GUADALAJARA, Jal: La madrugada de este lunes fue retirado el plantón que mantenían desde el 15 de abril pasado integrantes del Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco (Suacobaej) y del Frente Magisterial de Jalisco, en protesta por el despido de docentes de educación media superior y básica que se negaron a presentar el examen de evaluación. El gobierno del estado envío un comunicado para informar que se procedió al desalojo con el fin de recuperar el libre tránsito de la Plaza. En ese sentido, el secretario general del Suacobaej Epifanio Méndez Rojas, en entrevista con Apro, rechazó el motivo del retiro, puesto que no se obstaculizaba el paso y calificó al gobierno estatal, encabezado por el priista Jorge Aristóteles Sandoval, como “represor”.
“Tenemos derecho de defender los derechos laborales que se nos quieren arrancar, así como (rechazar) la implementación de una reforma educativa que es punitiva (…) Rechazamos el uso de la fuerza pública excesiva del gobierno del estado, comandado por Jorge Aristóteles Sandoval que fue quien dio la orden.
“Su argumento es que nosotros estábamos obstaculizando el libre tránsito cuando sólo ocupamos 12 metros cuadrados de una plaza pública para el plantón, no le estorbábamos a nadie”, expresó. Consideró que el verdadero motivo del desalojo es la visita a la ciudad del presidente de la república, Enrique Peña Nieto y de personal de la Organización de las Naciones Unidas. “Querían dar la imagen de que no pasa nada en Jalisco y ver limpio. Ocultando la realidad”, apuntó. El poder ejecutivo informó que envió al lugar a personal de la dirección general de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político de la Secretaría de Asuntos del Interior en donde se encontraban cinco personas, una de ellas “se identificó como miembro de la Unión Nacional de Trabajadores Campesinos (UNTAC)” quien estaba acompañado por dos mujeres, un hombre y una menor de edad. El secretario general del Suacobaej confirmó la presencia de la UNTAC y explicó que el ejecutivo “esperó el momento en donde estuviera más débil el plantón. “Estaban los compañeros campesinos que nos hacen el favor de apoyarnos los domingos para amanecer el lunes, estaban tres compañeras campesinas (en el comunicado mencionan sólo dos), y dos compañeros campesinos y una niña (…) Creo que no se atrevieron en otro momento porque vieron las circunstancias. Esa parte insensible del gobierno del estado y falta de capacidad se demuestra con este acto”, señaló. La Secretaría General de Gobierno también mencionó que envió dos oficios, uno (DGEEDP/56/2016) con fecha 30 de noviembre y otro (DGEEDP/57/2016) del 2 de diciembre con el fin de “retomar las mesas de diálogo que fueron abandonadas por los quejosos, el 28 de julio del año en curso”, en las que se buscaba “alternativas a posibles demandas y encontrar la solución a los reclamos para no seguir afectando el libre tránsito de ciudadanos que acuden a Plaza Liberación”. Sin embargo, según la dependencia no hubo respuesta por parte de los líderes magisteriales. Con relación a los oficios, Epifanio Méndez precisó que uno fue hecho al vapor, puesto que el nombre del Suacobaej se escribió a mano, además de que al director de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político, Rubén Efraín Palacios Morquecho se le mencionó que “si ellos tenían una respuesta en la problemática, del objetivo o la causa por la que estaba el plantón que era la reinstalación de los compañeros despedidos injustificadamente, definitivamente estamos en el diálogo. Nosotros queremos esa resolución. Pero él se negó rotundamente. Dijo que en ese sentido no se podía dialogar”. El líder sindical recordó incluso una declaración que hizo ante los medios de comunicación el secretario de gobierno, Roberto López en el cual comentó “‘que se mueran ahí esos sucios maestros, déjenlos que ahí se pudran’. Yo creo que la investidura que tiene el secretario deja mucho que desear como representante del pueblo”, opinó. Epifanio Méndez subrayó que la Constitución Política del país les otorga a los maestros el libre derecho a la manifestación. Aún no sabe con exactitud qué acciones realizarán, pero estima que sí reinstalarían el plantón en la plaza. El gobierno del estado informó que durante el proceso de desalojo se contó con la “presencia de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de la Secretaría General de Gobierno, además de un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco”.
A través de su Twitter, el técnico del América celebró la decisión y felicitó al Juez Séptimo "por no caer en tramas" del empresario Jorge Vergara.
Un juez negó este lunes la orden de aprehensión solicitada contra Ricardo La Volpe por la Fiscalía General del Estado (FGE). De acuerdo con El Informador, fuentes del Poder Judicial indicaron que el Juzgado Séptimo de lo Penal consideró que las pruebas presentadas contra el técnico argentino, no alcanzan para presumir su probable responsabilidad en los delitos de atentados al pudor, hostigamiento sexual y contra la dignidad de las personas. El caso contra el técnico del club de futbol América comenzó en 30 de abril de 2014, cuando Jorge Vergara, dueño de las Chivas, despidió al entonces timonel por “comportamiento inapropiado”, tras una denuncia presentada por Alma Belén Coronado, podóloga en el club.
La Volpe, quien negó las acusaciones en todo momento, celebró en su cuenta de Twitter la decisión de las autoridades y felicito al Juez Séptimo por “no caer en tramas” de Vergara.
1. Hoy el Poder Judicial de Jalisco ha declarado mi inocencia en acusaciones que se armaron cuando estaba en @Chivas
La defensa del ex gobernador de Veracruz argumentaba que la entrega de 15 millones de pesos por información que sea útil para lograr la detención de Duarte, era una acción que violaba sus derechos humanos y la presunción de inocencia.
Un juez federal rechazó suspender la recompensa de 15 millones de pesos que la Procuraduría General de la República (PGR) ofrece a quien aporte información sobre el paradero del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. La resolución del Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Jorge Antonio Medina, señala que el acuerdo emitido por la PGR, mediante el cual se ofrece la recompensa para localizar al ex priista, se encuentra dentro de las facultades de la dependencia. La defensa del ex gobernador de Veracruz argumentaba que la entrega de 15 millones de pesos por información que sea útil para lograr la detención de Duarte, era una acción que violaba sus derechos humanos y la presunción de inocencia. Sin embargo, el juzgador federal consideró que al existir una orden de aprehensión vigente contra Javier Duarte, este se encuentra en calidad de prófugo, por lo que PGR como autoridad ministerial cuenta “con la facultad legal de recopilar datos de investigación para la localización del inculpado”. Por lo anterior, estimó que esa dependencia sí puede ofrecer una recompensa a las personas que aporten información útil para localizar y detener a Duarte de Ochoa, en su calidad de inculpado por dos delitos federales. La resolución agrega que de concederse la suspensión solicitada por el ex gobernador, se afectaría el interés social, ya que la sociedad en su conjunto tiene derecho a que se investiguen y sancionen los delitos cometidos en detrimento del patrimonio público del estado de Veracruz. La resolución dictada dentro del juicio de amparo también confirma la vigencia de la orden de aprehensión contra Javier Duarte de Ochoa, a raíz de que el pasado jueves 1 de diciembre del 2016 concluyó su periodo como Gobernador de Veracruz, por lo que ya no goza del fuero constitucional que le otorgaba ese cargo de elección popular.
