CIUDAD DE MÉXICO: Con nulo debate y 62 votos a favor y sólo 13 en contra, el pleno del Senado aprobó las reformas que permitirán a la Secretaría de Marina tomar el control de las 110 capitanías de puerto, reorganizar las funciones entre esta dependencia y la SCT para “reforzar la seguridad en los puertos y costas del país”.
“La militarización de los puertos es una conjura contra la democracia mexicana”, sentenció el senador Manuel Bartlett, coordinador del PT, quien subió a tribuna a argumentar su voto en contra de esta reforma enviada por el Ejecutivo federal desde marzo pasado.
“Esta militarización está controlada por el extranjero. Se lo dijimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al secretario de Marina y al secretario de la Defensa Nacional, que ya están al servicio de los intereses norteamericanos”, subrayó Bartlett, quien insistió en que es una instrucción de Estados Unidos porque así garantizan sus inversiones y el manejo de sus negocios en México.
“Están jugando con fuego y ustedes los están apoyando”, sentenció Bartlett. También la senadora Layda Sansores acusó que esta reforma es una “puñalada por la espalda” al país y a la marina mercante, porque ésta es eficaz, eficiente y es la organización más prestigiada de América Latina.
El senador independiente Manuel Fonseca denunció que el dictamen viola la Constitución, genera dos autoridades responsables en la misma materia, deteriora la estructura jurídica del país y desconoce las actividades de las más de 15 organizaciones que se han encargado de la seguridad y protección marítima y “que no han tenido tantos problemas”.
Al argumentar a favor del dictamen, el presidente de la Comisión de Marina, el senador priista Ricardo Barroso Agromont insistió en que no se modifica el modelo actual de administración portuaria y, en general, de toda la actividad productiva y mercantil que se genera en los puertos mexicanos.
Barroso dijo que las capitanías de puertos serán operadas por la Dirección General de Asuntos Marítimos de la Subsecretaría de Marina, en la que “labora personal civil”, y negó que se trate de una “militarización”.
El senador panista Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, consideró que “el corazón de la reforma” es transferir la operación de las 110 capitanías de puerto que hay en el país de la SCT a la Secretaría de Marina, pero que los temas económico, comercial y marina mercante “continuarán bajo la administración y coordinación” de Comunicaciones y Transportes.
“No se militarizan los puertos ni se transfiere la operación de capitanías de puerto, es sólo en términos de seguridad. No implica presupuesto adicional alguno, ni los trabajadores perderán su empleo o derechos laborales y demás prestaciones, y no afecta el comercio y actividades portuarias, marina mercante ni operación de las Administraciones Portuarias Integrales” (API), insistió Lozano Alarcón.
El senador panista Francisco Salvador López Brito también fijó su posición en contra, debido a que en las iniciativas “hay situaciones contradictorias”, ya que la seguridad de los puertos no recae solamente en las capitanías, sino que es un trabajo integral entre Aduanas, Migración, las secretarías de Salud, SCT y de la Marina.
“La Marina ya tiene una importante participación en la seguridad de los puertos, por lo que este aspecto ya está cumplido”, indicó López Brito, de los pocos legisladores de Acción Nacional que votó en contra de la iniciativa finalmente avalada por el pleno del Senado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464653/aprueba-senado-62-votos-militarizar-los-puertos-mexicanos
CIUDAD DE MÉXICO: Desde que inició, y hasta octubre pasado, la administración de Enrique Peña Nieto ha aumentado la deuda total del sector público en 3.2 billones de pesos, para ubicarla en ese mes en los 9 billones 66 mil 500 millones.
Eso significa un aumento de 54% más del monto que le heredó el gobierno anterior, del panista Felipe Calderón, que dejó una deuda total de 5.9 billones de pesos.
Si presentados así los números resultan sorprendentes, lo es más si se comparan con el valor total de la economía nacional, medido a través del Producto Interno Bruto (PIB).
La deuda que dejó Felipe Calderón en seis años de gobierno equivalía a un poco más de un tercio del PIB, el 36.4%. Hoy, la deuda total –a octubre; sólo casi cuatro años de la actual administración priista– es de alrededor de la mitad del PIB: el gobierno estima que al final de este año termine en 50.5% del producto.
Todas esas cifras se desprenden del informe mensual sobre las finanzas públicas y la deuda, correspondiente al mes de octubre, que la Secretaría de Hacienda difundió esta tarde.
En ese documento se recuerda que al mismo mes de octubre, de 2015, la deuda total (expresada como el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, SHRFSP), fue de 8 billones 633 mil 500 millones de pesos.
Eso quiere decir que en doce meses (octubre-octubre), la deuda total aumentó en 333 mil millones de pesos, un 5% más.
Informa el documento que el componente interno del SHRFSP se ubicó en 5 billones 828.3 mil millones de pesos, mientras que el externo fue de 3 billones 238.2 mil millones.
Es decir, la deuda externa equivalía en octubre a 171 mil millones de dólares, al tipo de cambio “fix” promedio de ese mes (que determina el Banco de México para solventar obligaciones en dólares americanos).
Y de enero a octubre, por esa deuda externa, se pagaron por intereses y comisiones 6 mil 877 millones de dólares, que son 130 mil 250 millones 380 mil pesos.
Y si a esa cantidad se le suma lo que se pagó, en los primeros diez meses del año, por los intereses de la deuda interna, que sumaron 190 mil 405 millones 400 mil pesos, resulta que entre enero y octubre de este año salieron del Presupuesto de Egresos de la Federación cerca de 320 mil 655 millones 780 mil pesos para pagar una deuda neta total, que rebasa los 9 billones de pesos y equivale a 50% del valor total de la economía nacional.
Y que sigue creciendo y creciendo, por más que se pague cada vez más y más.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464740/imparable-endeudamiento-pena-alcanza-ya-los-9-66-billones-pesos
CIUDAD DE MÉXICO: Cuatro integrantes de la red de operadores financieros que ayudaron a Elba Esther Gordillo a “dispersar” recursos del sindicato magisterial, dinero que terminó en los bolsillos de la maestra, no se presentaron hoy a declarar en el proceso que se le sigue por evasión fiscal a Mauricio Urtaza, dueño de una de las empresas “fantasma” creadas para evadir la justicia.
A petición de Urtaza, el titular del 14 Juzgado de Distrito en Procesos Penales Federales citó a Pedro Ramírez Campuzano, Alejandro Rivera Campuzano, Enrique Martínez Ríos y Alejandro Rivera Young para que explicaran por qué recibieron diversas cantidades de dinero de la empresa “fachada” Servicios Financieros DC, sin embargo, los exoperadores de Gordillo no acudieron al requerimiento judicial.
Mauricio Urtaza, dueño junto con Alejandro Rivera Young de la empresa Servicios Financieros DC, es acusado de evasión fiscal por 22 millones de pesos, según la causa penal 10/2015.
Su empresa se encargaba de recibir el dinero que, previa autorización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la SEP descontaba a maestros como pago a servicios contratados con las firmas Crédito Maestro, ConSuPago y Kondinero.
Estas tres empresas enviaban el recurso descontado a los mentores a Servicios Financieros DC, y luego Mauricio Urtaza, por instrucciones de Enrique Martínez Ríos, depositaba parte del dinero en tres empresas en el extranjero vinculadas a Gordillo.
