Subraya que desde hace tres meses se logró contener los homicidios en Acapulco.
Tenemos que seguir. Tenemos que poder, expresó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al defender la estrategia actual de combate al crimen.
Por ahora destaca el caso de Acapulco, el cual tiene ya tres meses en contención de homicidio doloso, pero se desconoce si ya fue desbancado como el municipio número uno, de 50, clasificados por Gobernación en el “ranking de prioridad”, por la magnitud y gravedad de la incidencia delictiva.
En 2015 fueron denunciados en el puerto 532 homicidios dolosos, en un promedio de entre 44 y 75 crímenes por mes. En 2016 (periodo enero-octubre), la suma de asesinatos intencionales es de 567, aunque se pudo contener la subida: julio, 72; agosto, 66; septiembre, 48, y octubre, 45; es decir, en la franja de 42 a 72 cada mes.
Las autoridades destacan marcadamente esa baja (de 66 a 48 crímenes), aunque para otras mediciones optan por comparar la incidencia actual con meses e incluso con años anteriores, a fin de subrayar la reducción, por mínima que sea, según el parámetro contrastado.
Respecto a secuestros en Acapulco, hay una disminución (de 11 a ocho plagios durante los primeros 10 meses de 2015 y 2016, respectivamente). En violaciones sexuales se pasó de 109 a 74, también en ese periodo.
Según esa lista del ranking 50, elaborada en agosto pasado, después de Acapulco está o estaba Tijuana.
Hasta ahora no se ha precisado la lista de ese medio centenar de ciudades; se mantiene en reserva bajo el argumento de que así se evita criminalizar ciudades. Tras aquella localidad fronteriza siguen Culiacán, Ecatepec, Guadalajara, Monterrey, Ciudad Juárez, Chilpancingo, Nezahualcóyotl, Iztapalapa, Puebla, Cuauhtémoc (delegación de la Ciudad de México), Mexicali, Zapopan, Chimalhuacán, Tlalnepantla y Morelia, según datos recabados.
El secretario Osorio Chong, quien es el coordinador del gabinete y responsable de la estrategia de seguridad nacional, dijo: en Acapulco estamos con índices muy importantes a la baja. Los miles y miles de turistas que fueron el fin de semana, estuvo lleno, se pudo dar cuenta que Acapulco sigue bien. Ya lo llevamos durante más de ocho semanas.
No obstante, admite una subida en otras regiones de Guerrero, durante la tercera semana de noviembre, debido a la pugna de grupos criminales por el control de la zona.
Lo que nos pasó al interior del estado lo estamos atendiendo; el gobernador llamó a una reunión y los estamos atendiendo para resolver un problema de muchos años, lo más pronto posible.
–¿Quién ocupa ahora el primer lugar? ¿Ecatepec?
–Estamos atendiendo a los 50 por igual, no estamos señalando a uno en lo particular. Creemos que podemos disminuir con lo que estamos haciendo y ya traemos indicadores buenos. Tenemos que seguir, aquí también tenemos que poder dijo al término de una visita a Ecatepec, en una estrategia denominada caminatas nocturnas, preparada en coordinación con autoridades locales y la Secretaría de Desarrollo Territorial. Ahí, sobresale el contacto con la gente y el mensaje de que cumplirán con acciones.
Igualmente sustentarán en 2017 el programa antidelito en el trabajo de nueve dependencias federales, así como en la iniciativa privada, universidades y sociedad civil, debido a que el subsidio a autoridades locales no tiene recursos para 2017.
Traemos –dijo a La Jornada– una baja sensible en el país respecto al secuestro, y no es por casualidad; se han hecho unidades antisecuestro en todo el país y esto da resultado, no con más policías sino a partir del fortalecimiento de las instituciones.
Para las autoridades federales, los problemas más importantes en la materia, principalmente en lo que se refiere a homicidios dolosos, no son un fenómeno generalizado, en todo el país, sino exclusivo de pocas entidades federativas, dijo el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, responsable de compilar la información de procuradurías estatales y de la General de la República.
Destacó la disminución, en 5.87 por ciento, de homicidios dolosos en octubre pasado, así como otras bajas en robo a carretera (-3.7 por ciento); 20 por ciento menos en hurtos a autobuses y 5.3 por ciento en camiones de carga; 2.9 menos a bancos y menos 100 por ciento a empresas de traslado de valores.
Dijo que este año, respecto a 2015, hay también disminución, entre 2.6 y 67 por ciento en extorsión, robo a transeúnte y robo a casa habitación.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/11/28/politica/008n1pol
La supremacía del Ejército mexicano en la recta final del sexenio de Enrique Peña Nieto ofrece la percepción de que actualmente en México vivimos un levantamiento soterrado y la imposición de un régimen de facto controlado por las fuerzas armadas.
Da la impresión que, ante el desgobierno de Peña Nieto, el golpe militar se ha ido gestando en estos meses. Los militares han tejido inteligentemente las redes necesarias para tener el control de instituciones claves y operar tranquilamente a su antojo, las decisiones del gobierno.
Sabíamos que cuando Felipe Calderón —- el ex Presidente acusado de terribles crímenes de guerra ante La Haya—- sacó a la calle a los militares para supuestamente combatir al crimen organizado, el problema sería regresarlos a sus cuarteles, el lugar que obviamente les corresponde en una democracia normal.
Pues bien, Peña Nieto se ha sometido a la autoridad militar desde que llegó a la Silla del Águila y por consiguiente el poderío militar ha terminado por anularlo, hacerlo a un lado y convertirlo en un cero a la izquierda.
Los militares han impuesto su particular agenda de intereses castrenses. Y para ello, las fuerzas armadas tienen a su alfil, el abogado César Gutiérrez Priego, hijo del generalato Jesús Gutiérrez Rebollo, el tristemente militar de carrera condenado a 40 años de prisión por delincuencia organizada.
La falta de memoria histórica en México genera este tipo de aberraciones. Gutiérrez Priego ha creado la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo en apoyo a militares en activo y retiro que sufren violaciones a sus derechos humanos.
El cinismo del vástago de Gutiérrez Rebollo es tal, que ahora se ha convertido en abogado de los milicos y opera abiertamente para dotarles de un marco jurídico que les permita investigar y actuar contra las supuestas “amenazas” que pongan en peligro la estabilidad y la seguridad interior o la llamada “paz pública”.
Hasta ahora, las Fuerzas Armadas, militares y marinos, con Peña Nieto a la cabeza, han tenido licencia para matar, ejecutar arbitrariamente a civiles, torturar y desaparecer. El ejército y la marina tienen un largo historial de graves violaciones a los derechos humanos.
Y para demostrar lo anterior, están allí los crímenes de Estado de Tlatlaya, Ayotzinapa y las ejecuciones extrajudiciales que cotidianamente cometen en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa y tantos otros estados de la República.