Por lo anterior, se refrenda que la PGR cuenta con todas las facultades legales para cumplimentar la orden de aprehensión que se giró en contra de Javier Duarte, en su calidad de imputado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: JUAN OMAR FIERRO. LINK: http://aristeguinoticias.com/0512/mexico/juez-se-niega-a-suspender-recompensa-para-localizar-a-javier-duarte/
CIUDAD DE MÉXICO: Vecinos que permanecían instalados en un plantón desde hace siete meses contra la construcción de un complejo inmobiliario y en defensa del derecho humano al agua, fueron desalojados por unos 400 elementos de la Secretaría de Seguridad capitalina, en la delegación Coyoacán. El desalojo se llevó a cabo alrededor de las 03:00 horas de la madrugada en el plantón ubicado frente el predio en conflicto, en el número 215 sobre avenida Aztecas. Durante el operativo los policías permitieron el acceso de personal de la Dirección de Servicios Urbanos que recabó enseres y lonas que tenían en el lugar los inconformes. Los subieron en camiones y con ello quedó despejada la zona. No se reportaron detenidos y al concluir el desalojo, obreros accedieron al predio para iniciar la construcción del complejo inmobiliario del que se quejan los vecinos porque afirman que afectará el suministro de agua en sus hogares.
Además, sostienen que la edificación que lleva a cabo la firma Quiero Casa, vulnera las normas ambientales, pues se hará en un afluente de un manantial. Asimismo afirman que complicará la circulación vehicular en la zona y acaparará servicios básicos necesarios en las colonias populares de las inmediaciones.
CIUDAD DE MÉXICO: El juez 65 Penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Sur, dictó auto de formal prisión contra un sujeto que volvió a invadir un predio ubicado en Circuito Interior Melchor Ocampo, propiedad de una compañía arrendadora que había recuperado el inmueble tras un juicio civil contra el imputado y sus cómplices. En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina informó que aportó las pruebas suficientes para que el juez tomara esa determinación. Destacó que en la causa penal 127/2016, iniciada por el delito de despojo agravado, se estableció que el 7 de enero de 2015 el inculpado y sus copartícipes invadieron por segunda ocasión dicha vivienda localizada en la colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, conocida como “Chanti Ollin”. De acuerdo con la dependencia, la primera vez que se apropiaron del lugar fue el 9 de julio de 2004, por lo que la empresa ofendida solicitó la devolución del predio a través de un juicio civil ante el Juzgado Quincuagésimo Primero de lo Civil, cuyo dictamen fue resuelto mediante sentencia de segunda instancia en la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, que resolvió restituir el inmueble a la parte afectada el 10 de noviembre de 2006. Ante la oposición de los ocupantes, añadió, fue hasta el 7 de enero de ese año cuando el actuario hizo entrega jurídica y material del predio a la compañía arrendadora. El domicilio quedó asegurado con una cadena y candado, y en el interior quedaron ocho personas que habían sido contratadas para realizar trabajos de vigilancia, albañilería, demolición y limpieza. Sin embargo, ese mismo día el inculpado y sus cómplices regresaron a la vivienda y, con tubos y varillas, forzaron el acceso, ingresaron y sacaron por la fuerza a las personas que laboraban dentro del predio, mismas que fueron auxiliadas por policías preventivos. Los hechos fueron denunciados en la agencia del Ministerio Público de la Coordinación Territorial CUH-5, donde se inició la averiguación previa por el delito de despojo agravado, la cual fue remitida a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FEDAPUR) para su prosecución y perfeccionamiento legal.
OAXACA, Oax: La Fiscalía General de Justicia informó que las prestamistas Olga Lidia Sánchez López, de 48 años de edad, y Silvia Martínez Sandoval, de 28, fueron estranguladas y sus cuerpos hallados en un barranco. Los cadáveres envueltos en una cobija y en estado de putrefacción se localizaron el viernes 2 en el paraje Manzanito, perteneciente al municipio Santiago Clavellinas Zimatlán, pero las autoridades los rescataron un día después. Olga Lidia Sánchez López y Silvia Martínez Sandoval desaparecieron desde el pasado 29 de noviembre en la población de Ocotlán de Morelos, y el hecho se dio a conocer de inmediato en las redes sociales. La tarde del viernes 2, una persona que se dirigía a Santiago Clavellinas observó un bulto en el fondo de un barranco y dio aviso a las autoridades, quienes este lunes confirmaron el hallazgo de las dos mujeres.
Desde que el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, y hasta el año en curso del gobierno de Enrique Peña Nieto, ha habido en México casi 30 mil desaparecidos como consecuencia, denunciaron organizaciones ciudadanas y activistas durante el foro “Nos faltan todos”. Hilda Legideño, madre del normalista desaparecido la madrugada del 26 de septiembre del 2014, Jorge Antonio Tizapa Legideño, aseguró que lamentablemente en el país carecen leyes que castiguen la desaparición forzada, y que la calidad de persona desaparecida sólo se reconoce hasta después de 72 horas transcurridas. “Nos ha atacado el gobierno, sabemos que nos va atacar, pero yo como madre no puedo abandonar a mi hijo, si él está en algún lugar, él está esperando que yo lo busque, él está esperando regresar a su casa. Mi hijo no es ningún delincuente, como dice el gobierno mexicano, él lo único que quería era estudiar, quería superarse y ofrecer un mejor futuro a su familia, mi hijo tiene 22 años actualmente y tiene una niña de dos años que espera que regrese”, indicó. Por su parte, la representante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Monterrey, Leticia Hidalgo, opinó que el fenómeno de la desaparición de personas en el país es una tragedia de orden humanitario, ante el cual las autoridades no actúan en favor de las víctimas. “Pedimos la promulgación de la ley contra las desapariciones forzosas a Enrique Peña Nieto desde el año 2015, pero hasta la fecha no hay ningún avance”, destacó Hidalgo. La activista recordó las acciones que los ciudadanos han llevado a cabo de forma exitosa, como el proyecto Ciencias Forenses Ciudadanas y la capacitación en beneficio de colectivos del orden civil que realizan sus propias investigaciones sobre los desaparecidos y en donde recientemente se efectuaron diversas pruebas de ADN a varias familias de Lagos de Moreno, en búsqueda de sus desaparecidos. De la misma forma, Vidulfo Rosales Sierra, representante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de Guerrero, denunció que en la época de la guerra sucia desaparecieron más de mil 200 personas que, hasta la fecha, no se han resuelto sus casos en el estado. Aseguró que cada día, existe un registro de 17 personas. Dijo que se trata de una historia que se repite en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, desaparecidos Iguala Guerrero. Darwin Franco, activista y académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), señaló que de los 125 municipios de la entidad, por lo menos en 116 hay registro de personas en estado de desaparición.
