El ex líder nacional del PAN, quien hace 3 años denunció los hechos, consideró que la detención y posterior liberación de funcionarios menores, demuestra que "en México, la justicia es administrada con gotero, a dosis pequeñas y con un uso político".
La detención y posterior liberación bajo fianza de tres ex funcionarios de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte por el desvío de recursos de los programas sociales para beneficiar a candidatos del PRI en 2013, “me deja insatisfacción y frustración“, aseguró el ex líder nacional del PAN, Gustavo Madero. Madero Muñoz, quien fue uno de los panistas que hace tres años denunció esa red que involucraba a 58 funcionarios de los gobiernos municipal, estatal y federal, consideró que esos detenidos son “chivos expiatorios” y que “se debe ir a fondo contra los verdaderos responsables, entre ellos, Javier Duarte (gobernador con licencia) y Fidel Herrera (gobernador de 2004 a 2010)”. En entrevista con Aristegui Noticias, consideró que estas detenciones, a tres años de los hechos, demuestran que “en México, la justicia es administrada con gotero, a dosis pequeñas y con un uso político“. Los detenidos, quienes posteriormente fueron liberados, son: Felipe Sosa Hernández, ex coordinador operativo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Anselmo Estandía, ex alcalde interino de Boca del Río, y Graciela Tejada, regidora novena de Boca del Río e hija de Tomás Tejada, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). Sin embargo, Madero Muñoz consideró que se trata de funcionarios menores y que además de Duarte de Ochoa y Herrera Beltrán, hay otros que dieron instrucciones para que se incluyeran en los padrones de beneficiarios de los programas “Oportunidades”, “65 y más” y “Pensión para Adultos Mayores”, a ciudadanas y ciudadanos que fueran afines al PRI a fin de que votaran por sus candidatos en los comicios de 2013. Entre ellos se encuentran Salvador Manzur Díaz, ex secretario de Finanzas del gobierno estatal, y Pablo Anaya Rivera, ex secretario de Salud local. Gustavo Madero recordó que la denuncia de estos desvíos estuvo a punto de provocar el descarrilamiento del Pacto por México y que el presidente Enrique Peña Nieto saliera en defensa de la entonces titular de Sedesol, Rosario Robles, a quien le dijo: “No te preocupes, Rosario“.
El diputado federal con licencia reprochó que el Gobierno Federal no haya actuado en consecuencia y que, con esta frase, validara que el desvío de recursos públicos con fines electorales son “gajes del oficio” en la política y, prácticamente, las avalara.
El acuerdo de "urgente resolución" fue presentado por integrantes del PAN y PRD; "esto no es sólo un clamor popular, es justicia elemental", señalan legisladores.
El Congreso de Quintana Roo aprobó un acuerdo en el que exhorta a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía General del Estado (FGE), la activación de una alerta migratoria para evitar que el ex gobernador Roberto Borge salga del país “con la intención de evadir la justicia”. En un comunicado se informó que el acuerdo de “urgente resolución” fue presentado por integrantes de las fracciones parlamentarias del PAN y PRD, quienes a la vez estuvieron respaldados por diputados de Morena, Nueva Alianza, Encuentro Social y del legislador independiente Juan Carlos Pereyra Escudero. “Esto no es sólo un clamor popular, es justicia elemental, y va encaminado a reconstruir la confianza en las instituciones encargadas de la procuración de justicia, dejando claro que en un Estado de Derecho, nadie está por encima de la ley, y ésta cuenta con los medios suficientes para presentar ante la justicia a los malos funcionarios, y en su caso, obligarlos a restituir el patrimonio afectado”, explica el documento. En su intervención, el diputado Jesús Zetina Tejero (PAN) y presidente de la Mesa Directiva, dijo que la Legislatura hará los exhortos que sean necesarios para darle justicia a los quintanarroenses. A pesar de que la solicitud fue aprobada con 13 votos a favor, en un debate previo los legisladores Leslie Hendricks Rubio, Raymundo King de la Rosa, José de la Peña Ruiz de Chávez y José Luis González Mendoza expusieron que este punto de acuerdo no está apegado al debido proceso.. El diputado José de la Peña del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), consideró que no es el momento procesal oportuno para solicitar una alerta migratoria.
MEXICALI, BC: Desde mayo de 2013 existe una denuncia penal por peculado y enriquecimiento ilícito contra el gobernador Francisco Vega de Lamadrid por la compra de propiedades en México y Estados Unidos con un valor de 113 millones de pesos. Las propiedades supuestamente se adquirieron a través de terceras personas, amparadas en los cargos públicos que ostentaban entonces, de acuerdo con la denuncia interpuesta por la diputada federal Nancy Sánchez Arredondo, en aquel tiempo dirigente estatal del PRI. Sin embargo, la querella se perdió en el laberinto burocrático de la justicia durante la gestión del procurador Rommel Moreno Manjarrez, actual funcionario del Nuevo Sistema de Justicia Penal federal. Es más, el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso en julio de ese año una sanción de 600 mil pesos a los partidos Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social (PES) por el uso indebido de la información contenida en la malograda querella, con la difusión del spot “Kiko no es fiar”, pautado por el propio organismo electoral para su transmisión en radio y televisión, según el expediente SCG/PE/PAN/CG/28/2013. El INE validó la queja del PAN, que adujo que se trataba de un promocional que denostaba a Vega de Lamadrid y calumniaba a ese instituto político. Una vez que Kiko Vega se convirtió en gobernador electo, trascendió la cuantiosa inversión que realizó en Baja California Sur en el consorcio turístico “El Anhelo Baja Resort”. Incluso el mismo mandatario reconoció en su momento que su participación fue en especie al ceder a sus socios terrenos de su propiedad frente al mar. Sin embargo, tiempo después el diputado Luis Moreno Hernández dio a conocer que Kiko Vega había mandado construir una nueva casa en la avenida Maltrata, colonia Cumbres de Juárez, de la ciudad de Tijuana. La residencia ocupa una superficie de 2 mil 500 metros cuadrados y está valuada en 4 millones de dólares aproximadamente. Para Moreno Hernández es inexplicable la riqueza del mandatario estatal, cuando su sueldo es de 110 mil pesos mensuales, además de que inició su actividad empresarial