Baja California, Veracruz y BCS, los estados con más retroceso en competitividad: IMCO

Un estudio del IMCO indica que Baja California es el estado que cayó más en sus indicadores de competitividad durante el periodo 2012-2014.

Los estados de Baja California, Veracruz y Baja California Sur son los que tuvieron el mayor retroceso en competitividad -la capacidad para atraer y retener talento e inversiones- durante el periodo de 2012  a 2014.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) detalló en un estudio que Baja California es la entidad con la peor caída en el conteo que contempla factores como Estado de derecho, manejo sustentable del medio ambiente, innovación económica y eficiencia del gobierno, al pasar del sitio 17 al 25.

Los índices que afectaron la calificación de Baja California son los de eficacia de su gobierno, información presupuestal, y un aumento en la proporción de hogares que se surtieron de agua por pipa (de 1.1 a 5.6%).

“En menor medida, el estado perdió cinco posiciones en el subíndice de Sociedad principalmente por el aumento de la tasa de suicidios de 3.5 a 5.1 por cada 100 mil personas y por la disminución de personas con acceso a alcantarillado de 89.8 a 87.7%”, detalló el IMCO.

En el caso de Veracruz, cayó siete lugares en la clasificación de competitividad (pasó del lugar 21 al 28), por un retroceso en sus calificaciones sobre Gobierno y Economía, número de personas con suscripción a telefonía móvil, y promedio de apertura de empresas y deuda.

“Perdió 26 posiciones en el ranking de costo promedio de deuda debido a que éste se incrementó de 5.3 a 5.8%. En el subíndice Derecho también se perdieron posiciones por aumentos en costos del delito”, apuntó el Instituto.

Baja California Sur perdió seis lugares en el índice de competitividad, al pasar del lugar seis al 12.

“Lo anterior debido a que los costos del delito se incrementaron de 3 mil 156 a 4 mil 98 pesos por persona de 18
años o más, a que la disminución de robo de vehículos fue menor a la observada en el resto de los estados
y a que la inversión extranjera directa se contrajo de 6.1 a 2 dólares por millar de PIB”, señaló el IMCO.

“Las percepciones de corrupción estatal y en partidos políticos aumentaron así como las agresiones a periodistas y los hogares que se surtieron de agua por pipa”, agregó.

En contraste, los estados que más avanzaron en el índice general de competitividad, de 2012 a 2014,  fueron Nayarit, Sonora y Puebla.

El conteo ubica en los tres primeros sitios de competitividad a la Ciudad de México (1), Aguascalientes (2) y Nuevo León (3).


Y en los tres últimos lugares a Chiapas (lugar 30), Oaxaca (31) y Guerrero (32).

Estos son los estados más y menos competitivos de México #ICE2016 #DosMéxicos https://t.co/WA1lDGgiPT pic.twitter.com/Tt6bLfKAWR

— IMCO (@imcomx) 29 de noviembre de 2016

“El Índice de Competitividad Estatal 2016 (ICE) mide la capacidad de los estados para atraer y retener talento e inversiones. Un estado competitivo es aquel que consistentemente resulta atractivo para el talento y la inversión, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes”, apunta el IMCO sobre su análisis.

“Para medir esto, nuestro Índice evalúa tanto las capacidades estructurales como coyunturales de los estados. El ICE está compuesto por 100 indicadores, categorizadas en 10 subíndices que evalúan distintas dimensiones de la
competitividad de los 32 estados del país”, agrega.


El estudio completo:

  2016 ICE Libro by http://www.animalpolitico.com on Scribd

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/competitividad-imco-veracruz-baja-california/

Con la presencia de Las Patronas, abren en Chihuahua la Casa del Migrante

CHIHUAHUA, Chih: Inspirados en el trabajo de Las Patronas, del sacerdote Alejandro Solalinde, jesuitas y vicentinos, un grupo de chihuahuenses creó la asociación Uno de Siete Migrando y abrió la Casa del Migrante para atender a los indocumentados que pasan por esta capital, en especial a los repatriados que enfrentan riesgos cuando cruzan la Sierra Tarahumara hacia Sonora o Sinaloa.

Con la presencia de Las Patronas y el cura Pedro Pantoja –de la Casa del Migrante de Saltillo–, además de activistas de derechos humanos locales y otros invitados, hoy se realizó la apertura de la Casa del Migrante, donde se ofrecerán talleres y oficios, y se planteará la idea de que migrar sólo sea una opción y no una necesidad.

“La primera opción es ofrecerles el albergue. Primero, sí será asistencialista, pero lo que buscamos es darles opciones para que no vean la migración como problema, sino como una situación o una oportunidad para quedarse aquí. No sólo queremos que cenen, duerman y se vayan para ver cómo les va en el desierto o en la sierra, sino que tengan más opciones, darles alternativa”, explica Jorge Alberto Pérez Cobos, presidente de la organización, quien en un par de ocasiones visitó a Las Patronas para conocer su trabajo.

Añade: “Somos un país y un estado de paso. En Chihuahua llegan muchos de retorno, repatriados, y queremos apoyar a que quienes quieran sean actores productivos, que cambien su realidad, darles preparación, relaciones para que se empleen, capacitación o impulso en lo que saben hacer. Y, claro, que se bañen, alimenten, y sigan si así lo quieren”.

Precisa que al llegar al norte del país, los migrantes ya han vivido de todo: “Traen historias muy fuertes y cansancio, buscan cruzar de nuevo”, o algunos quieren llegar a Sonora o Sinaloa para trabajar en la pizca de camarón.

“Los que llegan aquí vienen deportados de Ciudad Acuña, Coahuila o Nuevo Laredo, quieren volver a subir para intentar o para ir a trabajar a otros estados. Algunos saben que aquí hay un poco más de trabajo en la pizca en Cuauhtémoc o en Delicias y buscan quedarse, pero también muchos conocen que en Chihuahua hay lugares más baratos para cruzar, como mochileros por Palomas o por Ojinaga”, señala a su vez María Goretti Espíndola de la Vega, quien trabajó como voluntaria durante nueve meses en albergues de Oaxaca con el sacerdote Alejandro Solalinde.

Destaca que a esta ciudad no se le visualizaba en migraciones, porque la mayoría de las personas que intentan cruzar hacia Estados Unidos lo hacen a través de coyotes, pero hay un importante flujo, principalmente de hombres de entre 15 y 35 años de edad, que huyen de sus países por la violencia y falta de oportunidades económicas.

Previo a su constitución, la asociación apoyó hace un año a dos migrantes que denunciaron su reclusión en la estación Julio Ornelas del municipio de Guazapares, en la Sierra Tarahumara, y fueron obligados a caminar por horas hasta llegar a unos campamentos de cultivo de mariguana, donde fueron esclavizados por uno y dos meses, respectivamente, hasta que lograron escapar. La denuncia fue congelada en el sexenio anterior, y aún se desconoce el estado en que se encuentra.


En la ciudad hay varios puntos donde se concentran los migrantes, pero principalmente lo hacen debajo de un puente al sur de la capital. Durante tres años han acudido a ese lugar grupos de cristianos y católicos, para llevarles noche a noche, burritos y café.