“El Plan Frontera Sur intensifica las medidas de control, vigilancia, contención y militarización y ha obligado a las personas migrantes a viajar por rutas más remotas y peligrosas, que trazamos este año en la Caravana”, aseguró el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), que organiza cada año la Caravana de Madres de Migrantes Centroamericanos Desaparecidos en México. Afirmó que los integrantes de la Caravana, en su recorrido por 11 estados del país durante 18 días, constató “otra vez, el incremento notorio en la violencia y la violación de los derechos humanos desde que el gobierno de Enrique Peña Nieto impuso el Plan Frontera Sur en 2014, apoyado y financiado por el gobierno de Estados Unidos para detener los flujos migratorios centroamericanos”. “Por estas veredas y caminos, las familias migrantes se vuelven presa fácil de grupos de delincuentes, del crimen organizado y agentes estatales corruptos” y “lejos de garantizar su seguridad y sus derechos, las políticas represivas del Estado han sumergido a los migrantes que huyen de la violencia y el hambre en sus comunidades de origen, en un infierno donde están expuestos a robos, extorsiones, violaciones sexuales, trata y tráfico, desaparición y muerte”, denunció. Aseguró que los cónsules centroamericanos en la zona fronteriza informan que, con la elección de Donald Trump como presidente, se ha incrementado el flujo de migrantes que intentan reunirse con sus familiares en Estados Unidos. “La propuesta antimigrante y racista del presidente electo de Estados Unidos, junto con la actitud sumisa y represiva del gobierno mexicano, auguran tiempos de más violaciones de derechos e inseguridad para los migrantes centroamericanos”, añadió. El MMM recordó que el pasado 3 de diciembre concluyó la Caravana en el Río Suchiate, el cual se encuentra en la frontera con Guatemala. “Fueron muchos los aprendizajes del camino, entre ellos el marcado contraste entre la generosidad de espíritu del pueblo mexicano y la indiferencia de muchos de los funcionarios gubernamentales hacia las tragedias humanas que genera la criminalización de las personas migrantes en el país”, indicó.
Fuerzas federales y estatales se enfrentaron a tiros con presuntos delincuentes en el municipio de Jesús Carranza.
Catorce presuntos criminales murieron en un enfrentamiento con infantes de Marina, informó el lunes la policía del estado de Veracruz. El Grupo de Coordinación Veracruz indicó en un comunicado que la balacera comenzó cuando los hombres armados atacaron una patrulla de la policía en el poblado de Jesús Carranza, en una parte remota del estado. El comunicado detalla que los militares llegaron como refuerzo y también fueron atacados a balazos. Agrega que 14 atacantes murieron en el enfrentamiento y que se desconoce la cifra de los que huyeron. Los elementos de la Marina aseguraron en el lugar un rifle de francotirador calibre .50 y 13 fusiles de asalto, indica el comunicado. Una balacera ocurrida el sábado en la misma área entre presuntos delincuentes y soldados mexicanos dio como resultado la muerte de tres presuntos criminales.
Ximena Puente envió una carta al Senado en la cual dijo que la decisión de retirar su candidatura para liderar la Fiscalía Anticorrupción es personal.
La comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora, anunció que retira su candidatura para liderar la Fiscalía Anticorrupción. De acuerdo con un reporte de Reforma, Puente envió una carta al Senado mexicano en la que explicó que tomó la decisión de retirar su candidatura para ocupar la titularidad de la fiscalía “para contribuir a que se construyan, a la brevedad, los acuerdos necesarios para que esta Fiscalía opere con fuerza y a plenitud“. Hasta principios de noviembre, el Senado informó que recibió 32 registros de aspirantes a ocupar la Fiscalía Anticorrupción. Fiscal General designaría a titular de Sistema Anticorrupción El presidente del Senado, Pablo Escudero Morales, dijoque con las iniciativas que presentaron el Ejecutivo, así como senadores del PAN y PRD, sobre la designación del fiscal General de la República, se abre el debate para que sea el titular de este órgano el que nombre al fiscal anticorrupción. En entrevista, aseveró que el titular de la Fiscalía Anticorrupción podría ser nombrado por el fiscal General de la República, situación que sucedería hasta 2018 y no el año próximo como acordó la Junta de Coordinación Política (Jucopo). “Se respeta la voluntad de lo que pensábamos todos que debía ser el fiscal autónomo el quien nombrará. Entonces, pues sin duda esa discusión está sobre la mesa con las iniciativas que se han presentado”, dijo el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Escudero Morales dijo que es sensible la iniciativa que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado, para que el actual titular de la PGR, no se convierta en automático en el fiscal General de la República, pero que le permite participar en el proceso de designación.
En ese sentido aseveró que la iniciativa presidencial servirá para que los senadores y diputados corrijan lo antes aprobado, es decir, para replantear temas que no estaban incluidos como el del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción que está interconectado con el nombramiento del fiscal en la materia.
La Suprema Corte desechó un recurso del Consejero Jurídico de la Federación para impedir que se conozcan esos datos sobre espionaje.
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) debe informar sobre la cantidad de personas y dispositivos que espió en 2014, determinó este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que hizo la solicitud de esos datos por medio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y luego peleó para obtenerlos con un recurso de revisión, informó sobre esta resolución.
Con 10 votos a favor y uno en contra, apuntó R3D en un comunicado, “la Suprema Corte desechó el recurso del Consejero Jurídico de la Federación para impedir la revelación de datos estadísticos sobre vigilancia”.
