la demora en la resolución de la demanda que interpusieron desde 2012 por rescisión del contrato que firmaron con la empresa minera Excellon de México SA de CV.
Dicho amparo fue presentado después de siete meses de que el expediente 683/2012 fue turnado para que se dictara sentencia y a la fecha no se ha emitido resolución por parte del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto, denunciaron los ejidatarios que fueron acompañados por la organización Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) al presentar la demanda.
Juan Antonio López, coordinador del Área de Justicia Transnacional de ProDESC, indicó que la falta de sentencia “vulnera el derecho humano de acceso a la justicia para el ejido” que según el artículo 17 de la Constitución debe ser “de forma pronta y expedita”.
Excellon de México, detallaron los ejidatarios en un comunicado, inició operaciones en el ejido La Sierrita en 2004, utilizando 27 hectáreas por 30 años por lo que hizo un pago único por un millón 200 mil pesos.
Después de diversas inconsistencias y violaciones por parte de la empresa a ese primer contrato, el ejido intentó llegar a un acuerdo y en 2008 ambas partes firmaron un Contrato de Ocupación Temporal por la renta de mil 100 hectáreas por un monto de cinco millones 500 mil pesos anuales que aumentarían año con año de acuerdo con la inflación.
En ese contrato, detallaron los ejidatarios, se establecieron cláusulas económicas, sociales y medioambientales como: un fondo social y apoyo en actividades productivas del ejido, una planta tratadora de agua y preferencia a ejidatarios para su contratación en la mina. Sin embargo, denunciaron, la mayoría fueron incumplidas.
“Fue así que ante la falta de voluntad y de diálogo por parte de la empresa, en septiembre de 2012, los ejidatarios de La Sierrita presentaron una demanda agraria ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto con sede en Torreón, Coahuila por rescisión del contrato con la minera. Sin embargo, al día de hoy no ha sido resuelta”, señalaron.
Además, acusaron, la empresa lleva tres años sin pagar renta, no ha parado sus actividades y sigue explotando la tierra de los ejidatarios.
“Bajo este escenario de omisiones es que se ingresa el amparo, ya que las autoridades jurisdiccionales están obligadas a dictar sentencia bajo los requisitos, formalidades y tiempos establecidos por ley, mismos que no se han cumplido, y esta falta de respuesta ha ido en detrimento de nosotros, los dueños de las tierras”, subrayó Daniel Pacheco, presidente del Comisariado Ejidal de La Sierrita.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462118/con-amparo-ejidatarios-exigen-acelerar-rescision-de-contrato-con-minera-excelllon
CIUDAD DE MÉXICO: Saraí Reyes Campos, una joven estudiante de la Facultad de Contaduría de la Universidad Veracruzana fue arrebatada a su madre cuando caminaban por calles de Boca del Río esta mañana.
De acuerdo con información publicada en redes sociales, eran alrededor de las 7 de la mañana cuando madre e hija caminaban por la calle Pedro I. Mata, entre Constitución y Artículo 27, de la colonia Adalberto Tejeda, y de repente fueron interceptadas por unos hombres que viajaban en un vehículo gris del que no se proporcionaron mayores detalles.
La madre de la joven intentó evitar que se llevaran a su hija pero no pudo.
El vice rector de la Universidad Veracruzana en la región Veracruz, Alfonso Gerardo Pérez Morales, confirmó que la joven es alumna de la Facultad de Contaduría.
En entrevista con XEU Noticias, Pérez Morales expresó su confianza en que Saraí regrese con bien con sus familiares.
“Estamos en este momento de cómo se desarrolla la situación (…) Esperamos que nuestras autoridades tomen cartas en el asunto y que esto se resuelva de la mejor manera posible”, agregó.
El secuestro de la joven se da a casi un mes de la desaparición de cuatro personas en la zona conurbada de Veracruz: Génesis Deyanira, Urrutia Ramírez, Octavio García Baruch y Leo Arano. Los cadáveres de tres de ellos fueron hallados bolsas negras en una carretera en el municipio de Camarón de Tejeda.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462182/denuncian-en-redes-secuestro-estudiante-la-universidad-veracruzana
Con 39 votos a favor y dos en contra, los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobaron el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017.
En una reunión de trabajo que no duró más de 15 minutos, los integrantes de esa instancia legislativa avalaron este jueves 10 de noviembre el documento, que será puesto a consideración en los próximos minutos al pleno de la Cámara de Diputados.
Los diputados de las diferentes bancadas presentarán al término de la discusión en lo general casi 300 reservas, por lo cual se espera que el documento en lo particular sea aprobado en la madrugada de este viernes.
Los recursos que se ejercerán para el año próximo ascienden a cuatro billones 892.5 mil millones de pesos es decir, 51 mil 380.2 millones más de lo que propuso por el Ejecutivo federal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/presupuesto-egresos-2017/
