El viejo Comandante Creisi piensa que tú no sabes nada. Que nosotros no sabemos nada. Que cuando hablamos de cárteles, de plazas, de los líderes más conocidos y de sus acuerdos, puede que creamos que sabemos algo, pero en realidad no.
Que cuando mezclamos nuestro diccionario con el de los sicarios y decimos ‘levantón’, ‘la letra’, o ‘embolsado’ en realidad, lo podemos hacer porque ellos, los que están dentro del narcotráfico, permitieron que nos asomáramos a su mundo por una pequeña rendija.
Ellos no sólo controlan la droga, las armas, los bares, los tabledance, la tortillería de la esquina y parte de la policía y la política, sino que también controlan la información: “tú sólo sabes lo que nosotros queremos que conozcas”. El resto, lo que realmente ha pasado en México, especialmente durante la llamada ‘Guerra contra el narcotráfico’, sólo lo saben ellos y sus cómplices. Gente, por ejemplo, como el viejo Comandante Creisi.
Este exmilitar que aterrorizó Monterrey la década pasada como socio del Cártel del Golfo dice esto con seguridad: “las cifras oficiales están ‘tijereadas’, porque esas también las controlábamos nosotros”.
“¿Qué cuántos de mis delitos llegaron a cifras oficiales? Pues… yo creo que… el 1 por ciento; no, yo creo que ni el 0.1 por ciento”, contesta este hombre que vendía droga y pasaba armas, que tuvo seis procesos abiertos, que todos los libró y que ahora habla desde su nuevo hogar: la Casa de Rescate Cristo Vive, ubicada al norte de México en Saltillo, Coahuila, un refugio cristiano para antiguos adictos y miembros del crimen organizado.
Ahí hay chapos, zetas, golfos, michoacanos, exguachos [exmilitares] y eses [pandilleros] que ahora rezan juntos y trabajan con ahínco “salvando almas”.
El hombre es bajito, cuadrado, de piel oscura y tiene un perfil de delincuente como sacado de libro de texto: nació pobre, creció en un hogar de padre alcohólico y golpeador, apenas acabó la primaria y cuando tuvo edad suficiente se refugió en el Ejército. Dio alta en el 45 Batallón de Infantería y pasó su primer año entre golpes y humillaciones. Su suerte cambió cuando lo mandaron a destruir plantíos de marihuana al norte del país. Ganó ascensos, dinero y poder. Y con ello, impunidad.
Su poder llegó a ser tan grande en la ciudad de Monterrey, mejor conocida como la Sultana del Norte, que alrededor de él orbitaba la famosa “narcoabogada” Raquenel Villanueva, defensora de capos pesados, quien en 2009 fue asesinada hasta el quinto atentado que sufrió. De ella aprendió que “al cártel se le respeta y a la autoridad se le corrompe”.
“¿Que cómo se mantienen bajas las cifras oficiales? Cuando uno abre una plaza, te aseguras de que la gente a tu alrededor te cuide. La gente recibe la ayuda que les damos. En fiestas, navidades, años nuevos… Tú paga y nadie va a denunciar. Y si eso no funciona, pues el cártel actúa”, dice el viejo Comandante Creisi.
La misma fórmula es para las autoridades: si no quieren recibir dinero de la mano derecha, la izquierda siempre está lista para tirar plomo. No sólo controlan quién extorsiona, secuestra, mata o alinea policías, sino que también controlan los reportes de los ministerios públicos, “porque una plaza sin denuncias es un lugar que no se calienta y donde se puede ‘jalar’ sin problemas. Lo oficial no es la realidad”, sentencia.
“Al gobierno no le conviene decir la verdad. Muchos estados llevan tregua con el narcotráfico”; es decir, los estados ceden.
Dejan de reportar cifras. Pierden expedientes. Ordenan silencio a los reporteros y sus jefes. Capturan averiguaciones previas o carpetas de investigación sin folios y le dicen a la gente que están investigando aunque pasen años sin que aparezca una nueva pista sobre un homicidio, un desaparecido o un secuestro.
El viejo Comandante Creisi quisiera decir más, pero sabe que si quiere seguir un retiro en paz, después de su huir de su cártel, no puede entrar en muchos detalles. Sólo masculla que “las cifras oficiales” están “abajo, muy abajo” y regresa a su oración.
Él piensa que nosotros no sabemos nada. Y también que probablemente nadie nunca conozca el real tamaño de la tragedia, consecuencia de la llamada ‘Guerra contra el narco’.
El 11 de diciembre de 2006, en cadena nacional y a diez días de haber asumido la Presidencia de México, Felipe Calderón Hinojosa decretó una guerra frontal en contra de los cárteles de la droga.
Ese día, 5.000 efectivos del Ejército, la Marina y la Policía Federal fueron desplegados en el estado de Michoacán para combatir al crimen organizado. A ese operativo militar siguieron otros similares en Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila.
El conflicto pronto se extendió a otras regiones del país, a la vez que se convirtió en una guerra no sólo del Estado mexicano contra las organizaciones criminales, sino de éstas entre sí por el control del mercado de estupefacientes, lo que generó una crisis de violencia sin precedentes.
En un esfuerzo por contribuir al entendimiento de esta ‘guerra’, VICE News cierra este 2016 con un trabajo periodístico de diez reportajes a través de los cuales ofrecemos a nuestra audiencia una lectura de lo que ha significado esta década para México. Un equipo de reporteros viajó a diversos estados de la República en busca de historias, que combinadas con un trabajo de diseño y de datos sobre el comportamiento de los delitos de alto impacto, ofrecemos a partir de hoy.
En este camino, nos dimos cuenta que si bien tenemos indicadores oficiales que nos arrojan una idea del comportamiento delincuencial, es indispensable decir que México se enfrenta a un espejismo, a un gran hoyo negro de información y de conocimiento de lo que realmente ha sucedido: los ciudadanos sólo nos hemos enterado de una décima parte del terror criminal que ha azotado al país en los últimos años.
El viejo Comandante Creisi, es una voz que encontramos en Saltillo y que nos ayuda a entender cómo las células y grupos del narcotráfico operan para mantener las cifras oficiales en una nebulosa; a esto se agrega el miedo y la desconfianza de las miles de víctimas hacia las autoridades encargadas de abrir las investigaciones, de darles seguimiento y de impartir justicia, a quienes en su mayoría se asocia con la corrupción.
Lamentablemente desde el año 2010 a la fecha en más del 90 por ciento de los casos, los mexicanos optan por no hacer denuncias. Los especialistas han bautizado a esta estadística oculta de la criminalidad como la “cifra negra” del delito. Son ilícitos que existen en la realidad, pero no en los registros del gobierno.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que publica el INEGI, sólo durante el 2015 ocurrieron en México 29,3 millones de delitos, de esos sólo se denunciaron 3 millones, y únicamente 1,8 millones fueron investigados por la autoridad; es decir se abrió una averiguación previa. Cabe destacar que esta pequeña fracción de denuncias con averiguación es la que figura en los datos oficiales.
La cifra negra, de por sí muy alta, sigue creciendo año con año. En 2010, cuando el INEGI levantó la primera encuesta, 92 por ciento de los delitos cometidos no fueron del conocimiento de la autoridad. Para 2015, fecha del levantamiento más reciente, este porcentaje subió a 93,7 por ciento.
Antes de la ENVIPE, la Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI) medía el fenómeno delictivo en México. Aunque las diferentes metodologías no las hacen comparables, resulta indicativo que en 2005 –el año previo a la guerra– la ENSI arrojaba una cifra negra de 81 por ciento, misma que creció a 86 por ciento en 2008.
La brecha entre criminalidad real y oficial se amplía cuando se trata de delitos en los que el crimen organizado está involucrado. Por ejemplo, de 64.459 secuestros que el INEGI estima que ocurrieron durante 2015, sólo se denunciaron 1.054, esto es el 1,6 por ciento. Otro caso son las extorsiones: de 7,1 millones, 98 por ciento terminaron en la opacidad. De problemas como el tráfico de drogas, la trata de personas, el trasiego de armas o las desapariciones mejor ni hablar. Son fenómenos que la ENVIPE no captura, pero los expertos señalan que la cifra negra de estos delitos seguramente es aún peor.
Las regiones donde la cifra negra es más alta son también las que han sido azotadas de forma más severa por los grupos criminales. Es el caso de los estados de Guerrero (con 97,5 por ciento de sus delitos sin denunciar), Estado de México (95,4 por ciento), Veracruz (94,8 por ciento) y Tamaulipas (94,6 por ciento).
Son varios los motivos por los que un delito no termina en los registros oficiales.
Dos terceras partes de las víctimas que no denunciaron durante 2015 lo hicieron por causas atribuibles a las autoridades, ya sea porque las consideran ineficientes, o peor aún, porque les tienen miedo y desconfían de ellas. El otro tercio no denunció por temor al agresor, por falta de pruebas o porque consideraron que era un delito de poca importancia, de acuerdo con la ENVIPE.
