En noviembre de 2011, el Auditor Superior de Coahuila, Armando Plata, dio a conocer que las irregularidades en las cuentas públicas del estado serían denunciadas ante las autoridades correspondientes con la finalidad de que se realizaran las investigaciones y se ejercitaran las acciones en contra del presunto o presuntos responsables. Fueron sólo palabras. Hasta la fecha, siguen sin castigo los autores del saqueo. Ayer, el Obispo Raúl Vera conminó a los feligreses a denunciar las irregularidades que se detecten en los funcionarios, como la deuda de los 34 mil millones de pesos del Gobierno de Coahuila.
Cinco años han pasado desde que la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Coahuila hizo públicas las irregularidades y prometió denunciar a los responsables del desastre financiero, pero hasta el momento sólo se ha hipotecado a generaciones de ciudadanos y continúa la impunidad. Y aunque dos de los principales responsables, Javier Villarreal Hernández y Jorge Torres López, afrontan las acusaciones por irregularidades en el manejo del dinero de los coahuileneses, no son las autoridades del estado de Coahuila quienes los tienen en problemas: en el caso de Villarreal fue Texas donde se le inició el proceso, y el caso de Torres López es considerado prófugo de la justicia de Estados Unidos. Lo que sí parece ser cada vez más claro, es que el desorden financiero advertido desde 2011 era un mensaje no escuchado por las autoridades locales sobre dos de los escándalos más grandes en los últimos años: la megadeuda (parte contratada ilegalmente) y las empresas fantasmas. Esto confirma que el Auditor tenía razón en sus señalamientos, lo inexplicable es que su compromiso por denunciar a los responsables haya quedado sólo en declaraciones luego de que la administración de Humberto Moreira Valdés presentó hasta dos cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal del 2010, cuando sucedió el tsunami que arrasó cualquier orden administrativo o contable.
A pesar de que en la cuenta pública del 2010, la ASE observó desviaciones presupuestales desorbitadas y la contratación de deuda pública ilegal, es fecha que no se ha podido lograr que ninguno de los funcionarios sea llamado para juicio. En noviembre de 2011 el Auditor Superior de Coahuila, Armando Plata, dio a conocer que las irregularidades serían denunciadas “ante las autoridades correspondientes, con la finalidad de que se realicen las investigaciones respectivas para que se deslinden las responsabilidades y se ejerciten las acciones en contra del presunto o presuntos responsables”. Unos meses antes de dejar la administración al Gobernador interino Jorge Torres López (3 de enero del 2011), Humberto Moreira señaló en su quinto informe en noviembre de 2010 que los gastos acumulados hasta septiembre de ese año eran de 21 mil 218 millones de pesos, equivalentes al 71.4 por ciento del presupuesto autorizado por el Congreso del Estado (29 mil 711.856 millones de pesos). Es decir, el estado disponía del 28.6 por ciento del presupuesto de gasto total para el último trimestre de 2010. Sin embargo, la cuenta pública enviada en enero del 2011 reportó un estado de origen y aplicación de recursos por un monto total de 40 mil 051.687 millones de pesos. Más aún, en el 30 de septiembre del 2011, es decir, con ocho meses de posterioridad a la fecha dispuesta en la Constitución de Coahuila, una segunda versión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010, fue enviada al Congreso con cifras modificadas. El estado de origen y aplicación de recursos de la segunda versión de la cuenta pública ascendió a 50 mil 238.4 millones de pesos, 20 mil 526.5 millones de pesos más que los autorizados por el Congreso en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 2010. IRREGULARIDADES SIN CASTIGO En 2011 el estado envió al Congreso dos versiones de la cuenta pública 2010, una en enero y otra septiembre: • En la primera se reportó un estado de origen y aplicación de recursos por un monto total de 40 mmdp. • En la segunda ascendió a 50 mmdp, casi un 70% más de lo autorizado en el presupuesto de egresos 2010 (29 mmdp). • En su quinto informe Humberto Moreira presumió gastos (a sep. 2010) por 21 mmdp. • Es decir, en el último trimestre de ese año se habrían gastado casi 31 mmdp.
De la revisión de la deuda pública realizada por la ASE, se desprende: • Al 30 de septiembre 2011, el estado había solicitado créditos por 35 mmdp. • El grueso de la deuda se contrató en el 2010 (20 mil 778.5 millones) y el 2011 (7 mil 356). • Los créditos de largo plazo sin autorización del Congreso ascendieron a 18 mmdp. • Humberto Moreira estuvo al frente del Gobierno de Coahuila hasta el día 3 de enero del 2011.
OBISPO VERA LLAMA A LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN
Al clausurar ayer la Puerta de la Misericordia en la Catedral de Santiago de Saltillo, el obispo Raúl Vera conminó a los católicos a denunciar las irregularidades que se detecten en los funcionarios, como la deuda de los 34 mil millones de pesos del Gobierno del estado de Coahuila, porque genera que no haya medicamentos y equipo en las instituciones de salud para la atención de los coahuilenses. En la homilía de la misa que ofició en la Catedral, el Jerarca destacó que el Papa Francisco encomendó a los obispos desarrollar el Plan Pastoral de la Iglesia Católica, dentro del cual se destaca promover la fe en Dios y evangelización entre la población en general. Vera López recordó a Santa Catalina de Siena, quien exhortó a los católicos a decir la verdad a la gente sobre los problemas que afronta la población, porque de lo contrario es que no se quiere a las personas. “El Señor nos advierte tenga miedo de aquel que después de matar el cuerpo puede hacer morir el alma, y lo que se les diga en lo escondido grítenlo en las azoteas, lo que se les diga en privado háblenlo al mundo”. La manera en la que celebramos la Misericordia, dijo el prelado, es enseñarle a alguien la verdad, es una gran misericordia, porque de esa manera él tendrá éxito, no solo en esta vida sino en la vida eterna.
Quien trabaje por la justicia, el amor y la solidaridad de los hermanos saldrá de esta tierra a vivir en la comunión de los santos, dijo. FUENTE: SIN EMBARGO/VANGUARDIA. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/14-11-2016/3115089
Además del programa de prevención, los programas vinculados con el rescate de espacios públicos y la reconstrucción del tejido social sufrirán un recorte significativo en 2017, según el presupuesto aprobado por legisladores.
