La red de empresas de la familia Osman Flores ha ganado numerosos contratos en Veracruz con licitaciones donde se simuló competencia.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en su delegación de Veracruz, ha beneficiado a familiares de una funcionaria de la dependencia, Shariffe Osman Flores, a través de una red de empresas constructoras a las que ha otorgado contratos millonarios.
Además de estos contratos, la red de empresas de la familia Osman Flores ha ganado numerosos contratos con otras dependencias del gobierno veracruzano mediante adjudicaciones directas y licitaciones por invitación a tres.
Animal Político documentó que en esas licitaciones se simuló una ‘competencia’ entre empresas en las que figuran como dueños, administradores o representantes legales, familiares de la funcionaria Shariffe Osman.
Comencemos por el conflicto de intereses de la funcionaria de la CDI-delegación Veracruz.
Tras su paso como secretaria particular de la alcaldesa de Xalapa, y su candidatura por el PRI a la alcaldía de Emiliano Zapata en 2013, Shariffe Osman llegó como jefa del departamento administrativo de la CDI-Veracruz el 1 de abril de 2015.
Así consta en su declaración pública como servidora pública, en la que no aceptó transparentar sus datos patrimoniales ni su posible conflicto de interés.
Dos semanas más tarde de la llegada de Shariffe a la CDI, el 17 de abril, la CDI dio un contrato por 3 millones 639 mil pesos a la empresa Supervisión Técnica por Veracruz JVCZ para que realizara un estudio de una obra de “modernización y ampliación” de un camino en Las Choapas, Veracruz.
La representante legal y administradora de esta empresa beneficiada es Irma Flores Sangabriel, madre de Shariffe Osman Flores.
Su cargo como representante legal de la compañía puede constatarse en este documento de la Unidad de Licitaciones de la Secretaría de Infraestructura de Veracruz. Mientras que en este otro documento, de la propia CDI-Veracruz, Irma Flores figura como administradora única.
Dos días antes, el 15 de abril, la empresa de Irma Flores recibió de la dependencia -donde su hija labora “manejando recursos financieros”- otro contrato por adjudicación directa de 393 mil pesos. El objeto del contrato era realizar otro estudio y un proyecto ejecutivo del sistema de agua potable del municipio Las Choapas.
Supervisión Técnica por Veracruz también participó como empresa supervisora de HR Soluciones en Ingeniería, encargada de modernizar el camino a Atlahuilco, Veracruz, cuyo contrato por casi 11 millones de pesos fue entregado el 21 de abril de 2015 por la CDI.
Empresa de la funcionaria ‘compitió’ con la de su madre
Mientras que el 26 de marzo de 2015, cuatro días antes de que Shariffe Osman entrara formalmente a la Comisión, la empresa de su madre ganó otro contrato de la CDI por adjudicación directa, por 2 millones 112 mil pesos, para realizar labores de “supervisión externa” de obras “en diversas localidades” de Veracruz.
Aunque este último contrato fue por adjudicación directa, la CDI quiso ‘sondear’ el mercado en busca de otras ofertas. Y mediante sendos oficios –aquí puedes leer uno y aquí el otro– envió una carta a Supervisión Técnica por Veracruz y otra a la empresa El Hebariye Constructora SA de CV, para que ambas hicieran propuestas económicas.
¿Pero quiénes son los socios accionistas de El Hebariye? Según el acta constitutiva de la empresa obtenida por Animal Político, los accionistas son: la actual jefa del departamento de administración de la CDI, Shariffe Osman Flores; su padre, Hassan Osman Domínguez; y su hermano, Hassan Osman Flores.
Finalmente, tal y como consta en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de la CDI-Veracruz, la dependencia desechó la propuesta de la empresa de Shariffe Osman, y optó por darle el contrato a la compañía de su madre, Irma Flores Sangabriel.
Empresa del primo de la funcionaria también ha sido beneficiada
Otra de las empresas beneficiadas por la CDI-Veracruz es Urbanizadora y Constructora CAFX SA de CV. El 3 de junio de 2015, dos meses después de la entrada de Shariffe Osman como administradora, esta compañía recibió un contrato por 4 millones 555 mil pesos para la “construcción del sistema de drenaje sanitario” en el municipio de Chontla, Veracruz.
Los propietarios de esta empresa, de acuerdo con el acta constitutiva registrada en la Secretaría de Economía, son Félix Alfredo Niño Flores y Claudia Liliana Cruz Villar, quien es la administradora única.
Félix Niño Flores es primo hermano de Shariffe Osman. Y según el portal de transparencia del gobierno veracruzano, hasta hace unos días laboraba como enlace administrativo de la Subsecretaría de Gobierno; cargo al que llegó tras ocupar un puesto en el Comité Directivo del PRI estatal (2011-2013).
La otra accionista, Lilliana Cruz, es esposa de Niño Flores, e hija del actual secretario de gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Óscar Cruz Alexander.
Animal Político tiene en su poder documentos que avalan el vínculo entre Félix Niño Flores y su prima, la funcionaria Shariffe Osman.
El vínculo también quedó confirmado en la revista de sociedad ‘Xalapeñísima’. En su edición de mayo de 2015 –un mes después de que la servidora pública accediera al cargo en la CDI-, la revista publicó el foto-reportaje titulado ‘Shariffe: plena y feliz’ con motivo del baby-shower que le organizó su madre, Irma Flores Sangabriel.
En las fotos aparece como invitada Claudia Liliana Cruz, esposa del primo de la funcionaria. Además, en el evento de ‘socialité’ también aparece quien ‘palomeó’ el contrato por más de cuatro millones para Constructora CAFX: Irais Maritza Morales Juárez, delegada de la CDI-Veracruz.
Animal Político documentó que Irais Maritza Morales y Shariffe Osman tienen una relación de amistad desde años previos a la llegada de ambas a la Comisión indígena en febrero y abril de 2015, respectivamente. Ahora, la delegada da el visto bueno con su firma a contratos que benefician con millones a las empresas de la familia de su amiga, Shariffe Osman.
Animal Político buscó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a nivel federal y delegación estatal, para conocer su opinión ante este posible conflicto de interés. Pero al momento de publicar este reportaje, no habían ofrecido una respuesta.
También se contactó vía telefónica a las empresas Supervisión Técnica por Veracruz y Urbanizadora y Constructora CAFX. En el caso de la primera, su número telefónico conduce siempre al mismo contestador que asegura que la línea está ocupada. Mientras que un administrador de Constructora CAFX sí respondió la llamada, pero hasta el momento la compañía no ha emitido ningún pronunciamiento.
Simulan otras competencias
Al margen de los contratos con la Comisión indígena de Veracruz, la empresa El Hebariye Constructora, de la que es socia accionista Shariffe Osman junto con su padre y hermano, tiene un largo historial de contratos con dependencias veracruzanas, los cuales fueron obtenidos en licitaciones a por lo menos tres empresas en las que se simuló una ‘competencia’.
Por ejemplo, en esta licitación de 2013, El Hebariye ganó un contrato con Conagua por 3 millones 108 mil pesos para hacer “un diagnóstico y proyecto ejecutivo” para la construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable y drenaje en Altotonga, Veracruz.
Para obtener ese contrato, El Hebariye ‘compitió’ contra las propuestas de otras dos empresas: Supervisión Técnica por Veracruz y Constructora Direg SA de CV. Como ya se documentó, Supervisión Técnica es la empresa en la que figura como administradora y representante Irma Flores, madre de Shariffe.
Mientras que los accionistas de Constructora Direg son Magaly Hernández Sangabriel y su hermano Héctor Manuel Hernández Sangabriel, actual alcalde de Coacoatzintla, Veracruz, quienes a su vez son primos de Shariffe Osman.
Las tres empresas con vínculos familiares ‘compitieron’ entre sí por un contrato.