con casas de empeño. Pero dicha casa no es la única. También posee inmuebles en San Diego, California, Acapulco (Guerrero), Ciudad de México, Cancún (Quintana Roo), Tijuana (Baja California) y Los Cabos (Baja California Sur). El pasado 6 de octubre, el gobernador bajacaliforniano dijo que “todo lo que he tenido en mi vida lo he puesto a mi nombre, aunque yo sé que como estoy en política, el poner mi nombre en ocasiones se puede volver algo incómodo“. También advirtió que ser gobernador “no me debe impedir tener negocios. La ley sí me impide que me sirva del gobierno para hacer negocios, pero eso no sucede, sin embargo, que se diga que con 109 mil pesos ¿cómo puedo tener lo que tiene? Señores, yo busqué ser gobernador siendo empleado”, por lo que –reiteró– además de ser funcionario seguirá en la iniciativa privada. Propiedades La diputada federal Nancy Sánchez, del PRI, comenta que aparte de las propiedades que posee Kiko Vega, sus hijas Zaira y Zarema Vega Labastida, y su actual esposa, Brenda Ruacho, también cuentan con inmuebles que han sido adquiridos a través del socio del gobernador, Enrique Rafael Victoria Espinoza. Éste aparece como comprador inicial de las propiedades, al igual que Zarema y Zaira, otras más en sociedad con sus hermanos y también en las que su mamá aparece como vendedora y otras como beneficiaria. En una conferencia de prensa que ofreció en 2013 para informar sobre la denuncia penal contra Kiko Vega, en la que estuvo el senador Héctor Yunes, advirtió que aquel es propietario de siete bienes inmuebles en Estados Unidos con un costo de 57 millones de pesos, y de 17 propiedades en México con un valor de 76 millones de pesos, “obtenidos de manera dudosa y discrecional”. De acuerdo con la denuncia, en febrero de 1992 Kiko Vega compró una casa en el exclusivo fraccionamiento Chapultepec de Tijuana, con una superficie de 525 metros cuadrados y valor catastral de 2 millones 615 mil pesos. En ese tiempo era director de Inmobiliaria del Estado, en el gobierno de Ernesto Ruffo. En julio de 1994, Inmobiliaria del Estado vendió a su socio Enrique Victoria un terreno de 2 mil 358 metros cuadrados –ubicado en el fraccionamiento Mariano Matamoros– en 209 mil pesos, y en enero del año siguiente Vega de Lamadrid compró esa superficie, cuyo valor supera los 6 millones 281 mil pesos. En noviembre de 1998, a unos días de convertirse en alcalde de Tijuana, compró en 1.2 millones de pesos un predio de 2 mil 458 metros cuadrados en el fraccionamiento Alcalá. El valor, a mediados de 2013, era de 5 millones de pesos. En el segundo año de su gestión municipal, en mayo de 2000, se inició la construcción de 23 condominios en la avenida Ermita, con valor de 10 millones 350 mil pesos. En 2001, Kiko Vega buscó por primera ocasión ser candidato del PAN al gobierno de Baja California, pero al no conseguirlo regresó a la administración pública municipal, y durante el último semestre de su gobierno adquirió un terreno por 2 millones 360 mil pesos. Además ordenó la desincorporacion del patrimonio de Tijuana de un terreno de 9 mil metros cuadrados y otro de 8 mil 326 metros cuadrados, mismos que fueron adquiridos en 5 millones 503 mil 732 pesos por Enrique Victoria Espinoza. Esta propiedad, cuyo valor asciende a 22 millones de pesos, Kiko Vega la pagó al mismo precio. En diciembre de 2003, Josefa Romero Barragán compró un inmueble al municipio de Tijuana en 120 mil pesos 600 pesos, y 19 días después se lo vendió a Francisco Vega. Una década más tarde su valor catastral era de 876 mil pesos. Las campañas electorales de 2013, en las que Kiko participó como candidato, iniciaron el 25 de abril. Un día antes registró un terreno de mil 402 metros cuadrados con un valor de un millón 864 mil pesos, ubicado en la avenida Ojeda Robles, producto de la prescripción de un litigio contra Vicenta Mayor viuda de Domínguez, iniciado en 2008. La querella presentada por la diputada priista también advierte que compró inmuebles en el condado de San Diego, California, entre los que se encuentran una casa en Bonita, a nombre de Zarema Vega, adquirida en 1989 por 556 mil dólares; una casa en La Jolla, con valor de un millón de dólares, y un departamento en el centro de San Diego, en abril de 2006, por 705 mil dólares, a nombre de su hija mayor. También una casa en Chulavista, a nombre de Brenda Ruacho, en octubre de 2001, con un valor de 312 mil dólares, y otra más en la misma zona, con valor de 807 mil 500 dólares, comprada en diciembre de 2008. Multa electoral por ‘injurias’ La coalición entre el PRI, PVEM, PT y PES produjo un spot de radio y televisión denominado “Terrenos”, que transmitió durante la última quincena de la campaña electoral –de acuerdo con las claves RV01061-13 y RA01649-13–, pero fue suspendido “de manera urgente” por el Consejo General del entonces IFE, y los partidos responsables fueron sancionados económicamente. El spot decía: “Kiko Vega, cuando fue alcalde de Tijuana, se robó varios terrenos propiedad del municipio (…) Más de 40 propiedades durante y después de su mandato. Ahora Kiko Vega es investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero del crimen organizado (…) ¿No crees que es hora de cambiar? Kiko Vega no es de fiar”. La multa para el PRI fue de 486 mil 719 pesos, para el PES de 61 mil 685 pesos, mientras que el PT y PVEM tuvieron que pagar 51 mil 692 pesos a cada uno. Estos partidos advirtieron que el mensaje no agravaba la honra ni la dignidad de Francisco Vega, y respondía a la preocupación creciente “por la prevención, persecución, investigación y sanción de delitos que impliquen la comisión de actos de corrupción generados por servidores públicos”. Los consejeros electorales desestimaron el alegato y ordenaron las sanciones. Niegan investigación contra Vega El gobierno de Baja California respondió en un comunicado a las versiones difundidas en la columna “En Privado” y el programa de televisión “Chapultepec 18”, en las que se menciona una supuesta investigación al gobernador Francisco Vega de Lamadrid por parte de autoridades federales. “No existe ninguna comunicación oficial, evidencia o indicio de que se esté llevando investigación alguna por parte de ninguna autoridad”, subrayó. En estricto cumplimiento de la ley, agregó, el gobernador del estado ha presentado en tiempo y forma su declaración patrimonial, en su carácter de servidor público, en la que da cuenta de sus bienes. Además, sostuvo, en su carácter de empresario ha cumplido en todo momento con sus declaraciones fiscales y contribuciones.