Los homicidios y otros delitos en México alcanzaron este 2016 el punto más alto del sexenio, y aún así el gobierno federal optó por desaparecer el Programa Nacional de Prevención del Delito y recortar los recursos a otros programas destinados a reconstruir el tejido social e impulsar proyectos para prevenir el crimen. El Programa Nacional de Prevención del Delito fue la primera “decisión presidencial” que anunció Enrique Peña Nieto cuando tomó protesta como presidente de México. Dijo que éste sería “un esfuerzo integral para reconstruir el tejido social”. El esfuerzo duró sólo cuatro años y, en ese periodo, más que resultados dejó dudas tras distintas evaluaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación que mostraban que había un manejo irregular de los recursos y falta de indicadores para medir avances o alcanzar las metas propuestas. Con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 el pasado 11 de noviembre, desapareció oficialmente este Programa. La Cámara de Diputados aprobó la propuesta del Ejecutivo Federal de no asignarle más recursos. Esto ocurre a pesar de que la tasa de homicidios dolosos en el país es la más alta desde 2012 y hay un aumento del 8% en el número de secuestros diarios, según las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano. Pero las acciones para la Prevención del Delito incluyen otros programas presupuestales que también sufrirán recortes significativos para el 2017. Los recursos para las “Acciones para la Prevención del Delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos”, englobados en el Anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación, disminuyeron 6% en términos nominales. Dentro de la Secretaría de Gobernación hay recortes de 70% en el Programa de Derechos Humanos y también disminuyeron los recursos (16%) del programa para Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres. En la Secretaría de Salud también se disminuyó un 10% el presupuesto para el programa para la atención de las adicciones y el mismo porcentaje para el programa de Salud materna, sexual y reproductiva. Proyectos productivos con disminución del 96% La estrategia de prevención del delito, que anunció Peña Nieto para su gobierno, también incluye programas para promover proyectos productivos. El principal, dependiente de la Secretaría de Economía, presentó un recorte del 96%. Se trata del Fondo Nacional Emprendedor que en 2017 tendrá sólo diez millones de pesos; un año antes operó con 250 millones. Además, el Programa nacional de financiamiento al microempresario y mujer rural desaparece, pues no tendrá recursos en 2017. En la Secretaría de Educación Pública y la de Desarrollo Social también hay recortes en los programas destinados a la recuperación del tejido social.
Para la Atención al Deporte habrá un decremento presupuestal del 25%, en las actividades para el Desarrollo Cultural el recorte ascenderá a 60%, y en subsidios para el apoyo a jóvenes, se asignara 50% menos recursos. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: TANIA L. MONTALVO. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/prevencion-violencia-recorte-presupuesto/
La mayoría de los procesados por estos hechos hasta ahora se encuentran libres; mientras que el gobernador con licencia, Javier Duarte está prófugo.
La Procuraduría General de la República (PGR) presentó nuevas acusaciones ante jueces federales en contra de cinco representantes legales de empresas fantasma que recibieron contratos con recursos públicos de la administración de Javier Duarte entre los años 2012 y 2014, a través de adjudicaciones directas o licitaciones simuladas. Datos del Poder Judicial de la Federación proporcionados a Animal Político, indican que entre el 25 de octubre y el 3 de noviembre, la Subprocuraduría de delitos Federales de la PGR en colaboración con el SAT consignaron estos cinco casos en los que acusan a los representantes o administradores de empresas de haber proporcionado información fiscal falsa. En dos de los casos, asentados en los expedientes 25/2016 y 29/2016, los jueces ya dictaron la orden de vinculación a proceso. Esto significa que encontraron elementos de prueba suficientes para abrir juicio en contra de los inculpados. En un tercer caso, con el número de causa 26/2016 el juez consideró que las pruebas eran insuficientes para abrir el juicio pero la PGR interpuso una apelación y el caso será revisado por una Sala Superior. En los dos restantes, con los números 72 y 73/2016, las audiencias para definir si los probables responsables son vinculados a proceso se realizarán el próximo 18 de noviembre en el Palacio de Justicia Federal de Xalapa Con lo anterior, hasta ahora ya suman diez los juicios abiertos relacionados con la operación de empresas fachada en Veracruz. Se trata del caso más grande abierto actualmente dentro del nuevo sistema penal acusatorio que comenzó a operar a nivel federal hace dos años. De acuerdo con las autoridades judiciales y federales, esta cifra de procesos podría al menos duplicarse en las siguientes semanas toda vez que la PGR está por consignar por lo menos diez averiguaciones previas más que tiene abiertas tras las denuncias presentadas por el Servicio de Administración Tributaria. La semana pasada el SAT dio a conocer que una vez concluidos los plazos legales, ninguna de estas compañías pudo demostrar que contaba con la infraestructura material y humana para haber llevado a cabo los servicios por los cuales se les adjudicaron contratos en la administración de Javier Duarte. Las verificaciones físicas de los inspectores del SAT confirmaron lo que reportó Animal Político, respecto a que las compañías no existen en sus domicilios fiscales reportados, pues estos corresponden a cuartos de vecindades, terrenos baldíos y hasta tiendas de abarrotes. Ninguna de estas empresas, según la información verificada por las autoridades, contaba con empleaos registrados e incluso reportaron que no tuvieron ingresos pese a que si existen facturas en las que reportan haber recibido millones de pesos a cambio de la venta y distribución de múltiples productos Los implicados: la mayoría libres De los diez juicios que ya se encuentran en desarrollo, en nueve de ellos no hay personas actualmente en prisión. De acuerdo con la información proporcionada por el Poder Judicial, los nueve juicios en los que no hay detenidos corresponden a los iniciados contra los representantes legales del mismo número de compañías fantasma.