La @SCJN determinó que CISEN deberá informar a R3D a cuántas personas o dispositivos espió en 2014. https://t.co/rWhP5hQZHz
El INAI ya había resuelto que el CISEN tenía que informar sobre la cantidad de personas espiadas. Sin embargo, el 4 de agosto pasado, precisó R3D, el Consejero Jurídico del Ejecutivo “promovió un recurso de revisión ante la SCJN para que dicha información no fuera divulgada”, por razones de “seguridad nacional”. Durante la sesión, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte resolvió que la entrega de la información sobre la cantidad de personas espiadas en 2014 no implica un riesgo para la seguridad nacional.
Aunque también hubo un pronunciamiento en el sentido de que ese tipo de datos no deben considerarse públicos en automático, y que en cada caso debe valorarse la pertinencia de entregarlos o exponerlos. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/cisen-espionaje-scjn/
A cinco años de la desaparición forzada del indígena tzeltal, Alonso López Luna, orginario de la comunidad de Banavil, en Chiapas, las autoridades del gobierno “no ha hecho una búsqueda para encontrarlo”, aseguró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Frayba señaló que “los mecanismos de investigación judicial son obsoletos e ineficaces, en cuanto al desplazamiento forzado de 13 personas en San Cristóbal, y añadió que “el Estado mexicano incumple promover y proteger los derechos humanos fundamentales universalmente reconocidos en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos Forzados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”. En abril del 2012, el Centro “documentó que la familia de Alonso López Girón, tuvo que salir de sus casas y de Banavil el 4 de diciembre de 2011, por las agresiones de integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI)”, indicó. Recordó que los testigos refieren que cerca de 50 personas, con palos y armas de fuego, rodearon el lugar y sacaron a golpes a Alonso López Luna, “de quien se desconoce su paradero”. Señaló que “ante amenazas de muerte y por temor de daños en su integridad, la familia se desplazó de manera forzada a San Cristóbal de Las Casas, donde actualmente sobrevive en condiciones inhumanas y precarias, sin posibilidades de rehacer su proyecto de vida ni los medios necesarios para el sustento diario”. Calificó de “especialmente preocupante” la situación de las mujeres y niños, quienes carecen de alimentación adecuada y servicios de salud, así como de educación. “El 21 de febrero de 2013, a consecuencia de padecer vulnerabilidad en desplazamiento forzado, la niña Antonia López Girón murió a la edad de 11 años”, agregó. Denunció y lamentó que las autoridades federales y estatales aún no han llevado a cabo alguna acción para dar seguimiento a los compromisos adquiridos, sino que al contrario, “han actuado de manera ineficiente, con nulos resultados en la investigación de los hechos del día 4 de diciembre de 2011 y sin justicia en las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante los cinco años del desplazamiento forzado”. Lo anterior, “trae como consecuencia la impunidad que ubica en riesgo a la vida, integridad y seguridad personal a las personas desplazadas a quienes no se les ha garantizado sus derechos humanos y por consiguiente el acceso a la justicia”. Ante esto, urgió al Estado mexicano a realizar las investigaciones serias, prontas y expeditas para dar con el paradero de Alonso López Luna, con la colaboración de peritos de la Procuraduría General de Justicia, además de que genere condiciones para el retorno con seguridad de las actualmente 21 personas desplazadas forzadamente, así como garantizar las tierras y sus derechos colectivos como integrantes del pueblo indígena tzeltal.
El 4 de diciembre del 2011, las familias de la localidad de Banavil, en Chiapas, fueron víctimas de agresión y obligadas a desplazarse de sus hogares, los cuales fueron saqueados y hasta hoy, cinco años después, no han podido regresar por el miedo a la inseguridad y nuevos ataques por parte del gobierno. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: https://desinformemonos.org/cinco-anos-desaparicion-tzeltal-gobierno-sigue-sin-acciones/
“El primer mensaje que estamos dando es de paz, no es un mensaje de guerra, pero también decimos que a pesar de las agresiones que nos han causado, no nos vamos a desarmar y seguiremos en la lucha…” le dicen los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y el pueblo de Tixtla al gobierno de Guerrero al marchar por las calles de esa ciudad para exigir seguridad y que paren las agresiones hacia la organización comunitaria. Después de que el pasado 25 de noviembre se encontrara el cuerpo sin vida del coordinador de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) en Tixtla, Irineo Salmerón Dircio, desde las 10 horas de este domingo, los Policías Comunitarios y habitantes de Tixtla se concentraron en la entrada principal a la cabecera municipal. En dos líneas avanzaron por las principales calles mientras recibían muestras de solidaridad por algunos vecinos que salían de sus casas para ser testigos de la movilización. Los miembros de la CRAC portaban armas largas con un moño blanco simbolizando la paz que desean para Tixtla, del mismo modo, estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa portaban el listón en el brazo izquierdo. Se leían algunas pancartas con leyendas como “Organizados podemos cuidarnos”, “Justicia para el compañero Irineo”, y “La seguridad no es un problema de percepción. Entiendan Autoridades.” Actualmente en Guerrero se vive una ola de violencia. De acuerdo con el periódico estatal “El Sur”, en lo que va del año se han registrado hasta este 4 de Diciembre 222 asesinatos que están relacionados con la delincuencia organizada. El 23 de Noviembre, el profesor Irineo Salmerón Dircio salió de su casa con dirección a su centro de trabajo y fue “levantado” por hombres armados. Dos días después fue encontrado en el municipio de Chilapa de Álvarez “embolsado” junto a otra persona asesinada. Sobre los cuerpos se encontraba una cartulina con el mensaje: “Esto les paso x no alinearse con el jefe, y esto va pa todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata es la mera riata. Atte: Los Jefes”. Tres días después, el ex regidor de Tixtla y activista social que participó en el boicot de las elecciones en 2015, Luis Tenero Encarnación fue extraído de su domicilio por la fuerza, su cuerpo con impactos de balas fue hallado dos días después junto a otras dos personas. Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, asegura que el gobierno se ha dedicado a atacar a la Policía Comunitaria en vez de dirigir sus fuerzas al combate de la inseguridad, motivo por el que surgieron estos grupos de organización comunitaria: “Es lamentable que el gobierno en lugar de atacar el problema que origina el surgimiento de los grupos de los policías comunitarios prefiera hoy atacar la organización de los pueblos y tratar de inhibir la formación y el accionar de los grupos de la Policía Comunitaria que son la alternativa para garantizar el derecho a la vida, a la seguridad, el derecho a la integridad física de la gente de los pueblos que son los más vulnerables ante el actuar de los grupos de la delincuencia organizada.” Afirmó que como organización en defensa de los derechos humanos les preocupa que no hay avances en las investigaciones del asesinato del coordinador de enlace, Irineo Salmerón pues dice, son los grupos de la Policía Comunitaria los que han dado verdaderos resultados en seguridad. “Se ha demostrado que solamente los grupos de la Policía Comunitaria que son del pueblo, de las comunidades, son los únicos que pueden garantizar cierta tranquilidad y garantizar de alguna manera el derecho a la vida de toda la población porque ellos son elegidos al interior de las comunidades y ellos se conocen.” Advirtió que la presencia del ejército y de la policía federal y estatal en las calles sólo es mediático pues no se ataca el problema de raíz de la inseguridad. A nombre de la Policía Comunitaria, uno de los miembros del comité de enlace de la CRAC de San Luis Acatlán, aseguró que a pesar de las agresiones que han sufrido seguirán como organización en defensa de la seguridad de los pueblos: “Lo que nos está sucediendo ha fortalecido a la CRAC porque tenemos un espíritu de cuerpo, porque sabemos que en el momento en que tocan a los compañeros hay que salir a responder y esta es una forma, como lo estamos haciendo, diciendo que no queremos guerra pero tampoco nos vamos a desarmar ante las agresiones que hemos sufrido y vamos a seguir con las armas en la mano y dando la lucha.”
