CIUDAD DE MÉXICO: El próximo año arrancarán las inversiones conjuntas de Pemex, aseguró José Antonio González Anaya, director de la “empresa productiva del Estado”.
“La verdad yo puedo hablar de los campos de Pemex de Trión, las inversiones arrancan el próximo año, queremos firmar ese contrato pronto, la ley declara que tiene que ser antes de 90 días, pero yo creo que lo podemos firmar antes y arrancaremos con la inversión”, afirmó en entrevista con Ciro Gómez Leyva. “No puedo hablar por los otros consorcios, pero yo me atrevería a decir que es muy posible que arranquen también el próximo año de manera inmediata con los estudios de sísmica, con los estudios técnicos, etc. El fuerte de las inversiones se tardarán un poco de más tiempo, pero es posible que todos arranquen incluso el próximo año”, señaló.
Dijo que la oferta de BHP Billiton superó las expectativas y eso demuestra que los inversionistas confían en Pemex y México. “Confieso estamos contentos, yo creo que en el entorno del mercado petrolero, incluso en el entorno económico mundial, había dudas, los proyectos de aguas profundas son proyectos bien caros, técnicamente bien difíciles y desafiantes y pues salió muy bien y fue un día histórico, me atrevo yo a decir, para Pemex ayer”, dijo. Ayer, la empresa australiana BHP Billiton ganó la licitación para ser socia de Pemex en la exploración y explotación del yacimiento petrolero Trión. BHP Billiton es responsable del derrame de una presa que contenía desechos mineros y provocó la muerte de 19 personas en Brasil y decenas de desplazados en el 2015. El gobierno federal señaló que la adjudicación del contrato bajo la modalidad de licencia para el bloque Trión es el primer proceso que lleva a cabo el Estado mexicano en el marco de la reforma energética, con el objetivo de que Pemex pueda desarrollar campos mediante asociaciones. “Esto permitirá que la Empresa Productiva del Estado complemente su inversión, comparta riesgos, acelere su acceso a tecnologías de punta, y asimile las mejores prácticas de la industria”, acotó.
LEÓN, Gto: En un capítulo más sobre la compra de los terrenos para la instalación de la planta de Toyota en Apaseo El Grande por parte del gobierno estatal, hoy se divulgó una carta en la cual la empresa planteó al gobernador Miguel Márquez Márquez que se encargara directamente de hacer la adquisición de tierras y posteriormente la transmisión de la propiedad a la armadora japonesa.
Firmada por Mike Bafan, director de Toyota México, la carta está dirigida al mandatario estatal. En ella, la empresa dice estar enterada de que este gobierno tiene como política no involucrarse en la compra de tierras de uso industrial, sino que otorga el apoyo financiero para que sea la misma empresa la que negocie de manera directa la adquisición de los terrenos para instalarse. Pero más adelante, el presidente de Toyota México pide al gobernador Márquez de manera específica que sea su gobierno el que adquiera un predio denominado La Mariscala y luego transmita la propiedad a la empresa de Toyota que se le indique “ya que esto es una condición necesaria para nuestro establecimiento en el estado de Guanajuato”. Sigue: “Nuestra petición no sólo obedece a políticas de nuestra empresa, sino a una práctica globalmente aceptada como condición indispensable para el establecimiento de la industria automotriz terminal”, refiere el documento enviado a medios por activistas por la transparencia de la asociación Ciudadanos Hartos. En junio, el gobierno estatal fue acusado por integrantes del Ejido de Caleras de Ameche, en Apaseo El Grande, de fomentar la compra especulativa de predios a los ejidatarios, quienes denunciaron que se habían pagado precios diferenciados y que una inmobiliaria intervino en una parte de la compraventa, obteniendo ganancias millonarias. Posteriormente, Mexicanos contra la Corrupción exhibió a la inmobiliaria JAOS & SGB, formada por dos exfuncionarios de la Procuraduría Agraria en el sexenio de Felipe Calderón, uno de los cuales se hizo pasar por ejidatario para comprar diversas extensiones, que luego el gobierno del estado le compró a precios más elevados. Los documentos del Registro Público de la Propiedad sobre las adquisiciones de la inmobiliaria de los exfuncionarios del sexenio calderonista y las hechas por el gobierno estatal indican que éste compró a un sobreprecio que rebasó los 270 millones de pesos. En respuesta, el gobernador Márquez negó estos señalamientos, calificó de normal la intervención de una empresa como JAOS en estos procesos y quiso dejar en