CIUDAD DE MÉXICO: Los primeros nombramientos y mensajes del presidente electo Donald Trump comienzan a perfilar la enorme dificultad que tendrá el magnate inmobiliario para transformar la Casa Blanca en un imparable reality show y continuar con un discurso incendiario, cuando la nación americana se encuentra polarizada y el mundo entero observa con lupa hasta sus tuits. A una semana de su pírrica victoria, Trump ha realizado algunos nombramientos que trazan el sello de un gobierno dividido entre tres tendencias: el establishment republicano (que tanto criticó); los supremacistas blancos que hicieron una intensa campaña a su favor en medios, redes sociales y sus territorios; y los viejos halcones al estilo Newt Gingrich y Rudy Giuliani que se preparan para ser los “auténticos políticos” del trumpismo. Como jefe del gabinete, Trump designó el domingo a Reince Priebus, presidente del Comité Nacional Republicano, vinculado a los congresistas de su partido que ganaron la mayoría, a pesar de deslindarse en muchos casos del peluquín anaranjado. Priebus puede garantizarle una relación cercana con el republicano Paul Ryan, el inminente presidente de la Cámara de Representantes. Al día siguiente nombró a Steve Bannon, como jefe de estrategia y consejero principal de su administración. Bannon es un racista confeso y vocero de la llamada “neo derecha alternativa” en Estados Unidos. Desde su sitio web Breitbart News, Bannon proclamó toda la serie de prejuicios y discurso de odio en contra de los migrantes latinos, contra los judíos y las mujeres, contra las políticas de los demócratas y un sentimiento antiObama muy vinculado al racismo.
Algunas de las frases y titulares de su sitio son un buen diagnóstico de sus posiciones:
“El miedo es una buena cosa. El miedo lleva a tomar medidas”.
“No quiero que mis hijas vayan a una escuela con judíos. No me gustan los judíos ni la forma en la que crían a sus hijos”.
¿“¿Preferirías que tu hijo tuviese feminismo o cáncer?”.
“Abolir la esclavitud fue una mala idea”.
“La solución contra el acoso en internet es sencilla: las mujeres debían desconectarse”.
“Todos los jóvenes musulmanes de Occidente son una bomba de relojería, cada vez simpatizan más con los radicales y terroristas.
“La píldora anticonceptiva hace que las mujeres dejen de ser atractivas y se vuelvan locas”.
“Ninguna de las personas involucradas en el calentamiento global merecen la más mínima pizca de respeto. Son pura escoria”.
Por supuesto, el nombramiento de Bannon ha prendido las alarmas. Junto a su portal y sus proclamas, la cadena Fox News palidece y parece hasta excesivamente liberal. La Liga Antidifamación que combate el antisemitismo y el racismo condenó de inmediato su nombramiento. Bannon, por supuesto, no se considera racista ni supremacista. Afirma que viene de la clase obrera, de origen irlandés, que optó por ser republicano conservador en la era de Ronald Reagan. Fue oficial de la Navy y conoció en Hollywood a Andrew Breitbart, considerado como una figura importante en la derecha mediática norteamericana, al grado de ponerle su nombre a su portal informativo. Bannon trabajó en el progresista sitio informativo Hufftington Post y replicó el estilo de información y red de colaboraciones en Breitbart News. La campaña de Trump fue su auténtica primavera. Su cuenta en Twitter @BreitbartNews cuenta con 480 mil seguidores. El portal vende chamarras y afiches de la campaña de Trump, y ahora se ha dedicado a replicar a los críticos del presidente electo, especialmente al precandidato demócrata Bernie Sanders, a los jóvenes que protestaron durante tres días seguidos después del triunfo de Trump, y a presumir su cercanía con Sarah Palin, lideresa del Tea Party. “El Steve Bannon que yo conozco es un apasionado defensor de la libertad”, se lee en la nota publicada este 15 de noviembre con una fotografía de Palin y Bannon. El nombramiento de Giuliani, el famoso alcalde neoyorquino de la “tolerancia cero”, como secretario de Estado, no se ha concretado. La agencia AP lo dio como un rumor el lunes 14, pero el político se maneja y hace declaraciones como tal. A una cadena televisiva le confirmó que Trump construirá el muro en la frontera con México porque “es un compromiso de campaña”. Este 15 de noviembre las redes sociales mencionan que Giualini, después de atacar a Hillary Clinton por sus vínculos con Qatar, él tiene relaciones comerciales con los gobernantes de este emirato y, además, se le vincula con un abogado de grupo disidente de Irán. De confirmarse estas relaciones, el exalcalde neoyorquino podría estar impedido de ser el secretario de Estado por sus conflictos de interés. El caso de Giuliani no sería el único. El mismo Donald Trump como presidente de Estados Unidos estaría involucrado en muchos conflictos de interés, dada la extensión de su emporio inmobiliario y sus múltiples negocios realizados a través de una estructura de intermediarios. Por mencionar sólo algunos: en Turquía él mismo admitió en 2015 tener un “pequeño conflicto de interés”. Lo admitió ante su actual jefe de estrategia Steve Bannon.
The New York Times consideró en un reportaje, este 14 de noviembre, que la presidencia de Donald Trump vivirá un “goteo constante” de historias que documentarán sus conflictos de interés. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL. LINK: http://www.proceso.com.mx/462703/trumpismo-supremacistas-conflictos-interes
Morelia, Mich. En la colonia Lázaro Cárdenas de la cabecera municipal de Ziracuaretiro, fue secuestrada una mujer de 25 años de edad -que viajaba junto con su pequeña hija de tres años-, y después asesinada con arma de fuego, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado. La joven iba a bordo de un automóvil Nissan cuando fue interceptada por varios sujetos armados, la bajaron del auto y la subieron a otro vehículo, mientras que la pequeña fue abandonada en el auto de su madre. Los sicarios la trasladaron por la carretera Uruapan-Pátzcuaro. Fue cerca de la comunidad de San Andrés Coru, sobre una brecha, que la mataron a balazos.
Ciudad de México. El Juzgado Doce de Distrito con sede en el reclusorio oriente de la Ciudad de México dictó auto de formal prisión contra del exgobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías, al considerar que existen elementos suficientes para iniciarle proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. El abogado Antonio Lozano Gracia señaló que estudiarán a profundidad los argumentos por los cuales el juzgado dictó el auto de formal prisión, toda vez que se considera que la Procuraduría General de la República incurrió en violaciones graves al proceso al no integrar todas las pruebas presentadas ante el Ministerio Público. El ex procurador general de la República refirió que en este proceso penal se juzga por los mismos delitos que se acusó a Padrés Elías ante el Juzgado Cuarto de Distrito en materia penal con sede en Toluca, Estado de México, ya que según el litigante en ambos casos se le imputa una conducta indebida por ocho millones de dólares, en el primer caso consignada una investigación que concluyó con el traspaso de recursos a una cuenta en México y en la segunda a partir de la llegada de los ocho millones de dolares a una cuenta en México y a la distribución que se hizo de esos recursos. En esta segunda acusación fue detenido Guillermo Padrés Dagnino, y señaló que al hijo se le acusa indebidamente porque él solamente recibió una mensualidad que le enviaba su padre con la cual cubría sus estudios en la Ciudad de México.
