Los cinco hombres secuestrados la semana pasada por el grupo de Los Tequileros fueron liberados. El Ejército continuará la vigilancia en varios municipios del estado.
Cinco hombres secuestrados en Ajuchitán del Progreso fueron liberados la noche de este jueves 29 de noviembre en buen estado de salud, informó el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo.
Los hombres habían sido secuestrados por el grupo criminal conocido como los Tequileros. En días pasados fueron liberados tres secuestrados más. Todos ya se encuentran en sus domicilios.
“La banda de Los Tequileros no tiene a ninguna persona privada de su libertad, según refirieron a las autoridades ministeriales, los cinco varones que fueron resguardados por policías ministeriales, después de que estas cinco personas fueron liberadas del cerro de La Gavia donde los mantenía sus captores y ya fueron conducidos a sus respectivos domicilios por policías ministeriales al poblado de San Jerónimo el Grande”, explicó el Vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia.
Este miércoles las cinco personas liberadas declararán ante el Ministerio Público del Fuero Común por la privación de la libertad que sufrieron.
El vocero señaló que 80 efectivos del Ejército Mexicano montan un operativo para buscar a los integrantes de este grupo criminal.
Los operativos militares continuarán en Guerrero, “el tiempo que sea necesario, y hasta donde el gobierno nos siga pidiendo el apoyo”, dijo este martes en conferencia de prensa Salvador Cienfuegos Zepeda.
Cienfuegos y Astudillo realizaron un recorrido por las Bases de Operaciones Mixtas instaladas en Iguala, Chilapa, Chilpancingo y Coyuca de Benítez, para verificar las acciones implementadas por los militares en conjunto con los tres niveles de gobierno.
El titular de la Sedena dijo que la meta era disminuir la cantidad de homicidios en estos municipios. Aseguró que el problema de la inseguridad se debe a la falta de atención que hubo en este rubro años atrás.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/liberan-secuestrados-ajuchitan-guerrero/
Este jueves 1 Gabino Cué termina su gestión al frente del gobierno de Oaxaca, que activistas proderechos humanos y líderes religiosos califican de pesadilla. Deja una deuda de 2 mil 500 millones de pesos y una estela de agravios que afecta a las instituciones, a los burócratas, a los proveedores y a la clase empresarial. “Gabino no sólo dejó calles rotas, baches, zonas no iluminadas, un puente deforme, obras muy mal logradas, sino una sociedad agujereada”, resume la activista Yésica Sánchez Maya.
OAXACA, OAX: Este 1 de diciembre, cuando Gabino Cué Monteagudo entregue el cargo a su sucesor, el priista Alejandro Murat Hinojosa, el estado estará hecho añicos: una deuda de 16 mil 200 millones de pesos, una economía destrozada, desempleo creciente, inseguridad y corrupción.
Hace seis años, cuando tomó posesión, abanderado por el PRD, PT, PAN y Convergencia, Cué declaró: “Nunca más un gobernador que abuse del poder público para beneficio personal o el interés de un grupo en detrimento de la población en su conjunto; nunca más el uso de la fuerza pública para reprimir; nunca más el uso de la fuerza pública para acallar demandas sociales”.
Sin embargo, durante su administración Cué sepultó la incipiente transición en ese estado. No supo controlar la violencia que dejó 3 mil 705 crímenes de alto impacto, de los cuales 610 fueron por motivos políticos o agrarios, 526 feminicidios, 11 asesinatos de periodistas, 174 desapariciones de mujeres, una desaparición forzada, 300 ataques a defensoras, 236 agravios a periodistas, 67 presos políticos, e infinidad de torturados y desplazados.
Hoy, el “humanista” y “demócrata” mandatario es acusado de saquear 30 mil millones de pesos. El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, fundador del albergue Hermanos en el Camino, es contundente: “Lo que nunca le van a perdonar es que haya traicionado al pueblo y que haya entregado de nuevo el estado de Oaxaca al PRI”.
Solalinde calificó de “lamentable y deplorable el sexenio de Gabino Cué porque le falló a mucha gente de la sociedad civil que exigió justicia y se quedó esperando.
“Empezó bien pero los ladrones ya estaban en casa, no lo dejaron gobernar, no impuso su voluntad, lo cooptaron y acabó haciendo lo mismo que los anteriores. Es una desilusión muy grande”.
Expresidente de la Comisión de la Verdad por los disturbios de 2006 y 2007, Solalinde critica los compromisos de la administración de Cué con el PRI, así como con los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos. “Es algo escandaloso –dice–, que agravia la conciencia de los oaxaqueños”.
La violencia, según el religioso, se debe a que fue “un gobernador débil. No tuvo el valor de enfrentar (a los delincuentes) y terminó pactando con el PRI”.
Funesto legado
La defensora de derechos humanos Yésica Sánchez Maya también considera al mandatario saliente como una decepción. Su gestión, más que de esperanza, fue una pesadilla.
“Gabino no sólo dejó calles rotas, baches, zonas no iluminadas, un puente deforme, obras muy mal logradas, sino una sociedad agujereada, con deudas, déficit y muchos pendientes”, resume la activista.
La persecución a los maestros disidentes de la sección XXII y la represión del 19 de junio último en Asunción Nochixtlán, que dejó ocho muertos y más de 100 lesionados, aún es una herida abierta.
Sánchez Maya resaltó que el lema “Paz y progreso” se quedó en un eslogan de campaña, aunque también cuestionó a los partidos políticos que llevaron a Cué a la gubernatura porque nunca asumieron su responsabilidad de obligarlo a cumplir con sus promesas y ahora se desgarran las vestiduras.
El apoderado legal de la arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Wilfrido Mayrén Peláez, habla de seis años perdidos para la historia de Oaxaca, con consecuencias desastrosas.
Cué manejó presupuestos “históricos” que superaron los 500 mil millones de pesos, pero no supo canalizarlos. Tal es la precariedad en los servicios de salud, por ejemplo, que en el Hospital Civil los directivos comenzaron a cobrar a los derechohabientes, pues no tienen fondos ni para medicamentos.
Los agravios son múltiples; tanto, que los integrantes de la LXIII Legislatura pidieron que se declare a “Oaxaca como zona de desastre”. El PAN y el PRD, los dos principales partidos que lo llevaron al gobierno en 2010, no dan crédito a lo que hizo su protegido Cué, mientras la inconformidad crece.
Los burócratas se quejan porque les suspendieron teléfono e internet y en las dependencias no hay papel ni para el baño por falta de pagos. Para expresar su descontento, organizaron un paro laboral durante una semana.
El jueves 24, los 534 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública se quejaron por el incumplimiento de los compromisos contraídos por las autoridades luego de un paro que se prolongó un mes. Ese día organizaron un plantón en el edificio de la dependencia para exigir al gobierno estatal el pago inmediato de 177 millones de pesos que adeuda al Fondo de Pensiones.
Transportistas y proveedores realizaron bloqueos carreteros, tomas de oficinas y del aeropuerto de Puerto Escondido para exigir al gobierno de Cué que les pague.