Aseguró también que el hostigamiento que han recibido no es sólo hacia ellos si no al movimiento social, por lo que no creen que las agresiones vengan por parte de la delincuencia organizada si no del propio gobierno: “En Tixtla quien está siendo hostigado es el movimiento social en su conjunto, pensamos que no es por parte de la delincuencia organizada sino es por parte del Estado, lo que se nos hace muy curioso es que los golpes que ha dado aquí hayan sido a Normalistas, a compañeros de la CRAC, haya sido a un ex regidor de Atliaca que apoyaba también a la CRAC, entonces pensamos que estos golpes que se han estado dando no es por parte de la delincuencia organizada porque nosotros pues estamos lejos de esto.” FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: ALAIDE MARTÍNEZ. FECHA: 4 DE DICIEMBRE DEL 2016. LINK: https://desinformemonos.org/1-primer-mensaje-paz-crac-pc-gobierno-guerrero/
OAXACA, Oax: El Sistema de Salud en la entidad se encuentra en “terapia intensiva” porque el gobernador Gabino Cué y el extitular de la dependencia, Germán Tenorio Vasconcelos, dejaron un colapso financiero con el desvío dos mil millones de pesos, afirmó el Frente Oaxaqueño en Defensa de la Salud (FODS).
Según Amaya Ángeles, Odilia Sánchez y Filiberto Cruz Vicente, integrantes del FODS, el Sistema de Salud se encuentra en la antesala del colapso porque el gobierno del cambio “deja un grave problema” en la materia, ya que Oaxaca ocupa hoy los primero lugares en desnutrición, muertes infantiles, partos fortuitos, muertes maternas, desabasto de medicamentos, material e insumos. Por tal razón, demandaron que se castigue penalmente a los servidores públicos que desviaron recursos, en virtud de que cometieron un atentado a la salud y a la vida. Los integrantes del FODS resaltaron que de acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Publica, Germán Tenorio Vasconcelos, exsecretario de Salud, cometió un desvío de recursos por más de dos mil millones de pesos. “Sin embargo, hay otros desvíos en otras áreas, lo que resulta un déficit incalculable”. Hicieron hincapié en que el recurso “no llega a los hospitales porque los secretarios de Salud de las tres últimos sexenios (José Murat, Ulises Ruiz y Gabino Cué) se lo quedan y terminan enriqueciéndose a costa de la vida de los enfermos”. Asimismo, explicaron que el hospital civil “Aurelio Valdivieso” tiene 180 camas con sobre cupo de 200%, razón por la cual tienen hacinados a los pacientes, sin contar que hay una recomendación de Protección Civil por el mal estado del inmueble. También el hospital del ISSSTE “Presidente Juárez” tiene un sobre cupo de 200% en el servicio de urgencias, y el del IMSS de 100% en todos sus servicios. Respecto del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, hubo desvíos desde su construcción, dado que fue levantado en terrenos comunales con 60 camas, equivalente a un nosocomio de segundo nivel. Los inconformes manifestaron que ese hospital es insuficiente porque no resuelve el objetivo para el cual fue creado, debido a que hay déficit de material, equipo e insumos, a tal grado que en el último año el paciente de plano ha tenido que realizar depósitos –de hasta 50 mil pesos– para comprar sus medicamentos y realizarse sus estudios. Además del desvío de recursos, el gobierno de Cué dejó a medias cerca de 50 obras hospitalarias, aunado a la supuesta pérdida de 100 millones de pesos para pagar uniformes y 800 millones que serían destinados a viviendas, retiros y préstamos. De acuerdo con los miembros del FODS, los cuatro hospitales tienen en remodelación sus quirófanos y están subrogando los servicios de hemodiálisis, endoscopía, radiología y laboratorio, aunque sólo el Hospital de Especialidades cuenta con Resonancia magnética y tomógrafo, pero casi siempre está descompuesto. Sobre el “seguro popular”, opinaron que no ha resuelto la crisis económica del Sector Salud. “Es un engaño, pues se convirtió en la caja chica del gobernador en turno y para pagos a instituciones privadas”, apuntaron. También manifestaron su solidaridad con los trabajadores de la Salud, en particular con los del hospital “Aurelio Valdivieso”, quienes se encuentran “en situación crítica” porque la vida de muchos de los pacientes está en riego y, por tanto, aquellos pueden ser demandados o agredidos por los familiares. El FODS se pronunció porque el nuevo gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, y la actual Legislatura atiendan con seriedad el problema de Salud sin evadir sus responsabilidades, pues si bien los hospitales del ISSSTE, IMSS y de Especialidades dependen de la Federación, en esos lugares son atendidos los oaxaqueños, y el gobernador y el secretario de Salud deben velar por la salud de sus gobernados y hacer las gestiones necesarias para subsanar el problema.
CIUDAD DE MÉXICO: El gobierno federal decretó hoy cuatro nuevas áreas naturales protegidas y cinco zonas de salvaguarda.
Tres de las áreas protegidas se refieren al patrimonio marítimo que se declaran reservas de la biosfera: las islas del Pacífico y sus aguas adyacentes en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur con una extensión de 1.2 millones de hectáreas. El Pacífico mexicano profundo para una franja marítima por abajo de los 800 metros de profundidad, desde Chiapas a Nayarit, y el área alrededor del archipiélago Revillagigedo en casi 58 millones de hectáreas.
