OAXACA, Oax: Abogados litigantes interpusieron el amparo 1692/2016, donde señalan como responsable al gobernador Gabino Cué Monteagudo de otorgar de manera irregular ocho patentes (fiats) notariales a familiares de colaboradores y de funcionarios federales.
El abogado Armando Figueroa Colmenares precisó que el amparo se encuentra en la mesa 4 del Juzgado Tercero de Distrito y sólo están a la espera de la audiencia constitucional.
Aunque el gobernador Gabino Cué afirmó el pasado 15 de agosto que su administración no ha otorgado ni otorgará nuevas patentes notariales, Figueroa Colmenares lo desmintió al afirmar que es una más de sus mentiras.
Y se preguntó: “¿Cómo es posible que a la hermana del consejero jurídico Víctor Hugo Alejo Torres le den una notaría pública?”
Entre los nuevos notarios públicos destacan Juan Carlos Díaz Carranza, Máximo Toledo Álvarez, Víctor Manuel Gómez Albores, Alina Yasibe Félix Clímaco, Raymundo Chagoya Villanueva, Karla Karina Gómez, Claudio Ojeda Pinacho y Elsa Angélica Alejo Torres.
Cabe resaltar que Díaz Carranza –quien detenta el registro 132 CJ/DGN/NPN/08– es hijo del actual delegado del IMSS Juan Díaz Pimentel y excolaborador de José Murat Casab.
Además, es hermano de Guadalupe Díaz Carranza, notaria pública 83 y expresidenta del Colegio de Notarios.
Mientras que Toledo Álvarez, con registro 129 CJ/DGN/NPN/05, es hijo del notario 26 de Salina Cruz, Emanuel Toledo Medina, extitular del Instituto Oaxaqueño de las Culturas y también excolaborador con Murat Casab.
En tanto que Gómez Albores, con registro 130 CJ/DGN/NPN/06, es el actual director del Registro Público de la Propiedad y familiar del propietario del Diario Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, el exsenador y exdiputado Ericel Gómez Nucamendi.
A su vez, Alina Yasibe Félix Clímaco, con registro 128 CJ/DGN/NPN/04, es hija del notario público 14 en Puerto Escondido, Hugo Manuel Félix García, y hermana del notario Fernando Félix Clímaco y de Hugo Tulio Félix Clímaco, actual representante del gobierno de Oaxaca en la Ciudad de México.
Y Raymundo Chagoya Villanueva, con registro 125 CJ/DGN/NPN/01, es hijo de Patricia Villanueva Abraján, exprocuradora en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz y coordinadora estatal de la Mujer con José Murat y actualmente notaria 124.
Por su parte, Elsa Angélica Alejo Torres, con registro 131 CJ/DGN/NPN/07, es hermana del consejero jurídico del Ejecutivo estatal, Víctor Hugo Alejo Torres, y del representante del PRI ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Ángel Alejo Torres.
Finalmente Karla Karina Gómez, con registro 126 CJ/DGN/NPN/02, se desempeñó como jefa del departamento de la Dirección de Notarías, en tanto que Claudio Ojeda Pinacho, con registro 127 CJ/DGN/NPN/03, es secretario judicial en el Sexto Tribunal Federal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463649/acusan-a-cue-otorgar-patentes-notariales-a-familiares-funcionarios
Oaxaca, Oax. Integrantes del Consejo técnico del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso perteneciente a la Secretaría de Salud estatal anunciaron que a partir de este miércoles comenzarán con el cobro de la atención médica que se solicite en dicho nosocomio ubicado en la capital del estado y el cual recibe pacientes de todas las regiones.
En conferencia prensa la directora del hospital, Maritza Hernández Cuevas denunció la falta de medicamento, material de curación y equipo, entre otras cosas que han sumido al también conocido como Hospital Civil en una severa crisis, esto debido además a que el Seguro Popular no ha entregado los recursos necesarios, cosa que tampoco ha hecho la Secretaría de Salud.
El nosocomio Aurelio Valdivieso cumplió 51 años de existencia, no obstante y pese a que ya se ha buscado a los funcionarios incluido el gobernador Gabino Cué, no han obtenido ninguna respuesta, por tal motivo es que el consejo técnico ha decidido comenzar a cobrar la atención con base a un tabulador de seis niveles, siendo la consulta el servicio más barato que rondaría en los 150 pesos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JORGE A. PÉREZ ALFONSO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/23/hospital-general-de-oaxaca-iniciara-cobros-por-atencion-medica
Ciudad de México. En comisiones, el Senado aprobó esta tarde la iniciativa de Enrique Peña Nieto que devuelve a la Secretaría de Marina el control y seguridad de las capitanías de puerto.
Sin cambio alguno senadores del PRI, PAN y PRD aprobaron en las comisiones de Comunicaciones y Transportes, la de Marina y la de Estudios Legislativos la propuesta del Ejecutivo que tiene por objeto “realizar una reingeniería” sobre estructuras, funciones y organización de las dependencias de la administración pública federal que intervienen como autoridades en el rubro marítimo. La seguridad de las capitanías correrá a cargo de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes continuará realizando las labores que tiene encomendadas.
El coordinador de los senadores del PRD y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda manifestó dudas respecto a esta reforma, en lo que concerniente al aspecto constitucional, pero aún con ello votaría a favor.
El senador independiente Manuel Cárdenas manifestó a su vez que es indudable que esta reforma viola la Constitución, porque en el artículo 129 se establece las tareas de la Semar. “En todo caso, que se reforme primero la Constitución”.
Sus argumentos en el sentido de que la Secretaría de Marina no puede ejercer funciones de seguridad pública, fueron rebatidas por priístas y panistas.
Este dictamen se turnó a la mesa directiva y se espera sea agotado en el pleno el próximo martes.
Con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y a la Ley de Puertos, corresponderá ahora a la Secretaría de Marina “otorgar permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo, de pasajeros y de turismo náutico con embarcaciones menores; autorizar arribos y despachos de las embarcaciones y artefactos navales.
“Abanderar y matricular las embarcaciones y los artefactos navales mexicanos; administrar los registros nacionales de la gente del mar y de embarcaciones; inspeccionar y certificar a las embarcaciones mexicanas y extranjeras; el cumplimiento de tratados internacionales, la legislación nacional y los reglamentos y normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y protección marítima y portuaria, salvaguardando la vida humana en el mar y la prevención de la contaminación marina; la imposición de sanciones y nombrar y remover a los capitanes de puerto”, entre otras.
A su vez a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le corresponderá la administración portuaria, el fomento y desarrollo portuario, el control y capacitación de la marina mercante, las obras marítimo portuarias, de dragado, el desarrollo de la industria marítima, las concesiones, permisos y tarifas, a través de las oficinas de servicios a la marina mercante.
Otras funciones que le competen son las de "planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte por agua; de la marina mercante, y de los puertos nacionales; llevar el registro público, marítimo nacional; prestar servicios en vías generales de comunicación por agua, entre otros”.
A la Semar también corresponderá regular y vigilar que las vías navegables reúnan las condiciones de seguridad, profundidad y señalamiento marítimo, control de tráfico marítimo y ayuda de navegación.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR BALLINAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/23/aprueba-senado-devolver-a-semar-control-de-capitanias-de-puerto
CIUDAD DE MÉXICO: El Sindicato de Vanguardia Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SVTSCT) deberá transparentar la comprobación fiscal y el destino de los recursos que recibió de parte de Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC) en el periodo 2014-2015, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Dichos fondos, dijo, se otorgaron para fomentar el desarrollo de actividades deportivas, sociales y culturales.