En la mayoría de estos procesos las personas se presentaron de forma voluntaria a las audiencias iniciales y de vinculación a proceso, por lo que los jueces consideraron que no existe riesgo de que pudieran escapar. El requisito es que se mantengan localizados en todo momento y acudan a las audiencias cuando sean citados. Los únicos dos casos en donde no se presentaron voluntariamente las personas y se tuvo que girar una orden de aprehensión fue el Victorino Benítez Márquez, representante legal de la empresa Bienart SA de CV, y de Román Ulises Alvarado Hernández, administrador de Importadora Denylkk. Ambos fueron detenidos y comparecieron en calidad de imputados ante los jueces los cuales determinaron que dejaron libres pero con la limitación de que no pueden abandonar Veracruz mientras se desarrolla el proceso. En estos nueve juicios todas las personas que figuran como probables responsables están acusadas del delito tipificado en el artículo 110 fracción II del Código Fiscal de la Federación que considera que viola la ley el que: “Rinda con falsedad al Registro Federal de Causantes los datos, informes o avisos a que se encuentra obligado”. En caso de ser encontrados culpables, las personas acusadas podrían alcanzar una pena de hasta seis años de prisión aunque por tratarse del nuevo sistema penal, podría buscarse una solución alterna. Por el momento todos estos juicios se encuentran en el periodo de investigación complementaria previo a la audiencia intermedia. El juicio en donde si hay personas detenidas además de órdenes de aprehensión pendientes de ser cumplimentadas es el asentado en la causa penal 97/2016 iniciado en un juzgado federal de la Ciudad de México en contra de nueve personas, entre ellas el gobernador con licencia de Veracruz Javier Duarte. Por proceso se encuentran recluidas en el penal femenil de Santa Martha Acatitla las hermanas Nadia y Elia Arzate Peralta, quienes figuran como accionistas y representantes legales de una empresa inmobiliaria que de acuerdo con las investigaciones dela PGR, es una compañía fantasma creada con la única finalidad de triangular recursos de origen público que a su vez fueron entregados a otras empresas también falsas. Las personas que permanecen prófugas por esta acusación además de Duarte, son Moises Mansur Cysneiros, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Santa Bartolo Acuña, Miguel Velázquez Nieva y Javier Nava Soria. Todos ellos están acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ilícitos considerados como graves y que podrían ameritar una pena de prisión superior a los 20 años. Fiscalía de Veracruz, sin consignaciones La Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz tiene iniciadas hasta ahora dos carpetas de investigación relacionadas con la operación de empresas fantasma, pero hasta ahora no ha consignado ninguno de los casos ante un juzgado penal. La primera averiguación corresponde a la red de empresas reveladas por Animal Político y confirmadas por el SAT. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Veracruz (Orfis) revisó el caso, y descubrió que estas empresas recibieron en total 131 contratos de la administración estatal, 55 más de los revelados en el reportaje inicial. Tras este hallazgo, los auditores interpusieron en agosto pasado una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, que quedó asentada en la carpeta de investigación FESP/261/2016-VII. La denuncia es contra los funcionarios que resulten responsables de las secretarías de Desarrollo Social de Veracruz, de Educación, de Protección Civil y del DIF estatal. La segunda denuncia fue interpuesta la semana pasada como seguimiento de operación empresas no localizadas, pero esta vez por la adjudicación de contratos de Desarrollo Social a un nuevo grupo de compañías fantasma en 2015, lo que habría generado un daño patrimonial superior a los 430 millones de pesos. “Es seguimiento a la denuncia que se formuló por los ejercicios 2012, 2013 y 2014, 2015 es una continuidad de lo que ya se venía haciendo, ese es el motivo por el que el Congreso del Estado instruyó al Orfis que de manera inmediata se formulara la denuncia penal” dijo el Director General de Asuntos Jurídicos del Orfis Óscar Ocampo Acosta.
Por otro lado el exsecretario de Salud de Veracruz, Juan Antonio Nemi Dib dijo que desde 2013 presentó denuncias penales por la adjudicación de contratos de su dependencia a por lo menos siete empresas fantasma, sin que se tenga conocimiento de que alguna fuera consignada ante un juez. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: ARTURO ANGEL. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/pgr-empresas-fantasma-veracruz-2/
El Presidente Enrique Peña Nieto incluyó, en sus 266 compromisos de campaña, 17 relacionados con el campo. Ha cumplido dos. Este sector representa ahora un reto para el Gobierno federal, porque deberá preparar un plan de emergencia para emplear a los más de cinco millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos y que podrían ser deportados a partir de que Donald Trump asuma la Presidencia. Durante los meses previos a la elección, el ahora Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, prometió triplicar el número de oficiales para reubicar a las personas que vivan en ese país como indocumentados. Esto significa que Trump deberá deportar a 11 millones de personas en total, de las cuales, 5.6 millones son mexicanos, de acuerdo con el Pew Research Center. Del total de trabajadores ocupados en el campo, la pesca y la silvicultura en Estados Unidos, 30 por ciento es de origen mexicano. Es decir, hay 300 mil connacionales cuya fuente de ingresos en Estados Unidos es el campo, de acuerdo con cifras del Instituto de Política Migratoria de Estados Unidos (MPI por sus siglas en inglés). La estadística del gobierno estadounidense contempla en el término “nacidos en el extranjero” a los migrantes legales, refugiados, residentes temporales y migrantes indocumentados. En este contexto, analistas vislumbran un escenario de incertidumbre. Donald Trump también ha planteado dar marcha atrás al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Si las fronteras son cerradas y los aranceles a las exportaciones mexicanas aumentan, es necesaria también una política implementada desde el Gobierno federal que contenga los efectos negativos de esta decisión. “En México hay suficiencia alimentaria. De cumplir Trump la promesa de cancelar el TLCAN, esos productos se abaratarían, pero entonces el problema residiría en buscar fuentes de exportaciones que suplan a las remesas que dejarán de entrar”, dice Francisco Pérez Soto, Ingeniero Agrónomo especialista en Industrias. En el caso de la deportación, “debería ser gradual. A lo largo de los próximos seis meses hay que ser cautelosos y observar qué es lo que hará Estados Unidos, porque la experiencia nos dice que a los mexicanos, especialmente a los migrantes, les va mejor con los republicanos en el poder”, asegura Pérez Soto. Si Donald Trump es la excepción a esa afirmación, 300 mil mexicanos regresarán a este país con experiencia laboral en agricultura que buscarán poner en práctica. ¿México está preparado para ofrecerles empleo? DESPUÉS DE LAS DEPORTACIONES, ¿QUÉ? La agricultura, silvicultura y pesca, la construcción, la industria de la alimentación y el alojamiento, la manufactura y el comercio al por mayor son los sectores que integran a la mayoría de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. De cumplir Trump sus promesas, los 5.6 millones de mexicanos indocumentados cruzarán la frontera para regresar a su país natal a un ritmo todavía no precisado. Además del plan de contingencia que el Gobierno federal deberá implementar para recibirlos en un plazo inmediato, está la urgencia de emplear a esos 300 mil hombres y mujeres que en Estados Unidos encontraron en el campo una fuente de ingresos. El Programa de Empleo Temporal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) podría ser un punto de partida, de acuerdo con el economista Gerardo Esquivel. “Podrían tomarse los términos, montos y condiciones, porque está diseñado para otras situaciones, pero podría adaptarse”, dijo en entrevista con este medio. Sin embargo, sí es necesario contar con un programa de emergencia ante una deportación de esta naturaleza, coinciden ambos analistas. Más de cinco millones de mexicanos regresarán a un país con el que tal vez ya no tengan lazos, más allá de la nacionalidad.
“El campo no está preparado para ofrecer esa cantidad de empleo”, dice Esquivel, y detalla que “por eso dependerá de la puesta en marcha de un programa emergente. Pero eso es cierto también para la ciudad, porque no van a llegar al campo si no tienen propiedades a dónde llegar o familiares”.
De cumplirse la deportación masiva, es necesario poner en marcha un programa flexible y con los suficientes recursos para atender a la población que llegará, concluye Esquivel. Este escenario se vislumbra difícil de cumplir porque el campo no ha sido una prioridad durante este sexenio.