El malestar incluye a la clase empresarial, que, por medio del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana-Oaxaca, Raúl Ruiz Robles, declaró: “Oaxaca está herida y necesita un rescate en todos los sentidos” porque Cué deja una deuda a proveedores cercana a los 2 mil 500 millones de pesos, situación que provocará un gran hoyo y hundirá al sector productivo en la falta de liquidez”.
También abandonó la obra del Metrobús de 8.5 kilómetros, cuya inversión inicial de 500 millones de pesos, se disparó a mil 244.6 millones. Y en el sector educativo el déficit rebasa los 6 mil millones; en el de salud, supera los 9 mil millones.
Fue peor que Ulises
Joaquín Rodríguez Palacios, quien fue subsecretario de Gobierno en los sexenios de Heladio Ramírez López, Diódoro Carrasco, José Murat Casab, Ulises Ruiz Ortiz y el del propio Cué, admite que el aliancista deja un estado colapsado y manchado de sangre.
Durante la administración de Cué se cometieron 610 crímenes por motivos políticos y cuestiones agrarias. En contraste, con Ramírez López hubo 97, incluidos 17 policías en un conflicto entre pobladores de San Baltazar Chichicapan y San Nicolás Yaxe.
Con Carrasco fueron 87, con todo y la aparición del Ejército Popular Revolucionario que dejó una treintena, principalmente en la región de Los Loxicha. Con Murat la cifra bajó a 85, pese a la masacre de 26 campesinos en el paraje de Agua Fría, de Santiago Xochiltepec, Sola de Vega, en la Sierra Sur.
Y con Ruiz la cifra se elevó a 108 muertos, incluido el conflicto sociopolítico de 2006-2007 protagonizado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que dejó 26 muertos, alrededor de 500 detenciones y 380 casos de tortura.
Con Cué la violencia se exacerbó: las 10 muertes en Santiago Choapan, las ocho entre gente de Zimatlán de Lázaro Cárdenas y San Sebastián Nopalera, los 10 calcinados por el conflicto de Santo Domingo Yosoñama con San Juan Mixtepec; el operativo fallido del 19 de junio de 2016 en Nochixtlán ejecutado por las fuerzas policiales federal y estatal que dejó ocho civiles muertos y 155 heridos, 84 de ellos por arma de fuego.
Dentro de la lista negra de ejecuciones sobresale la del subdirector de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, Rafael Pérez Gavilán Escalante, por presuntos malos manejos en los Servicios de Salud al tener nóminas discrecionales.
La dirigencia de la sección 35 los denunció a él y Rubén Portillo Mijangos y Marco Antonio Fuentes del Toro, directores de Administración y de Recursos Humanos, respectivamente.
Pérez Gavilán también fue acusado por el Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de Salud de manejar una “nómina secreta” y de un presunto desvío de 2 mil millones de pesos en los Servicios de Salud de Oaxaca.
Pérez Gavilán fue cesado el 19 de febrero de 2015. Semanas después, a principios de marzo, cuando amenazó con revelar nombres, fue ejecutado. El gobierno de Cué intentó ocultar el caso.
Los crímenes de políticos fueron también marca del gobierno de Cué. La dirigencia estatal del PRD denunció 27 casos aún no resueltos.
Entre los más relevantes se encuentran el de Nicolás Estrada Merino, en 2013; el de Everardo Hugo Hernández, diputado local, y Carlos Martínez Villavicencio, exdiputado local, en 2015; Ernesto Fidel López Nelio, Eusebio Cruz Cortés, exprecandidato a diputado federal, y José María Caña, líder del PRD en San José Independencia, en marzo pasado, y el de Rolando Vásquez Castillejos, líder de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo, en agosto pasado.
Los otros agredidos
La prensa también fue blanco de la violencia en el gobierno que acaba el 30 de noviembre. La organización Artículo 19 afirmó que con los recientes asesinatos de periodistas, Oaxaca es la cuarta entidad con mayor número de bajas en México. En los últimos dos años hubo 11, entre ellas las de Marcos Hernández Bautista, Abel Bautista Raymundo y Filadelfo Sánchez Sarmiento.
La coordinadora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Ana María Hernández Cárdenas, afirmó que el gobierno de Cué resultó todo un “fracaso” porque en su sexenio se cometieron 526 feminicidios, de los cuales 101 ocurrieron este año.
Aunque prometió combatir la impunidad, dice, terminó igual o peor que sus antecesores. En el sexenio de Murat hubo 429 crímenes de mujeres, en el de Ruiz bajó a 283, con la actual administración la cifra se disparó a 526.
En 2016, el acto de violencia más emblemático fueron los ocho muertos, 155 civiles heridos, 84 de ellos por arma de fuego, que dejó el operativo fallido de las policías federal y estatal el pasado 19 de junio.
Oaxaca es una de las siete entidades con mayor aumento en la pobreza. De acuerdo con la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En la entidad hay 2 millones 662 mil 700 pobres 66.8% de la población. La mitad sobrevive en la pobreza extrema.
Estos índices contrastan con el despilfarro que realizó Cué en su despacho –15 millones 978 mil 687 pesos–, en el auditorio Guelaguetza–1.5 millones– y en la construcción del estadio de futbol de Los Alebrijes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/464559/gabino-cue-peor-ulises-deja-oaxaca-hecha-anicos
Miguel Ángel Yunes asume este jueves 1 la gubernatura de Veracruz. Lo hace en una entidad que naufraga en el caos. Decenas de alcaldes ya se resignaron a que este año no habrá obras públicas ni trabajos de infraestructura, pero se preguntan cómo van a pagar la deuda con sus burócratas y con la población, cómo van a operar sus policías municipales sin gasolina en las patrullas. Todos señalan al prófugo Javier Duarte como el culpable del desastre financiero, pero hay quien apunta como sus cómplices a quienes colaboraron con él en el estado: el Congreso local y el gobierno federal.
APAZAPAN, Ver: Miguel Ángel Yunes Linares, quien desde 2004 vive obsesionado con ser gobernador de Veracruz, iniciará su gestión de 24 meses con una situación caótica en la mayoría de los 212 municipios.
Ahí se siente el impacto de la administración de Javier Duarte de Ochoa: se ven parques y otros espacios públicos que se quedaron en maquetas, luminarias instaladas al 75%, drenajes, banquetas y guarniciones que sólo existen en papel, pero que por falta de recursos no se construyeron.
Además, los burócratas municipales están indignados. En Apazapan, donde el palacio municipal cerró por falta de recursos, se atrasó una semana el salario de la policía. Los empleados de limpia, tesorería, DIF y demás áreas sólo cobrarán “medias quincenas” en noviembre y “probablemente” diciembre.
En Xico también se atrasó el pago al personal y todo el año no se atendieron las solicitudes de becas ni se cubrieron las “pensiones vitalicias” que depositaba trimestralmente el DIF estatal.
En el palacio municipal de Emiliano Zapata cuelga una lona donde se advierte que el ayuntamiento trabaja bajo protesta, porque el gobierno estatal le adeuda más de 23 millones de pesos.