Concluyó: “El mandatario estatal reitera el respeto absoluto de esta administración a la libertad de expresión de todos los ciudadanos, dentro y fuera del territorio bajacaliforniano”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ANTONIO HERAS (RREPORTAJE ESPECIAL) LINK: http://www.proceso.com.mx/463805/kiko-vega-acaudalado-gobernador-nadie-investiga
CIUDAD DE MÉXICO: A diez meses de solicitar formalmente una audiencia en la Cámara de Diputados, y un mes después de realizar un plantón frente a la sede del palacio legislativo para reiterar esta exigencia, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa lograron finalmente ingresar hoy en San Lázaro, donde expresaron sus reclamos y exigencias, entre ellos que el gobierno abandone la narrativa de la “verdad histórica” para referirse al caso. Pero si bien se entabló el diálogo “institucional”, fue mucho el cinismo que encararon los padres de los 43. Pese a aseverar que la Cámara es la “casa del pueblo”, los diputados no les abrieron las puertas de la sesión plenaria: el encuentro se llevó a cabo en el llamado Salón Verde de San Lázaro, y apenas acudió una treintena de legisladores de los distintos partidos políticos. Durante la sesión, que se extendió durante más de dos horas, los padres presentaron reclamos y peticiones claras a los diputados; denunciaron las trabas que puso el gobierno federal en la investigación, las complicidades de actores que pertenecen a todos los niveles del Estado mexicano y la necesidad de enterrar en definitiva la llamada “verdad histórica”. Frente a ellos, los diputados de PRI, PVEM, Nueva Alianza (Panal) o de Encuentro Social (PES) hicieron caso omiso a los reclamos de los padres. Tras insistir en que son “aliados” de éstos, los legisladores alabaron la investigación que realizó la Procuraduría General de la República (PGR) y abundaron en generalidades. A nombre del grupo parlamentario del PRI tomó la palabra el michoacano Víctor Silva Tejeda, militante de ese partido desde 1976 y aliado de Enrique Peña Nieto –coordinó su campaña presidencial en Michoacán en 2012. El diputado afirmó que la comisión invitó a los padres a acudir a la Cámara “desde el 25 de septiembre de 2015”, y añadió: “¡Qué bueno que después de un año estén con nosotros!”. Enseguida alabó que la investigación de la PGR fue “la más exhaustiva en la historia de la procuración de justicia” y, como si fuera un asunto de matemáticas, aseveró que los 288 tomos del expediente “lo acreditan”; añadió que la PGR cumplió con 13 de las 26 peticiones del GIEI, y que se detuvo a 128 personas en el marco de la búsqueda de los desaparecidos. También resaltó que el caso fue “el más observado a nivel nacional e internacional” y que el Estado mexicano solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la intervención del GIEI. Minutos más tarde unos de los padres, Melitón Ortega, desmintió al político, al aseverar que “Cristina Bautista y yo estuvimos en la Secretaría de Relaciones Exteriores para solicitar el apoyo de la CIDH; no fue la decisión ni el papel del Estado mexicano; al contrario, las autoridades pusieron trabas”. El diputado priista repitió por enésima vez la versión oficial, según la cual el crimen organizado se “inmiscuyó” en las policías municipales, para de inmediato omitir las responsabilidades de las demás dependencias, entre ellas federales, en la tragedia de Iguala. Y, en el colmo del cinismo, el diputado aseveró: “También hay que decirlo, un tipo de corrupción es aprovecharse del dolor de las víctimas para capitalizarlo con una intención política”. La joven diputada Sofía González Torres, electa en Chiapas bajo la bandera del PVEM –aunque no provenga de la entidad federativa ni vivió nunca en ese estado–, tomó la palabra y pronunció un discurso que molestó a los padres. “Tienen un aliado en mí y en el Verde en este recinto”, declaró la diputada. Pero a medida que avanzaba su discurso, hizo caso omiso a los planteamientos de los padres. “Nos reconforta saber que los autores intelectuales estén en la cárcel”, aseveró, al añadir que “las autoridades hicieron un excelente trabajo”. “Todas las pruebas indican que el crimen fue cometido por delincuentes que se dedican al tráfico de enervantes”, abundó, y urgió a que “el diálogo entre legisladores y los padres no debía dar pie a una pelea de carácter político”.
Al terminarse el acto, la joven legisladora se dirigió directamente hacia el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, extitular de la Sedatu y actual representante del PRI ante el INE.
Visión distinta Durante más de una hora, previo a que los diputados de PRI y PVEM tomaran la palabra, los padres de familia se sucedieron en la tribuna. Pidieron echar abajo la llamada “verdad histórica” a la que se aferró la PGR, pese a que la desecharon tanto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como la propia visitaduría de la PGR. Los afectados recordaron que Enrique Peña Nieto ascendió a varios personajes involucrados de manera directa o indirecta en el caso de Ayotzinapa, entre ellos a Tomás Zerón de Lucio –señalado por adulterar pruebas– y Omar García Harfuch –Proceso reveló que ese hombre, ahora titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), apareció en una libreta de contactos de Sidronio Casarrubias, presunto líder de Guerreros Unidos–. “¿Por qué nos mienten a cada rato? Estamos hartos que nos pisen como cucarachas”, deploró una madre, al recordar que en su momento el gobierno ofreció dinero a los padres a cambio de la pérdida de sus seres queridos. Cristina Bautista Salvador arremató contra los legisladores: “Cuando ustedes estaban en campaña para decir a la gente que su vida sería mejor con ustedes en el poder, nosotros recorríamos los pueblos en búsqueda de nuestros hijos (…) Jamás, después, recibimos de ustedes una palabra de apoyo, nunca movieron un dedo”. Mientras Emilio Navarrete hablaba, miraba con ojos de reclamo a los diputados sentados a su lado izquierdo. “Tienen toda la verdad en la mano pero no quieren ayudar. No queremos su lástima, queremos su apoyo”, dijo. Melitón Ortega les extendió una serie de preguntas: “¿Por qué los diputados siguen pensando que fue la delincuencia cuando se los llevaron policías? ¿Por qué algunos siguen diciendo que los estudiantes dispararon? ¿Cuánta mentira han sembrado en el caso Ayotzinapa? Muchos diputados se negaron en otorgarnos el pleno. ¿Qué papel juegan los diputados que no han dicho nada sobre Ayotzinapa?” Felipe de La Cruz, vocero de los padres, fue más vehemente. “Es una falta de respeto que sigan viéndonos como tontos, sobre todo los del PRI”, declaró. Y, señalando a los padres –de origen campesino, en su mayoría–, añadió: “Miren, miren como está el pueblo. El pueblo no viene de traje y en limusina. Esta ropa es de regalos. Ni tenemos para esto”.
Nicanora García González no acostumbra tomar la palabra en público. “Nunca he estado aquí en el micrófono, diciendo palabras”, explicó. Ante la presión chorrearon lágrimas en su rostro. “No andamos por dinero, no andamos por un puesto político ni por un trabajo. Andamos por la verdad”, clamó la señora.