Otras cantidades se depositaban a Javier Moreno Valle, a Pedro Ramírez Campuzano, a Juan Díaz de la Torre, actual líder nacional del SNTE, y a José Manuel Díaz Flores (Proceso 2066, 2069 y 2071). Y este último a su vez lo dispersaba entre líderes sindicales de los estados.
Mauricio Urtaza manejó por lo menos 200 millones de pesos durante el par de años en que operó y constituyó la empresa Servicios Financieros DC por órdenes de Martínez Ríos y Ramírez Campuzano, pero el empresario ahora sometido a proceso nunca pagó impuestos al gobierno, “pues todo el dinero que entraba salía en los depósitos que hacía a las personas mencionadas”, declaró en diversos momentos a la revista Proceso.
Sin embargo, como estas operaciones se realizaron vía transferencias electrónicas, las que pasaban por diversos bancos, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) las detectó y por ello acusó a Urtaza de evasión fiscal por un monto de 22 millones de pesos.
Como pruebas de descargo, Mauricio Urtaza presentó toda la documentación que comprueba las transferencias vía depósitos por internet.
Y la razón por la que solicitó la declaración de las cuatro personas que hoy no se presentaron fue para demostrar que él no se quedó con el dinero y que por lo tanto quienes debieron pagar los impuestos fueron los exoperadores financieros de Gordillo.
A Enrique Martínez Ríos se le quería cuestionar sobre las instrucciones que vía correo electrónico daba a Urtaza para la “facturación y dispersión del dinero”.
Alejandro Rivera Young debe explicar por qué como contador de Servicios Financieros DC nunca presentó la declaración de impuestos; también demostrar que Pedro Ramírez Campuzano era el “enlace” entre el SNTE y las empresas y de que era el operador de la maestra Elba Esther Gordillo.
Con sus declaraciones, más la documentación ya entregada al juez, Urtaza pretendía poner de manifiesto que ellos se quedaron con el dinero y por lo tanto fueron quienes evadieron al fisco.
Las autoridades judiciales no han relacionado la causa penal de Mauricio Urtaza con la de Gordillo quien está acusada de lavado de dinero, delincuencia organizada y evasión y defraudación fiscal.
Por cierto, apenas el lunes 14 la exllideresa magisterial fue exonerada de este último ilícito, Mientras que su abogado Antonio del Toro dijo este miércoles en entrevista radiofónica que solicitará se declare como “cosa juzgada” el delito de defraudación.
A pesar de que la empresa de Mauricio Urtaza es sólo una parte del entramado financiero que Martínez Ríos y Ramírez Campuzano idearon para “ordeñar” al SNTE y que los recursos terminaran en los bolsillo de Gordillo, según declaró a Proceso el propio Urtaza, ambas causas penales se han investigado por separado, pese a que existe un vínculo entre ambas: José Manuel Díaz Flores.
Díaz Flores fue detenido el 13 de febrero de 2013 por los mismos cargos que Gordillo y su caso forma parte de la misma investigación.
Él también es uno de los peones utilizados en el entramado financiero que llevó a acusar a Mauricio Urtaza, pues recibió millones de pesos de parte de éste para que a su vez los distribuyera entre dirigentes sindicales estatales.
De operador a cónsul honorario
Pedro Ramírez Campuzano, uno de los llamados a declarar en el caso de Mauricio Urtaza y que eludió el llamado judicial, entregó mediante sus abogados un escrito al titular del Juzgado 14 de Distrito, donde alega que es “cónsul honorario de Ucrania” y que vive en Baja California, razón por la que no se podía desplazar a la Ciudad de México para declarar.
Ramírez Campuzano es hijo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien diseñó obras emblemáticas de la Ciudad de México, como el estadio Azteca o el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Enrique Martínez Ríos es un exfuncionario de la década de los ochenta; él y Alejandro Rivera Young, también a través de sus abogados, se dijeron enfermos, por lo que no podían asistir a la audiencia.
Y sólo Alejandro Rivera Campuzano, primo de Pedro Ramírez Campuzano, estuvo presente, sin embargo, cuando iba a dar inició la audiencia ésta se suspendió como parte de la estrategia de la defensa de Mauricio Urtaza.
Por la intrincada dispersión de recursos que el SNTE realizó con empresas que otorgan créditos a maestros se abrió la causa penal 10/2015 radicado ante el juez 14 de Distrito en Proceso Penales Federales en la capital del país.
Es por ello que el dueño de la empresa “fantasma” encargada de dispersar las “ganancias” o “utilidad” que obtenían Crédito Maestro, Kondinero y ConsuPago, debido a los elevados intereses que cobran a los docentes (entre 60 y 180%), y sus operadores enfrentan el delito de “defraudación fiscal equiparable”.
Los movimientos de la empresa Servicios Financieros DC fueron motivo de sospecha por parte el SAT, que en 2011 realizó una auditoría fiscal sin que estuvieran presentes los propietarios. En marzo de 2015 detuvieron a los operadores de ésta, pero nunca fueron citados ante el MP, según consta en los escritos que forman parte de la causa penal 10/2015.
Desde el punto de vista de la parte acusada, el fisco sólo se preocupó por los ingresos de 129 millones, pero nunca por lo que salió (misma cantidad), es decir, todos los pagos que la empresa realizó vía SPEI (depósitos electrónicos) a diversas personas, las transferencias a tres empresas en el extranjero y los pagos a compañías de seguridad de valores para que trasladaran el dinero en efectivo que salía de Servicios Financieros DC.
En los documentos judiciales la parte acusada señala que el Código Fiscal de la Federación establece “las salidas” de dinero como parte de comprobación ante el SAT, Sin embargo, ello no ha sido aceptado por parte del juez como prueba de descargo.
En el documento judicial de la casusa 10/2015 se detallan pagos al extranjero (con fecha, número de orden de pago e importe) por un total de 12 millones 55 mil 956 pesos con 87 centavos.
Además, pagos vía SPEI “por cuenta de terceros” por un monto de 20 millones 642 mil 886 pesos, donde los terceros son Crédito Maestro, Kondinero y ConsuPago.
Y para el caso de las entregas en efectivo, se establece un monto de 11 millones 737 mil 433 para Pedro Ramírez Campuzano.
“Entregas realizada en efectivo al domicilio ubicado en el número 170 de Avenida de las Fuentes, en el Pedregal San Ángel de esta ciudad, por la empresa de transporte de valores Grupo Mercurio de Transportes SA (Grumer) para ser entregado a Pedro Ramírez Campuzano”.
Luego aparecen las fechas de los envíos con sus respectivos importes.
También aparece la relación de poco más de 10 millones en “transferencias electrónicas vía SPEI a Enrique Jorge Martínez Ríos” a sus cuentas de Bancomer, HSBC y Banamex, con sus respectivas clabes interbancarias.
A Juan González Pérez se le detectaron depósitos en Bancomer por poco más de 5 millones de pesos, y a Consultoría Internacional por 4.4 millones. A José Manuel Díaz Flores por 6.4 millones en su cuenta de Santander. Este personaje se encuentra detenido por la misma causa de la maestra Elba Esther Gordillo.
Incluso figuran en el documento entregado al juez 14 de distrito depósitos vía SPEI por 6.6 millones de pesos a Servicios Administrativos Espival SA, así como a tres empresas en el extranjero por un monto de 12 millones 55 mil 956 pesos con 87 centavos, entre ellas Pineapple Holdings LLC, Goat Enterprises LLC y CV Temple Corporation.