Un informe citado por la ONG Mexicanos contra la Corrupción —Colmex e INE— especifica que 63 por ciento de la población no denuncia porque cree que no servirá de nada, 52 por ciento por desconfianza a la autoridad, 40 por ciento por malas experiencias y 34 por ciento por miedo al delincuente.
Las cifras del INEGI indican que las autoridades cada vez mandan más denuncias a la congeladora. Mientras que en el año 2010 el 27,2 por ciento de las denuncias no prosperó, para 2015 este porcentaje creció a 32,8 por ciento. En números absolutos, el número de denuncias que no prosperaron pasó de 774.000 a poco más de un millón.
“Todo esto es parte de lo que llamamos el círculo de la impunidad en México. Pocos delitos son denunciados. De esos pocos, una proporción todavía menor son investigados. De los que son investigados pocos presentan un expediente robusto y si se llega a tener un expediente bien armado, el presunto responsable todavía tiene la posibilidad de corromper al juez. En caso de toparse con un juez competente e incorruptible queda el último recurso de seguir delinquiendo desde la prisión. Entonces los incentivos están alineados —en un análisis costo/beneficio— para delinquir. Todo el edificio de la administración, investigación, procuración e impartición de justicia es disfuncional” asegura María Amparo Casar, Presidente Ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
La investigadora opina que efectivamente, de la lucha contra el narco “todavía sabemos pocas cosas. Por ejemplo el número de autoridades municipales que están coludidas con el narco o los diferentes giros delictivos en los que incurre cada organización criminal. Lo que sí sabemos —agrega— es que vamos perdiendo la ‘guerra’ contra los delitos de alto impacto y una buena proporción de ellos se vinculan con el crimen organizado. Sus índices no ceden después de tres sexenios”.
Para Casar lo que hace falta es una política de Estado que abarque al conjunto de instituciones, ramas y órdenes de gobierno, “las consecuencias de no hacerlo están a la vista: no se muestra mejora alguna en índices delictivos, en corrupción y en impunidad en los últimos años; y los costos sociales, políticos y económicos se agravan todos los días”.
“‘La Guerra contra el narco’ es un fracaso para América Latina porque nosotros estamos poniendo los muertos, los desaparecidos y los desplazados por violencia. Estamos poniendo un gran costo social, diría que el mayor, además de un gran presupuesto policiaco y militar; y al mismo tiempo, el gran consumo y el gran ‘business’ de las drogas ilegales se mantiene en Estados Unidos. Entonces está claro que mientras la guerra es un fracaso para nosotros; para las potencias —que a su vez son los grandes consumidores— es un ‘éxito’ debido a que ellas se llevan todas las ganancias, o la mayor parte, mientras que a los países productores y de tránsito nos toca asumir la mayor parte de los costos humanos”.
Quien hace esta reflexión en entrevista para VICE News es Froylán Enciso profesor investigador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), una de las instituciones académicas con mayor prestigio en el país.
Cuando Felipe Calderón llegó al poder existían, según la Procuraduría General de la República (PGR), cinco principales organizaciones dedicadas al tráfico de drogas: el Cártel de los hermanos Arellano Félix que imponía su ley en la ciudad fronteriza de Tijuana, el Cártel del Golfo que dominaba estados como Tamaulipas y Veracruz, el Cártel de Sinaloa que operaba en las costas del Pacífico mexicano, el Cártel de Juárez que controlaba Ciudad Juárez, una ciudad contigua al Paso, Texas, y la organización de los hermanos Amezcua dedicada al tráfico de metanfetamina también en la zona del Pacífico.
Pero poco después la PGR tuvo que agregar a su listado oficial a la Familia Michoacana que sólo tres meses antes de que Calderón ocupara la presidencia, se estrenaba mediante una sangrienta aparición. El 6 de septiembre de 2006 después de una fiesta en un centro nocturno en Uruapan, Michoacán, cinco cabezas humanas fueron arrojadas en el centro de la pista. “Esto es justicia divina”, decía un cartel colocado al lado de los cráneos decapitados. Una imagen dantesca que se repetiría con el paso de los meses en casi todos los estados del país.
Después de 21 meses de enfrentamientos entre miembros de la Familia Michoacana y las fuerzas de seguridad se registró uno de los hechos más violentos de la guerra. Durante la celebración de las fiestas patrias en el centro de Morelia —capital de Michoacán— el 15 de septiembre de 2008 explotaron varias granadas entre la multitud que festejaba al aire libre, lo que dejó un saldo de ocho personas muertas y más de 100 heridas.
El hecho indignó a la sociedad, debido a que un ataque de esa magnitud contra civiles no tenía precedentes en el país. La Familia culpó a sus rivales Los Zetas por el atentado, que ya también figuraban en el mapa del narcotráfico mexicano.
De diciembre de 2006 a diciembre de 2010, es decir durante los primeros cuatro años de la guerra de Calderón, el gobierno tenía un registro de 34.612 muertes en ese periodo, como resultado de la lucha contra y entre los cárteles de la droga. Entre las víctimas se contaban miembros de organizaciones criminales, fuerzas de seguridad y personas inocentes que tuvieron la mala fortuna de estar en el lugar y momento equivocado; el gobierno los llamaría “daños colaterales”.
Hasta ese momento, la base de datos oficial registraba muertes por agresiones, ejecuciones o enfrentamientos en casi la mitad de los municipios de México. Ningún estado estaba exento de formar parte de tan macabra estadística.
El resultado estaba claro: a 1.460 días del inicio de la guerra, la violencia, lejos de ceder, crecía y se extendía. Las cifras oficiales apuntaban a que la estrategia bélica del gobierno se encaminaba a convertirse en un rotundo fracaso.
Meses después, el gobierno calderonista interrumpió este conteo, o por lo menos dejó de divulgarlo públicamente, debido a algunas críticas hechas a la metodología con que se recababa la información. Hasta la fecha no se ha dado continuidad a esta estadística.
Con todo, existen cifras que nos permiten tener cierta idea de lo que ha sucedido a una década de iniciada la guerra . ¿Los mexicanos vivimos ahora más seguros que antes, como lo prometió el gobierno?; es decir, ¿estamos menos expuestos a delitos como el secuestro, la extorsión, la desaparición o la trata? ¿Terminamos o siquiera menguamos el poderío de los grupos criminales? ¿Hay menos impunidad en el sistema de justicia de nuestro país? Esas son algunas de las preguntas que nos planteamos en VICE News durante la planeación de este especial.
Por eso en cada reportaje exploramos un fenómeno diferente: comenzamos con este texto introductorio sobre la cifra negra de los delitos, y continuaremos abordando los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, trata de personas, desapariciones, lavado de dinero, tráfico de armas, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
Aunque los datos se expondrán a detalle en las próximas entregas, podemos adelantar algo: en casi todos los delitos registramos cifras más altas que cuando comenzó la guerra.
Tomamos como punto de referencia el año 2006. Este año presenta la fotografía más inmediata al inicio de la guerra contra el narco: así encontró Felipe Calderón el país cuando tomó posesión aquél primero de diciembre.
El diagnóstico actual es mucho más grave a partir de las cifras analizadas, cuyas fuentes son oficinas de gobierno como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Estos datos tienen sus limitaciones para medir el fenómeno delictivo. Basta mencionar aquí que muchos se basan en denuncias presentadas ante las procuradurías locales.
La ‘Guerra contra las drogas’ ha creado un cambio estructural en la sociedad mexicana “que duplicó quizá permanentemente los niveles de violencia en México” dice Froylán Enciso, experto en el tema y autor de Nuestra historia narcótica [Debate, 2015]. Es necesario empezar a diseccionar todo los datos para combatir las perversidades que ha dejado este periodo, dice.
Esta no ha sido una guerra contra las drogas, agrega Enciso originario de Mazatlán Sinaloa, “ha sido una guerra contra las personas que vimos cómo los despliegues militares y policiacos empezaron a crear espirales de violencia allá donde iban; y si bien es cierto que había un problema previo, cuando llegaba el Ejército ese problema se volvía exponencial y junto con ello aumentaban los homicidios y otros delitos de alto impacto, junto con una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos. Y del otro lado, sin embargo, no hay evidencia alguna de que el tráfico, la demanda y consumo de drogas haya disminuido”.
Es decir, tenemos un panorama muy claro: hay un aumento de índices de violencia y un fracaso de políticas públicas, versus un gran mercado de drogas con ganancias millonarias y lavado de dinero.
Por otra parte, en México asistimos ya a una molestia y cansancio muy evidente de las fuerzas armadas. Apenas el 20 de octubre pasado, el propio ministro de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos admitió en una declaración pública —muy poco usual— que sus tropas enfrentaban un desgaste: “hay un desgaste; es obvio, estamos trabajando en todo el país, a toda hora, en todo momento; en la sierra y en las ciudades”.