Durante el sexenio de Calderón, las quejas ante la CNDH contra el Ejército superaron las 7 mil, pero el incremento de esa estadística se escondió a partir de la llegada de Peña Nieto. ¿Cuántas denuncias más ha recibido la poco independiente CNDH contra el Ejército y la Marina? ¿Por qué el Ombudsman oculta las cifras de la ignominia del Estado?
Mientras la CNDH y Peña Nieto meten debajo de la alfombra a las víctimas de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el PRI han creado una ley de seguridad interior para otorgar el supuesto marco jurídico que permita a los militares el uso legítimo de la fuerza en operativos que pongan en peligro nuestra estabilidad y paz social.
El encargado de semejante golpe militar es nada menos que César Camacho Quiroz junto a la legisladora Martha Sofía Tamayo. Ambos proponen con el beneplácito de la Sedena, es decir del general Salvador Cienfuegos, las acciones de orden interno para los militares.
¿Y que es la seguridad militar, según ellos? Pues textualmente lo siguiente: “todo lo que se deriva de una de las funciones primarias e irrenunciables del Estado, tanto para su propia subsistencia como para garantizar las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de las potencialidades de sus habitantes, mediante la adopción de todo tipo de medidas políticas, económicas y sociales, incluyendo el ejercicio del monopolio del uso legítimo de la fuerza… y en primer término debe hacer uso de todos los medios y recursos legítimos que se encuentren a su disposición y, en caso de que la situación concreta así lo amerite, bajo el principio de gradualidad en el uso de la fuerza, disponer de las fuerzas armadas como la última ratio del poder nacional”.
Pues bien, detrás de toda esta verborrea nacionalista, los milicos quieren imponer su poder fáctico. Más poder fáctico del que ya tienen. Me explico. El objetivo del general Cienfuegos, encargado de otorgar impunidad a los militares criminales, es dar facultades omnipotentes a las fuerzas armadas, ya que la nueva ley dice que podrán obtener información por “cualquier medio”.
En realidad, lo que los milicos y sus aplaudidores quieren con su nueva y espantosa ley es perseguir y aniquilar a cualquier persona que se oponga al régimen. En términos reales ya lo hacen, pero no tienen todas las de la ley en su actuar, por eso ahora quieren legalizar la represión.
Se le olvida al general Cienfuegos y al PRI que ya existe un Ministerio Público, federal o local para investigar los delitos de la seguridad interna del país.
Habría que enviarle al general una copia de la Constitución Mexicana para recordarle que según el artículo 129 que en tiempos de paz ninguna autoridad castrense puede ejercer más allá sus atribuciones.
Obviamente los militares ya violan la Carta Magna ejerciendo labores de policías estatales. Sabemos que en muchos estados se quitan el uniforme verde y se ponen el azul como si se tratara de un disfraz, para emprender acciones policiacas que no les corresponden.
La nueva ley terminaría por imponer el golpe militar que de facto ya padecemos los mexicanos. El ejército es un ejército traidor que ha volteado sus armas contra los ciudadanos. Mata, desaparece y tortura impunemente. Y nadie le pone un alto. Tal vez, por eso, lo que pretenden ahora es legalizar sus horrendos crímenes.
Los golpes de estado no le son ajenos a México. En el siglo XIX padecimos también de la supremacía del ejército. Pero creíamos superados los tiempos de Victoriano Huerta. Craso error.
Los militares quieren seguir imponiéndose. Y buscan perpetuar su impunidad y su poder rumbo al 2018. De hecho, andan pactando en lo oscurito. ¿Cuál será el gallo o gallina de los milicos para sostener en el próximo gobierno sus licencias para matar, desaparecer y torturar?
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-11-2016/3119955
Durante los años que duraron, las negociaciones que hizo el Gobierno mexicano del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en Inglés) se mantuvieron en secreto. La Dirección General para Asia, Oceanía y Organismos Multilaterales de la Secretaría de Economía declaró en 2015, “inexistente” la información sobre la fecha y el lugar donde se realizaron las reuniones de trabajo, las copias digitales de las actas de cada una de las sesiones, los nombres de los funcionarios mexicanos que asistieron, así como gastos en boletos de avión, hospedaje y viáticos.
Mientras se realizaron, los mexicanos no conocieron los pormenores de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), el tratado comercial que México firmó con otros 11 países y que podría sufrir embate una vez que Donald Trump asuma como Presidente de Estados Unidos.
La Dirección General para Asia, Oceanía y Organismos Multilaterales de la Secretaría de Economía (SE) declaró en 2015, “inexistente” la información sobre la fecha y el lugar de las reuniones de trabajo, las copias digitales de las actas de cada una de las sesiones, los nombres de los funcionarios asistentes, así como los gastos en boletos de avión, hospedaje y viáticos, consta en la Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Para entrar en vigor, el tratado debe ser ratificado por los Congresos de todos los países firmantes. Sin Estados Unidos, Japón no ve ningún sentido de continuar, como lo declaró el primer ministro de ese país, Shinzo Abe, en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, el 21 de noviembre pasado, en reacción a la advertencia de Donald Trump de retirar a Estados Unidos.
De modo que uno de los escenarios más probables es que en cuanto Donald Trump asuma como Presidente algunos países se desanimen y no ratifiquen el convenio, y otro menos factible es que se renegocie.
En caso de no ser firmado, diez años de negociaciones de libre comercio quedarán entre las sombras para los mexicanos que no conocieron nada de lo que su Gobierno puso sobre la mesa como tampoco en qué diagnósticos se basó.
Con 12 acuerdos comerciales con 46 países, 32 acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 y nueve acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, México es el país con el mayor número de convenios de libre comercio en el mundo, según datos de la SE.
Las condiciones del convenio fueron tan secretas que ni siquiera ahora, cuando el documento es público, se conoce con precisión cuántos años duraron las negociaciones. Algunas fuentes indican que fueron cinco, otras que se prolongaron durante siete años. En ese lapso, los ciudadanos de los países firmantes tuvieron acceso sólo a filtraciones sobre capítulos referentes a temas como inversiones, propiedad intelectual y medio ambiente publicadas en Wikileaks.
La falta de transparencia no sólo ocurrió en México. Las negociaciones del TPP se realizaron a espaldas de los ciudadanos de todos los países firmantes; es decir, Brunei, Chile, Nueva Zelandia, Singapur, Australia, Canadá, Japón, Malasia, Perú, Vietnam y el mismo Estados Unidos.
En febrero de 2016, se acordaron 30 capítulos sobre comercio de bienes, textiles, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, los obstáculos técnicos al comercio, telecomunicaciones, contratación pública, competencia, propiedad intelectual, pequeñas y medianas empresas, así como transparencia y anticorrupción, entre otros.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LINALOE RO. FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-11-2016/3118981
Cancún, Miami, Nueva York y Europa, son algunos de los destinos preferidos por secretarios del gabinete del priista Javier Duarte de Ochoa… con cargo al erario. Los viajes de negocio se convirtieron en viajes de placer. Iban acompañados de mujeres que compraban ropa y bolsas de marca. La Secretaría Particular del Gobernador de Veracruz, hoy prófugo de la justicia, alquilaba aviones lujosos y hoteles de cinco estrellas en el resto del mundo. Nada los llenaba. Nada estaba lejos. Quedaron a deber 80 millones de pesos a 30 agencias de viajes, 15 de ellas quebraron y cerraron sus puertas.