ENRIQUE PEÑA NIETO OLVIDÓ EL CAMPO En 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto comprometió y firmó 266 proyectos ante Notario Público. Hasta el día de hoy ha cumplido 61, de acuerdo con un ejercicio realizado por la Unidad de Datos de este medio digital. En esos compromisos hay 17 enfocados en el desarrollo del campo mexicano. Sólo dos de estos han sido cumplidos. El discurso del Presidente de México prometía lo contrario. En su toma de protesta, dijo: “Vamos a generar mecanismos de mayor interlocución para escuchar a la gente que está en el campo, para recoger su experiencia y traducirlo en una política pública que permita cambiar la realidad social y económica del campo en el país”. Pero cuatro años después no hay una política definida y exclusiva para el campo, en donde trabajan más de siete millones mexicanos. El ámbito que antes significó el arranque de cualquier gobierno priista, para Peña Nieto merece planes gubernamentales dirigidos.
“Los problemas de campo son de viejo puño para nuestro país y dependen de los recursos naturales que México conserve”, puntualiza Roberto Constantino Toto, profesor-investigador del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
A pesar de que a la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se le incrementaron ocho mil 111 millones de pesos, por lo que cuenta con 84 mil 827 millones de pesos, señaló que los problemas del campo están asociados a la disponibilidad de los recursos naturales con los que cuenta el país y no sólo depende del dinero que se le asigne a la dependencia. Mateo Mier y Terán Giménez Cacho, investigador en el Colegio de la Frontera Sur, coincide al denunciar que desde hace tiempo los apoyos que se destinan en el campo –en teoría– deberían ser entregados a los productores agrícolas de bajos recursos, no obstante, en muchas ocasiones se concentran en productores de gran escala que no requieren ningún tipo de subsidio.
Mier subraya que “en términos generales el Gobierno de Peña Nieto no ha hecho grandes cambios”, y afirma que la actual política del Gobierno se centra en aumentar la producción, pero eso no garantiza la seguridad ni soberanía alimentaria.
El Congreso de Veracruz recibió un aviso, presuntamente de Javier Duarte, en el que solicita el retiro de licencia como Gobernador para concluir su mandato. La Presidenta de la Mesa Directiva anunció que pedirán ratificar la autenticidad del oficio. El pasado 12 de octubre el priista pidió licencia al cargo con el propósito, dijo, de responder acusaciones por distintos delitos relacionados con su gestión gubernamental. Duarte puede retornar cuando así lo decida solamente que dé aviso al Congreso de su determinación.
Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia, reasumirá como Gobernador para concluir su mandato, de acuerdo con una solicitud, presuntamente enviada por el priista al Congreso de Veracruz y que confirma la presidenta de la Mesa Directiva, María Elisa Manterola Sainz.
“Siendo una prerrogativa del suscrito Gobernador constitucional y habiendo definido el curso legal que daré a la defensa de las imputaciones que se dicen pesan en mi contra, las que desconozco si existen o no.
“Por ser de sigilo y no poder ser difundidas por autoridad alguna en el evento de ser ciertas, porque en todo caso desconozco fundamentos y motivos de las mismas y porque no pueden mediar tales sin previo juicio de procedencia he decidido dejar sin efectos la licencia que en su momento solicité”, menciona Duarte en una carta al Congreso de Veracruz.
El documento, que tiene fecha de 11 de noviembre, está firmado presuntamente por Duarte y afirma que decide reasumir funciones debido a que durante el periodo de su ausencia hubo acciones judiciales en su contra lo que considera inadmisible. “Por tanto ya no requiero la licencia que promoví y que cancelo definitivamente”, asegura.
María Elisa Manterola Sainz dijo que pedirán ratificar la autenticidad del oficio en el que se solicita la revocación de licencia de Javier Duarte. El pasado 12 de octubre, Javier Duarte de Ochoa salió en una entrevista con Televisa en donde anunció que solicitaría la licencia a su cargo, horas más tarde a través del encargado de la Secretaría Particular del Ejecutivo, José Ramón Cárdeno Shaadi, envió al Congreso estatal el escrito donde solicita licencia para la separación del cargo con carácter de definitivo. Previo a formalizar la licencia, Duarte de Ochoa señaló en la entrevista que no iba a huir de Veracruz y dijo que presuntamente se quedaría en el estado hasta concluir las investigaciones en su contra. “Me quedo en Veracruz. No es un tema de huir, es al revés, es para dar la cara, es para enfrentar esta situación y es para, sin soberbia lo digo, evitar que Veracruz siga estando en una coyuntura política”, dijo en su momento. Seis días después el paradero de Javier Duarte ya era incierto. La última vez que se le vio fue el 13 de octubre, de acuerdo con declaraciones de funcionarios estatales y testigos citados por la prensa nacional y local. Duarte de Ochoa habría huido de Veracruz utilizando la aeronave de Juan Carlos Molina, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), para trasladarse a la zona del Desierto de los Leones en la Ciudad de México, informó Carlos Loret de Mola en el programa “Despierta”. Conforme la licencia solicitada, Duarte puede retornar cuando así lo decida y solamente da aviso al Congreso de su determinación. De corroborarse la autencidad del documento que llegó al Congreso veracruzano Javier Duarte regresaría para gobernar 15 días, en medio de protestas por parte de alcaldes y un desorden administrativo y financiero en el estado. Aunque el Gobernador electo Miguel Ángel Yunes ha asegurado en diversas entrevistas que Duarte no goza de fuero, una tesis Jusrisprudencial de la Suprema Corte de Justicia señala que cuando un servidor público que goza de fuero constitucional solicita licencia a su encargo, no pierde la protección otorgada. Esto implica que el fuero protege a dos personas, al servidor público que se encuentra separado del cargo y al que solicitó licencia.
PGR ASEGURA CUENTAS BANCARIAS DE DUARTE Este fin de semana la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró 112 cuentas bancarias, actuó contra cinco empresas dedicadas a actividades diversas y confiscó cuatro propiedades al gobernador con licencia. Las acciones son parte de las indagatorias contra una red de amigos, familiares y exservidores públicos involucrados en hechos delictivos , informó la PGR. La dependencia federal ofreció 15 millones de pesos a quien brinde información sobre su paradero. En la sección de los más buscados, la PGR publicó una ficha con la fotografía de Javier Duarte de Ochoa, como lo hace con otros integrantes del crimen organizado. En ella se destaca que la recompensa por 15 millones que ofreció la dependencia por proporcionar información verídica del Goberndor con licencia de Veracruz que ayude a localizar y detener a quien está prófugo de las justicia desde octubre pasado. Los campos para el seudónimo y zona de operación se encuentran en blanco, sin embargo en delitos aparece “delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten”. Mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, recordó que Duarte es acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. TITULAR DE FINANZAS SE VA Este mismo día, Antonio Gómez Pelegrín renunció a su cargo como Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, a tan sólo 15 días de que concluya la actual administración. El último funcionario nombrado por Javier Duarte dejó su posición en medio de señalamientos y denuncias de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) sobre su presunta responsabilidad en los desvíos millonarios cometidos en el Gobierno del priista. El Gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, tomó protesta a la nueva Secretaria de Finanzas, Clementina Guerrero García, quien se desempeñaba como titular de esa misma área en la Universidad Veracruzana. Guerrero García recibe una Secretaría quebrada, con endeudamientos bancarios y pagos pendientes a proveedores, alcaldes, pensionados, maestros y trabajadores.