“Aquí los empleados cobran. No despido gente porque ellos qué culpa tienen, pero los regidores, síndicos y funcionarios no están cobrando. Les digo que me aguanten tantito. Es definitivo que ni ellos ni yo tuvimos ‘buen fin’, esto se ha vuelto una angustia”, reseña el alcalde Daniel Olmos.
A unos días de que concluya el sexenio, el exmandatario y expriista Javier Duarte sigue prófugo de la justicia y el gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, admite que se requieren más de 3 mil millones de pesos para satisfacer las “demandas” y “pasivos” de los ayuntamientos veracruzanos.
Entre el lunes 7 y el lunes 14, la tesorería del estado depositó minúsculas cantidades a los municipios. El tesorero de Apazapan, César Flores, dijo que le tocaron 334 mil pesos, con los que pagó salarios atrasados de policías: media quincena de la plantilla, y destinó un “pequeño remanente” para gasolina de las unidades de Protección Civil y de las patrullas.
A Xico le pagaron cuatro de los 28 millones que les debe el estado. Su síndico, Hugo Alberto Tepo, dice: “Nos depositaron el fondo Fortamun, pero lo demás no”.
Y a Emiliano Zapata se le transfirieron seis de 23 millones pendientes, pero Daniel Olmos lamenta: “Hoy me deben 17 millones, pero la próxima semana me van a volver a deber 20, y ¿sabes cuáles son las esperanzas de que me depositen?”, pregunta, y niega esas posibilidades con un movimiento de cabeza.
Otros municipios, como Zacualpan, Zaragoza, Coatzintla, Tenochitlán, Soledad Atzompa y Jalcomulco, están en situación más precaria: no hubo obras públicas en 2016 y las de infraestructura quedaron inconclusas por falta de recursos, carecen de insumos para operar, les cortaron los teléfonos y carecen de vales de gasolina para los autos oficiales y las patrullas.
Incluso los tres municipios más grandes de la entidad, Puerto de Veracruz, Xalapa y Boca del Río, sufren la “asfixia financiera” por el quebranto de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
A solicitud de este semanario, el alcalde de Xalapa, el priista Américo Zúñiga, entregó una lista de adeudos que dejó Duarte tan sólo con ese municipio, por un total de 279 millones 740 mil 124 pesos.
Destacó que con el gobierno interino de Ríos Alvarado únicamente se pudieron destrabar y transferir 21 millones 947 mil 644 pesos, correspondientes a las participaciones del Impuesto Sobre la Renta. En cambio, la capital del estado no ha recibido los recursos federales del Fondo Metropolitano por 126 millones 987 mil pesos.
A su vez, el alcalde del puerto de Veracruz, el priista Ramón Poo, mostró su propia tabla de adeudos de la Tesorería estatal con el municipio, cuyo total es de 48 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2016, de los cuales 33 millones corresponden al Fondo de Infraestructura Social Municipal, que se destina a pavimentación y guarniciones en las colonias populares.
En Boca del Río, el alcalde Miguel Ángel Yunes Márquez se quejó de que el exmandatario estatal huyó sin transferir 350 millones de pesos, dinero que según él “se robaron Duarte y sus colaboradores”. A él también se le solicitó el desglose de los adeudos del estado, pero al cierre de esta edición no lo había proporcionado.
Rogelio Franco Castán, líder estatal del PRD y quien se asumió como el vocero de los alcaldes perredistas, urgió al gobierno federal a realizar “un rescate” de los municipios de Veracruz. Si en el pasado el gobierno “rescató” a los banqueros con el Fobaproa, ¿por qué no hacerlo con los ayuntamientos que fueron “robados” por el gobierno de Duarte?, argumentó.
En quiebra
Este semanario recorrió una decena de municipios, donde constató la parálisis de sus administraciones por falta de recursos: las ventanillas de las tesorerías cerradas, las oficinas del DIF con la cortina abajo y doble candado, secretarias chateando, auxiliares administrativos leyendo el periódico… Dicen que la gente no solicita servicios porque “ya sabe que no hay recursos”.
No se ve a los alcaldes ni a los regidores en sus oficinas y las camionetas de policía permanecen estacionadas porque no hay dinero para gasolina.
El palacio municipal de Jalcomulco parece un edificio viejo en plena mudanza. Ningún funcionario se presentó a trabajar, sólo están una secretaria, tres empleados y tres policías municipales que observan con cierta alarma a los extraños que llegan.
En el “Pueblo Mágico” Xico, el síndico Hugo Alberto Tepo lamenta que no se construyeran cuatro obras medulares porque la Tesorería de Veracruz no transfirió los recursos de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y otros que completaban una bolsa de 22 millones.
La que más le duele es la remodelación de la Unidad Deportiva Benito Juárez, que costaba 2 millones 890 mil pesos: “¿Cómo vamos a combatir la drogadicción y el alcoholismo si no les damos estos espacios a nuestros jóvenes?”, cuestiona.
También se quedó en planes un museo de sitio en Xico Viejo, que costaría 3 millones 525 mil pesos. El proyecto contaba ya con recursos etiquetados y fue aprobado en el Congreso, pero el dinero nunca bajó al ayuntamiento.
Tampoco se remodeló el Centro de Salud, que ya tenía autorizado un presupuesto de 3 millones 557 mil pesos. El secretario de Salud veracruzano, Fernando Benítez Obeso, reconoció el martes 22, al comparecer ante diputados locales, que la administración saliente deja inconclusas o sin iniciar 109 instalaciones de salud, entre hospitales, clínicas, nosocomios de alta especialidad, una torre pediátrica y módulos de salud.
Ante los reclamos de diputados opositores, Benítez Obeso se justificó: “Esto no estuviera pasando si la Sefiplan hubiera enviado los recursos solicitados”.
Alberto Tepo coincide en parte: “Estos cabrones se quedaron con el dinero. La federación lo tenía, lo depositó, y ellos (Duarte y sus funcionarios) no lo enviaron”.
Afuera del Palacio Municipal, sobre la avenida Hidalgo, se aplica un revestimiento a la carpeta asfáltica. En una obra donde tendría que haber 40 trabajadores, se cuenta una docena que colocan ladrillos y operan una retroexcavadora a medio gas, al ritmo con que fluye el presupuesto.
En Apazapan reina la tranquilidad alrededor del recinto oficial. Dos policías toman el sol en las bancas y uno de ellos se abanica con un periódico. El DIF municipal está cerrado, igual que la Regiduría y la Contraloría. Las dos patrullas no han recibido mantenimiento en mucho tiempo: tienen la carrocería maltratada y las llantas lisas.
El tesorero, César Flores, explica: “Desde julio nos dejó de llegar el recurso. ¿Cómo haces obra si no tienes dinero? Tienes los documentos de que la Secretaría de Hacienda te aprobó una obra, la autorización del Congreso y el proyecto de lo que vas a construir, pero el recurso no llegó”.