Bloqueos y sabotajes Desde la creación de la Comisión Especial de Ayotzinapa, en septiembre de 2015, Proceso documentó en varias ocasiones que algunos grupos parlamentarios –sobre todo los de PRI y PVEM– operaron para limitar su alcance. En febrero pasado, los grupos parlamentarios de PRI, PVEM, del Panal y del Partido Encuentro Social (PES) echaron abajo el plan de interrogar a militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala por parte de los integrantes de la Comisión Especial de Ayotzinapa, pese que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) había dado su visto bueno a una visita. En septiembre, este semanario reveló que la comisión encubrió a Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cuando ocurrió la noche de Iguala, pese que éste ocultó información sobre sus diligencias irregulares en el río San Juan. El mismo mes, proceso.com.mx publicó el acuerdo del PRI para limitar los alcances de la comisión a la “atención a víctimas”, pacto al que se sumó el PRD.
CIUDAD DE MÉXICO: Sólo dos de cada diez personas apoyan a Enrique Peña Nieto. La debilidad del presidente de México es peligrosa ante la llegada de un presidente estadunidense, Donald Trump, con aires imperiales y fascistas. Sobre todo si hay amenazas de acciones que pueden desequilibrar aún más la ya de por sí endeble gobernabilidad del país. Enrique Peña Nieto se ha ido debilitando cada día más hasta alcanzar los índices más bajos de popularidad que ha tenido un presidente en las últimas décadas. A dos años del fin de mandato, la caída de la popularidad de Peña es muy similar a la de los globos inflados con gas helio, que una vez que pasa el efecto de volatilidad va cayendo poco a poco hasta convertirse en material plástico sin forma. El problema de todo esto es que el descenso del gobierno peñista se da precisamente con el arribo de Donald Trump, quien durante su campaña amenazó con deportar a 11 millones de mexicanos que trabajan en Estados Unidos, dar por terminado el Tratado de Libre Comercio y construir un muro en la línea fronteriza para impedir el paso de otros tantos millones de mexicanos y centroamericanos que van en busca de mejores condiciones de vida. Peña Nieto ya dio muestras de sumisión ante Trump, con un discurso débil donde no hace una defensa de la soberanía sino que la pone en la mesa de negociación para tener una relación “respetuosa” con el próximo presidente del país vecino. Trump es el típico estadunidense blanco, anglosajón y protestante (WASP por sus siglas en inglés) que piensa en su pueblo como si fuera el elegido de los dioses. Es un fascista con aire nacionalista y vinculado con las grandes empresas trasnacionales que consideran a México y sus habitantes como el peor mal del mundo. Frente a este peligro Peña Nieto no tiene la fuerza de gobernante ni la simpatía de los gobernados para dar una respuesta del tamaño del reto que representa un gobierno amenazador como el del magnate, que plantea cerrar sus fronteras y transformar a Estados Unidos en un imperio. La fragilidad y vulnerabilidad de Peña Nieto se transforma en un riesgo para el país porque no existe la fortaleza necesaria para defender los intereses económicos y financieros de México ante la política proteccionista y racista de Donald Trump. Tampoco para hacer propuestas comerciales distintas que diversifiquen la relación con otros países y no sólo con Estados Unidos. En vísperas de que se cumplan cuatro años de la administración de Peña Nieto, el próximo 1 de diciembre, la debilidad de su figura, la escasa popularidad que tiene, los cuestionamientos a la corrupción de las propiedades de su esposa y de los gobernadores de su partido, aunado a la crisis de derechos humanos que sufre el país, expresan los altos riesgos a la gobernabilidad en algunas zonas del territorio nacional.
Pero, sobre todo, expresan el peligroso debilitamiento de un presidente que llegó inflado por Televisa y que el gas no le alcanzó ni siquiera para la mitad de su gobierno. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (ANÁLISIS) LINK: http://www.proceso.com.mx/463666/peligroso-debilitamiento-pena
Empresarios en Veracruz quemaron un auto y amenazaron con repetir esa acción como protesta porque el gobierno estatal no les ha pagado por sus servicios.
Empresarios en Veracruz reclaman que el gobierno estatal no les ha pagado por servicios y productos que entregaron como proveedores, y la noche del miércoles pasado incluso quemaron un vehículo frenta a la Secretaría de Finanzas en Xalapa, para hacer visible su caso. Como parte de la protesta, amenazaron con quemar un automóvil por cada día sin pago. El presidente de la Canacintra Xalapa, Antonio Pino, dijo este jueves a Radio Fórmula que “están en pie de guerra”, reclamando algo justo, así que continuarán su protesta con medidas como la toma de instalaciones de la Secretaría de Finanzas estatal. Cuestionado respecto a si hoy también quemarían un auto, al no darse una respuesta positiva a sus demandas, mencionó que el tema sería consultado entre los empresarios, aunque aún contemplan esa medida. “A lo mejor sí… estamos valorándolo”, expresó. Sin embargo también apuntó que no quieren afectar tanto la circulación en Xalapa. Pino explicó que el vehículo incendiado el miércoles fue cedido por un empresario, y consideró “penoso” que el gobierno de Veracruz, sumido en un desastre financiero tras la administración de Javier Duarte, no cumpla con el pago a proveedores. “Por años nos han mentido”, mencionó Pino a Televisa.
Según un reporte de Quadratín Veracruz, los manifestantes reclaman que el gobierno estatal le debe a empresarios más de 100 millones de pesos.
En entrevista con Radio Fórmula, el gobernador interino Flavino Ríos dijo que dio instrucciones a la secretaria de Finanzas para que atienda a los empresarios en protesta, ya que aunque fue quemado un auto viejo o “de varios años” ese tipo de acciones son lamentables. “De acuerdo a las posibilidades económicas vamos a ver si les podemos pagar o no”, mencionó Ríos. “Si podemos pagar, pagamos… las deudas no son personales, las deudas son institucionales””, agregó. El nuevo gobierno de Veracruz, encabezado por Miguel Ángel Yunes, comenzará a operar el próximo 1 de diciembre.
En días previos también se dieron protestas de burócratas, policías, médicos y académicos veracruzanos, por la falta de pago del gobierno local.
Autoridades municipales de Santa María Colotepec, Oaxaca, bloquean los accesos al aeropuerto de Puerto Escondido para exigir al gobernador el pago de 4.8 mdp para la construcción de un mercado.
Autoridades municipales de Santa María Colotepec, liderados por el presidente municipal Carmelo Cruz Mendoza cerraron el acceso al Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido, Oaxaca, para exigir al gobierno estatal el pago de casi cinco millones de pesos que se le adeuda.