Esto puede ser interpretado de distintas maneras. Primero, explica Froylán Enciso, como un rompimiento político con el actual presidente Enrique Peña Nieto, quien llegó prometiendo que iba a haber un cambo de paradigma: de la militarización y el enfrentamiento policiaco hacia la prevención. Ya estamos en el cuarto año de gobierno y evidentemente los militares siguieron en tareas de seguridad pública. No ha habido una salida formal del Ejército de la llamada ‘Guerra contra el narco´ y esto es un “síntoma de la hipocresía y la incompetencia de Peña Nieto”.
La otra manera de analizar esa declaración de Cienfuegos “es que realmente hay un verdadero desaliento entre las tropas. Ellos no tienen que estar ahí y lo saben. No hay un marco legal que respalde su ejercicio en esta lucha. Están cansados de estar en los operativos y en la sierra sin recursos. De alguna manera los soldados también están sufriendo la guerra, no sólo como victimarios, sino como víctimas”.}
Hoy en día, tras una década de guerra, tampoco vemos una disminución de organizaciones criminales. La PGR tiene ubicados a nueve cárteles del narcotráfico: Sinaloa, Arellano Félix, La Familia Michoacana, Cártel de Juárez, hermanos Beltrán Leyva, Los Zetas, Cártel del Golfo, Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación. De estos nueve grandes cárteles se desprenden 36 células o pandillas que trabajan para ellos, y que hacen que la violencia sea mayor.
De lado de la soluciones y propuestas a futuro, Froylán Enciso tiene una postura muy clara: regular el mercado de drogas es un paso necesario, pero insuficiente para frenar la violencia. “Tenemos que empezar por legalizar la marihuana”.
De hecho es otra de las promesas no cumplidas de Peña Nieto: “él prometió que iba a estar del lado de la razón en la legalización de la marihuana y después no hizo nada, fue al parecer una estrategia publicitaria para tener a las mentes críticas de México de su lado y quedó mal con todo mundo”, opina Enciso.
Por otro lado, “tenemos que acompañar al movimiento de víctimas. Hay que tratar de bajarle al desgaste del tejido social, al resentimiento, y a los daños que en las familias ha provocado esto. Hay que salir a explicar a organismos como la ONU cuánto nos ha costado el régimen global de prohibición y la guerra, y así intentar pedir una reparación del daño que vaya a víctimas”.
Desde VICE News creemos que la información es fundamental para tomar decisiones correctas. Conocemos tan poco de esta guerra y se ha dedicado tan poco tiempo y recursos para analizar los datos, que las soluciones, igualmente, se han quedado cortas, muy cortas. Por ello decidimos realizar este trabajo periodístico que aporte al debate y al intercambio de ideas que ayuden a repensar las políticas públicas que atiendan el problema desde una perspectiva integral, de salud pública, cuidando los derechos de los consumidores y sobre todo, reconstruyendo el tejido social.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/VICE NEWS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/3011/mexico/10-anos-de-la-guerra-contra-el-narco-solo-se-conoce-una-decima-parte-del-terror-primera-entrega/
CIUDAD DE MÉXICO: Caminos y Puentes Federales (Capufe) incrementó las tarifas de los tramos de autopista que administra a partir de hoy, con el argumento de que no se han realizado incrementos desde hace cinco años.
A través de un comunicado, el organismo federal informó:
“El Fondo Nacional de Infraestructura instruyó a Caminos y Puentes Federales para que a partir del 30 de noviembre de 2016 actualizara sus tarifas en la red de caminos y puentes concesionados de cuota que opera, mismas que no habían sufrido modificaciones desde hace cinco años”.
Los incrementos de cada caseta fueron publicados en el sitio de internet de Capufe y según el organismo el aumento no fue parejo para todos los tramos, pero todas incrementaron entre 8 y 9%.
La tarifa en la caseta de Tlalpan de las autopistas México-Cuernavaca, por ejemplo, pasó de 70 a 74 pesos, aunque se mantiene el descuento del 25% instrumentado desde finales de 2013 en apoyo al estado de Guerrero, luego de los daños provocados por los huracanes Manuel e Ingrid.
La caseta de cobro de Tres Marías pasó de 35 a 36 pesos, mientras que en el tramo Cuernavaca-Acapulco, el costo del peaje en la caseta de cobro Francisco Velazco pasó de 45 a 48 pesos; Paso Morelos de 95 a 101 pesos; Palo Blanco de 85 a 93 pesos y La Venta de 75 a 82 pesos.
Es decir que, a partir de hoy el costo del tramo directo Cuernavaca-Acapulco pasó de 300 a 324 pesos, un aumento del 8%.
En el caso de la autopista México-Querétaro, la tarifa en la plaza de cobro Tepotzotlán pasó de 70 a 74 pesos, lo mismo que la de Palmillas. El tramo completo subió de 140 a 148 pesos.
El tramo directo México-Puebla aumentó de 130 a 141 pesos, es decir, 11 pesos de diferencia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464690/capufe-aumenta-8-9-la-tarifa-en-casetas-cobro-autopistas
CIUDAD DE MÉXICO: La Caravana de Madres Centroamericanas formalizaron una denuncia ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Reynosa, Tamaulipas, por la desaparición de tres migrantes en ese estado entre 2010 y 2014.
Los denunciantes fueron: Walter Omar Jarquín, padre de David Alexander Jarquín Pineda, de El Salvador; Irma Yolanda Pérez, madre de Herber Estuardo, de Guatemala, e Isidora de Jesús Zuñiga, madre hondureña de Josué Idelfonso Molina Zúñiga.
Jarquín Pineda desapareció el 1 de julio de 2014 en Reynosa, luego de que su padre pagó unos ocho mil dólares para que cruzara hacia Houston, donde lo esperaba un familiar.
Herber Estuardo desapareció luego de que la combi en la que viajaba en 2010 fue detenida en la entrada a Tamaulipas, estado al que llegó por Veracruz.
Y Molina Zúñiga pretendía llegar a Estados Unidos por Nuevo Laredo. Estaba hospedado en un hotel a la espera de una transferencia de dinero que le hizo su padre, quien vive en Nueva York. La última comunicación que se tuvo con él fue el 15 de diciembre de 2013.
Rubén Figueroa, uno de los organizadores de ese movimiento, comentó que los funcionarios de la PGR fueron “receptivos” y tomaron muestras de ADN de los denunciantes para proceder con la búsqueda.
La caravana regresó a Tamaulipas luego de cuatro años. Dejaron de visitar el estado por razones de seguridad.
Esta es la doceava Caravana de Madres Centroamericanas y ahora está en la etapa final de su recorrido por territorio mexicano. Inició en Arriaga, Chiapas, atravesó 13 entidades federativas, entre ellas Tamaulipas y Sonora, que no estaban consideradas en el itinerario original.
Figueroa precisó que en esta ocasión lograron que dos familiares se reencontraran y esperan logra uno más en Huixtla, Chiapas.
También comentó que durante el recorrido contaron con el acompañamiento de personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y sostuvieron encuentros con senadores, funcionarios del gobierno de Tabasco y uno “muy emotivo” con familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
La caravana concluye este domingo 3 de diciembre.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464700/caravana-madres-denuncia-ante-la-pgr-desaparicion-migrantes-en-tamaulipas
CIUDAD DE MÉXICO: El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, informó que el gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, dejará el cargo en octubre del próximo año, para integrarse al Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en ingles).
La propuesta hecha por el BIS a Carstens “no debe ser motivo de preocupación, sino de gusto”, pues es un reconocimiento a su trayectoria a nivel nacional e internacional, destacó el funcionario federal durante un evento organizado por la agencia Bloomberg.
Y dado que Carstens asumirá su nuevo cargo a partir de octubre de 2017, Meade consideró que habrá una “transición ordenada” en Banxico.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464767/carstens-deja-banxico-integrarse-al-banco-pagos-internacionales
La Caravana de Madres de Migrantes Centroamericanos Desaparecidos en México visitó la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, como parte del recorrido que hicieron por el país en busca de sus familiares.
Al ser la IBERO el enlace en la capital del país, la visita se hizo a través del doctor Javier Urbano Reyes, coordinador de la Maestría en Estudios sobre Migración, y de sus estudiantes que desde hace ocho años apoyan de manera voluntaria a la caravana.
Mujeres de Honduras, El Salvador, Guatemala y otros países de Centroamérica agradecieron a los 120 alumnos y alumnas de la IBERO que han apoyado su causa el solidarizarse y sentir el dolor que ellas sufren. “En cada uno de ustedes nosotros vemos también a nuestros hijos. Recibimos de parte de ustedes el calor, el amor, el abrazo, la palabra que no hemos tenido de nuestros hijos durante este tiempo”, expresó la señora María Elena, madre salvadoreña que busca a su hijo desaparecido desde el 2006.