Silenciosa perseverancia

“Un día, el padre Roberto Perea Martínez (vicentino) me dijo que preparara unos burritos porque había unos migrantes pasando la noche abajo de un puente. Comenzamos a ir los sábados, se nos hizo costumbre. Luego supimos que también iba Lauro, que era compañero de la parroquia, y así empezamos a hacer una red con el padre”, recuerda Patricia Ríos, integrante de Uno de Siete Migrando.

Eran integrantes de la parroquia del Señor de los Guerreros, y Lauro trabajaba en una fábrica de pisos y azulejos que se encuentra a un lado del puente donde los migrantes se refugian y atajan el frío congelante del invierno. Cuando terminaba su jornada laboral, le extrañaba ver a hombres sentados o “hechos bola” en las banquetas del puente. Un día se acercó y conoció su situación. Al siguiente día, antes partir para el trabajo, le pidió a su esposa que le pusiera más alimentos en su lonche, pero poco a poco la mujer tenía que hacer más.

Patricia Ríos también sumó voluntarios. “Antes sólo llevábamos 12 burritos, pero luego la afluencia fue mucho más. Yo creo que corrieron la voz y eran poquitos. Corrieron la voz y ya íbamos los miércoles y sábado. El padre se fue de la parroquia y nosotros le seguimos. Le decía al padre que íbamos a hacer una asociación civil para ayudarles más, me decían que era muy caro, pero no desistimos”, relata.

Prosigue: “Cada vez se sumaban, se involucraban y se animaban más. Luego hice una página en Facebook que se llamaba Amigos del tren y contacté a unas personas de San Luis que apoyaban a migrantes. Vinieron a Chihuahua a una boda y quedamos de conocernos, me presentaron a otros amigos que también iban a las vías los viernes, son cristianos. El grupo empezó a ser más grande y quedamos en que se iban a dividir para ir también los lunes. Cada vez ha llegado más gente que quiere ayudar, ya tenemos cubierta toda la semana”.

En julio del año pasado, luego de visitar a Las Patronas y buscar una causa social para trabajar, Jorge Pérez Cobos recorrió las vías en busca de migrantes, hasta que encontró el puente, donde cada vez se concentraban más. Tardó varios días en saber que el grupo de activistas de los miércoles y sábados iba en las noches, pero cuando los conoció, se sumó a la actividad con la propuesta de crear una asociación civil para abrir un albergue.

En el camino conocieron también a Goretti Espíndola, quien acababa de regresar de Oaxaca, con la intención de trabajar con los migrantes de su ciudad.

Durante un año y medio se han preparado de manera más intensa para atender a los migrantes, y ver y vencer los riesgos.

“En el lugar luego llevan mucha droga, pero nos respetan mucho, hasta nos cuidan. Nunca he tenido un problema ni miedo. Aquí llegan muchos deportados o que van a cruzar. Vienen de Honduras, Guatemala, Belice, El Salvador, muchos de nuestro país. Casi no pasan niños ni mujeres. Me ha tocado ver unos 10 niños en los tres años y muy pocas mujeres. Los hombres vienen huyendo de las mafias de sus países, de la falta de trabajo. Algunos regresan a las vías cuando no pueden pasar, pero son pocos y nos da mucho gusto volverlos a encontrar. Yo ya no puedo estar sin ir, es como una familia. Este albergue es un sueño de muchos años, de varias personas”, relata Patricia Ríos.

Y Goretti Espíndola comenta que el flujo de migrantes es variado cada noche, pero incrementa entre febrero y agosto. En una noche han llegado hasta 60.

“Hay algunos que llegan también de Torreón por otros medios, en tráiler, por ejemplo, que buscan trabajo en Sonora, en Sinaloa, y mucha gente se queda trabajando en Delicias o en Cuauhtémoc. El principal riesgo para quienes suben al tren hacia Sinaloa es el frío en invierno, porque se pueden morir de hipotermia o también que los bajen en la Sierra Tarahumara para obligarlos a sembrar droga”.

De acuerdo con Pérez Cobos, quienes hace un año llegaban al puente eran, además de migrantes, personas en situación de calle y muchos se habían instalado de manera permanente. Había un grupo que incluso vendía droga o enganchaba a algunos para trabajos ilícitos, ya que el fenómeno de migración no era visible ante la ciudadanía.

Los mismos migrantes les platicaban que en sus viajes por el tren se encontraban a personas que les “ayudaban”, es decir, les daban droga para vender y veían el negocio con buenos ojos, lo que representaba un problema fuerte para ellos mismos. “Era un peligro llegar ahí porque eran presos o eran coptados, los iban metiendo o les vendían droga. Varios se quedaban ahí. Era mucha gente la que llegaba, algunos en camionetas. Hubo migrantes que nos llegaban a pedir un churro. La idea es darles una opción más como sociedad”.

Pérez Cobos sostiene que la situación empezó a cambiar a partir de que se empezó a visilibilizar la situación de migrantes en Chihuahua. “Ahora hay más presencia policiaca y de otros voluntarios”. Tenía ciertos matices: algunos sí traían droga y era como un centro de operación, pero ahora ya es más limpio, no hay tanta gente organizada para delinquir. Fue mucha la presencia de la policía”.

Asegura que el ambiente ha cambiado y hay algunos “que van agandallando apoyos. Hemos necesitado organizarnos mejor para detectar las necesidades reales”.

Subraya que se ha incrementado el número de grupos que van a ayudar y en ocasiones hay mucha comida y también personas que llegan a acumular cobijas y que no son migrantes. “De ser un grupo olvidado, ahora se requiere mejor organización. La ciudadanía ya empieza a hablar del tema y afortunadamente son más los que lo ven bien y apoyan”.

Como organización se han capacitado con especialistas en migración traído a esta ciudad, pero también han acudido a Juárez, Saltillo o a la Ciudad de México, y han ido a la Sierra Tarahumara para conocer más el recorrido y problemática que enfrentan los migrantes en la región.


“Sin el equipo no hubiéramos podido impulsar el proyecto. ‘Uno de Siete Migrando’ está en la red de organizaciones que apoyan migrantes. Aunque ahora actuamos con el corazón, es un proyecto que hacemos con amor y también lo hacemos desde la razón. Al principio no sabíamos y batallábamos más. Hemos adquirido un poco más de experiencia en la atención en las vías. En lo personal me sirvió la experiencia en otros albergues porque te da la pauta para tener trato con ellos, para saber que cada persona trae cargas fuertes. Hay que tratarlos, atenderlos y soltarlos, porque si no, nos afectamos”, apunta Espíndola de la Vega.

“Trabajar con fe y práctica”

Las instalaciones de la Casa del Migrante fueron otorgadas en comodato, gracias a las gestiones de los integrantes de la asociación. El primer paso fue hablar con los vecinos de la colonia Revolución, al norte de la ciudad, donde se ubica.

El lugar era un gimnasio cuya construcción fue impulsada por los jesuitas que vivieron durante diez años en la parroquia, en la década de los 80. Hace diez años dejaron la Diócesis y un patronato se hizo cargo por cinco años. Desde hace cinco, las instalaciones estaban abandonadas.