De acuerdo con información de medios locales, se prevé que este mismo lunes se concreten las primeras acciones de entrega-recepción, incluida la Secretaría de Gobierno.
Este lunes tomé protesta a Clementina Guerrero García como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de #Veracruz. pic.twitter.com/3jRzeoimVS
OAXACA, Oax: Gabino Cué Monteagudo debe irse a la cárcel como Guillermo Padrés porque es igual de ladrón que el prófugo de Javier Duarte, afirmó el senador por Oaxaca, Benjamín Robles Montoya.
Los ladrones del dinero del pueblo, dijo, tienen que ser juzgados por los terribles actos delictivos y de corrupción que cometieron, como es el caso de Gabino Cué, quien a pesar de que recibió más de 500 mil millones de pesos en su sexenio deja un estado en quiebra, sin obras sociales y la deuda creció de manera impresionante. El excandidato al gobierno de Oaxaca le mandó un mensaje a su otrora amigo y colaborador: “Yo le digo a Gabino que se prepare porque en el PT no vamos a parar hasta que haya justicia en Oaxaca. Va a ser un efecto dominó. Se van a ir cayendo muchas personas a su alrededor porque son igual de ladrones que el exgobernador de Sonora Guillermo Padrés, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte; y el de Quintana Roo, Roberto Borge”. Insistió: “Gabino Cué debe irse a la cárcel porque recorro el estado y sigo viendo un estado en deterioro, entonces, no sé a dónde se fue ese dinero, perdón sí sé, se fue a las cuentas de cheques de Gabino Cué, Jorge Castillo y esa bola que tiene a su alrededor”. Reiteró que “Gabino entregó el poder al PRI para irse impune, pero las circunstancias ya cambiaron y lamentablemente para él, no le van a cumplir y afortunadamente para el pueblo tendremos a un exgobernador en la cárcel. “Ya es un secreto a voces los actos de corrupción y salió que lo investigaban por lavado de dinero. Lo estaban ligando a petición del departamento del tesoro. No es cosa que se dé porque sí. Hay grandes cantidades de dinero depositados en bancos norteamericanos por eso lo investigaron”, afirmó. Respecto a las denuncias que presentó en la Procuraduría General de la República, aseguró que todo sigue en investigación y “yo voy a exigir que haya justicia en Oaxaca”. Resaltó que en Oaxaca “vivimos una situación muy delicada porque hay muchas necesidades más de las que había hace seis años (con Ulises Ruiz Ortiz). Es impresionante que haya gente que no ha recibido los recursos por prestaciones o sueldos que ya devengó por eso no creo que se va a salvar de la situación que deja a Oaxaca”. Así como se encarceló a Padrés “lo mismo exigimos en el caso de Duarte, Borge y Cué, en donde el robo y la malversación de recursos públicos se observa a simple vista y ya está documentado por la Auditoría Superior de la Federación”. El también Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Oaxaca, dijo que en el caso particular de Gabino Cué, aún en funciones, hay sendas denuncias en la PGR por el enriquecimiento inexplicable de varios de sus colaboradores y excolaboradores, así como del mismo gobernador, e incluso una investigación por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por lavado de dinero, por lo que resulta inexplicable que la dependencia aún no haya actuado en contra de estos delincuentes. “Desde el Senado de la República vamos a estar muy vigilantes del curso que tomen las investigaciones y acciones en contra de estos exgobernadores y del gobernador de Oaxaca, para que ningún otro mandatario se vuelva a burlar de las mexicanas y los mexicanos, que no se vuelvan a repetir los casos de saqueo a los recursos públicos, el tráfico de influencias para obtener beneficios personales y el mal usos del presupuesto público”, puntualizó.
Finalmente, respecto al priista Alejandro Murat Hinojoza que asumirá el cargo de gobernador el 1 de diciembre adelantó: “vamos a ser una verdadera oposición de la nueva administración porque ya lo dijo mi abuelita ‘de tal palo, tal astilla’ (en clara referencia a que es hijo del exgobernador José Murat) por eso no auguro cosas buenas, deseo que le vaya bien al estado pero el antecedente que trae me hace dudar por eso vamos a estar muy vigilantes”, concluyó. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PEDRO MATÍAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/462506/guillermo-padres-javier-duarte-gabino-cue-debe-ir-a-la-carcel-senador-del-pt
Irma Chesty, actual vocera del gobierno estatal, es socia de una empresa fachada que firmó contratos millonarios durante la administración de Fidel Herrera, por servicios que se cobraron pero no se realizaron.
La actual vocera del gobierno de Veracruz, Irma Chesty Viveros, utilizó el mismo esquema de empresas “fachada” del gobernador con licencia – y ahora prófugo – Javier Duarte para obtener contratos millonarios, pero siete años antes. A través de una empresa de su propiedad, Chesty obtuvo al menos seis contratos por más de 20 millones de pesos entre 2009 y 2010, cuando aún gobernaba Fidel Herrera esa entidad. El mecanismo es muy similar al que utilizaron Duarte y funcionarios de su gobierno para obtener contratos y por lo cual ahora están siendo investigados por las autoridades locales y federales. El 10 de febrero del 2009 Chesty, junto con otra socia, constituyó la empresa Transacciones, Servicios y Soluciones Globales. El domicilio fiscal registrado por la empresa está en el número 105 de la calle Flor de Liz, colonia Acueducto Ánimas, en Xalapa. En ese lugar actualmente hay un lote baldío. Cinco meses después de la apertura recibió su primer contrato para dar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a las aeronaves del gobierno de Veracruz. El contrato fue una adjudicación directa por 7 millones 567 mil 805 pesos. El segundo de los contratos se le entregó en adjudicación directa en febrero del 2010 por 928 mil dólares americanos -alrededor de 11 millones 943 mil 360 pesos-. Aunque obtuvo el pago estos servicios no se realizaron, de acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Aeronáutica de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas a una solicitud de transparencia de Animal Político. Meses después obtuvo contratos con otras dependencias, por aproximadamente 80 mil pesos, por cuestiones que nada tiene que ver con la aeronáutica: la venta de materiales y útiles de oficina, materiales de limpieza y servicios de fumigación bacterizada. Chesty es maestra en Mercadotecnia y en su currículum, hasta antes de este contrato, no había ninguna relación con cuestiones de aeronáutica. Ha trabajado en áreas de comunicación institucional de la administración pública en Veracruz desde 2006.
La funcionaria respondió un cuestionario sobre este tema que le envió Animal Político. En éste señaló que la empresa prestó todos los servicios para los que fue contratada: “Los bienes fueron entregados y los servicios prestados, las evidencias obran en los expedientes de las autoridades que los contrataron”. Sin embargo, la respuesta de la dependencia vía transparencia señala lo contrario.