La señora Toribia Meza, de Honduras, compartió su gratitud por las cartas que a su llegada a México recibieron de parte de las y los estudiantes universitarios; misivas que consideró un gesto muy lindo. “Yo busco a mi hermano que hace 28 años desapareció, y esa carta me alegra mucho haberla recibido, porque en ese tiempo que mi hermano se fue nos hubiera podido mandar una carta; y ustedes nos lo han expresado como que ese hermano mío me la ha dado”.
Ellas fueron sólo dos del medio centenar de mujeres -y algunos hombres-, integrantes de la XII Caravana de Madres Centroamericanas Buscando Vida en Caminos de Muerte, que compartieron en la IBERO su testimonio y de la desaparición de sus seres queridos, ante la presencia del alumnado, académicos y representantes de la prensa nacional e internacional que acompañaron al grupo en busca de sus familiares, en su recorrido por Tamaulipas, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Irapuato, Guanajuato, Querétaro y la Ciudad de México.
Antes de su llegada a la Iberoamericana, cuando llevaban once días de recorrido, se tuvieron cuatro reencuentros: uno en Tapachula, Chiapas; dos en Amatlán de los Reyes, Veracruz, al compartir con Las Patronas, también hubo el encuentro de dos hermanas que llevaban 37 años sin saber la una de la otra y, uno más fue en el reclusorio en Zacatecas, donde una madre ubicó después de cuatro años a su hija. “Esto es una fortuna para nosotros, es mucha emoción, y esto nos da mucha fuerza para continuar”, destacó Ana Enamorado, integrante del contingente.
Como parte de su agenda en la Ciudad de México, la Caravana de Madres de Migrantes Centroamericanos Desaparecidos 2016 presentó 23 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra Migrantes, visitó la Basílica de Guadalupe para encomendarse a la Virgen, asistió al Museo Casa de la Memoria Indómita, participó en el proyecto Huellas de la Memoria en el Centro Nacional de las Artes y tomó parte en una marcha en contra de los feminicidios.
Durante la visita a la Universidad Iberoamericana también se presentó el libro Pisa y corre, el cual es una recuperación de la historia de la caravana centroamericana. “Explica las experiencias que se vivieron y los testimonios que fuimos encontrando”, dijo su autor Iván Gómez, académico de la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador.
El doctor Javier Urbano Reyes, docente del Departamento de Estudios Internacionales de la IBERO, dijo que de acuerdo con el Movimiento Migrante Mesoamericano los desaparecidos son entre 60 mil y 70 mil.
Y enfático señaló: “Si el Movimiento Migrante Mesoamericano ha reunido nuevamente a más de 260 familias en los doce años que tiene de organizarse la caravana, quiere decir entonces que el Estado podría hacer mucho más de lo que está haciendo; y no está haciendo nada. Tenemos que denunciarlo constantemente. Por qué la sociedad civil sí está pudiendo reunirlos, encontrar a los desaparecidos. Entonces porqué el Estado no está pudiendo o no está queriendo hacerlo”.
Asimismo, el investigador destacó varios pendientes en torno a los migrantes. Se debe denunciar la constante ola de xenofobia en México, misma que debe parar de una vez por todas; el gobierno debe atender todas las denuncias de extorsiones, desapariciones, agresiones, mutilaciones y secuestros que sufren los migrantes en el sur y sureste de México; y la sociedad mexicana, en muchos casos indolente, debe solidarizarse y ser empática con las personas migrantes y sus familiares que les buscan.
También hay que luchar por el derecho a no migrar, es decir, promover condiciones de desarrollo en los países de Centroamérica; armonizar la normatividad en la región para que los delitos derivados de la violencia contra migrantes, como el de trata, se castiguen de manera regional y no diferenciada en cada país; retomar la idea de que diversidad y diferencia son una riqueza social; y tener una política pública que integre eficientemente a los migrantes que decidieron quedarse en México, porque no pudieron seguir hacia Estados Unidos, formaron familia en nuestro país o cualquier otra razón.
A las y los integrantes de la caravana que visitaron la IBERO, Urbano Reyes les agradeció su presencia y les reiteró la solidaridad de él, sus alumnos y de la Universidad. “Queremos ver a sus hijos, igual que ustedes, porque también son nuestros hijos. Y por tanto, lo que les duele a ustedes nos duele a nosotros”.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS/UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA.
LINK: https://desinformemonos.org/la-caravana-madres-migrantes-desaparecidos-se-encontro-alumnos-la-ibero/
Para atender a los indígenas de México portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), las políticas públicas del sector salud muestran deficiencias con la población y además la discriminas por su origen étnico y condición socioeconómica, denunció Rubén Muñoz Martínez, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
El próximo 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, por lo que el CIESAS emitió un comunicado en el que asegura que hasta el tercer trimestre del año en curso se tenían registrados casi 186 mil personas con VIH-SIDA en México.
A pesar de esto, gracias a la omisión de considerar a la población indígena, no existen estimaciones del porcentaje que vive con el virus, señaló Muñoz Martínez.
“Prevalece una política universalista que no toma en cuenta la exploración epidemiológica que ya se ha realizado en otros contextos de América, desagregada por etnicidad de una posible prevalencia diferenciada, fruto de las desigualdades sociales y en prevención, atención y seguimiento oportuno en las comunidades originarias con respecto a la población no indígena”, expresó.
Enfatizó en que la discriminación contra los indígenas infectados es directa, ya que los menosprecian y culpan de los problemas del apego al tratamiento antirretroviral.
Agregó que la situación empeora debido a que los médicos no hablan las lenguas indígenas, por lo que se ven obligados a pedir ayuda de intérpretes no profesionales, algunos miembros de la familia del usuario u otros actores de su entorno que pueden comprometer su anonimato y una adecuada atención y seguimiento.
“Se rompe el derecho a la confidencialidad de los pacientes, quienes tampoco pueden hablar con libertad de sus casos”, indicó.
El doctor en Antropología mencionó el caso de los indígenas de Chiapas que viven siendo portadores del virus, pues las clínicas especializadas están lejos de sus comunidades y el medicamento antirretroviral y para infecciones oportunistas a veces no llega o se centraliza en las ciudades y no se distribuye.
De acuerdo con las cifras del especialista, Chiapas ocupa el cuarto lugar en la incidencia por 100 mil habitantes en cuanto a nuevos casos detectados de SIDA en el país en 2015. Al mismo tiempo, está en el cuarto lugar en defunciones con cifras del 2012.
Por esto, Muñoz Martínez urgió a desarrollar una política pública de salud “más integradora, con traductores lingüísticos y culturales profesionales, personal de salud comprometido con la atención respetuosa con los derechos humanos y sensible a la diversidad cultural y con datos epidemiológicos desagregados por etnicidad”.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/indigenas-vih-discriminados-sector-salud/
CIUDAD DE MÉXICO: El Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa inhabilitó por cinco años a Deloitte, la empresa encargada de auditar las cuentas de OHL.
Así lo informó la Secretaría de Gobernación (Segob) informó este miércoles a través del Diario Oficial de la Federación.
En la circular pide a las dependencias del gobierno, a la Procuraduría y a otras entidades, que se abstengan de “aceptar propuestas o celebrar contratos con las personas morales Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited) y Datavisión Digital”.
La Segob federal no especifica las razones de la inhabilitación, sólo a partir de cuándo surtirá efecto:
“Se hace de su conocimiento que a partir del día siguiente en que se publique la presente Circular en el Diario Oficial de la Federación, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dichas empresas de manera directa o por interpósita persona, por encontrarse inhabilitadas por el plazo de cinco años
“En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con las mencionadas infractoras, no quedarán comprendidos en la aplicación de la presente Circular”, precisó.
Añadió que las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en la circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que contraten, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo federal.
“La presente Circular tiene como efecto que, si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación, las empresas sancionadas no han pagado la multa que también les fue impuesta, la mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente”, señala la circular.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464711/tribunal-fiscal-inhabilita-5-anos-a-empresa-audita-las-cuentas-ohl
CIUDAD DE MÉXICO: El subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, explicó que el nuevo sistema de justicia penal permite realizar “acuerdos reparatorios” sin necesidad de llegar a un juicio, por lo que el empresario que fue vinculado al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, puede reintegrar 421 millones de pesos sin necesidad de ser sometido a proceso.
A su vez, hizo entrega a Clementina Guerrero García, secretaria de Finanzas y de Planeación del estado de Veracruz, de un primer cheque por 250 millones de pesos.
En conferencia de prensa, el funcionario de la PGR indicó que, con la finalidad de reparar de manera rápida y sin necesidad de juicio los daños económicos causados por el delito patrimonial cometido sin violencia hacia las personas, como lo señala el artículo 187 del Código Federal de Procedimientos Penales, se posibilita que las personas jurídicas puedan celebrar este tipo de acuerdos.
Luego indicó que la Procuraduría General de la República (PGR) en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), derivado de una investigación, determinaron que recursos provenientes del gobierno del estado de Veracruz fueron trasladados a una serie de empresas fachada, a través de un esquema de simulación de acto.