Carmen Carvalla Martínez, de 70 años, una de las fundadoras de la colonia Revolución, recuerda que cuando estaban los jesuitas, ella ayudó a buscar un terreno para construir el gimnasio. “El objetivo era tener una cancha para los niños, porque todo era desierto hace muchos años. Anduvimos gestionando en estas comisiones para hacer la iglesia, hacer la cancha con los jesuitas”.

Las religiosas y los jesuitas, añade, trabajaron en conjunto, pero ellos fueron retirados de la Diócesis y se vino abajo. “Ya no supe por qué se fueron los del patronato, porque tuve otras actividades en la casa. Después ya no me pude integrar porque cambiaron las cosas, vinieron otros sacerdotes con ideología de trabajar distinta. Los jesuitas tenían una ideología de fe y práctica, pero hoy en día no se hace eso, dedican más tiempo a rezar que a lo social, a la problemática. Es bueno, pero se requiere también hacer política social”, puntualiza la mujer.

Carvalla Martínez se dedica a elaborar medicina natural, microdosis, jarabe y jabones para enfermedades respiratorias, que aprendió con los jesuitas y religiosas.

“(Los activistas) Me fueron jalando y dije: ‘aquí me voy a quedar. Ya vi cómo es el trabajo, voy a seguir donde está la necesidad. Ya he ido al puente, a los eventos”, dice.

Sobre la Casa del Migrante, María Goretti Espíndola precisa que es el sueño de todos. “Un día lo soñaste y al otro día ya estaba ahí. Es el trabajo de mucha gente y ahora el reto es trabajar en la relación de la ciudadanía con el migrante y empezar a hacer los proyectos productivos, hacer conciencia en la ciudadanía”.

Claudia Díaz, quien también forma parte de la asociación, dio a conocer que hoy esta tarde inaugurarían la Casa del Migrante con dos integrantes de Las Patronas y el padre Pantoja, para posteriormente ofrecer un concierto con La Muna, cantante que interpreta temas sobre migración.


Mañana realizarán un conservatorio sobre el tema en la Universidad La Salle y por la tarde proyectarán el documental Las Patronas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/464307/la-presencia-las-patronas-abren-en-chihuahua-la-casa-del-migrante

Guerra antinarco no ha dado "el mejor resultado": Graue

Ciudad de México: La guerra contra el narcotráfico no ha funcionado, ha dejado miles de muertos y desaparecidos y el saldo final "no es precisamente el mejor resultado", aseguró el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers.

SAT investiga a más de 10 mil empresas “fantasma”

Ciudad de México. Luego de los casos de desvío de recursos públicos en el estado de Veracruz a través de empresas "fantasma", el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga a más 10 mil empresas en el país que simulan operaciones sin tener ni domicilio real, ni trabajadores.

"Estamos verificando a más de 10 mil empresas para ver que no estén simulando operaciones y que estén cumpliendo con sus obligaciones y de las operaciones que hayan realizado se estarán eliminando los efectos fiscales y las contrapartes, sean gobiernos o empresas, estarán siendo llamadas a cuentas para eliminar el efecto fiscal que pretendieron darle a estas operaciones, dijo el jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz.

Luego de inaugurar la Expo feria nómina digital, el funcionario señaló que el SAT ha detectado 300 mil millones de pesos que "no tienen materialidad económica" a causa de dichas empresas.

Explicó que las empresas "fantasma" son aquellas que no tienen sustancia económica, pero por alguna razón fueron contratadas por gobiernos de diferentes estados del país o entidades del gobierno federal.


Respecto a la feria para impulsar la nómina digital, dijo que desde 2013, con la reforma fiscal (que entró en vigor en 2014), todas las empresas tienen la obligación emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina y lo que busca la Secretaría de Hacienda es elevar el número de empresas que cumplen con este requisito.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JUAN CARLOS MIRANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/29/sat-investiga-a-mas-de-10-mil-empresas-201cfantasma201d

Ciberespionaje en México, opaco e ilegal

CIUDAD DE MÉXICO: Las autoridades mexicanas emplean herramientas de ciberespionaje de manera discrecional y opaca, sin que ello resulte en una mejor impartición de justicia; además, operan fuera del alcance de la justicia y se resisten a abrirse al escrutinio ciudadano, advirtió la Red para la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) en el informe “El Estado de vigilancia: Fuera de control”, que publicó hoy.

Entre 2013 y 2015, las instancias de seguridad mexicanas solicitaron en por lo menos 3 mil 182 ocasiones un permiso para intervenir comunicaciones privadas; extendieron al menos 41 mil 107 peticiones a las empresas de telecomunicaciones para conocer los “metadatos” de sus clientes y otras 11 mil 994 solicitudes para descubrir la geolocalización en tiempo real.

En 99% de las peticiones de metadatos y de geolocalización las instancias no contaron con el visto bueno de la justicia federal, aunque obtuvieron los datos de las empresas de telefonía y proveedores de Internet.

Por si fuera poco, la eficiencia de estos métodos de espionaje es prácticamente nula: según el informe, apenas una de cada 12 averiguaciones previas en las que las autoridades utilizaron una herramienta de vigilancia derivó en una acción penal.

Un ejemplo: la Fiscalía General de Veracruz –una de las instancias que más empleó herramientas de vigilancia– indicó que utilizó esas medidas en 2 mil 339 averiguaciones previas. En apenas nueve de ellas se ejerció acción penal contra alguna persona: 0.38%. Las fiscalías de Guerrero, Baja California, Tlaxcala o Zacatecas tienen una tasa aún menor, de 0%.

Por ello, el dilema entre la vigilancia y la seguridad “es absurdo”, aseveró Luis Fernando García, integrante de R3D, una organización que integra la Alianza Méxicoleaks, junto con Proceso y otros seis medios de comunicación y organizaciones.

Al contrario, el reporte establece que “existen grandes incentivos para utilizar la vigilancia de manera ilegal, incluso arriesgando la propia seguridad de la ciudadanía que los proponentes de la vigilancia sin controles dicen proteger”.

A diferencia de otros proveedores de servicios de telecomunicación, Telcel entregó la información de sus usuarios en todas las solicitudes de las autoridades, lo cual hace pensar que la empresa no vela por los derechos a la privacidad de sus clientes.

A estos métodos de vigilancia se suman los programas espías como “Pegasus” y “Galileo”, que distintas instancias del gobierno mexicano –tanto federales como estatales– compraron en secrecía y emplearon para infectar los teléfonos y computadoras de ciudadanos mexicanos, entre ellos periodistas y activistas.

Mediante 573 solicitudes de acceso a la información y 213 recursos de revisión –que se interponen cuando las instancias se niegan a transparentar sus archivos–, R3D detectó aberraciones estadísticas y graves inconsistencias entre las cifras proporcionadas por los actores del sistema del ciberespionaje mexicano. También se enfrentó con una opacidad preocupante y la negativa de abrirse a la transparencia.

En un caso “emblemático”, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) obligó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) a liberar información sobre el número de intervenciones que la institución realizó contra personas y dispositivos en 2014, a petición de la R3D.