Los involucrados han considerado que el juez de su causa lo “es por consigna”. Desde 2011 se sabía de los movimientos de la empresa, pero no fue hasta 2015 en que son detenidos los exoperadores financieros, dos años después de que Gordillo y José Manuel Díaz Flores fueron consignados.
En la causa 10/2015 los imputados han solicitado al juez que cite a declarar a todas las personas a las que se les depositó el dinero, sin embargo, según aquéllos, el juez negó la petición, pues dijo que “no había relación con los hechos y lo que había pasado con el dinero”.
También se solicitó al juez que pida a la empresa Grumer –que hacía las entregas en efectivo en Avenida de las Fuentes 170– un informe sobre a quién y donde llevó esos más de 11 millones de pesos.
Mauricio Urtaza logró que se le fijara una fianza de 2 millones de pesos para seguir el proceso en libertad, sin embargo, se rechazó el bien que se ofreció por ello.
Los nombres que aparecen en toda la trama financiera ilegal del SNTE y los créditos de nómina para el magisterio son Pedro Ramírez Campuzano, Enrique Martínez Ríos, Alejandro Rueda, las empresas Kondinero, Crédito Maestro y ConsuPago.
Y entre los presuntos beneficiarios figuran José Manuel Díaz Flores, detenido junto con Gordillo en febrero de 2013; Enrique Martínez Ríos, Jaime Gonzaga Charola y Juan González Pérez.
Además de la empresa mexicana Servicios Administrativos Espival; la radicada en Holanda Temple Corporation CV, y las dadas de alta en Texas, Pineapple Holdings LLC y Goat Enterprises LLC.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464705/exoperadores-gordillo-eluden-declarar-en-juicio-contra-dueno-empresa-fantasma
En los últimos cinco años la Conade ha gastado 22.7 millones más en medios y publicidad que en ayuda a atletas de alto rendimiento.
En los últimos cinco años, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) gastó 22.7 millones de pesos más en publicidad en medios que en incentivos a los deportistas de alto rendimiento.
Entre 2012 y 2016 la Conade destinó 201 millones 838,499 pesos para la compra de tiempo en 66 empresas de medios de comunicación y agencias de publicidad.
En el mismo lapso destinó 179 millones 125,683 pesos para apoyar a 492 deportistas de alto rendimiento a través del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), de acuerdo a documentos obtenidos vía transparencia por Cámara Húngara.
En promedio cada atleta recibió 364,076 pesos, mientras que cada empresa de comunicación habría recibido en promedio contratos por 3 millones de pesos.
Los 22.7 millones extras destinados a publicidad en medios equivalen al dinero recibido por los cinco atletas que más dinero percibieron en los últimos ocho años, de 2009 a 2016.
Entre 2012 y 2016, la Conade realizó al menos unos 138 contratos con medios o agencias. En ese tiempo el medio que más dinero recibió fue Televisa con 46 millones 289,651 pesos; mientras que el medio que menos recibió fue el diario Ovaciones con 50 mil pesos.
El presupuesto para Conade ha disminuido considerablemente, hasta 2.1 veces entre el 2012 y 2016, y se espera que para el próximo año también haya un decremento.
El doctor en comunicaciones, especialista en medios y director de la compañía de asesoramiento en comunicación WSC, Gustavo Wrobel, asegura que los gobiernos tienen “la necesidad y deber de comunicar las acciones públicas que realiza”, sin embargo aclara, “la publicidad oficial no debe ser consideraba excesiva contra las otras necesidades más básicas.
La Conade contra las federaciones
La Conade ha sido criticada por federaciones, el Comité Olímpico Mexicano (COM) y atletas.
Durante los Juegos Olímpicos de Río deportistas y el varias federaciones deportivas tuvieron diferencias con el titular de la Conade, Alfredo Castillo.
Castillo culpó a las federaciones de los malos resultados de los atletas en los juegos de Brasil.
Aseguró que son las federaciones quienes tienen a su cargo el nivel competitivo de los atletas, pues la Conade es solo una “agencia de viajes” para éstos.
“La legislación es muy clara, el alto rendimiento es un tema de la federación. Quienes deciden quiénes van y quiénes no van son las federaciones, y Conade es una agencia de viajes que propiamente lo único que hace es dar el dinero a las federaciones”, dijo Castillo en entrevista con Luis Cárdenas para MVS Radio.
Señaló que en los últimos 40 años ha habido movimientos irregulares dentro del deporte mexicano, con torneos innecesarios y empresas fantasma y que ha buscado cambiar en los 12 meses que él ha estado al frente.
De parte de los atletas, la arquera Aida Román – una de las mejores del mundo – criticó a Castillo por haber llevado a su novia a Río 2016 en lugar de ocupar esa acreditación para un médico o preparador físico.
Román criticó también la falta de experiencia de Castillo frente a la Conade y señaló a esto como clave en la falta de medallas durante los Juegos Olímpicos de Río 2016.
“No es alguien que esté inmerso en el deporte, es muy difícil que alguien que no haya estado en el deporte pueda hacer una buena administración, sí tuvimos algunos apoyos, pero a cuenta gotas y desafortunadamente las federaciones peleadas con unos y otros”, dijo a su regreso al periódico Reforma.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/CÁMARA HÚNGARA.
AUTOR: IVAN PÈREZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/conade-gasta-mas-dinero-medios-publicidad-atletas-alto-rendimiento/
Los cinco hombres secuestrados la semana pasada por el grupo de Los Tequileros fueron liberados. El Ejército continuará la vigilancia en varios municipios del estado.
Cinco hombres secuestrados en Ajuchitán del Progreso fueron liberados la noche de este jueves 29 de noviembre en buen estado de salud, informó el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo.
Los hombres habían sido secuestrados por el grupo criminal conocido como los Tequileros. En días pasados fueron liberados tres secuestrados más. Todos ya se encuentran en sus domicilios.
“La banda de Los Tequileros no tiene a ninguna persona privada de su libertad, según refirieron a las autoridades ministeriales, los cinco varones que fueron resguardados por policías ministeriales, después de que estas cinco personas fueron liberadas del cerro de La Gavia donde los mantenía sus captores y ya fueron conducidos a sus respectivos domicilios por policías ministeriales al poblado de San Jerónimo el Grande”, explicó el Vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia.
Este miércoles las cinco personas liberadas declararán ante el Ministerio Público del Fuero Común por la privación de la libertad que sufrieron.
El vocero señaló que 80 efectivos del Ejército Mexicano montan un operativo para buscar a los integrantes de este grupo criminal.
Los operativos militares continuarán en Guerrero, “el tiempo que sea necesario, y hasta donde el gobierno nos siga pidiendo el apoyo”, dijo este martes en conferencia de prensa Salvador Cienfuegos Zepeda.
Cienfuegos y Astudillo realizaron un recorrido por las Bases de Operaciones Mixtas instaladas en Iguala, Chilapa, Chilpancingo y Coyuca de Benítez, para verificar las acciones implementadas por los militares en conjunto con los tres niveles de gobierno.
