Duarte vendió más de la mitad de las reservas de Chihuahua “con mañas y a precio de regalo”

La Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno de Chihuahua, Norma Ramírez Baca, presentó un informe en el que asegura que la pasada administración dejó un adeudo de 430 millones de pesos en diferentes obras. Y no es la única irregularidad reportada hoy: la Comisión Estatal de Suelo, Vivienda e Infraestructura denunció que el Gobierno de César Duarte vendió más de la mitad de las reservas territoriales del estado a menor precio del que realmente estaban valuadas y en procesos amañados, lo que generó un quebranto de más de mil 500 millones de pesos.

El Gobierno de Cesar Duarte vendió más de la mitad de la reserva territorial de Chihuahua a un precio menor y en procesos de venta irregulares que provocaron un quebranto de mil 500 millones de pesos a las arcas del estado, dio a conocer este día Carlos Borruel, director de la Comisión Estatal de Suelo (COESVI).

De acuerdo con el informe sobre la situación en que la administración pasada dejó la COESVI, el esquema para hacer que el precio de los terrenos bajara de manera considerable era que una empresa ofreciera un monto y posteriomente se retirara, luego otra interesada, también propiedad del primer postor, ofreciera un monto menor para hacerse del mismo.

“Son terrenos que en los últimos años, han tenido muchísima plusvalía comercial, sobre todo en la ciudad de Chihuahua y se están localizando otros de Ciudad Juárez”, dijo el funcionario local.

Agregó que la dependencia recibió con una deuda de 592 millones de pesos, y no se les entregaron recursos para cubrir la primera nómina de los trabajadores.

Además heredaron 143 millones de pesos en cartera vencida. Mienras que los desarrolladores adeudaban de 40 millones desde 2006 y 2007 “y por extrañas razones no se les hacía ningún cobro”.

Agregó que para que ello no vuelva ocurrir, se interpondrán candados: “No es solamente denunciar, recuperar y fortalecer las finanzas de la comisión. También, habrá que poner candados para evitar este tipo de abusos que indignan y ofenden para que no vuelvan a cometerse”.

Previamente, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Chihuahua heredó una deuda por 430 millones de pesos de la administración duartista.

Norma Ramírez Baca, titular de la dependecia en un informe presentado el día de hoy dijo que el monto se desprende un adeudo superior a los 35 millones de pesos con proveedores diversos, y uno de 51 millones de pesos por lo que respecta a conservación de carreteras.

“Simulación de procesos, trato preferencial a constructoras, nula transparencia y corrupción, marcaron el manejo de licitaciones y asignaciones de contratos de obra en la pasada administración”, menciona el documento.

De acuerdo con la titular, se dio trato preferencial a constructoras a las que se les asignaron proyectos con presupuestos incompleto, mismas que no cumplieron en tiempo.

Entre algunos de los proyectos que quedaron inconclusos o deficientes, está la fachada del Hospital de Oncología en Ciudad Juárez, que implicó un gasto de 59 millones de pesos y la primera etapa del Hospital de Especialidades, en la que se presentó invasión de hongos y que fue oficialmente recibida en diciembre de 2015.

Informó que ya se iniciaron auditorías por parte de la Secretaría de la Función Pública y se pidió la intervención del Colegio de Ingenieros Civiles.

Ramírez Baca señaló que hace 20 años las carreteras de Chihuahua eran reconocidas a nivel nacional y ahora se encuentran en pésimas condiciones, por lo que actualmente se requiere una inversión de superior a los 3 millones de pesos para las reparaciones.

También refirió que de 59 de las 154 unidades de maquinaria pesada con las que cuenta el estado tienen problemas mecánicos serios, mientras que 63 se encuentran repartidas en los diferentes municipios sin que se cuente con los papeles que respalden por qué están ahí.

Mencionó que en 2016, la Secretaría de Obras estuvo paralizada por la falta de presupuesto para sus programas y aún así fueron contratadas otras 80 personas y se hicieron compras sin ningún orden.


La nueva administración también denunció que encontró diferencias significativas en los inventarios, por lo cual ahora se debe hacer una auditoría mayor en almacenes.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-11-2016/3118142

En Edomex se cometen 562 delitos a diario: México Suma

CIUDAD DE MÉXICO: El dirigente de México Suma, Osmar León Aquino, denunció que en el Estado de México se registran diariamente alrededor de 562 delitos, la mayoría de los cuales han sido denunciados ante el Ministerio Público sin respuestas favorables.

De acuerdo con Xóchitl Arzola, presidenta de Mujeres en Cadena, el homicidio y robo de auto son los principales delitos, pero van en incremento feminicidios y ejecuciones de “justicieros anónimos”.

Según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que reportó 153 mil 902 delitos de enero a septiembre de este año en territorio mexiquense –sin contar la llamada “cifra negra”, es decir, aquellos que no son denunciados–, en el municipio de Ecatepec es donde los ciudadanos se sienten más inseguros, seguido por el oriente de la Ciudad de México; Coatzacoalcos, Veracruz; Acapulco, Guerrero y Villahermosa, Tabasco.

Tanto Arzola como León Aquino refirieron que de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros nueve meses de 2016 se registraron 2 mil 25 homicidios, entre los que destacan 967 por arma de fuego y 209 por arma blanca (sólo en septiembre se contabilizaron 232 asesinatos).

Del total de robos en el periodo señalado se denunciaron 47 mil 260, 23 mil 993 de los cuales fueron con violencia y 23 mil 267 sin violencia, mientras que en el denominado robo común se contabilizaron 47 mil 24.

León Aquino destacó que el robo de auto es el principal delito cometido en la entidad mexiquense. Tan sólo de enero a septiembre se denunciaron 32 mil 746 ilícitos de este tipo, de los cuales 15 mil 58 fue con violencia y el resto sin violencia.

Respecto de los secuestros, 188 fueron denunciados en el periodo antes citado, lo mismo que mil 603 violaciones, lo que habla de al menos seis delitos de este tipo cometidos diariamente.

“En los primeros nueve meses del año han crecido los delitos a bordo del transporte público, y muestra de ello es la ejecución de al menos 28 usuarios y cinco choferes víctimas de asaltantes; sin embargo, suman casi una veintena de delincuentes muertos y/o linchados a manos de pasajeros que optan por hacerse justicia por propia mano y a quienes se les conoce como ‘justicieros anónimos’”, subrayó Arzola Vargas.


En el tema de los feminicidios la cifra es más que preocupante, pues algunos medios de comunicación dan cuenta de más de 230 mujeres asesinadas, incluso en aquellos municipios donde se decretó la Alerta de Violencia de Género.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463497/en-edomex-se-cometen-562-delitos-a-diario-mexico-suma

Alertan por deuda de más de 150 mil mdp que dejará Moreno Valle

PUEBLA, Pue: Además de la deuda por casi 70 mil millones que dejará por la contratación de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), el gobernador panista Rafael Moreno Valle “heredará” a su sucesor un “hoyo financiero” de más de 71 mil millones de pesos, advirtió el catedrático de la Facultad de Economía de la BUAP, Eudoxio Morales.