Alrededor de las tres de la tarde el Juzgado Cuarto de Distrito en materia penal con sede en Toluca definirá la situación jurídica de Padrés Elías y Padrés Dagnino por lo que se refiere a las acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: GUSTAVO CASTILLO. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/16/dan-formal-prision-a-guillermo-padres
CIUDAD DE MÉXICO: Aún no ocurrían los operativos policiacos contra maestros disidentes en Oaxaca y Chiapas (en junio), ni su extensión a los pobladores que los apoyaban en la sangrienta jornada de Nochixtlán, pero la estadística dejaba ver que las violaciones a los derechos humanos de quienes se dedican a defenderlos se mantenían como parte de una espiral represiva iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, aunque nunca tan radical y dispuesta a asumir los costos políticos como ocurrió a partir del 1 de diciembre de 2012. Cada año las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y el Comité Cerezo México, emiten el único informe que documenta –con nombre, fecha y lugar– la represión contra dirigentes sociales y defensores de derechos humanos en el país. En su edición 2016, dicho informe fue intitulado “Defender los derechos humanos en México: la normalización de la represión política”, y sus conclusiones parten de interpretar los datos obtenidos mediante el registro de los casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, prisión política, así como de las diferentes modalidades de agresiones cometidas contra defensores de derechos humanos. Desde sus primeras páginas el documento da cuenta de las diferencias entre el sexenio de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto: con el primero se llamaba la atención sobre una guerra contra el narco que servía para “normalizar” la violencia; con el segundo, la violencia ya normalizada, se ha concentrado en configurar al enemigo en quienes se oponen a las reformas y políticas derivadas de éstas, centrando el discurso político en los beneficios que habrá con la implementación. Es decir, después de Calderón el proceso represivo entró a un segundo momento: “Lo que estamos viendo no es sólo un aumento en las estrategias represivas y una mayor selectividad, sino que estamos presenciando que el Estado llegó a una fase en la que está dispuesto a pagar los altos costos políticos que le trae el ejercer sus actos represivos”. Desaparecer la disidencia Cuando cinco jóvenes desaparecieron en Tierra Blanca, Veracruz, Claudia Ivonne Vera García se sumó a la búsqueda. Desde 2011, cuando su sobrina de seis años desapareció en esa entidad, reclamaba al gobierno su inacción y participaba en iniciativas ciudadanas de localización, algo que siguió haciendo hasta que el pasado 23 de marzo ella misma desapareció. Veracruz es uno de los estados con mayor registro de agresiones contra defensores de derechos humanos y dirigentes sociales desde que Javier Duarte asumió el poder, y en su último año de gobierno la entidad ascendió al primer lugar en desapariciones de personas activas en el movimiento social. Además de Claudia Ivonne, también desaparecieron el académico René Hernández Luis (en agosto de 2015) y el activista Naviel Pérez Pérez (el 3 de enero), aunque sólo en ese caso se le localizó sin vida 10 días después. Con ese registro, Veracruz concentró tres de las siete desapariciones contabilizadas en el país de junio de 2015 a mayo pasado. Los otros estados donde ocurrieron hechos con el mismo tinte son: Tamaulipas, donde en julio de 2015 desapareció Enrique López Gutiérrez; Jalisco, Mirian Patricia Almanza Cruz, en octubre siguiente; Ciudad de México, donde la Policía Federal desapareció a Julio Emmanuel Marcel de Jesús, quien luego quedó en libertad, y Chiapas, entidad en la que Fidencio Gómez Santís fue desaparecido en marzo pasado. La edición anterior del informe mencionaba que desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto a mayo de 2015, 81 personas defensoras de los derechos humanos o dirigentes sociales habían sido víctimas de desaparición forzada. Entre junio de 2014 y mayo de 2015 fueron 52, es decir, la mayor parte de los casos que hasta ahora se han contabilizado. Este año hay una diferencia, pues entre junio de 2015 y mayo de 2016 desaparecieron sólo siete personas (el informe anterior incluía a los 43 estudiantes de Ayotzinapa), lo que indica una disminución significativa respecto del período anterior. Pero en suma se trata de 89 víctimas en lo que va del sexenio, de las cuales, tras su desaparición, 17 fueron víctimas de ejecución extrajudicial, nueve más fueron liberadas y siete quedaron presas. Del resto, su paradero sigue siendo una incógnita. La desaparición de dirigentes sociales en la última década se observa en 15 estados de la República, pero son Guerrero (69), Michoacán (16), Oaxaca (14), Veracruz (ocho) y Chiapas (siete), los que encabezan la lista de entidades donde ocurre con mayor incidencia esa grave violación a los derechos humanos. Adiós al refugio Rubén Espinosa era un fotorreportero cercano al movimiento social veracruzano y su trabajo se había vuelto incómodo al gobierno de Javier Duarte, así que, amenazado, decidió trasladarse a la Ciudad de México, el refugio de los periodistas que en el resto del país se encuentran en riesgo. Semanas después se reunió con Nadia Vera, una joven que acompañaba diferentes movimientos sociales, y en especial el universitario veracruzano, que mediante los cauces regulares de la protesta social confrontaba al mismo mandatario. La joven radicaba en la Ciudad de México desde que su vivienda en Jalapa fue allanada y las acciones violentas contra estudiantes se radicalizaron. El 31 de julio de 2015, Rubén y Nadia aparecieron muertos junto con tres mujeres, dos que compartían la renta con Nadia y la empleada doméstica. El refugio capitalino fue vulnerado y el multihomicidio continúa impune. Las ejecuciones extrajudiciales cometidas contra defensores de derechos humanos y dirigentes sociales registran un incremento notable en la administración de Peña Nieto: En 2007, apenas se registraron tres casos; entre 2008 y 2010, hubo en total 21. Pero a partir de 2011, la incidencia creció hasta sumar 20 casos, y la tendencia se mantiene, pues en 2012 hubo 21 ejecuciones extrajudiciales, 20 en 2013, 19 en 2014, 18 en 2015, y en los primeros cinco meses de 2016 ya sumaban nueve. Al comparar por sexenio, con Calderón fueron asesinadas 67 personas. En lo que iba del gobierno peñanietista, hasta mayo pasado sumaban 66, una cifra que se incrementó en los meses siguientes. Sólo con los casos de mayor cobertura, de junio a la fecha –que no son contemplados aun por el Informe–, el incremento es claro en 2016, pues a los nueve casos mencionados se suman los ocho muertos en Nochixtlán, Oaxaca, entidad donde al menos dos personas más murieron en junio. Para mayo pasado, el informe había documentado siete casos en Oaxaca, la entidad con más ejecuciones extrajudiciales; cuatro en Chiapas; tres en Guerrero, y dos casos más en la Ciudad de México. Redadas y prisión Durante la jornada electoral del 7 de junio de 2015, integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) se manifestaron por el desarrollo comicial. Cuando regresaban a sus casas fueron embestidos por un operativo policiaco que detuvo a 75 personas, de las cuales 25 fueron consignadas y siguen presas. El FPR es una de las organizaciones sociales que más ha padecido de represiones en el país, y en Oaxaca