El titular de la Sedena dijo que la meta era disminuir la cantidad de homicidios en estos municipios. Aseguró que el problema de la inseguridad se debe a la falta de atención que hubo en este rubro años atrás.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/liberan-secuestrados-ajuchitan-guerrero/
Este jueves 1 Gabino Cué termina su gestión al frente del gobierno de Oaxaca, que activistas proderechos humanos y líderes religiosos califican de pesadilla. Deja una deuda de 2 mil 500 millones de pesos y una estela de agravios que afecta a las instituciones, a los burócratas, a los proveedores y a la clase empresarial. “Gabino no sólo dejó calles rotas, baches, zonas no iluminadas, un puente deforme, obras muy mal logradas, sino una sociedad agujereada”, resume la activista Yésica Sánchez Maya.
OAXACA, OAX: Este 1 de diciembre, cuando Gabino Cué Monteagudo entregue el cargo a su sucesor, el priista Alejandro Murat Hinojosa, el estado estará hecho añicos: una deuda de 16 mil 200 millones de pesos, una economía destrozada, desempleo creciente, inseguridad y corrupción.
Hace seis años, cuando tomó posesión, abanderado por el PRD, PT, PAN y Convergencia, Cué declaró: “Nunca más un gobernador que abuse del poder público para beneficio personal o el interés de un grupo en detrimento de la población en su conjunto; nunca más el uso de la fuerza pública para reprimir; nunca más el uso de la fuerza pública para acallar demandas sociales”.
Sin embargo, durante su administración Cué sepultó la incipiente transición en ese estado. No supo controlar la violencia que dejó 3 mil 705 crímenes de alto impacto, de los cuales 610 fueron por motivos políticos o agrarios, 526 feminicidios, 11 asesinatos de periodistas, 174 desapariciones de mujeres, una desaparición forzada, 300 ataques a defensoras, 236 agravios a periodistas, 67 presos políticos, e infinidad de torturados y desplazados.
Hoy, el “humanista” y “demócrata” mandatario es acusado de saquear 30 mil millones de pesos. El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, fundador del albergue Hermanos en el Camino, es contundente: “Lo que nunca le van a perdonar es que haya traicionado al pueblo y que haya entregado de nuevo el estado de Oaxaca al PRI”.
Solalinde calificó de “lamentable y deplorable el sexenio de Gabino Cué porque le falló a mucha gente de la sociedad civil que exigió justicia y se quedó esperando.
“Empezó bien pero los ladrones ya estaban en casa, no lo dejaron gobernar, no impuso su voluntad, lo cooptaron y acabó haciendo lo mismo que los anteriores. Es una desilusión muy grande”.
Expresidente de la Comisión de la Verdad por los disturbios de 2006 y 2007, Solalinde critica los compromisos de la administración de Cué con el PRI, así como con los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos. “Es algo escandaloso –dice–, que agravia la conciencia de los oaxaqueños”.
La violencia, según el religioso, se debe a que fue “un gobernador débil. No tuvo el valor de enfrentar (a los delincuentes) y terminó pactando con el PRI”.
Funesto legado
La defensora de derechos humanos Yésica Sánchez Maya también considera al mandatario saliente como una decepción. Su gestión, más que de esperanza, fue una pesadilla.
“Gabino no sólo dejó calles rotas, baches, zonas no iluminadas, un puente deforme, obras muy mal logradas, sino una sociedad agujereada, con deudas, déficit y muchos pendientes”, resume la activista.
La persecución a los maestros disidentes de la sección XXII y la represión del 19 de junio último en Asunción Nochixtlán, que dejó ocho muertos y más de 100 lesionados, aún es una herida abierta.
Sánchez Maya resaltó que el lema “Paz y progreso” se quedó en un eslogan de campaña, aunque también cuestionó a los partidos políticos que llevaron a Cué a la gubernatura porque nunca asumieron su responsabilidad de obligarlo a cumplir con sus promesas y ahora se desgarran las vestiduras.
El apoderado legal de la arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Wilfrido Mayrén Peláez, habla de seis años perdidos para la historia de Oaxaca, con consecuencias desastrosas.
Cué manejó presupuestos “históricos” que superaron los 500 mil millones de pesos, pero no supo canalizarlos. Tal es la precariedad en los servicios de salud, por ejemplo, que en el Hospital Civil los directivos comenzaron a cobrar a los derechohabientes, pues no tienen fondos ni para medicamentos.
Los agravios son múltiples; tanto, que los integrantes de la LXIII Legislatura pidieron que se declare a “Oaxaca como zona de desastre”. El PAN y el PRD, los dos principales partidos que lo llevaron al gobierno en 2010, no dan crédito a lo que hizo su protegido Cué, mientras la inconformidad crece.
Los burócratas se quejan porque les suspendieron teléfono e internet y en las dependencias no hay papel ni para el baño por falta de pagos. Para expresar su descontento, organizaron un paro laboral durante una semana.
El jueves 24, los 534 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública se quejaron por el incumplimiento de los compromisos contraídos por las autoridades luego de un paro que se prolongó un mes. Ese día organizaron un plantón en el edificio de la dependencia para exigir al gobierno estatal el pago inmediato de 177 millones de pesos que adeuda al Fondo de Pensiones.
Transportistas y proveedores realizaron bloqueos carreteros, tomas de oficinas y del aeropuerto de Puerto Escondido para exigir al gobierno de Cué que les pague.
El malestar incluye a la clase empresarial, que, por medio del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana-Oaxaca, Raúl Ruiz Robles, declaró: “Oaxaca está herida y necesita un rescate en todos los sentidos” porque Cué deja una deuda a proveedores cercana a los 2 mil 500 millones de pesos, situación que provocará un gran hoyo y hundirá al sector productivo en la falta de liquidez”.
También abandonó la obra del Metrobús de 8.5 kilómetros, cuya inversión inicial de 500 millones de pesos, se disparó a mil 244.6 millones. Y en el sector educativo el déficit rebasa los 6 mil millones; en el de salud, supera los 9 mil millones.
Fue peor que Ulises
Joaquín Rodríguez Palacios, quien fue subsecretario de Gobierno en los sexenios de Heladio Ramírez López, Diódoro Carrasco, José Murat Casab, Ulises Ruiz Ortiz y el del propio Cué, admite que el aliancista deja un estado colapsado y manchado de sangre.
Durante la administración de Cué se cometieron 610 crímenes por motivos políticos y cuestiones agrarias. En contraste, con Ramírez López hubo 97, incluidos 17 policías en un conflicto entre pobladores de San Baltazar Chichicapan y San Nicolás Yaxe.
Con Carrasco fueron 87, con todo y la aparición del Ejército Popular Revolucionario que dejó una treintena, principalmente en la región de Los Loxicha. Con Murat la cifra bajó a 85, pese a la masacre de 26 campesinos en el paraje de Agua Fría, de Santiago Xochiltepec, Sola de Vega, en la Sierra Sur.
Y con Ruiz la cifra se elevó a 108 muertos, incluido el conflicto sociopolítico de 2006-2007 protagonizado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que dejó 26 muertos, alrededor de 500 detenciones y 380 casos de tortura.
Con Cué la violencia se exacerbó: las 10 muertes en Santiago Choapan, las ocho entre gente de Zimatlán de Lázaro Cárdenas y San Sebastián Nopalera, los 10 calcinados por el conflicto de Santo Domingo Yosoñama con San Juan Mixtepec; el operativo fallido del 19 de junio de 2016 en Nochixtlán ejecutado por las fuerzas policiales federal y estatal que dejó ocho civiles muertos y 155 heridos, 84 de ellos por arma de fuego.