En un comunicado de prensa, el pleno del INAI dio a conocer el fallo a favor de un ciudadano que presentó un recurso de revisión, ante la negativa del SVTSCT de dar respuesta a su solicitud de información.
En el requerimiento presentado en meses pasados por el particular, se pidió el detalle del destino de la cantidad equivalente a 15 salarios mínimos, que anualmente entrega el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, a los trabajadores de esta organización.
Además se solicitó el número de beneficiados con los recursos monetarios, así como los documentos emitidos por la secretaría, en los que se dieran cuentas de las entregas por cada año.
Para el fallo, el pleno del Instituto argumentó que la organización sindical no siguió el procedimiento de búsqueda de información establecido en la Ley, ya que no turnó la solicitud a ninguna de las unidades que pudieran pronunciarse al respecto y sólo se limitó a señalar las Condiciones Generales de Trabajo, de esa dependencia.
El INAI también negó la incompetencia que el sujeto obligado evocó para emitir la respuesta negativa, ya que, por el contario, subrayó la obligación de la organización sindical por recibir y ejercer recursos públicos.
“Esta debe mantener actualizada y accesible la información que favorezca la rendición de cuentas de las ciudadanía. Situación que no aconteció”, indicó el ponente comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
La institución destacó que el asunto es de interés ya que da seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sindicatos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463636/debe-sindicato-la-sct-transparentar-recursos-recibidos-2014-2015
CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró las obras de ampliación y remodelación del Hotel Me by Meliá Cancún, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, por no tener autorización en materia de Impacto Ambiental expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En un comunicado, la dependencia informó que, en atención a diversas denuncias públicas, personal de la Oficina Regional de la Profepa en Akumal, inspeccionó las instalaciones del hotel, donde cuantificó una afectación de 25 mil 045 metros cuadrados debido a actividades de construcción.
Los inspectores federales de la Profepa observaron obras como dos edificios de cuatro niveles; una cisterna; la remodelación del hotel principal y jardineras; así como excavaciones y remoción de suelo, todas sin contar con autorización de Semarnat.
El predio se encuentra en la zona turística de Cancún y está muy próximo a la Laguna de Nichupté, declarada como Área Natural Protegida (ANP) por las especies endémicas y el frágil ecosistema de humedal costero que presenta.
“Por ello, la medida de seguridad impuesta tiene como propósito evitar que se continúe con las actividades de construcción, las cuales pueden afectar la duna costera y la playa, que es lugar de anidación de tortuga marina”, señala la Profepa.
Personal de la Profepa constató, entre la obra, “presencia de algunos individuos de Palma chit (Thrinax radiata), y de fauna local como la iguana gris (Ctenosaura similis). Estas especies se encuentran protegidas de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010”.
Estos ejemplares de fauna y flora silvestre representan los remanentes de un ecosistema natural de duna costera, cuya importancia del litoral donde se retiene la arena que forma la playa, producto de acumulación de residuos coralinos que le dan belleza a las playas de Cancún, sostiene.
Además, la duna costera junto con el matorral costero conforman la barrera natural de protección en una franja de tierra y arena, que limitan un cuerpo de agua extenso que da origen a la laguna de Nichupte.
“En dicha ANP se refugian especies de vida silvestre como el mangle negro (Avicenia germinans); mangle rojo (Rhizophora mangle); y el mangle botoncillo (Conocarpus erectus), que proporcionan refugio a fauna local como el Cocodrilo (Crocodylus moreletii).
“Es importante señalar que se impondrán medidas de restauración para lograr la recuperación del ecosistema, destacando que el impacto ambiental puede ser sancionado hasta con 50 mil Unidades de Medida y Actualización de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”.
Añadió que se elaborarán las denuncias penales correspondientes, que de acuerdo al Código Penal Federal podrían alcanzar penas desde uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463631/tener-permiso-semarnat-clausuran-obras-ampliacion-del-hotel-me-by-melia-cancun
CIUDAD DE MÉXICO: Personal de las Secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena) y sus familiares recibirán reparación del daño al ser víctimas directas e indirectas de ataques de la delincuencia organizada en el Estado de México y Jalisco, respectivamente.
En un comunicado, el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que la indemnización será para los familiares del marino fallecido y a otros dos elementos que resultaron heridos durante una emboscada encabezada por miembros de la delincuencia organizada el 8 de agosto de 2014 en el municipio Luvianos, en el Estado de México.
De acuerdo con la Comisión, aquel día un convoy naval realizaba un patrullaje de supervisión en el poblado Caja de Agua, cuando un grupo armado abrió fuego en su contra, causó la muerte de un marino y heridas graves a dos más, antes de sus compañeros repelieran el ataque.
En cuanto a los integrantes de la Sedena, la CEAV informó que concluyó el proceso de reparación integral a “todas las víctimas directas e indirectas” del derribo del helicóptero en que viajaban soldados e integrantes de la Policía Federal en la zona de Villa Purificación, Jalisco, el 1 de mayo de 2015.
Durante ese ataque, agregó, murieron siete militares y 11 personas más lesionadas, cuando se realizaban patrullajes aéreos en la zona de los Altos de Jalisco.
En la sesión del Pleno, el comisionado presidente de la CEAV, Julio Hernández Barros, comentó: “nuestros policías, nuestros soldados, nuestros marinos, son tan víctimas como cualquiera. Han arriesgado sus vidas por nosotros los ciudadanos y no podemos dejarlos fuera de la Ley General de Víctimas (LGV)”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463668/indemnizara-ceav-a-elementos-federales-caidos-ataques-en-luvianos-jalisco
Ciudad de México. Los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, reprocharon hoy a la Cámara de Diputados que mientras ellos buscaron a sus hijos en las sierras y ríos de los estados, los legisladores “no movieron un dedo” y demandaron que el Legislativo exija a la PGR continuar las investigaciones, pero también modificar la narrativa de los hechos.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra, representante de las familias, expuso que no sólo hay responsabilidad de las autoridades estatales y planteó que la indagatoria no se reduzca al ámbito local, “porque hay hilos que conducen a instancias como la Policía Federal y el Ejército”.
Desde la tribunal del salón de legisladores, que la Cámara ofreció a los padres en lugar del salón de plenos, Mario César González Contreras planteó a los diputados presentes: “Cómo me gustaría que la mayoría de ustedes tuviera conciencia de que el fuero les hace daño, porque tienen mucha hambre de poder y de dinero, pero para nosotros los 43 padres el hambre es encontrar a nuestros hijos”.
Demandó terminar con la impunidad que rodea al caso e insistió a los diputados: “sé que muchos se burlan cuando nos reunimos los 43 indígenas, pero estos 43 indígenas tienen mucho más ética y dignidad que muchos de ustedes los gobernantes del país. No destruyan al país, no destruyan más al pueblo, que gracias a él tienen el traje que visten ustedes”.