El Gobierno del estado de Veracruz en la administración de Javier Duarte de Ochoa tramitó varios viajes a crédito para “amantes” de funcionarios públicos. Miami, Cancún, Nueva York y Europa son algunos de los destinos preferidos por los secretarios que no bastaron de su millonario sueldo para contratar viajes con mujeres.
Los diversos gastos del Gobierno de Veracruz que encabezó Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia, incluido los viajes con “damitas”, siguen generando impuestos por no solventarse en la brevedad posible.
Hasta el mes de noviembre del 2016, adeuda 80 millones de pesos a 30 agencias de viajes, quince de ellas, la mitad, ya cerraron sus puertas por no tener dinero para solventar contratos sin fondos.
Los viajes de negocio se convirtieron en viajes de romance con personas ajenas a sus hijos o esposa de funcionarios que despacharon de la Secretaría de Turismo (SECTUR), Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado (SEDECOP), la Secretaría Particular del Gobernador y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
AVORAZADOS DE PODER
SECTUR y la Secretaría Particular exigieron lujosos aviones, hoteles y recurrentes viajes por el mundo.
La primera dependencia escudó la promoción del Carnaval de Veracruz, Tajín, Tlacotalpan, las últimas ediciones del Hay Festival y los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014.
Hoteles de cinco estrellas, camionetas de lujo con clima, chofer y tanque lleno, además de alimentos, se sumaron a la cuenta millonaria para lucir ante los visitantes o extranjeros.
La realidad de las transferencias bancarias de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) o depósitos de la misma nunca se reflejó en las Agencias de Viajes, es más, siguieron pidiendo, siguen pidiendo.
La presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en Veracruz, Idheanna Gómez Ortiz, confirmó que dejaron de hacer contratos con Gobierno del Estado, para evitar tener más deudas con bancos, embargos, empeños o recorte de personal.
“Había muchos abusos porque no les importaba la tarifa, ellos no pagaban y después ya no te lo reconocían. Por la misma confianza del contrato, no es porque quisiéramos ser avorazados, pero era una continuidad, pasaban 15 días o el mes y pagaban, hasta que llegó un momento que ya no pagaron”, exclamó Idehanna.
La impuntualidad de pago excedió la confianza consolidada en más de dieciocho años. Las primeras ocasiones solventaron contratos hasta con 15 días de retraso. Desde 2013, lo superaron 73 veces, es decir, a la fecha, 2016, no han pagado ni un carro desmantelado por ellos.
Fernando Charleston Hernández, Tomas Ruiz González, Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Morales, Mauricio Audirac Murillo, Antonio Gómez Pelegrín, los seis ex titulares de SEFIPLAN, durante el gobierno Duartista se reunieron con los agentes de viajes, prometieron pagos, pero para las fechas pactadas argumentaron excusas y no pagaron.
Actualmente la nueva titular de SEFIPLAN, Clementina Guerrero García, no los ha recibido, ni citado para reconocer la deuda de 80 millones de pesos.
“Este ha sido el peor sexenio. Pedían a manos llenas, fue el sexenio más crítico para los empresarios”, dijo Gómez Ortiz.
ESCAPES AMOROSOS
Los nombres de funcionarios no se revelaron por los defraudados, ellos si han respetado los contratos firmados por ambas partes.
Y es que de acuerdo a lo previsto en el artículo 15 y demás aplicables en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesiones de particulares, la información de los clientes es tratada de forma estrictamente confidencial.
Los incumplidos en pagos, solicitaban de último momento boletos, avión, hospedaje, vehículos con chofer para ellos y acompañantes ajenos a la función pública o familiares, para asistir a las finales de la Liga de Campeones de la UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol), obras de teatro en Broadway o un par de días en las playas de Cancún, con todo pagado.
“Iban acompañados de sus segundos frentes, las llevaban y metían gastos en el contrato”.
Cada viaje oscilaba los 40 mil pesos por persona, variando si los extendían hasta una semana.
Las “damitas” podían pedir a nombre del funcionario. Saliendo de Veracruz o de la Ciudad de México con destino a Miami, Panamá, Los Ángeles, Nueva York o cualquier destino de Europa para adquirir ropa de reconocidas marcas.
HASTA LAS LLANTAS SE ROBARON
No fue suficiente pedir “fiado”, además robaron. Desmantelaron una camioneta de lujo Mazda CX-9 con un valor en el mercado de 639 mil 900 pesos.
La renta del vehículo se pactó en el mes de febrero del 2016, cuando la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), en coordinación con la Secretaría de Economía (SE) y el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) realizó talleres para dar a conocer las reglas de operación del año.
Érik Porres Blesa era el titular de la SEDECOP, dependencia estatal que estacionó la unidad en sus oficinas en Jardines de las Ánimas, fraccionamiento de alta plusvalía en la ciudad capital.
La unidad de lujo quedó en ladrillos, parada, haciendo días de contrato sin pagar, ni asumir la responsabilidad ante la agencia de viajes que la prestó temporalmente.
SEDECOP incrementó la cuenta al ponerse espléndidos con los visitantes. Rentó un avión en más de millón y medio de pesos de la marca Magnicharters para transportar asistentes de Panamá y Estados Unidos de Norteamérica.
“Desafortunadamente creo que hay demasiadas personas involucradas que siguen cubriendo este tipo de fechorías, porque nosotros pequeños empresarios, el SAT viene contigo con todo, ellos no. Porqué esto que es notorio, que todo mundo sabe que roban, no está pasando absolutamente nada”, lamentó Idheanna.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), otra dependencia deudora con las Agencias de Viajes, fue la única que llevó en orden sus facturas, prometiendo pagar a través de SEFIPLAN. De esta dependencia, poco se hizo mención.
En los tres años de espera de pago, los empresarios dejaron sin empleo a más de 200 familias, se endeudaron con los hoteles, empeñaron pertenencias para pagar lo que debió solventar Gobierno del Estado.
Tanto los titulares de las cuatro secretarías de gobierno como todos los involucrados en las mismas, aprovecharon los excesos de dinero destinados para pago de pensiones, apoyos a campesinos, la creación de hospitales o compra de medicamentos a enfermos de cáncer.
Los afectados de los excesos siguen saliendo a las calles de Veracruz, mientras el gobernador que inició el caos sigue prófugo y buscado por la Procuraduría General de la República (PGR).
FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG EXPEDIANETE.
AUTOR: REDACCIÓN/ARANTXA ARCOS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-11-2016/3120019
Mujeres, integrantes de la comunidad gay y hombres se manifestaron en calles de Puebla, en la llamada "marcha de las putas".