claro que aunque su administración no compra tierras para este tipo de inversiones, lo hizo a petición de Toyota. A mediados de noviembre, al colocarse la primera piedra de la planta de la armadora, el propio Mike Bafan dijo a los medios que “no se forzó al gobierno de Guanajuato a hacer algo que no quisiera hacer” y que Toyota se mantuvo al margen “de un tema que era del estado” al referirse al proceso de compraventa. Este mismo lunes, el gobernador Márquez reconoció la existencia de esta misiva enviada por Toyota con la petición de comprar tierras, lo que calificó como “una práctica global”. “Sí nos señalaron en un oficio donde al final del día nos comentaban que la política de la empresa y a nivel global es que donde se instalan ellos, los gobiernos son los que les dan los terrenos, sí es eso y sí está en una carta”, señaló en entrevista en León. Agregó que no hizo público el documento porque Toyota le pidió que se manejara de manera reservada entre ambas partes. Márquez Márquez rechazó que esto pueda reabrir el expediente sobre la adquisición de las tierras por parte del gobierno estatal. “Ya estuvo bueno de especulaciones, ya se hizo una auditoría integral, yo mismo la solicité; dejemos que trabajen las empresas, que generen empleos”, pidió.
CIUDAD DE MÉXICO: El exgobernador de Veracruz Javier Duarte es buscado por los gobiernos de España, Costa Rica y Estados Unidos. A solicitud de México trabajan en pistas para lograr la captura, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
Horas más tarde, integrantes del gobierno de Veracruz acudieron a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para presentar una denuncia en contra del exmandatario. El procurador Raúl Cervantes indicó que la PGR ha logrado asegurar 112 cuentas bancarias, cinco empresas y cuatro propiedades presuntamente propiedad de Duarte.
Durante una declaración a medios que dio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el funcionario detalló que la Procuraduría ha tenido reuniones interinstitucionales y solicitado asistencia jurídica a los gobiernos de España, Costa Rica y Estados Unidos. Apenas el pasado 30 de noviembre, la PGR dio a conocer que recuperó 421 millones de pesos pertenecientes al exmandatario, los cuales fueron devueltos al gobierno de Veracruz. La madrugada del martes 1 de noviembre, la PGR cateó el rancho San Francisco, ubicado en Villa Flores, Chiapas, en busca del exgobernador de Veracruz. Emprendió la búsqueda a raíz de que el padre Alejandro Solalinde publicó en su cuenta de Twitter una imagen satelital de este rancho, indicando que allí se encontraba el priista, quien está prófugo de la justicia. Según Solalinde, el Racho en Chiapas es una de las más de 100 propiedades que tiene Duarte de Ochoa y todas éstas “las conoce el gobierno”, afirmó. Al siguiente día, personal encargado del rancho permitió el acceso de elementos de la PGR quienes no localizaron a Javier Duarte.
Ciudad de México. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, dijo que la continuidad de la reforma y la política educativa en México están sujetas a la elección de 2018, tras reconocer que “no hay formas mágicas de blindar una reforma educativa”. Durante la presentación de sus reflexiones en torno a los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés, 2015), admitió que nadie en México puede estar satisfecho con los resultados reportados para nuestro país, pues admitió que “en términos generales no hay cambios en 10 años. No hay mejoras significativas en los resultados”. Nuño Mayer aseguró que uno de los temas centrales en el 2018 será “si queremos tener una continuidad o no de la reforma educativa. Esa será una de las grandes preguntas”, tras enfatizar que la única buena noticia ante los resultados de PISA 2015 es que “en esta ocasión sí hay una respuesta para un cambio estructural del sistema, y esa es la reforma educativa”. En tanto, el consejero de la junta de gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Eduardo Backhoff consideró como “positivo” que México mantenga resultados similares en una década en ciencia y lectura y que mejore levemente en matemáticas, pues explicó que en estos resultados se tiene que considerar que del año 2000 al 2015 se incorporaron a secundaria y bachillerato “casi 600 mil nuevos estudiantes de 15 años que se encuentran en las condiciones socioeconómicas y académicas más bajas”. Insistió en que nuestro país tiene “uno de los mejores comportamientos en equidad y sus resultados son mejores a lo esperado, dada la condición socioeconómica evaluados”.