En esta otra licitación del 11 de junio del 2012 con la secretaría de comunicaciones veracruzana, la compañía El Hebariye ganó un contrato por 2 millones 494 mil pesos para rehabilitar un puente en Sotepan, Veracruz. De nuevo, ‘compitió’ contra las otras dos empresas de la familia: Supervisión Técnica y Constructora Direg. Y ese mismo día, el 11 de junio de 2012, El Hebariye se adjudicó otro contrato por un millón 498 mil pesos, ‘compitiendo’ contra las mismas empresas.
Y otro ejemplo. En esta licitación de la secretaría de comunicaciones veracruzana, de marzo de 2013, otra empresa entró a competir por un contrato con El Hebariye y Supervisión Técnica. Se trata de Karest Construcciones SA de CV, compañía que de acuerdo con este documento fue representada en la licitación por Héctor Manuel Hernández Sangabriel, el alcalde de Coacoatzintla, dueño de otra de las ‘competidoras’ habituales, Constructora Direg, y familiar de los Osman-Flores.
A pesar de la entrada de un nuevo competidor en la licitación, El Hebariye ganó el contrato; esta vez por 4 millones 715 mil pesos para realizar obras de “revestimiento” en Ozuluama, Veracruz.
Animal Político contactó a Carlos René Ramírez Martínez, apoderado legal de Karest Construcciones. En entrevista telefónica, Ramírez subrayó que Héctor Manuel Hernández no forma parte de la nómina de esta constructora, y que su participación se redujo a asistir a una junta de licitaciones a entregar “unos documentos” como “favor” personal.
Según dijo el apoderado legal, Karest Construcciones desconocía que Héctor Manuel Hernández Sangabriel era familiar de los socios de las otras dos empresas contra la que competían por este y otros contratos.
Este medio también buscó Héctor Manuel, alcalde de Coacoatzintla. Pero el número telefónico de su empresa, Construcciones Direg, no existe.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANUEL URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/comision-indigena-contratos-veracruz/
CIUDAD DE MÉXICO: Tras anunciar a BHP Billiton como la empresa ganadora de la asociación con Petróleos Mexicanos (Pemex) para el campo Trión, el director general de la paraestatal, José Antonio González Anaya, aseguró que la producción del campo en aguas profundas iniciará en 2023, y se espera alcance una capacidad de 120 mil barriles de petróleo diario para 2025.
En conferencia de prensa, González Anaya destacó que la inversión de la petrolera australiana arrancará casi de manera inmediata el próximo año, y recordó que los montos que se pusieron son muy impresionantes, ya que las dos ofertas se fueron al máximo de la regalía adicional, de 4.0%, que se suma al 7.5% establecido en las bases.
En cuanto al monto del bono adicional, que fue el desempate entre los dos interesados, la propuesta ganadora ofreció 624 millones de dólares, que se suman a los 570 millones de dólares establecidos, para llegar a un total de mil 194 millones de dólares, por arriba de las expectativas, según un despacho informativo de la agencia Notimex.
De acuerdo con el director general de Pemex, el siguiente paso es firmar el contrato en los próximos 90 días, para iniciar operaciones en 2017, mientras que la perforación del primer pozo en el campo sería a finales del 2017 o principios de 2018.
“El resultado es extraordinario, los mínimos eran una regalía de 3.0% y una inversión de 570 millones de dólares, y en lugar de eso tenemos la regalía máxima de 4.0% y una inversión de mil 194 millones, no hay forma de ver esto de una manera negativa”, apuntó.
Ello se debe a la planeación de campo, a que México es un país atractivo y a que Pemex es un socio interesante derivado de la reforma energética, subrayó.
González Anaya manifestó que el porcentaje de participación que tendrá Petróleos Mexicanos será de 40%, mientras que BHP Billiton tendrá del 60% restante del proyecto de Trión.
A su vez, el titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, destacó que esto ayudará a la expansión de Pemex para que se convierta en una empresa petrolera del siglo XXI, y consideró que se trata el 50% del éxito de la licitación.
La petrolera australiana BHP Billiton Petróleo Operaciones de México ganó la asociación con Pemex para el campo Trión –ubicado en el Cinturón Plegado Perdido en la parte mexicana del Golfo de México–, al presentar una regalía adicional de 4.0%, así como un pago en efectivo de 624 millones de dólares.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465182/iniciara-en-2023-la-produccion-petroleo-en-aguas-profundas-gonzalez-anaya
MADRID: La policía española alertó a las autoridades mexicanas que Juan Manuel Muñoz Luévano, el Mono Muñoz, enlace de Los Zetas en Europa, ordenó el asesinato de una agente del Ministerio Público de Coahuila, pero la respuesta de México ha sido “el silencio”, según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción citadas hoy por El País.
El matutino español retoma la información que en abril pasado difundió la agencia EFE sobre la orden que da el capo de Los Zetas en España a un sobrino para asesinar a una mujer que colaboraba con su organización por fallarles, pero añade que “México no ha requerido a los fiscales españoles ninguna información adicional, ni enviado una comisión rogatoria de auxilio judicial para investigar esta amenaza. Una circunstancia que ha provocado el estupor y la sorpresa de las autoridades españoles por la gravedad del caso”.
La página del documento que El País difunde en su sitio web tiene fecha del 17 de marzo, un día antes de la detención de Muñoz Luévano en su vivienda de Madrid. El capo está a la espera de una posible extradición a Estados Unidos, país que le reclama por delitos de narcotráfico y tráfico de armas de fuego.
La información señala que para España el caso fue tan relevante, que la policía levantó el secreto de sumario judicial para “intentar salvar la vida de la funcionaria. Los fiscales españoles ignoran cuál fue la suerte de esta mujer”.
El documento fue enviado por el comisario jefe de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF que dice haber enviado a la División de Cooperación Internacional.
Señala de la orden del Mono de asesinar a la mujer. “Los hechos que motivarían la orden de acabar con su vida están vinculados a que (la funcionaria) es conocedora de una orden de detención/presentación contra el identificado como Salomón Ayup Muñoz, alias Monchi”, sobrino del capo, como el autor de un secuestro de un “miembro de la familia Burciaga acaecido en el estado de Coahuila”.
En represalia por no haber informado sobre esa orden, “la organización a la que pertenece Salomón se ordena acabar con su vida”.
Quien puso en conocimiento de la organización de Muñoz la existencia de la orden de detención es un hombre llamado “Erik de la Rosa, que podría tratarse de un funcionario que desarrolla su trabajo en el Departamento de Desaparecidos”.
La información incluye la conversación en la que Juan Manuel Muñoz Luévano llamó a un teléfono de su empresa Cargo Gas, para contactar con su sobrino Salomón, se lee cuando da la orden: “Y si no, pues para que vaya usted y la mata ahí”.
La orden contra el sobrino es por la desaparición de un miembro de la familia Burciaga, relacionado con el narcotráfico en Matamoros, que trabajaban para Sergio Villarreal, El Grande, exmiembro de los Beltrán.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTIÉRREZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465159/mexico-ignoro-alerta-orden-del-mono-munoz-matar-a-mp-coahuila-pais
COLIMA, Col: El exgobernador interino Ramón Pérez Díaz y dos de sus colaboradores acusaron a su antecesor, Mario Anguiano Moreno, de realizar una “operación fraudulenta” y haber mentido sobre el destino de los créditos de corto plazo contratados al final de su administración.
Pérez Díaz y los actuales titulares de las secretarías General de Gobierno y de Planeación y Finanzas, Arnoldo Ochoa González y Carlos Arturo Noriega García, respectivamente –cargos que también ocuparon en el gobierno interino–, emitieron un pronunciamiento público en el que responsabilizaron a Anguiano Moreno de haber “mal utilizado y/o desviado” un crédito por 638 millones de pesos contratado en agosto de 2015, dos meses antes de concluir su gobierno.
De esta manera, los exfuncionarios respondieron a la demanda de juicio político presentada la semana anterior en su contra por el exgobernador Mario Anguiano, quien los denunció como una estrategia de defensa en el juicio que él mismo enfrenta, invocando otro crédito por la misma cantidad contratado en el gobierno interino para pagar el que había quedado pendiente.