Ciudadanos marcharon en la ciudad de Puebla para exigir un alto a la violencia contra las mujeres.
El domingo pasado, mujeres, integrantes de la comunidad gay y hombres avanzaron por las calles del Centro Histórico poblano, en una edición más de la protesta que se denomina “marcha de las putas”.
Ese nombre busca resaltar la idea de equivocada de que las mujeres provocan los ataques en su contra, por su forma de vestir o comportarse.
Durante la manifestación, los participantes recordaron que durante este año se han registrado 77 feminicidios en Puebla, y exigieron frenar ese tipo de violencia en contra de las mujeres.
“Las mujeres salimos a las calles en esta fecha para decirle a la sociedad y principalmente a los hombres que nosotras podemos vestirnos como queramos y eso no es motivo para que nos insulten o violen”, dijo Itzel, quien participó en la marcha, de acuerdo con Reforma.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/marcha-violencia-mujeres-puebla-putas/
El presidente de México hizo una referencia a la corrupción, mientras el PRI ha tenido casos este año como el de Javier Duarte en Veracruz, quien está prófugo.
En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no caben ni la corrupción ni la impunidad, dijo este domingo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, al acudir a la sesión de instalación del VI Consejo Político Nacional de esa fuerza política.
Durante su discurso, Peña Nieto mencionó que quienes llegan a un cargo público de la mano del PRI y violan la ley “traicionan a los electores que confiaron en ellos, traicionan a la militancia priista y traicionan al PRI”.
El mandatario mexicano dijo que los priistas deben ser íntegros en el ejercicio del gobierno, y dar resultados concretos la población.
“Quienes dañan el prestigio de nuestro partido, no merecen ser parte de él”, indicó.
“Por eso respaldo que al interior del partido se luche contra la corrupción y se sancione a quienes han traicionado y lastimado a nuestro instituto político. Quienes hayan violado la ley, habrán de enfrentar la consecuencia de sus actos. La deshonestidad no encontrará espacio en el PRI del Siglo XXI”, agregó.
Estas frases del presidente se dan mientras varios exgobernadores priistas son señalados por presuntos actos de corrupción. El gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, está prófugo y es presunto responsable por lavado de dinero y crimen organizado.
También hay señalamientos en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y quien fuera mandatario de Quintana Roo, Roberto Borge.
“No debemos ser omisos frente a los casos que indignan a la sociedad”, expresó el mandatario.
Durante el evento ante priistas, Peña Nieto dijo que es momento de “cerrar filas” para que su partido se imponga en las próximas elecciones.
“Vamos por el triunfo en el año 2017 y en el año 2018”, mencionó.
“Sí, vamos por el triunfo. Afuera habrá quienes cuestionen mi optimismo… pero conozco a mi partido y he visto cómo se crece ante la adversidad”, agregó.
Peña Nieto dijo que en el 2000 hubo quien condenó al PRI a desaparecer, y ahora está gobernando México, por lo que insistió ante sus compañeros de partido en el llamado a no ser “derrotistas”, y preparar a su “ejército” para las elecciones.
“Vamos por todo para lograr que el PRI triunfe en las elecciones”, exclamó.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/pri-corrupcion-pena-nieto/
Una auditoría interna de la PGR –un documento de mil 150 hojas, cuya copia obtuvo Proceso– confirma y documenta que la indagatoria que llevó a la “verdad histórica” en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa está llena de omisiones, deficiencias e irregularidades, y en ella se encubrió a autoridades civiles, ministerios públicos, miembros de la Policía Federal y del 27 Batallón de Infantería, cuya “conducta omisa tuvo consecuencias fatales”. En definitiva, “no existe un plan de investigación” y, por lo tanto, “no se ha llevado a cabo una investigación seria, imparcial y efectiva” para dar con el paradero de los jóvenes.
Una auditoría interna de la Procuraduría General de la República (PGR) a los más de 200 tomos del expediente abierto por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 pone en evidencia que, debido al cúmulo de irregularidades, omisiones y deficiencias, “no existe claridad en las líneas de investigación que deberán implementarse para poder dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos”, y, peor aún, es claro que “no se continuó con algún esfuerzo por parte de la autoridad responsable” para alcanzar el principal objetivo: conocer el destino final de los jóvenes.
Esa observaciones forman parte de las 17 conclusiones de la Evaluación Técnico Jurídica practicada a la AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, realizada por la Visitaduría General de la dependencia, bajo la supervisión de César Alejandro Chávez, quien dejó su cargo antes de dar a conocer el resultado de las investigaciones abiertas al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, por haber realizado diligencias de modo irregular o ilegal (Proceso 2090).
Este semanario tuvo acceso a la supervisión de la indagatoria sobre el caso Ayotzinapa, firmada por Raúl Barraza Franco, Jorge Teoyotl Quezada, Pablo Rodríguez Mejí, José de la Luz Gallegos Figueroa y Arturo Hernández Balderas, agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Visitaduría. Su análisis fue realizado del 20 de mayo al 2 de septiembre de 2016.
Buena parte de las observaciones coinciden con las formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la necesidad de llamar a cuentas a miembros del 27 Batallón de Infantería de Iguala, e incluso con algunas presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como la de presentar cargos penales contra policías federales por no haber intervenido para proteger a los jóvenes.
Los visitadores de la PGR también comparten con el GIEI y con la CNDH la perspectiva de que los hechos configuran el delito de desaparición forzada y no el de secuestro, que es por el que están siendo procesadas más de cien personas, 95 de las cuales probablemente fueron sometidas a tortura.
Sin embargo, el informe interno excluye de su análisis la factibilidad científica de que los 43 estudiantes fueran incinerados en el basurero de Cocula la noche del 26 al 27 de septiembre.
(Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2091, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464136/investigacion-interna-pgr-omision-del-ejercito-en-caso-ayotzinapa-consecuencias-fatales
En Guerrero se padece el mismo nivel de violencia e inseguridad que imperaba hace cuatro años. La narcopolítica rampante, la lucha entre cárteles, la ausencia del estado de derecho, los asesinatos y los secuestros persisten incluso después de un operativo conjunto interestatal, la tragedia de Ayotzinapa y miles de discursos y promesas de autoridades federales, estatales y municipales. El pasado puente vacacional fue una evidencia del desastre que se vive en la entidad.
La confrontación entre grupos criminales en Acapulco y las regiones Centro, Norte y Tierra Caliente exhibe el fracaso de la estrategia de seguridad federal que dirige el Ejército, con la participación de la Policía Federal (PF).
Este año es el más violento desde 2012, cuando se perpetraron 2 mil 310 homicidios dolosos.
Durante el pasado fin de semana fueron documentadas casi una treintena de ejecuciones en distintos puntos de la entidad y se reactivaron conflictos armados en Tierra Colorada, Teloloapan y Arcelia.