suele ser objeto de las distintas formas de represión. En el caso de los 25 presos de aquella jornada electoral, el proceso no avanzó porque el juez tercero de distrito, Amado Chiñas, argumentó que no tenía traductores de mixe y zapoteco, lengua materna de varios miembros del grupo. Pero los mandaron a penales de alta seguridad, sin proceso y sin sentencia. Por ser una detención masiva y haber sucedido en Oaxaca, el caso es emblemático. Y es que al aspecto de la masificación enfatizado por el informe, se suma el hecho de que se trata de una de las entidades con mayor registro de defensores de derechos humanos o miembros de movimientos sociales presos. Junto con Oaxaca, el Distrito Federal, Guerrero y Chiapas son los estados donde el uso de las detenciones arbitrarias y la prisión por motivos políticos es mayor. Pero en el último año el encarcelamiento de dirigentes se amplió a los estados de Michoacán, Jalisco y Morelos. En el informe anterior, Guerrero tuvo el primer lugar en detenciones arbitrarias, todas relacionadas con el movimiento magisterial, precisamente el que en el último año sumó más de cien casos, sólo en Oaxaca y Michoacán. En el rubro no sólo se contabilizan los casos de quienes son sujetos a proceso penal, sino de aquellos que aun siendo detenidos por unas horas, lo son a consecuencia de su participación en el movimiento social. No obstante, los redactores del informe previenen que muchas de las detenciones ocurren en lugares aislados, no siempre es posible documentarlos y la estadística podría ser superior. Hasta el pasado mayo sumaban 497 casos de detenciones arbitrarias ocurridas en los 12 meses previos, por lo que la cifra aumentó, dado que en 2015 se documentaron 459 casos. Respecto de quienes están sometidos a proceso penal o fueron sentenciados, hasta el 31 de mayo de 2015 estaban presas 224 personas por motivos políticos en México, y actualmente, hasta el 31 de mayo de 2016, suman 277. La cifra incluye a todos las personas que están detenidas desde 1995, algunas de los cuales llevan ya alrededor de 21 años en prisión. El incremento en las detenciones y prisión para dirigentes sociales es notorio en la estadística. Los informes de represión abarcan cada año de junio a mayo siguiente, y por lo que respecta al período 2012-2013, se registraron sólo 50 casos, para 2014 sumaron 175, en 2015 la cifra ascendió a 224, y en el año próximo pasado, hasta mayo, se acumularon 277 casos. En el tiempo que lleva Peña Nieto, el número de detenciones arbitrarias aumentó casi al doble respecto del sexenio anterior, pues en tres años y medio se realizaron mil 635 detenciones arbitrarias, lo que por otra parte representa 62% del total de detenciones arbitrarias realizadas desde 2006. Un dato adicional es que alrededor del 70% de los detenidos están libres sin cargo alguno, es decir, no existió ningún elemento para mantenerlos en prisión y ese simple hecho convierte en arbitraria una detención. De acuerdo con los redactores del informe, constata el hecho de que se utiliza como un mecanismo para inhibir las manifestaciones organizadas de descontento, y sobre todo el ejercicio al derecho humano a la protesta. Hasta el cierre de este informe, el número de personas que fueron detenidas de manera arbitraria y que se encuentran en prisión asciende a 81; además, 67 personas que están libres bajo caución o con reservas de ley. Finalmente, a diferencia del informe anterior, donde la mayoría de las personas fueron detenidas bajo delitos del fuero común –lo que señalaba que eran ejecutadas por las autoridades y policías de los estados–, actualmente hay un porcentaje similar entre aquellos a los que les fueron imputados delitos del fuero común y aquellos imputados por delitos del fuero federal. Ataques, amenazas, hostigamiento… A unos cien metros del caserío, en la villa de Cloete, en Coahuila, los caciques de la región intentan extraer carbón. Sin embargo, un grupo de deudos de mineros muertos en los socavones y la defensora de derechos humanos Cristina Auerbach Benavides se han opuesto por la vía judicial. Los priistas Antonio Nerio, padre e hijo homónimo, cuando no son alcaldes son diputados. Ambos controlan parte del transporte carbonero y también tienen minas irregulares, una de las cuales exhibió Auerbach. La concesión es del regidor Álvaro Jaime, también priista, en el municipio de Sabinas. Además de las amenazas, demandas, vigilancias y difamaciones en medios de comunicación, Auerbach Benavides también fue víctima –el pasado 30 de marzo– del allanamiento de las oficinas de la Organización Familia Pasta de Conchos, por parte de un grupo clientelar del PRI regional. El caso concentra todos los tipos de agresión que documenta el informe de la represión, pero es apenas uno de los ataques a defensores de derechos humanos en todo el país. Se trata de 136 eventos que contienen 446 ataques que afectaron a 165 personas, 48 organizaciones y 15 comunidades. En 2015 se habían documentado 330 ataques que afectaron a 248 personas, 47 organizaciones y 35 comunidades. La aparente disminución en los eventos y los actos registrados del informe de 2015 al de 2016, muestra que los ataques fueron masivos. Sobre los estados en los que ocurrieron, Guerrero concentra 18.6% (83 ataques) de todos los actos documentados, seguido de Chiapas con 15% (67), Oaxaca con 12.3% (55), Michoacán (48) con 10.7%, Veracruz con 8.9% (40) y la Ciudad de México con 7.8% (35). El informe expresa su convicción de que la alta concentración de casos en Guerrero es una respuesta del Estado a la efervescencia del movimiento social motivada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la reforma educativa, lo que también explica que sean los estados con movimiento magisterial los que registraron más ataques. Por su tipología, se observa una intensificación de la violencia represiva, pues a diferencia del año pasado, cuando el hostigamiento fue el tipo de ataque más utilizado, actualmente son las agresiones las que se presentan como el acto más usado con 261 casos (58.5% del total), seguido de la amenaza, con 62 casos (13.9%); criminalización, con 61 (13.6%), y hostigamiento, con 43 episodios (9.6%).
Para las organizaciones que emitieron el informe, la estadística en general no es sólo un recuento o exposición de datos. Se trata, en síntesis, de un gobierno que intenta imponer las reformas estructurales y sus políticas y programas derivados, mediante una estrategia de control social que con militarización, paramilitarismo y la construcción de un enemigo –en lo que llama “inercias y resistencias que deben vencerse”– perfeccionó un modelo represivo que pretende normalizar. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA. LINK: http://www.proceso.com.mx/462624/despues-ayotzinapa-terror-interminable
El Centro para la Diversidad Biológica, Greenpeace México, el Centro de Derecho Ambiental (Cemda), Fundar, México Sostenible, entre otras ONGs, subrayaron que decretar la zona como Área Nacional Protegida permitirá conservar ecosistemas, tipos de vegetación, hábitats, especies y servicios ambientales. Sin embargo, el Gobernador de Zacatecas y el titular de la Semarnat acordaron establecer una mesa de trabajo para determinar si es viable o no declarar la zona como ANP e informaron que invitarán a participar a representantes de la industria minera. Incluso, Pacchiano Alamán se comprometió a no emitir declaratoria alguna, hasta que se cuente con la aprobación del Gobierno local.