Los contratos Transacciones, Servicios y Soluciones Globales, cuya representación legal mantiene hasta la fecha la recién nombrada vocera del gobierno de Veracruz, sigue en activo de acuerdo con el estatus registrado ante el Servicio de Administración Tributaria. La empresa se creó con un capital de 50 mil pesos y obtuvo al menos seis contratos en menos de dos años para dar servicios de mantenimiento a aeronaves, fumigación bacterizada e incluso venta de baberos para peluquero. Dos de esos contratos fueron para dar servicios de “mantenimiento preventivo y correctivo de las aeronaves propiedad y al servicio del gobierno del estado” en el sexenio de Fidel Herrera. El primero se le adjudicó de manera directa en julio del 2009 por parte de la desaparecida Secretaría de Comunicaciones (actualmente SIOP). El documento señala que la dependencia pagaría un monto total máximo de 563 mil 500 dólares americanos -unos 7 millones 567 mil 805 pesos al tipo de cambio de ese año-.
El contrato fue para prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de línea para dos aeronaves Lear Jet del gobierno de Veracruz. Su vigencia fue del 15 de marzo al 31 de diciembre del 2009.
El segundo se le entregó en adjudicación directa en febrero del 2010 por 928 mil dólares americanos -alrededor de 11 millones 943 mil 360 pesos-. Las aeronaves a las que se brindaría el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo serían 11 en total: seis helicópteros y cuatro aviones. Los recursos se pagaron sin que la empresa realizara los servicios para los que fue contratada, según una respuesta de transparencia. Esa dependencia informó en septiembre pasado que la empresa “no realizó los trabajos de mantenimiento a las aeronaves” del gobierno de Veracruz.
Entre las aeronaves a las que esa empresa debía dar mantenimiento figuraba el helicóptero Bell 430, con matrícula XC-VER, el cual se desplomó el 6 de octubre del 2015 en el municipio Emiliano Zapata y murieron sus dos tripulantes.
Después de estos contratos, la empresa obtuvo otros que nada tenían que ver con la industria aeronáutica. En mayo de 2009 obtuvo mediante adjudicación directa un contrato por 29 mil pesos por fumigación y la venta de baberos de peluquero para el Instituto de Capacitación para el Trabajo local. En octubre de ese mismo año, el Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero le asignó tres contratos por la venta de material de limpieza por más de 51 mil pesos. También por la venta de materiales y útiles de oficina mediante licitación simplificada.
La empresa, de acuerdo con documentos del SAT, sigue en funcionamiento. De acuerdo con Chesty, dejó de prestar servicios al sector público en marzo de 2010. Es decir, sólo habría estado activa para ese sector durante 13 meses, en los cuales recibió al menos seis contratos del gobierno de Fidel Herrera.
Un lote baldío El domicilio de Transacciones, Servicios y Soluciones Globales es Flor de Liz 105, colonia Acueducto Ánimas, en Xalapa. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, está registrada en el padrón de contribuyentes “con inconsistencias en sus datos de ubicación”.
En el número oficial 105 de esa calle, enclavada en un área residencial y no de oficinas, hay un lote baldío cercado por los muros de dos casas. La numeración en esa calle no es secuencial así que los vecinos señalan que el número 105 también podría ser una casa habitación de dos pisos, en la que no hay distintivo alguno que la identifique como una empresa.
Las relaciones políticas Irma Chesty Viveros es la coordinadora general de Comunicación Social desde el 19 de octubre pasado cuando el gobernador interino, Flavino Ríos, la designó en sustitución de Alberto Silva Ramos, quien dejó el cargo tras la solicitud de licencia de Javier Duarte a la gubernatura. Es maestra en Mercadotecnia y desde el 2006 se desempeña en áreas de comunicación institucional de la administración pública en la entidad. Ha sido titular de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Electoral Veracruzano, enlace de Comunicación Social de la Secretaría de Educación local con el entonces titular Adolfo Mota Hernández, actual diputado federal investigado por presuntos vínculos con las empresas fantasma. Con Flavino Ríos colaboró en esa misma dependencia de enero a julio del 2015, cuando él estuvo a cargo, y después en la Secretaría de Gobierno hasta el pasado 12 de octubre, cuando fue designado gobernador interino por el Congreso del Estado. Incluso en el 2009 fue propuesta por el entonces diputado local Héctor Yunes Landa, reciente excandidato del PRI a la gubernatura del estado, para ser consejera electoral en el Instituto Electoral Veracruzano, pero no fructificó. La respuesta En el cuestionario que Animal Político envió a Chesty, ella contestó así a la pregunta de cuántos contratos obtuvo del gobierno estatal de Veracruz: “Esta información es de carácter público y se puede consultar por las vías oficiales que ha dispuesto el gobierno federal y estatal”. También se le preguntó cómo obtuvo la compañía el contrato de mantenimiento de aeronaves apenas cinco meses después de su creación, y cómo logró comprobar la experiencia que amparara que podía realizar tal servicio. La respuesta fue: “Conforme a la normatividad se presentó una propuesta de servicios, la cual fue seleccionada de acuerdo con la ley de adquisiciones, resultando la mejor propuesta”.
La agresión sexual fue cometida en contra de una estudiante universitaria de 19 años de edad, y difundida en un sitio pornográfico de internet.
Agentes ministeriales de la Fiscalía de Justicia de Veracruz detuvieron a uno de los implicados en una agresión sexual cometida en contra de una estudiante universitaria de 19 años de edad, misma que fue difundida en un sitio pornográfico de internet. Los padres de la joven confirmaron a Animal Político que el detenido es Jorge Francisco Pereda Ceballos, quien contaba con una orden de aprehensión girada por el Juzgado Quinto del Distrito Judicial de Veracruz por los delitos de violación y pornografía. Animal Político publicó en marzo pasado que los hechos ocurrieron en el municipio de Boca del Río, luego de una fiesta a la que acudió la víctima, quien era estudiante de la Universidad del Valle de México. Durante el desarrollo de la fiesta, la víctima sufrió una violación que presuntamente fue cometida por el detenido. El caso se hizo público ya que la agresión sexual fue videograbada por uno de los amigos de Pereda Ceballos, de nombre Oswaldo Rafael Cruz, y publicada después en un sitio de internet pornográfico. Unos días después de ocurridos los hechos la víctima se dio cuenta del abuso y avisó a sus padres, quienes denunciaron el 22 de marzo y luego dieron a conocer el caso públicamente. Esto, luego de que se había difundido otro caso de violación en Boca del Río, el de la joven de nombre “Daphne”. En su momento los jóvenes implicados se presentaron a rendir declaración ante el Ministerio Público, con una suspensión provisional que había otorgado un juzgado de amparo para que no fueran detenidos. En dicha comparecencia los acusados reconocieron los hechos pero negaron que se tratara de un ataque, y dijeron que fue “parte del relajo”. Tras el análisis de las declaraciones y de las evidencias, la Fiscalía solicitó a un juez penal que se giraran órdenes de aprehensión en contra de los implicados. “Lo que pido es justicia, un castigo ejemplar para estos jóvenes, que entiendan que no fue cotorreo ni un juego, porque le han causado un daño y dolor irreparable a mi hija” dijo a este portal Julio Martínez, padre de la joven víctima. El señor confió además en que las autoridades podrán detener en breve a los otros dos implicados en el caso de su hija. Cabe señalar que aunque el video de la agresión a la joven fue eliminado del portal de internet en donde se subió, su padre indicó que el mismo ha sido copiado por otros sitios por lo que las afectaciones para su hija continúan. Incluso, tuvo que abandonar la Universidad en la que se encontraba estudiando.