De allí, 233 millones de pesos partieron al empresario para constituir a una persona moral, y esta persona moral a su vez inyectó 165 millones para la compra de 50% de sus acciones, indicó.
También explicó que el empresario, al momento que detectó a estas personas que inyectaron los recursos para la compra de 50% de las acciones, rechazó la operación y se acercó con la autoridad de manera voluntaria y, con información que también aportó el gobierno electo del estado de Veracruz, se pudo establecer la vinculación y fincar un acuerdo reparatorio.
Este acuerdo consiste en una reparación del daño al gobierno del estado de Veracruz por 421 millones de pesos. En este momento ya se tiene un primer pago por 250 millones, y el resto, 171 millones 600 mil pesos, se pagará básicamente mediante 12 mensualidades a partir de enero y durante todo el año de 2017, a través de pagos mensuales de 14 millones 300 mil pesos con el respectivo interés legal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464651/hubo-acuerdos-reparatorios-para-reintegrar-recursos-desviados-por-javier-duarte-pgr
OAXACA, Oax: En vísperas de la unción de Alejandro Murat Hinojosa, la entidad resintió el impacto de la movilización de maestros y grupos de choque del PRI.
A los 37 bloqueos carreteros que realizó el magisterio en las ocho regiones del estado y que colapsaron la entidad se sumó el que realizaron grupos embozados de la CTM en la capital del estado, en claro desacato a su dirigencia que pactó con el equipo de transición del gobernador electo, Alejandro Murat, suspender las movilizaciones de grupos de priistas.
Al paro de labores de los 80 mil maestros, 25 mil universitarios y 7 mil burócratas, que generó una parálisis gubernamental y educativa, se sumaron dos ejecuciones en la región de la cuenca, aparte de que comandos perpetraron asaltos a autobuses de pasajeros y a terminal de transportes a plena luz del día.
Esto, mientras que cientos de policías resguardan el recinto legislativo donde se tiene previsto que este jueves 1 de diciembre se realice, a las 11:00 horas, la toma de posesión de Alejandro Murat en medio de protestas de la sección 22.
Así, la sección 22 cumplió su amenaza de realizar un paro de 48 horas para boicotear la toma de protesta del hijo del exgobernador José Murat Casab.
Desde las 7:00 horas de este miércoles 30, los maestros se apostaron en el Congreso local, en los complejos de oficinas gubernamentales de Ciudad Administrativa y Judicial.
Además de impedir labores en las 72 dependencias de gobierno, entre las que se encuentran el Ejecutivo y Judicial estatal, la gubernatura, Contraloría, Secretaría de Administración, Desarrollo Humanos y de Migrantes, fueron tomadas la Casa de Gobierno y el palacio donde despachaba Gabino Cué, quien lleva una semana sin dar la cara a la ciudadanía.
Pese que una comisión política de la sección 22 ya tuvo un primer acercamiento con el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y el equipo de transición de Murat, el magisterio exige l instalación de una mesa formal de manera inmediata con la presencia del gobernador y respuestas satisfactorias a sus demandas.
Por lo pronto, los mentores acordaron mantener sus acciones como lo mandató su congreso político, que consisten en “salir a las calles para fijar el posicionamiento político de este movimiento democrático de trabajadores de la educación de Oaxaca”.
La CNTE también advirtió que “el pueblo y los maestros sabrán responder con dignidad a los embates de gobiernos autoritarios”.
De igual forma, responsabilizó “al gobierno del estado de cualquier hecho de agresión o provocación que pudiera presentarse en nuestros puntos de acción”, al tiempo que hizo un llamado a no caer en la provocación orquestada por grupos de choque que han llegado a diversos lugares con el afán de generar agresiones.
“Los maestros saldremos a las calles con la contundencia que nos caracteriza en defensa de la educación pública, los derechos laborales, el normalismo y a exigir cabal cumplimiento a nuestras demandas de carácter político, educativo, jurídico y social”, puntualizaron los inconformes.
Y advirtieron que “en Oaxaca el magisterio no claudicará en su lucha en contra de la mal llamada reforma educativa, por la defensa de nuestro Plan para la Transformación de la Educación (PTEO) y hasta conseguir la libertad absoluta y sin condiciones de nuestros presos políticos”.
Por lo pronto, en el Istmo de Tehuantepec los docentes colocaron piedras y palos sobre las vías de comunicación, a la altura del Canal 33 en Juchitán, al igual que en el puente “El Caracol” en Santo Domingo Tehuantepec, así como en el puerto de Salina Cruz, donde también bloquearon el paso a la costa, particularmente Huatulco.
Mientras que en Matías Romero los profesores no permitieron el paso al estado de Veracruz, al tiempo que maestros del sector Reforma de Pineda montaron su bloqueo en el puente Zanatepec, con lo que se impidió el acceso al estado de Chiapas.
De igual forma se instalaron bloqueos carreteros en la carretera federal 200, en inmediaciones del hotel El Mirador de Jamiltepec, otro en el entronque a Pinotepa Nacional, que incomunica a Oaxaca con el estado de Guerrero, así como en el crucero al aeropuerto a Puerto Escondido y el crucero de Pochutla.
Mientras que en la región del Papaloapan bloquearon el puente “El Caracol” que comunica a Oaxaca con el estado de Veracruz.
En la región Mixteca fue cerrada la carretera Oaxaca-México en inmediaciones de Nochixtlán, así como en la carretera 190 frente a la Normal Rural Varguardia de Tamazulapan del Progreso.
También en Tlaxiaco los maestros bloquearon la vía al igual que en el crucero a Tecomaxtlahuaca y la carretera Alfonso Pérez Gazga, en Putla de Guerrero, en el puente Cuchara y otro en el puente Yute, donde retuvieron vehículos de empresas transnacionales.
Pese a que la dirigencia de la CTM pactó con el equipo de Murat suspender 10 bloqueos en la capital, con el fin de impedir el arribo de la CNTE a la sede de la transmisión de poder, por la tarde un grupo de encapuchados colapsó el parque del Amor, vía que va al Congreso del Estado.
Por espacio de dos horas y media los embozados atravesaron taxis, mototaxis, tráileres, camionetas de transporte y autobuses, todos afiliados a la CTM, mientras que otro grupo se comportaba violentamente contra los transeúntes y pasajeros, al tiempo que lanzaba cohetones.
Mientras esto pasaba en la capital, en la cuenca del Papaloapan fueron ejecutadas dos personas, una en San Juan Bautista Tuxtepec y otra en San Miguel Soyaltepec.
Y en la capital fueron asaltados dos autobuses de pasajeros y una camioneta que supuestamente transportaba la nómina del municipio de Xoxocotlán.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464718/crispan-a-oaxaca-asaltos-ejecuciones-movilizaciones-maestros-grupos-choque-del-pri
“La guerra contra las drogas ha sido un fracaso, no sólo en Estados Unidos”, pues en México los indicios y datos hablan “de la catástrofe que ha significado” y que no ha dado resultados en materia de seguridad ni de salud con respecto a lo que ocurría hace 10 años, “cuando nos lanzamos sin un diagnóstico claro y sin objetivos explícitos a esta lucha que no tiene sentido”, coincidieron especialistas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Andrew Freedman, director de la Coordinación de Marihuana del estado de Colorado, explicó que deben establecerse metas claras para implementar el modelo que mejor convenga en cada caso, durante su participación en la conferencia magistral “Hacia una mejor política de drogas: lecciones de una experiencia práctica”.
Luis Astorga Almanza, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, cuestionó cómo lograr la aplicación de un modelo como el de Estados Unidos en materia de legalización de las drogas, si México cuenta con instituciones “sumamente débiles, en donde las organizaciones criminales son muy fuertes y poseen una diversificación de drogas con las cuales negocian, y en donde el mercado de la marihuana no es el principal, sino el de la cocaína”.
Agregó que pensar en la legalización de la marihuana como un golpe a las organizaciones criminales, no es realista, pero sí lo es pensar en la cantidad de gente que potencialmente no iría a la cárcel por consumo o posesión simple de cierta cantidad.
Por su parte, María Elena Álvarez-Buylla, del Instituto de Ecología de la UNAM, recordó que la empresa Monsanto creó, en 2015, la primera variedad de marihuana genéticamente modificada para hacerla más potente o resistente a algunos herbicidas. Ante eso se ha planteado que los transgenes se moverán a través de semillas y polen y llegarán a acumularse sin control en las plantas que no son genéticamente modificadas.
Alejandro Madrazo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), opinó que en México el modelo más razonable de legalización de la marihuana es quizá el monopsonio estatal, es decir, que el Estado compre toda la cosecha y distribuya a todos los puntos de venta. “Eso permite concentrar y controlar la información completa del mercado y realizar funciones de regulación”, señaló.