Pérez Díaz, Ochoa González y Noriega García calificaron como falsos los señalamientos realizados por Anguiano Moreno en la demanda de juicio político, pues pretende “confundir y engañar a la sociedad colimense” al hacer parecer que la sanción del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) en su contra se deriva del crédito contratado en diciembre, “ocultando que la determinación del Osafig fue por haber mal utilizado y/o desviado el crédito contratado en agosto de 2015 por 638 millones de pesos”.
De acuerdo con un recuento realizado por los firmantes del pronunciamiento, el 8 de diciembre de 2014, el entonces mandatario Mario Anguiano solicitó un crédito a corto plazo por 478.2 millones de pesos, cuya fecha de vencimiento era el 31 de diciembre de ese año, dado que la Ley de Deuda Pública impedía pagarlo después de esta fecha.
Sin embargo, el Osafig “detectó que en una operación fraudulenta, el 31 de diciembre de 2014, el Lic. Mario Anguiano expidió un cheque sin fondos para hacer parecer que había pagado el crédito, lo que no se iba a conocer mientras no se hiciera efectivo el cheque”, y “el 2 de enero de 2015, ya en un nuevo año fiscal, Mario Anguiano solicitó otro crédito a corto plazo por 500 millones, y con ese recurso fondeó la cuenta de donde expidió el cheque el 31 de diciembre de 2014”.
“Es decir –precisa el documento–, emitió un cheque en una fecha inhábil para burlar la ley e impedir que se cobrara de inmediato y tener tiempo para que, a los días, con un nuevo crédito obtener los recursos para que el cheque tuviera los fondos suficientes”.
Pero eso no es todo, pues “este crédito adquirido el 2 de enero de 2015 pretendió justificarlo con otro engaño, refiriendo que había sido para la adquisición de un terreno, que hasta la fecha nadie sabe dónde está”.
En febrero y marzo de 2015, añadió, Mario Anguiano solicitó nuevos créditos de corto plazo por 200 y 190 millones de pesos, que sumados al de enero de 2015 dieron un total de 890 millones de pesos, cantidad a la que realizó algunos abonos para dejar un adeudo de 638 millones de pesos, que cubrió en agosto siguiente con un nuevo crédito solicitado con compromiso de pago al 31 de diciembre de 2015.
“En septiembre, el Lic. Mario Anguiano engaña nuevamente, esta vez al Congreso, al presentar una iniciativa en donde solicitaba refinanciar el crédito de agosto de 2015 por la cantidad de 638 millones; el engaño consistió en que él afirmó al Poder Legislativo que la deuda que se tenía era por contrapartes que había hecho el estado para el pago de inversión productiva; la realidad es que pagó gasto corriente”.
Con base en esa aprobación del Congreso local, dijeron Ramón Pérez, Arnoldo Ochoa y Carlos Noriega, en “el gobierno interino, del que nosotros formamos parte, únicamente utilizamos una parte de los recursos aprobados por el Legislativo, única y exclusivamente para pagar cada peso de la deuda contraída en agosto de 2015 que el exgobernador Mario Anguiano dejó al pueblo de Colima”.
Argumentaron que de no haber actuado así, el estado de Colima estaría hoy en la crisis financiera más profunda de la que se tenga registro.
“Ni el Congreso del estado, ni el gobierno interino tenían los elementos para conocer que Mario Anguiano engañó sobre el destino de los créditos a corto plazo, por ello es que estamos exentos de toda responsabilidad”, concluyeron.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465180/acusan-a-mario-anguiano-desviar-credito-638-mdp
Las madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos finalizaron este fin de semana su recorrido por 11 entidades y 30 ciudades mexicanas.
Con la consigna “muros no, puentes sí”, la caravana de madres centroamericanas finalizó, luego de 19 días, su recorrido por 11 entidades y más de 30 ciudades mexicanas en busca de sus hijas e hijos desaparecidos.
El último punto del recorrido fue Chiapas, donde las madres y padres de los migrantes desaparecidos en México visitaron un centro penitenciario, dependencias del sector salud, así como bares y centros nocturnos donde preguntaban a los comensales la posible ubicación de sus hijas e hijos.
En la Dirección Municipal de Salud de Huixtla, las madres realizaron una visita con la intención de descartar u obtener pistas, para ello revisaron los archivos que contienen los datos de control sanitario de trabajadores de centros nocturnos y bares de la ciudad.
En Tapachula tuvieron acceso al Centro de Reinserción Social para Sentenciados 03 (CERSS 03) en búsqueda de pistas sobre sus hijos. En el patio central colocaron las fotografías de sus familiares, platicaron con los internos para obtener pistas, pero también para conocer la situación legal que enfrentan y poder apoyarlos y mantenerlos en contacto con sus familias.
Algunos internos expresaron haber sido recluidos sin haber pasado antes por algún juez o haber demostrado el delito que les imputan.
En la zona roja de Tapachula, recorrieron cantinas y centros nocturnos como el bar El Marinero donde las trabajadoras del lugar compartieron su tiempo para ver las fotografías de los migrantes desaparecidos.
Antes de abandonar México y regresar a sus países de origen, las madres exigieron a las autoridades de justicia del país la implementación de una ley que proteja los derechos de los migrantes en tránsito, combatir el “crimen organizado” y “autorizado”, y lograr avances en las investigaciones para encontrar a sus familiares desaparecidos.
Durante los 19 días de recorrido las madres lograron tres reencuentros, además visitaron entidades como Tamaulipas, que por la violencia se había imposibilitado presentar denuncias penales por la desaparición de migrantes.
Las madres y padres de la caravana se despidieron con el pensamiento que han dejado “una semilla que hay que regar“, que cuentan con más pistas para localizar a sus hijos y que en México hay gente buena.
De allí que en solidaridad, y ante las amenazas lanzadas por el presidente electo de Estados Unidos contra México, se despidieran con la consigna “muros no, puentes sí”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CONSUELO MORALES PAGAZA.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/caravana-madres-migrantes/
Fue fraudulento el juicio laboral que los obligó a pagar $121 millones: abogado. Implicados, el titular de Gobierno y el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, además de tres ex socios mexicanos. Se falsearon documentos y se ocultó información, asegura.
Tijuana, BC: La empresa Andrew and Williamson de México SA de CV, distribuidora en Estados Unidos de productos cosechados en Sinaloa y Baja California, demandó penalmente al secretario general de Gobierno de Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, y al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, Fausto Rubén Ibarra Celis, por delitos contra la procuración y administración de justicia y fraude procesal, pues habrían simulado un juicio laboral que costó a la firma 121 millones de pesos.
El abogado de la empresa, Javier Fernando Tarín Robles, también presentó tres demandas penales ante los fueros federal y estatal contra sus ex socios, los hermanos José Gonzalo, Carlos Armando y Javier Espinoza Pablos, y en contra de autoridades de Sinaloa que participaron en el juicio laboral, que, según el litigante, fue irregular.
Los hermanos Espinoza Pablos y Andrew and Williamson de México se asociaron en 2002 para operar un campo agrícola de aproximadamente 126 hectáreas ubicado a 10 kilómetros de Culiacán, pero en 2013 rompieron.
José Gonzalo Espinoza, ex administrador general único; Carlos Armando, quien era encargado de comercialización, y Javier, ex jefe del área de producción, demandaron a sus ex socios en calidad de trabajadores.
En la denuncia contra el secretario de Gobierno de Sinaloa, del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del estado y de José Gonzalo Espinoza, el abogado de la empresa acusó a Fausto Ibarra de abuso de sus atribuciones y poderes, de falsear la fecha de la denuncia, ocultarles que había un juicio y negarse a entregar copia del expediente, entre otras anomalías.