SILAO, Gto: La Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno del estado construirán un cuartel para establecer una base permanente con 800 elementos de la Policía Militar entre León y Silao, que se enfocará específicamente en combatir la violencia en la ciudad zapatera y los robos al tren en este tramo. Esta sede comenzaría a ser levantada en diciembre y estaría operando a mediados del año próximo; costará 275 millones de pesos, de los cuales el gobierno estatal aportará 225 y el federal 50, y contará con tecnología y equipamiento de punta, confirmaron el gobernador Miguel Márquez y el comandante de la XII Región Militar, el general Felipe Gurrola Martínez, en una conferencia de prensa ofrecida este domingo 13. El gobierno estatal cuenta ya con el aval del ejido de Abarradones, ubicado en León –en los límites con Silao– de donde se dispondrá de 60 hectáreas para la construcción de la base militar, dijo el gobernador. Para ello, el gobierno municipal leonés se comprometió a aportar 10 millones de pesos a manera de contraprestación, de un total de 30 millones por este concepto que debe entregarse a los ejidatarios para que la Sedena pueda tomar posesión de las 60 hectáreas e iniciar la construcción de la base. Actualmente, en Guanajuato se cuenta con instalaciones militares de la XII Región en Irapuato, y de la 16ª Zona en Sarabia, comunidad de Villagrán. Sin embargo, como reconoció el general Felipe Gurrola, las condiciones de violencia y homicidios dolosos que ha presentado el estado en los últimos meses y el combate a delitos federales como el robo al tren y de hidrocarburos, ha hecho necesaria la presencia de más elementos, ante la insuficiencia en las acciones implementadas hasta hace unas semanas. Gurrola Martínez, un general considerado experto en el combate al crimen organizado y quien fuera secretario adjunto del general Enrique Cervantes cuando éste fue titular de la Sedena –en el sexenio de Ernesto Zedillo– precisó que la nueva base militar contará con equipamiento, armamento y tecnología de punta, además de que el personal de la Policía Militar que arribará tiene una preparación específica para tareas de combate al crimen en ciudades, trabajando con policías municipales y estatales. “Como saben tenemos instalaciones en Sarabia e Irapuato (pero) queríamos tener una cerca de León para poder atender de primera mano esta problemática. El general secretario (Salvador Cienfuegos) me instruyó a buscar un lugar al norte de Silao y cerca de León y Albarradones resulta idóneo”, explicó. Gurrola dijo que el actual tráfico en la carretera Irapuato-León complica la movilización desde las actuales instalaciones a la zona de León y los municipios vecinos a Jalisco y se consideró necesario buscar una sede de fácil acceso, que en este caso estará cerca de la nueva autopista León-Salamanca y del Eje Metropolitano con Silao y el Puerto Interior. La Policía Militar, señaló, “viene equipada, adiestrada, armada, con mucha experiencia, ha operado en muchas partes del país, y vienen para quedarse. Este tipo de policía es una unidad especialmente para tener más cercanía con la población… la prioridad será incrementar la seguridad en la ciudad de León y atender el tema del tren”, reiteró. Además, dijo que el arribo de más refuerzos a Guanajuato –estos 800 se suman a los mil que llegaron a principios de octubre– permitirá dedicar a otros activos al combate al robo de hidrocarburos en la región sur, donde este delito no ha podido abatirse como se quisiera, según admitió el viernes el propio comandante de la XII Región. La nueva base militar contará con 65 viviendas y departamentos y también se prevé que se construya una escuela primaria. Aunque inicialmente se programó que la construcción será fondeada con recursos estatales y federales, se indicó que será creado un fideicomiso al que se invitará también a empresas de la zona a participar, aportando al proyecto.
El gobernador Miguel Márquez dijo que se dialogó con los ejidatarios de Albarradones y luego de que aceptaron, lo que sigue es realizar los trámites de orden legal para tener la certeza jurídica sobre el predio, ya que la construcción iniciaría de inmediato. FUENTE: PROCESO. AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA. LINK: http://www.proceso.com.mx/462447/construira-sedena-base-policia-militar-en-leon-enviara-800-elementos
CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró 112 cuentas bancarias, cinco empresas dedicadas a actividades diversas y cuatro propiedades al gobernador con licencia del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Las investigaciones incluyen a toda la red de amigos, familiares, exservidores públicos y personas, imputados de hechos delictivos en agravio de los veracruzanos y de todos los mexicanos, informó la PGR en un comunicado. Las medidas, que forman parte de una estrategia integral en diversos frentes y países, tienen como finalidad limitar o anular el uso, aprovechamiento y movimiento de los recursos ilícitos por parte del mandatario y sus cómplices en su intento de burlar la aplicación de la justicia, así como en garantizar la restitución del daño patrimonial causado a las familias veracruzanas, en virtud de que dichos recursos estaban destinados a su desarrollo y bienestar social. Asimismo, la PGR emitió el Acuerdo de Recompensa por hasta 15 millones de pesos, a quien o quienes aporten información veraz y útil para la localización, detención o aprehensión de Javier Duarte de Ochoa, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten. Las acciones que se describen a continuación han permitido tomar el control de bienes y recursos presumiblemente obtenidos de manera ilícita, además de fortalecer el Estado de Derecho, combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas. Hay dos carpetas de investigación cuyo sujeto es el gobernador con licencia, Javier Duarte de Ochoa, y toda una red de presuntos implicados. A dichas carpetas se integraron otras dos que fueron atraídas, y que había iniciado la Fiscalía General del Estado de Veracruz, por los delitos de Enriquecimiento Ilícito, Peculado e Incumplimiento del Deber Legal. La PGR precisó que se tienen 75 indagatorias, 32 iniciadas con motivo de las querellas formuladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por la contratación con empresas fachada o inexistentes, así como 43 derivadas de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por los delitos de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades al desviar recursos, entre otros. Se han obtenido además nueve órdenes de aprehensión, teniéndose dos de ellas cumplimentadas. Se han asegurado dos inmuebles en las colonias Lomas de Chapultepec y Polanco de la Ciudad de México, así como el rancho denominado “Las Mesas”, ubicado en el poblado del mismo nombre en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, el cual cuenta con una superficie de 92 hectáreas. También se aseguraron aproximadamente 630 hectáreas de superficie ubicadas en el Ejido de Lerma, estado de Campeche. Fueron aseguradas cinco empresas con diversas actividades económicas, entre ellas dos inmobiliarias. Se tienen 112 cuentas bancarias aseguradas a personas físicas y/o morales como parte de las investigaciones. Se han realizado cuatro operativos en el estado de Veracruz, en los cuales participaron más de 150 elementos ministeriales quienes han realizado diversas diligencias en instituciones estatales. También, agrega la PGR, se han ejecutado siete cateos en diversos domicilios de la Ciudad de México y Valle de Bravo, Estado de México. A efecto de obtener información sobre inmuebles adquiridos, cuentas bancarias en el extranjero y localización de empresas y personas relacionadas con los hechos investigados, se han tenido reuniones interinstitucionales y solicitado asistencia jurídica a los gobiernos de Estados Unidos de América, España y Costa Rica. El agente del Ministerio Público de la Federación solicitó y obtuvo la Vinculación a Proceso en contra del Director General de Catastro y Valuación del Gobierno del Estado de Veracruz, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Abuso de Autoridad.