“Nuestra capacidad de perseguir, prevenir y castigar delitos, nunca va a ser suficiente mientras desperdiciemos recursos en meter a la cárcel a poseedores de marihuana. Y sobre todo es importante tomar una decisión lo más pronto posible”, agregó.
En Estados Unidos, el modelo para la marihuana se basa en la entrega del producto en un paquete que no puede abrir un niño. Cada planta tiene una etiqueta electrónica que emite una pulsación de radio. De ese modo “sabemos en dónde está cada onza”, explicó Freedman.
Indicó que el consumo desde entonces se ha mantenido igual, y que han disminuido las muertes en las carreteras, por ejemplo. Por otro lado, indicó que hay tendencias “preocupantes”, pues hubo un aumento de las hospitalizaciones por su uso y se han registrado casos de consumo en niños menores de 9 años, alrededor de 15 a 25 hospitalizaciones al año, que la han ingerido porque piensan que es un dulce.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/la-guerra-las-drogas-ha-fracaso-especialistas/
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) hizo hoy un enérgico llamado al Estado mexicano para que cumpla con su deber de garantizar el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, tal como lo establecen las normas nacionales e internacionales, “más aún a sabiendas de que los principales agresores de las defensoras de derechos humanos y las periodistas son los propios servidores públicos”.
En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), Juliana Quintanilla y José Martínez Cruz, de la CIDHM, presentaron en una acción frente al palacio de gobierno morelense, la campaña “Defensoras de derechos humanos creemos y creamos”, que consiste en la divulgación, del 25 noviembre al 10 diciembre, de una serie de materiales impresos y electrónicos para visibilizar el aporte de las defensoras a la sociedad y sus comunidades, así como el contexto adverso que enfrentan para el ejercicio de su labor.
Informaron que ante la ausencia de estadística oficial, la RNDDHM -integrada por 222 defensoras y periodistas de 23 estados del país- registró y sistematizó información de que entre 2010 y 2016, han sido asesinadas 41 defensoras de derechos humanos, 11 de las cuales eran periodistas.
Los ataques más frecuentes contra las defensoras son: intimidación y hostigamiento psicológicos; calumnias, señalamientos y campañas de desprestigio; amenazas, advertencias y ultimátum; restricciones a la libertad de expresión; detención arbitraria y privación ilegal de la libertad.
Las defensoras más agredidas son quienes defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los derechos de información y libertad de expresión y la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales. La Red destacó que a partir de 2012 “se observa con mayor frecuencia el uso faccioso del sistema de procuración y administración de justicia para inhibir y mermar la labor de las defensoras”.
Quintanilla y Martínez informaron que se llevaron a cabo acciones similares en otros 15 puntos del país: Yucatán; Coatzacoalcos, Veracruz; Jalisco; Chihuahua; Baja California; Chiapas; Atoyac, Guerrero; y Puebla. Entre los contenidos de la campaña se encuentran postales de reconocimiento al quehacer de las defensoras y carteles para exigir justicia por las compañeras asesinadas.
Subrayaron que es en la zona sur del estado – Amacuzac, Puente de Ixtla, Jojutla, Zacatepec- donde son más frecuentes el hostigamiento y amenazas, incluso de muerte, en contra de periodistas e incluso ha habido presidentes municipales que agreden a los informadores al ser cuestionados, como es el caso de Angelina Albarrán, corresponsal de El Sol de Cuernavaca en Jojutla, quien es una de las más agregidas. Indicaron que los ayudantes de un ex presidente municipal de Amacuzac, que después fue diputado local, golpearon a varios periodistas de medios locales durante una protesta que hubo en el Congreso estatal, en Cuernavaca.
Agregaron que en Morelos el Mecanismo para Protección a Periodistas ha documentado 27 casos de agresiones a informadoras, incluidos robo, golpes, hostigamiento y amenazas. Detallaron que si bien hay una Ley Nacional de Protección a Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos, en Morelos la ley no incluye a éstas últimas, pero la CIDHM ha presentado un protocolo que las incluye y se está discutiendo además en el Congreso Local la elaboración de una ley estatal para ello.
Subrayaron que los aportes de las defensoras y periodistas son muchos y diversos y suelen pasar desapercibidos, particularmente si se está en crisis de derechos humanos como en el México actual.
“Las defensoras salvan vidas; logran aprobación de leyes y políticas públicas para que las mujeres y niñas accedan a una vida libre de violencia y empujan su aplicación. Las defensoras y periodistas contribuyen a que el territorio sigue en manos de la comunidad, de los pueblos originarios, frente a los intereses privados que lo acechan. Por ello esta campaña es en homenaje a las defensoras de derechos humanos de todo el país, a las periodistas que trabajan en pro de los derechos humanos”, indicaron.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ROSA ROJAS.
LINK: https://desinformemonos.org/principales-agresores-defensoras-periodistas-servidores-publicos-cidhm/
CIUDAD DE MÉXICO: Con nulo debate y 62 votos a favor y sólo 13 en contra, el pleno del Senado aprobó las reformas que permitirán a la Secretaría de Marina tomar el control de las 110 capitanías de puerto, reorganizar las funciones entre esta dependencia y la SCT para “reforzar la seguridad en los puertos y costas del país”.
“La militarización de los puertos es una conjura contra la democracia mexicana”, sentenció el senador Manuel Bartlett, coordinador del PT, quien subió a tribuna a argumentar su voto en contra de esta reforma enviada por el Ejecutivo federal desde marzo pasado.
“Esta militarización está controlada por el extranjero. Se lo dijimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al secretario de Marina y al secretario de la Defensa Nacional, que ya están al servicio de los intereses norteamericanos”, subrayó Bartlett, quien insistió en que es una instrucción de Estados Unidos porque así garantizan sus inversiones y el manejo de sus negocios en México.
“Están jugando con fuego y ustedes los están apoyando”, sentenció Bartlett. También la senadora Layda Sansores acusó que esta reforma es una “puñalada por la espalda” al país y a la marina mercante, porque ésta es eficaz, eficiente y es la organización más prestigiada de América Latina.
El senador independiente Manuel Fonseca denunció que el dictamen viola la Constitución, genera dos autoridades responsables en la misma materia, deteriora la estructura jurídica del país y desconoce las actividades de las más de 15 organizaciones que se han encargado de la seguridad y protección marítima y “que no han tenido tantos problemas”.
Al argumentar a favor del dictamen, el presidente de la Comisión de Marina, el senador priista Ricardo Barroso Agromont insistió en que no se modifica el modelo actual de administración portuaria y, en general, de toda la actividad productiva y mercantil que se genera en los puertos mexicanos.
Barroso dijo que las capitanías de puertos serán operadas por la Dirección General de Asuntos Marítimos de la Subsecretaría de Marina, en la que “labora personal civil”, y negó que se trate de una “militarización”.
El senador panista Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, consideró que “el corazón de la reforma” es transferir la operación de las 110 capitanías de puerto que hay en el país de la SCT a la Secretaría de Marina, pero que los temas económico, comercial y marina mercante “continuarán bajo la administración y coordinación” de Comunicaciones y Transportes.
“No se militarizan los puertos ni se transfiere la operación de capitanías de puerto, es sólo en términos de seguridad. No implica presupuesto adicional alguno, ni los trabajadores perderán su empleo o derechos laborales y demás prestaciones, y no afecta el comercio y actividades portuarias, marina mercante ni operación de las Administraciones Portuarias Integrales” (API), insistió Lozano Alarcón.
El senador panista Francisco Salvador López Brito también fijó su posición en contra, debido a que en las iniciativas “hay situaciones contradictorias”, ya que la seguridad de los puertos no recae solamente en las capitanías, sino que es un trabajo integral entre Aduanas, Migración, las secretarías de Salud, SCT y de la Marina.
“La Marina ya tiene una importante participación en la seguridad de los puertos, por lo que este aspecto ya está cumplido”, indicó López Brito, de los pocos legisladores de Acción Nacional que votó en contra de la iniciativa finalmente avalada por el pleno del Senado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464653/aprueba-senado-62-votos-militarizar-los-puertos-mexicanos
CIUDAD DE MÉXICO: Desde que inició, y hasta octubre pasado, la administración de Enrique Peña Nieto ha aumentado la deuda total del sector público en 3.2 billones de pesos, para ubicarla en ese mes en los 9 billones 66 mil 500 millones.
Eso significa un aumento de 54% más del monto que le heredó el gobierno anterior, del panista Felipe Calderón, que dejó una deuda total de 5.9 billones de pesos.
Si presentados así los números resultan sorprendentes, lo es más si se comparan con el valor total de la economía nacional, medido a través del Producto Interno Bruto (PIB).
La deuda que dejó Felipe Calderón en seis años de gobierno equivalía a un poco más de un tercio del PIB, el 36.4%. Hoy, la deuda total –a octubre; sólo casi cuatro años de la actual administración priista– es de alrededor de la mitad del PIB: el gobierno estima que al final de este año termine en 50.5% del producto.