La demanda signada por José Gonzalo Espinoza Pablos fue sellada de recibido el 15 de noviembre de 2013, pero el sello de recibido y el de la fecha no corresponden con el día en que el demandante acudió ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Sinaloa, afirma el abogado.
Agrega que el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con la finalidad de favorecer a una de las partes en los expedientes 0/20-06/2013 y 10-1710/2015, ordenó asentar falsamente en el escrito inicial de demanda que ésta fue recibida el 15 de noviembre de 2013, incluso utilizando un sello que no correspondía al sello real de esa fecha.
Asimismo, presentó peritajes para demostrar que la demanda no se presentó cuando se indica, pues no se inscribió en el libro de registros hasta el 24 de septiembre de 2015.
El abogado refiere que José Gonzalo presentó ante la junta pruebas supervenientes de la relación laboral (avisos expedidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), con fecha de 2014, que era imposible tener en 2013 si la denuncia realmente hubiera sido presentada en ese año.
Por el juicio laboral ya se emitió un laudo que ordenó el embargo de bienes y el remate de diversas propiedades, entre ellas el campo agrícola de 126 hectáreas ubicado en la colonia Aguaruto, a 10 kilómetros de Culiacán, en 59 millones 490 mil pesos, y repartir lo obtenido entre los tres hermanos como indemnización por despido injustificado.
La autoridad laboral de Sinaloa –que depende del secretario de Gobierno– llamó la atención con un laudo que consideró verosímil que un trabajador ganara un salario integrado diario de 49 mil 897.57 pesos (más de un millón al mes) y condenó a quien identificó como su patrón a pagarle una indemnización de 59 millones 127 mil 908.61 pesos. Este fue el caso de José Gonzalo Espinoza. Los de sus hermanos Carlos Armando y Javier son similares. En total, el laudo de Ibarra Celis involucra 121 millones de pesos.
Tarín Robles informó que debió presentarse en la procuraduría sinaloense para que recibiera esta denuncia, porque en la agencia del Ministerio Público se negaron.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MIREYA CUÉLLAR.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/12/05/estados/033n1est
Hay prensa local y nacional que nunca habló de Regina Martínez, de Moisés Sánchez, de Rubén Espinosa o de alguno otro de los 19 periodistas que fueron asesinados durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Tampoco habló del desastre económico o de las matanzas y desapariciones de ciudadanos. Ahora que el ex Gobernador del PRI está en desgracia, cuando ya no hay dinero para repartir, esta información ha empezado a aparecer en sus páginas o transmisiones. El nuevo Gobernador, Miguel Ángel Yunes, ha identificado a dos medios locales que durante el duartismo cobraron 30 millones de pesos sin saberse el beneficio social a Veracruz. Contra esos va ahora, parece.
Sin que haya culminado su primera semana como Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares ya perfila una cruzada contra medios de comunicación que se encargaron de lanzar incienso a Javier Duarte y a Fidel Herrera Beltrán, y además, publicar informaciones en donde se denostó a él y a sus seres queridos.
Los primeros en la mira, el holding periodístico de los hermanos Francisco y Eduardo Sánchez Macías, parientes de la ex primera dama veracruzana Karime Macías.
El Grupo Editorial Sánchez Macías, dijo posteriormente a la entrega de la Medalla Ruiz Cortines en Xalapa, cobró durante el duartismo 230 millones de pesos por dar espacio a boletines relativos a obras y acciones de gobierno.
Así, sábado y el viernes Yunes Linares cimbró a los magnates de la prensa al anunciar investigaciones para documentar si realmente lo que facturaron tuvo algún provecho colectivo.
El jueves, por ejemplo, el mandatario habló sobre proveedores reclamando pagos con recursos del Tres por Ciento a la Nómina y que se ha comprobado no entregaron ningún bien o servicio al Estado, o su participación está en duda.
Ahí está el ejemplo del diario AZ, de Óscar Rodríguez, con un adeudo registrado por 28 millones de pesos.
En entrevista con periodistas de la estación de radio XEU Noticias, Yunes Linares recordó la lista de proveedores aprobada por el Congreso local, en la legislación pasada, a quienes se pretende entregar miles de millones de pesos para liquidarlos por servicios otorgados a distinta secretarias de despacho, entre ellas la Coordinación general de Comunicación Social, que fue encabezada, en distintos momentos, por Gina Domínguez, Alberto Silva, Juan Octavio Pavón, otra vez Alberto Silva y bajó cortinas Irma Chesty; servicios y bienes, en la mayoría, bajo sospecha.
Hay un medio de comunicación –citó Yunes Linares en esa entrevista teléfonica- y digo el nombre, el AZ, que quería cobrar 28 millones de pesos, lo consideraron como acreedor, y evidentemente 28 millones de pesos no los vale ni el periódico completo.
La historia del AZ y el jefe del panismo es añeja y con un trasfondo centrado en el odio de Óscar Rodríguez, propietario del AZ, para con Yunes Linares el cual data de conflictos originados desde que ambos militaban en el Partido Revolucionario Institucional.
Desde sus rotativos, Oscar Rodríguez ha dado espacio a informaciones, sustentadas y no, sobre supuesto enriquecimiento del exdirector del ISSSSTE, además, las denuncias en su contra por presunta pederastia, mismas que durante la campaña a gobernador, Yunes Linares demostró que no prosperaron por no haber elementos en su contra.
En mayo del 2016, Edith Encalada dio una entrevista a nivel nacional en la cual hablaba sobre su infancia y años de abuso por parte de Jean Succa Kuri y en la que lanzó acusaciones contra quien era el candidato del PAN-PRD al gobierno de Veracruz en ese entonces. Los dichos de la supuesta víctima encontraron amplia cobertura en el diario AZ Veracruz y Xalapa, pues fue boletinada desde cuentas de correo electrónicos vinculadas al Ejecutivo priista.
De esas declaraciones se colgó su primo, el candidato del PRI, Héctor Yunes, para tildar a su pariente de “enfermo sexual”.
“Tengan cuidado, Miguel Ángel es un perverso, es un enfermo sexual. Se los digo en serio, no es broma. Vinieron de Cancún a México y lo denunciaron y hay denuncias ante la PGR por eso. Cuiden la seguridad de sus hijos, que no los confunda. Él viene haciendo promesas para jalar el voto. No me crean a mí. Créanle a esta muchacha que ya fue violada y que declaró que él también ha estado violando a otras niñas y dio hasta otros nombres” dijo el aspirante derrotado en Lerdo de Tejada.
Otro de los diarios en donde encontró eco la entrevista de Encalada, los del grupo Sánchez Macías.
Después de la entrega de la medalla Adolfo Ruiz Cortines a las madres de los once colectivos en búsqueda de sus hijos desaparecidos en Veracruz, Yunes Linares arremetió contra la parentela política de Duarte de Ochoa, el prófugo de la ley.
Hay “medios que surgieron a la luz de gobiernos corrupto y recibieron cientos de millones de pesos de los veracruzanos. Vamos a investigar esos casos, concretamente el de una editorial, El Heraldo, que recibió 230 millones, no le veo razón para que tenga que pagar a un medio sin ninguna presencia en el estado de Veracruz”.
Haberle entregado esa cifra –atajó- es un atentado en contra de los veracruzanos.
LOS MEDIOS DEL PRI
BlogExpediente dio a conocer, en julio del 2016, que estos empresarios, caracterizados por entregar la línea editorial a gobiernos del PRI pretende cobrar otros 8 millones 497 mil pesos de recursos del Fideicomiso del Tres por Ciento a la Nómina.
En el desglose de este grupo, aparecen deudas a Diario de Poza Rica, un millón 389 mil pesos; Diario de Tantoyuca, 568 mil pesos; a Editorial Samhe (Heraldo de Veracruz y Heraldo de Xalapa) un millón 723 mil pesos, a Editorial Sánchez (Diario de Tuxpan), un millón 354 mil pesos; Editorial Sur Centro (Heraldo de Coatzacoalcos), un millón 360 mil pesos; Empresas Franes (diario El Martinense), un millón 360 mil pesos; Revista el Heraldo de Veracruz, 777 mil pesos.