Organizaciones de la sociedad civil lanzaron un “urgente” llamado al Gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, así como al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en particular al Senador de dicho estado, Carlos Puente Salas, para evitar que cedan a la presión de mineras que pretenden obstaculizar la protección de más de dos millones 500 mil hectáreas del territorio de Semidesierto. El 23 de junio de 2014, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó la propuesta para declarar 2 millones de hectáreas del Semidesierto Zacatecano como Área Natural Protegida (ANP) en la categoría de Reserva de la Biósfera, sin embargo, el Gobierno local y empresas mineras de la región se oponen al decreto, acusó Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, en entrevista para SinEmbargo.
“El interés se tiene en estas áreas para empezar a explotar los recursos y son los intereses de empresas [mineras] los que impiden el decreto de esta Área Natural Protegida. El Gobierno de Zacatecas ha estado obedeciendo a los intereses de las mineras […], no se sabe por qué, pero lo está haciendo. Debería defender los intereses y el patrimonio de los zacatecanos en torno a los recursos naturales, pero hay un favoritismo ahí”, dijo a nombre de las nueve organizaciones que exigen defender la zona.
Greenpeace México, el Centro de Derecho Ambiental (Cemda), Fundar, México Sostenible, entre otras ONGs, subrayaron a través de un comunicado que decretar la zona como ANP permitirá conservar ecosistemas, tipos de vegetación, hábitats, especies y servicios ambientales; además de proteger a la región de las Planicies del Altiplano Zacatecano-Potosino y diversas especies de flora; fomentar hábitats adecuados para especies migratorias, 16 especies de aves acuáticas, la paloma de alas blancas y la mariposa monarca, entre otras, así como desarrollar actividades de ecoturismo. Dichas organizaciones hacen hincapié en que el Estudio Previo Justificativo (EPJ), elaborado para lograr la protección de la zona mencionada, muestra que “el Desierto Semiárido de Zacatecas cuenta con valiosos recursos naturales y ecosistemas de importancia para la conservación. Se caracteriza por su riqueza florística, con especies endémicas y prioritarias de flora y fauna que se encuentran en alguna categoría de riesgo”. Explicaron que la zona es hábitat de algunas especies incluidas en la Norma Oficial 059 bajo alguna categoría de riesgo, entre ellas el águila real mexicana, la cual se encuentra amenazada; el perrito de la pradera y el gorrión de Worthen, ambos en peligro de extinción.
“Hay ecosistemas que tienen una representatividad única en el país, este [el Semidesierto Zacatecano] por ejemplo, tiene especies emblemáticas como el águila que está en el escudo nacional […] Una de las causas principales de la extinción de las especies es la pérdida de hábitat, cuando se elimina el hábitat se reducen sus números poblacionales”, estacó.
En el mismo sentido, ciudadanos lanzaron la petición “Protege al Águila Real mexicana de la extinción, su hábitat está en peligro por la minería”, dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto, a Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Semarnat, así como al Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Alejandro del Mazo Maza. Hasta el momento la misiva ha recabado cerca de 500 firmas para exigir se publique el decreto de Reserva de la Biósfera del Semidesierto Zacatecano.
“Eliminar esta reserva es una amenaza para el Águila Real y otras especies, así como para mitigar los efectos del cambio climático a escala global”, se lee en la petición lanzada la semana pasada.
Asimismo, acusan que la industria minera se ha encargado de promover la idea de que la reserva “frenará” el desarrollo económico de Zacatecas, “cuando en realidad ayudará a soportar los efectos del cambio climático, al proteger zonas de recarga y almacenamiento de agua en el desierto”. Por ello, Olivera hizo un llamado al Gobierno del estado con el fin de no favorecer los intereses de las empresas mineras y, en cambio, consideren el cuidado del patrimonio de los mexicanos, con la publicación del decreto del ANP. A la Conanp urge llegue a un acuerdo con las autoridades locales y muestre voluntad de decretar la protección del área. Finalmente informó que las nueve organizaciones involucradas en la exigencia se encuentran evaluando cómo lograr el acercamiento con el Gobierno zacatecano. AUTORIDADES PROMETEN RESOLVER El pasado 25 de octubre, el Gobernador de Zacatecas y el titular de la Semarnat acordaron establecer una mesa de trabajo para determinar si es viable o no declarar Área Natural Protegida una zona del semidesierto zacatecano. A través de un comunicado, las autoridades informaron que invitarán a participar a representantes de la industria minera que invierten en dicha área del estado y a los alcaldes de los municipios involucrados. “El Gobernador de Zacatecas y el Secretario del Medio Ambiente coincidieron en que la decisión que se tome será basada en privilegiar el desarrollo económico del estado, pues, en esa región de la entidad, existe la posibilidad de que se establezcan tres proyectos de inversión por 3 mil millones de dólares, que generarían 5 mil empleos directos y hasta 10 mil indirectos”, señala el boletín.
Además, Pacchiano Alamán se comprometió a no emitir declaratoria alguna, hasta que se cuente con la aprobación del actual Gobierno de Zacatecas. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: IVETTE LIRA. LINK: http://www.sinembargo.mx/16-11-2016/3115488
La exoneración de una acusación de tres contra Elba Esther Gordillo Morales, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), evidencia el fracaso de la administración de Enrique Peña Nieto en su único caso emblemático de combate a la corrupción y deja en entredicho la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) al cometer errores en la integración del expediente que llevaron a un tribunal a declarar inocente a la “Maestra” por defraudación fiscal, dijeron líderes políticos de la oposición a SinEmbargo.
Las fallas en la integración del expediente en una de las acusaciones que pesan sobre la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales, que llevaron a un tribunal a declararla inocente de defraudación fiscal esta semana, son sospechosas y demuestran que las acusaciones obedecen a una persecución política y no al combate la corrupción, coincidieron líderes políticos de la oposición entrevistados por SinEmbargo. La persecución de Gordillo Morales, también llamada “La Maestra”, es una de las pocas causas contra la corrupción que ha emprendio este sexenio. Las otras son la de Javier Duarte de Ochoa, prófugo, y la de Guillermo Padrés, quien se entregó. Los errores de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso más emblemático de combate a la corrupción de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, permitieron argumentar a la defensa violaciones al debido proceso y llevar a las autoridades a declarar inocente a Gordillo de uno de los tres delitos que se le imputan.
“Hay un sospechoso caso de mala integración de expedientes. En realidad la PGR debería actuar con mucho profesionalismo, sobre todo en un caso tan fuerte como este”, dijo Martí Batres Guadarrama, presidente del Consejo Ejecutivo Estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Ciudad de México.
Mientras que Beatriz Mojica Morga, secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideró que las autoridades federales deben rendir cuentas a la sociedad mexicana por el caso Gordillo.