Todas esas cifras se desprenden del informe mensual sobre las finanzas públicas y la deuda, correspondiente al mes de octubre, que la Secretaría de Hacienda difundió esta tarde.
En ese documento se recuerda que al mismo mes de octubre, de 2015, la deuda total (expresada como el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, SHRFSP), fue de 8 billones 633 mil 500 millones de pesos.
Eso quiere decir que en doce meses (octubre-octubre), la deuda total aumentó en 333 mil millones de pesos, un 5% más.
Informa el documento que el componente interno del SHRFSP se ubicó en 5 billones 828.3 mil millones de pesos, mientras que el externo fue de 3 billones 238.2 mil millones.
Es decir, la deuda externa equivalía en octubre a 171 mil millones de dólares, al tipo de cambio “fix” promedio de ese mes (que determina el Banco de México para solventar obligaciones en dólares americanos).
Y de enero a octubre, por esa deuda externa, se pagaron por intereses y comisiones 6 mil 877 millones de dólares, que son 130 mil 250 millones 380 mil pesos.
Y si a esa cantidad se le suma lo que se pagó, en los primeros diez meses del año, por los intereses de la deuda interna, que sumaron 190 mil 405 millones 400 mil pesos, resulta que entre enero y octubre de este año salieron del Presupuesto de Egresos de la Federación cerca de 320 mil 655 millones 780 mil pesos para pagar una deuda neta total, que rebasa los 9 billones de pesos y equivale a 50% del valor total de la economía nacional.
Y que sigue creciendo y creciendo, por más que se pague cada vez más y más.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464740/imparable-endeudamiento-pena-alcanza-ya-los-9-66-billones-pesos
CIUDAD DE MÉXICO: Cuatro integrantes de la red de operadores financieros que ayudaron a Elba Esther Gordillo a “dispersar” recursos del sindicato magisterial, dinero que terminó en los bolsillos de la maestra, no se presentaron hoy a declarar en el proceso que se le sigue por evasión fiscal a Mauricio Urtaza, dueño de una de las empresas “fantasma” creadas para evadir la justicia.
A petición de Urtaza, el titular del 14 Juzgado de Distrito en Procesos Penales Federales citó a Pedro Ramírez Campuzano, Alejandro Rivera Campuzano, Enrique Martínez Ríos y Alejandro Rivera Young para que explicaran por qué recibieron diversas cantidades de dinero de la empresa “fachada” Servicios Financieros DC, sin embargo, los exoperadores de Gordillo no acudieron al requerimiento judicial.
Mauricio Urtaza, dueño junto con Alejandro Rivera Young de la empresa Servicios Financieros DC, es acusado de evasión fiscal por 22 millones de pesos, según la causa penal 10/2015.
Su empresa se encargaba de recibir el dinero que, previa autorización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la SEP descontaba a maestros como pago a servicios contratados con las firmas Crédito Maestro, ConSuPago y Kondinero.
Estas tres empresas enviaban el recurso descontado a los mentores a Servicios Financieros DC, y luego Mauricio Urtaza, por instrucciones de Enrique Martínez Ríos, depositaba parte del dinero en tres empresas en el extranjero vinculadas a Gordillo.
Otras cantidades se depositaban a Javier Moreno Valle, a Pedro Ramírez Campuzano, a Juan Díaz de la Torre, actual líder nacional del SNTE, y a José Manuel Díaz Flores (Proceso 2066, 2069 y 2071). Y este último a su vez lo dispersaba entre líderes sindicales de los estados.
Mauricio Urtaza manejó por lo menos 200 millones de pesos durante el par de años en que operó y constituyó la empresa Servicios Financieros DC por órdenes de Martínez Ríos y Ramírez Campuzano, pero el empresario ahora sometido a proceso nunca pagó impuestos al gobierno, “pues todo el dinero que entraba salía en los depósitos que hacía a las personas mencionadas”, declaró en diversos momentos a la revista Proceso.
Sin embargo, como estas operaciones se realizaron vía transferencias electrónicas, las que pasaban por diversos bancos, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) las detectó y por ello acusó a Urtaza de evasión fiscal por un monto de 22 millones de pesos.
Como pruebas de descargo, Mauricio Urtaza presentó toda la documentación que comprueba las transferencias vía depósitos por internet.
Y la razón por la que solicitó la declaración de las cuatro personas que hoy no se presentaron fue para demostrar que él no se quedó con el dinero y que por lo tanto quienes debieron pagar los impuestos fueron los exoperadores financieros de Gordillo.
A Enrique Martínez Ríos se le quería cuestionar sobre las instrucciones que vía correo electrónico daba a Urtaza para la “facturación y dispersión del dinero”.
Alejandro Rivera Young debe explicar por qué como contador de Servicios Financieros DC nunca presentó la declaración de impuestos; también demostrar que Pedro Ramírez Campuzano era el “enlace” entre el SNTE y las empresas y de que era el operador de la maestra Elba Esther Gordillo.
Con sus declaraciones, más la documentación ya entregada al juez, Urtaza pretendía poner de manifiesto que ellos se quedaron con el dinero y por lo tanto fueron quienes evadieron al fisco.
Las autoridades judiciales no han relacionado la causa penal de Mauricio Urtaza con la de Gordillo quien está acusada de lavado de dinero, delincuencia organizada y evasión y defraudación fiscal.
Por cierto, apenas el lunes 14 la exllideresa magisterial fue exonerada de este último ilícito, Mientras que su abogado Antonio del Toro dijo este miércoles en entrevista radiofónica que solicitará se declare como “cosa juzgada” el delito de defraudación.
A pesar de que la empresa de Mauricio Urtaza es sólo una parte del entramado financiero que Martínez Ríos y Ramírez Campuzano idearon para “ordeñar” al SNTE y que los recursos terminaran en los bolsillo de Gordillo, según declaró a Proceso el propio Urtaza, ambas causas penales se han investigado por separado, pese a que existe un vínculo entre ambas: José Manuel Díaz Flores.
Díaz Flores fue detenido el 13 de febrero de 2013 por los mismos cargos que Gordillo y su caso forma parte de la misma investigación.
Él también es uno de los peones utilizados en el entramado financiero que llevó a acusar a Mauricio Urtaza, pues recibió millones de pesos de parte de éste para que a su vez los distribuyera entre dirigentes sindicales estatales.
De operador a cónsul honorario
Pedro Ramírez Campuzano, uno de los llamados a declarar en el caso de Mauricio Urtaza y que eludió el llamado judicial, entregó mediante sus abogados un escrito al titular del Juzgado 14 de Distrito, donde alega que es “cónsul honorario de Ucrania” y que vive en Baja California, razón por la que no se podía desplazar a la Ciudad de México para declarar.
Ramírez Campuzano es hijo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien diseñó obras emblemáticas de la Ciudad de México, como el estadio Azteca o el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Enrique Martínez Ríos es un exfuncionario de la década de los ochenta; él y Alejandro Rivera Young, también a través de sus abogados, se dijeron enfermos, por lo que no podían asistir a la audiencia.
Y sólo Alejandro Rivera Campuzano, primo de Pedro Ramírez Campuzano, estuvo presente, sin embargo, cuando iba a dar inició la audiencia ésta se suspendió como parte de la estrategia de la defensa de Mauricio Urtaza.
Por la intrincada dispersión de recursos que el SNTE realizó con empresas que otorgan créditos a maestros se abrió la causa penal 10/2015 radicado ante el juez 14 de Distrito en Proceso Penales Federales en la capital del país.
Es por ello que el dueño de la empresa “fantasma” encargada de dispersar las “ganancias” o “utilidad” que obtenían Crédito Maestro, Kondinero y ConsuPago, debido a los elevados intereses que cobran a los docentes (entre 60 y 180%), y sus operadores enfrentan el delito de “defraudación fiscal equiparable”.
Los movimientos de la empresa Servicios Financieros DC fueron motivo de sospecha por parte el SAT, que en 2011 realizó una auditoría fiscal sin que estuvieran presentes los propietarios. En marzo de 2015 detuvieron a los operadores de ésta, pero nunca fueron citados ante el MP, según consta en los escritos que forman parte de la causa penal 10/2015.
Desde el punto de vista de la parte acusada, el fisco sólo se preocupó por los ingresos de 129 millones, pero nunca por lo que salió (misma cantidad), es decir, todos los pagos que la empresa realizó vía SPEI (depósitos electrónicos) a diversas personas, las transferencias a tres empresas en el extranjero y los pagos a compañías de seguridad de valores para que trasladaran el dinero en efectivo que salía de Servicios Financieros DC.
En los documentos judiciales la parte acusada señala que el Código Fiscal de la Federación establece “las salidas” de dinero como parte de comprobación ante el SAT, Sin embargo, ello no ha sido aceptado por parte del juez como prueba de descargo.
En el documento judicial de la casusa 10/2015 se detallan pagos al extranjero (con fecha, número de orden de pago e importe) por un total de 12 millones 55 mil 956 pesos con 87 centavos.