Las declaraciones de Yunes Linares contra medios de comunicación iniciaron incluso desde el seis de julio, en una rueda de prensa en la que calificó que algunas firmas periodísticas se dedicaron a “rendir culto a Javier Duarte”. A este par de hermanos Duarte de Ochoa intentó entregarles un terreno en Martínez de la Torre; Ana Ledezma, en ese entonces diputada del PAN, denunció que se trataba de premiarlos por su entreguismo político.
En el listado firmas de comunicación demandando pago de sus servicios se agregan medios independientes y agencias cuya línea editorial siempre se mostró desapegada a los designios de Gina Domínguez y de Alberto Silva, sin embargo, resaltan empresas ligadas a políticos, líderes sindicales y periodistas que se entregaron en cuerpo y alma al duartismo, tal es el caso del proveedor Ramón Torres Salas, director y fundador de la revista Enfoque, quien reclama 12 millones 361 pesos, aunque su circulación únicamente es en la zona de Veracruz y Boca del Río, trata temas frívolos y entrevistas a personas de alta sociedad.
En julio de 2012, en plena crisis de comunicación, Ramón Torres Salas le dedicó la portada de su revista a Gina Domínguez Colío, con una amplia entrevista sobre sus pensamientos, conceptos e ideología fundada en el duartismo.
Dice Ramón Torres Salas en ese texto: “El equipo de la revista Enfoque, Una Mirada por Veracruz, viajó a ‘La Ciudad de las Flores, Xalapa para hacer la portada del mes de julio, en esta ocasión se la dedicamos a la Licenciada María Gina Domínguez Colío, Coordinadora General de Comunicación Social” […].
“El staff de belleza de la revista Enfoque, Una Mirada por Veracruz’, integrado por Adela Sustaita y Javier Díaz, procedieron a realizar el peinado y el maquillaje de nuestra portada. Alrededor de 30 minutos duró el trabajo de estética para luego proceder a las fotografías de estudio.
“Antonio D’ Elia Pietronigro, fotógrafo italiano y con una experiencia en retrato hegemónico y fotografía comercial, una vez más acentuó su talento y creatividad para hacer esta portada que ahora tiene en sus manos (con la foto de Gina Domínguez).
“Antes de realizar el estudio el italiano supervisó el escenario, se armó un contexto visual ad hoc, se utilizaron diferentes encuadres y posiciones, la instalación de luces se maniobró de acuerdo al concepto y cada fotografía se supervisó con el exposímetro para que la sesión fuera todo un éxito.
“El trabajo fue toda una obra de arte y en esta ocasión, la portada quedó muy satisfecha con el trabajo y nosotros como cada mes cumplimos con nuestra misión de presentar lo mejor de cada uno de nosotros. Al final del estudio fotográfico, la Lic. Gina Domínguez Colío nos concedió una entrevista exclusiva donde nos habló acerca de la libertad de expresión, la relación que tiene con los medios de comunicación”, dice el texto hablando sobre la ahora ideóloga de la fundación Colosio quien también ya desconoció a Javier Duarte de Ochoa.
A la lista de oficialistas se agregan las empresas de José Luis Poceros Domínguez, Gráfico de Xalapa y Gráfico del Sur, con reclamo por 13 millones 819 mil pesos.
Martín Mendiola Yépez, hijo del ex director de Comercio y Abasto de la Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz, Felipe Mendiola Parra, y de la columnista Fanny Yépez, quien figura con una factura pendiente por dos millones de pesos, ella es la periodista de quien Yunes Linares se dolió en una conferencia de prensa en mayo pasado, donde da a conocer un desmentido por informaciones publicadas en el diario AZ, de una entrevista desvirtuada a una autoridad en Quintana Roo.
A Consulver (tiemporeal.com), le adeudan 6 millones 844 mil pesos, es propiedad de Othón González, magnate de la imagen y del periodismo que en Veracruz comenzó a crecer estrepitosamente en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, siempre manejando un amplio esquema de informaciones oficiales y alquilado para lo mismo con Javier Duarte de Ochoa, con espacios preferenciales a notas con ataques a la familia de Yunes Linares.
A Donají Contreras Fernández, editora del diario Marcha en Línea, le deben 4 millones 788 mil pesos. Es hija de Saúl Contreras. Marcha se caracterizó por atacar férreamente a los opositores de Fidel Herrera y de Javier Duarte y, por supuesto en la cuenta iba el oriundo de Soledad de Doblado; sin embargo, a últimas fechas también se pelearon con Javier Duarte de Ochoa pues les quedó a deber.
En junio pasado, días después del triunfo del PAN-PRD, el dueño Saúl Contreras se despidió de sus lectores:
“Gracias por las muestras de apoyo que hemos recibido, sin embargo estamos a punto de perderlo todo por amor al periodismo, pero ya vendrán tiempos mejores…Nos vemos mañana.” Actualmente el medio sólo sigue en edición digital con un giro drástico de línea, al dedicarle todos sus espacios al exdirector del ISSSTE.
FUENTE: SIN EMBARGO/BLOGEXPEDIENTE.
AUTOR: REDACCIÓN/IGNACIO CARAJAL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-12-2016/3122169
El Gobierno mexicano decretó en 1988 que invertir en el campo no era importante y que lo verdaderamente fructífero era importar. Además decidió que fuera el sector privado, mexicano y extranjero, el que le metiera dinero y cedió el territorio rural a los monopolios, dice Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo y también activista en el movimiento Sin Maíz no hay País. El resultado, explica en esta entrevista, fue una devastación que nos quitó autosuficiencia alimentaria y dejó grandes problemas sociales: pobreza, crimen organizado, impunidad y corrupción, entre otras.
El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), Víctor Suárez Carrera, recuerda que el único representante mexicano de este sector en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue Eduardo Robinson Bours Castelo, propietario de la empresa Bachoco y, en 1992, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).
El resultado, dice Suárez Carrera, fue que México obtuvo para el sector avícola beneficios como la libre importación del sorgo necesario para la alimentación de las aves y, al mismo tiempo, una protección de 10 años al huevo y a la carne de pollo que vendía desde entonces la empresa de Robinson Bours, convertido luego en Gobernador priísta del Estado de Sonora.
“Ellos [los empresarios] se constituyeron en el ‘cuarto de al lado’ de los negociadores gubernamentales, y alimentaban las propuestas que querían que se negociaran y, como hablamos de trasnacionales, a ellos les interesaba, en primer lugar, asegurar una libre importación sin aranceles de sus materias primas”, dice Suárez en entrevista con SinEmbargo.
“Tenían una capacidad de expresar sus intereses mayor, en contraposición los productores de sorgo, que no teníamos la misma capacidad de negociación”, agrega.
Veintidós años después, de acuerdo con la ANEC, Bachoco es uno de los 20 corporativos que controlan el mercado agroalimentario mexicano, lo mismo que Maseca, Monsanto, Cargill, Nestlé, Walmart, Coca Cola y otros “monopolios privados” en poder de todos los cultivos y eslabones de la cadena, desde la producción hasta la comercialización, procesamiento y distribución de los comestibles.
Otro negociador del capítulo agropecuario por parte del Gobierno federal, recuerda Suárez Carrera, fue Luis Téllez Kuénzler, hoy consejero del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo y, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988–1994), Subsecretario de Agricultura y participante en la Reforma al Artículo 27 Constitucional que permitió el mercado de tierras antes comunales y terminó con el reparto agrario, médula de la Revolución Mexicana.
En 2001, al término del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León –en el que fue Secretario de Energía–, Téllez se convirtió en presidente del Consejo de Administración de Desc [hoy Grupo Kuo], que aglutina negocios de químicos y alimentos, entre ellos alianzas con Nutrimentos Agropecuarios Cargill, filial de la firma norteamericana Cargill.