“Esperemos que no sea una simulación y una jugarreta de las autoridades al no armar bien los expedientes. Exigimos que se vaya a fondo y se castigue a todos los que han cometido actos de corrupción en este país; que le rindan cuentas a la sociedad mexicana que quiere saber porqué no se integran de manera correcta los expedientes, qué es lo que impide a la PGR y a las autoridades competentes hacer bien su trabajo”, cuestionó Mojica Morga.
Ayer se dio a conocer que el Primer Tribunal Colegiado resolvió un amparo a favor de Gordillo Morales, porque la integración de la investigación de la PGR fue inconstitucional, y las evidencias y pruebas que presenta el Ministerio Púbico son ilícitas. Hoy la ex lideresa magisterial es juzgada sólo por lavado de dinero y delincuencia organizada. Marco Antonio del Toro, abogado de la “Maestra”, dijo a la prensa que en el amparo se argumentaron fallas en los procedimientos de la PGR que ocultó la averiguación previa y con ello se constituyó una violación “derecho a la adecuada defensa”.
“Es una vergüenza para la procuración de justicia de nuestro país que los expedientes no se armen de manera correcta y que eso permita que muchos delincuentes salgan de las cárceles. Exigimos a las autoridades federales a que revisen y rectifiquen las políticas de seguridad de nuestro país y de procuración de justicia, porque el combate a la corrupción es uno de los temas que causa mayores enojos a la población”, agregó la perredista.
Gordillo Morales fue detenida el 26 de febrero de 2013 y constituye el primer y único golpe del Gobierno de Peña Nieto a un personaje con el poder económico y político de la ex lideresa magisterial. Sin embargo, a pesar de que fue encarcelada, sus cuentas ni sus propiedades fueron confiscadas. Ernesto Ruffo Appel, Senador del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que el trabajo de la PGR hace sospechar si la persecución de Elba Esther sólo se trata de una “ficción” o un “maquillaje”.
“Es lamentable que la PGR no haya integrado debidamente. Esto que está sucediendo nos hace sentir mal sobre nuestras instituciones que ni atinan a aclarar las cosas como son y luego cometen pifias como las que parecen que están sucediendo. Antes de consignar a alguien deben estar convencidos de que las pruebas que están aportado son suficientes para la decisión judicial final”, planteó Ruffo Appel.
LO DE GORDILLO FUE POLÍTICO Los miembros de la oposición también consideraron que la declaratoria de inocencia de uno de los delitos que enfrenta Gordillo Morales, demuestra que su encarcelamiento sólo fue una venganza política y no un acto de combate a la corrupción.
“Privó el interés político, antes que la buena preparación jurídica. Eso muestra que se actúa sobre la base de tiempos políticos y no sobre la base de decisiones jurídicamente bien ordenadas. Al Gobierno lo que le urgía era el golpe político a la dirigencia del magisterio y no tanto el combate a la corrupción”, consideró Batres Guadarrama.
El dirigente de Morena agregó que incluso Gordillo Morales podría quedar absuelta de los otros dos delitos, delincuencia organizada y lavado de dinero, si la PGR integró de la misma forma la averiguación. Martha Angélica Tagle Martínez, Senadora independiente, dijo que el caso de Gordillo es una muestra de que en México la justicia se utiliza con fines políticos y no para perseguir y juzgar un delito.
“Por la forma que lo hicieron, violando el debido proceso, no podemos contar con la certeza de si la persona es inocente o no, porque no se hizo una investigación adecuada. Muchos casos que están en medio de la discusión tienen ese mismo objetivo y no podemos como ciudadanos conocer la verdad; está el caso de [José Manuel] Mireles de Michoacán”, expuso Tagle Martínez.
Lo sucedido esta semana con Elba Esther Gordillo recordó incluso al caso de la francesa Florence Cassez, acusada de secuestro y liberada por violación al debido proceso. Incluso, dijeron, los casos de Javier Duarte de Ochoa, Gobernador con licencia de Veracruz y de Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador de Sonora, podrían peligrar si se cometen errores en sus expedientes que comprometan el debido proceso.
“Están los casos de los ex gobernadores donde están ventilando las investigaciones, lo que da posibilidades a que los personajes queden libres; pero parece a propósito, todo lo hacen tan mal que dan oportunidad a que los abogados puedan apelar, ampararse y encontrar argumentos legales para burlar la Ley”, dijo Tagle Martínez. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SHAILA ROSAGEL. LINK: http://www.sinembargo.mx/15-11-2016/3115716
El secretario de Hacienda afirmó que de no alcanzar los recortes al gasto, se podría echar mano de los remanentes de Banxico y de un fondo de ingresos petroleros para estabilizar las finanzas públicas.
Las autoridades financieras mexicanas analizan una estrategia en caso de no alcanzar los recortes al gasto público y entre ellos está echar mano de los remanentes del Banco de México y de un fondo de ingresos petroleros para estabilizar sus finanzas públicas del país. Durante su participación en la Cumbre de Negocios realizada en Puebla, el secretario de Hacienda afirmó: “tenemos más de 110,000 millones de pesos (5,322 millones de dólares) en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y eso nos permite, con esos 110,000 millones, a hacerle frente en su caso a escenarios en donde los ingresos se ubiquen por abajo de lo previsto”. El funcionario indicó que dicho fideicomiso administra y distribuye los ingresos provenientes de las asignaciones y contratos de exploración y extracción de hidrocarburos derivados de una reforma energética aprobada en 2013. Inició operaciones en enero del 2015. También se refirió al Paquete Económico 2017 donde no se contemplaron los remanentes de Banxico, que deberían usarse para fortalecer las finanzas públicas en caso de que los hubiere. “Si con cargo a la posición del tipo de cambio el banco tuviera remanentes, hoy por ley tenemos que usar el 100 por ciento de esos remanentes para mejorar nuestro balance público”, dijo.
Cabe señalar que varias calificadoras de riesgo y grupos financieros han recortado sus estimados de crecimiento de la economía mexicana debido a la elección de Donald Trump como próximo presidente de Estados Unidos, con lo cual avizoran un disminución en las inversiones, exportaciones y el consumo privado. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://aristeguinoticias.com/1511/mexico/meade-da-su-receta-para-compensar-el-recorte-a-gasto-publico/
En Veracruz y la Ciudad de México, donde se registran más agresiones, revela CIMAC.