El Cisen se negó y, para derrumbar la resolución del INAI, solicitó su ayuda a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal –el “despacho jurídico” de Enrique Peña Nieto, a cargo de Humberto Castillejos Cervantes–. Esta dependencia interpuso el recurso de revisión en materia de seguridad nacional 1/2016, mismo que la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) tendrá que resolver posteriormente.

En otros casos, las instancias gubernamentales entregaron a R3D documentos totalmente tachados. García enseñó una hoja en la que sólo aparecen los logotipos de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Policía Federal (PF). El resto está ilegible.

De acuerdo con la SCJN, sólo la PGR, las procuradurías locales, la PF y el Cisen tienen la facultad de emplear métodos de vigilancia bajo circunstancias definidas.

Sin embargo, el informe demuestra que en algunas ocasiones el gobierno del Estado de México, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Hacienda y Crédito Público (SHCP) utilizaron estas herramientas.


Y estos son los datos oficiales, pues el reporte establece que las empresas de telecomunicaciones no detallaron qué instancia les solicitó información sobre sus clientes en miles de casos.

Fuera del alcance de la justicia

A diferencia de otros métodos de intervención del Estado –como un interrogatorio o un juicio–, la vigilancia electrónica es invisible; una persona no sabe quién, cómo, por qué y cuándo lo espiaron.

Por esto, según García, es necesario que un juez verifique la legalidad de cada intercepción, y R3D constató que en el caso mexicano la justicia no tiene control sobre la vigilancia.

Entre 2013 y 2015, las instancias gubernamentales aseveraron que solicitaron a la justicia 3 mil 182 autorizaciones para interceptar comunicaciones privadas, mientras que aquélla, a través del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), afirmó que recibió 3 mil 335 peticiones.

Las discrepancias entre las cifras son profundas en algunos casos: el Cisen dijo que solicitó 2 mil 2 autorizaciones; el CJF aseveró que fueron 654 solicitudes –tres veces menos–; la PGR sólo reconoció 866 solicitudes de autorización cuando el CJF aseguró que recibió 2 mil 392 solicitudes de esa institución, una cifra tres veces mayor.

Las procuradurías de Tabasco, Colima, Zacatecas, Puebla, Guerrero, Jalisco, Querétaro y Quintana Roo afirmaron que extendieron solicitudes a la justicia, pero el CJF no reportó ninguna proveniente de estas instancias.

Por si fuera poco, las diferencias entre el número de solicitudes y el número de dispositivos intervenidos son más amplias todavía. La PGR, por ejemplo, informó que espió 3 mil 672 aparatos entre 2013 y 2015, pero apenas solicitó permisos para 811. La PF envió 205 solicitudes e intervino nueve veces más dispositivos.

R3D cabildeó para que las leyes obliguen a las instancias de gobierno y a las empresas de telecomunicaciones a entregar informes semestrales al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en los que ambos deben detallar el número de solicitudes de acceso a los “metadatos” de usuarios.

La organización reportó que apenas 10 empresas entregaron su informe, pero el IFT no los hizo públicos. La institución autónoma tampoco exigió a las instancias gubernamentales sus informes semestrales.

A partir del año 2014, el número de solicitudes se detonó: de 8 mil 867 en 2013, pasó a 18 mil 111 el año siguiente. Entre 2013 y 2015 las autoridades que más solicitaron a las empresas los “metadatos” de sus clientes fueron la PGR –con 30 mil solicitudes y 43 mil dispositivos vigilados–, seguida por la Fiscalía General de Veracruz, con mil 916 solicitudes.

En la primera mitad de este año las empresas reportaron haber recibido 35 mil 778 solicitudes. AT&T rechazó seis de cada diez solicitudes, por considerarlas irregulares. Telcel, por su parte, accedió a cada una de las 25 mil 743 solicitudes que recibió. “Sería muy extraño que todas fueran emitidas conforme a la ley”, declaró García.

En el caso de las solicitudes de geolocalización en tiempo real, la organización reportó inconsistencias en las cifras.

Un ejemplo: la Fiscalía General de Chihuahua fue la entidad que reportó el mayor número de solicitudes en 2013, 2014 y 2015 –6 mil 674 en total–, pero en el primer semestre de este año no reportó solicitud alguna. Esto le pareció “extraño” a García, quien añadió: “Me cuesta mucho creer que esta Fiscalía abandonó este método de vigilancia”.


La PGR y la Fiscalía de Veracruz fueron las instancias que más peticiones de geolocalización extendieron, después de la de Chihuahua.

Espías “de Estado”

El informe también recordó lo “problemático” que resultan los programas espías “de Estado” que varias instancias de gobierno compraron y usaron de manera discrecional en los últimos años.

En julio de 2015, WikiLeaks publicó los archivos internos de la empresa italiana Hacking Team, desarrolladora del programa espía “Galileo”.

México resultó el mayor cliente de Hacking Team a escala global, pues gastó cerca de seis millones de dólares en el programa, entre otros porque Tomás Zerón de Lucio –entonces a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR– pretendió centralizar el sistema de ciberespionaje en las procuradurías locales.

En la investigación derivada de esta filtración, Proceso documentó que algunos de los clientes de Hacking Team –como el gobierno del panista Rafael Moreno Valle, en Puebla– utilizaron el programa espía con fines políticos; y R3D señaló que los gobiernos estatales no tienen el derecho de usar estos programas, sino únicamente las procuradurías.

Así, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y los gobiernos de Baja California, Durango, Chihuahua, Tamaulipas, Puebla, Yucatán, Campeche, Querétaro, Guerrero, del Estado de México, Jalisco y Nayarit y Pemex, los cuales figuraron entre los clientes de Hacking Team, “no tienen facultades legales o constitucionales para intervenir comunicaciones privadas”.

La organización reportó nuevas inconsistencias en la información que le proveyeron los gobiernos estatales respecto del uso de “Galileo”.

El gobierno de Jalisco, por ejemplo, aseveró que utilizó apenas dos veces el programa, por el que pagó 748 mil euros –cerca de 20 millones de pesos–. Esto llevó R3D a pensar que lo empleó de manera ilegal, pues de otra manera implicaría que cada “infección” de aparato le hubiera costado cerca de 7 millones de pesos al erario jalisciense.

Las fiscalías de Baja California, Campeche, Durango, Estado de México, Tamaulipas y Yucatán negaron haber utilizado programas de intercepción de comunicaciones.

En agosto pasado salió a la luz que el gobierno mexicano compró el programa espía “Pegasus” a la empresa israelí NSO Group. Entre otros intentó intervenir el celular del periodista Rafael Cabrera, el instigador del reportaje sobre la “Casa Blanca” de la pareja presidencial.


Algunos de los dueños de estas empresas figuran entre los beneficiarios de entidades offshore que incorporó el despacho panameño Mossack Fonseca y fueron exhibidos por Proceso en la investigación global Panamá Papers.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE
LINK: http://www.proceso.com.mx/464308/ciberespionaje-en-mexico-opaco-e-ilegal

Calderón-Peña: Una década de trágica sociedad

CIUDAD DE MÉXICO: Este jueves 1 de diciembre se cumplen cuatro años de gobierno de Enrique Peña Nieto, hundido en el descrédito, pero también se completa una década de la fatídica sociedad que estableció con Felipe Calderón –marcada por muerte, violencia, corrupción, pobreza, impunidad, represión– y que se propone abarcar tres sexenios con el proyecto común de convertir a Margarita Zavala en presidenta de México.