También se hizo la declaratoria para el Caribe mexicano, para la mayor parte de la superficie marítima frente a la costa de Quintana Roo dónde se protegerá el mayor sistema de arrecifes mesoamericano. Con ello México se unió a los países que cumplen con la meta Aichi, con 23% de las zonas marítimas protegidas. El presidente Enrique Peña Nieto firmó hoy los decretos para vigilar y proteger esa zona, con lo que el país tiene ya 181 Áreas Naturales Protegidas, que en conjunto suman unos 91 millones de hectáreas. “Nos hemos unido al reducido grupo de países que han cumplido la meta de Aichi”, dijo, en cuanto a la protección del 10 % de las zonas marítimas, que en el caso de México alcanza ya un 23 %. Peña Nieto agregó que la superficie terrestre protegida suma casi el 14 %, ligeramente por debajo del objetivo del 17 %. Peña Nieto dijo que en las zonas protegidas queda prohibida la extracción de hidrocarburos y serán protegidas por la Secretaría de Marina. Se trata, subrayó, de la máxima superficie que nunca se haya decretado. “Prácticamente estamos triplicando la zona natural protegida tanto marítima como terrestre que anteriormente tenía nuestro país”, sostuvo.
CUAUHTÉMOC, Chih: El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) analizará más de cien restos óseos localizados en dos fosas y una brecha de los municipios colindantes de Cuauhtémoc, Cusihuiriachi y Carichí.
Así lo anunció el grupo durante la firma del convenio con el gobierno de Javier Corral y añadió de antemano que hay interés por evidenciar a quienes obstaculizaron la investigación en el sexenio anterior. La Fiscalía Zona Occidente tiene 527 carpetas de investigación de personas desaparecidas, aunque hay varios sin denunciar por temor o desconfianza hacia las autoridades, coincidieron familiares de desaparecidos, autoridades actuales y activistas. El gobernador Javier Corral Jurado reconoció que las investigaciones de desapariciones forzadas en la región no serán fáciles, porque hay demasiadas complicidades desde el poder e intereses que permitieron que creciera el “funesto delito”. “Vengo primero a dar un abrazo solidario (…) frente a ese trabajo arduo que realizan, en el que muchos de ustedes han sustituido en los hechos a los Ministerios Públicos, a los policías, a las autoridades. “Vengo también para asumir el deber legal de la responsabilidad frente a una realidad que se ha querido ocultar (…) vamos a batallar mucho más de lo que pensamos, porque hay muchos hilos y hay tejidas muchas complicidades, y porque hay profundos intereses y complicidades hondas que tenemos que ir desbaratando poco a poco”, dijo en su mensaje a las familias de personas desaparecidas. Durante la firma del convenio de colaboración entre el gobierno del estado y el EAAF, liderado por Mercedes Doretti, ella recordó que en dos intentos anteriores por firmar el acuerdo, en el sexenio de César Duarte Jáquez, se los impidieron porque estaban aferrados a incluir cláusulas que les impedían acceder a los expediente y dar información a los familiares. El encargado del área de Personas Desaparecidas en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Gabino Gómez Escárcega, denunció durante su participación en la firma del convenio, que aún hay funcionarios de la anterior administración empeñados en impedir que se investiguen las desapariciones forzadas en el municipio de Cuauhtémoc. Incluso dos días antes intentaron de nuevo intimidar y dividir a los familiares para que no lo exigieran. Doretti se congratuló de firmar “por fin el convenio porque puede aportar luz y justicia a las familias que buscan un familiar desaparecido” y confirmó el intento de funcionarios de la Fiscalía General del estado de impedir el trabajo del equipo argentino. “Para el equipo argentino, si no podemos hablar con la familia, no podemos hablar con los representantes legales y no les podemos dar los resultados, no tiene razón de ser la intervención. No podemos firmar convenios donde se nos diga que no hagamos eso. Hubo intentos por impedirlo recientemente pero finalmente lo hemos firmado”, agregó la especialista argentina. La antropóloga explicó que su trabajo consistirá en analizar los restos localizados en dos ranchos y una brecha y crear una base de datos de datos genéticos de los familiares. “No son muestras fáciles, vamos a ver hasta dónde podemos llegar”. Mercedes Doretti refirió que la organización a la que pertenece es sin fines de lucro y se dedica a aplicar ciencia forense a graves violaciones de derechos humanos desde 1984, cuando iniciaron buscando los desaparecidos de Argentina. En Ciudad Juárez contribuyeron en el 2004, en casos de feminicidio, con organizaciones de Chihuahua y Juárez. “Firmamos este acuerdo, gracias a esta enorme terquedad de familias y activistas, y ahora hay voluntad del estado que permite firmarlo. Es la tercera vez que lo intentamos y ahora sí lo vamos a firmar”, refirió. Y es que desde 2013 organizaciones civiles solicitaron la presencia del EAAF para intervenir en el análisis de los restos localizados en los municipios mencionados. En octubre de 2011 se localizó una fosa clandestina en el rancho Dolores, Cuauhtémoc, con numerosos cadáveres calcinados. En noviembre de ese año se hallaron más restos en El Montero (municipio de Cusihuiriachi), y en febrero de 2012 se detectó una tumba ilegal más en el poblado El Porvenir, del municipio de Carichí. Luego de varios intentos a partir de 2011 para que solicitaran el apoyo del EAAF, el 25 de marzo de 2013, el Movimiento Estatal de Mujeres logró que el exgobernador accediera, firmaron acuerdos y nombraron como encargada de contactar al equipo argentino a María del Refugio Dowz Torres, de la Dirección General Jurídica de la Fiscalía General del estado. Dowz se encargó de insistir a Mercedes Doretti que firmaran el convenio con las cláusulas de opacidad, pero ella no accedió. El 19 de noviembre de 2015, Doretti respondió: “Lamentablemente, observé con preocupación que la mayoría de las solicitudes fundamentales para la realización de nuestro trabajo, como el acceso a los expedientes correspondientes, la libre selección de muestras óseas, la