Además reprochó que la Cámara de Diputados se negara a una reunión con el 27 Batallón de Infantería, para determinar su probable participación y sostuvo que la actitud de los legisladores tiene una explicación:
"Ustedes están puestos por el pueblo y deben ayudar al pueblo, pero al llegar al poder piensan que todo lo tienen y, lo peor de todo, se amparan con el fuero federal, se creen intocables por tener ese fuero”.
Emiliano Navarrete Victoriano explicó que la solicitud de los padres no es para que los diputados busquen a los 43 jóvenes normalistas sino que la Cámara exhorte a seguir todas las líneas de investigación.
“La PGR no ha podido darnos una respuesta positiva ni decirnos quiénes son los policías federales que, cuando detuvieron a los jóvenes, dijeron que "se los llevaban al patrón” en Huitzuco. Ustedes tienen todo en la mano, pero no quieren ayudar, no quieren apoyar. Venimos a solicitar su apoyo, no queremos su lástima, queremos llegar a su corazón, si es que nos representan”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARADUÑO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/23/padres-de-los-43-exigen-a-diputados-terminar-con-la-impunidad
Chilpancingo, Gro. Elementos de la Base de Operaciones Mixtas (BOM), destacamentados en Chilapa, rescataron a una persona privada de su libertad de un campamento en el municipio de Zitlala, donde exhumaron cuerpos de fosas clandestinas.
En un comunicado, el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia informó que en el lugar de los hechos fueron asegurados tres vehículos y cargadores para armas de fuego.
Añadió que miembros de la BOM recibieron una denuncia notificando que en el llamado "Cerro Boludo" había gente plagiada, donde rescataron a una y encontraron fosas clandestinas donde han exhumado, hasta esta noche, siete cuerpos que fueron llevados al Semefo de Chilpancingo.
Dijo que elementos del Ejército Mexicano y de la policía municipal aseguraron el área donde peritos de la Fiscalía General del estado y personal del Servicio Médico Forense reanudarán diligencias mañana.
FUENTE: LA JORNADA/NOTIMEX.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/22/exhuman-restos-de-fosas-clandestinas-en-zitlala-guerrero
El jueves 17, apenas se conoció el fallo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre la adjudicación de la Red Compartida de Telecomunicaciones al consorcio Altán –que lidera el empresario español Eugenio Galdón–, comenzaron las inconformidades dentro y fuera del país. Especialistas en telecomunicaciones temen que el controvertido proyecto acabe enfocándose sólo en las zonas rentables económicamente y deje sin servicio a las marginadas.
CIUDAD DE MÉXICO: La Red Compartida de Telecomunicaciones, la licitación más ambiciosa de este sexenio bajo un modelo de asociación público-privada (APP) por 7 mil 500 millones de dólares, quedó finalmente en manos de consorcio Altán, conformado por nueve agentes económicos que van desde el poderoso megabanco internacional Morgan Stanley (accionista de 33.38% a través de Marapendi Holding) hasta fondos de inversión, como China Mexico Found Investment (CMF), que tendrá 23.36% y una red de sociedades configuradas en paraísos fiscales y de fideicomisos de pensiones y de accionistas bursátiles.
Las dos únicas empresas de telecomunicaciones mexicanas que participarán en el consorcio serán Megacable y Axtel, cada una con 4.01% de la inversión total, y el abogado mexicano Miguel Escobedo y Fulda, principal accionista de Hansam, S.A. (con 9.35% de las acciones).
El apoderado legal del grupo, el empresario español Eugenio Galdón, tiene sólo 3.34%, a través de la sociedad unipersonal denominada Isla Guadalupe Investments SLU, creada en un paraíso fiscal. Galdón, presidente de grupo Multitel, fue fundador de la empresa de telecomunicaciones ONO, que terminó vendiendo a Vodafone España.
Tras conocerse el fallo el jueves 17, Galdón declaró que “este concurso ha sido modelo, transparente y competitivo, con normas iguales para todos y no se fabricó a la medida de las necesidades de nadie”.
No opinó lo mismo el representante legal de Consorcio Rivada, Declan Ganley, quien escribió el mismo día en su cuenta de Twitter que no había sorpresa en el fallo. “El pueblo de México recibe un trato injusto, que es triste”, sentenció.
Consorcio Rivada fue descalificada desde el viernes 4 por no haber cubierto la garantía de mil millones de pesos. Ganley declaró que fueron “secuestradas” las cajas y posteriormente consideró que la licitación “apestaba” porque se trataba de favorecer a su competidor del consorcio Altán. Rivada interpuso dos litigios jurídicos que difícilmente prosperen, según destacan varios especialistas consultados por Proceso.
“Tenemos información sólida de dos fuentes (del gobierno mexicano) sobre beneficios a Altán. No hacemos estas denuncias sin conocimiento de causa”, reiteró Ganley en las redes sociales.
El apoderado legal de Consorcio Rivada, Julián Domínguez, protestó el mismo día del fallo sobre la oferta económica porque se le impidió el acceso a la ceremonia pública organizada en el auditorio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Domínguez declaró que sólo fueron notificados hasta el viernes 4 que fueron descalificados del concurso.
El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, ni se inmutó ante las críticas de Rivada y declaró que el fallo a favor de Altán “es un momento histórico para el gobierno de la República, la sociedad en su conjunto y la industria mexicana de las telecomunicaciones” y destacó la transparencia, el interés internacional y la posibilidad de que la Red Compartida cumpla con el objetivo de eliminar la brecha digital y darle acceso a 46% de la población que no está conectada.
Escepticismo internacional y nacional
No opinaron lo mismo los dos principales periódicos especializados en finanzas y negocios, el estadunidense The Wall Street Journal y el británico Financial Times. El primero cuestionó en su nota informativa la rentabilidad del proyecto, ya que creará duplicidad en redes manejadas por otras compañías como América Móvil, Telefónica y AT&T.
The Wall Street Journal reproduce en su nota cuestionamientos de especialistas como Francisco Gil Díaz, expresidente de Telefónica, y de Ernesto Piedras porque, dicen, la infraestructura de la Red Compartida podría no atraer la demanda esperada, ya que las zonas más rentables tienen los servicios de banda ancha.
A su vez, Financial Times resaltó los vínculos de Altán con el capital chino que tendrá 23% de las acciones del desarrollador de la Red Compartida, a través de China Mexico Found, administrada por Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial.
La especialista en telecomunicaciones Clara Luz Álvarez cuestiona el esquema de financiamiento público y privado que es poco transparente en ambos consorcios y destaca que “el error de origen de la Red Compartida estuvo en la redacción del décimo sexto transitorio de la reforma constitucional de telecomunicaciones”.
Entrevistada por Proceso, Álvarez se dice “escéptica” frente al futuro de la Red Compartida porque “es un proyecto bastante riesgoso” y “el peor escenario es que sólo acabe enfocándose en las zonas rentables económicamente y sigan sin servicio las zonas marginadas”.
–¿Puede suceder que una inversión tan elevada como la Red Compartida no ayude a eliminar la brecha digital? –se le pregunta.
–Así es. Si el consorcio ganador no cumple con las condiciones establecidas en las bases de licitación el proceso de sanción es muy largo y tortuoso. Además, ¿cómo le quitas la concesión a un consorcio internacional por 20 años que utilizará el espectro de la banda 700 Mhz?
–¿Cuál es el error fundamental de la Red Compartida?