Cuando ayer domingo Peña exclamó, ante el Consejo Político Nacional del PRI, que es “primero el PAN (sic) y luego el hombre” –tratando de parafrasear el frustrado plan de Jesús Reyes Heroles de anteponer el proyecto al candidato–, evidenció lo que priistas, panistas y toda la sociedad ven cada vez más claro: La alianza con Calderón, que viene de 2006, para que él y su esposa le cuiden las espaldas.

No es que Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle no pacten también con Peña –ambos le han avalado todo y su nivel de interlocución-colusión es amplio en cada caso–, pero los contubernios de Peña con Calderón son más hondos y cumplen una década: Desde los más de 200 mil votos priistas que le dio como gobernador del Estado de México, en la elección de 2006, hasta el premio del ITAM que le entregó hace casi un mes, el 1 de noviembre.

Esta alianza fue también clave en la victoria de Peña en 2012, cuando Calderón saboteó la campaña de Josefina Vázquez Mota –premiada luego con más de mil millones de pesos del erario federal para la fundación que preside– con operadores de toda su confianza como Roberto Gil Zuarth, su exsecretario particular y coordinador de la campaña, justamente el orquestador del PAN en el Senado para ratificar al priista Raúl Cervantes como procurador general de la República y para hacerlo fiscal transexenal, epicentro de la impunidad.

Ahora que de manera oportunista Margarita Zavala se pronuncia en contra de que Cervantes sea fiscal general, conviene recordar que convalidaron con su silencio su nombramiento, hace un mes, y si ella y su marido hubieran estado en desacuerdo no habrían votado a favor Gil Zuarth y Mariana Gómez del Campo, prima de la pareja, y Luisa María Calderón los habría imitado también.

Sucede exactamente lo mismo con el fiscal anticorrupción: Los senadores del PAN habían pactado que el cargo recayera en Fernando Gómez Mont, personero de Diego Fernández de Cevallos y secretario de Gobernación con Calderón, el mismo que, en octubre de 2009, firmó como testigo del pacto entre los presidentes del PAN, César Nava, y del PRI, Beatriz Paredes, para que el primero no se aliara con el PAN en la elección estatal de 2011.

Seis años después, Calderón está haciendo exactamente lo mismo en el Estado de México como parte de esta colusión con Peña: Se ha reunido con liderazgos de esa entidad para obstaculizar la candidatura de Vázquez Mota, la única panista que tendría posibilidades de ganar el gobierno estatal, porque la derrota sería para Ricardo Anaya, el presidente del PAN que se le ha atravesado a Margarita.

Es sabido que los documentos que comprometen los más de mil millones de pesos que el gobierno de Peña entregó a Vázquez Mota salieron del gobierno de Eruviel Ávila, cuyo jefe de prensa es Alejandro Echegaray Suárez, testaferro de Alejandra Sota Mirafuentes, vocera de Calderón y hoy al servicio también de Luis Videgaray, primo de Margarita Zavala.

En la relación Peña-Calderón no hay coincidencias, sino complicidades y están en curso otras más en materia de seguridad: La entrega del control y administración de los puertos del país a la Secretaría de Marina, el proyecto de una ley sobre “uso legítimo de la fuerza” y la Ley de Seguridad Interior que, como lo advierte el especialista Erubiel Tirado, “son parte de un andamiaje legal que anticipa un golpismo disfrazado y la justificación para reprimir las protestas sociales y políticas por venir”.

La aprobación de la Ley de Seguridad Interior, de supuesta autoría –PRI-PAN– significa la máxima garantía de impunidad a los abusos y violaciones graves a los derechos humanos que, de ahora en adelante, cometan las Fuerzas Armadas, alerta Tirado.

“Los militares mexicanos, desgastados a decir del titular de la Sedena, obtendrán con Peña Nieto lo que no lograron con Felipe Calderón: un paraguas legal, que no sólo proteja a las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) de acusaciones de violaciones graves a los derechos humanos, sino que ensanche sus atribuciones de control y vigilancia sobre la sociedad. De este modo, los militares evaden el avance de juzgarlos en el ámbito civil que había acotado su fuero, se erigen en garantes de toda la seguridad del Estado y se convierten en un suprapoder al servicio del presidente”.

Qué obra de Calderón y Peña en una década, que busca con Margarita convertirse en tres sexenios: A la macabra contabilización de muertes violentas en sus gobiernos –121 mil 163 del primero y 62 mil 926 en los tres primeros años del segundo–, el mísero crecimiento en cada uno de los diez años –2% anual en promedio– y la fabricación de millones de pobres, desempleados y subempleados, ambos se hermanan también en la impunidad y la represión…

Justamente para conmemorar una década de su toma de posesión, que hizo entrando por un hoyo de la Cámara de Diputados, Calderón se reunió con algunos de los suyos y ahí aseguró que, en caso de que su esposa sea presidenta de la República, él no gobernará:


“La mejor manera de respaldarla es no obstruirla, no estorbarla. Ella tiene una gran habilidad, trayectoria propia, liderazgo”. Y subrayó: “Yo tendré el papel que ella me pida, incluso no ser absolutamente nadie. ¡Yo ya!”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464332/calderon-pena-una-decada-tragica-sociedad

Astudillo corrige a su fiscal: niega que le ordenara ejecutar a “El Tequilero”

CHILPANCINGO, Gro: El gobernador Héctor Astudillo Flores negó haber ordenado ejecutar al líder criminal identificado como Raybel Jacobo de Almonte El Tequilero, como lo afirmó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez.


“Ay, pero por el amor de Dios, cómo creen que voy a dar esa instrucción. No son comentarios que yo le dije que hiciera, pero el fiscal también tiene muy claro que tiene la responsabilidad de detener, procesar en este caso a quienes violenten la ley y, por supuesto, hay que bajarlo de la Sierra, no otra cosa. Esa fue la petición que le hicimos”, expresó el mandatario.

Al término de un acto oficial realizado esta mañana en el puerto de Acapulco, en entrevista Astudillo consideró que su colaborador acudió el pasado jueves a la comunidad de San Jerónimo El Grande, municipio de Ajuchitlán del Progreso y “muy estimulado” frente a los pobladores, lanzó “algunos comentarios” que no le dijo que hiciera.


“El fiscal fue con un ánimo de comunicarse muy rápido y con mucha claridad. Dijo lo que dijo y que ya lo dijo. En otras palabras: que hay que detenerlo, procesarlo y, por supuesto, hay que bajarlo de la Sierra. No otra cosa. Ya las interpretaciones corren al gusto de cada quien”, refirió Astudillo en tono cantinflesco.

El pasado jueves 24, durante una reunión con pobladores de San Jerónimo El Grande que se armaron luego de que la banda de El Tequilero secuestró a 10 personas de este lugar, el fiscal Xavier Olea dijo textual:

“La orden del gobernador Héctor Astudillo Flores no es detener a El Tequilero, sino acabarlo, darle pa’bajo”.