Además, pagos vía SPEI “por cuenta de terceros” por un monto de 20 millones 642 mil 886 pesos, donde los terceros son Crédito Maestro, Kondinero y ConsuPago.
Y para el caso de las entregas en efectivo, se establece un monto de 11 millones 737 mil 433 para Pedro Ramírez Campuzano.
“Entregas realizada en efectivo al domicilio ubicado en el número 170 de Avenida de las Fuentes, en el Pedregal San Ángel de esta ciudad, por la empresa de transporte de valores Grupo Mercurio de Transportes SA (Grumer) para ser entregado a Pedro Ramírez Campuzano”.
Luego aparecen las fechas de los envíos con sus respectivos importes.
También aparece la relación de poco más de 10 millones en “transferencias electrónicas vía SPEI a Enrique Jorge Martínez Ríos” a sus cuentas de Bancomer, HSBC y Banamex, con sus respectivas clabes interbancarias.
A Juan González Pérez se le detectaron depósitos en Bancomer por poco más de 5 millones de pesos, y a Consultoría Internacional por 4.4 millones. A José Manuel Díaz Flores por 6.4 millones en su cuenta de Santander. Este personaje se encuentra detenido por la misma causa de la maestra Elba Esther Gordillo.
Incluso figuran en el documento entregado al juez 14 de distrito depósitos vía SPEI por 6.6 millones de pesos a Servicios Administrativos Espival SA, así como a tres empresas en el extranjero por un monto de 12 millones 55 mil 956 pesos con 87 centavos, entre ellas Pineapple Holdings LLC, Goat Enterprises LLC y CV Temple Corporation.
Los involucrados han considerado que el juez de su causa lo “es por consigna”. Desde 2011 se sabía de los movimientos de la empresa, pero no fue hasta 2015 en que son detenidos los exoperadores financieros, dos años después de que Gordillo y José Manuel Díaz Flores fueron consignados.
En la causa 10/2015 los imputados han solicitado al juez que cite a declarar a todas las personas a las que se les depositó el dinero, sin embargo, según aquéllos, el juez negó la petición, pues dijo que “no había relación con los hechos y lo que había pasado con el dinero”.
También se solicitó al juez que pida a la empresa Grumer –que hacía las entregas en efectivo en Avenida de las Fuentes 170– un informe sobre a quién y donde llevó esos más de 11 millones de pesos.
Mauricio Urtaza logró que se le fijara una fianza de 2 millones de pesos para seguir el proceso en libertad, sin embargo, se rechazó el bien que se ofreció por ello.
Los nombres que aparecen en toda la trama financiera ilegal del SNTE y los créditos de nómina para el magisterio son Pedro Ramírez Campuzano, Enrique Martínez Ríos, Alejandro Rueda, las empresas Kondinero, Crédito Maestro y ConsuPago.
Y entre los presuntos beneficiarios figuran José Manuel Díaz Flores, detenido junto con Gordillo en febrero de 2013; Enrique Martínez Ríos, Jaime Gonzaga Charola y Juan González Pérez.
Además de la empresa mexicana Servicios Administrativos Espival; la radicada en Holanda Temple Corporation CV, y las dadas de alta en Texas, Pineapple Holdings LLC y Goat Enterprises LLC.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464705/exoperadores-gordillo-eluden-declarar-en-juicio-contra-dueno-empresa-fantasma
En los últimos cinco años la Conade ha gastado 22.7 millones más en medios y publicidad que en ayuda a atletas de alto rendimiento.
En los últimos cinco años, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) gastó 22.7 millones de pesos más en publicidad en medios que en incentivos a los deportistas de alto rendimiento.
Entre 2012 y 2016 la Conade destinó 201 millones 838,499 pesos para la compra de tiempo en 66 empresas de medios de comunicación y agencias de publicidad.
En el mismo lapso destinó 179 millones 125,683 pesos para apoyar a 492 deportistas de alto rendimiento a través del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), de acuerdo a documentos obtenidos vía transparencia por Cámara Húngara.
En promedio cada atleta recibió 364,076 pesos, mientras que cada empresa de comunicación habría recibido en promedio contratos por 3 millones de pesos.
Los 22.7 millones extras destinados a publicidad en medios equivalen al dinero recibido por los cinco atletas que más dinero percibieron en los últimos ocho años, de 2009 a 2016.
Entre 2012 y 2016, la Conade realizó al menos unos 138 contratos con medios o agencias. En ese tiempo el medio que más dinero recibió fue Televisa con 46 millones 289,651 pesos; mientras que el medio que menos recibió fue el diario Ovaciones con 50 mil pesos.
El presupuesto para Conade ha disminuido considerablemente, hasta 2.1 veces entre el 2012 y 2016, y se espera que para el próximo año también haya un decremento.
El doctor en comunicaciones, especialista en medios y director de la compañía de asesoramiento en comunicación WSC, Gustavo Wrobel, asegura que los gobiernos tienen “la necesidad y deber de comunicar las acciones públicas que realiza”, sin embargo aclara, “la publicidad oficial no debe ser consideraba excesiva contra las otras necesidades más básicas.
La Conade contra las federaciones
La Conade ha sido criticada por federaciones, el Comité Olímpico Mexicano (COM) y atletas.
Durante los Juegos Olímpicos de Río deportistas y el varias federaciones deportivas tuvieron diferencias con el titular de la Conade, Alfredo Castillo.
Castillo culpó a las federaciones de los malos resultados de los atletas en los juegos de Brasil.
Aseguró que son las federaciones quienes tienen a su cargo el nivel competitivo de los atletas, pues la Conade es solo una “agencia de viajes” para éstos.
“La legislación es muy clara, el alto rendimiento es un tema de la federación. Quienes deciden quiénes van y quiénes no van son las federaciones, y Conade es una agencia de viajes que propiamente lo único que hace es dar el dinero a las federaciones”, dijo Castillo en entrevista con Luis Cárdenas para MVS Radio.
Señaló que en los últimos 40 años ha habido movimientos irregulares dentro del deporte mexicano, con torneos innecesarios y empresas fantasma y que ha buscado cambiar en los 12 meses que él ha estado al frente.
De parte de los atletas, la arquera Aida Román – una de las mejores del mundo – criticó a Castillo por haber llevado a su novia a Río 2016 en lugar de ocupar esa acreditación para un médico o preparador físico.
Román criticó también la falta de experiencia de Castillo frente a la Conade y señaló a esto como clave en la falta de medallas durante los Juegos Olímpicos de Río 2016.
“No es alguien que esté inmerso en el deporte, es muy difícil que alguien que no haya estado en el deporte pueda hacer una buena administración, sí tuvimos algunos apoyos, pero a cuenta gotas y desafortunadamente las federaciones peleadas con unos y otros”, dijo a su regreso al periódico Reforma.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/CÁMARA HÚNGARA.
AUTOR: IVAN PÈREZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/conade-gasta-mas-dinero-medios-publicidad-atletas-alto-rendimiento/
Los cinco hombres secuestrados la semana pasada por el grupo de Los Tequileros fueron liberados. El Ejército continuará la vigilancia en varios municipios del estado.
Cinco hombres secuestrados en Ajuchitán del Progreso fueron liberados la noche de este jueves 29 de noviembre en buen estado de salud, informó el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo.
Los hombres habían sido secuestrados por el grupo criminal conocido como los Tequileros. En días pasados fueron liberados tres secuestrados más. Todos ya se encuentran en sus domicilios.
“La banda de Los Tequileros no tiene a ninguna persona privada de su libertad, según refirieron a las autoridades ministeriales, los cinco varones que fueron resguardados por policías ministeriales, después de que estas cinco personas fueron liberadas del cerro de La Gavia donde los mantenía sus captores y ya fueron conducidos a sus respectivos domicilios por policías ministeriales al poblado de San Jerónimo el Grande”, explicó el Vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia.
Este miércoles las cinco personas liberadas declararán ante el Ministerio Público del Fuero Común por la privación de la libertad que sufrieron.
El vocero señaló que 80 efectivos del Ejército Mexicano montan un operativo para buscar a los integrantes de este grupo criminal.
Los operativos militares continuarán en Guerrero, “el tiempo que sea necesario, y hasta donde el gobierno nos siga pidiendo el apoyo”, dijo este martes en conferencia de prensa Salvador Cienfuegos Zepeda.
Cienfuegos y Astudillo realizaron un recorrido por las Bases de Operaciones Mixtas instaladas en Iguala, Chilapa, Chilpancingo y Coyuca de Benítez, para verificar las acciones implementadas por los militares en conjunto con los tres niveles de gobierno.
El titular de la Sedena dijo que la meta era disminuir la cantidad de homicidios en estos municipios. Aseguró que el problema de la inseguridad se debe a la falta de atención que hubo en este rubro años atrás.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/liberan-secuestrados-ajuchitan-guerrero/