–El error básico estuvo en el diseño de la reforma constitucional. El artículo transitorio ató de manos a la SCT y al IFT. No podían tener un mejor modelo. Se pudieron hacer otros esquemas, que se enfocaran sólo en las zonas marginadas.
Excomisionada de la antigua Cofetel, Álvarez también expresa sus dudas sobre el litigio de Consorcio Rivada. “¿Por qué Rivada no presentó la garantía a tiempo? ¿Se habrán dado cuenta de que no era tan buen negocio? En realidad, están emprendiendo una graciosa retirada”, señala.
–Sin embargo, están demandando y han sido muy duros en sus críticas –le comenta el reportero.
–Ellos saben que no tiene futuro su litigio. Quizás es una forma de retirarse elegantemente.
A su vez, Sandra Rodríguez, del despacho Jurídica en Telecomunicaciones, cuestiona que sólo hubiera una propuesta. “Se perdió la posibilidad de valorar los proyectos que harían de este proceso un concurso más consistente y en beneficio de los mexicanos”.
Jorge Bravo, director del portal especializado Mediatelecom, escribió: “La Red Compartida es un proyecto de alto riesgo financiero y tecnológico, pero encontró inversionistas y un modelo de negocio. Lo más importante es que tiene un objetivo social: conectar a los desconectados allí donde los operadores no han invertido lo suficiente”.
Altán se comprometió a desplegar una infraestructura mayorista de servicios de telecomunicaciones en banda ancha con 10 mil radiobases en todo el territorio nacional, a partir de la concesión de 90 Mhz en la banda 700 Mhz, liberada tras el “apagón analógico”.
Según el fallo de la SCT, el consorcio triunfador cumplió con los parámetros técnicos de cobertura y económicos necesarios para desplegar esta red que incluirá también el par de hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad.
Altán tiene como plazo hasta el 31 de marzo de 2018 para iniciar operaciones comerciales con una cobertura no menor a 30% de la población, a través de una APP, la primera red de telecomunicaciones de su tipo construida con una asociación público-privada.
El Organismo Promotor de Inversiones de Telecomunicaciones (Promtel), descentralizado de la SCT, será el responsable de vigilar el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones previstas por el consorcio ganador.
Según el cronograma del propio consorcio Altán, para marzo de 2018 tendrá cubierto 30% del territorio nacional y 25% de los Pueblos Mágicos; para el tercer año (2021) cubrirá 50% de todo el territorio y hasta el séptimo año (2025) alcanzará la cobertura de 92.2% de todo el territorio.
Marapendi y Morgan Stanley, de última hora
El jueves 3, apenas un día antes de que se emitiera el fallo sobre la viabilidad de las propuestas técnicas, los siete comisionados del IFT, entidad responsable de emitir su opinión en materia de competencia económica, recibieron una petición urgente de consulta de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la SCT para que analizaran y autorizaran la integración a Altán de una entidad llamada Marapendi Holdings.
Esta sociedad se constituyó a principios de septiembre pasado, apenas dos días antes de que el consorcio pidiera su opinión a la IFT en materia económica, según se desprende de la versión estenográfica de esa sesión en la página del organismo regulador.
Marapendi Holdings se convertiría en el “fondeador” de los dos principales accionistas fijos del consorcio: North Haven Infraestructure Partners II L.P. y North Haven Infraestructure Partners II-AIV L.P, ambas sociedades constituidas bajo la legislación de los Países Bajos, que es un paraíso fiscal.
Otro dato interesante de ambas empresas North Haven: llevan el nombre de un suburbio al norte de New Haven, Connecticut, donde está la Universidad de Yale. En esa zona tiene su residencia el expresidente mexicano Ernesto Zedillo, según confiaron a Proceso académicos originarios de North Haven.
Durante esa sesión, los comisionados del IFT determinaron que la elección de Marapendi Holdings “como vehículo previamente constituido por el NHIPI y NHIPII o como parte del desarrollador se apega plenamente a los términos establecidos en la resolución emitida por el pleno (del organismo)”.
Según la versión estenográfica del organismo, “dichas sociedades tenían la libertad de escoger cualquier vehículo para participar en el consorcio, siempre y cuando fuese en los parámetros evaluados y autorizados por el IFT en la Opinión en Materia de Competencia Económica”.
Finalmente, resultó que Marapendi Holdings se convirtió en el principal accionista de Altán, ya que posee 33.38% de las acciones y los fondos provienen de Morgan Stanley Infraestructure II.
El segundo fondo principal es de origen chino y se denomina CMF Investment Company II BV. Es un fondo de inversiones administrado por la Corporación Financiera Internacional que pertenece al Banco Mundial. Tendrá 23.36% de las acciones.
El tercer fondo con mayor participación acccionaria es el Fideicomiso de Coinversión 2431, que maneja los fondos de pensiones canadienses de Quebec a través de la Caisse Depot et Placement du Quebec (CDPQ), y tendrá 12.68% de las acciones del consorcio Altán.
El cuarto accionista en importancia es Hansma, S.A., del abogado Miguel Escobedo y Fulda, que tendrá 9.35%. Escobedo y Fulda apareció como socio, junto con su esposa e hijos, de la empresa Pro-S Seguridad Privada, Custodia de Valores y Gestión de Efectivo, cuyo nombre surgió en una investigación de 2012 en la Cámara de Diputados por la compra de la empresa transportista de valores Servicio Panamericano de Protección a la firma estadunidense Brink’s. Esta operación implicaba una presunta violación a la Ley de Inversiones Extranjeras que prohibe la participación mayoritaria de capital exterior en empresas transportistas.
El quinto accionista es el FFLATAM 15-2, fideicomisos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y tendrán 6.54% de las acciones.
Las empresas de telecomunicaciones Axtel, de capital regiomontano, y Megacable, la única de las grandes compañías operados de televisión por cable que no pertenece a Grupo Televisa, tendrán solamente 4.01%, respectivamente, de las acciones de Altán, sin derecho a voto.
Consorcio Rivada y la presencia de EchoStar
En el análisis de competencia económica de Consorcio Rivada, realizado por el IFT el 13 de octubre, el tema más polémico fue la presencia de EchoStar Technologies, socia de Dish México, competidora de la empresa Sky, filial de Televisa.
Los comisionados del IFT determinaron que la participación de EchoStar en Dish México “no es una condición suficiente” para concluir que tenía control e influencia sobre la empresa creada por Grupo MVS. Su participación accionaria es de 16%, según se desprende de la misma versión estenográfica.
Rivada se comprometió ante IFT a que EchoStar no tendría más de 49% de los votos, pero los comisionados acordaron que esta compañía estadunidense sólo podía tener “un porcentaje menor a 10% del capital social y de los derechos de voto” en el consorcio.
El IFT también analizó la presencia en el Consorcio Rivada de la empresa Ciena Communications, creada en Delaware. Los dos accionistas principales de Ciena son Black Rock y Vanguard, que participan directa o indirectamente con varios de los grandes consorcios de telecomunicaciones en México, como América Móvil y Telefónica, impedidos de participar en la licitación de la Red Compartida.