Así lo expresó el funcionario estatal haciendo uso del argot delincuencial cuando una persona es sentenciada a muerte o ejecutada.

Cuatro días después, el gobernador Héctor Astudillo apareció públicamente para rechazar lo que dijo Xavier Olea Peláez.

Se trata del funcionario estatal que fue designado fiscal por el Congreso local a petición del Ejecutivo en diciembre pasado. El nombramiento se hizo pese a que tiene abierto un proceso legal en su contra en Tabasco por el presunto delito de fraude y peculado. Es la misma acusación por la que el extesorero de esa entidad, José Manuel Saiz Pineda, continúa encarcelado.


Además, Olea Peláez se ha caracterizado por asumir la defensa legal de personajes de negro historial como Raúl Salinas de Gortari y Arturo El Negro Durazo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
FECHA: 28 NOVIEMBRE 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464316/astudillo-corrige-a-fiscal-niega-le-ordenara-ejecutar-a-tequilero

Peña envía iniciativa al Senado para que titular de PGR no sea en automático Fiscal General

Organizaciones, políticos de oposición y académicos habían expresado su rechazo a que en automático Raúl Cervantes se convirtiera en el nuevo Fiscal.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, envió una iniciativa a la Cámara de Senadores para que quien ahora ocupa el cargo de procurador General de la República, Raúl Cervantes, no se convierta en automático en el nuevo Fiscal General de la nación, cuando se dé la transición a ese organismo. 

“Ante distintas voces, entre ellas la del propio Procurador Cervantes, que señalan que el transitorio Décimo Sexto de la reforma constitucional que establece el tránsito de Procurador a Fiscal en forma automática, no abona a centrarse en la discusión del modelo institucional de la Fiscalía, el Presidente Enrique Peña Nieto envió ayer al Senado de la República una iniciativa para modificarlo”, indicó presidencia en un comunicado.

“De ser aprobada esta iniciativa, y en caso de que el Congreso de la Unión expida la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, no existiría pase automático de último Procurador a primer Fiscal, sino que correspondería al Senado iniciar el procedimiento para la designación del nuevo Fiscal General de la República”, agregó en su comunicado.

Iniciativa de @EPN de Reforma Constitucional que modifica procedimiento para designación del Fiscal General de la República #FiscalCarnal pic.twitter.com/QWzfwI6tXf

— Martha Tagle (@MarthaTagle) 29 de noviembre de 2016

Organizaciones sociales, políticos de oposición y académicos habían expresado su rechazo a que en automático Cervantes se convirtiera en el nuevo titular de la Fiscalía General de la República (que sustituye a la PGR), para ocupar el cargo los próximos nuevo años.

Entre otros puntos, acusaron que Cervantes carecía de autonomía o independencia, al estar vinculado con el PRI.

La organización México Unido Contra la Delincuencia incluso reunió firmas en Change.org, para que Cervantes no llegara a ser Fiscal General.

“Peña Nieto propuso y el Senado ratificó –sin un mínimo debate- a Raúl Cervantes como nuevo titular de la Procuraduría, quien fue abogado del PRI, encabezando la defensa de Peña Nieto en el caso Monex, cuando se acusó al entonces candidato del PRI de comprar votos”, se lee en su documento.

“El nombramiento de un Fiscal con una relación muy cercana al gobierno en turno y una clara trayectoria partidista, como es el caso de Raúl Cervantes, lastima de inicio la legitimidad de una institución que busca construir confianza en la ciudadanía sobre su imparcialidad y autonomía”, agregó la organización.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

AUTOR: REDACCIÓN.

LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/pena-iniciativa-cervantes-fiscal/

12 estados espían ilegalmente los celulares y computadoras de sus ciudadanos

No existen solicitudes autorizadas por jueces que avalen el espionaje de dichas entidades, también el Ejército estaría involucrado.

Por lo menos 12 entidades del país adquirieron junto con el Ejército Mexicano software de espionaje que es capaz de infectar computadoras y teléfonos celulares de cualquier persona y robar su información, sin que tengan facultades legales para hacerlo y sin que haya evidencia de que fue utilizado en operaciones legales de intervención de comunicaciones.

Un estudio elaborado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)) sustentado en más de 600 solicitudes de información pública, pone en evidencia la adquisición y uso injustificado de estos programas así como el potencial riesgo que representan para millones de ciudadanos en el país que desconocen que están siendo espiados.

De acuerdo con el estudio titulado: “El Estado de Vigilancia: Fuera de Control”, revela que tres compañías mundiales Hacking Team, NSO Group y FinFisher, especializadas en la intervención de dispositivos de comunicación y cómputo, han vendido sus programas a gobiernos estatales en México.

El caso de la empresa italiana Hacking Team es el mejor ejemplo luego de que en 2015 se filtraran al público miles de correos y documentos internos de la compañía, los cuales evidenciaban que México era el principal comprador mundial de sus programas espías con una inversión de casi seis millones de euros.

La información filtrada reveló que 12 entidades del país tenían relaciones comerciales con la compañía de hackers a través de otras empresas intermediarias. Se trata de Baja California, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Campeche.

“La gran mayoría de las autoridades que adquirieron el software Hacking Team no poseen facultades legales o constitucionales para intervenir comunicaciones privadas por lo tanto su adquisición como su uso es claramente ilegal”, sostiene el estudio.

Tras la filtración de los documentos de la empresa italiana, algunos gobiernos en México  justificaron la adquisición de dicho software bajo el argumento de que estaba destinado a sus fiscalías que son las únicas facultadas por la constitución para intervenir comunicaciones. Pero el informe de la organización R3D concluye que no hay sustento para hacerlo.

“Los datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información pública levantan serias dudas sobre su uso legal o sobre la justificación de la inversión realizada”, indica el informe.

Engaño descubierto

En México solo las procuradurías y fiscalías de los estados, además de la PGR, el CISEN y la Policía Federal están facultados para intervenir las comunicaciones privadas de una persona y siempre debe de existir una previa autorización de un juez federal especializado en cateos e intervenciones.

Datos oficiales proporcionados por el Poder Judicial de la Federación revelan que  con excepción de Nuevo León, no se han autorizado solicitudes de intervención de cualquier otro estado. Lo anterior significa que las 12 entidades que operan los software espía de Hacking Team lo hacen de forma ilegal.

Por otro lado las procuradurías de Baja California, Campeche, Durango, Estado de México, Tamaulipas y Yucatán respondieron vía transparencia que no han solicitado a un juez ningún permiso para intervenir comunicaciones, por lo que no hay sustento legal alguno para que los gobiernos de dichos estados posean este tipo de software.

“Es decir no existe evidencia de que el gasto público erogado por dichas autoridades haya implicado una sola intervención de comunicaciones privadas tramitada de manera legal, esto a pesar de que el monto del software en dichos estados asciende a más de 47 millones de pesos”.

En 2015 Salvador González Reséndiz, subsecretario de Planeación y Finanzas del gobierno de Jalisco, dijo que la adquisición del software espía “Galileo” a Hacking Team tenía como objetivo utilizarlo en casos de secuestro que investiga la Fiscalía del estado.