Al mediodía de este jueves los accesos a la terminal aérea, una de las más importantes del país pues Puerto Escondido es uno de los principales puntos turísticos del país.
Habitantes y autoridades de Santa María Colotepec toman Aeropuerto de Puerto Escondido, Oaxaca. pic.twitter.com/7oPLwBNlqY
En una circular firmada por Enrique Cruz Cruz, secretario del ayuntamiento de Colotepec, se pide a los regidores, propietarios y suplentes a acudir al aeropuerto este jueves 24 de noviembre desde las 6 de la mañana para tomar las instalaciones. Para ello cada funcionario debería acudir con al menos cinco personas.
Personal del ayuntamiento confirmó a Animal Político que este jueves las oficinas municipales no abrieron por lo que no hay atención al público.
Autoridad municipal de Santa María Colotepec #Oaxaca convoca a bloquear el aeropuerto de Puerto Escondido. pic.twitter.com/fFc8Tgp2S8
En la circular el secretario del ayuntamiento señala que el gobierno de Gabino Cué ha incumplido con el pago de 4 millones 800 mil pesos a solo cuatro días de que termine su administración. Los recursos serían para la construcción de un mercado municipal.
#Oaxaca Precaución bloqueo de habitantes en Aeropuerto Internacional Puerto Escondido km 137+600 Ctra Nac 2060 Pinotepa Nacional-Salina Cruz
CIUDAD DE MÉXICO: En “La Candidata”, la telenovela que este lunes 21 estrenó Televisa, la protagonista es la guapa senadora Regina Bárcenas que disputa a su ambicioso marido la Presidencia de la República. En el México real, Margarita Zavala es una gris exdiputada plurinominal cuyo esposo, Felipe Calderón, es el truculento jefe del proyecto presidencial que lo reelegiría de facto y ella es… la candidata de Televisa. También Calderón fue, en la elección de 2006, el candidato de la televisora propiedad de Emilio Azcárraga Jean, quien canjeó una amplia cobertura propagandística en todos sus canales y en todos los programas a cambio de la aprobación de la Ley Televisa por los congresistas del Partido Acción Nacional (PAN) y multimillonarias canonjías en el sexenio. Y si Televisa apoya a Margarita es porque espera reproducir el lucrativo esquema del sexenio de Calderón, que ella ha avalado de punta a punta, incluyendo su estrategia de “guerra” que atizó la violencia, como consta en su libro, “Margarita, mi historia”. En 2006, Televisa creó un “El privilegio de mandar” para hacer una parodia y ridiculizar o ensalzar a los candidatos que quería. Pero ahora con “La Candidata”, producida por Giselle González, el objetivo es claramente respaldar a Zavala, quien cuenta también con el apoyo de Enrique Peña Nieto –producto también de la televisora–, en amasiato con Calderón desde hace justamente una década. El respaldo de Televisa a Margarita no es sólo con “La Candidata”, sino con una inaudita cobertura de todas sus actividades, incluidas entrevistas obsequiosas, plagadas de lugares comunes y mentirosos: “tiene trayectoria propia”, “fue muy discreta como primera dama” y “es panista de cepa”. Como lo hizo con Calderón a lo largo de su sexenio, cuando encubrió y solapó todos sus abusos de poder, ineptitudes y corrupción –incluido el mediocre crecimiento económico idéntico al de Peña y la violencia que detonó su estrategia de “guerra”–, Televisa guarda silencio ahora sobre la anodina trayectoria de Zavala y su desdén por la transparencia y la rendición de cuentas. Su propia biografía, “Margarita, mi historia”, no incluye un solo logro memorable como política y dos veces legisladora. El libro mismo es una idea reciclada de su esposo quien publicó, en 2006, también como insumo de propaganda, “El hijo desobediente”. Zavala Gómez del Campo hace campaña con recursos públicos –usa vehículos oficiales y soldados del Estado Mayor Presidencial (EMP)–, recibe donativos vía Paypal y en la cuenta 4057243693 del banco HSBC, a nombre de la asociación civil Dignificación de la Política. Pero nada informa de esos recursos, ni de los que obtiene con la venta de productos propagandísticos como pocillos, tazas, teteras, playeras, cobijas, chamarras, chalecos, accesorios para teléfonos móviles, bolsos, zapatos, relojes, pulseras… ¿Cuánto dinero ha recaudado con estos mecanismos y los “pases de charola” que suele hacer en cenas y desayunos? Nadie sabe y cuando se le pregunta, como hizo este reportero, promete que dará la información y la oculta. Vaya, ni su 3 de 3 ha presentado, que podría hacer –si tuviera voluntad– como “persona de interés público”. Eso sí, como a lo largo de su libro, se la pasa quejándose de que sea prima de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, una de las dueñas de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños, en 2009; de que su hermano Diego Hildebrando haya sido acusado de enriquecerse mediante el tráfico de influencias, y de que en el PAN no la deje ser diputada, presidenta de ese partido y candidata presidencial. No es raro, entonces, que se refiera con desprecio a sus propios compañeros de partido: Son una “bola de cobardes”. Televisa apostó por Margarita Zavala con “La Candidata”, en agosto de este año, cuando la victoria de Hillary Clinton en Estados Unidos parecía inevitable y la panista era su principal propagandista en México. Pero la derrota golpeó a las dos de la vida real. Margarita y Calderón –quien afirma que la de su esposa es “una candidatura muy fresca”– deberían verse en los protagonistas de los melodramas: Televisa inventa ídolos que, si así le conviene, derrumba y aun aplasta… Apuntes La esposa de Calderón no es “La Candidata” solamente de Televisa, sino de lo que suele llamarse el establishment o, si se prefiere, del sistema. No es fortuito que llame tío al banquero Roberto Hernández, accionista de Televisa, ni que uno de sus amigos desde que comenzó a estudiar Derecho sea Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero y Mexicanos contra la Corrupción, organismo al que le fue filtrada la información de los 900 millones de pesos de dinero público que transfirió Peña Nieto a la fundación de Josefina Vázquez Mota…
Hay también despistados que aplauden a Margarita, porque se manifestó, oportunistamente, contra la ratificación de Raúl Cervantes en la PGR… casi un mes después de que el PAN votó a favor. De risa. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ÁLVARO DELGADO. LINK: http://www.proceso.com.mx/463407/margarita-la-candidata-televisa