Dentro de la lista negra de ejecuciones sobresale la del subdirector de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, Rafael Pérez Gavilán Escalante, por presuntos malos manejos en los Servicios de Salud al tener nóminas discrecionales.
La dirigencia de la sección 35 los denunció a él y Rubén Portillo Mijangos y Marco Antonio Fuentes del Toro, directores de Administración y de Recursos Humanos, respectivamente.
Pérez Gavilán también fue acusado por el Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de Salud de manejar una “nómina secreta” y de un presunto desvío de 2 mil millones de pesos en los Servicios de Salud de Oaxaca.
Pérez Gavilán fue cesado el 19 de febrero de 2015. Semanas después, a principios de marzo, cuando amenazó con revelar nombres, fue ejecutado. El gobierno de Cué intentó ocultar el caso.
Los crímenes de políticos fueron también marca del gobierno de Cué. La dirigencia estatal del PRD denunció 27 casos aún no resueltos.
Entre los más relevantes se encuentran el de Nicolás Estrada Merino, en 2013; el de Everardo Hugo Hernández, diputado local, y Carlos Martínez Villavicencio, exdiputado local, en 2015; Ernesto Fidel López Nelio, Eusebio Cruz Cortés, exprecandidato a diputado federal, y José María Caña, líder del PRD en San José Independencia, en marzo pasado, y el de Rolando Vásquez Castillejos, líder de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo, en agosto pasado.
Los otros agredidos
La prensa también fue blanco de la violencia en el gobierno que acaba el 30 de noviembre. La organización Artículo 19 afirmó que con los recientes asesinatos de periodistas, Oaxaca es la cuarta entidad con mayor número de bajas en México. En los últimos dos años hubo 11, entre ellas las de Marcos Hernández Bautista, Abel Bautista Raymundo y Filadelfo Sánchez Sarmiento.
La coordinadora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Ana María Hernández Cárdenas, afirmó que el gobierno de Cué resultó todo un “fracaso” porque en su sexenio se cometieron 526 feminicidios, de los cuales 101 ocurrieron este año.
Aunque prometió combatir la impunidad, dice, terminó igual o peor que sus antecesores. En el sexenio de Murat hubo 429 crímenes de mujeres, en el de Ruiz bajó a 283, con la actual administración la cifra se disparó a 526.
En 2016, el acto de violencia más emblemático fueron los ocho muertos, 155 civiles heridos, 84 de ellos por arma de fuego, que dejó el operativo fallido de las policías federal y estatal el pasado 19 de junio.
Oaxaca es una de las siete entidades con mayor aumento en la pobreza. De acuerdo con la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En la entidad hay 2 millones 662 mil 700 pobres 66.8% de la población. La mitad sobrevive en la pobreza extrema.
Estos índices contrastan con el despilfarro que realizó Cué en su despacho –15 millones 978 mil 687 pesos–, en el auditorio Guelaguetza–1.5 millones– y en la construcción del estadio de futbol de Los Alebrijes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/464559/gabino-cue-peor-ulises-deja-oaxaca-hecha-anicos
Miguel Ángel Yunes asume este jueves 1 la gubernatura de Veracruz. Lo hace en una entidad que naufraga en el caos. Decenas de alcaldes ya se resignaron a que este año no habrá obras públicas ni trabajos de infraestructura, pero se preguntan cómo van a pagar la deuda con sus burócratas y con la población, cómo van a operar sus policías municipales sin gasolina en las patrullas. Todos señalan al prófugo Javier Duarte como el culpable del desastre financiero, pero hay quien apunta como sus cómplices a quienes colaboraron con él en el estado: el Congreso local y el gobierno federal.
APAZAPAN, Ver: Miguel Ángel Yunes Linares, quien desde 2004 vive obsesionado con ser gobernador de Veracruz, iniciará su gestión de 24 meses con una situación caótica en la mayoría de los 212 municipios.
Ahí se siente el impacto de la administración de Javier Duarte de Ochoa: se ven parques y otros espacios públicos que se quedaron en maquetas, luminarias instaladas al 75%, drenajes, banquetas y guarniciones que sólo existen en papel, pero que por falta de recursos no se construyeron.
Además, los burócratas municipales están indignados. En Apazapan, donde el palacio municipal cerró por falta de recursos, se atrasó una semana el salario de la policía. Los empleados de limpia, tesorería, DIF y demás áreas sólo cobrarán “medias quincenas” en noviembre y “probablemente” diciembre.
En Xico también se atrasó el pago al personal y todo el año no se atendieron las solicitudes de becas ni se cubrieron las “pensiones vitalicias” que depositaba trimestralmente el DIF estatal.
En el palacio municipal de Emiliano Zapata cuelga una lona donde se advierte que el ayuntamiento trabaja bajo protesta, porque el gobierno estatal le adeuda más de 23 millones de pesos.
“Aquí los empleados cobran. No despido gente porque ellos qué culpa tienen, pero los regidores, síndicos y funcionarios no están cobrando. Les digo que me aguanten tantito. Es definitivo que ni ellos ni yo tuvimos ‘buen fin’, esto se ha vuelto una angustia”, reseña el alcalde Daniel Olmos.
A unos días de que concluya el sexenio, el exmandatario y expriista Javier Duarte sigue prófugo de la justicia y el gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, admite que se requieren más de 3 mil millones de pesos para satisfacer las “demandas” y “pasivos” de los ayuntamientos veracruzanos.
Entre el lunes 7 y el lunes 14, la tesorería del estado depositó minúsculas cantidades a los municipios. El tesorero de Apazapan, César Flores, dijo que le tocaron 334 mil pesos, con los que pagó salarios atrasados de policías: media quincena de la plantilla, y destinó un “pequeño remanente” para gasolina de las unidades de Protección Civil y de las patrullas.
A Xico le pagaron cuatro de los 28 millones que les debe el estado. Su síndico, Hugo Alberto Tepo, dice: “Nos depositaron el fondo Fortamun, pero lo demás no”.
Y a Emiliano Zapata se le transfirieron seis de 23 millones pendientes, pero Daniel Olmos lamenta: “Hoy me deben 17 millones, pero la próxima semana me van a volver a deber 20, y ¿sabes cuáles son las esperanzas de que me depositen?”, pregunta, y niega esas posibilidades con un movimiento de cabeza.
Otros municipios, como Zacualpan, Zaragoza, Coatzintla, Tenochitlán, Soledad Atzompa y Jalcomulco, están en situación más precaria: no hubo obras públicas en 2016 y las de infraestructura quedaron inconclusas por falta de recursos, carecen de insumos para operar, les cortaron los teléfonos y carecen de vales de gasolina para los autos oficiales y las patrullas.
Incluso los tres municipios más grandes de la entidad, Puerto de Veracruz, Xalapa y Boca del Río, sufren la “asfixia financiera” por el quebranto de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
A solicitud de este semanario, el alcalde de Xalapa, el priista Américo Zúñiga, entregó una lista de adeudos que dejó Duarte tan sólo con ese municipio, por un total de 279 millones 740 mil 124 pesos.
Destacó que con el gobierno interino de Ríos Alvarado únicamente se pudieron destrabar y transferir 21 millones 947 mil 644 pesos, correspondientes a las participaciones del Impuesto Sobre la Renta. En cambio, la capital del estado no ha recibido los recursos federales del Fondo Metropolitano por 126 millones 987 mil pesos.