Pero el estudio de la R3D evidencia que este estado reportó solamente dos solicitudes para intervenir comunicaciones ante un juez, una de 2014 y otra de 2015

“Esto significa que la Fiscalía de Jalisco u otra autoridad perteneciente al estado están interviniendo comunicaciones privadas utilizando el software de Hacking Team sin autorización judicial, es decir de manera ilegal. De lo contrario significa que el gobierno de Jalisco gastó 748 mil euros para utilizarlo solo en dos ocasiones”, expone el estudio.

Existen otros estados que reportan algunas solicitudes de intervención de comunicaciones (no reconocidas por el Poder Judicial) que aun suponiendo que fueran reales y que en ellas se hubiera adquirido el software de Hacking Team, resultan injustificables debido al costo de los programas adquiridos.

Por ejemplo a Querétaro la única intervención de comunicación supuestamente legal con el referido software le habría representado un gasto de más de cuatro millones de pesos, mientras que a Puebla las ocho solicitudes de espionaje que informó le significaron casi 950 mil pesos cada una.

También el Ejército

Además de los estados, los miles de correos y documentos filtrados de Hacking Team revelan que la Secretaría de la Defensa Nacional se ha hecho de software de espionaje sin que dicha dependencia tenga facultades constitucionales para esta tarea.

Tan solo en la adquisición y capacitación de uso del programa espía “Galileo” de la empresa italiana, la Sedena habría desembolsado más de seis millones de pesos. Las adquisiciones se hicieron a través de dos proveedores intermediarios: Neolinx y Teva.

Pero no es todo. En la información filtrada se advierte además que la Sedena ya había adquirido previamente equipo y software tecnológico de espionaje para su Centro de Comando y Control, entre ellos el programa espía de nombre Pegasus que es capaz de tomar el control de un teléfono al punto registrar todos sus archivos, grabar las conversaciones o manipular la cámara.

El programa Pegasus es diseñado por la empresa especializada en espionaje NSO Group que ha reconocido que sus clientes son gobiernos de distintos países. México podría ser el principal de todos ellos como evidencian los dominios que ha dado de alta para disfrazar el origen de las páginas que infectan los dispositivos.

Un poder ilegítimo

El uso de software espía  dedicado a infectar teléfonos y computadores, no es una práctica recomendable ni siquiera como mecanismo legal de espionaje advierte el análisis de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

Los expertos detallan que en primer lugar esta forma de vigilancia otorga un poder invasivo sumamente amplio que no se justifica bajo los principios de necesidad y proporcionalidad que deben regir las intervenciones de comunicaciones legales, según parámetros nacionales e internacionales.

A esto hay que sumarla que la infiltración de este software requiere en muchas ocasiones la explotación de vulnerabilidades en los equipos que no son conocidas ni informadas a fabricantes de los equipos ni a los proveedores de servicios de comunicación, lo que la hace cuestionable desde un punto de vista ético.

“Además la difícil detección de instancias de vigilancia respecto a estos métodos también genera poderosos incentivos para eludir el control judiciales de las medidas”, indica el estudio.


En resumen, los expertos de la R3D consideran que el empleo de ataques informáticos con la utilización de software malicioso para infectar equipos de comunicación “no puede considerarse un ejercicio legítimo de poder del Estado”.

Descarga el estudio "Estado de Vigilancia": https://r3d.mx/wp-content/uploads/R3D-edovigilancia2016.pdf

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/estados-espionaje-mexico-cisen/

Al menos 55 familias nahuas buscan a sus desaparecidos en Semefo de Chilpancingo

CHILPANCINGO, Gro: Al menos 55 familias, en su mayoría indígenas nahuas, acudieron esta mañana a la sede del Servicio Médico Forense (Semefo) de esta capital para tratar de identificar los cuerpos exhumados la semana pasada en un cementerio clandestino ubicado en el municipio de Zitlala.


José Díaz Navarro, profesor integrante del colectivo de familiares de personas desaparecidas de Chilapa “Siempre Vivos”, informó que las autoridades del Semefo les indicaron que se trata de 33 cuerpos y ocho cabezas, de las cuales identificaron al menos a dos víctimas.

El pasado jueves 24, el gobierno federal –a través del delegado de Gobernación en la entidad, Roberto Álvarez Heredia–, informó que las autoridades ministeriales exhumaron 32 cuerpos y nueve cabezas cercenadas en 17 de 20 fosas clandestinas, localizadas en el cerro de Tenanchitla, en las inmediaciones del poblado indígena de Poachahuixco, municipio de Zitlala.

Entrevistado esta tarde afuera del Semefo, Díaz Navarro indicó que les mostraron fotografías forenses del total de las víctimas y después de analizar las imágenes, al menos tres cuerpos fueron identificados por señas particulares referidas por sus familiares.

No obstante, los familiares no acudieron a la inspección y acordaron regresar para que se realicen los análisis de ADN para confirmar la identidad de los restos humanos.

Al respecto, consideró que este cementerio clandestino ubicado en la zona indígena nahua –entre los municipios de Chilapa y Zitlala–, era utilizado desde hace al menos cuatro meses por la delincuencia organizada para desaparecer personas.

Este hecho, consideró, refleja que no ha funcionado la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal y estatal en esta franja de la entidad, donde integrantes de las bandas Los Rojos y Los Ardillos mantienen una confrontación por las zonas de producción y trasiego de heroína y mariguana.

Incluso, denunció que a dos años de la desaparición de cinco de sus familiares, dos de ellos son sus hermanos, en los límites de Chilapa y Quechultenango, el caso sigue impune y ninguna autoridad investiga a la familia del dirigente perredista y expresidente del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, señalado como líder de Los Ardillos y responsables de este múltiple secuestro.

“La familia Ortega Jiménez son los responsables de la desaparición y homicidio de mis hermanos. Siguen libres y cometiendo actos de barbarie con toda impunidad”, expresó Díaz Navarro.

Además, dijo que el dirigente perredista Bernardo Ortega “se debe cuidar de su propia familia porque hasta entre ellos se han matado por ambición y poder”.

Incluso, lo retó a que se presente a la Procuraduría General de la República (PGR) para declarar sobre los nexos de su familia con el narco y el poder político que ejercen en la región centro de la entidad, donde el grupo de Los Ardillos se encuentra afincado en el municipio de Quechultenango.

Díaz Navarro anunció que organizarán una búsqueda ciudadana de fosas en el cerro de Tenanchitla, porque desconfían del trabajo de las autoridades ministeriales. Y es que, dijo, en otra ocasión subieron a un predio donde ya habían dado por concluidas las labores de exhumación de cadáveres y los familiares descubrieron más cuerpos.


Además, advirtió que en esta zona existen otros puntos considerados como tiraderos de cadáveres que las autoridades se niegan a explorar por temor de exhibir el drama humanitario que se vive en los municipios de Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo, Quechultenango y Tixtla.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464329/al-menos-55-familias-nahuas-buscan-a-sus-desaparecidos-en-semefo-chilpancingo

Ejecutan a tres policías estatales en Colima, entre ellos una mujer

COLIMA, Col: Tres agentes de la Policía Estatal, entre ellos una mujer, fueron asesinados a balazos esta mañana (Lunes) en la colonia Tabachines del municipio de Villa de Álvarez.