Ahora le tendrán que decir a la gente que este año no se hizo obra y que no se podrán construir dos parques y un bulevar en las comunidades de Tigrillos y Cerro Colorado por culpa del gobierno estatal. “Te lo explico fácil: del ramo 33, para la infraestructura social y para combatir el rezago, recibimos un millón 800 mil pesos anuales. Nos deben 741 mil pesos. ¿Qué se puede hacer? Muy poco”.
El tesorero de Apazapan lamenta que la “clase priista” del país sólo quiera culpar a Javier Duarte, pues en su opinión la culpa es de todos los que colaboraron con él: “Secretarios, exfuncionarios, diputados locales y federales”.
Resalta: “Por culpa de todos ellos suspendimos servicios, apoyos en medicamentos, de fomento agropecuario… Decenas de municipios estamos trabajando a medio gas”.
Daniel Olmos confiesa que está angustiado porque no sabe cómo va a pagar el aguinaldo de los burócratas: “No me completo”.
Además, relata, “aquí llegan peticiones de todo. Tan sólo en fiestas patronales nos piden arreglos florales, cohetes (pirotecnia), apoyo económico, contratación de grupos musicales, de imitadores, que les paguemos una danzonera… Los hemos apoyado, pero no como hubiéramos querido”.
Al estar conurbado con Xalapa, Emiliano Zapata ofrece ventajas para que se instalen ahí algunos negocios importantes: “Estamos viendo que algunas empresas grandes no han pagado impuestos, que deben tributos comerciales o algún permiso, como las gasolineras y corporativos. Incluso estamos acelerando los cambios de uso de suelo para intensificar la recaudación y compensar un poco lo que no ha llegado”, resume Olmos.
El alcalde perredista admite que al cierre del ejercicio fiscal deja obras de electrificación al 75%, de drenaje y pavimentación al 50% y un drenaje en la comunidad de El Terrero que se quedó en los planos.
Con el ejercicio fiscal 2017 encima, Américo Zúñiga, Miguel Ángel Yunes Márquez y Daniel Olmos, al igual que otros alcaldes, han pedido al presidente Enrique Peña Nieto que “voltee sus ojos a Veracruz” y ayude a sus municipios.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464556/la-herencia-duarte-a-yunes-veracruz-naufraga-en-caos
Tradicionalmente el cuarto año de gobierno de los presidentes de México era el mejor, pues ya se había sacudido los lastres de administraciones anteriores y aún no se disparaban las carreras por la sucesión. Para Enrique Peña Nieto no fue así: su cuarto año muestra fehacientemente su fracaso en todos los ámbitos. Las reformas estructurales con las que pretendió “Mover a México” caen estrepitosamente, al tiempo que los problemas de corrupción e inseguridad nacionales se ventilan en todo el mundo. Pese a los enormes gastos en publicidad oficial, sus niveles de rechazo aumentan y según las encuestas, ni en su partido, el PRI, es bien visto.
CIUDAD DE MÉXICO: El presidente Enrique Peña Nieto no tiene muchos motivos para festejar. Al cumplirse cuatro años de que asumió el cargo ofreciendo “Mover a México”, hoy enfrenta la desaprobación ciudadana y múltiples señalamientos internos y externos a los resultados de su gobierno.
En el antiguo régimen priista solía decirse que el cuarto año de gobierno era el de mayor fuerza de un presidente, pues había desterrado a la clase política de su antecesor, consiguiendo apoyo en el Congreso y las gubernaturas, sin campañas sucesorias anticipadas, ya consolidado en su ejercicio personal de gobernar.
En el caso de Peña Nieto, el cuarto año es la materialización de su fracaso en todos los frentes, desde hace meses hay campañas inclusive dentro de su partido de cara a las elecciones de 2018, y no hay perspectiva de que algo pueda mejorar.
Se trata del presidente que más ha erogado en publicidad desde que ese gasto es transparente, pero el que más desaprobación tiene entre la población.
La organización civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación, integrante de la iniciativa Publicidad Oficial, que integra a otras instancias, ha concluido que cuando menos, en los primeros tres años de gobierno, ese gasto asciende a 24 mil millones de pesos.
Paulina Castaño Acosta, investigadora de Fundar, considera que la cifra de gasto publicitario en realidad supera en mucho lo que se ha transparentado.
El domingo 20, El Universal publicó la encuesta que realiza con la agencia Buendía y Laredo. Los resultados muestran que Peña Nieto sigue con aprobación baja, la más baja del sexenio y también la más baja respecto a los periodos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
De acuerdo con dicho estudio, sólo 25% de la población aprueba el trabajo presidencial y 66% lo desaprueba. Inclusive entre priistas el desacuerdo con su gobierno es de 52%; esto significa que, por primera vez en su administración, en las filas de su partido no tiene respaldo mayoritario.
Cabe destacar que, conforme a dicho estudio, los principales motivos de desaprobación son, en primer lugar, las reformas estructurales; le sigue la inseguridad y, finalmente, la reunión con Donald Trump.
Los ejes del rezago
El 1 de diciembre de 2012, cuando Peña Nieto asumió la Presidencia, comprometió numerosas acciones, a partir de lo que denominó cinco grandes ejes de gobierno. Se trataba de las políticas de seguridad, desarrollo social, gobernabilidad, economía y desempeño en el exterior. El cumplimiento de ese plan se supeditó en buena medida al arreglo entre las tres fuerzas políticas de mayor representación electoral que adoptó por nombre Pacto por México.
Por ejemplo, el primer eje de gobierno, lograr un México en Paz, es catastrófico. Hasta ahora prácticamente no hay organismo internacional que apruebe la situación de los derechos humanos en México y, el jueves 24, hasta el representante en México de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Luigi Mazzitelli, consideró que debe plantearse el retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública.
A la insuperada desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se suma, entre otras, la matanza de civiles en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio. Esos episodios de violencia, notorios por la participación de agentes del Estado que permanecen impunes, son evidencia de la precariedad de la política de seguridad que en el entorno internacional se está señalando.
Hasta julio pasado la información oficial arrojaba 78 mil 100 asesinatos violentos (Proceso 2079). La cifra es notable dentro y fuera del país.
El Índice de Paz Global es un indicador que mide el nivel de paz y la ausencia de violencia de un país o región. Lo elaboran y publican el Institute for Economics and Peace junto a varios expertos de institutos para la paz y think tanks y el Centre for Peace and Conflict Studies, de la Universidad de Sídney, con datos procesados por la Unidad de Inteligencia del semanario británico The Economist. El estudio incluye variables internas, como violencia y criminalidad; y externas, como gasto militar y las guerras en las que participa el país. México se ubica en el lugar 140 de 162 países.
Un segundo eje de gobierno fue el denominado “México Incluyente”, mediante el cual Peña Nieto propuso erradicar la pobreza. El resultado: México es uno de los tres países, junto con Guatemala y Venezuela, donde más ha crecido la pobreza, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que en marzo pasado detalló que la pobreza en México avanzó de 51.6% de la población del país en 2012 a 53.2% en 2014.