Navarrete Prida dijo que la recuperación del poder adquisitivo ha sido la más alta en las últimas cuatro décadas con un porcentaje de 15 por ciento.
El salario mínimo aumentará el próximo año y será de 80.04 pesos diarios, confirmó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, en conferencia de prensa. Acompañado por Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, el secretario destacó que en la actualidad hay el doble de afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, a raíz de un aumento en la tasa de formalidad y de la creación de 2 millones 503 mil empleos. El funcionario federal dijo que hay una inflación contenida y mostró una gráfica en la que se expresa que la recuperación del poder adquisitivo ha sido la más alta en las últimas cuatro décadas con un porcentaje de 15 por ciento. Navarrete Prida aseguró también que en este sexenio hubo una disminución del trabajo infantil, ya que, según Inegi, sólo trabajan 2 millones 400 mil niños en comparación con los más de 3 millones que lo hacían cuando inició la administración. Carlos Aceves del Olmo, líder de la Confederación de Trabajadores de México, fue invitado por el secretario del Trabajo y Previsión social a ofrecer un mensaje ante los medios de comunicación y dijo: “los salarios deben ser considerados en las revisiones de contrato, hacer esfuerzos con los patrones para que se dignifiquen”.
OAXACA, Oax: Organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobernador Alejandro Murat Hinojosa cancele los proyectos como el de la presa Paso de la Reina, los parques eólicos o la minería a cielo abierto, porque significan despojos, daños ambientales y fracturan el tejido social comunitario.
En una carta dirigida a la opinión pública, unas 21 organizaciones demandaron “la inmediata cancelación de los megaproyectos rapaces que sólo benefician a las empresas extranjeras y a sus socios, los funcionarios gubernamentales”. También pidieron a Murat “materializar los derechos de los pueblos indígenas en su sentido más amplio, reconociéndolos constitucionalmente a través de una Ley de Pueblos Indígenas y Afromexicanos sustentada en convenios y tratados internacionales; de igual manera, el derecho innegable a la consulta previa, libre e informada tal cual lo ha recomendado la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”. Además, demandaron la creación de programas y políticas públicas que apoyen de manera efectiva a los pequeños productores de maíz, ajonjolí, café, sorgo, mango, frijol y de ganado. Y también que las reglas de operación tomen en cuenta la realidad de los pueblos, consideren los insumos orgánicos y que se tenga por prioridad la soberanía alimentaria. Entre otros, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Servicios para una Educación Alternativa, sección 22, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, Comité de Familiares Amigas y Amigos de Damián Gallardo, Comuna Oaxaca, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña y Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec reconocieron que “los pueblos de Oaxaca estamos pagando un alto costo por el fracaso de la transición democrática”. Los activistas consideraron que “seis años de mal gobierno de Gabino Cué acrecentaron la herencia de injusticias, corrupción y desencanto de anteriores administraciones (porque) nuestras gentes carecen de los servicios mínimos de salud, la pobreza extrema alcanza a 63% de la población y la inseguridad golpea día a día nuestras calles y nuestros hogares. La sociedad oaxaqueña está profundamente dividida y confrontada”. Luego mencionaron que esta fragmentación permitió sin lugar a dudas el regreso del PRI a la gubernatura, aparte de la innegable operación política desde la Secretaría de Gobernación. “Si bien el gobernador Alejandro Murat Hinojosa fue electo ‘legalmente’, también es cierto que carece por completo de legitimidad, pues menos de 19% de los oaxaqueños votó por él el pasado 5 de junio, y sabemos bien que muchos de los votos emitidos a su favor fueron comprados con despensas, materiales de construcción o con dinero”. A ello hay que agregar que “para nadie es un secreto que el nuevo gobernador desconoce la realidad oaxaqueña y es preocupante que se erija en promotor de grandes inversiones privadas sin tomar en cuenta la voluntad y el derecho histórico de las comunidades de nuestro estado”. Y adelantaron que “la ignorancia y su compromiso con los grandes capitales nos auguran graves conflictos sociales derivados de la imposición, el despojo y la exclusión. Su posición favorable ante proyectos como el de la presa Paso de la Reina, los parques eólicos o la minería a cielo abierto, que significan el saqueo y la destrucción de los bienes de nuestras comunidades, es una muestra del lado de quién estará durante su mandato”.