El organismo determinó que Marco Antonio Slim Domit, de América Móvil, era consejero independiente en Black Rock, pero que eso “no lleva a la coordinación de las sociedades identificadas porque no tienen influencia” determinante sobre Consorcio Rivada.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463578/aprueba-la-sct-una-red-comparte-multiples-riesgos-e-intereses-economicos
Gracias a maniobras oscuras, el secretario de Hacienda –siguiendo el modelo impuesto por su antecesor– logró armar una bolsa pequeña de casi 70 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para ponerla a disposición de los diputados a fin de distraerlos. De esta manera fueron excluidos de la discusión presupuestaria más relevante –la que tiene que ver con las enormes bolsas de educación o seguridad, por ejemplo– y se volvieron gestores de “migajas” en las entidades que representan; eso sí, previo cobro, en algunos casos, de sus “comisiones”.
CIUDAD DE MÉXICO: En la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, la madrugada del pasado viernes 11, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, incurrió en los mismos vicios estrenados por su antecesor, Luis Videgaray Caso: manipular a los diputados, excluirlos de la dictaminación del presupuesto a aprobarse, distraer su atención de los grandes problemas que aquejan al país, para concentrarlos en pequeñas partidas –más bien migajas– presupuestales que ellos controlarán a discreción y, convertidos en verdaderos coyotes, podrán llevarse su “moche”.
Esa conclusión se desprende del análisis La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017: los moches y las negociaciones en la sombra, elaborado por el experimentado asesor parlamentario Juan Moreno Pérez, doctor en historia económica por la Universidad de California en Los Ángeles.
Vale recordar (Proceso 2087) que cuando ambas cámaras aprobaron la Ley de Ingresos de la Federación para 2017, aumentaron 51 mil 380 millones 200 mil pesos a la iniciativa del Ejecutivo, que se lograron mediante tres ajustes:
Subir el tipo de cambio e incrementar la plataforma de producción de crudo; corregir la subestimación de la recaudación del ISR y del IVA, y “jalar” recursos del oscuro subconcepto “otros de otros” del concepto “Aprovechamientos”, los cuales “pueden considerarse ingresos ficticios, ya que en realidad corresponden a un uso de disponibilidades financieras ya existentes, es decir, provenientes de ingresos o endeudamiento registrados en ejercicios fiscales anteriores”, según Juan Moreno.
Además de esos 51 mil 380 millones 200 mil pesos, la Cámara de Diputados, durante el proceso de aprobación del Presupuesto, hizo recortes en diversas partidas por un monto de 17 mil 734 millones 500 mil pesos, con lo cual la bolsa acumulada para hacer ampliaciones y reasignaciones en otras partidas alcanzó la suma de 69 mil 114 millones 700 mil pesos.
Los recortes se concentraron en dos ramos presupuestales: 6 mil millones de pesos en el Ramo 3, Poder Judicial; y 9 mil 730 millones en el Ramo 30, Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (adefas). Estos dos rubros representaron 88.7% del recorte total, unos 15 mil 730 millones 500 mil pesos.
El restante 11.3%, 2 mil 4 millones, resultó de recortes a la Cámara de Diputados (491.6 mdp) y al Senado (339.8 mdp); al INE (300 mdp), al INEGI (257), a la SCT (216.3), a la Secretaría de la Función Pública (120.8), a la Comisión Reguladora de Energía (101.8), a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (71.1 mdp), al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas (55.6 mdp) y al Ramo 20 “ Desarrollo Social”. 50 millones de pesos.
La bolsa a repartir
Generada la bolsa de 69 mil 114 millones 700 mil pesos, la Secretaría de Hacienda hizo ampliaciones presupuestales –cosa que por ley corresponde decidir al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados en concreto– a su antojo –exceptuando las de ley–, dejándole a los diputados una parte ínfima para “negociar” su distribución.
Por el lado del gasto no programable hubo aumentos por un total de 8 mil 383 millones de pesos para el gasto de la deuda pública y las aportaciones y participaciones para estados y municipios, que al final de cuentas sumarán 1 billón 931 mil 143 millones de pesos, 40% del total del presupuesto de egresos que se ejercerá en 2017.
En el gasto programable hubo una ampliación por casi 60 mil 732 millones de pesos, que se concentró en el Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, con 38 mil 315 millones de pesos, 55.4% del incremento total. Otros aumentos importantes fueron 8 mil 439 millones para el Ramo 8, Secretaría de Agricultura; y 7 mil 120 millones para el Ramo 9, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los tres ramos señalados concentraron 77.9% de las ampliaciones totales aprobadas por los diputados.
Sin embargo, pese a la danza de cifras, lo único cierto es –dice Moreno– que “el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo, que provocó tantos cuestionamientos debido a los fuertes recortes que se incluyeron, fue ajustado por la Cámara de Diputados en sólo 1.4% del gasto neto total, dentro del cual, más de la mitad correspondió al señalado Ramo 23”.
Y es, afirma, el ajuste menos significativo de los últimos años. Explica: “En la LIX Legislatura (2004-2006), las ampliaciones promedio aprobadas por la Cámara de Diputados se situaron en 5.3% del monto incluido en el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo. Durante los trabajos de la LX Legislatura (2007-2009), ese ajuste alcanzó un promedio de 6.9%. En la siguiente Legislatura, la LXI, (2010-2012), los diputados aprobaron incrementos promedio por 3.0%. Por último, durante las últimas dos Legislaturas, la LXII y la LXIII (2013-2017), correspondientes a la administración de Enrique Peña Nieto, las ampliaciones se redujeron a 1.4% en promedio.”
Y explica las razones de ese cambio: “A diferencia de lo sucedido entre 2004 y 2012, cuando las ampliaciones reflejaban una preocupación de los diputados por los grandes problemas nacionales, incluyendo ajustes en buena parte de los ramos y entidades presupuestales, durante los últimos cinco años los aumentos se han concentrado, sobre todo, en el citado Ramo 23.
“Ese notable cambio es resultado de la combinación de dos factores. El primero responde claramente a una política implementada por la Secretaría de Hacienda, consistente en ofrecer a los diputados la posibilidad de distribuir algunos recursos presupuestales, acotados a algunos fondos, pudiendo etiquetar pequeñas fracciones de esos mismos recursos para ser ejercidas en sus estados y municipios. Con ello se buscó, y se consiguió, que la atención de la mayoría de los diputados se concentrara en ese reparto de auténticas migajas presupuestales.
“El segundo factor fue la respuesta favorable a esa política por parte de la gran mayoría de los diputados. Mediante ese mecanismo de etiquetar pequeñas fracciones de recursos, los legisladores han podido atender demandas legítimas de sus electores, así como peticiones de los gobernadores de las entidades federativas de donde provienen. Pero además, y esa es quizá la parte más perversa del señuelo ofrecido por los funcionarios hacendarios, se ofreció facilitar el ejercicio de esos recursos sin pasar por los controles normales de los ejecutores de gasto, incentivando tácitamente algunos comportamientos ilegales.
“La conjunción de esos dos factores, junto con el fortalecimiento de la perniciosa práctica de que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda mantengan en todo momento el control de la discusión del proyecto de presupuesto, así como de cualquier ajuste que se intente, ha tenido como resultado la virtual anulación de la facultad constitucional de revisar, modificar en su caso, y aprobar el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo.
“Esta situación se ha reflejado en la aparición de verdaderas simulaciones en los mecanismos formales de dictaminación y aprobación del presupuesto, quedando las auténticas negociaciones fuera de los ámbitos institucionales. Así, tanto las reuniones que efectúa la Comisión de Presupuesto (donde no se discute ni se decide nada), como las largas y tediosas sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados, se han convertido en algo que no tiene nada que ver con lo que aparenta ser.