En el lugar del ataque, ocurrido poco antes de las 10 de la mañana, murieron Antonio Carrizales Núñez y Norma Gabriela Hernández Cernas, mientras que otro elemento fue trasladado herido de gravedad al Hospital Regional Universitario.

En una visita realizada al municipio de Armería, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Javier Castaño Suárez, confirmó los dos primeros decesos, pero posteriormente trascendió el fallecimiento del tercer agente.

El funcionario estatal expresó su preocupación por lo ocurrido y dijo que el ataque “es consecuencia del trabajo que se viene haciendo”.


Castaño Suárez dijo que se investigará a fondo y se tomarán todas las acciones necesarias para resolver el asunto lo más pronto posible, pero “por la naturaleza del caso vamos a esperar a dar una información más correcta y oportuna”.

Según versiones extraoficiales, Carrizales y Hernández eran pareja sentimental y habían llegado a su domicilio para tomar su descanso, pero junto con su compañero fueron atacados con armas largas por pistoleros que posteriormente habrían huido en un automóvil negro, que cuadras más adelante fue encontrado abandonado.

Apenas el miércoles 2 un agente de la Policía Ministerial, adscrito a la Unidad de Investigación del Delito de Narcomenudeo, fue asesinado en la colonia El Moralete, ubicada al oriente de esta capital.


Días después, una patrulla militar fue atacada por un grupo armado en los alrededores de la comunidad El Terrero, en los límites de Colima y Jalisco, con el saldo de un miembro del Ejército herido.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
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Ataque armado en zona de discotecas de Cancún deja 2 muertos y un herido

CIUDAD DE MÉXICO: La Fiscalía de Quintana Roo confirmó que un ataque armado registrado la noche del domingo en la zona de discotecas de Cancún dejó un saldo de dos muertos y un herido de gravedad.

La dependencia indicó en un comunicado que a las 23:14 horas fueron reportados a los números de emergencia disparos de arma de fuego en las inmediaciones de la discoteca Mandala, en el corazón turístico de Cancún.

Según las primeras investigaciones, tres sujetos que circulaban a bordo de motocicletas abrieron fuego contra las discotecas Mandala y Congo Bar, ubicadas a ambos costados de la avenida Kukulkán.

En el ataque tres jóvenes recibieron el impacto de las balas y fueron trasladados con vida a un hospital, pero poco después se reportó la muerte de dos de ellos, mientras que el tercero se encuentra grave. Las víctimas eran empleados de un bar y de un club.

Cerca del lugar de los hechos los investigadores hallaron una motocicleta abandonada y una mochila con dos pistolas en su interior, aunque hasta el momento no se ha arrestado a nadie.


El ataque en la zona de mayor actividad nocturna de este balneario mexicano se registró a unos días de que inicie la 13 Conferencia de las Partes del Convenio de la Diversidad Biológica (COP13).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464342/ataque-armado-en-zona-discotecas-cancun-deja-2-muertos-herido

35% de las empresas fueron víctimas de algún delito en 2015: Inegi

Por la inseguridad, 14.6% de las empresas han dejado de invertir en el país. El robo o asalto de mercancías, dinero, insumos o bienes, es el principal delito del que son víctimas, seguido de la extorsión y el "robo hormiga".

Durante 2015 se registraron 4 millones de delitos que afectaron a 1.6 millones de empresas en el país, lo que representa un incremento del 5.5% respecto a las cifras de 2013.

Estos datos corresponden a la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2016, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la que se establece que 35.5% de las unidades económicas del país fue víctima de algún delito durante 2015, frente al 33.6% de 2013, lo que significó ese aumento.

De acuerdo con el sondeo, la inseguridad se ha convertido en uno de los principales factores por el que 14.6% de las empresas han dejado de invertir en el país.

La ENVE estima que, a nivel nacional, el 57.4% de las unidades económicas considera a la inseguridad y la delincuencia como el problema más importante que les afecta, seguido del bajo poder adquisitivo de la población con 39.2%, y la falta de apoyos del gobierno con 33.5 por ciento.

El delito con mayor incidencia sigue siendo el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes, que presentó un incremento de 28.7% respecto a 2013; seguido de la extorsión que presentó un incremento de 34.3% en comparación con hace tres años. En tercer lugar se encuentra el robo hormiga.

El costo promedio del delito por unidad económica fue de 57 mil 779 pesos en 2015, mientras que en 2013 fue de 55 mil 738 pesos.


La “cifra negra” de los delitos que sufrió el sector privado en 2015 es del 90.3%, mientras que en 2013 fue de 88.1 por ciento.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2811/lomasdestacado/35-de-las-empresas-fueron-victimas-de-algun-delito-en-2015-inegi/

Señales análogas que no transiten a digital serán devueltas al Estado: Ifetel

El propio mercado determinará si los 148 canales para la prestación del servicio público de televisión radiodifundida digital serán cadenas regionales, nacional o canales locales, afirmó Gabriel Contreras, titular del Instituto.

Gabriel Contreras, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), dijo que aquellas señales analógicas que no hayan transitado a digital antes del 31 de diciembre de este año, serán devueltas al Estado.

Respecto a la licitación de los 148 canales de transmisión para la prestación del servicio público de televisión radiodifundida digital, el comisionado también informó que será el propio mercado el que determine si serán cadenas regionales, nacionales o canales locales.

Las señales de las estaciones terrenas que no transiten a digital serán devueltas al Estado de acuerdo con lo establecido en el programa de continuidad, emitido el pasado 18 de marzo, explicó el funcionario.

“Estamos confiados en que van a transitar la gran mayoría; sin embargo, hay una obligación de continuidad de la prestación del servicio público, si alguna permisionaria o concesionaria no transmitiera, estaría claramente incumpliendo con esta obligación y el Instituto resolverá conforme a derecho estas posibles violaciones a la Ley”, mencionó.

Tras su participación en el Foro América Accesible, Información y comunicación para todos, Contreras señaló que, existen 33 estaciones terrenas que no podrán cumplir con este mandato aunque, según Contreras, esto “no necesariamente significan que sean 33 concesionarios o permisionarios”.

El comisionado comentó, además, que revisarán, de tenerse, los casos para saber si existe una violación a la ley y se procederá conforme a derecho.

Respecto a la licitación de canales de servicio público, el titular del Ifetel señaló que el periodo para que los interesados manifiesten interés comienza este 28 de noviembre y se prevé que el proceso licitatorio concluya en diciembre de 2017.

“La expectativa es que sea el propio mercado el que hable; se trata del espectro radioeléctrico para cadenas comerciales, y será el mercado que diga si hay apetito por una televisión nacional o varias locales o regionales”, expresó Contreras.


La licitación contempla un límite de acumulación de espectro de 12 MHz para televisión radiodifundida digital, considerando aquellos que pudieran ser obtenidos como resultado del propio proceso.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2811/mexico/senales-analogas-que-no-transiten-a-digital-seran-devueltas-al-estado-ifetel/