Además, el economista advirtió que el mandatario poblano dejará otras deudas ocultas a su paso por la administración estatal, como el hecho de haber amortizado la deuda pública en 850 millones de pesos menos de los que autorizó el Congreso, y la deuda que se absorbió por la privatización del agua por mil 800 millones.

“Con esto, la deuda que dejará Moreno Valle suma más de 150 mil millones de pesos, una cantidad nunca antes vista en la historia de ningún gobierno del país”, señaló el académico durante un foro ciudadano para evaluar la administración morenovallista. “Este señor se despachó con la cuchara grande”, sentenció.

También explicó que los más de 71 mil millones de pesos de deuda oculta fueron generados por sobre ejercicios que el mandatario poblano fue acumulando año tras año, luego de que el Congreso le autorizaba una cantidad y su administración se excediera en su ejercicio.

En 2011, el Legislativo aprobó un presupuesto por 52 mil 534.67 millones de pesos, pero el mandatario reportó un gasto por 60 mil 603.61 millones; es decir, gastó 8 mil 68.94 millones adicionales.

En el 2012 se aprobó un presupuesto de 54 mil 497.08 millones, pero al final se ejercieron 64 mil 783.50 millones, es decir, que se excedió en 10 mil 286.43 millones. Para 2013 se autorizaron 58 mil 571.57 millones, pero el gasto final fue de 75 mil 24.87 millones, lo que representó un sobregasto de 16 mil 453.31 millones de pesos.

Igual ocurrió en 2014, cuando se aprobó un presupuesto por 65 mil 946.80 millones de pesos y se gastaron 86 mil 183.57 millones, lo que representó que gastó adicional por 20 mil 236 .77 millones.

En 2015 se le autorizó un gasto de 67 mil 689.26 millones, pero al final ejerció 83 mil 985.78 millones; lo que representa un excedente de 16 mil 296.53 millones; mientras que aún se desconoce cuánto será el sobregiro presupuestal que reporte en este último año de su gestión.

Moreno Valle nos tendría que decir por qué consumó este sobre ejercicio de recursos que fue cada año acumulando y que no están justificado”, reclamó Morales.

Otra práctica común en este sexenio, señaló el académico, es que la administración morenovallista nunca amortizó a la deuda pública las cantidades que reportó al Congreso estatal.

Así, explicó que mientras que el Legislativo le aprobaba determinadas cantidades para pagar deuda pública, al final de cada año, el gobierno de Puebla amortizó cantidades menores, hasta acumular a la fecha 850 millones de pesos que no se sabe qué destino tuvieron.

También indicó que al no estar etiquetados en el presupuesto, esos recursos fueron gastados sin ningún control por el gobierno estatal, en “lo que se le pegó su gana”.

“Porque uno dice cómo es posible que se gaste 100 millones de pesos mensuales en su campaña de imagen –él empezó su campaña por la Presidencia desde hace seis años, aunque hoy la acrecentó más–, pues de todos estos desfalcos que ha venido haciendo, de todos estos hoyos financieros que al final de cuentas vamos a pagar todos los poblanos quién dará respuesta”, planteó el académico.

Morales precisó que en los casi seis años que van del sexenio, Moreno Valle ha ejercido 514 mil millones de pesos que le fueron autorizados vía el Presupuesto de Egresos y por las participaciones de la Federación, a lo que se tiene que sumar la deuda pública reconocida y la oculta.

Aparte, recordó que al firmar un fideicomiso con la empresa Evercore, propiedad de Pedro Aspe Armella, el mandatario poblano comprometió los ingresos que tendrá Puebla por el impuesto de nómina durante los próximos 50 años, lo que en total suma más de 500 mil millones de pesos.

“En estos seis años, Moreno Valle comprometió y ejerció recursos por más de un billón de pesos”, resumió el académico.

“Es un gobernador que ha gastado mucho para lo poco que ha hecho, porque seguimos en tercer lugar en pobreza, seguimos en primer lugar en informalidad, en términos de inseguridad no ha bajado, al contrario ha subido”, acusó. “Hoy la deuda está espantosamente mucho más alta de lo que el gobernador nos ha querido engañar”, declaró.

También mencionó que a su paso por el gobierno de Puebla Moreno Valle dejará las finanzas estatales comprometidas, sin que haya margen para un endeudamiento mayor por los próximos 50 años.

Igual, se quejó en el mismo foro el presidente de la Fundación en Puebla, José Luis Flores, quien acusó al gobierno panista de haber comprometido el patrimonio y los ingresos futuros del estado por varias décadas, sin resolver los altos índices de pobreza, muerte materna e infantil, así como de marginación en el estado.

Incluso estimó que en el actual sexenio se han ejercido alrededor de 442 mil millones de pesos, cifra que es superior al total del gasto que ejercieron los últimos seis gobernadores de esta entidad.

Por ello indicó que la práctica en la que ha incurrido la administración estatal es en no reconocer como deuda los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya determinó que todo pasivo que tengan los entes públicos representa deuda.


Por este sobre endeudamiento, indicó que la Fundación Colosio calcula que los próximos seis gobernadores de Puebla no podrán utilizar los más de 2 mil 500 millones que el estado recauda por el impuesto sobre nómina.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463553/alertan-deuda-150-mil-mdp-dejara-moreno-valle

Indigna a padres de normalistas “narcovínculo” no investigado

CIUDAD DE MÉXICO: La revelación de que el nombre y teléfono de Omar Hamid García Harfuch, relevo de Tomás Zerón de Lucio al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), estaba entre los contactos del presunto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, provocó la movilización de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para exigir a la Procuraduría General de la República una investigación a profundidad.

El miércoles 16, por conducto de sus abogados, los familiares de los jóvenes desaparecidos entregaron un escrito a la Oficina Especial para el Caso Iguala de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, en el que citan el reportaje “Inquietante liga del nuevo titular de la AIC con el caso Ayotzinapa”, publicado en la edición 2089 de Proceso.

El texto revela que en la resolución judicial del juez segundo de Distrito de Procesos Penales del Estado de México –que exculpa a Casarrubias Salgado del delito de delincuencia organizada por falta de pruebas– se enlistan las probanzas presentadas por la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) en su solicitud de orden de formal prisión por delincuencia organizada y portación de armas, entre las que destaca una libreta negra asegurada en octubre de 2014 al supuesto jefe de Guerreros Unidos –organización que, según la versión oficial, mató a los estudiantes.

En dicha libreta se encontraban anotados los nombres y teléfonos de García Harfuch, entonces coordinador estatal de Seguridad Regional de la Policía Federal, y el de Leonardo Vázquez, exsecretario de Seguridad Pública.

De acuerdo con información obtenida por la reportera, ni la libreta ni su contenido fueron hechos del conocimiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el esclarecimiento del caso.