El mismo informe de la Cepal indicó que había erosión de los salarios mínimos como factor de empobrecimiento. De hecho, la medición de la Organización Internacional del Trabajo dio a conocer en julio que México ocupa el tercer lugar con salario mínimo más bajo de América Latina y el Caribe.
Peña Nieto promovió un mejoramiento de la educación con su eje “México con Educación de Calidad” y, para cumplir ese planteamiento, apuntaló la reforma educativa: Sin embargo, la educación no mejora y, por el contrario, está en retroceso.
De acuerdo con el Índice de Competitividad Global, que emite el Foro Económico Mundial, publicado a finales de septiembre pasado, México se mantuvo en el puesto número 57 respecto al periodo anterior. Sin embargo, de los cuatro indicadores medidos como requerimientos básicos, retrocedió dos puntos en Educación (ya con reforma educativa) y cuatro en Instituciones, que incluye aquellas relacionadas con seguridad y justicia.
Otro eje de gobierno fue “México Próspero”, que se basaba en la política económica. Si bien en ese caso hay factores externos, lo cierto es que su objetivo tiene también causas internas que ni siquiera con las reformas energética, hacendaria, financiera y de telecomunicaciones se pudo alcanzar; el compromiso de Peña Nieto era un crecimiento de 5% y hasta 6% anual.
Peña fue quien prometió “Mover a México” con las reformas estructurales en materia económica que promovieron infructuosamente sus antecesores, pero al conseguirlas, la economía mexicana decayó.
Los hechos son que el mejor indicador de crecimiento fue el de 2015, cuando se registró 2.5%. Para 2016 la perspectiva del Banco de México es que se alcance entre 1.7% y 2.3%. Por lo pronto, las calificadoras internacionales Standard & Poors y Fitch Ratings actualizaron en días pasados su pronóstico de crecimiento para el país a 1.9% para 2017.
Esos dos años han sido también de recortes presupuestales, y para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, numerosos programas, indispensables para el cumplimiento de los otros ejes de gobierno, padecerán recortes o de plano desaparecerán.
El quinto eje fue “México, Actor con Responsabilidad Global”, que implicaba un relanzamiento de la política exterior. Los resultados en esta materia han sido también de dudosa efectividad.
Peña Nieto es el presidente que más ha viajado al extranjero durante su período. Lleva 57 giras internacionales y una cantidad superior de países visitados.
Sin embargo, la proyección internacional ha sido desastrosa, como ocurrió con su gira por Alemania y Dinamarca a principios de este año, pues en ambos países, con el lenguaje de la diplomacia internacional, se le restregó la precariedad de los derechos humanos en el país.
Esa misma semana de la gira por Europa, la segunda de marzo, fue cuando se emitió el informe de la Cepal que el entonces secretario de Desarrollo Social refutó; un informe de derechos humanos en Estados Unidos, que refutó la cancillería, y el diferendo entre el gobierno de Peña Nieto y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el retiro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que llegó a México para coadyuvar en el Caso Ayotzinapa.
Corrupción e impunidad
Los escándalos de corrupción son frecuentes en la historia política de México, pero en este sexenio deterioraron la imagen presidencial con las revelaciones periodísticas que se iniciaron con el reportaje del equipo de Carmen Aristegui, La Casa Blanca de Peña Nieto, seguido por distintas publicaciones sobre las residencias de su círculo cercano, que implican al contratista Juan Armando Hinojosa Cantú.
La presión ciudadana por ese asunto, así como otros escándalos de contratismo de la élite mexiquense, motivaron una intensa presión de organizaciones ciudadanas, grupos de investigadores, e inclusive, las altas esferas del empresariado mexicano propiciaron una reforma constitucional y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
La oportunidad estaba dada para que Peña Nieto superara los episodios de corrupción que marcan su sexenio; todos los actores celebraron, pues el nuevo marco legal fue reconocido en el ámbito internacional como uno de los más vanguardistas. Pero pronto las acciones presidenciales motivaron la desconfianza y hasta una nueva estrategia de presión.
“Peña Nieto empujó la reforma, pero esa conducta contrasta con los hechos porque los actos de corrupción no fueron atendidos y, en cuanto a la implementación del SNA, lo que vemos es que las designaciones no se están dando con la calidad, transparencia y objetividad necesarias”, observa Justine Dupuy, investigadora de la organización civil Fundar.
Al designar secretaria de la Función Pública a Arely Gómez, quien era titular de la PGR, y nombrar en su lugar a Raúl Cervantes, ambos incondicionales del mandatario, surgió la desconfianza por la forma en que podría integrarse el SNA y a quién se podría impulsar en la nueva Fiscalía Anticorrupción.
Un ejemplo es la iniciativa de Ley de Archivos que empieza a discutirse y que, por lo pronto, ya generó el reclamo de la academia por considerarla regresiva.
Lourdes Morales, investigadora de la Red por la Rendición de Cuentas considera, además, que uno de los aspectos más relevantes de estos años tiene que ver con el estado de deterioro de la libertad de expresión, dada la cantidad de periodistas muertos, pero también por el cierre de espacios plurales, pues uno de los riesgos en cualquier democracia es que no se cuente con una prensa libre. En particular, se refiere a los asesinatos y agresiones contra periodistas; Artículo 19 remarca el asesinato de un periodistas en México cada 16 días y una agresión cada 22 horas, la mayoría perpetrada por algún servidor público.
En general, concluye:
“Hay una situación de hartazgo que va más allá del mal humor, por las experiencias personales cotidianas y una clase política indiferente, insensible a lo que estamos viviendo los mexicanos.”
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464555/cuarto-ano-presidente-derrotado
De enero a septiembre 10 periodistas han sido asesinados. De julio a septiembre de 2016 la organización Artículo 19 registró un total de 88 agresiones a periodistas; un promedio de 29.3 ataques al mes, o casi uno por día.
El 2016 ya es, a poco más de un mes para concluir, el año con más asesinatos de periodistas en lo que va de sexenio del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Así lo documenta la organización Artículo 19 en su más reciente informe trimestral ‘De lo digital a lo tangible’, en el que expone que de enero a septiembre de 2016 un total de 10 periodistas han sido asesinados. O en otras palabras: cada 30 días en México se comete el crimen de un periodista.
Esta cifra supera los siete homicidios de comunicadores de 2015; año que ostentaba el ‘récord’ de asesinatos durante el gobierno de Peña (en 2014, hubo 6 homicidios, y en 2013, 4). Y además, está muy cerca del ‘techo’ de homicidios que se registró en 2011, aún con Felipe Calderón en Los Pinos, cuando Artículo 19 documentó 11 casos.
De estos 10 homicidios, tres se registraron entre julio y septiembre: el de Pedro Tamayo, periodista de El Piñero de la Cuenca asesinado el 20 de julio en Veracruz; Agustín Pavia, locutor de la radio Tu Un Ñuu Savi, asesinado el 13 de septiembre en Oaxaca; y el más reciente, Aurelio Cabrera, periodista de El Gráfico de Huachinango, asesinado el 15 de septiembre en Puebla.