A su vez, el alcalde del puerto de Veracruz, el priista Ramón Poo, mostró su propia tabla de adeudos de la Tesorería estatal con el municipio, cuyo total es de 48 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2016, de los cuales 33 millones corresponden al Fondo de Infraestructura Social Municipal, que se destina a pavimentación y guarniciones en las colonias populares.
En Boca del Río, el alcalde Miguel Ángel Yunes Márquez se quejó de que el exmandatario estatal huyó sin transferir 350 millones de pesos, dinero que según él “se robaron Duarte y sus colaboradores”. A él también se le solicitó el desglose de los adeudos del estado, pero al cierre de esta edición no lo había proporcionado.
Rogelio Franco Castán, líder estatal del PRD y quien se asumió como el vocero de los alcaldes perredistas, urgió al gobierno federal a realizar “un rescate” de los municipios de Veracruz. Si en el pasado el gobierno “rescató” a los banqueros con el Fobaproa, ¿por qué no hacerlo con los ayuntamientos que fueron “robados” por el gobierno de Duarte?, argumentó.
En quiebra
Este semanario recorrió una decena de municipios, donde constató la parálisis de sus administraciones por falta de recursos: las ventanillas de las tesorerías cerradas, las oficinas del DIF con la cortina abajo y doble candado, secretarias chateando, auxiliares administrativos leyendo el periódico… Dicen que la gente no solicita servicios porque “ya sabe que no hay recursos”.
No se ve a los alcaldes ni a los regidores en sus oficinas y las camionetas de policía permanecen estacionadas porque no hay dinero para gasolina.
El palacio municipal de Jalcomulco parece un edificio viejo en plena mudanza. Ningún funcionario se presentó a trabajar, sólo están una secretaria, tres empleados y tres policías municipales que observan con cierta alarma a los extraños que llegan.
En el “Pueblo Mágico” Xico, el síndico Hugo Alberto Tepo lamenta que no se construyeran cuatro obras medulares porque la Tesorería de Veracruz no transfirió los recursos de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y otros que completaban una bolsa de 22 millones.
La que más le duele es la remodelación de la Unidad Deportiva Benito Juárez, que costaba 2 millones 890 mil pesos: “¿Cómo vamos a combatir la drogadicción y el alcoholismo si no les damos estos espacios a nuestros jóvenes?”, cuestiona.
También se quedó en planes un museo de sitio en Xico Viejo, que costaría 3 millones 525 mil pesos. El proyecto contaba ya con recursos etiquetados y fue aprobado en el Congreso, pero el dinero nunca bajó al ayuntamiento.
Tampoco se remodeló el Centro de Salud, que ya tenía autorizado un presupuesto de 3 millones 557 mil pesos. El secretario de Salud veracruzano, Fernando Benítez Obeso, reconoció el martes 22, al comparecer ante diputados locales, que la administración saliente deja inconclusas o sin iniciar 109 instalaciones de salud, entre hospitales, clínicas, nosocomios de alta especialidad, una torre pediátrica y módulos de salud.
Ante los reclamos de diputados opositores, Benítez Obeso se justificó: “Esto no estuviera pasando si la Sefiplan hubiera enviado los recursos solicitados”.
Alberto Tepo coincide en parte: “Estos cabrones se quedaron con el dinero. La federación lo tenía, lo depositó, y ellos (Duarte y sus funcionarios) no lo enviaron”.
Afuera del Palacio Municipal, sobre la avenida Hidalgo, se aplica un revestimiento a la carpeta asfáltica. En una obra donde tendría que haber 40 trabajadores, se cuenta una docena que colocan ladrillos y operan una retroexcavadora a medio gas, al ritmo con que fluye el presupuesto.
En Apazapan reina la tranquilidad alrededor del recinto oficial. Dos policías toman el sol en las bancas y uno de ellos se abanica con un periódico. El DIF municipal está cerrado, igual que la Regiduría y la Contraloría. Las dos patrullas no han recibido mantenimiento en mucho tiempo: tienen la carrocería maltratada y las llantas lisas.
El tesorero, César Flores, explica: “Desde julio nos dejó de llegar el recurso. ¿Cómo haces obra si no tienes dinero? Tienes los documentos de que la Secretaría de Hacienda te aprobó una obra, la autorización del Congreso y el proyecto de lo que vas a construir, pero el recurso no llegó”.
Ahora le tendrán que decir a la gente que este año no se hizo obra y que no se podrán construir dos parques y un bulevar en las comunidades de Tigrillos y Cerro Colorado por culpa del gobierno estatal. “Te lo explico fácil: del ramo 33, para la infraestructura social y para combatir el rezago, recibimos un millón 800 mil pesos anuales. Nos deben 741 mil pesos. ¿Qué se puede hacer? Muy poco”.
El tesorero de Apazapan lamenta que la “clase priista” del país sólo quiera culpar a Javier Duarte, pues en su opinión la culpa es de todos los que colaboraron con él: “Secretarios, exfuncionarios, diputados locales y federales”.
Resalta: “Por culpa de todos ellos suspendimos servicios, apoyos en medicamentos, de fomento agropecuario… Decenas de municipios estamos trabajando a medio gas”.
Daniel Olmos confiesa que está angustiado porque no sabe cómo va a pagar el aguinaldo de los burócratas: “No me completo”.
Además, relata, “aquí llegan peticiones de todo. Tan sólo en fiestas patronales nos piden arreglos florales, cohetes (pirotecnia), apoyo económico, contratación de grupos musicales, de imitadores, que les paguemos una danzonera… Los hemos apoyado, pero no como hubiéramos querido”.
Al estar conurbado con Xalapa, Emiliano Zapata ofrece ventajas para que se instalen ahí algunos negocios importantes: “Estamos viendo que algunas empresas grandes no han pagado impuestos, que deben tributos comerciales o algún permiso, como las gasolineras y corporativos. Incluso estamos acelerando los cambios de uso de suelo para intensificar la recaudación y compensar un poco lo que no ha llegado”, resume Olmos.
El alcalde perredista admite que al cierre del ejercicio fiscal deja obras de electrificación al 75%, de drenaje y pavimentación al 50% y un drenaje en la comunidad de El Terrero que se quedó en los planos.
Con el ejercicio fiscal 2017 encima, Américo Zúñiga, Miguel Ángel Yunes Márquez y Daniel Olmos, al igual que otros alcaldes, han pedido al presidente Enrique Peña Nieto que “voltee sus ojos a Veracruz” y ayude a sus municipios.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464556/la-herencia-duarte-a-yunes-veracruz-naufraga-en-caos
Tradicionalmente el cuarto año de gobierno de los presidentes de México era el mejor, pues ya se había sacudido los lastres de administraciones anteriores y aún no se disparaban las carreras por la sucesión. Para Enrique Peña Nieto no fue así: su cuarto año muestra fehacientemente su fracaso en todos los ámbitos. Las reformas estructurales con las que pretendió “Mover a México” caen estrepitosamente, al tiempo que los problemas de corrupción e inseguridad nacionales se ventilan en todo el mundo. Pese a los enormes gastos en publicidad oficial, sus niveles de rechazo aumentan y según las encuestas, ni en su partido, el PRI, es bien visto.
CIUDAD DE MÉXICO: El presidente Enrique Peña Nieto no tiene muchos motivos para festejar. Al cumplirse cuatro años de que asumió el cargo ofreciendo “Mover a México”, hoy enfrenta la desaprobación ciudadana y múltiples señalamientos internos y externos a los resultados de su gobierno.