Ante las evidencias, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos expresaron su repudio por el ocultamiento, “lo que podría mostrar que no ha habido buena fe de la PGR en el proceso de asistencia técnica internacional”.

En el escrito, del que tiene copia este semanario, los quejosos advierten que “la información periodística da cuenta de que no sólo hubo fragmentación sino que es un indicio claro de que información relevante fue deliberadamente ocultada al GIEI, aspecto en extremo preocupante en el marco de la asistencia técnica que en el caso brinda la CIDH”.

Dieciocho padres y madres que firman en representación de las otras víctimas indirectas solicitan a la Oficina Especial para el Caso Iguala la realización de 13 diligencias, entre ellas dar fe del artículo publicado en Proceso; solicitar al Juzgado Segundo de Distrito copias certificadas de las resoluciones a favor de Sidronio Casarrubias, “incluyendo aquélla a que se refiere la nota de prensa mencionada”; y que solicite a la SEIDO que “le ponga a la vista el cuaderno que de acuerdo con la nota referida” le fue asegurado a Casarrubias, “a efecto de que sea personal de esta oficina la que dé fe de dicho cuaderno, junto con su respectiva cadena de custodia y cualquier otra prueba pericial que haya sido ordenada y desahogada respecto de dicha libreta”.

Asimismo, los padres de los 43 desaparecidos piden a la oficina especial que se le pida al titular de la Unidad Especializada en Delitos en Materia de Secuestros de la SEIDO “que remita copias certificadas de la averiguación previa iniciada por la detención en flagrancia de Casarrubias, incluyendo la puesta a disposición, su inicial declaración ministerial y ampliaciones si las hubiere, fe ministerial de los objetos que le hayan sido asegurados, las certificaciones médicas correspondientes, entre otros”, así como una relación de todas las averiguaciones previas iniciadas en esa dependencia contra el supuesto dirigente de Guerreros Unidos y otros así identificados, así como al resto de las personas vinculadas a esos hechos y “un listado de los objetos que les hayan sido asegurados”, además de incluir las averiguaciones previas en las que se menciona la colusión con autoridades.

Para evitar el ocultamiento de datos, los padres y madres pidieron “índices analíticos detallados de la indagatoria para que sean puestos a la vista de la coadyuvancia y de la CIDH por medio del Mecanismo de Seguimiento”.

Solicitan la ampliación de declaraciones de Omar García Harfuch, Leonardo Octavio Vázquez y Sidronio Casarrubias, en presencia de la CIDH y de la coadyuvancia, para que abunden sobre la relación entre ellos; así como información de telefonía sobre los números de la libreta correspondientes a los funcionarios, cuyo patrimonio piden indagar.

Los padres consideran indispensable que se tomen declaraciones de los funcionarios que formaron parte del Grupo de Coordinación Guerrero durante 2014, cuando participaron en él García Harfuch y Vázquez Pérez, así como la documentación, minutas y comunicaciones entre sí, “a efecto de que se deslinden las responsabilidades respectivas”.

Piden que la oficina para el caso Iguala dé vista a la Visitaduría General por “las irregularidades en que pudo incurrir personal de esta institución al haber ocultado tanto al GIEI, designado por la CIDH para brindar asistencia técnica, como incluso a esta Oficina de Investigación, la existencia de la libreta asegurada en el momento de la detención de Casarrubias Salgado”.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

LINK: http://www.proceso.com.mx/463437/indigna-a-padres-normalistas-narcovinculo-investigado

Hay "suficientes" pruebas contra Padrés: PGR

Ciudad de México. La Procuraduría General de la República (PGR) señaló que ha aportado los elementos de prueba suficientes para que autoridades judiciales dictaran autos de formal prisión en contra del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien está acusado de los delitos de defraudación fiscal, operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Peso se mantiene en 20 unidades por dólar por incertidumbre en EU

El peso se negociaba en 20.74 por dólar, con una baja del 0.86 por ciento, ó 17.45 centavos, frente a los 20.2755 pesos del precio de referencia del martes.

El peso mexicano se depreciaba el miércoles en un mercado con movimientos volátiles por la incertidumbre en torno a los efectos que podrían tener las políticas económicas prometidas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

La moneda local también caía frente al dólar, tras dos jornadas de ganancias, ante expectativas de que la Reserva Federal podría incrementar la tasa referencial a un ritmo más acelerado que el previsto recientemente.

El peso se negociaba en 20.74 por dólar, con una baja del 0.86 por ciento, ó 17.45 centavos, frente a los 20.2755 pesos del precio de referencia del martes.

Momentos antes, llegó a perder hasta las 20.532 unidades por divisa estadounidense.

El dólar estadunidense registra este miércoles un precio promedio de 20.13 pesos a la venta y 19.17 pesos a la compra, en las casas de cambio del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (AICM).

La moneda extranjera se ofrece en un máximo de 20.45 pesos y se adquiere en un mínimo de 19.00 pesos en la terminal aérea de la capital del país.

Por su parte, el euro se vende hasta en 22.95 pesos y se compra en una menor cotización de 21.00 pesos, en los mismos centros cambiarios ubicados en la Ciudad de México.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores perdía el miércoles ante expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos podría elevar las tasas de interés a un ritmo más acelerado que el previsto recientemente, y en medio de la incertidumbre en torno a las políticas que emprenderá Donald Trump.


El Índice de Precios y Cotizaciones, que agrupa a las acciones más líquidas, bajaba un 0.11 por ciento a 44,972.33 puntos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1611/mexico/peso-se-mantiene-en-20-unidades-por-dolar-por-incertidumbre-en-eu/

Narcos presos en el Altiplano promueven amparos por sus derechos

CIUDAD DE MÉXICO: Narcotraficantes como Héctor El Güero Palma; Miguel Treviño Morales, El Z-40, y Servando Gómez Martínez, La Tuta, presentaron demandas de amparo para que se les restituyan sus derechos en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, donde se encuentran recluidos.

Luego de las medidas que se implementaron para restringir la cantidad de visitas que reciben los internos y regular el acceso de sus abogados, los narcos señalados promovieron juicios de garantías junto con Mario Cárdenas Guillén; Héctor Beltrán Leyva, El H; Édgar Coronel Aispuro, y Orso Iván Gastélum, El Cholo Iván, entre otros.

El Z-40 fue uno de los primeros en inconformarse con los cambios administrativos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, de acuerdo con una nota difundida por el portal del semanario Zeta.

En su escrito, Treviño Morales se quejó de “las órdenes y/o escritas para que se restrinja la visita íntima con mi concubina”, presuntamente giradas por el Comité Técnico del establecimiento carcelario.

Según la información, el exlíder de Los Zetas señaló en el capítulo de antecedentes de su demanda: “Personal de seguridad del Centro Federal donde me encuentro interno me informó que mi visita íntima ya no sería cada 15 días; al preguntar la razón de lo anterior, sólo me manifestaron que ‘eran las órdenes que tenían’”.