“Las verdaderas negociaciones para ajustar el proyecto de presupuesto se realizan en la sombra, y muchas veces fuera de las instalaciones de la Cámara de Diputados. Pero esas auténticas negociaciones no se refieren a todas las partes del presupuesto, sino que resultan acotadas desde el principio, por la Secretaría de Hacienda, a una parte mínima.
“Ante esta realidad, las entidades importantes, beneficiarias de algunos de los fondos incluidos en el presupuesto, entre las que se destacan los gobiernos de las entidades federativas, ya no se dirigen a los diputados en busca de los recursos presupuestales que requieren, sino directamente a la Secretaría de Hacienda, o al mismo titular del Poder Ejecutivo.
“Pero lo más grave de este fenómeno es que las verdaderas negociaciones para ajustar el presupuesto se llevan a cabo en la mayor oscuridad, sin regirse por ningún criterio legal o institucional. Ello permite a la Secretaría de Hacienda fraccionar las negociaciones, consiguiendo un margen de discrecionalidad que no le otorga ninguna disposición legal.
“Para entender los mecanismos que utiliza la Secretaría de Hacienda para acotar y controlar la discusión del presupuesto, resulta ilustrativo revisar lo sucedido durante los últimos años con los principales fondos que se han incluido en el Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas. Con esa revisión, se puede entender con mayor claridad lo que se aprobó en días recientes.
“A finales de 2012, cuando apenas se iniciaba la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Hacienda, como se dijo antes, empezó a aplicar una política destinada a inducir a los diputados para que no discutieran (y menos, modificaran) 98.5% del proyecto de presupuesto para 2013. Para conseguir ese objetivo crearon algunos fondos, que utilizaron como señuelos, siendo lo suficientemente atractivos que consiguieron concentrar la atención y los esfuerzos de la mayoría de los diputados.
“El punto de partida para la aplicación de esa política fue el Fondo de Pavimentación, que ya existía en el Ramo 23 desde 2010, el cual incrementó su monto a 5 mil millones de pesos para el presupuesto de 2013. También se utilizaron los Proyectos de Desarrollo Regional, que ya se habían incluido en el presupuesto de egresos en 2012, triplicando su monto para el ejercicio de 2013, pasando de 2 mil 824, a 8 mil 530 millones de pesos.
“El Fondo de Pavimentación había sido un monto que se aprobaba en el presupuesto, y después se distribuía por concurso entre los mejores proyectos que se presentaban. Sin embargo, como parte de la política impulsada por la nueva administración, con Luis Videgaray Caso al frente de la Secretaría de Hacienda, en la integración del presupuesto para 2013, la distribución del citado fondo fue negociada y repartida dentro de la mayor opacidad.
“Además, los montos y destinos para los Proyectos de Desarrollo Regional también fueron negociados en la sombra por los diputados más influyentes, los representantes de los gobernadores de las entidades federativas y los funcionarios hacendarios.
“Para hacer manejable esa política entre la mayoría de los diputados, se permitió que cada uno etiquetara para su municipio una pequeña fracción de los recursos integrados dentro de dos nuevos fondos, el de Infraestructura Deportiva, con 3 mil 38 millones de pesos; y el de Cultura, con 3 mil 908 millones. Con ello, cada diputado pudo decidir el destino de casi 14 millones de pesos. Los proyectos etiquetados quedaron registrados en el presupuesto aprobado para la Secretaría de Educación Pública.
“El objetivo de la política aplicada por la Secretaría de Hacienda, como se dijo antes, fue conseguir que los diputados aprobaran, sin ninguna discusión, la mayor parte del proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo. Para ello acotaron los posibles ajustes a una pequeña fracción del presupuesto, fraccionando además, al máximo, la distribución de esos recursos. Otro elemento de esa política fue que las negociaciones también se fraccionaron y se llevaron a cabo fuera de cualquier mecanismo institucional, en la mayor opacidad.”
Esa ha sido la práctica seguida por la Secretaría de Hacienda en la actual administración, cada vez más refinada y más cínica.
Sin embargo, dice Juan Moreno –experto en programación financiera–, el mecanismo empezó a ser cuestionado a finales de 2013, debido a las quejas presentadas por algunos presidentes municipales, quienes acusaron a varios diputados de “pretender cobrarles un porcentaje del monto etiquetado para obras en sus municipios. Esas indebidas e ilegales comisiones empezaron a denominarse con el término norteño de ‘moches’.
“Aunque sería muy injusto acusar a la totalidad de los diputados de incurrir en ese tipo de prácticas, el hecho es que el mecanismo de distribución de esos fondos fue diseñado para impulsar la promoción política de los legisladores en sus respectivos distritos, lo cual va mucho más allá de las facultades que la Constitución les señala. De ahí hacia transitar a prácticas corruptas, quedó solo un paso.
“Sin embargo, los diputados, como dice el viejo proverbio, en el pecado han llevado la penitencia, ya que, luego de aprobar recursos negociados en la mayor opacidad, lo único que han conseguido es ampliar la capacidad de decisión discrecional de las autoridades hacendarias.”
Los “moches”
Desde el inicio de la actual administración, inaugurada esa práctica que muchos diputados aprovechan para convertirse en coyotes y llevarse su “moche”, Juan Moreno identificó que, por ejemplo, en 2014, “con los tres fondos antes señalados, se llegó a un monto de 10 mil 940 millones de pesos, los cuales fueron etiquetados a razón de casi 22 millones de pesos para cada diputado. Para 2015, la suma de los montos incluidos en los tres fondos fue de 10 mil 650 millones de pesos, la cual fue etiquetada a razón de 21.3 millones por cada diputado”.
Advierte el especialista, con base en su experiencia de más de 25 años como asesor parlamentario de partidos de izquierda –PRD fundamentalmente–, lo mismo en la Cámara de Diputados como en el Senado, y participante en las negociaciones con los funcionarios de Hacienda, que ninguna fracción parlamentaria, por vieja o nueva que sea, escapa a esas prácticas inauguradas por Luis Videgaray Caso.
En particular se refiere al “doble discurso” del partido Morena. Cuenta lo que encontró:
“Por un lado, los legisladores de ese partido de manera abierta se opusieron a la política aplicada por la Secretaría de Hacienda, votando en contra y retirándose de la sesión final del pleno. Pero, de manera paralela y escondida, negociaron con las autoridades hacendaria la etiquetación de 600 millones de pesos para las cinco delegaciones que gobierna en la Ciudad de México.
“De esos 600 millones de pesos, 90 se incluyeron en el Fondo Fortalece, y los restantes 510 millones en los Proyectos de Desarrollo Regional, distribuyéndose de la siguiente manera: 150 millones para la delegación Cuauhtémoc y 90 millones para cada una de las otras cuatro demarcaciones (Azcapotzalco, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco). Así, 40% de los recursos correspondió a Cuauhtémoc, y 15% a cada una de las otras delegaciones.
“Si se divide el señalado monto de 600 millones de pesos entre los 36 diputados de Morena, se encuentra que les correspondieron 16 millones 667 mil pesos a cada uno, monto ligeramente inferior a los casi 18 millones que se tomaron como referencia para el reparto efectuado entre los demás grupos parlamentarios.