La mayoría de las agresiones contra mujeres periodistas provienen de servidores públicos y se registran principalmente en los estados de Veracruz, la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Morelos. De acuerdo con el informe “El Poder del Cacicazgo. Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, presentado por CIMAC, se registraron y documentaron 147 casos de violencia cometida contra mujeres periodistas en 24 entidades federativas de México durante 2014 y 2015. Es decir, más de 73 al año y unas 6 agresiones cada mes. El informe expone que las entidades con mayor índice de violencia en esos años fueron: Veracruz con 19.7 por ciento de los casos; la entidad es gobernada, desde 2010, por el priista Javier Duarte cuyo gobierno se ha caracterizado por constantes agresiones hacia la prensa. Ciudad de México con 18.7 por ciento. Guerrero, con 8.1 por ciento, se ubicó como la tercera entidad. Oaxaca y Morelos ocuparon el cuarto lugar como las entidades más violentas del país con el 5.4 por ciento de los casos respectivamente. “La edad promedio de las periodistas violentadas oscila entre los 30 y 34 años. Resalta un incremento de violencia hacia las periodistas de entre 25 y 29 años, jóvenes que terminan la carrera de periodismo y se incorporan al mundo laboral pauperizado con pocas opciones”, apunta. Y señala que los índices de violencia en contra de quienes ejercen el periodismo incrementaron en 70% durante 2014 y 2015; “en todos los casos impera la impunidad lo que abre las puertas a la violencia”. “En 54.4% de los casos, los agresores de las periodistas fueron servidores públicos; 80% carecían de respaldo de las empresas periodísticas en las que laboraban al momento de la agresión, incluso con prohibiciones directas de sus jefes de denunciar”, precisa.
CIUDAD DE MÉXICO: Padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que abra una indagatoria contra el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Omar Hamid García Harfuch, señalado de tener nexos con líderes de Guerreros Unidos (GU).
Al convocar a una manifestación frente a la PGR, los padres de los estudiantes desaparecidos retomaron lo publicado en la edición 2089 de Proceso, que revela los presuntos vínculos de García Harfuch con Sidronio Casarrubias, identificado por la PGR como líder de GU, cuando el funcionario fungía como coordinador estatal de Seguridad Regional de la Policía Federal en Guerrero, de diciembre de 2012 a octubre de 2014. Los padres de los 43 elevaron su “más enérgica protesta” y exigieron una investigación de García Harfuch. “De otra forma no vemos cómo obtendremos verdad y justicia en el caso de los 43 normalistas y miles de desaparecidos en el país, si al frente de la Policía están funcionarios que conducen en la opacidad y corrupción”, señalan los padres en su convocatoria a la movilización. Al invitar a un mitin político que se realizará este miércoles a las 11:00 horas frente a las instalaciones de la PGR, los padres cuestionaron: “¿Cómo investigará con imparcialidad Omar Hamid García si es señalado de tener nexos con uno de los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa? ¿Qué confianza dará a las víctimas?”, cuestionaron. Como lo informó Proceso, en el número en circulación, el nombre de García Harfuch y su teléfono, está inscrito como contacto en una libreta asegurada a Casarrubias Salgado, cuando fue detenido en octubre de 2014, y que forma parte del expediente integrado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Dicha información fue ocultada al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la situación está siendo “analizada” por el Mecanismo de Seguimiento del órgano interamericano, de acuerdo con datos obtenidos por Proceso y una breve declaración de su presidente James Cavallaro, durante su visita a México para instalar el mecanismo de monitoreo del cumplimiento de las recomendaciones del GIEI. García Harfuch fue nombrado al frente de la AIC, en sustitución de Tomás Zerón de Lucio, quien fue designado como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, pese a ser señalado por el GIEI de realizar diligencias que no fueron incluidas en el expediente del caso Ayotzinapa, y estar bajo investigación de Visitaduría General de la PGR. El presunto involucramiento de García Harfuch con Casarrubias se advierte en una resolución judicial a favor del líder de GU, emitida el 2 de septiembre pasado, por el juez segundo de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México, Oscar García Vega, por la cual concede el auto de libertad “por falta de elementos para procesar” por delincuencia organizada, no así por portación de armas de fuego. Entre la descripción de los objetos asegurados a Casarrubias, destaca una libreta negra estampada con los rostros de los Beatles, de 240, con diversas anotaciones, entre ellas una de la página 14 con la siguiente leyenda: “Omar García Harfuch, El Comisario de Gro. 5526-73-81-10”. El ahora director de la AIC fue también mencionado al menos por su cargo por el depuesto gobernador Ángel Aguirre Rivero y el exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, como uno de los integrantes del Grupo de Coordinación Guerrero que estuvo al tanto de la operación de los cárteles en la entidad, como GU y Los Rojos, y de su presunta colusión con autoridades municipales, como fue el caso del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, en cuya gestión hubo cerca de 200 desapariciones denunciadas, de acuerdo con el GIEI.
CHILPANCINGO: El director de Desarrollo Urbano del municipio de Petatlán, Édgar García Cerda, fue ejecutado ayer por la noche en esta franja colapsada por la narcoviolencia de la región de la Costa Grande de la entidad. Previamente, un grupo armado privó de su libertad al funcionario municipal y sus familiares emprendieron una búsqueda en diferentes puntos de este municipio administrado por el expriista postulado por el PRD, Arturo Gómez Pérez, quién es compadre de Alejandro Bravo Abarca, actual jefe de la oficina del gobernador Héctor Astudillo Flores. Cerca de las 22:00 horas, fue localizado el cuerpo de García Cerda en el punto conocido como La Virgen, al sur de la cabecera municipal, indican reportes oficiales. La víctima, con visibles huellas de tortura, estaba atada de pies y manos, y presentaba varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. El funcionario municipal ejecutado era un conocido prestamista en la región y militante perredista. La ola de violencia se ha recrudecido en la entidad y en específico en la región de la Costa Grande donde este domingo se documentaron nueve ejecuciones y un narcomensaje contra el alcalde de Coahuayutla, Felipe Heredia Hernández.
MONTERREY, NL: El proceso penal que se le sigue al exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz, acusado de ejercicio indebido de funciones, podría descarrilar después de que una juez federal ordenara que el juicio que se le sigue a la exalcaldesa Margarita Arellanes debió ser llevado mediante un sistema penal diferente al que empleó el Poder Judicial del estado.