Treviño Morales amplió los actos reclamados en lo que se refiere a la negativa de las autoridades de permitir el acceso a sus defensores. Esta moción fue secundada en otro juicio de amparo por María Cruz Santana en representación de Héctor Manuel Beltrán Leyva, quien señala que sufre de incomunicación, segregación y tortura psicológica.

Norma Maya hizo lo propio en nombre del exlíder de la organización criminal Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, por los mismos actos reclamados y el cambio de temporalidad de su visita familiar e íntima.

El exlíder del Cártel de Sinaloa, Jesús Héctor El Güero Palma Salazar, calificó como “actos de tortura e incomunicación” el hecho de que las autoridades penitenciarias no le permitan entrevistarse con sus defensores, mientras que Mario Cárdenas Guillén, del Cártel del Golfo, asegura que además de que le fueron canceladas las visitas periódicas de sus abogados, fue segregado en una celda de castigo donde permanece 24 horas diarias.

Por su parte, El Cholo Iván y Édgar Coronel Aispuro –preso por coordinar la fuga de esa misma prisión de su cuñado Joaquín El Chapo Guzmán– agregaron a sus reclamos: “La restricción de hacer uso del área de comedor, discriminación, trato desigual, restricción de realizar actividades deportivas, segregación, tortura psicológica y malos tratos”.

El líder del Cártel Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, El Gil, detenido por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, y el sicario Esteban Ortiz Coronel, sumaron otros actos, como la prohibición de que asistan a actividades o servicios de ludoterapia, dibujo, literatura, biblioteca y educación física. Además denunciaron el despojo de sus televisores, eliminador de corriente y audífonos.

La demanda presentada por Rosario Guadalupe Almada en representación de Jesús Alfredo Salazar Ramírez El Pelos, exintegrante del Cártel de Sinaloa en el estado de Sonora, refiere que, en su caso, es obligado “a comer alimentos fuera del comedor y en los límites de esa estancia en condiciones insalubres”.

Otros reos que promovieron amparos en el penal del Altiplano derivados de estas presuntas violaciones a sus derechos por parte de directivos del establecimiento y del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) son Marcelino Ticante Castro, Alejandro Yocupicio Castro, Jorge Alejandro Bañales Picazo y Andrés Martínez Alcázar.

Los jueces que conocieron de los diversos juicios de amparo otorgaron la “suspensión de plano” a los quejosos para que cesen de inmediato los actos reclamados, sobre todo aquellos que tengan como propósito incomunicarlos de su familia y sus defensores sin que existan motivos para ello.


Según la nota de Zeta, los tribunales federales en el Estado de México prevén un número mayor de demandas de amparo en las próximas horas, sobre todo de los reclusos del “Altiplano” que se encuentran en el Centro de Observación y Clasificación (COC) y “Tratamientos Especiales”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462903/narcos-presos-en-altiplano-promueven-amparos-sus-derechos

Cesan a mando de la Policía Federal acusado de excesos

CIUDAD DE MÉXICO: Carlos Alfonso Tornero Salinas fue nombrado titular de la División de Fuerzas Federales de la PF, y con ello sustituye en el cargo al general Salvador Camacho Aguirre.


Camacho Aguirre fue cesado tras la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por encabezar operativos en los que se denunciaron excesos, tal es el caso del efectuado en Tanhuato, Michoacán, y recientemente en Nochixtlán, Oaxaca.

A las múltiples violaciones cometidas por los agentes federales en estas dos regiones se suma la queja por los cateos efectuados sin orden judicial en Tecámac, Estado de México.

Por la mañana de este miércoles, la agencia Quadratín difundió que el general ya había desocupado sus oficinas en el Centro de Mando de Iztapalapa en la Ciudad de México, dato que se confirmó hasta el mediodía, cuando la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) dio a conocer el nombramiento de Tornero Salinas como nuevo titular de la División de Fuerzas Federales de la PF.

Según la CNS, Tornero Salinas es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en Ciencias Forenses y es licenciado en Seguridad Pública por el Instituto para la Formación de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, con la especialidad en policiólogo criminalista.

Cuenta con 35 años de experiencia en distintos cargos en materia de seguridad pública, de los cuales siete años ha prestado sus servicios en la PF, donde ha ocupado puestos de mando como coordinador estatal de la Policía Federal en Yucatán, además de otros cargos directivos en las Divisiones de Seguridad Regional, Gendarmería y la Oficina del Comisionado General.

Buena parte de su trayectoria la realizó en diversas dependencias del estado de Guanajuato: fue director general de los institutos de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia y los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado, así como director de la Policía Municipal de León.

También fue director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Querétaro.

Tornero Salinas también se caracteriza por su cercanía con el comisionado general de la PF, Manelich Castilla Craviotto, con quien compartió cursos de especialización en Gerencia del Servicio por la Policía Nacional de Colombia, además de haber participado en un Seminario para Ejecutivos Policiales por el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) y completó el Curso de Liderazgo Ejecutivo por la Real Policía Montada de Canadá.

De acuerdo con el comunicado de la CNS, Tornero Salinas cuenta con experiencia como catedrático y asesor en temas de seguridad, entre ellos combate al crimen organizado, prevención del delito o justicia penal, además de estrategia y logística en universidades de los estados de Puebla y Guanajuato.

Sin embargo, Tornero Salinas asume el cargo con el pendiente de sancionar a los mandos policiacos que, como el general Salvador Camacho Aguirre y el mismo Manelich Castilla Craviotto, estuvieron involucrados en violaciones a los derechos humanos en diversos operativos.

El pasado 18 de agosto la CNDH determinó que en Tanhuato la PF cometió graves violaciones a los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza, la siembra de armas de fuego a cadáveres y la falsedad en los informes sobre los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el rancho del Sol, donde 42 civiles y un policía perdieron la vida.

En la recomendación 4VG/2016, la CNDH indicó que como resultado de la investigación realizada por ese organismo, con sustento en pruebas técnicas y científicas, se acreditaron hechos que implican violaciones graves a derechos humanos atribuidos a servidores públicos de la PF, además de otras violaciones “no graves” imputadas a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Michoacán.

De acuerdo con el ombudsman nacional, se violó el derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza, que derivó en la “ejecución arbitraria” de 22 civiles y la muerte de cuatro personas.

También se cometieron violaciones a la integridad personal, legalidad y seguridad jurídica por los actos de tortura cometidos en agravio de dos de los detenidos, y por el uso excesivo de la fuerza que derivó en un trato cruel, inhumano y degradante contra una de las personas.


El 19 de junio de este año la División de Gendarmería, al mando en ese entonces de Manelich Castilla, fue cuestionada al colocarse en el centro de las investigaciones por los disparos de la PF en el enfrentamiento con civiles, en un intento por desalojar a integrantes de la CNTE.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462848/cesan-a-mando-la-policia-federal-acusado-excesos

Sigue marcaje personal sobre familiares de Javier Duarte

XALAPA, Ver: Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Procuraduría General de la República (PGR) continúan con el marcaje personal a los suegros del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, en el sur de Coatzacoalcos.