Artículo 19 subraya que en ninguno de estos tres casos, la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ha ejercido su facultad de atracción para investigar los homicidios en contra de periodistas. Lo cual, según denuncia la organización, “envía un mensaje de permisibilidad de la violencia extrema, así como de desprecio hacia la libertad de expresión”.
En este contexto, cabe recordar que el pasado 2 de noviembre Animal Político publicó que prácticamente el 100% de las agresiones contra periodistas en México quedan en la impunidad.
De acuerdo con el reporte estadístico de la FEADLE del pasado mes de agosto, en los últimos seis años (agosto 2010-agosto 2016) se abrieron en México 798 averiguaciones previas por delitos contra periodistas, de las cuales solo 2 dieron como resultado sendas sentencias condenatorias. Es decir, que el 99.75% de los casos no ha recibido sentencia.
Al menos una agresión al día
En cuanto al número de ataques a la prensa, de julio a septiembre Artículo 19 registró un total de 88; un promedio de 29.3 ataques al mes, o casi uno por día.
Este dato refleja una caída del 40% en comparación con el trimestre abril-junio, el más violento del año con 149; pero un alza del 27% comparado con el primer trimestre, cuando se contabilizaron 69 agresiones.
De las 88 agresiones en el último trimestre, 56 fueron dirigidas contra hombres, 21 hacia mujeres, y 11 hacia medios de comunicación.
En total, de enero a septiembre van 306 agresiones documentadas contra periodistas. Esta cifra es inferior a la de 2015 (397), 2014 (326) y 2013 (330), pero aún falta por contabilizar el último trimestre del año.
No obstante, los 306 ataques de este 2016 ya superaron los datos de 2012 (207), 2011 (172), 2010 (162) y 2009 (238), el primer año del que tiene registro Artículo 19.
La CDMX, con más agresiones; Veracruz y Oaxaca, las más letales
De los 306 ataques de 2016, las amenazas (58), los ataques físicos o destrucción de materiales de trabajo (54), las intimidaciones (50), y las privaciones ilegales de la libertad (44), son los ‘favoritos’ de los agresores de periodistas.
La Ciudad de México es la entidad con más agresiones, con 53 casos. Le siguen Oaxaca con 38 y Veracruz con 35. Sin embargo, cabe matizar que Oaxaca es la entidad con más asesinatos de periodistas hasta septiembre de 2016 con cuatro casos. Veracruz es la segunda con tres.
6 de cada 10 amenazas, a través de redes sociales
Por otra parte, el informe de Artículo 19 advierte que Internet y las redes sociales se han convertido en “un campo de batalla” en el cual la libertad de expresión es atacada. “El acoso en Internet, especialmente mediante amenazas en plataformas de redes sociales, se ha consolidado como una forma para intimidar, infundir miedo y censurar”, apunta la organización defensora de la libertad de expresión.
En este sentido, Artículo 19 resalta que del total de amenazas recibidas por periodistas entre julio y septiembre, 6 de cada 10 fueron realizadas a través de redes sociales como Twitter.
“Las amenazas en redes sociales se han incrementado: mientras que en los primeros seis meses de 2016 se documentó en promedio una amenaza mensual por esta vía, durante el tercer trimestre del año, se documentaron 4.6 amenazas por mes”, señala Artículo 19.
Los ‘operativos de bots’ –cuentas que se dedican a hostigar a un usuario en Twitter-, los ‘sicarios digitales’ –comunidades organizadas que venden sus servicios para acosar en redes a usuarios-, las campañas de difamación, y las ‘redadas’ –ataques agresivos, sistemáticos y con organización colectiva para extraer información sensible o privada de la víctima desde su cuenta personal-, son algunos de los ataques contra periodistas más frecuentes en Internet.
El informe de Artículo 19:
3er Informe Trimestral 2016 – A19 (1) by mureste4878 on Scribd
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/2016-asesinatos-periodistas-pena/
Los auditores integran expediente de denuncia contra el gobierno de Javier Duarte por complicidad en operaciones simuladas. Las nuevas dependencias investigadas son Comunicación Social y la Secretaría de Desarrollo Portuario.
El presunto desvío de recursos por la operación de una red de empresas fantasma que recibió recursos públicos del gobierno de Javier Duarte creció. El SAT investiga al área de Comunicación Social y a la Secretaria de Desarrollo Portuario por operaciones facturadas en 2014, realizadas con al menos dos compañías fantasma denunciadas en el reportaje que Animal Político dio a conocer en mayo pasado.
Hasta ahora el monto del fraude ya confirmado por los auditores locales a diversas dependencias, entre ellas Desarrollo Social, Protección Civil, Educación y el DIF – supera los mil 600 millones de pesos, pero se espera que esta cantidad continúe incrementándose tras las nuevas investigaciones.
Datos oficiales proporcionados por el SAT a este medio, así como documentos a los que se tuvo acceso, revelan que se ampliaron las indagatorias con el objetivo de presentar ante la PGR una nueva denuncia penal en contra de los funcionarios o exfuncionarios que resulten responsables por delitos fiscales.
La investigación inicial confirmó que al menos 20 compañías fantasma recibieron contratos de las secretarías de Desarrollo Social, Educación y Protección Civil además del DIF Estatal entre 2012 y 2013. Animal Político dio a conocer que estos pagos estaban amparados en contratos otorgados a las empresas vía adjudicación directa o con licitaciones cerradas donde se simuló la competencia.
Pero el SAT cuenta con datos fiscales de que al menos dos de estas compañías, Mercacarrey SA de Cv y Publicidad Akkira SA de CV, facturaron nuevas operaciones en 2014 a nombre del gobierno de Veracruz por conceptos relacionados con publicidad de actividades gubernamentales. En el caso estaría involucradas al menos dos dependencias más.
Al responder un cuestionario sobre el avance de las investigaciones de este caso, el SAT indicó a Animal Político que la indagatoria se había ampliado a todas las operaciones que habrían realizado las compañías denunciadas (además de lo dado a conocer públicamente) e incluso de otras compañías también.
“El SAT revisa en forma integral el esquema de operación de las empresas fantasma denunciadas y de aquellas en que los mecanismos de control del SAT detecta irregularidades y que estén relacionadas con el Estado de Veracruz”, dijo la dependencia.
El SAT confirmó que hasta el momento ya ha confirmado la inexistencia de 30 empresas proveedoras del gobierno de Veracruz.
El fraude repetido
Los documentos a los que tuvo acceso Animal Político advierten que al menos dos de las compañías fantasma que realizaron operaciones con las dependencias del estado en 2012 y 2013, repitieron el mismo mecanismo para desviar recursos en 2014.
La Administración General de Auditoría Fiscal Federal del SAT inició, en octubre pasado, una investigación en la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) de Veracruz y en la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) por la facturación de servicios con Publicidad Akkira SA de CV y Mercacarrey SA de CV, efectuados entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de ese año.