“Con esto no se quiere señalar que los diputados de Morena, al menos la mayoría de ellos, sean unos cínicos, sin ninguna clase de ética o vergüenza, sino que, al parecer, al mismo tiempo que se disciplinaron de manera estricta a los mandatos de su único líder, fueron utilizados para llevar una negociación paralela, dentro de la mayor opacidad, sin siquiera informarles de ello.”
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463575/presupuesto-egresos-aprobado-mediante-una-estratagema-hacienda
XALAPA, Ver: Durante el sexenio de Javier Duarte, Veracruz fue “un paraíso” para el “emplacamiento” de vehículos robados, comprados indebidamente o regenteados por “coyotes”, ligados con bandas de ladrones de vehículos, afirmó Rafael Hernández Matías, abogado de Deyanira Hernández García, exjefa del departamento de Autorización de Crédito de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), quien sufrió tortura y pasó dos años y medio en prisión acusada injustamente de un presunto fraude por un millón 800 mil pesos.
El litigante señaló que Tomas Ruiz González, extitular de la Sefiplan; José Ramón Cárdeno Shaadi, exsecretario particular del gobernador Duarte y exfuncionario menor de la Sefiplan; y Arturo Cárdenas Mateos, exsubprocurador de Asuntos Contenciosos de la Subprocuraduría Fiscal, tejieron una red eficaz para “emplacar” vehículos con reporte de robo, empadronar vehículos sin el pago de la tenencia y desviar los ingresos y egresos de la dependencia, entre otras irregularidades.
En ese contexto, dice Hernández Matías, su cliente fue “utilizada” para caer en prisión.
Una vez que el padrón vehicular de la Tesorería se encontraba “muy sucio”, exponen Deyanira Hernández y Rafael Hernández, los altos funcionarios de Duarte buscaron “chivos expiatorios” para desmantelar “al menos en la televisión y en la prensa”, una red de corrupción y fraude. En aquel entonces, el slogan de los servidores públicos de la administración del priista, Javier Duarte era “yo soy honesto”.
Antier, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de Veracruz para apremiarlo a “resolver” el recurso de impugnación de una víctima (Deyanira Hernández) por haber acreditado violaciones a los derechos humanos a la libertad, la integridad y seguridad personales de una mujer por hechos consistentes en detención arbitraria, retención ilegal e incomunicación atribuibles a tres agentes policiales de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), según data el expediente 51/2016, dirigida al fiscal del estado, Luis Ángel Bravo Contreras.
La CNDH sostiene que hubo violaciones al debido proceso por parte de servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJ), actual Fiscalía General del Estado y quien aletargó e hizo omisiones al expediente CNDH/2/2014/235/RI.
“Se pide reparar el daño a la víctima de forma integral mediante atención médica y psicológica, así como la compensación que corresponda en términos de la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz”.
De acuerdo con el acta circunstanciada DAM-0100/2013 de la CEDH de fecha 30 de enero, la exservidora pública fue torturada por elementos de la PGJE para que se declarara culpable del probable quebranto.
En entrevista, Deyanira Hernández asegura que fue muy doloroso estar más de 30 meses en prisión por un delito que no cometió y que además perdió su casa, se quedó sin trabajo y se perdió gran parte de la educación de su hija: “en la cárcel me lamí mis heridas, es una frustración en la que te preguntas, ¿Por qué yo?”, señala.
En la investigación ministerial 137/2012 de la extinta Procuraduría General de Justicia (PGE) a la que tuvo acceso el reportero, se consignan las agresiones a Deyanira para que ante elementos de la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) se declarara culpable de fraude.
“Tiene que declarar, de lo contrario se cae todo… Si el superior jerárquico se molesta (sic), se la va a cargar su madre”, le dijeron los agentes policiacos. Posteriormente la golpearon, uno de los elementos de la AVI decía al momento de golpearla: “Así me gusta que chillen las viejas”. Además le dieron toques eléctricos tanto en los pezones como en el abdomen y partes íntimas. Al momento de la tortura se encontraba vendada”.
La detención de la exfuncionaria de la Sefiplan ocurrió en diciembre del 2012, cuatro años después, el apoderado legal de la víctima, Rafael Hernández, delinea cómo buscarán el resarcimiento del daño: reclamar los salarios caídos estos cuatro años que ascienden a 960 mil pesos, promediando un salario de 20 mil pesos mensuales, más tasar, como “reparación del daño” el tiempo que no vio a su hija, reclamar daños y prejuicios, los gastos de fianzas y garantías depositados, indemnización por abuso de autoridad, lesiones y tortura.
“En este gobierno no sólo se robaron el dinero, se robaron la felicidad de una niña, durante los dos años, 7 meses de prisión que Deyanira estuvo reclusa y que cuando la sacamos con fianza, apenas hoy la CNDH nos asiste la razón”, expone Rafael Hernández.
Deyanira Hernández lamenta que hoy con el sexenio de Duarte terminando y varios funcionados prófugos de la justicia por el quebranto financiero o con la protección del gobierno federal, ella no tiene empleo, ni acceso a la seguridad social, quedó estigmatizada con ser una exconvicta de Pacho Viejo, y que además hoy tiene que lidiar con la pérdida de su casa por un remate bancario.
“Hoy me siento como Juana la baratera, vivo de la venta de collares y pulseras, que las aprendí a hacer en la cárcel, mientras Tomas Ruiz que se jactó con la prensa de romper una red de corrupción, él siga con alto cargo (extitular de Obras Públicas) sabía que no cometí delito alguno”.
El apoderado legal señala que logró sacar a Deyanira Hernández de la cárcel porque los argumentos de la Procuraduría y los testimoniales de la Sefiplan “eran muy pobres”, entregaron como mayor prueba una “captura de pantalla” de tenencias vehiculares pagadas y nada más.
“Mi cliente solo tenía acceso a las claves de Sefiplan para consulta, no para hacer movimientos, ni tampoco manejaba dinero, pero hay otros involucrados como Víctor Dávila y Elsa Acosta, quienes pisaron unos días la cárcel y salieron libres”, expone.
Mientras Dávila y Acosta ya estaban libres, Deyanira se encontraba maltrecha en un hospital donde estuvo dos días, bajo observación médica y con exámenes hepáticos, para calcular los estragos de la tortura.
“Ya con meses recluida y con el dolor de haber pasado navidad, año nuevo y los Reyes de mi hija encerrada, pague una inserción en el Diario de Xalapa para enviarle una carta a la esposa de Duarte, Karime Macías, pedirle que en su dolor de madre me entendiera la injusticia que estaba pasando…jamás se molestó en contestarme o en enviar a alguien a revisar mi caso”.
“La detuvieron sin una orden de aprehensión, dentro de un inmueble propiedad del gobierno del estado, la esposaron sin una orden de presentación, y durante 24 horas la trajeron desaparecida dando vueltas entre las instalaciones de la AVI y la Procuraduría de Justicia”, expone Julián Hernández, hermano de la exfuncionaria pública en el gobierno de Javier Duarte.
Deyanira, junto con los otros empleados estatales fue involucrada por el entonces titular de la Sefiplan, Tomás Ruiz González, en un fraude de un millón 800 mil pesos cometido en perjuicio de la dependencia a su cargo. El presunto fraude consistió, explicó Ruiz en una rueda de prensa dada en ese entonces, en “condonar” multas o eliminar adeudos de tenencias atrasadas a cambio de “mordidas”.