A través de sus abogados, Antonio Tony Macías y su esposa María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, padres de Karime Macías de Duarte, lograron un amparo indirecto (1191/2016) –en poder del reportero– en el que piden la intervención de la justicia federal, alegando “actos de intimidación y tortura psicológica” por la “vigilancia fija” de los elementos de la PGR.

Los apoderados legales de los suegros de Duarte realizaron este miércoles una inspección en la calle de Puebla número 401, de la colonia Petrolera, una de las zonas residenciales de Coatzacoalcos, para mantener el marcaje personal en el domicilio de Antonio Macías Yazegey.


El 20 de octubre pasado, el propio Macías Yazegey y su cónyuge tramitaron amparos ante el Juzgado Noveno del Circuito del Poder Judicial de la Federación para evitar ser detenidos por una autoridad ministerial local o federal, pero también para no ser impedidos de viajar fuera del país.

El amparo de la familia Macías Tubilla fue exhibido en la lista de estrados y en la página electrónica de la Dirección de Estadística del Poder Judicial de la Federación, y difundido también por el columnista de Informe Rojo, Mussio Cárdenas; a partir de ahí, el recurso otorgado se volvió viral en redes sociales.

El Juzgado Noveno asignó los números de expediente 1167/2016 y 1168/2016, donde al calce se reclaman actos específicos: “La orden de alerta migratoria que pretenden ejecutar en mi contra limitando mi libertad de tránsito, deambulatorio y a la libertad personal sin orden judicial y sin haber sido oído y vencido en juicio”.

Desde hace casi un mes, el exgobernador y varios de sus colaboradores se encuentran prófugos de la justicia –acusados de delincuencia organizada, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de funciones–, luego de ocasionar un quebranto patrimonial global de 180 mil millones de pesos, equivalentes casi a dos ejercicios fiscales anuales en el Estado.


Al día de hoy, varios familiares y amigos de Duarte continúan siendo investigados por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462884/sigue-marcaje-personal-familiares-javier-duarte

Las 11 medidas de la SRE para mexicanos residentes en EU

La Cancillería informó de las acciones de deben tomar en cuenta los connacionales para que cuenten con información y orientación oportuna que les evite ser víctimas de abusos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha hecho del conocimiento público las 11 acciones que se tomarán para dar atención a los mexicanos que residen en Estados Unidos, el principal objetivo es que cuenten con información y orientación oportuna que les evite ser víctimas de abusos y fraudes ante el panorama venidero en la era de Donald Trump.

1. Se difundirá a través de la embajada y los 50 consulados en Estados Unidos Centro de Información de Atención a Mexicanos (CIAM).

2. Se habilitará un número telefónico gratuito en Estados Unidos, que se ofrece como primer punto de contacto con el gobierno mexicano para quien requiera asistencia, información y protección consular.

3. Se activará una línea directa (1800) para atender dudas sobre medidas migratorias o reportar incidentes, el servicio se brindará 24 horas.

4. Se ha creado la aplicación gratuita MiConsulmex, la cual se dará a conocer en la comunidad mexicana en la Unión American, y se fomentará el uso para acceder a información relevante y de actualidad sobre migración. Además de datos de contacto de los consulados y prestadores de servicios migratorios.

5. Se aumentará la presencia de consulados móviles y sobre ruedas, para ofrecer servicios integrales de protección y documentación a más personas en sus comunidades.

6. Se incrementarán las citas para realizar trámites de matrícula consular, pasaportes y actas de nacimiento con el propósito de que todos los mexicanos cuenten con los documentos pertinentes de identidad.

7. Se intensificará la campaña de promoción de registro y expedición de actas de nacimiento de hijos de nacionales mexicanos nacidos en Estados Unidos.

8. También se extenderán los horarios de servicio en los departamentos de protección de los consulados, para atender un mayor número de casos.

9. Se acelerarán la apertura de Ventanillas de Asesoría Financiera y fortalecerán la campaña de bancarización en toda la red consular y reforzarán el diálogo con autoridades estatales y locales.

10. Se estrechará la relación con organizaciones de derechos civiles.

11. Adicionalmente, se hizo un llamado a las comunidades a evitar toda situación de conflicto y no incurrir en acciones que puedan derivar en sanciones administrativas o penales.


Las medidas anunciadas por la Secretaria de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, responden a la reciente elección del republicano Donald Trump como presidente de Estados Unidos y con objeto de fortalecer la protección de los ciudadanos mexicanos que radican en Estados Unidos, que podrían ser deportados a la República como promesa de campaña del magnate.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1611/mexico/las-11-medidas-de-la-sre-para-mexicanos-residentes-en-eu/

Encuentran embolsado a regidor tabasqueño que secuestraron en Jalisco

El fiscal de Tabasco descartó que Laires Carrera Pérez tuviera algún tiro de gracia y comentó que las autoridades recogieron su cadáver en Nayarit.

El cuerpo sin vida del regidor de Centro, Tabasco, Laires Carrera Pérez, fue encontrado envuelto en una bolsa en el municipio de Compostela, Nayarit, después de ser secuestrado en Jalisco, informó el fiscal de Tabasco Fernando Valenzuela.

“El cuerpo estaba embolsado en un vehículo tipo jeep color gris, portaba una pulsera de un hotel cuya razón social es ‘Canto del sol’, que se ubica en Plaza Vallarta, y desafortunadamente coincide con la misma habitación 82-62 donde estuvo él registrado”, dijo el fiscal en el programa Telereportaje.

El funcionario detalló que las investigaciones se encuentran a cargo de la Fiscalía de Jalisco y cuentan con el apoyo de las autoridades de Tabasco y Nayarit.

“En principio me confirman que el cuerpo permanece en el Semefo de Tepic, Nayarit. Hace 15 minutos me dicen que no tienen datos de que haya habido reconocimiento por parte de la esposa, sin embargo, desafortunadamente, la huella de su cartilla militar fue confrontada con la huella del cuerpo y a los peritos en dactiloscopía de Nayarit les arroja un similitud por lo que hace a esa huella del 100 por ciento“, detalló.

Asimismo, el fiscal dijo que fueron comparadas fotografías del cadáver con imágenes del regidor Carrera Pérez, las cuales coinciden en un 80 por ciento, según el perito dibujante.


Valenzuela descartó que Laires Carrera Pérez tuviera algún tiro de gracia y comentó que las autoridades recogieron su cadáver hacia las 12:30 horas, en la localidad Miravillas del municipio de Compostela.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1611/mexico/encuentran-embolsado-a-regidor-tabasqueno-que-secuestraron-en-jalisco/

Hasta la Conade demanda al gobierno de Duarte; ejerció mil 263 mdp en conceptos no autorizados

CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) inició una demanda civil contra el gobierno del estado de Veracruz y el Instituto del Deporte Veracruzano (IVD) para reclamar el reintegro de mil 263 millones de pesos por no haber ejercido esos recursos federales de acuerdo a los convenios firmados.