transmisión de los resultados a los familiares de víctimas involucradas y sus representantes legales, el diálogo con servidores públicos intervinientes en la investigación, los plazos de trabajo, la reciprocidad en las cláusulas sobre obligaciones y derechos de cada una de las partes, entre otras, han sido todas retiradas de su versión en el contrato. “En particular, la cláusula donde el gobierno prohíbe al equipo compartir los resultados del trabajo con las familias involucradas y sus representantes legales desafía el mismo propósito de nuestra intervención, toda vez que estamos realizando este trabajo a pedido de ellos”. Cuando parecía que las autoridades de la administración pasada accedían a firmar el acuerdo conforme lo pedía el EAAF, se retractaban. En un par de ocasiones hicieron viajar a Doretti a Chihuahua y la dejaron plantada. De manera simultánea, a partir de febrero pasado y ante la presión internacional sobre la problemática de desaparición forzada en Cuauhtémoc, el municipio con la mayor tasa de ese delito en el país, la fiscalía comenzó a buscar a las familias de personas desaparecidas, incluidos los representados por el Cedehm, para que firmaran y permitieran procesar los restos, con el fin de conseguir resultados genéticos, pero sin ninguna obligación de informar a los parientes familiares de las víctimas de desaparición forzada (Proceso 2056). El Cedehm promovió nueve amparos para evitar que se procesaran los restos, y varios juzgados federales les otorgaron la suspensión provisional. También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares que se mantendrán hasta que peritos independientes los analicen. El Cedehm demandó a la coordinadora del Ministerio Público porque en el documento que les dieron a rubricar se incluía una renuncia a la coadyuvancia, es decir, nadie los podría asesorar formalmente. Esa funcionaria continúa y dos días antes de este sábado, intentó dividir e intimidar a familiares de desaparecidos, para que no permitieran la firma del convenio. La funcionaria aún continúa. Otra anomalía de las autoridades anteriores, es que en agosto del año pasado, cuando la familia de Gustavo Parra Perea pidió llevar una ofrenda floral a la fosa donde las autoridades encontraron sus restos, en el rancho privado Providencia -propiedad de Julio Escárcega-, encontraron la tierra removida y el terreno limpio, refiere Gabino Gómez. De acuerdo con un agente ministerial de la Fiscalía Zona Occidente, quien pidió permanecer en anonimato, un día antes el exdirector de la Policía Estatal Única, Pablo Ernesto Rocha Acosta (actual director de la Policía Municipal de Juárez), mandó limpiar todo. “Encontraron como tres mil restos y nadie dijo nada. Había cráneos, casquillos, embolaron todo y dejaron limpio (…) Darinel, el exdirector de la Policía Investigadora, le habló al segundo comandante para darle la orden de Rocha. Le dijo: ‘saquen esas osamentas porque no quiero que encuentren evidencia’”, agregó el agente. Testimonios de familiares A nombre de las familias de desaparecidos en Cuauhtémoc, la maestra Olaya Dozal resumió la impotencia y el dolor que enfrentaron durante la anterior administración estatal, con complicidades de autoridades omisas y corruptas: “La voluntad (de las autoridades) no se compra, se tiene (en el caso de la administración anterior), si hubiéramos comprado un pedacito de voluntad del gobernador anterior. Gracias (por el convenio) también a nombre de las familias, porque tienen miedo, sí, tenemos miedo porque hemos pasado por muchas situaciones. Aquí vamos a estar siempre (…) ni siquiera tenemos derecho a saber si viven o no”, expresó la mujer. Su hija desapareció hace siete años, salió de su casa en Cuauhtémoc, a la preparatoria donde estudiaba y no regresó. “Nos escucharon después de una larga lucha, después de años de pedir el apoyo en diferentes instituciones gubernamentales, porque todos los que son padres nos comprenderán que hasta el último aliento vamos a buscar a nuestros hijos. Agradecemos al Equipo Argentino por cada kilómetro recorrido”. En entrevista, la mujer de Cuauhtémoc, afirma que a la mayoría de los desaparecidos en esa región se los ha llevado el crimen organizado: “¿Quién más, si el crimen organizado actúa donde no hay autoridad, puede hacer y deshacer por las más diversas causas, desde las implicaciones, denuncias, porque son quiénes tienen el mando y hacen con las personas que quieren y no les pasa nada”. Durante su intervención en la firma del convenio, Olaya Dozal agregó: “Tenemos dos años pidiendo que se reconozcan esos restos de personas que se han encontrado, de personas de esta región. Quisiéramos que no estuvieran ahí nuestros hijos, que no fuera ninguno de nuestros hijos, de nuestras hijas, pero sabemos que de alguien son y sabemos que hay un padre o una madre esperando. “Tenemos años esperando que se reconozcan esos restos, que se haga lo que se deba hacer para liberarnos de este martirio. El anterior gobierno fue sordo”. En el teatro de cámara del Centro Cultural San Antonio lleno, estaba la familia Muñoz, a quien le desaparecieron ocho hombres durante un festejo del Día del Padre en el 2011; la familia Ibarra, a quien le faltan otros cuatro integrantes, entre otras familias que no cesan de buscar a sus familiares desaparecidos por policías, agentes de tránsito, militares, entre otros. Corral, apoyo al EAAF Javier Corral dijo en su intervención durante la firma del convenio, que el trabajo del EAAF permitirá identificar el ADN de los restos localizados y brindar por lo menos a los familias de las víctimas, la certeza del paradero sus familiares desaparecidos. Se comprometió a permitir el trabajo del equipo de expertos en antropología y el gobierno estatal será su coadyuvante. “Porque sé que aunque muchas o todas y todos ustedes, esperan ver vivos a sus familiares, reencontrarse con ellos, también sé, que hay quienes quieren encontrarse de cualquier forma con ellos”, agregó. “Por eso teníamos que firmar con todas sus consecuencias políticas y jurídicas, aquí el grupo argentino no será molestado, aquí el gobierno estará como su aliado y coadyuvante”, afirmó.