Así lo señaló hoy Aldo Fasci Zuazua, asesor jurídico del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien dijo que, así como el de los anteriores edil y mandatario, hay centenares de juicios que tendrían que ser repuestos en su totalidad, por un criterio que empleó la justicia federal para determinar el cambio de modelos de justicia. En conferencia de prensa, explicó que actualmente existen cuatro instancias en las que se pueden ventilar los procesos judiciales, y una juez de distrito, al conceder la suspensión definitiva, promovida por Arellanes Cervantes, optó por ordenar la reposición de todo el procedimiento, después de que el 5 de julio había sido imputada por ejercicio abusivo de funciones, al pagar 7.5 millones de pesos a un despachos de abogados para que la protegiera jurídicamente cuando dejara su puesto edilicio. Esta determinación federal en el caso Arellanes ha comprometido la dirección que siguen muchos otros juicios, entre ellos el del exmandatario priista, quien actualmente se encuentra amparado para evitar que se le procese por el delito de ejercicio indebido de funciones, tras entregar estímulos aparentemente ilegales por 3 mil 600 millones de pesos a la armadora surcoreana KIA establecida en la entidad. Actualmente este juicio se encuentra en una etapa intermedia en la que la Fiscalía obtuvo del juez de control una ampliación del plazo hasta el 26 de enero próximo para hacer acopio de más pruebas de cargo. Según Fasci, el problema ahora surge debido a que Arellanes, Medina y otros centenares de personas procesadas en la entidad siguen los juicios de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales del Estado que fue modificado para que entrara en funciones en la entidad a partir del 16 de enero del presente año. Sin embargo, según el especialista, para el juez federal que ordenó reponer el proceso de la exalcaldesa panista, ésta debió ser sometida a juicio mediante el Código nacional, que entró en funciones en julio, una situación que ha generado confusión hasta en el mismo sistema penal estatal, pues según este criterio se toma como fecha cuando se cometió el delito, no cuando se presentó la denuncia. La juez que procesa a Arellanes, denunciada penalmente el 1 de marzo pasado, consideró que debía seguir las reglas estatales, pero el Poder Judicial, ante el que la exalcaldesa se amparó, determinó lo contrario, pese a que la juez de control, antes de iniciar el juicio, efectuó un estudio para seguir el procedimiento correcto. “El Código aplicable no era una decisión únicamente del juez de control, sino que también debían intervenir el MP y las partes. En el caso de Nuevo León, aunque el de Margarita Arellanes es la nota, hay cientos de casos iguales, de enero a junio, donde se aplicó el Código estatal y no el nacional, porque el nacional así lo establecía”, señaló. El vocero estatal dijo que este embrollo jurídico no representa una derrota para la Fiscalía Anticorrupción, pues lo único que ocurrirá es que se reiniciará el procedimiento judicial con nuevas reglas, aunque en el fondo las imputaciones seguirán siendo las mismas. Por eso, el Estado plantea la conveniencia de combatir la resolución del caso Arellanes ante un Tribunal Colegiado, porque si prevalece el criterio federal, afectaría muchos otros, lo cual representa un costo significativo a las finanzas de la entidad, pues en cada uno de los procedimientos se invierten recursos que ya no serán repuestos.
Dos mil 187 personas fueron víctimas de homicidios dolosos en septiembre pasado; de ellas, mil 228 fueron asesinadas con armas de fuego según el "Reporte mensual de delitos de alto impacto" del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.
Septiembre de 2016 es el mes más violento de los últimos años por el alarmante incremento en el número de homicidios dolosos que colocan al país es una “crisis” por este delito, advirtió Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC). En entrevista con Aristegui Noticias indicó que desde abril del año pasado se interrumpió la disminución de los asesinatos en el país y comenzó un repunte que estableció cifras récord para los meses de julio, agosto y septiembre pasados, cuando se contabilizaron 6 mil 400 muertes, lo que significa un incremento de 23.74 por ciento. Al dar detalles del Reporte Mensual de Delitos de Alto Impacto Septiembre 2016, precisó: “para el mes de septiembre hubo 2 mil 187 personas que perdieron la vida en homicidios dolosos“. Agregó que otro dato que urge a la acción es que agosto y septiembre, desde que existen cifras -es decir, desde 1997-, fueron los meses que se rompieron récord en cuanto a homicidios relacionados con arma de fuego. “En agosto hubieron mil 238 casos, y mil 228 en septiembre“, apuntó. Francisco Rivas dijo que hay varias entidades con una situación “extremadamente problemática” y 12 de ellas superan con mucho la tasa nacional. Se trata de Colima, Guerrero, Sinaloa, Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Zacatecas, Oaxaca, Sonora y Tamaulipas. Denunció que las autoridades atribuyen este aumento en el número de homicidios a la confrontación entre grupos del crimen organizado y a la proliferación de las armas, muchas de ellas vendidas en el mercado negro. Por ello, descalificó la propuesta del senador del PAN, Jorge Luis Preciado, de ampliar la portación de armas en vehículos y negocios. “Sería preocupante dejar en manos de la ciudadanía la defensa personal y se convertiría en un factor de riesgo que aumentaría la violencia”, dijo.
El director del ONC señaló que para disminuir los homicidios dolosos, el Gobierno Federal debe atacar las finanzas de la delincuencia organizada, mientras que en el ámbito local se deben fortalecer las instituciones de seguridad.
En votación dividida, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al gobernador de Morelos y a la revista C&E (Campaigns&Elections) México, suspender y retirar la difusión de la propaganda en la que aparece nombre e imagen del político.
El Instituto Nacional Electoral actuó nuevamente contra la propaganda política personalizada, ahora del gobernador Graco Ramírez, con la apariencia de propaganda de una revista. En votación dividida, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido, y a la Revista C&E (Campaigns&Elections) México, suspender y retirar la difusión de la propaganda en la que aparece el nombre e imagen del mandatario local, tanto la localizada en el Estado de México como en cualquier otra entidad del país con un contenido igual o similar, toda vez que podría constituir una presunta promoción personalizada. En sesión extraordinaria urgente, con el voto a favor de la consejera Adriana Favela y el consejero José Roberto Ruiz, y el voto en contra de la consejera Beatriz Galindo, la Comisión concedió las medidas cautelares solicitadas por el Partido Acción Nacional (PAN) y fijó un plazo no mayor a 12 doce horas, a partir de la notificación formal, para que los responsables efectúen “las acciones necesarias, suficientes e idóneas” para el cumplimiento del acuerdo. De acuerdo con un comunicado del INE, la Comisión estableció que la publicidad respectiva hace presumir que se trata de propaganda personalizada vinculada a la aspiración del gobernador -manifestada en la revista- para ser candidato a Presidente de la República en el próximo proceso electoral federal, lo que podría vulnerar el principio constitucional de equidad en materia electoral.
La consejera Beatriz Galindo votó en contra del proyecto al considerar que éste, en atención al principio de exhaustividad, debía pronunciarse –también- respecto a posibles actos anticipados de campaña, así como el probable uso indebido de recursos públicos, como lo denunció el quejoso. La Comisión determinó que era innecesario el estudio de esos dos elementos, al ser procedente la medida cautelar por la presunta promoción personalizada.