Entre julio de 2012 y octubre de 2014, la Conade y el gobierno de Javier Duarte firmaron una serie de convenios mediante los cuales la federación transfirió recursos para la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en noviembre de 2014.

La demanda se desahoga en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y reclama la devolución a la Tesorería de la Federación las siguientes cantidades: 100 millones de pesos (convenio firmado el 23 de  julio de 2012), 63.3 millones de pesos (31 de julio de 2012), 400 millones de pesos (1 de abril de 2014), otros 400 millones (14 de mayo de 2014) y 300 millones (16 de octubre de 2014).

En cada uno de estos montos, además, la Conade exige el pago de los rendimientos y cargas financieras que dichos recursos hayan generado a partir de las fechas en las que ingresaron a las arcas de Veracruz y hasta que reintegren el dinero.

Para todos los casos, la Conade alega la rescisión de dichos convenios “por el incumplimiento a las obligaciones pactadas”, toda vez que esos recursos federales no se utilizaron en los conceptos autorizados en los anexos técnicos correspondientes.

Además, “por no publicar los requisitos de transparencia para la aplicación de los recursos” y “por no cumplir con las reglas de licitaciones y contrataciones”.

En el IVD la demanda fue recibida el pasado 4 de noviembre.


Las partes demandadas deberán contestar la demanda a más tardar el próximo 15 de diciembre.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BEATRIZ PEREYRA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462880/hasta-conade-demanda-a-gobierno-duarte-ejeercio-mil-263-mdp-en-conceptos-no-autorizados

Ante la CIDH, padres de los 43 implican a García Harfuch con Guerreros Unidos

CIUDAD DE MÉXICO: Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos formalizaron su exigencia de investigar al director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Omar Hamid García Harfuch, y notificaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la posible implicación del funcionario con uno de los líderes del cártel de Guerreros Unidos, al que la Procuraduría General de la República (PGR) atribuye los hechos.


En conferencia de prensa afuera de las instalaciones de la PGR, reprobaron el ocultamiento de pruebas al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la misma oficina especial para el caso Iguala de la dependencia.

A través de sus representantes legales, los padres de los estudiantes entregaron un escrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, a la que está adscrita la oficina especial, en la que hacen referencia al reportaje publicado en Proceso en su edición 2089, en el que se da cuenta de que el nombre y teléfono de García Harfuch, aparece como contacto de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, en una libreta negra que le fue asegurada durante su detención en octubre de 2014.

En esa misma libreta está inscrito el nombre y teléfono de quien fuera secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Vázquez, por lo que los padres exigen que también sea investigado.

“¿Cómo es posible que nos hayan tenido engañados durante dos años, el gobierno y Arely Gómez (exprocuradora)? ¿Cómo es posible que nos hayan ocultado que esos funcionarios tenían nexos con el narcotráfico?”, cuestionó Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.

Indignado, exigió que se investigue a García Harfuch y a Vázquez y “que se haga una revisión de la telefonía”, ante la evidencia de la existencia de vínculos entre los funcionarios con Casarrubias.

Carmelita Cruz Mendoza, madre de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, se preguntó “¿qué más han estado ocultado?” las autoridades federales, no sólo a los padres de familia sino al GIEI.

“¿Cómo pueden explicar que esos nombres estuvieran en una libreta de Sidronio Casarrubias? ¿Cómo es posible que les den puestos en vez de investigar y sancionar? No hay duda de que el gobierno está bien coludido con los delincuentes”, consideró.

Al recordar que el motivo del rompimiento de los familiares con la PGR se debió a la falta de información sobre la investigación que se siguió al extitular de la AIC, Tomás Zerón de Lucio, Hilda Hernández,  madre de César Manuel González, exigió a las autoridades que “no se pongan obstáculos al Mecanismo de Seguimiento de la CIDH”.

La libreta

Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), llamó a las autoridades federales, “empezando por el presidente Enrique Peña Nieto, a no minimizar (lo publicado por Proceso). Resulta grave que el nombre de un funcionario aparezca como contacto de uno de los criminales más peligrosos de México, como ha nombrado la PGR a Sidronio Casarrubias. Pero más grave aún, que ese funcionario sea ahora el responsable de la AIC”.

El abogado señaló que han solicitado que García Harfuch, el exsecretario Vázquez Pérez y el mismo Sidronio Casarrubias sean interrogados sobre el contenido de la libreta.

Al señalar que por el momento sólo exigen la investigación, tanto de García Harfuch como de Leonardo Vázquez, para que expliquen por qué sus nombres aparecen en documentos decomisados a  Casarrubias, Rosales puntualizó que la situación es más preocupante “que se haya ocultado la existencia de la libreta al GIEI y a lo Oficina especial del caso, es decir, ni siquiera conoció esa libreta en la que aparecen como contactos, no conoció el expediente de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), ni la causa ni el auto de formal prisión en donde se da cuenta de la libreta”.

Rosales insistió en que “ni la PGR ni la Secretaría de Gobernación ni mucho menos el presidente, deben restar importancia a la gran revelación, que ya ha impactado la investigación por la desaparición de los 43, al ocultar las pruebas que podrían dar con el paradero de los compañeros”.

Como responsable de la Policía Federal en Guerrero durante la desaparición de los 43, Rosales Sierra consideró que García Harfuch tiene que explicar por qué la dependencia “en lugar de tomar medidas de protección para los estudiantes, se dedicó a desviar el tráfico hacia Iguala o por qué había presencia de elementos en el Palacio de Justicia donde fueron bajados los estudiantes de uno de los camiones y por qué aparece como gente de confianza de uno de los criminales más peligrosos del país”.

Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), explicó que en la solicitud de diligencias, se demandó a la Oficina especial que se investigue a García Harfuch y a Vázquez, “en materia de telefonía así como su situación patrimonial, ante los indicios de la vinculación con la delincuencia organizada”.

A la Oficina especial, agregó, le solicitaron “dar fe de la existencia de esta libreta, que pueda acceder a todas las diligencias relacionadas con la detención y primeras declaraciones de Sidronio Casarrubias y que se permita acceder a todas las averiguaciones previas en contra de esta persona”.

Al conocerse que, tanto la libreta como la documentación en la que se da cuenta de ella se ocultó al GIEI, Aguirre apuntó que ello “evidencia que los expertos no contaron con las condiciones óptimas para realizar su trabajo, cuyo objetivo era contribuir a la localización de los normalistas”.

El abogado informó que este miércoles, la representación de los padres envió a la CIDH “una comunicación con el acuse de recibido de la PGR, pidiéndole que requiera al Estado la información, que coadyuve en las diligencias que se van a abrir a partir de revelación de la existencia de esta libreta, y tercero, que inste al Estado a que acredite la buena fe de asistencia técnica”.