En el antiguo régimen priista solía decirse que el cuarto año de gobierno era el de mayor fuerza de un presidente, pues había desterrado a la clase política de su antecesor, consiguiendo apoyo en el Congreso y las gubernaturas, sin campañas sucesorias anticipadas, ya consolidado en su ejercicio personal de gobernar.
En el caso de Peña Nieto, el cuarto año es la materialización de su fracaso en todos los frentes, desde hace meses hay campañas inclusive dentro de su partido de cara a las elecciones de 2018, y no hay perspectiva de que algo pueda mejorar.
Se trata del presidente que más ha erogado en publicidad desde que ese gasto es transparente, pero el que más desaprobación tiene entre la población.
La organización civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación, integrante de la iniciativa Publicidad Oficial, que integra a otras instancias, ha concluido que cuando menos, en los primeros tres años de gobierno, ese gasto asciende a 24 mil millones de pesos.
Paulina Castaño Acosta, investigadora de Fundar, considera que la cifra de gasto publicitario en realidad supera en mucho lo que se ha transparentado.
El domingo 20, El Universal publicó la encuesta que realiza con la agencia Buendía y Laredo. Los resultados muestran que Peña Nieto sigue con aprobación baja, la más baja del sexenio y también la más baja respecto a los periodos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
De acuerdo con dicho estudio, sólo 25% de la población aprueba el trabajo presidencial y 66% lo desaprueba. Inclusive entre priistas el desacuerdo con su gobierno es de 52%; esto significa que, por primera vez en su administración, en las filas de su partido no tiene respaldo mayoritario.
Cabe destacar que, conforme a dicho estudio, los principales motivos de desaprobación son, en primer lugar, las reformas estructurales; le sigue la inseguridad y, finalmente, la reunión con Donald Trump.
Los ejes del rezago
El 1 de diciembre de 2012, cuando Peña Nieto asumió la Presidencia, comprometió numerosas acciones, a partir de lo que denominó cinco grandes ejes de gobierno. Se trataba de las políticas de seguridad, desarrollo social, gobernabilidad, economía y desempeño en el exterior. El cumplimiento de ese plan se supeditó en buena medida al arreglo entre las tres fuerzas políticas de mayor representación electoral que adoptó por nombre Pacto por México.
Por ejemplo, el primer eje de gobierno, lograr un México en Paz, es catastrófico. Hasta ahora prácticamente no hay organismo internacional que apruebe la situación de los derechos humanos en México y, el jueves 24, hasta el representante en México de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Luigi Mazzitelli, consideró que debe plantearse el retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública.
A la insuperada desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se suma, entre otras, la matanza de civiles en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio. Esos episodios de violencia, notorios por la participación de agentes del Estado que permanecen impunes, son evidencia de la precariedad de la política de seguridad que en el entorno internacional se está señalando.
Hasta julio pasado la información oficial arrojaba 78 mil 100 asesinatos violentos (Proceso 2079). La cifra es notable dentro y fuera del país.
El Índice de Paz Global es un indicador que mide el nivel de paz y la ausencia de violencia de un país o región. Lo elaboran y publican el Institute for Economics and Peace junto a varios expertos de institutos para la paz y think tanks y el Centre for Peace and Conflict Studies, de la Universidad de Sídney, con datos procesados por la Unidad de Inteligencia del semanario británico The Economist. El estudio incluye variables internas, como violencia y criminalidad; y externas, como gasto militar y las guerras en las que participa el país. México se ubica en el lugar 140 de 162 países.
Un segundo eje de gobierno fue el denominado “México Incluyente”, mediante el cual Peña Nieto propuso erradicar la pobreza. El resultado: México es uno de los tres países, junto con Guatemala y Venezuela, donde más ha crecido la pobreza, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que en marzo pasado detalló que la pobreza en México avanzó de 51.6% de la población del país en 2012 a 53.2% en 2014.
El mismo informe de la Cepal indicó que había erosión de los salarios mínimos como factor de empobrecimiento. De hecho, la medición de la Organización Internacional del Trabajo dio a conocer en julio que México ocupa el tercer lugar con salario mínimo más bajo de América Latina y el Caribe.
Peña Nieto promovió un mejoramiento de la educación con su eje “México con Educación de Calidad” y, para cumplir ese planteamiento, apuntaló la reforma educativa: Sin embargo, la educación no mejora y, por el contrario, está en retroceso.
De acuerdo con el Índice de Competitividad Global, que emite el Foro Económico Mundial, publicado a finales de septiembre pasado, México se mantuvo en el puesto número 57 respecto al periodo anterior. Sin embargo, de los cuatro indicadores medidos como requerimientos básicos, retrocedió dos puntos en Educación (ya con reforma educativa) y cuatro en Instituciones, que incluye aquellas relacionadas con seguridad y justicia.
Otro eje de gobierno fue “México Próspero”, que se basaba en la política económica. Si bien en ese caso hay factores externos, lo cierto es que su objetivo tiene también causas internas que ni siquiera con las reformas energética, hacendaria, financiera y de telecomunicaciones se pudo alcanzar; el compromiso de Peña Nieto era un crecimiento de 5% y hasta 6% anual.
Peña fue quien prometió “Mover a México” con las reformas estructurales en materia económica que promovieron infructuosamente sus antecesores, pero al conseguirlas, la economía mexicana decayó.
Los hechos son que el mejor indicador de crecimiento fue el de 2015, cuando se registró 2.5%. Para 2016 la perspectiva del Banco de México es que se alcance entre 1.7% y 2.3%. Por lo pronto, las calificadoras internacionales Standard & Poors y Fitch Ratings actualizaron en días pasados su pronóstico de crecimiento para el país a 1.9% para 2017.
Esos dos años han sido también de recortes presupuestales, y para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, numerosos programas, indispensables para el cumplimiento de los otros ejes de gobierno, padecerán recortes o de plano desaparecerán.
El quinto eje fue “México, Actor con Responsabilidad Global”, que implicaba un relanzamiento de la política exterior. Los resultados en esta materia han sido también de dudosa efectividad.
Peña Nieto es el presidente que más ha viajado al extranjero durante su período. Lleva 57 giras internacionales y una cantidad superior de países visitados.
Sin embargo, la proyección internacional ha sido desastrosa, como ocurrió con su gira por Alemania y Dinamarca a principios de este año, pues en ambos países, con el lenguaje de la diplomacia internacional, se le restregó la precariedad de los derechos humanos en el país.
Esa misma semana de la gira por Europa, la segunda de marzo, fue cuando se emitió el informe de la Cepal que el entonces secretario de Desarrollo Social refutó; un informe de derechos humanos en Estados Unidos, que refutó la cancillería, y el diferendo entre el gobierno de Peña Nieto y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el retiro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que llegó a México para coadyuvar en el Caso Ayotzinapa.
Corrupción e impunidad
Los escándalos de corrupción son frecuentes en la historia política de México, pero en este sexenio deterioraron la imagen presidencial con las revelaciones periodísticas que se iniciaron con el reportaje del equipo de Carmen Aristegui, La Casa Blanca de Peña Nieto, seguido por distintas publicaciones sobre las residencias de su círculo cercano, que implican al contratista Juan Armando Hinojosa Cantú.