Y la situación puede agravarse luego de que, hace tres semanas, mandos de la PF informaran a los nueve alcaldes de Tierra Caliente el fin del operativo policiaco-militar que comenzó hace dos años. En todo ese tiempo no fueron certificadas las corporaciones municipales, tal como se había prometido.
El alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, confirma que ya no hay federales en Tierra Caliente. Los uniformados se retiraron cuando estalló el conflicto magisterial en Oaxaca y hasta la fecha no han regresado.
(Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2091, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464140/guerrero-dos-anos-fallida-estrategia-seguridad
El próximo 4 de junio, en 189 días, los 11 millones de mexiquenses en el padrón electoral elegirán al próximo Gobernador del Estado de México, una de las entidades más inseguras del país. Desde ahora, los gobierno federal y estatal, ambos pintados con los colores del PRI, están “redireccionando” recursos para programas sociales e infraestructura con fines electorales, acusó la oposición. Perder la entidad ex administrada por el actual Presidente de la República sería poner en riesgo las elecciones presidenciales de 2018. Mientras tanto, hoy el partido tricolor celebró su VI Consejo Nacional, en el cual ratificó al ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, acusado de lavado de dinero y nexos con el crimen organizado, así como al ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
Dos mil 25 homicidios y 24 mil 267 robos de enero a septiembre en el Estado de México. A 189 días de las elecciones para Gobernador de la entidad históricamente priista. Por lo anterior, por las elecciones –dicen los partidos de oposición–, la “inversión” que más se ve en el estado no está enfocada en seguridad, sino en programas sociales e infraestructura con fines electorales, acusó la oposición.
“Con la complacencia del Gobierno federal, el Gobierno del Estado de México está dejando sin seguridad pública a la población de esta entidad; la está dejando sin inversión en drenaje u otros servicios básicos para poder direccionar los recursos a cuestiones que son meramente electorales”, aseguró en entrevista el Diputado Jorge López Martín, Consejero Propietario del Poder Legislativo Federal del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
Esta semana, la presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales, coincidió que en el Estado de México la oposición va a enfrentar al Gobernador en turno, Eruviel Ávila Villegas, y al Gobierno federal en las próximas elecciones.
“Ya hay un desbordamiento de programas sociales en un manejo electorero”, declaró ante la prensa.
“El PRI está peor que como aparece en muchas de las encuestas. Su caída es muy fuerte y está tratando de reponerse con una fuerte intervención del Gobierno federal, del estado y la mayoría de los gobiernos municipales. Tiene el control de los órganos electorales. Está tratando de hacer un operativo para reposicionarse”, afirmó hoy en entrevista Martí Batres, presidente de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Aunque el próximo 4 de junio los coahuilenses y los nayaritas también elegirán Gobernador, el Estado de México concentra 11.3 millones de mexicanos en su padrón electoral y es el trampolín para el tricolor rumbo a la Presidencia de la República en 2018.
“El PRI tiene mucho control caciquil en el Estado de México por el Grupo Atlacomulco. Además es la entidad de la que viene el Presidente Peña Nieto, es la entidad con mayor número de electores y con el presupuesto más alto de todo el país. Puede verse con claridad cuáles son los intereses del PRI en el Estado de México”, expuso Batres.
Los programas sociales en el Estado de México “tienen una erogación de 9 millones de pesos diarios, ¡diarios! Eso es lo que está gastando la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en la entidad [alrededor de 270 millones al mes]”, dijo López Martín vía telefónica.
El titular de la Sedesol, Luis Enrique Miranda Nava, protagonizó hace unos días la polémica frase de “desgraciadamente no estudié psiquiatría para entenderla a usted” dirigida a la Diputada Araceli Damián, luego de cuestionarlo sobre los niveles de pobreza. Tan sólo en el Estado de México hay 8 millones 268 mil mexiquenses en esa situación.
“El Estado de México tiene elevados índices de violencia, delincuencia y de pobreza. Por otro lado, hay problemas relacionados con la descomposición social”, destacó el dirigente de Morena. “Miranda Nava debe renunciar. Se ha portado de una manera totalmente ajena al servicio público y mostró un gran desconocimiento en los temas sociales y de pobreza. Ni siquiera sabe manejar los indicadores que tiene el gobierno federal que de por sí están censurados”, dijo.
Sin embargo, pese al ambiente de inseguridad y miseria, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió al Gobierno del priista Eruviel Ávila Villegas que aclare y proporcione la documentación que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2014, y sus rendimientos financieros por 340 millones 484 mil 454 pesos.
Además, de acuerdo con la ASF, se presume un probable daño por un monto de 814 mil 584 pesos “por concepto de recursos no ejercidos” para el “Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial”.
Para el Diputado panista, “es evidente que el recurso federal se está direccionando en la búsqueda de un beneficio electoral”, afirmó. “Es un cálculo evidentemente discrecional. No hay ninguna explicación lógica que permita tener la seguridad de que este dinero no se está invirtiendo con una mano que es total y absolutamente roja (un beneficio directamente involucrado con el PRI)”.
Este domingo fue rojo.
Gran parte de la elite priista, entre ellos el Presidente Enrique Peña Nieto; el presidente del partido Enrique Ochoa Reza (ex director de la CFE involucrado en audios de OHL); el líder sindical Carlos Romero Deschamps; el ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira (preso por unos días en España señalado de lavado de dinero y malversación de fondos); y el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso (golpeado por el escándalo de su casa de Malinalco y un país con menor crecimiento), entre otros, se reunieron en su VI Consejo Político Nacional.
“Eso no es noticia. El PRI es una tapadera de la corrupción”, declaró Martí Batres vía telefónica.
En Twitter el evento político se hizo tendencia, pero los usuarios aprovecharon los hashtags relacionados para subir fotos de ratas al mismo tiempo que Peña Nieto declaró entre aplausos que “la deshonestidad no tiene cabida en el PRI del siglo XXI”.
Este domingo la Iglesia Católica, una vez más, regañó a los políticos corruptos a través de su semanario Desde la Fe.
“La sociedad está harta de estos excesos, de ver cómo los políticos roban a manos llenas y burlan impunemente la ley. Ningún partido ha salido libre de corrupción, por eso la población los desprecia y los coloca en el mismo casillero de la ignominia”, escribió la Arquidiócesis de México.
La corrupción “permea”, sostuvo, por lo que son necesarios sistemas de control de la hacienda pública, una coordinación fiscal eficaz, además del ejercicio eficiente y riguroso de los recursos públicos. Todo, agregó, debe ser pasado por la lupa de la transparencia y la rendición de cuentas.
TAMBIÉN MEDIANTE INFRAESTRUCTURA
Este domingo la Iglesia Católica, una vez más, regañó a los políticos corruptos a través de su semanario Desde la Fe.