En el auto de formal prisión que recibió Deyanira Hernández y como colofón al entramado de irregularidades, la juez que la encarceló fue Beatriz Rivera, la misma que aprobó los desaseos en la investigación ministerial del asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez. Dos años después, Rivera será propuesta como magistrada del Poder Judicial del Estado, a sugerencia de Javier Duarte.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463644/exfuncionaria-paso-2-5-anos-en-la-carcel-exhibe-nuevas-irregularidades-en-tesoreria-duarte
Xalapa, Ver. El Juez de Control dictó auto de Vinculación a Proceso por el delito de enriquecimiento ilícito a Gabriel Deantes, ex secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), cercano colaborador del prófugo gobernador con licencia, Javier Duarte de Ochoa.
En una audiencia que concluyó a las 02:00 de la madrugada de este miércoles, el juez determinó el aseguramiento de tres inmuebles, el pago de una garantía económica por un millón de pesos, la prohibición para salir del país y la firma cada 15 días del imputado ante el juzgado.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: EIRINET GÓMEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/23/dan-auto-de-vinculacion-a-ex-funcionario-de-duarte
Elisur Artega y César Gutiérrez censuran la iniciativa de ley del PRI. Si investigan delitos de todo tipo pueden actuar contra opositores al régimen, afirman.
La iniciativa de ley para dotar a las fuerzas armadas de un marco jurídico para investigar y actuar contra amenazas que pongan en peligro la estabilidad, la seguridad interior o la paz pública –como el narcotráfico o la corrupción– es inconstitucional y peligrosa, porque dotaría de un poder omnipotente a los militares para investigar delitos de cualquier tipo e incluso actuar contra opositores al gobierno.
Advirtieron lo anterior el constitucionalista Elisur Arteaga y César Gutiérrez Priego, abogado que presentó una demanda ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para defender las garantías de los soldados acribillados en una emboscada en Culiacán, Sinaloa, y ha demandado un marco legal que proteja a los militares en funciones de seguridad pública.
Gutiérrez encabeza un movimiento de militares en activo y en retiro que exigen respeto a los derechos humanos de los soldados, que ha puesto énfasis en la necesidad de establecer un marco legal para las fuerzas armadas. Subrayó que con la iniciativa del PRI nos estamos yendo más allá de lo que es un marco jurídico que diera facultad a las fuerzas armadas para poder realizar funciones de seguridad pública.
Además, el proyecto de ley no es muy claro en cuanto a las atribuciones de las fuerzas armadas, ya que incluso señala que en caso de investigación podrán obtener información por cualquier medio. Sería peligroso dar facultades omnipotentes a los militares, aseveró.
El marco legal señala que todo se debe hacer con mandamientos judiciales. Escuchas telefónicas, intervención de correos electrónicos, etcétera, sí se pueden hacer, pero por el camino correcto, indicó.
La ley no es precisa. Habría alguna justificación si precisara que las investigaciones de las fuerzas armadas se limitarán a delitos de alto impacto o terrorismo, pero el problema es que también puede usarse contra cualquier persona que se oponga al régimen, manifestó.
Una cosa es el marco jurídico para que operen los militares que realizan labores de seguridad pública y otra cosa es una ley omnipotente que les permita realizar cualquier investigación con el pretexto de que se trata de un asunto de seguridad interna, corrupción o terrorismo, subrayó.
El artículo 129 de la Carta Magna
Arteaga, por su parte, aseveró que la iniciativa de los diputados priístas es inconstitucional porque el Ministerio Público (MP), federal o local, es el que tiene el monopolio de investigar los delitos.
Además, subrayó, el artículo 129 de la Carta Magna precisa que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina castrense.
Por ello, antes que aprobar una iniciativa en esos términos, tendría que modificarse la Constitución, dijo.
Insistió en que las fuerzas armadas no pueden ser utilizadas como policías o en labores de investigación, porque la Constitución no les ha dado esas atribuciones. El que se viole cotidianamente la Carta Magna no legitima lo que se hace ilegalmente, subrayó.
Señaló que la Constitución sólo prevé la aplicación del artículo 29 para suspender las garantías y derechos individuales en estado de excepción, lo que permitiría a los militares actuar como pretenden que lo haga; pero mientras no se aplique dicho artículo el Ejército usurparía funciones del Ministerio Público y de la policía, aseveró el catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana.
FUENTE: LA JRONADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/11/23/politica/003n1pol
CIUDAD DE MÉXICO: El presidente Enrique Peña Nieto negó que hubiera designado al extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, como interlocutor con el equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
“No hay designación absolutamente de nadie en este momento para asumir una tarea de representación del gobierno. No hay nada sobre este tema y los señalamientos son meras especulaciones, pero no hay absolutamente nada en términos de una tarea confiada al doctor Videgaray”, subrayó el Ejecutivo.
Comentó que hasta el momento no hay fecha para un encuentro con Trump, y aseguró que en el diálogo que sostuvieron percibió una buena disposición para tratar diversos temas.
Peña insistió en que la prioridad de su gobierno será privilegiar el diálogo para trazar una nueva agenda en la relación bilateral con Estados Unidos, pero descartó que hubiera encargado a alguien en específico encabezar dicha tarea.
“En este momento no hay diálogo, ni conversaciones, ni definición de persona alguna que se esté ocupando de esta tarea”, subrayó.
En otro tema, dijo que se debe esperar a las definiciones que tome el gobierno de Estados Unidos sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) una vez que entre en funciones, pero reconoció que el equipo de Donald Trump tiene una posición contraria muy clara
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463664/niega-pena-supuesta-designacion-videgaray-interlocutor-equipo-trump
CIUDAD DE MÉXICO: El dirigente nacional del Movimiento Petroleros Activos en Evolución, Miguel Arturo Flores Contreras, solicitó al PRI la expulsión de sus filas del senador y líder del sindicato de Pemex, Carlos Romero Deschamps.
En una concentración afuera de la sede del PRI, los inconformes entregaron la solicitud con el argumento de que pueden pedirle eso a sus dirigentes priistas, ya que están afiliados a este partido por estatutos sindicales.
Además, entregaron en la Cámara de Diputados una petición para que se inicie juicio de procedencia contra Romero Deschamps, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (SNTPRM).
Además, exigieron congruencia al presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, sobre su discurso de ir a fondo y de manera contundente para combatir la corrupción al interior de las filas del partido.
Flores Contreras subrayó que el PRI tiene ante sí la oportunidad histórica de “limpiar la casa”. Agregó que “el buen juez por su casa empieza, así que insistimos en que se actúe conforme a derecho”.
El dirigente nacional del Movimiento, acompañado de más de un centenar de trabajadores petroleros, entregó la solicitud formal en la sede del PRI nacional.
Más tarde se dirigió a la Cámara de Diputados para entregar un oficio al coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, César Camacho Quiroz, donde solicita se dé trámite al juicio de procedencia contra Romero Deschamps en términos del artículo 111 constitucional.
Lo anterior, argumentó, debido a que existe denuncia penal en contra del líder del SNTPRM por delitos de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463647/exigen-petroleros-la-expulsion-romero-deschamps-las-filas-del-pri