La revelación de Proceso, puntualizó, “muestra que al GIEI le fueron ocultadas evidencias relevantes y debe garantizarse que esto no se repita en la nueva fase del mecanismo de seguimiento”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462843/ante-la-cidh-padres-los-43-implican-a-garcia-harfuch-guerreros-unidos

La sentencia contra Aristegui, castigo a la opinión

Especialistas en derecho a la información señalan que la sentencia del Juzgado Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México contra Carmen Aristegui por un “exceso en su libertad de expresión” en agravio del “honor y prestigio” del dueño de MVS, Joaquín Vargas, se basa en un error jurídico. Sin embargo, advierten que también se está utilizando el Poder Judicial para inhibir las críticas hacia las personas públicas que tengan recursos para demandar a periodistas y medios de comunicación.

CIUDAD DE MÉXICO: El 28 de octubre de este año el juez quincuagésimo séptimo de lo Civil, Odilón Centeno Rendón, dictó sentencia en contra de la periodista Carmen Aristegui, a quien acusó de “excederse en su libertad de expresión y de información causando un daño a los derechos de personalidad, honor y prestigio” del presidente del Grupo MVS, Joaquín Vargas Guajardo, en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto.

La sentencia concluyó que Aristegui causó “un daño en el patrimonio moral” de Joaquín Vargas y condenó a la exdirectora de la Primera Emisión de MVS Noticias a publicar y divulgar “un extracto del presente fallo” en “todas y cada una de las ediciones y publicaciones subsecuentes” del libro editado por Penguin Random House.

Consultados por Proceso, los especialistas Alfredo Figueroa, exconsejero electoral, y Leopoldo Maldonado, de la organización Artículo 19, consideran que esta sentencia configura una “violencia institucional” no sólo contra Aristegui, sino contra todo aquel periodista que critique a políticos o personajes con proyección pública, como es el caso del propio Joaquín Vargas, además de que el juez capitalino va en contra de los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de “daño moral”, “real malicia” y “derecho a la intimidad”, confundiendo deliberadamente estos términos.

Entre los argumentos que el juez Centeno dio como válidos para considerar que Aristegui dañaba el patrimonio moral de Vargas relató que la periodista opinó que el presidente de MVS aceptó “el papel de instrumento para asestar una puñalada por cobardía”, que se “derrumbó moralmente”, que “sucumbió a presiones del poder” y que a cambio del despido de ella y de su equipo de MVS obtuvo fallos favorables en el litigio que tenía con Televisa por el tema del must carry y del must offer, y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes relativos a sus concesiones en la banda de 2.5 Ghz.

El juez calificó de “falsos” los argumentos de que los fallos a favor del must carry y del must offer tuvieran relación con el despido de Aristegui, ocurrido en marzo de 2015, porque “dicho beneficio no fue concedido mediante sentencia alguna, sino con motivo de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, por virtud del cual los concesionarios de televisión abierta se encuentran obligados a permitir de manera gratuita a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de su señal”.

El juez afirmó que el contenido del artículo octavo transitorio garantiza el must carry y el must offer. Sin embargo, pasó por alto que en su texto Carmen Aristegui no hacía referencia a la reforma constitucional de telecomunicaciones, sino a dos fallos favorables a MVS, el 96/2015 y el 103/2015, emitidos el 17 y 18 de septiembre de 2015, seis meses después de su despido, donde se sobresee el litigio de Grupo Televisa contra MVS y se favorece la petición de prórroga al uso de la banda 2.5 Ghz para telecomunicaciones.

El prólogo de Carmen Aristegui señala textualmente:

“Es insoslayable el hecho de que el 17 y 18 de septiembre de 2015, MVS obtuvo de forma expedita por parte de un tribunal federal dos fallos favorables en asuntos que estuvieron largamente en litigio: el must carry-must offer (que obliga a Televisa a permitir la retransmisión gratuita de su señal por otras empresas, entre ellas Dish, filial de MVS), así como la concesión de una prórroga al uso de la banda 2.5 Ghz”.

En ese párrafo, Aristegui recuerda la conferencia de prensa del 15 de agosto de 2012, cuando el propio Vargas denunció y documentó las presiones que recibió en 2011 del entonces presidente de la República, Felipe Calderón, del secretario del Trabajo, Javier Lozano, y de la vocera de Los Pinos, Alejandra Sota, para que no recontratara a Carmen Aristegui a cambio de que refrendaran las concesiones de la banda 2.5 Ghz (Proceso publicó esa conferencia en su edición 1868).

El desplegado de Vargas

Aun cuando la sentencia del juez Centeno no es definitiva y puede ser apelable por Aristegui y Random House, así como sujeta al juicio de amparo ante la SCJN, el pasado lunes 7 el presidente de MVS pagó en varios medios impresos nacionales un desplegado que tituló: “Aristegui mintió”.

Esa publicación se basó en las “partes esenciales” de la sentencia dictada por el juez de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Según Vargas, la sentencia determina:

“1.- Que los términos utilizados por Carmen Aristegui en su prólogo del libro para referirse a mí, no tienen el propósito de informar, sino el claro afán de desprestigiarme, produciendo con ello un agravio a mi honor, al atribuirme falsas conductas que por supuesto nunca fueron probadas, configurándose así un hecho ilícito.

“2.- Que los argumentos utilizados por Carmen Aristegui en el prólogo no se ajustan a la realidad, además de que no tienen referencia con el contenido del libro o de la información periodística, ya que su fin fue exhibir o dirimir los conflictos personales que la periodista tiene en mi contra.

“3.- Que Carmen Aristegui excedió su libertad de expresión y de información causando un daño a los derechos de personalidad, honor y prestigio a mi persona, en sus apreciaciones contenidas en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto.

“4.- Que lo expresado por Carmen Aristegui en mi contra es una mentira, pues en ningún momento ofreció pruebas para acreditar lo dicho en el prólogo de este libro.”

El presidente de MVS Comunicaciones justificó la publicación de este desplegado señalando que “las credenciales y el amplio reconocimiento público de Carmen Aristegui no le dan derecho a mentir y difamar sin consecuencias”.

Vargas escaló desde junio de este año su conflicto con Aristegui y con Penguin Random House al demandar a la periodista por presunto daño moral y le exigió al grupo editor la desaparición del prólogo de 43 páginas del libro La Casa Blanca de Peña Nieto.

Aristegui y la editorial fueron notificadas de la demanda por daño moral el pasado 29 de mayo, pero ésta se conoció públicamente el 21 de julio, cuatro días después de que el presidente Enrique Peña Nieto pidiera “perdón, con toda humildad”, admitiendo que “en noviembre de 2014 la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación”.

Después que la oficina de comunicación de MVS difundió el pasado lunes 7 de noviembre el contenido de la sentencia del juez Centeno, tanto el equipo jurídico de Aristegui como el de la editorial tuvieron encuentros para definir una estrategia conjunta.

“Aristegui cuenta con el apoyo total de la editorial”, subrayaron Ricardo Cayuela y Ariel Rosales, director y editor de Penguin Random House, quienes destacaron que en su momento darán a conocer públicamente la estrategia que seguirán los abogados de ambas partes.