El 1 de noviembre pasado la dependencia federal ordenó a una docena de funcionarios adscritos a la Administración Central de Fiscalización Estratégica la práctica de una visita domiciliaria a la CGCS para verificar y comprobar las operaciones con Publicidad Akkira SA de CV.
Por eso el 10 de noviembre, en la sede de la dependencia en Xalapa, los visitadores del SAT requirieron a Comunicación Social de Veracruz todos los elementos que integran la contabilidad, así como la documentación e información relacionada con Akkira.
El mismo procedimiento realizó el 11 de noviembre pero contra la Sedecop y su operación fiscal con Mercacarrey SA de CV.
Durante todo el 2014 se desempeñó como coordinador general de Comunicación Social del gobierno de Veracruz Alberto Silva Ramos, actualmente diputado federal, quien en 2013 procuró los contratos con esas mismas empresas fantasma pero desde la Sedesol del estado, dependencia de la cual era titular.
Los documentos de la investigación del SAT revelan la existencia de al menos cuatro facturas de la Sedecop con Publicidad Akkira por la “difusión de actividades del gobierno del Estado de Veracruz”, pese a estar impedida para contratar servicios relacionados con publicidad por ser propia de la Coordinación General de Comunicación Social.
Funcionarios bajo la lupa
La ampliación de las investigaciones pone bajo la lupa a dos funcionarios del gobierno de Javier Duarte: Alberto Silva y Humberto Benítez Pérez.
En 2014 Silva ocupó por primera vez la Coordinación de Comunicación Social, cargo que dejó en 2015 para competir por una diputación federal la cual obtuvo. En 2016 pidió licencia en el congreso para ocupar de nuevo la titularidad de Comunicación Social, a la que renunció después de que Javier Duarte pidiera licencia y escapara de las autoridades.
Silva se llevó a Comunicación Social a Benítez Pérez para el cargo de Jefe Administrativo, que ocupa actualmente.
Hasta ahora las denuncias penales por delitos fiscales presentadas por el SAT en PGR corresponden a los representantes legales de las compañías fantasma, sin embargo, tras la confirmación de que realizaron operaciones simuladas, la dependencia confirmó a este medio que se denunciará a los servidores públicos que resulten responsables por la complicidad en estos hechos.
Se crearon por internet
El SAT reveló que las empresas fantasma involucradas en el desvío de recursos del gobierno de Javier Duarte fueron creadas vía internet, aprovechando facilidades que se dieron desde 2010 para constituir compañías sin la necesidad de iniciar el trámite personalmente; la dependencia negó que existan funcionarios de Hacienda involucrados en el caso.
El SAT informó que llevó a cabo un proceso de supervisión respecto a la forma en como obtuvieron su RFC y su certificado fiscal 30 compañías que recibieron millones de pesos de parte del gobierno de Veracruz, entre las que se encuentran 20 que este medio dio a conocer en mayo pasado.
De acuerdo con la dependencia federal, la constitución e inscripción de las compañías se realizó mediante un procedimiento que se inició vía web. En muchos de estos casos, la inscripción en internet la hizo un notario.
“Las empresas se apegaron a las facilidades administrativas y tecnológicas otorgadas mediante la Resolución Miscelánea Fiscal de los años 2010 a 2013 que tenían como objetivo fortalecer el crecimiento económico y el desarrollo del país con acciones simplificadas, en virtud de que los particulares cuentan con la opción de iniciar su trámite por internet”, indicó el SAT.
Lo anterior implicaba que los accionistas de estas empresas, en muchos casos personas de bajo recursos como reveló Animal Político, no tenían que acudir en persona ante Hacienda para proporcionar sus datos. El trámite lo hacía directamente un notario o quien figurara como representante legal de la compañía.
Según el SAT, a través de la Administración General de Evaluación se verificó el proceso de alta de las compañías realizado en las oficinas de esta dependencia en varios municipios, entre ellos: Veracruz, Boca del Río, Cosamaloapan, La Antigua y Alvarado. Las revisiones se hicieron a funcionarios de nivel operativo hasta directivo.
La conclusión es que aun cuando las empresas resultaron ser fantasma y fueron utilizadas para hechos ilegales, el trámite de apertura de la misma se hizo conforma a la normativa vigente en ese momento.
“En el acto per se referido de apertura de empresas ante el SAT no se cometió ninguna irregularidad, conforme a la normatividad aplicable (…) lo anterior no libera a los contribuyentes de presuntos objetivos ilegales”.
DOCUMENTOS Y RESPUESTA DEL SAT:
Investigación SAT sobre empresas fantasma by http://www.animalpolitico.com on Scribd
Preguntas SAT by http://www.animalpolitico.com on Scribd
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL, ISRAEL ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/empresas-fantasma-sat-veracruz/
CIUDAD DE MÉXICO: Luego de que América Móvil, del empresario Carlos Slim, anunció un acuerdo por el que se haría acreedor de 60 MHz de la banda de 2.5 GHz, actualmente concesionado al Grupo MVS, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) advirtió que si se aprueba esa adquisición indirecta de espectro radioeléctrico, el preponderante sería el único operador acreedor de frecuencias en la banda de 2.5 GHz.
También estaría imponiendo una barrera para el establecimiento de condiciones de oferta de banda ancha móvil similares para los operadores competidores, al postergar para el próximo año la adjudicación por la vía de licitación de 130 MHz de la banda referida, puntualizó en un comunicado.
En un comunicado, el IDET destacó que si se materializa la transferencia, sujeta a la aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el denominado operador preponderante pasaría a ser el único operador de telecomunicaciones con tenencia de espectro radioeléctrico en la banda referida.
Este acuerdo abre un nuevo capítulo de revisión de acciones del preponderante para el IFT, precisamente en el periodo de análisis del cumplimiento y evaluación de la eficacia de las medidas asimétricas de preponderancia, sostuvo.
Pero sobre todo, añadió, a más de un año de haber identificado una concentración ilícita entre una de sus empresas filiales (Telmex) y MVS-Dish, y una consecuente violación expresa a la regla de gratuidad en la retransmisión de señales radiodifundidas. Todas ellas puestas en suspenso hasta ahora y causantes de ningún efecto a la fecha para el agente económico en cuestión, subrayó.
Con el fin de coadyuvar en la labor de análisis del órgano regulador, el IDET señaló que si se aprueba la adquisición indirecta de espectro radioeléctrico, se daría paso a una mayor concentración por parte del operador preponderante.
“Con esta transacción, el operador preponderante pasaría a contar con más de la mitad (51%) de las frecuencias adjudicadas para la oferta de servicios de telecomunicaciones móviles. En otras palabras, además de superar los criterios de la determinación de agente económico preponderante al detentar más del 50% del sector telecomunicaciones, el IFT también le permitiría rebasar la barrera de 50% en la acumulación de la totalidad del espectro disponible para toda la industria”, puntualizó.
El organismo manifestó la necesidad de tener presente que una condición para lograr competencia efectiva en el mercado de servicios finales radica en una distribución equitativa en los recursos esenciales, como lo es el espectro.