Y ésta, de acuerdo con la ANEC, con el TLCAN se quedó con el mercado de la desaparecida Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) y, ahora, domina el mercado de granos en el país.
BAJO EL CONTROL DE MONOPOLIOS
“Se hablaba de libre comercio y dejar a un lado los monopolios del Estado, que eran ineficientes y corruptos, y dar paso al libre mercado y la libre competencia”, dice Suárez.
“Pero el resultado es que sí desaparecieron los monopolios estatales, pero se generaron los monopolios privados, y hoy el sistema agroalimentario mexicano está controlado por no más de 20 corporaciones agroalimentarias trasnacionales: Maseca, Bimbo, Bachoco, Lala, Monsanto, Cargill, Nestlé, Walmart, Grupo Sigma, General Foods, Coca Cola, Pepsico, entre otros que no suman mas de 20”, agrega.
El también integrante de la campaña Sin Maíz no hay País fue entrevistado luego de que el nuevo Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la revisión del TLCAN, al que ha llamado el peor tratado comercial de la historia.
Para la mayor parte de la población mexicana, de acuerdo con diversos diagnósticos, el resultado es también negativo debido a que, además de que intensificó la dependencia económica de México del comercio con Estados Unidos, redujo el poder adquisitivo del salario y desmanteló la industria nacional.
En el sector agroalimentario, dice Suárez, México ha acumulado en 22 años un déficit de 61 mil millones de dólares en la balanza comercial, muestra de que se ha importado más de lo exportado; hay un crecimiento económico de 1.5 en promedio, que se diluye en comparación con el aumento demográfico y, en general, un aumento en la pobreza y la desigualdad entre la población rural.
También, afirma, se violentó por años la protección acordada al maíz mexicano con la importación sin impuestos de este tipo de granos básicos desde antes de 2008, impidiendo que los pequeños productores se prepararan para la total liberación de este mercado.
El resultado, añade, fue que México –lugar de origen del maíz– se convirtió en el principal importador de este producto básico.
“A partir de 2005, 2006 y 2007, el Gobierno mexicano, de manera discrecional, permitió importaciones libres de aranceles por arriba de la cuota y, en los hechos, el plazo teórico de protección al maíz [15 años] se volvió cero, afectando a los productores nacionales pero beneficiando a Maseca, Minsa, Cargill y otras”, dice.
La devastación del TLCAN en el campo mexicano es oficial. De acuerdo con diversas revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los programas generados para que los productores nacionales enfrentaran la competencia no generaron beneficios supuestos y se concentraron en un pequeño segmento.
“[El Gobierno federal] dejó de participar en el proceso de producción y distribución de insumos, en la desregulación de las actividades agropecuarias, con la premisa de incrementar la productividad de las unidades de producción, promoviendo una reconversión hacia cultivos de mayor rentabilidad, con lo que se dio prioridad a la expansión del sector de frutas y hortalizas, y le restó importancia a la producción de granos básicos”, dice la revisión de la ASF a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) difundida en el más reciente informe.
“Los programas públicos se rediseñaron para que los productores agrícolas pudiesen competir con los países desarrollados, mediante mayor inversión en el campo y participación privada en el sector, por lo cual se implementó el Programa Nacional de Modernización para el Campo 1990-1994, cuya finalidad fue incrementar el bienestar de la población rural, mejorar el uso de los recursos y la balanza comercial agrícola, y reducir las regulaciones”, agrega Víctor Suárez Carrera.
El pago de estos subsidios, sin embargo, reportó la ASF en su revisión al programa Proagro Productivo de la Sagarpa, se entregó a personas que no forman parte de la población objetivo y, por tanto, no están asociados al incremento de la productividad del campo mexicano, la cual sigue siendo baja.
Lo mismo ocurrió con la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), que debería “generar un mercado equitativo con mayor participación de los productores, proveer información oportuna, fomentar la exportación y desarrollar infraestructura comercial”.
El resultado, sin embargo, fue que ASERCA, como Procampo, no diseñó indicadores de evaluación ni de identificación de la población a beneficiar y, en 2012, dice una de las revisiones, entregó el 58.6 por ciento de los 6 mil 895.8 millones de pesos de subsidios “a la comercialización de cosechas de ciclos agrícolas autorizados y el 41.4 por ciento a cosechas de ciclos agrícolas no autorizados”, entre otras observaciones.
“A pesar de los programas desarrollados en las dos décadas anteriores, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se indica que el campo mexicano presenta signos de agotamiento que muestra un estancamiento de la productividad, debido a que anualmente se cultiva alrededor del 85 por ciento de las hectáreas disponibles, de las cuales el 28 por ciento (que concentra el 60 por ciento del valor total de la producción) cuenta con riego y el 72 por ciento se cultiva en temporal”, dice la ASF en la revisión a la cuenta pública de 2014.
El impacto de la liberación del mercado sobre el campo es tal, agrega Suárez, que aun el origen de los fenómenos sociales más graves que han marcado el siglo XXI mexicano, como la migración de millones de personas a Estados Unidos o el aumento del crimen organizado, podrían encontrarse en la forma en la que se negoció y aplicó el TLCAN.
“El Gobierno mexicano decretó desde 1988 que el campo no era importante sino que eran más importante las importaciones agrícolas, y que no había que invertir y que era un asunto del sector privado; entonces, el Gobierno se retiró y desaparecieron las entidades gubernamentales que tenían gran presencia en el territorio rural”, explica.
“Y cuando se retiran el Gobierno y las instituciones y no hay actividad en el campo por la falta de inversión pública y de la competencia desleal que significan las importaciones, cae la actividad económica y, frente a ese vacío, el crimen organizado –que ya existía– encuentra condiciones para expandirse y desarrollar actividad económica, ingresos, generando perspectiva e incluso opciones para los jóvenes, todo asociado con la impunidad y la corrupción”, agrega.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-12-2016/3121932
En 2012 el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto anunció un tren de alta velocidad que para 2018 conectaría a la capital del país con la ciudad de Querétaro. Tres años bastaron para descarrilar ese sueño que nunca abandonó la primera estación: el proyecto de planeación. En 2015, en medio del escándalo por la “casa blanca”, el Jefe del Ejecutivo Federal anunció la cancelación de la licitación de la obra que se llevaría a cabo con inversión privada. Sin embargo, si se toma en cuenta la deuda que ocho ex gobernadores -también señalados por corrupción- acumularon durante sus gobiernos alcanzaría para desarrollar en más de tres ocasiones el proyecto del tren que nunca abordamos.
El monto de la deuda estatal generada durante la administración de ocho ex gobernadores mexicanos acusados de corrupción asciende a 186 mil 535.7 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Suma de dinero que alcanzaría para desarrollar más de tres veces el proyecto del Tren de Pasajeros de Alta Velocidad (TAV) México-Querétaro, que en 2015, fue suspendido indefinidamente por recortes presupuestarios y en medio de los escándalos de corrupción que en ese momento rodeaban al Presidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la versión pública del documento “Análisis Costo-Beneficio TAV: México-Querétaro” (2014) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el monto de inversión del proyecto asciende a “43 mil 579 millones de pesos con IVA”.
Si a ello le sumamos el costo de operación de 7 mil 723 millones de pesos, estimado por la empresa China Railway Construction Corp (CRCC) líder del consorcio que se encargaría de materializar la obra de infraestructura mexicana, obtenemos que el presupuesto inicial para la construcción del TAV es de 51 mil 302 millones de pesos.
Un monto 3.6 veces menor que la deuda contraída por los ex gobernadores de Chihuahua, César Duarte Jáquez; Coahuila, Humberto Moreira Valdés; Durango, Jorge Herrera Caldera; Nuevo Léon, Rodrigo Medina de la Cruz; Quintana Roo, Roberto Borge Angulo; Sonora, Guillermo Padrés Elías; Tamaulipas, Egidio Torre Cantú; y Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
El proyecto para el desarrollo del TAV México-Querétaro fue anunciado en diciembre de 2012 por el Presidente Enrique Peña Nieto. La obra conectaría a ambas ciudades con un tramo ferroviario de 210 kilómetros que sería recorrido en 58 minutos, situación que beneficiaría a “27 mil usuarios diarios” que se ahorrarían “4 horas en viaje redondo”, según la SCT.