Resolución “vergonzosa e indignante”

Tras realizar un exhaustivo análisis de la sentencia y de sus contradicciones, el exconsejero del Instituto Federal Electoral y especialista en temas de derecho a la información Alfredo Figueroa indica en entrevista que el documento de “su señoría” contiene “aspectos que deben ser calificados como vergonzosos e indignantes, no sólo porque es contraria a la libertad de expresión y desapegada a los precedentes fijados por la Suprema Corte, sino porque procede de la admisión de elementos de prueba inexplicables y absurdos”.

Subraya que esta sentencia “dista de cumplir con los estándares requeridos para acreditar el daño al honor o a la vida privada, que nacional e internacionalmente se han construido y consensuado”, además de que “al final se establecen contradicciones que impiden arribar a las conclusiones que inexplicablemente el juez ofrece”.

Para el abogado, la sentencia establece un falso conflicto entre la libertad de expresión y el derecho a la información contra el derecho a la intimidad. “Esto es una tontería. No se puede confundir el derecho al honor con el derecho a la intimidad como lo hace el juez”, enfatiza.

Un segundo aspecto, explica Figueroa, es que en el prólogo Aristegui no daña el honor sino que, al contrario, indica, “hace un amplio reconocimiento al prestigio que antes de su despido tenía la familia Vargas. Ella se pregunta: ¿por qué un personaje que enfrentó al poder antes toma una decisión así?

“No hay un solo párrafo en el prólogo que dañe el derecho a la intimidad de Joaquín Vargas. En todo caso, es contra el honor, pero no contra la intimidad, y el juez ahí confunde los términos.”

Añade que el juez Centeno también confunde la doctrina de la “real malicia”, que sólo se aplica a personas públicas, como Joaquín Vargas, y en contra de violaciones al derecho al honor, no al derecho a la intimidad.

Para Alfredo Figueroa, el núcleo de la argumentación del juez es confundir deliberadamente el artículo octavo transitorio de la reforma de telecomunicaciones de 2013, que permitió el must offer y el must carry, con el sobreseimiento de dos causas para favorecer los intereses de MVS, el 17 y 18 de septiembre de 2015.

“Es incomprensible que el juez haya pasado por alto este sobreseimiento. Está en la propia página del Consejo de la Judicatura en relación con los amparos 96/2015 y 103/2015. Aristegui dice que estos sobreseimientos forman parte de la razón de su despido, no la reforma constitucional”, remarca.

Para concluir, Figueroa reflexiona sobre las dimensiones de esta sentencia, que van más allá del personaje público que es Aristegui:

“Toda esta sentencia es una caricatura de interpretación sobre la real malicia. El juez distorsiona el concepto y es riesgoso porque, si se aplica, entonces nadie podría publicar su opinión en un prólogo y esto va en contra del derecho al desacuerdo.

“Lo que estamos defendiendo es el derecho que todos tenemos a opinar sobre algo que es de interés público, como es el caso del despido de Carmen Aristegui, vinculado al escándalo de la Casa Blanca.”

–¿Qué necesidad hay de emitir una sentencia tan mala? –se le cuestiona.

–Lo que quisieron hacer es regalarle a Joaquín Vargas la frase “Aristegui miente” para que la pudiera publicar en un desplegado y restarle credibilidad a la periodista. Es indignante que un juez se preste a eso. ¿Realmente cree Joaquín Vargas que una sentencia de este tipo lo va a restituir en su honor? No hay los mínimos requeridos de objetividad e imparcialidad. Es una sentencia plagada de errores técnicos, profesionales, parcial, incompetente.

“Tendencia peligrosa”

Leopoldo Maldonado, responsable del Programa de Defensa y Protección a Periodistas de Artículo 19, coincide con Figueroa al destacar que el juez se equivoca porque considera que Joaquín Vargas, “al ser una persona pública, necesita una mayor protección a su honor y a su intimidad. Este asunto no tiene nada que ver con vida privada”.

El juez “nunca tomó en cuenta que el prólogo de Aristegui es una opinión y no un reportaje. Ahí puedes someter a las pruebas de veracidad o falsedad porque es el punto de vista de la autora. Está utilizando de manera poco responsable el término ‘vejatorio’. El juez sólo establece criterios subjetivos. Se extralimita en su sentencia y va en contra de lo que ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia”.

Abunda: “El juez dice que este no es un asunto de interés público sino de conflicto privado. Es sumamente disparatado decir que el despido de Carmen Aristegui no sea de interés público”.

El defensor de Artículo 19 advierte que ya la demanda por daño moral interpuesta desde mayo por Joaquín Vargas y la sentencia del juez capitalino constituyen un ejemplo para “inhibir la libertad de expresión”, pues “tienen un efecto disuasivo y de ley mordaza. Los procesos judiciales contra los periodistas y los medios se están convirtiendo en un arma para inhibir la crítica en México”.

–¿Forma parte de una tendencia a judicializar los casos de los periodistas? –se le cuestiona.

–Es una sentencia de primera instancia, que puede ser apelable, pero sí establece una tendencia preocupante. Es algo que se está volviendo común entre políticos o personajes con proyección pública, que cuentan con recursos suficientes para sostener un largo litigio en contra de medios y periodistas.


“En Artículo 19 hemos señalado que esta tendencia tiene que cambiarse con un cambio estructural en el Poder Judicial. Las demandas por daño moral deben tener un análisis preliminar. El juez debe analizar y determinar antes si hay méritos para cada caso, mediante una audiencia pública. El proceso judicial per se está convirtiéndose en un arma para inhibir a los periodistas.”

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462777/la-sentencia-contra-aristegui-castigo-a-la-opinion

Asesinan a balazos a una mujer en Naucalpan

Los primeros reportes señalan que la víctima, de 48 años, fue agredida la noche del martes en la colonia San Lorenzo Totolinga.

Una mujer de aproximadamente 48 años fue asesinada a balazos la noche del martes en la colonia San Lorenzo Totolinga, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Según los primeros reportes, vecinos de la comunidad alertaron a la policía que el cuerpo de una mujer estaba sobre la calle Marina, en San Lorenzo Totolinga.

Al sitio acudieron patrullas municipales y una ambulancia de Protección Civil; los paramédicos constataron que la víctima tenía tres impactos de bala, uno en la espalda, otro en la cadera y el último en la pierna derecha.

La mujer de 1.65 metros de estatura tenía cabello rubio, era de complexión delgada y fue reconocida por su hija, quien relató que su madre se llamaba Martha y salió de su casa en una camioneta X Trail color rojo 2016.

Por estos hechos, el Ministerio Público y personal de la Procuraduría de Justicia del Estado de México iniciaron una investigación cuyo móvil pudo ser el robo.


Naucalpan es uno de los 11 municipios del Estado de México con alerta de género desde julio de 2015. Recientemente, el 1 de noviembre, Evelyn, una niña de 10 años, fue hallada muerta en una bolsa de basura; tras el hallazgo, ha habido cuatro manifestaciones para exigir justicia y seguridad.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1611/mexico/asesinan-a-balazos-a-una-mujer-en-naucalpan/