CIUDAD DE MÉXICO: Desde febrero de este año se publicó en algunos portales de mercadotecnia que el vicepresidente ejecutivo de Televisa, Bernardo Gómez, y el productor Pedro Torres, famoso por traer a México el reality Big Brother, se habían integrado al equipo de promoción de la exprimera dama Margarita Zavala, para perfilarla como candidata a la Presidencia de la República en 2018. Los ejecutivos de Televisa, expertos en mezclar el entretenimiento con la promoción política, le habrían sugerido a Zavala construir su propia plataforma, deslindarse de la herencia conflictiva del sexenio de Felipe Calderón, presentarse como una mujer empática y defensora del “empoderamiento” del género femenino, sin entrar en temas polémicos como la despenalización del aborto o las parejas del mismo sexo. El otro elemento clave en las sugerencias de branding (posicionamiento de marca) de los ejecutivos de Televisa fue que Margarita Zavala trascendiera su propia militancia en el PAN, que se perfilara como una “candidata ciudadana”, ajena la partidocracia, crítica de su propio partido y de la corrupción para quitarle banderas políticas, sobre todo al dirigente y aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador. En otras palabras, había que reinventar (o inventar) a Margarita Zavala como una mujer experimentada, conocedora de los entretelones de poder, exlegisladora, preocupada por su país, empática y capaz de captar el desencanto de las clases medias y altas con la fábula del sexenio de Enrique Peña Nieto, que Televisa ayudó a fabricar y ya estaba en los puntos más bajos de aceptación social. La idea fundamental era transformar a Margarita Zavala como una candidata agradable para los hipsters y para las mujeres, para las élites y para las clases medias. Una mujer a la altura de la “nueva Televisa”, relanzada en agosto de este año. La campaña de la aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, le dio a Margarita Zavala y a Televisa el pretexto ideal para impulsar a la exprimera dama en las pantallas, bajo la sutil estrategia de advertainment (mezcla de publicidad y entretenimiento), sin que pareciera una promoción evidente. Si Hillary llegaba a la Casa Blanca, el terreno estaba abonado para que Margarita tropicalizara el fenómeno de los Clinton, como si fueran lo mismo que los Calderón. Zavala comenzó a aparecer como experta en temas de género y de política. La televisora de Azcárraga Jean le dio cobertura a sus participaciones como “invitada especial” de Hillary a la Convención Demócrata y se proyectó como una crítica directa de Donald Trump, de su grotesca visita a Los Pinos, invitado por Peña Nieto, y de sus mensajes misóginos y racistas. Sin embargo, el agradable yate en el que viajaba el nuevo matrimonio político-mediático de Televisa y Margarita Zavala se enfrentó con el iceberg del 8 de noviembre. La victoria de Trump no sólo dejó helados a los encuestadores y directivos de Televisa, sino a los promotores de Zavala, incluidas las numerosas redes construidas gracias a la gestión de personajes como Claudio X. González. La realidad se impuso al guión oculto. El entretenimiento se convirtió en pesadilla. Había que reencauzar la estrategia. La telenovela se había alterado. Margarita ya no podía colgarse de la victoria no lograda de Hillary, y Televisa tenía que ver por su propia e inminente crisis financiera. En paralelo, desde agosto de este año comenzó la grabación de la telenovela La Candidata, protagonizada por Silvia Navarro, Rafael Sánchez Navarro y Víctor González. “Las Estrellas” estrenaron este 21 de noviembre La Candidata que pretende inaugurar la “nueva era” de los melodramas de Televisa. Una mala réplica de House of Cards, de Netflix, y un guiño fallido al “producto” Margarita que no acaba de cuajar, a pesar del evidente apoyo de las encuestadoras. Con la telenovela, Televisa pretendía replicar el modelo Peña Nieto, pero en sentido inverso: si con el exgobernador del Estado de México exportaron la telenovela a la realidad hasta convertirla en una trágica parodia en Los Pinos, con Margarita Zavala pretenden incorporar la realidad al entretenimiento melodramático para afianzar el voto femenino. Lástima por Margarita. Y lástima por La Candidata. Puede que la nueva telenovela funcione como un divertimento, una apuesta necesaria para elevar los ratings, para exponer la corrupción y las intrigas políticas (en las cuales, por supuesto, no participa ninguna televisora), pero la maquinaria de promoción de Zavala ya no funcionará como antes.
Margarita se quedará como La Candidata: un producto más de Blim que pasará con más pena que gloria. El problema no es el género sino el régimen. El desafío no es el rating sino la credibilidad. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL (ANÁLISIS) LINK: http://www.proceso.com.mx/463509/televisa-margarita-la-telenovela-ya-funciona
Después de casi dos años de recibir impugnaciones contra la competencia del fuero militar en investigaciones por violaciones a los derechos humanos de civiles, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cedió a las exigencias de los representantes de las familias de José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, detenidos el 29 de diciembre de 2009 por una partida militar en el municipio de Buenaventura, Chihuahua. La desaparición forzada de los primos ocurrió en el contexto de la guerra contra el narcotráfico lanzada por Felipe Calderón en diciembre de 2006, apenas inició su mandato. De hecho es el primer caso de esta naturaleza llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal que ya condenó a México en cinco ocasiones por violaciones a las garantías individuales, en cuatro de ellas por abusos cometidos por tropas de la Sedena en administraciones anteriores.
El litigio ante la Corte es llevado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CDHM), la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac) y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, cuyos abogados exigieron desde el principio a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar las indagatorias correspondientes para la localización de los tres jóvenes.
Ante la falta de respuesta, los litigantes de esas organizaciones acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que inició una indagatoria y el 30 de junio del año pasado emitió una recomendación –la 43/2011–, en la que sus visitadores confirman la participación de miembros del Ejército, así como de agentes de la Policía Federal, en la desaparición de José Ángel, Nitza Paola y Rocío Irene. La triple desaparición también formó parte de los expedientes que el Grupo del Caso de los Jóvenes Alvarado entregó al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) de las Naciones Unidas durante su visita a México en marzo del año pasado, que se prolongó durante tres días. El GTDFI evaluó la información de las autoridades federales y locales, así como la que le proporcionaron activistas de derechos humanos y la propia Sedena, y elaboró un informe sobre los tres casos, que presentó el 20 de diciembre último durante el 19 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. El organismo concluye: “parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas”. La devolución del expediente El jueves 9 de febrero, en una reunión efectuada en la Secretaría de Gobernación en torno al tema del cumplimiento de la recomendación de la CNDH relativa a la desaparición de los primos Alvarado, la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) optó por delegar el caso a la PGR, según relatan familiares de las víctimas y los abogados que llevan el caso. “Nosotros advertimos desde un primer momento que si la PJM no declinaba su competencia, nosotros íbamos a interponer un amparo en apego a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con el cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla y ante las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del año pasado”, dice en entrevista Luz Estela Castro Rodríguez, coordinadora del CEDHM. Relata que el 7 de diciembre, en una reunión con representantes de Gobernación y de la Sedena, ella y sus compañeros insistieron en ese aspecto y los funcionarios respondieron que estaban “analizando la petición”. De acuerdo con la minuta del encuentro del jueves 9, un representante de la PJM “informó a los beneficiarios y a sus representantes que esa dependencia declinó competencia de las investigaciones a favor de la PGR, la cual recibió 14 tomos que integran las indagatorias que llevaron con fecha 3 de enero de 2012”.