La presión ciudadana por ese asunto, así como otros escándalos de contratismo de la élite mexiquense, motivaron una intensa presión de organizaciones ciudadanas, grupos de investigadores, e inclusive, las altas esferas del empresariado mexicano propiciaron una reforma constitucional y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
La oportunidad estaba dada para que Peña Nieto superara los episodios de corrupción que marcan su sexenio; todos los actores celebraron, pues el nuevo marco legal fue reconocido en el ámbito internacional como uno de los más vanguardistas. Pero pronto las acciones presidenciales motivaron la desconfianza y hasta una nueva estrategia de presión.
“Peña Nieto empujó la reforma, pero esa conducta contrasta con los hechos porque los actos de corrupción no fueron atendidos y, en cuanto a la implementación del SNA, lo que vemos es que las designaciones no se están dando con la calidad, transparencia y objetividad necesarias”, observa Justine Dupuy, investigadora de la organización civil Fundar.
Al designar secretaria de la Función Pública a Arely Gómez, quien era titular de la PGR, y nombrar en su lugar a Raúl Cervantes, ambos incondicionales del mandatario, surgió la desconfianza por la forma en que podría integrarse el SNA y a quién se podría impulsar en la nueva Fiscalía Anticorrupción.
Un ejemplo es la iniciativa de Ley de Archivos que empieza a discutirse y que, por lo pronto, ya generó el reclamo de la academia por considerarla regresiva.
Lourdes Morales, investigadora de la Red por la Rendición de Cuentas considera, además, que uno de los aspectos más relevantes de estos años tiene que ver con el estado de deterioro de la libertad de expresión, dada la cantidad de periodistas muertos, pero también por el cierre de espacios plurales, pues uno de los riesgos en cualquier democracia es que no se cuente con una prensa libre. En particular, se refiere a los asesinatos y agresiones contra periodistas; Artículo 19 remarca el asesinato de un periodistas en México cada 16 días y una agresión cada 22 horas, la mayoría perpetrada por algún servidor público.
En general, concluye:
“Hay una situación de hartazgo que va más allá del mal humor, por las experiencias personales cotidianas y una clase política indiferente, insensible a lo que estamos viviendo los mexicanos.”
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464555/cuarto-ano-presidente-derrotado
De enero a septiembre 10 periodistas han sido asesinados. De julio a septiembre de 2016 la organización Artículo 19 registró un total de 88 agresiones a periodistas; un promedio de 29.3 ataques al mes, o casi uno por día.
El 2016 ya es, a poco más de un mes para concluir, el año con más asesinatos de periodistas en lo que va de sexenio del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Así lo documenta la organización Artículo 19 en su más reciente informe trimestral ‘De lo digital a lo tangible’, en el que expone que de enero a septiembre de 2016 un total de 10 periodistas han sido asesinados. O en otras palabras: cada 30 días en México se comete el crimen de un periodista.
Esta cifra supera los siete homicidios de comunicadores de 2015; año que ostentaba el ‘récord’ de asesinatos durante el gobierno de Peña (en 2014, hubo 6 homicidios, y en 2013, 4). Y además, está muy cerca del ‘techo’ de homicidios que se registró en 2011, aún con Felipe Calderón en Los Pinos, cuando Artículo 19 documentó 11 casos.
De estos 10 homicidios, tres se registraron entre julio y septiembre: el de Pedro Tamayo, periodista de El Piñero de la Cuenca asesinado el 20 de julio en Veracruz; Agustín Pavia, locutor de la radio Tu Un Ñuu Savi, asesinado el 13 de septiembre en Oaxaca; y el más reciente, Aurelio Cabrera, periodista de El Gráfico de Huachinango, asesinado el 15 de septiembre en Puebla.
Artículo 19 subraya que en ninguno de estos tres casos, la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ha ejercido su facultad de atracción para investigar los homicidios en contra de periodistas. Lo cual, según denuncia la organización, “envía un mensaje de permisibilidad de la violencia extrema, así como de desprecio hacia la libertad de expresión”.
En este contexto, cabe recordar que el pasado 2 de noviembre Animal Político publicó que prácticamente el 100% de las agresiones contra periodistas en México quedan en la impunidad.
De acuerdo con el reporte estadístico de la FEADLE del pasado mes de agosto, en los últimos seis años (agosto 2010-agosto 2016) se abrieron en México 798 averiguaciones previas por delitos contra periodistas, de las cuales solo 2 dieron como resultado sendas sentencias condenatorias. Es decir, que el 99.75% de los casos no ha recibido sentencia.
Al menos una agresión al día
En cuanto al número de ataques a la prensa, de julio a septiembre Artículo 19 registró un total de 88; un promedio de 29.3 ataques al mes, o casi uno por día.
Este dato refleja una caída del 40% en comparación con el trimestre abril-junio, el más violento del año con 149; pero un alza del 27% comparado con el primer trimestre, cuando se contabilizaron 69 agresiones.
De las 88 agresiones en el último trimestre, 56 fueron dirigidas contra hombres, 21 hacia mujeres, y 11 hacia medios de comunicación.
En total, de enero a septiembre van 306 agresiones documentadas contra periodistas. Esta cifra es inferior a la de 2015 (397), 2014 (326) y 2013 (330), pero aún falta por contabilizar el último trimestre del año.
No obstante, los 306 ataques de este 2016 ya superaron los datos de 2012 (207), 2011 (172), 2010 (162) y 2009 (238), el primer año del que tiene registro Artículo 19.
La CDMX, con más agresiones; Veracruz y Oaxaca, las más letales
De los 306 ataques de 2016, las amenazas (58), los ataques físicos o destrucción de materiales de trabajo (54), las intimidaciones (50), y las privaciones ilegales de la libertad (44), son los ‘favoritos’ de los agresores de periodistas.
La Ciudad de México es la entidad con más agresiones, con 53 casos. Le siguen Oaxaca con 38 y Veracruz con 35. Sin embargo, cabe matizar que Oaxaca es la entidad con más asesinatos de periodistas hasta septiembre de 2016 con cuatro casos. Veracruz es la segunda con tres.
6 de cada 10 amenazas, a través de redes sociales
Por otra parte, el informe de Artículo 19 advierte que Internet y las redes sociales se han convertido en “un campo de batalla” en el cual la libertad de expresión es atacada. “El acoso en Internet, especialmente mediante amenazas en plataformas de redes sociales, se ha consolidado como una forma para intimidar, infundir miedo y censurar”, apunta la organización defensora de la libertad de expresión.
En este sentido, Artículo 19 resalta que del total de amenazas recibidas por periodistas entre julio y septiembre, 6 de cada 10 fueron realizadas a través de redes sociales como Twitter.
“Las amenazas en redes sociales se han incrementado: mientras que en los primeros seis meses de 2016 se documentó en promedio una amenaza mensual por esta vía, durante el tercer trimestre del año, se documentaron 4.6 amenazas por mes”, señala Artículo 19.
Los ‘operativos de bots’ –cuentas que se dedican a hostigar a un usuario en Twitter-, los ‘sicarios digitales’ –comunidades organizadas que venden sus servicios para acosar en redes a usuarios-, las campañas de difamación, y las ‘redadas’ –ataques agresivos, sistemáticos y con organización colectiva para extraer información sensible o privada de la víctima desde su cuenta personal-, son algunos de los ataques contra periodistas más frecuentes en Internet.
El informe de Artículo 19:
3er Informe Trimestral 2016 – A19 (1) by mureste4878 on Scribd
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/2016-asesinatos-periodistas-pena/