“La sociedad está harta de estos excesos, de ver cómo los políticos roban a manos llenas y burlan impunemente la ley. Ningún partido ha salido libre de corrupción, por eso la población los desprecia y los coloca en el mismo casillero de la ignominia”, escribió la Arquidiócesis de México.
La corrupción “permea”, sostuvo, por lo que son necesarios sistemas de control de la hacienda pública, una coordinación fiscal eficaz, además del ejercicio eficiente y riguroso de los recursos públicos. Todo, agregó, debe ser pasado por la lupa de la transparencia y la rendición de cuentas.
TAMBIÉN MEDIANTE INFRAESTRUCTURA
Además, para el Mexicable, inaugurado en octubre, la inversión total fue de mil 500 millones de pesos, de los cuales, el Gobierno del Estado de México contribuyó con 768 millones.
El teleférico, en el municipio de Ecatepec, uno de los más violentos a nivel nacional, trasladará a los usuarios de San Andrés la Cañada a otros medios de transporte público.
Según las autoridades, el nuevo sistema transporta unos 26 mil pasajeros al día a lo largo de sus siete estaciones.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-11-2016/3119796
Naucalpan. Méx. Tres muertos, entre ellos un policía y dos ladrones, fue el saldo de una balacera registrada en la zona industrial de San Andrés Atoto, donde un comando integrado por 12 personas asaltaron una empresa la madrugada de este viernes.
Reportes de la policía refieren que los hombres armados ingresaron a la empresa Zárraga, ubicada en el número 16 de calle Guanajuato, de la colonia San Andrés Atoto, donde llegaron dos policías municipales que fueron recibidos a balazos y uno de ellos fue herido en el rostro y falleció al instante.
Refuerzos de la policía municipal y estatal llegaron e hicieron frente a los delincuentes, quienes al parecer resultaron heridos durante el enfrentamiento, los sujetos escaparon en dos autos y avanzaron hacia el Periférico Manuel Ávila Camacho y Río San Joaquín.
En el lugar fueron detenidos dos ladrones lesionados, que intentaron huir en una camioneta Windstar, donde había dos armas largas.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SILVIA CHÁVEZ GONZÁLEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/25/tres-muertos-saldo-de-balacera-en-edomex
Ciudad de México. Cuando parecía que nadie les hacía caso y que la capacidad de operación del presidente Enrique Peña Nieto para impulsar dos iniciativas legales relacionadas con las fuerzas armadas era mínima, la Navidad llegó antes de tiempo para los secretarios de Marina y de Defensa, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz y el general Salvador Cienfuegos Zepeda.
Resulta que gracias a los buenos oficios de los propios titulares de Defensa y Marina —quienes tuvieron que cabildear personalmente con los legisladores sus propuestas, cuando se supone que esa era la función de la Secretaría de Gobernación—, de repente, en menos de dos semanas se destrabaron los problemas y en los próximos días se aprobaran las dos reformas referidas.
La primera, para que las capitanías de puerto pasen a formar parte de la Secretaría de Marina, y con ello, que la seguridad marítima y portuaria deje de estar en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes —la cual apoyada en algunos senadores priistas, se resistió hasta lo último para evitar la aprobación de la iniciativa que envió en su momento el presidente Peña— para hacer frente a la creciente delincuencia, corrupción e inseguridad que prevalece en estas instalaciones estratégicas.
Y la segunda norma, que consiste en dotar a las fuerzas armadas del marco legal necesario para realizar labores de seguridad interior, lo que ha sido cuestionado duramente por especialistas, que la tachan de inconstitucional porque el monopolio de la investigación y persecución de los delitos corresponde al ministerio público federal.
Esta iniciativa de legisladores priistas ha generado polémica porque pretende darle a los militares manga ancha para intervenir llamadas telefónicas y redes sociales de sospechosos sin la necesidad de una orden judicial, además de remover los límites en la investigación de todo tipo de delitos, no sólo los relacionados con la delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, etc.
Esta sería la primera vez que los legisladores de los principales partidos hacen caso a la demanda de las fuerzas armadas para dotarlas de un marco legal para realizar acciones de seguridad pública…, lo cual llevan haciendo desde hace casi 10 años.
Juicio en ausencia para corruptos
Ahora que están de moda los procesos penales en contra de ex gobernadores presuntamente corruptos, quienes —salvo Guillermo Padrés, de Sonora— aprovecharon la complacencia de las procuradurías General de la República y de su entidad federativa para escapar de la acción de la justicia; sería bueno que los legisladores que exigen su captura dejen de rasgarse las vestiduras y, en lugar de ello, modifiquen la ley para que los (ex) funcionarios públicos que evadan la acción de la justicia sean juzgados en ausencia.
Aunque esta medida también podría aplicar en casos como el del narcotraficante, Rafael Caro Quintero, cuyo paradero se desconoce desde 2013, quien sin empacho alguno, impugnó vía amparo la orden de aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos.
No conforme con ello, los abogados de Caro Quintero solicitaron que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare impedido al ministro Arturo Zaldívar —quien por cierto, elaboró el proyecto de dictamen donde le niega el amparo, el cual se quedó en lista el miércoles pasado— por haber publicado su proyecto antes de ser analizado en sesión.
Uno de los logros que mantiene el sistema jurídico mexicano es que, al menos formalmente, la impartición de justicia es gratuita. Esto tiene un sentido de justicia social, ya que permite que cualquier ciudadano, independientemente de su condición económica, recurra a los tribunales o esté en condiciones de defenderse de manera gratuita.
Sin embargo, ¿qué tan válido es mantener la gratuidad cuando se trata de ex funcionarios acusados formalmente por delitos cometidos durante su administración, cuando ni siquiera tienen el valor de enfrentar las acusaciones en los tribunales?
¿Por qué tienen que gastarse recursos económicos y humanos en amparos en los que el interesado ni siquiera se atreve a presentarse ante el juzgado correspondiente?
Tal es el caso de Javier Duarte, ex gobernador veracruzano, a quien un juez federal admitió un amparo en el que Duarte pidió que la orden de aprehensión en su contra “no sea ejecutada” en razón de que aún tiene fuero por gozar de licencia en el cargo.
En esta época de recortes económicos algo tendría que hacerse para que el sistema de justicia deje de gastar en este tipo de asuntos.
Padrés optó por presentarse personalmente ante el juzgado en el que se inició el proceso penal en su contra por los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.
¿Decisión apresurada o acuerdo en lo oscurito de su abogado con el gobierno federal, el ex procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia?, lo cierto es que su acción no debería ser la excepción, sino la regla.
Algo similar ha ocurrido con famosos narcotraficantes, quienes a pesar de estar prófugos de la justicia no tienen reparo en solicitar amparos a diestra y siniestra.
Bastante saturado está el sistema de justicia como para darle trámite a personajes que interponen sus demandas a través de terceros sin la obligación de presentarse —al menos— para ratificar sus demandas.
Y el respeto a la equidad de género en la SCJN ¿Para cuándo?
Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realiza el ‘Segundo Encuentro Internacional Juzgando con Perspectiva de Género Cinco Continentes por la Igualdad, la Contraloría Interna y la Comisión de Igualdad de Género’ —que fue hecho a modo para lucimiento de la ministra Margarita Luna Ramos— continúan dándole largas a las denuncias por acoso sexual y laboral que presentaron hace casi dos años más de una veintena de trabajadores y empleadas del máximo tribunal.
Las quejas que derivaron en la salida del entonces director del Canal Judicial, Enrique Martínez Rodríguez, y en el inicio de investigaciones por acoso laboral y sexual en el Área de Visitas Guiadas de la Suprema Corte, siguen empantanadas y las víctimas comienzan a dudar en la promesa que hizo en su momento el ministro presidente Luis María Aguilar de que llegaría hasta el fondo del asunto y castigaría ejemplarmente a los responsables.
La amistad manifiesta de Rodríguez con Luna Ramos, a quien visitó en sus oficinas la semana pasada, ya prendió los focos rojos entre las víctimas, quienes ya dudan de la imparcialidad de la investigación.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/25/milicia-y-justicia-navidad-adelantada-para-secretarios-de-marina-y-defensa
EMILIANO ZAPATA, Mor: El subdirector de Administración del Centro de Reinserción Social Morelos, ubicado en Atlacholoaya, Raúl Vázquez Molina, fue ejecutado la noche del jueves pasado cuando manejaba su vehículo en la carretera Emiliano Zapata-Zacatepec.
De acuerdo con reportes policiacos, el funcionario manejaba su vehículo, un Chevy blanco con placas PYA7938 del estado de Morelos, cuando fue interceptado por un grupo de hombres armados a la altura del poblado de Tezoyuca, en las cercanías del balneario San Ramón. Los agresores le dispararon a mansalva y su cuerpo quedó en el asiento del conductor.
Apenas el miércoles fue reportada una narcomanta ubicada en la colonia Tlahuapan de Jiutepec, en la que un personaje autodenominado NJ, acusaba a las autoridades del penal de Atlacholoaya de extorsionar a los familiares de los internos, además de promover abusos sexuales.
Pero no es la única manta con amenazas contra funcionarios o custodios del penal en cuestión. De hecho, a lo largo del año, varios de estos han sido asesinados y acompañados con mensajes de amenaza a otros funcionarios.
El 18 de febrero, por ejemplo, una mujer custodio de este penal fue asesinada y su cuerpo abandonado a las orillas de una carretera en Puente de Ixtla, en el sur de la entidad. La mujer murió por disparos de arma de fuego y sobre su cuerpo fue dejado un mensaje de “denuncia” contra las autoridades penitenciarias.
Dos días después, el cuerpo de un hombre descuartizado fue dejado en la entrada de la secundaria de la colonia Lagunilla de Cuernavaca, una de las más violentas de la capital. El cadáver desmembrado fue acompañado de un cartel de amenaza contra las autoridades penitenciarias, a quienes se acusaba de extorsionar y abusar de los internos.
Luego, en abril, una pareja fue atacada a balazos por un comando armado conformado por cinco hombres en la colonia Providencia de Puente de Ixtla. El hombre murió y la mujer quedó seriamente herida.
El hombre, de nombre Antonio Gallardo Herrera, de 37 años de edad, se desempeñaba como custodio en el penal de Atlacholoaya y murió en el momento; mientras que la mujer, quedó tirada en la calle con heridas de bala en el cuerpo.
En mayo se registró otra ejecución en los límites entre Cuernavaca y Temixco, donde se localizó el cuerpo de un hombre maniatado y con disparos de arma de fuego. El cuerpo fue abandonado junto con una narcomanta dirigida a Santiago Mazari Miranda, mejor conocido como El Carrete, a quien se le demanda dejar de “estar matando gente inocente”, y se le culpa de asesinar a dos custodios, probablemente en referencia de los ocurridos en febrero.
El mensaje, firmado por “La Nueva Empresa” hacía referencia a Juan Martínez Fernández, director del penal, a quien culpa de permitir el autogobierno y de entregar el penal a la gente del Carrete.
En la administración de Marco Antonio Adame Castillo, el 29 de mayo de 2010, el encargado de la dirección del penal, Luis Navarro Castañeda, fue “levantado” y luego decapitado y descuartizado. Su cuerpo fue abandonado en bolsas en la glorieta frente la Clínica número 1 del IMSS en la avenida Plan de Ayala y frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, en Buena Vista.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463939/asesinan-a-subdirector-del-penal-atlacholoaya-morelos
CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Gobernación (Segob) deberá dar a conocer las inconsistencias encontradas en el manejo de los recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) en el estado de Veracruz.
Lo anterior, luego de que el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) falló a favor de un particular que requirió el informe de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana en el que se asientan presuntas irregularidades en el destino de dicha partida presupuestal.
Tras la entrega del documento “Auditoría 113 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014” por parte de la Secretaría de Gobierno, la ciudadana interpuso el recurso de revisión RRA 3536/16 por considerar que no satisfacía su petición.
Luego del proceso legal de la revisión del medio de impugnación, el ponente comisionado del Pleno del INAI, Javier Acuña Llamas, refirió que la información dada por la Segob no correspondía con lo solicitado, ya que “no daba cuenta de las inconsistencias detectadas”, por lo que revocó la respuesta de la Secretaría e instruyó a entregar dicho informe.
Según se lee en el comunicado de prensa del Instituto, los lineamientos del Programa Nacional de Prevención del Delito – publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014– establecen que “las entidades deben abrir una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos otorgados”; además están obligados a “remitir los estados de cuenta y los informes sobre el ejercicio de los recursos” a la Subsecretaría de Prevención.
En caso de que la Subsecretaría encontrara faltas o irregularidades, está facultada para pedir a la entidad federativa la justificación del incumplimiento o para solicitar alegatos.
El Programa Nacional de Prevención del Delito fue la primera decisión para hacer frente a la violencia que el presidente Enrique Peña Nieto estableció al asumir el mando. Sin embargo, el 11 de septiembre pasado la Secretaría de Gobernación desapareció el Pronapred, al no considerarlo parte del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017.
El plan, que involucró a todas las dependencias federales, consistió en la entrega de subsidios a los gobiernos locales para financiar proyectos encaminados a atender el origen de la violencia.
De acuerdo con Transparencia Presupuestaria de Hacienda, de 2013 a 2016, el total de recursos asignados al programa sumaron 9 mil 793.54 millones de pesos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463949/segob-debe-informar-inconsistencias-en-manejo-recursos-del-pronapred-en-veracruz
CIUDAD DE MÉXICO: El Hemiciclo a Juárez se convirtió esta tarde en el punto de encuentro entre mujeres dolidas: las madres del colectivo Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) recibió con honores y solidaridad a las integrantes de la XII Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos, provenientes de Centroamérica.