Sin embargo la construcción del tren fue suspendida indefinidamente en febrero de 2015 por recortes presupuestarios anunciados ese mismo año, según lo señalado por Luis Videgaray Caso, entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Ese mismo mes, en medio de una polémica de opacidad y conflicto de interés, el Gobierno federal dio a conocer que suspendería la licitación de construcción obtenida por el consorcio de empresas nacionales y extranjeras liderado por la compañía china CRCC -del que participaba Grupo Higa (a través de su filial Constructora Teya), una empresa ligada al Presidente Peña Nieto y al escándalo de corrupción de la denominada “casa blanca” en la que se vio implicada la Primera Dama Angélica Rivera-.
En noviembre de 2015, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la STC anunció la construcción de cuatro carriles adicionales para el transporte de carga en la autopista México-Querétaro. No mencionó el costo de la inversión.
Irónicamente el proyecto del TAV suponía el ahorro de ese tipo de inversiones. Con su construcción se hubieran ahorrado 5 mil 300 millones al evitar la ampliación de la autopista -que está programada para el próximo año-, según refiere el documento citado de la SCT.
LA DEUDA DE LOS GOBERNADORES
El incremento en la deuda estatal que acumularon los ocho ex gobernadores acusados de corrupción, lavado de dinero, delincuencia organizada y malos manejos en el país -que asciende a un total de 186 mil 535.7 millones de pesos- es más elevado que el recorte al gasto que hizo el Gobierno federal en el Presupuesto de Egresos 2017 el pasado 11 de noviembre (175 mil 849 mdp respecto a 2016), y es superior a la disminución en el gasto de operación de las dependencias de Gobierno prevista para el próximo año (de 33 mil 498 mdp).
También es superior a los 121 mil millones de pesos aprobados para la Secretaría de Salud; 2.7 veces mayor que los 69 mil millones de pesos asignados al Seguro Popular que cubre a 65 mil afiliados en el país; y 5.2 veces más elevado que el recorte de 35 mil 331 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Educación Pública.
A continuación un recuento de las deudas contraídas por estos ocho políticos publicado en días recientes por SinEmbargo con datos de la SHCP.
- Chihuahua: César Duarte Jáquez (PRI) incrementó el endeudamiento de la entidad en 42 mil 453 mdp -recibió la entidad con una deuda de 12 mil 547 mdp y a su salida dejó una deuda de 55 mil mdp-.
- Nuevo León: Rodrigo Medina de la Cruz (PRI) aumentó a más del doble la deuda estatal con 35 mil 878.8 mdp -pasando de 27 mil 70 mdp a 62 mil 946.8 mdp-.
- Coahuila: Humberto Moreira Valdés (PRI) incrementó el endeudamiento de la entidad en 35 mil 859.6 mdp -la deuda de 323 mdp que recibió, al final de su sexenio, alcanzó los 36 mil 182.6 mdp-.
- Veracruz: Javier Duarte de Ochoa (PRI) aumentó la deuda de la entidad que gobernó en 24 mil 276.1 mdp -recibió una deuda de 21 mil 499.9 mdp y dejó un endeudamiento (al 31 de marzo de 2016) por 45 mil 775 mdp-.
- Tamaulipas: Egidio Torre Cantú (PRI) incrementó la deuda del estado en 12 mil 511.9 mdp -pasando de un endeudamiento de mil mdp a uno de 13 mil 511.9 mdp-.
- Quintana Roo: Roberto Borge Angulo (PRI) incrementó la deuda estatal en 12 mil 405 mdp -recibió una deuda total por 10 mil 37 mdp y al concluir su mandato dejó un endeudamiento por 22 mil 442 mdp-.
- Sonora: Guillermo Padrés Elías (PAN) aumentó la deuda de la entidad en 11 mil 522 mdp -recibió una deuda de 11 mil 258 mdp y dejó un endeudamiento por 22 mil 780 mdp-.
- Durango: Jorge Herrera Caldera (PRI) aumentó la deuda de su entidad en 11 mil 302.3 mdp durante su sexenio -recibió una deuda de 3 mil 697 mdp y a su salida dejó un endeudamiento de 15 mil mdp-.
EL SUEÑO DESCARRILADO
México pareciera ser el país de “nunca jamás”, es decir, de los “hubiera”. Si no hubiera tanta corrupción e impunidad… Si se hubiera hecho esto y aquello…
El desarrollo del Tren de Pasajeros de Alta Velocidad México-Querétaro es un ejemplo de ello.
Esta obra no sólo le hubiera ahorrado “4 horas en viaje redondo” a 27 mil usuarios diarios o hubiera evitado un desembolso de 5 mil 300 millones de pesos para ampliar la autopista.
En un documento emitido por la SCT, titulado “Investigación de Mercado para la Contratación de Servicios Integrales” para el proyecto del TAV, especifica que dicha obra de infraestructura hubiera generado 20 mil empleos directos y 41 mil indirectos.
Si uno considera los 186 mil 535.7 millones de pesos de deuda contraída por los ocho ex gobernadores mencionados -siete priistas y un panista-, deuda que es 3.6 veces más grande que el presupuesto previsto para el desarrollo del TAV, podríamos pensar que se perdió la oportunidad de generar aproximadamente 220 mil empleos.
Además, un tren de alta velocidad hubiera permitido que cerca de 18 mil vehículos dejaran de circular diariamente, lo que según el documento de la SCT, supone un decremento de 95 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) que dichos automóviles liberan en la atmósfera, o bien, un equivalente al oxígeno producido cada día por 76 hectáreas de bosque.
Otros beneficios que hubiera traído el TAV:
-Se hubieran economizado 47 mil mdp en gastos de operación vehicular en un periodo de 15 años (3 mil 204.17 mdp por año de operación) al reducir las distancias recorridas por los conductores de vehículos particulares.
-La reducción del tiempo en el traslado de la Ciudad de México a Querétaro -de cuatro horas a poco menos de una hora- hubiera implicado un ahorro anual de 432.9 mdp -en función de la distancia recorrida- y, a lo largo de un periodo aproximado de 30 años, los ahorros en tiempo de viaje para los usuarios de red carretera ascenderían a 22 mil 641.2 mdp.
-Los usuarios de transporte público y privado (a gran escala) se hubieran visto beneficiados con la disminución de transportes en la carretera. Además el decremento en el uso de camiones de pasajeros hubiera generado un ahorro de 230 mil dólares por unidad comprada -considerando un autobús con WC y aire acondicionado-, lo que supone un gasto acumulado de 7 millones de dólares (aproximadamente 138 mdp) en un periodo de 30 años.
Por otro lado, si la corrupción no hubiera pasado tal factura millonaria, se hubiera podido construir la infraestructura necesaria para que cientos de miles de ciudadanos mexicanos se trasladaran por al menos 756 kilómetros en un transporte con tecnología de punta -considerando que el monto del endeudamiento podría generar 3.6 veces la infraestructura del proyecto TAV que contemplaba un recorrido de 210 kilómetros-.
¿A dónde podría llegar uno con una infaestructura ferroviaria de más de 700 kilómetros de longitud? Considerando una ruta basada en distancias en línea recta, hubiera sido posible -no necesariamente factible- conectar a la Ciudad de México con estados como Tabasco (710 Km), Chiapas (701 Km), Nuevo León (700 Km), Nayarit (650 Km), Tamaulipas (540 Km), Zacatecas (520 Km), Colima (483 Km), Jalisco (462 Km), Aguascalientes (427 Km), Oaxaca (367 Km), San Luis Potosí (360 Km), Guanajuato (326 Km), Veracruz (320 Km), Michoacán (270 Km), Guerrero (230 KM), entre otros.