El expediente AP/PJM/AMPE/Cd Juárez /196/20 09-II-IV estuvo en poder del Ejército desde el 20 de febrero de 2010, cuando la PGR declinó competencia a favor de la PJM. La averiguación se abrió por el delito de “abuso de autoridad” y no por desaparición forzada, pese a la insistencia de familiares y abogados.
Los 14 tomos de la investigación ya fueron enviados a la delegación de la PGR en Ciudad Juárez a petición de la coordinadora del CEDHM. “En unos días más vamos a revisar la averiguación y veremos en qué fundamentaron la declinación, sería extraordinario que lo hicieran con base en el respeto a los tratados internacionales y la resolución de la SCJN –dice–. Ojalá no salgan con que declinaron porque no encontraron responsabilidad de militares en la desaparición de los jóvenes Alvarado.” Su compañera Emilia González Tercero, de la Cosyddhac, es más pesimista: Dice: “Tengo la sospecha de que el expediente fue manipulado, sobre todo por la forma en que se condujeron los militares para negar los hechos. Pienso que fue una investigación para exculpar, más que para esclarecer”. Castro Rodríguez resalta que en la investigación también deberá deslindarse la responsabilidad de un comandante de la Policía Federal de apellido Meza, quien tuvo información de los militares sobre la detención de los jóvenes Alvarado por tropas de la Sedena, de acuerdo con la recomendación de la CNDH, que implica también a la Secretaría de Seguridad Pública federal, que dirige Genaro García Luna. “Hasta ahora, García Luna no ha aceptado la recomendación, por lo que pedimos a la CNDH que ejerza su facultad de pedir al Congreso de la Unión que llame al funcionario a comparecer”, dice la abogada. E insiste en que llevará su investigación hasta las últimas consecuencias para que se castigue a la cadena de mando: “Debe ser llamado a cuentas el general Felipe de Jesús Espitia Hernández, porque al menos en el caso específico del coronel de infantería Elfego José Luján Ruiz, principal sospechoso de la desaparición de José Ángel, Nitza Paola y Rocío Irene Alvarado, él se encargó de encubrirlo”. Espitia Hernández fue comandante de la V Zona Militar con sede en Chihuahua, del 18 de enero de 2007 al 1 de julio de 2010; también fue primer titular del Operativo Conjunto Chihuahua, que arrancó el 28 de marzo de 2008. Confrontado con las organizaciones de derechos humanos por sus declaraciones –“No me pregunten cuántos muertos hubo, sino cuántos delincuentes menos hay”, declaró alguna vez–, el general Espitia fue enviado a la base militar de Santa Gertrudis, Chihuahua, tras su gestión al frente de la V Zona Militar. Castro Rodríguez y González Tercero sostienen que Espitia tendría que aclarar por qué razón protegió al coronel Luján Ruiz, comandante del 35 Batallón de Infantería, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Maniobras militares En su edición del 25 de abril de 2010, Proceso publicó un reportaje sobre la desaparición de José Ángel, Nitza Paola y Rocío Irene Alvarado y las vicisitudes de sus familiares y abogados ante las delegaciones de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua en Buenaventura y Casas Grandes, Chihuahua. En su litigio inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de los Alvarado informaron que “tres funcionarios de la Procuraduría de Chihuahua (Aarón Enríquez Duarte, Horacio Flores y otro de apellido Leyva) confirmaron verbalmente a familiares de las víctimas que éstas fueron detenidas por militares en un operativo dirigido por Elfego Luján, comandante del referido batallón. “También les dijeron que la camioneta GMC 2001 con placas ZR 9367, en la que viajaban Nitza Paola y José Ángel al momento de ser arrestados, fue depositada por soldados en el corralón de la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo Casas Grandes” (Proceso 1747). Sin embargo, el general Espitia Hernández, entonces comandante de la V Zona Militar, “se encargó de negar la participación del Ejército y después la misma Sedena ocultó la existencia de Luján”, cuenta la abogada Castro Rodríguez a la reportera. Este semanario informó entonces que las abogadas Castro y González Tercero, así como familiares de las víctimas, fueron recibidas el 9 de enero de 2010 en las oficinas de Espitia, reunión en la que participaron además el mayor Carlos Sergio Ruvalcaba, jefe de Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional de la Dirección de Justicia Militar, y un general “de apellido Guillén”. “Fue éste quien, en un intento por desactivar las exigencias de presentación de los desaparecidos, acusó a José Ángel y a Nitza Paola de tener ‘antecedentes penales por robo de vehículo, y a María de Jesús Alvarado Espinosa, hermana de Nitza, por robo en casa habitación’.” Dos años después de ese encuentro, la abogada de la Cosyddhac, Emilia González Tercero, relata: “En esa ocasión también estaba presente Elfego Luján. Había sido mandado llamar por el general Espitia, quien a su vez organizó el encuentro por órdenes de la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena”. Tanto ella como Castro Rodríguez describen al coronel Luján como un hombre de baja estatura, moreno, de complexión media, casi robusta. “Espitia negó que tropas del 35 Batallón hubieran estado desplegadas en Buenaventura en las fechas en que desaparecieron los primos Alvarado, y llamó a Luján para confirmar su dicho. En ese momento, María de Jesús lo increpó y le recordó que en su pueblo todos sabían que habían estado hospedados en un hotel y que habían estado ahí las últimas tres semanas de diciembre. “Luján trató de refutar las afirmaciones de María de Jesús, pero cada vez se enredaba más, conforme ella le iba dando más datos, hasta que Espitia le ordenó que se callara”, recuerda González Tercero. Días después, Luján fue removido de su cargo. Castro Rodríguez agrega: “En nuestra solicitud de amparo contra la desaparición forzada, interpuesta el 6 de enero de 2010, mencionamos como autoridad responsable al comandante del 35 Batallón de Infantería de nombre Elfido o Elfego Luján, y que probablemente tenía el cargo de teniente o capitán, porque eran los datos vagos que teníamos de los agentes ministeriales; en la respuesta a la autoridad, se niega su existencia”. El 11 de febrero de 2011, en un documento firmado por el coronel de infantería Marín David Vázquez Orozco, “comandante del 35 Batallón de Infantería”, del que Proceso tiene copia, se negó a responder al oficio enviado por la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Ciudad Juárez, Guadalupe Arellanes Martínez, dirigido al “teniente o capitán Elfido Luján”, porque –dijo– “no existe persona con ese nombre (en esa instalación militar)”. Continúa la abogada: “Es claro que se trató de una estrategia para evadir responsabilidad y protegerlo. En reuniones posteriores para revisar el cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH reiteramos que se estaba manipulando la información, ya en el proceso ante la Corte Interamericana la Sedena volvió a negar nuestros señalamientos”. La petición Negar la participación de efectivos militares en la desaparición