Por ello, después de la Licitación 21 que se llevó a cabo en 2010, se logró que el posteriormente determinado operador preponderante pasara a poseer aproximadamente un tercio de la asignación total en el mercado, resaltó.
Y recordó que en la más reciente licitación de la banda AWS en la que el IFT no aplicó un tope espectral a ese operador, se le permitió con ello alcanzar 41% del espectro asignado para telecomunicaciones móviles, mientras que Movistar bajó de 25% a 20%; Iusacell y Nextel, que contaban con 22% cada uno, pasaron a 38% tras su consolidación como AT&T.
“Un claro efecto de reconcentración a niveles históricos, por parte de América Móvil”, añadió.
A partir de ello, si el preponderante se apropia de esos 60 MHz de la banda de 2.5 GHz, se daría paso a una mayor reconcentración espectral, en la que éste tomaría distancia en 20 puntos porcentuales del segundo principal poseedor de espectro radioeléctrico, insistió.
A todas luces, soltó, eso es “desproporcionado y contrario a la búsqueda de renivelación de condiciones del mercado en favor de la competencia efectiva, que constituyen el espíritu de la reforma de telecomunicaciones”.
El IDET pidió al IFT que considere esos señalamientos “al tenor de su labor y búsqueda de gestación de una verdadera competencia efectiva y especialmente a la luz de la implementación de mecanismos de regulación para el rebalanceo del mercado a favor de los competidores”.
Con ello cumplirá su mandato de promoción de la competencia, al evitar que esta adquisición de espectro radioeléctrico por parte del preponderante se convierta en un episodio más de reconcentración y acciones en contra de los referidos objetivos de la reforma constitucional y de los intereses del consumidor mexicano, concluyó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464599/advierten-reconcentracion-espectral-a-niveles-historicos-acuerdo-america-movil-mvs
CHILPANCINGO: Los cadáveres de los 10 hombres ejecutados ayer en distintos puntos de la región Centro permanecen tirados sobre el estacionamiento del Servicio Médico Forense de esta capital (Semefo), simplemente porque los cuerpos ya no caben en las cámaras frigoríficas.
La capacidad de almacenamiento ha sido rebasada en su totalidad ante la imparable ola de violencia que azota la entidad y que refleja el fracaso de la estrategia de seguridad federal que dirige el Ejército en la incapacidad de las autoridades estatales y municipales para combatir al narco.
En el Semefo de Chilpancingo, que depende de la Secretaría de Salud estatal, existen dos cámaras frigoríficas con capacidad para almacenar 100 cuerpos y ambas están sobre saturadas en un cien por ciento, informó una fuente oficial a Apro.
Por ello, los cadáveres encontrados ayer en Tixtla, Zumpango y Chilpancingo -que sumaron 10 en total, más los que se registraron en otros puntos de la entidad para llegar a una cifra oficial de 17 homicidios dolosos-, permanecen tirados en el estacionamiento del Semefo de esta capital ante la falta de espacio para garantizar un trato digno a las víctimas de la narcoguerra que tiene sumida a la entidad en una de las peores crisis de inseguridad y violencia similar a 2012, donde la cifra de homicidios dolosos rebasó los dos mil crímenes durante el año.
La imagen de los cuerpos destrozados por las balas que están tirados sobre el concreto se compara a la de una zona de guerra de Medio Oriente, pero es Guerrero y en esta capital los médicos legistas no se dan abasto con los trabajos forenses, refiere la fuente consultada.
Apenas llegaron a esta unidad, los 33 cuerpos y ocho cabezas cercenadas que fueron exhumadas en el cementerio clandestino de Zitlala y prácticamente colapsó la capacidad del Semefo de Chilpancingo por el sobrecupo de cadáveres.
A finales de septiembre, Apro dio a conocer que en medio de la opacidad, el gobierno de Héctor Astudillo Flores construye un proyecto denominado Panteón estatal forense al poniente de esta capital, donde autoridades ministeriales y de Salud anunciaron que van a depositar al menos 400 cadáveres que permanecen sin identificar en las unidades del Semefo de Iguala, Acapulco y Chilpancingo.
No obstante, hasta el momento se desconoce el avance físico de la obra, el monto invertido y la empresa beneficiada con el dramático caso de almacenar cuerpos sin identificar.
Apenas ayer, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos Zepeda, afirmó que la incidencia delictiva en cinco de los principales municipios de la entidad ha disminuido “de manera extraordinaria”, como en Acapulco, pero que la percepción social distinta se debe a un problema “comunicacional”.
Incluso, dijo que el Ejército ha hecho un buen trabajo y la estadística oficial refleja que los números sobre homicidios dolosos han bajado considerablemente en comparación con otros años.
No obstante, un informe de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), que dirige el también general Pedro Almazán Cervantes, difundido en el reportaje titulado Guerrero, dos años de fallida estrategia de seguridad, indica lo contrario.
El reporte oficial señala que en 2011 se registraron 2 mil 158 homicidios dolosos; en 2012, 2 mil 310; en 2013, 2 mil 87; en 2014, mil 514; en 2015, dos mil 16 y en lo que va de este año de gobierno de Héctor Astudillo la cifra supera ya los 2 mil asesinatos.
Es más, el análisis del general Pedro Almazán advierte que de seguir la tendencia violenta, este año podría superar los dos mil 239 homicidios dolosos, cifra que se compara a la etapa violenta de 2012.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464560/semefo-en-chilpancingo-al-tope-hay-cuerpos-hasta-en-el-estacionamiento
CIUDAD DE MÉXICO: Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), busca que se declare cosa juzgada el delito de defraudación fiscal.
En entrevista para Radio Fórmula, Marco Antonio del Toro, abogado de la maestra, dio a conocer que ya se ha interpuesto un amparo para ese fin.
“Como los argumentos contenidos en esa resolución hacen eco en las demás acusaciones, tanto en la de lavado de dinero, como en la otra de defraudación fiscal, ya se están aportando las copias certificadas”, señaló.
“Estamos esperando se resuelva que es cosa juzgada para que se dé un fenómeno que en derecho se llama ‘eficacia refleja de la cosa juzgada’. Esto quiere decir que si un punto de derecho ya quedó resuelto, debe tener eficacia en otros asuntos que guarden identidad en la materia y, en este caso, hay plena identidad tanto en el asunto de lavado de dinero como en el de defraudación fiscal”, agregó.
Del Toro recordó que también trabaja para que se resuelva el tema de la prisión domiciliaria.
El abogado también reprochó las faltas permanentes de Juan Díaz de la Torre, líder del SNTE, a los interrogatorios en el juzgado.
“De nueva cuenta, no acudió, como si fuera un juego en el que el Poder Judicial puede permitir que este tipo de condiciones se solapen”, lamentó.
Dijo que en dos semanas los jueces tendrán en resolver el requerimiento de sobreseimiento que interpuso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464593/quiere-elba-esther-gordillo-juez-declare-cosa-juzgada-delito-defraudacion-fiscal