La corrupción indudablemente nos limita como nación, como ciudadanos. Mientras México continúe siendo la tierra del hubiera, seguiremos soñando con un desarrollo más amplio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EFRÉN FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-12-2016/3121791
Victoria de la resistencia indígena, a la cual se unieron más de 2 mil veteranos de guerra. Líderes de la reserva de Standing Rock agradecen a todos los que se sumaron a la lucha.
Nueva York: En un triunfo espectacular de la mayor movilización de resistencia indígena en la historia reciente de Estados Unidos, el gobierno federal anunció que no otorgará permisos para continuar con la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte que atravesaba tierras sagradas y cruzaba por debajo del río Misuri, y buscará rutas alternativas para el proyecto.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército emitió su decisión la tarde de este domingo, argumentando que después de extensas consultas determinó que la mejor forma de proceder es explorar rutas alternativas para el cruce del oleoducto y elaborar –como se había solicitado durante meses por los indígenas– un estudio de impacto ambiental mucho más amplio.
Dave Archambault II, presidente de la tribu siux de Standing Rock, expresó su gratitud por la valentía del presidente Obama, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el Departamento de Justicia y el Departamento del Interior para tomar decisiones, corregir el curso de la historia y hacer lo correcto.
Después de que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ordenó evacuar este lunes las tierras federales ocupadas por miles de indígenas y sus aliados, y de que el gobierno estatal de Dakota del Norte había ordenado que los ocupantes abandonaran la zona ante condiciones invernales severas, se había disparado la tensión e incertidumbre sobre qué ocurriría, ya que los manifestantes rehusaron acatar tales órdenes.
Ante preocupaciones de represión –fuerzas de seguridad estatales y privadas habían empleado balas de goma, gas pimienta y lacrimógeno e incluso agua en temperaturas bajo cero contra manifestantes en diversos enfrentamientos durante las últimas semanas, en que hubo más de 560 arrestos–, este domingo llegaron más de 2 mil veteranos militares de todo el país para sumarse a la resistencia y servir de escudos humanos en campamentos helados de los siux en Dakota del Norte.
Miles de indígenas siux y de otros pueblos indígenas; jóvenes, ambientalistas, activistas afroestadunidenses y latinos, artistas y más han mantenido una ocupación –ya era más como un pueblo– en tierras federales desde el verano para frenar el Oleoducto Dakota Access. Han recibido el apoyo de más de 300 tribus y naciones indígenas en este país y agrupaciones nacionales ambientalistas, culturales, de movimientos de derechos civiles como Black Lives Matter y activistas estudiantiles de todo el país (standwithstandingrock.net).
El proyecto, con valor de 3.8 mil millones de dólares, está construido en más de 90 por ciento y su último tramo, de un total de 886 kilómetros para transportar 470 mil barriles diarios de crudo desde tierras petroleras en Dakota del Norte a refinerías en Illinois, pasa por tierras federales que fueron otorgadas a los siux en un tratado de 1851 incumplido hasta ahora, y cruzaría por debajo del río Misuri.
Líderes de la Reserva Siux Standing Rock, la cual colinda con esas tierras y el paso del oleoducto, expresaron su oposición oficial desde hace un año, argumentando que el oleoducto pasa por tierras sagradas y a la vez amenaza el agua potable no sólo de ellos, sino de unos 17 millones de personas por toda la región si hay una ruptura cerca del río. Por ello, muchos participantes se designaron protectores del agua y subrayaron la defensa indígena de los derechos ambientales de y para todos.
Dirigentes indígenas insistieron en que esto es parte de una lucha histórica. Nos estamos cansando de ser empujados ya 500 años. Ellos toman, toman, toman y ya basta, comentó Lee Plenty Wolf al New York Times en una entrevista en uno de los campamentos, entre dos jóvenes, una de California y otra de Francia, que llegaron en apoyo.
Este fin de semana empezaron a llegar cientos de unos 2 mil 100 veteranos militares que se han comprometido a llegar desde todas partes del país –muchos con experiencia en las guerras de Irak, Afganistan, y otros de Vietnam– para defender de manera no violenta la resistencia indígena. Encabezados por Wesley Clark Jr, hijo del reconocido general retirado y ex candidato presidencial Wesley Clark, que lanzó la iniciativa Veteranos por Standing Rock, quien afirma que los ex militares se congregarán como una milicia pacífica y desarmada en la Reserva Sioux Standing Rock.
David Hulse, de la Marina y veterano de la guerra en Irak, comentó a ABC News que decidió sumarse a las protestas desde Chicago “no como una misión de guerra, sino una misión de paz…. ver tantos veteranos presentarse aquí, eso es hermandad”. Uno tiene 90 años de edad, otra es representante federal demócrata de Hawai, Tulsi Gabbard. Kenny Nagy, veterano de la guerra de Vietnam, declaró a Los Angeles Times que por fin vamos estar ayudando al pueblo de Estados Unidos en lugar de a empresas. Elizabeth Torrence, veterana del ejército, quien estuvo en Irak, comentó rumbo al campamento que los soldados juran defender al pueblo estadunidense contra enemigos en el extranjero o en casa, y la manera en que están tratando al pueblo estadunidense, a gente desarmada, es inaceptable.
Artistas han visitado y/o expresado solidaridad, desde los actores Jane Fonda y Mark Ruffalo hasta músicos como Neil Young, y roqueros punk en varias ciudades que ofrecieron conciertos para apoyar a los indígenas, como Neil Young; músicos indígenas hicieron videos.
Poco después de la decisión del gobierno federal esta tarde, Archambault declaró en nombre de la tribu siux de Standing Rock su agradecimiento a todos los que participaron en esta resistencia, incluyendo “la juventud tribal que inició este movimiento… los millones alrededor del mundo que expresaron apoyo por nuestra causa… los miles que llegaron a los campamentos para apoyarnos”. Indicó que ahora espera que todos regresen a casa, y que el gobernador del estado, Jack Dalrymple, y el gobierno entrante de Donald Trump, respeten esta decisión.
La empresa constructora del oleoducto, Energy Transfer Partners, había declarado que se oponía a cualquier desviación de la ruta, y que si no completa el proyecto para el 1º de enero, perderá contratos multimillonarios.
Por lo tanto, algunos advierten que esto no será el final. Se espera que la empresa acudirá a los tribunales para revertir esta decisión, mientras el presidente electo Donald Trump ya expresó su apoyo al proyecto la semana pasada. No sólo es un proyecto como los que él propone para el país, sino que él tiene un interés personal en el asunto: es inversionista en la constructora, cuyo ejecutivo en jefe donó unos 170 mil dólares a su campaña electoral.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: DAVID BROOKS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/05/desviaran-oleoducto-que-cruzaba-tierras-siux-en-dakota-del-norte
Ciudad de México. La empresa australiana BHP Billition Operaciones de México será el socio de Petróleos Mexicanos, en la exploración y explotación de hidrocarburos en el bloque Trion de aguas profundas.
En la licitación para asociarse con Pemex Exploración y Producción en el primer farm-out de la historia en México, BHP Billition Operaciones de México ofreció un pago en efectivo de 624 millones de dólares, contra los 605 millones 999 mil 999.99 dólares que ofreció su único contrincante, BP Exploration México.
Los dos únicos interesados en asociarse con Pemex empataron sus propuestas económicas, que ascendieron a 4 por ciento de regalía adicional por lo que la comisión licitatoria abrió los sobres de desempate con propuestas en efectivo.
El director de Pemex, José Antonio González, dijo que éste es un día histórico para Pemex y aseguró que las cifras económicas son "muy impresionantes", aseguró que rebasaron las expectativas porque rebasan los mil millones de dólares de inversión debido a que los montos ofrecidos se suman a una regalía base de 7.5 por ciento entre otros factores económicos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MIRIAM POSADAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/05/empresa-australiana-gana-licitacion-para-trion-1