de los Alvarado fue uno de los elementos que arguyó la CIDH para enviar el caso al tribunal regional, según la resolución emitida por la Corte Interamericana el 26 de mayo de 2010 en la que exige al gobierno de Felipe Calderón la presentación de los desaparecidos. Seis meses después, ante la reticencia del Estado mexicano por localizar a las víctimas, acción esta última que eventualmente implicaría reconocer la participación del Ejército, la Corte amplió la protección a 24 familiares, así como a la abogada Emilia González Tercero, por las amenazas que recibieron. En su resolución del 26 de noviembre de 2010, el máximo tribunal interamericano incluyó extractos de un escrito fechado el 3 de junio de 2010, en el que la Sedena justificaba la intervención de la PJM como “una medida para esclarecer si en la presunta desaparición (…) participó o no personal militar”. El documento de referencia puntualizaba que “autoridades de la V Zona Militar negaron que personal de su jurisdicción hubiera participado en los hechos”. Ante el continuo desacato y la ineficacia para aplicar las medidas de protección, la CIDH amplió el número de protección a 37 personas. El 28 de junio de 2011 representantes del gobierno calderonista fueron sentados nuevamente en el banquillo de los acusados ante jueces de la Corte Interamericana por el incumplimiento de las medidas de protección a los familiares de los Alvarado y por el desdén de las autoridades militares para localizar a los jóvenes desaparecidos. En la audiencia, en la que estuvo presente la reportera, los representantes de México, encabezados por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Robledo Verduzco, negaron la participación de tropas del Ejército en la desaparición de los Alvarado y defendieron la competencia del fuero militar. En una reunión posterior a la audiencia, María de Jesús Alvarado Espinosa, hermana de Nitza Paola, enfrentó a los funcionarios: “Respeto su opinión, pero yo no estoy de acuerdo. Durante las tres semanas que estuvieron en mi pueblo los soldados se robaron las pick ups de la gente y las traían como suyas, y a los dueños los torturaban (…) Hasta ahora no sé nada del presidente Calderón. “En febrero de 2010, cuando fue a Ciudad Juárez (a ver a los familiares de los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar), yo le entregué a Margarita Zavala un expediente pidiéndole que localizara a mis familiares y castigara a los culpables. Hasta ahora no tengo respuesta”, les dijo (Proceso1809). En su informe definitivo, presentado el 20 de diciembre último en Ginebra, los integrantes del GTDFI Jasminka Dzumhur (Bosnia y Herzegovina), Ariel Dulizky (Argentina) y Osman El Hajjé (Líbano) recomendaron, entre otros puntos: “Considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas miliares de las operaciones de seguridad pública de la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las desapariciones forzadas”. En su documento entregado al Consejo de Derechos Humanos ubican las desapariciones en el contexto de la guerra contra el narcotráfico: “El Grupo de Trabajo recibió documentación detallada de varios casos de desaparición forzada que habrían sido perpetrados por elementos militares en múltiples estados, como Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas”.
Los integrantes del GTDFI sostienen que en la guerra declarada por el presidente Calderón a la delincuencia organizada “la presencia de las Fuerzas Armadas se ha extendido más allá de las funciones de las operaciones de seguridad”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ. LINK: http://www.proceso.com.mx/463492/desapariciones-ejercito-cede-encubre
De 2013 al 2015, el número de mujeres mexicanas asesinadas se duplicó al pasar de 3.5 al día, entre 2001 y 2006, a siete por día, señaló un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El documento precisó que el estado de México es la entidad donde más feminicidios se registraron, pues tan sólo el año pasado fueron asesinadas por lo menos 406 mujeres, que representan el 17 por ciento de los feminicidios a escala nacional. De acuerdo con organizaciones civiles, cada día es mayor la amenaza sobre las mujeres y la violencia, mientras que los resultados de las investigaciones de las autoridades son menos útiles por optar por la defensa de los culpables y mantener en la impunidad los casos. Que cada día mueran siete mujeres en México equivale a la mitad de las muertes causadas por dos de las enfermedades más letales para el sector, es decir, el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino, que ocasionan 15 y 14 mujeres al día respectivamente, señaló Silvia Solís, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México (Ddeser). Las organizaciones pro derechos de las mujeres lamentaron que cada año en el país se registren al menos 16 mil denuncias por violación. En el estado de México, de 2008 a 2015 se registraron 400 feminicidios en Ecatepec, señaló Solís. Agregó que Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, entre otros, también “son fatídicos” para las mujeres. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra este 25 de noviembre, grupos feministas llevarán a cabo una manifestación en la capital y otras 27 ciudades para exigir un alto a la violencia machista y el acceso a la justicia de todas las víctimas, así como el respeto a la diversidad. Por otra parte, activistas, periodistas, feministas youtubers y blogueras señalaron que el odio en las redes sociales es “real”, y precisaron que el “odio viral” es acentuado por el uso de las tecnologías de información y medios digitales, así como que las redes han sido utilizadas para “”transmitir discriminación y violencia hacia las mujeres de forma exponencial”. Cada 25 de noviembre se celebra en el mundo el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a raíz del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe llevado a cabo en Bogotá, Colombia, en 1981. Esa fecha fue elegida para recordar, entre muchos otros hechos lamentables para la mujer, el asesinato de las hermanas Mirabal en 1960, a manos de la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana. Años después se aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando en 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas tomó la decisión para definir que la violencia hacia la mujer era “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”. En ese mismo contexto fue cuando se reconoció la urgencia de “una clara declaración de los derechos que se deben aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia contra la mujer en todas sus formas, y un compromiso de los Estados y de la comunidad internacional en general para eliminar la violencia contra la mujer”.
Pero fue hasta 1999, un 17 de diciembre, que la Asamblea General declaró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que cada año se invita a las organizaciones, colectivos y población en general a realizar actividades para sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: https://desinformemonos.org/se-duplico-cifra-feminicidios-mexico-tres-anos/