La PGR afirmó que seguirá actuando con independencia, imparcialidad y objetividad, en coordinación con otras instancias del Gobierno Federal, para evitar que los presuntos responsables puedan aprovechar y usar los recursos obtenidos de manera ilícita, y para llevarlos ante la justicia. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/462440/congela-la-pgr-112-cuentas-a-javier-duarte
CIUDAD DE MÉXICO: La sentencia del juez quincuagésimo séptimo de lo Civil en la Ciudad de México contra la periodista Carmen Aristegui por el prólogo de La Casa Blanca de Peña Nieto, establece “restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión de la periodista, mediante argumentos poco consistentes y en contravención a los estándares de derechos humanos”, afirmó la organización Artículo 19. En su comunicado, el organismo dedicado a la defensa de los periodistas y del derecho a la información y a la libertad de expresión, considera que este litigio con el presidente de MVS, Joaquín Vargas, implica un “acoso judicial”, tendencia que “se activa recurrentemente por personajes y funcionarios públicos que alegan daño moral debido a supuestos abusos a la libertad de expresión”. Artículo 19 señaló que en la Ciudad de México “se observa un incremento preocupante en las demandas por daño moral, cristalizándose como una forma disuasiva para el ejercicio de la crítica y la libertad de información”. En el caso concreto de Carmen Aristegui, la sentencia del juez capitalino “tiene falencias en aspectos centrales para una correcta ponderación judicial, tales como el interés público de la información abordada; la proyección pública de Joaquín Vargas; y la prueba de daño a los derechos al honor, vida privada y la reputación con base en el estándar de real malicia o malicia efectiva”. Artículo 19 revisa las expresiones vertidas en la sentencia y concluye que “cualquier opinión negativa contra el empresario (Joaquín Vargas), se considera en principio dañina, y como resultado de lo publicado por Aristegui”. Recalca que no se invocan pruebas que permitan inferir que existía una “clara voluntad” de causarle un perjuicio al presidente de Grupo MVS, a quien Carmen Aristegui señala en el prólogo de dicho libro como responsable del despido de su equipo de trabajo y de ella misma, tras una serie de presiones desde el lado del gobierno federal. El juez capitalino argumenta que el texto forma parte de un “discurso vejatorio e insultante”. Para Artículo 19 la sentencia “pierde de vista que la libertad de expresión no solamente protege los discursos que pueden ser bien recibidos o que resultan inofensivos, sino también aquellos que puedan resultar incómodos, mordaces, cáusticos y hasta ofensivos”. Artículo 19 considera que el juez pasó por alto que sí es de interés público tanto la información del reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto como sus consecuencias. “En efecto –argumenta Artículo 19–, el despido de Carmen Aristegui, por sí mismo, generó un interés generalizado, no por ‘morbo’ (como pretende calificarlo el juez) sino por las afectaciones al derecho de la sociedad a recibir información en un pretendido contexto de pluralismo mediático y estricto escrutinio del poder. “Es por eso que no puede considerarse como un ‘problema entre particulares’ el conflicto legal entre Vargas y Aristegui, y consecuentemente, como invasión a la esfera privada del empresario”, tal como sustenta el juez capitalino.
También consideran “preocupante” que el juez estime preponderante el derecho al honor de Joaquín Vargas sobre la libertad de opinión. “Cabe recordar que cuando una persona detenta un cargo público o tiene proyección pública, su umbral de protección al honor y la vida privada es menor, prevaleciendo el derecho a la libre expresión y a la información”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL. LINK: http://www.proceso.com.mx/462450/restricciones-desproporcionadas-a-la-libre-expresion-sentencia-contra-aristegui-articulo-19
CIUDAD DE MÉXICO: El pasado viernes 4 de noviembre, Mónica Dinorah Sierra Duro, estudiante del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) fue vista por última vez en el sistema de videovigilancia del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Ciudad de México, a las 07:34 horas. “Se dirigía al Tec para hacerme favor de dejar una bata en el edificio de Ciencias de la Salud, en la calle del Puente”, dijo su hermana Alejandra. A las 08:00 horas ésta alcanzó a mandarle un mensaje en su teléfono celular y ella le contestó. Sin embargo, “después el teléfono estuvo apagado”, dijo Alejandra. Desde entonces, no supo nada de la joven de 21 años de edad, alumna del tercer semestre de la carrera en Dirección Financiera.
Frente a su ausencia, Alejandra la reportó a las autoridades capitalinas como desaparecida. La Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) inició el expediente AYO/3974/2016 a través del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA). El caso no recayó en la Fiscalía para la Atención del Delito de Secuestro, pues hasta ese momento nadie había pedido rescate. Para el miércoles 9, alumnos del ITAM –universidad privada conocida porque en ella estudian hijos de políticos y empresarios—enviaron una carta dirigida al procurador, Rodolfo Ríos, y al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera: “Exigimos a las autoridades federales y de nuestra ciudad que hagan su trabajo y encuentren a nuestra compañera y que tomen las medidas necesarias para resolver la enorme crisis de desapariciones por las que atraviesa nuestro país”, decía la misiva. Detallaron que los alumnos del ITESM “apenas hace unos días escribieron una carta a sus autoridades universitarias exigiendo más seguridad en la zona en la que Mónica Sierra desapareció”.
Este viernes –dos días después de la difusión de la carta–, la PGJ informó que Mónica Dinorah Sierra Duro fue localizada hoy en Huatulco, Oaxaca. En un comunicado, agregó que el caso se trató de una “ausencia voluntaria” y que la joven negó que haya sido víctima de algún delito. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/462315/hallan-a-estudiante-del-itam-desaparecida-se-fue-a-huatulco