En el pequeño escenario instalado frente al monumento histórico, madres mexicanas y centroamericanas tomaron la palabra, asegurándose unas a las otras que comparten el mismo objetivo. “Somos hermanas en el dolor”, aseveró la mexicana Patricia López, al añadir: “Hay que ir con más fuerza y no parar, no parar”.
Para las mujeres centroamericanas, el encuentro sirvió de catarsis. En Centroamérica, dice la hondureña Ana Enamorada, la sociedad civil no está tan organizada y la gente suele caer en el fatalismo: asumen que si el familiar desapareció, significa que ha muerto. Al ver que en México existen miles de madres que buscan a sus hijos, se sienten parte de algo más grande.
Con un español inseguro, Noemí Álvarez, originaria de Honduras, dice a Apro: “Me siento feliz porque no estamos solas, tenemos apoyo de ellas. Me siento bien orgullosa, de verdad, porque ellas están sintiendo el mismo dolor que nosotras. Me uno al dolor de ellas. Yo sé que así como están sufriendo ellas, sufrimos”.
Su hijo salió el 10 de julio de 2013 de Tegucigalpa, la capital del pequeño país centroamericano. A finales de ese mes, Noemí dejó de tener noticias de él. Estaba en el desierto, en el llamado “Cerro del Elefante”. Tenía 15 años en ese entonces y era la primera vez que viajaba.
Cuestionada sobre sus expectativas respecto a la caravana, responde: “Yo lo que espero es que estemos juntas siempre. Que no nos desunamos. Nos vamos a unir todas, todas. No vamos a dejar de venir a este país. Yo sé que al final tendremos respuesta”.
Ley incierta
El colectivo MNDM presiona para que el Senado de la República apruebe una Ley contra la Desaparición Forzada y por Particulares sólida y eficiente. Sin embargo, en ese tema “vamos muy mal”, deplora Araceli Salcedo, madre de Fernanda Rubi, quien desapareció en un bar de Orizaba, Veracruz, el 7 de septiembre de 2012. El riesgo de que esta ley termine en un “elefante blanco” es alto, advierte.
En entrevista con esta agencia, la mujer lamenta que los senadores pretenden eliminar las palabras “desaparición forzada” del encabezado de la ley –las sustituirían por “personas no localizadas”–, y pretextan la falta de presupuesto para limitar los alcances de las unidades de búsqueda de personas desaparecidas. Según Salcedo, los activistas “negocian” con los senadores qué incluiría la ley y qué quedaría fuera.
“Queríamos que el Centro de Seguridad Nacional trabajara a la par con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal, con las fiscalías y los estados. Pero no se puede porque ninguno de ellos comparten información”, denuncia.
Sin embargo, Michelle Quevedo, otra integrante del colectivo, aseveró a las madres centroamericanas que “están contempladas en esta ley”. En marzo de 2014, el hermano menor y el novio de Quevedo fueron asesinados; y su otro hermano desapareció. Lo busca desde entonces.
En el encuentro de esta tarde, bandas tocaron música que apelaba a la paz y al cambio social, mientras artistas veracruzanos pintaban el rostro de Óscar Antonio López Enamorado, el hijo de Ana Enamorado, desaparecido en México en 2010.
Enamorado decidió quedarse en el país –“este cementerio de migrantes y mexicanos”, dice–, hasta descubrir lo que ocurrió con Óscar. Entonces integró el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), el mismo que organiza la caravana.
Su caso fue el primero en llegar a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, que creó la PGR en diciembre pasado. A casi seis meses, cuenta, “me asignaron una abogada, pero en realidad no hacen lo suficiente. Dicen que está atorado porque solicitaron las huellas dactilares a Honduras para compararlas con las de un cuerpo que encontraron en el 2015. Queremos comparar las huellas de mi hijo con éste”.
El año pasado, la caravana presentó 12 casos de desaparecidos ante la PGR. “Nunca nos han dicho de que están a punto de localizarlos”, afirma la mujer en entrevista con Apro.
Las madres centroamericanas acudirán mañana a la PGR para entregar los expedientes de otros 23 casos. “Vamos a ver qué respuestas tienen para las familias sobre los primeros 12 casos. Vamos a ver si es cierto, que si cómo prometen, cumplen”.
Oídos sordos
Durante el encuentro, las madres mexicanas denunciaron en varias ocasiones que los gobiernos hacen “oídos sordos” ante sus reclamos y abandonan la tarea de buscar a sus familiares.
El colectivo dispuso una larga banda de tela en el piso que rodeó el Hemiciclo a Juárez. En esta banda aparecían decenas de nombres de personas desaparecidas y, a veces, mensajes de amor o de extrañamiento. Debajo de las escaleras que dan acceso al monumento, cubrieron el piso con fotografías de los rostros de sus familiares.
Muchos paseantes se detuvieron ante las fotografías y los nombres. Resulta difícil imaginar quiénes son en realidad Juan Francisco Arrellano Guzmán, Gabriela Martínez, Laura Roxxet González Hermosillo o Carlos Omar Pérez Rodríguez.
Cuando las madres centroamericanas arribaron al Hemiciclo, unos activistas se instalaron en fila y levantaron otra larga banda de tela. En ella, aparecían los nombres de los hijos que las hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas vinieron a buscar a México.
“¿Quiénes somos? ¡Las madres centroamericanas! ¿Qué buscamos? ¡Nuestros hijos! ¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!”, gritaron al llegar.
La mañana de este jueves, las madres centroamericanas acudieron al Senado. Después, algunas se fueron al Reclusorio Norte y otras sostuvieron un encuentro con trabajadoras sexuales e integrantes de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, en el centro histórico.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463887/madres-desaparecidos-en-mexico-centroamerica-hermanan-dolor-en-hemiciclo-a-juarez
Ciudad de México. Las integrantes de la XII Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos exigieron el fin de las agresiones en contra de los trabajadores internacionales sin documentos que atraviesan México en su búsqueda de llegar a Estados Unidos.
Al hacer una escala en la capital del país, madres de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua dieron una conferencia de prensa donde llamaron a las autoridades mexicanas a hacer efectivo el derecho al asilo humanitario para quienes huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen.
Asimismo, demandaron que se investiguen y se castiguen "los abusos cometidos por parte de las autoridades coludidas con el crimen organizado, que hacen su agosto con la creciente extorsión, secuestro y desaparición forzada de los migrantes mesoamericanos".
En un comunicado conjunto, las 41 mujeres y hombres que integran la Caravana de este año subrayaron que la migración de sus seres queridos ha sido provocada por "la violencia estructural generada por los Megaproyectos neoliberales".
De igual forma, exigieron el cese de la criminalización y encarcelamiento de los migrantes indocumentados, quienes "han pasado de víctimas a victimarios, acusados de los mismos delitos que se atrevieron a denunciar".
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: FERNANDO CAMACHO SERVÍN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/25/finalizar-agresiones-contra-indocumentados-que-pasan-por-mexico-caravana-de-madres