El gobernador recordó que el 26 septiembre de 2014, “el mundo se estremeció con desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, del municipio de Iguala, en el estado de Guerrero y a raíz de la presión internacional, invitaron al EAAF, además de otros expertos, quienes se confrontaron con las autoridades federales y finalmente los echaron del país. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA MAYORGA. LINK: http://www.proceso.com.mx/465186/forenses-argentinos-analizaran-restos-hallados-en-fosas-clandestinas-en-chihuahua
La Procuraduría de Tlaxcala se negó a emtir Alerta Amber y a iniciar una averiguación por privación ilegal de la libertad de Karla Tezmol, de 11 años.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, encabezada por Alicia Fragoso Sánchez, viola dos artículos de la Constitución mexicana al negarse a investigar la desaparición de la niña Karla Tezmol Juárez, de 11 años, raptada en un municipio identificado como zona de operación de bandas dedicadas al tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, concluyó un juez federal de amparo en noviembre pasado. Karla desapareció el 13 de enero de 2016, cuando caminaba rumbo a la primaria en la que estudiaba, en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. Según testigos, personas no identificadas obligaron a Karla a abordar un vehículo negro, para luego escapar. La familia de Karla denunció el rapto horas después de ocurrido, sin embargo, la Procuraduría estatal se negó a emitir la Alerta Amber, protocolo inmediato de búsqueda de menores desaparecidos, secuestrados, o en peligro, diseñado para impedir que las víctimas sean extraídas de la entidad donde fueron raptadas. Además, la Procuraduría se negó a iniciar una averiguación previa por el delito de privación ilegal de la libertad y esa negativa se mantiene hasta la fecha. Desde el rapto de Karla han transcurrido 11 meses y, en este tiempo, la Procuraduría estatal sólo ha iniciado oficialmente lo que se conoce como un “acta circunstanciada”, es decir, un oficio en el que fue mecanografiada la denuncia de su desaparición. Luego de que habían transcurrido 21 días desde el rapto, la Procuraduría de Tlaxcala aceptó emitir la Alerta Amber, debido a que la familia denunció los hechos ante medios de comunicación. La Alerta Amber está diseñada para aplicarse inmediatamente después de que se denuncia de desaparición de un menor, por lo que emitirla luego de 21 días prácticamente anula sus alcances. La Procuraduría de Tlaxcala sólo mantuvo activada dos semanas la Alerta por la desaparición de Karla y luego la canceló. La única evidencia que la Procuraduría estatal aceptó rastrear, por presiones de la familia, fue un video de vigilancia, de un negocio cercano al lugar donde Karla fue raptada. La Procuraduría, sin embargo, obtuvo erróneamente el video del día siguiente, y cuando se percataron de este error, el video correcto ya había sido borrado. Violaciones a la Constitución Debido a todas estas anomalías, la familia de Karla solicitó que un juez federal de amparo revisara el proceder de las autoridades de Tlaxcala, luego de lo cual, el juez Carlos Albergo González García (titular del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Tlaxcala) determinó que la actuación de la Procuraduría local “se traduce en una violación a las prerrogativas fundamentales de seguridad jurídica y legal, establecidas en los artículos 16 y 21 de la Constitución” mexicana. Estos artículos, subrayó el juez, obligan a las procuradurías de justicia (tanto estatales, como la PGR) a “garantizar que las denuncias sean atendidas, y que el Ministerio Público ejercite las funciones de investigación que le encomienda la ley”. El juez concluyó que un “acta circunstanciada” no le permite a la Procuraduría de Tlaxcala investigar nada, por lo tanto, no es la figura legal óptima para determinar si existe un delito qué perseguir, o no. En el caso de Karla, luego de mecanografiar el acta circunstanciada, la Procuraduría determinó que la menor no es víctima de ningún delito, sin que mediara investigación alguna, lo cual fue calificado como algo “absurdo” por el juez federal. “Sería absurdo –es la cita textual– que, previo a iniciar la investigación correspondiente, se determine la inexistencia categórica de los ilícitos”, ya que no se puede saber si un delito existe “sin haber averiguado el origen y naturaleza de los hechos”. Aparte, el juez consideró necesario recordarle a la Procuraduría de Tlaxcala que no puede decidir a capricho si inicia averiguaciones previas o no. Por el contrario: es su obligación emprender investigaciones formales cada vez que un ciudadano denuncie un hecho que sea considerado delito por el Código Penal. “La averiguación previa –subrayó el juez en su resolución, emitida el 14 de noviembre– no constituye un poder o prerrogativa que la institución del Ministerio Público pueda ejercer según su parecer, toda vez que se trata de investigaciones que son presupuesto para castigar a los sujetos que hubieren afectado a las víctimas y a la sociedad en general con la comisión de un hecho delictuoso.” En este caso, Karla es presuntamente víctima de distintos delitos: privación ilegal de la libertad, desaparición forzada y trata de personas con fines de explotación sexual, por lo menos. Peor aún: el juez consideró que el sólo hecho de que Karla desapareciera en un municipio identificado como parte del corredor de la trata era suficiente para que la Procuraduría de Tlaxcala emprendiera una investigación formal, desde enero, lo cual no ha hecho. “Esos elementos son suficientes para que el responsable social procediera a la apertura de una averiguación previa, al ser hechos probablemente constitutivos de delitos”. Por el contrario, al negarse a iniciar esta investigación, dijo el Juez, “la autoridad ministerial se apartó de los lineamientos establecidos en los preceptos constitucionales y ordinarios aplicables”. Por todas estas razones, el juez ordenó a la Procuraduría de Tlaxcala deponer su actitud omisa e iniciar, de manera inmediata, una investigación formal, real, que lleve a la localización de Karla Tezmol, así como de los responsables de su ausencia. Diputados cómplices En marzo de 2016, ante las denuncias públicas de la familia de Karla, el Congreso de Tlaxcala citó a la procuradora Alicia Fragoso Sánchez para que explicara por qué no había una investigación por el rapto de la menor. La procuradora se negó a acudir ante el Congreso, alegando que ella respondía a las órdenes del gobernador, Mariano González Zarur (PRI), y no al Poder Legislativo. Finalmente, una negociación directa entre el Congreso y el gobernador permitió que la procuradora acudiera ante diputados de Tlaxcala, sin embargo, luego del encuentro (al que se impidió el acceso a la prensa y a la familia de Karla), oficialmente fue anunciado el respaldo del legisladores del estado a la procuradora Fragoso Sánchez. Según un boletín oficial difundido en marzo, durante el encuentro a puerta cerrada, “los diputados señalaron que a esta soberanía le queda claro (…) que se está siguiendo el debido proceso” en el caso de Karla. La resolución del juez federal de amparo, sin embargo, refuta que la Procuraduría estatal hubiera seguido el “debido proceso”, tal como afirmaron los legisladores tlaxcaltecas en marzo. El juez, de hecho, no sólo advirtió que la Procuraduría de Tlaxcala está violando la Constitución, también subrayó que “convalidar como jurídicamente correcto (el actuar de la Procuraduría) implicaría desatender resoluciones dictadas a nivel internacional al Estado mexicano, tal como lo resuelto (por la Corte Interamericana de Derechos Humanos) en el caso Campo Algodonero, en el que se ordenó que el Estado debía conducir eficazmente el proceso penal, debiendo removerse todos los obstáculos (…) que impidan la debida investigación de los hechos”.
Miriam Pascual, abogada de la agrupación civil Red Retoño, que brinda acompañamiento legal a la familia de Karla, informó que, a pesar de que la resolución del juez fue emitida el pasado 14 de noviembre, y causó efecto al día siguiente, hasta la fecha la Procuraduría de Tlaxcala no lo ha acatado y sigue sin iniciar una investigación formal por su rapto. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: PARIS MARTÍNEZ. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/procuraduria-tlaxcala-desaparicion/