CHILPANCINGO, Gro: El secretario de Gobierno en la entidad, Florencio Salazar Adame, admitió que el problema de la violencia en la entidad se dejó crecer y que el narco ahora se ha convertido en un problema para la gobernabilidad. También acusó al sector transportista de estar infiltrado por el narco, sin especificar en qué regiones y el nombre de las organizaciones. Luego calificó de ilegales a la mayoría de grupos de autodefensa que existen en cinco de las siete regiones. Sobre ese tema, Salazar dijo que para resolver el conflicto de la expansión y enfrentamientos armados entre guardias comunitarias y delincuentes, ha propuesto que aquéllas se integren al sistema de la Policía Rural que administra el Ejército, “pero no quieren”, acusó el funcionario estatal para justificar la inoperancia gubernamental. Ello, a pesar de que este fin de semana, Salazar Adame pactó con los dirigentes de la autodefensa denominada La Tecampanera del municipio de Teloloapan; investigar al alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, por sus presuntos nexos con el narco, y detener a los líderes del grupo delictivo La Familia, Johnny Hurtado Olscoaga El Mojarro, quien es señalado como proveedor de la empresa minera canadiense Torex Gold asentada en Cocula y socio del empresario de negro historial Carlos Ahumada Kurtz, dueño de la minera Beneficiadora de Minerales Temixco. De esta forma, Salazar destrabó de forma momentánea el conflicto que persiste en la zona Norte, luego de que los miembros de la autodefensa bloquearon durante más de 30 horas la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano a la altura de Teloloapan para exigir seguridad y la liberación de tres personas que fueron secuestradas hace dos semanas por la banda de La Familia, afincada en Arcelia. Además, el gobierno de Héctor Astudillo brinda seguridad personal, a través de la Policía Preventiva Estatal (PPE), a Bruno Plácido Valerio, líder de la autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG). Esta mañana en la sede del Poder Legislativo, el secretario de Gobierno, Florencio Salazar, y el titular de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, comparecieron ante la Comisión de Seguridad de la LXI legislatura local, que preside el diputado priista Héctor Vicario Castrejón, como parte de la glosa del primer año de administración del priista Astudillo Flores. Al respecto, Almazán advirtió que la sociedad está al borde de la desesperación ante los niveles extremos de violencia que se viven en la entidad. No obstante, redujo el problema de la violencia a la falta de presupuesto para combatir el delito y dotar de equipo a la Policía Estatal. Ello a pesar de que en marzo la agencia de noticias Apro dio a conocer que, a finales de noviembre anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un informe en el que advierte de “un probable daño” al erario por 19 millones 802 mil pesos ejercidos durante 2014, último año de gestión del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y 2015, en que gobernaron el mandatario interino Rogelio Ortega y, a partir de octubre, Héctor Astudillo. Esos casi 20 millones provinieron del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) destinado a las entidades federativas. La revisión detectó la adjudicación directa de contratos millonarios a empresas de forma irregular, la compra irregular de armamento que involucra al Ejército, así como la adquisición de un sistema de espionaje telefónico para la Fiscalía General del Estado (FGE), entre otras anomalías. Según el informe, las autoridades estatales no presentaron documentos para comprobar esos gastos, incurrieron en diversas irregularidades en materia de adquisiciones y violaron indicaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal. A pesar de esta situación, el millonario desvío de recursos públicos del fondo para combatir el delito sigue impune y nadie ha sido sancionado. En la prolongada comparecencia, Salazar Adame admitió “la insuficiencia” del gobierno de Astudillo, debido a que a un año de su gestión, no han logrado revertir los efectos de la narcoviolencia en la entidad. De forma paradójica, Salazar Adame aseguró que la sociedad puede transitar libremente en la entidad, a pesar de que la delincuencia controla territorios completos y se han vuelto comunes el secuestro, los asesinatos, la extorsión y la desaparición de personas. En su mensaje, el funcionario del gobierno de Astudillo dijo que los conflictos sociales se deben superar, pues “no podemos caer en la subcultura de la protesta constante, incluso por cuestiones francamente menores”, expresó. Salazar pidió a la sociedad respetar la vida económica, política social, rural y mantener libres las vías de comunicación, y apegar su conducta a lo que marca la normatividad. También criticó y minimizó los bloqueos que realizan ciudadanos, al argumentar que tienen su origen en que “un maestro fue cambiado o que el maestro que llegó no es satisfactorio para los padres de familia, porque faltan mesabancos o pizarrón y porque alguna autoridad no cumplió algún compromiso”, indicó. Por ello, Salazar exhortó a la sociedad y a los diputados a reorientar lo que definió como “subcultura de la protesta”, debido a que afecta a terceros y “genera la falsa idea de que si toman una oficina pública encontrarán respuestas a sus problemas, esto no es así”, atajó el funcionario. La postura de Salazar Adame provocó molestia en algunos de los diputados.
En el caso de la legisladora por Morena, María de Jesús Cisneros, ésta se enfocó en exigir la renuncia de los funcionarios por su incapacidad, argumentando que la entidad es la más violenta en el país, donde la pobreza es evidente y “los desfalcos a las arcas del pueblo no se investigan, ni se castigan y el dinero no se recupera, es el Guerrero del oprobio y de la realidad más insultante, y ustedes son la tapadera, por eso les recomiendo que se vayan a descansar”, expresó. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/462705/narco-ya-problema-gobernabilidad-en-guerrero-secretario-gobierno
CIUDAD DE MÉXICO: La organización Mexicanos Primero manifestó su preocupación por los recortes a varios de los programas clave “para el derecho a aprender de los niños y jóvenes de México”, así como la falta de transparencia y la rendición de cuentas en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017. En ese sentido, demandó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que publique la información detallada de todas las partidas presupuestales, mientras que al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Unión les pidió que evalúen los programas antes de modificarlos, y que atiendan las evaluaciones positivas ya confirmadas, “como no pasó en el caso del Programa de la Reforma Educativa (PRE)”. En un comunicado, la organización aplaudió la recuperación de algunos rubros fundamentales, como el Programa de Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil, el Programa Nacional de Becas y el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). También reconoció “la sensibilidad de las autoridades para evitar el recorte de recursos financieros a algunas tareas inaplazables en la implementación del proyecto de transformación educativa”, ya que sin presupuesto, añadió, cualquier cambio pierde rumbo y pierde apoyo. Destacó que el gasto es uno de los principales instrumentos de política pública para hacer realidad o entorpecer todo proyecto educativo, por lo que “resultan preocupantes los recortes registrados a varios de los programas clave para del derecho a aprender de los niños y jóvenes de México, así como la falta de transparencia y la rendición de cuentas en la elaboración del presupuesto: los analíticos de dicho presupuesto serán publicados hasta un mes después de su aprobación”. De manera particular, Mexicanos Primero llamó la atención sobre dos programas “que ponen en riesgo la aprobación de un gasto educativo que sea justo e incluyente”. Precisó que por un lado persiste la confusión entre el PRE y el Programa de Escuelas al CIEN. El PRE construye capacidades y autonomía escolar, mientras el segundo se concentra en infraestructura. Una reducción del 71.9% en el primero lastima las condiciones de aprendizaje para los que menos tienen, detalló. Por otro lado, añadió, medir el avance en la garantía del derecho a aprender requiere de un instrumento para evaluar el aprendizaje de todos los alumnos, y esa es la razón de ser del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea).
CIUDAD DE MÉXICO: Dos asaltantes y una mujer murieron a manos de un “justiciero” que frustró un asalto a una unidad de transporte público en el Estado de México.
Según las primeras investigaciones, los hechos ocurrieron el lunes pasado cuando la unidad de transporte con placas 744-756J transitaba por el Boulevard Manuel Ávila Camacho a la altura de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc. Un par de asaltantes subieron a la unidad, amagaron a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias y uno de ellos los enfrentó a balazos. En el enfrentamiento, el presunto justiciero hirió a los dos asaltantes y a una mujer y luego salió huyendo del lugar.
Con los heridos en el vehículo, el chofer condujo hacia el paradero de Cuatro Caminos donde los heridos recibieron atención pre-hospitalaria y se confirmó la muerte de uno de los presuntos delincuentes. Poco después de las siete de la noche murieron los otros dos heridos en distintos hospitales. Tras loe hechos, la policía desplegó un operativo para dar con el presunto justiciero pero hasta el momento sólo han encontrado un arma calibre 9 milímetros que estaba en los alrededores del paradero de Cuatro Caminos.