También decenas de organismos defensores de derechos humanos han sido igualmente hostigados y perseguidos por tratar de hacer valer el derecho constitucional y comunitario. Por ello, las organizaciones pidieron a Murat Hinojosa que “cese al hostigamiento en contra de las comunidades que defendemos nuestro territorio y nuestros derechos”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PEDRO MATÍAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/465206/exigen-ong-a-murat-frenar-megaproyectos-rapaces-en-oaxaca
CIUDAD DE MÉXICO: Responsable del derrame de una presa que contenía desechos mineros y provocó la muerte de 19 personas en Brasil y decenas de desplazados en el 2015, la empresa australiana BHP Billiton ganó la licitación para ser socia de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la exploración y explotación del yacimiento petrolero Trión.
No es poca cosa. De acuerdo con Pemex, a diferencia de otros campos petroleros, la compañía no solamente tiene recursos prospectivos, sino reservas totales 3P (probadas, probables, posibles) que suman 485 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Para poner en perspectiva la cantidad de barriles que ello significa, en las rondas previas se asignaron áreas con un volumen aproximado de 500 millones de barriles, cantidad similar a las de las reservas de Trión.
Según la “empresa productiva del Estado”, se requieren inversiones por alrededor de 11 mil millones de dólares para su exploración y explotación. El gobierno federal señaló que la adjudicación del contrato bajo la modalidad de licencia para el bloque Trión es el primer proceso que lleva a cabo el Estado mexicano en el marco de la reforma energética, con el objetivo de que Pemex pueda desarrollar campos mediante asociaciones. “Esto permitirá que la Empresa Productiva del Estado complemente su inversión, comparta riesgos, acelere su acceso a tecnologías de punta, y asimile las mejores prácticas de la industria”, acotó. Trión fue descubierto en 2012 y se ubica a 200 kilómetros al este de Matamoros y a 40 kilómetros de la frontera de aguas territoriales, con un tirante de agua de más de dos mil 500 metros de profundidad. Considerando el resultado de Trión así como de la Cuarta Convocatoria de la Ronda Uno, 11 empresas desarrollarán actividades de exploración y extracción en nuestro país por primera vez. En cifras del contrato adjudicado a la empresa BHP Billiton, ofertó una regalía adicional de 4% y una oferta de recursos por 624 millones de dólares. El Estado, incluyendo los beneficios del gobierno federal y de Pemex, recibirá 72.4% del valor de la utilidad del proyecto. La oferta de recursos implica que el Fondo Mexicano del Petróleo para el Desarrollo y la Estabilización recibirá un bono inmediato por 62.4 millones de dólares. Además, Pemex no deberá incurrir en gastos hasta que se hayan cubierto mil 974 millones de dólares en el proyecto. De esta forma, BPH Billinton entrará al negocio del petróleo en nuestro país, en un entorno donde la compañía reportó pérdidas anuales –al cierre del 30 de junio–, por seis mil 400 millones de dólares, afectada por el desastre ecológico en Brasil y el desplome en los precios del crudo a escala mundial. La compañía encabezada por Andrew Mackenzie es uno de los principales productores mundiales de materias primas, incluidos carbón, cobre, mineral de hierro, níquel, plata y uranio, además de una importante participación en la industria del petróleo y gas. Estado recibirá 66.1% de utilidades Este día también se realizó la apertura de otras propuestas y declaración de Licitantes Ganadores de otros contratos correspondientes a la Cuarta Convocatoria de la Ronda Uno. Las Áreas Contractuales licitadas se encuentran en las provincias petroleras Cinturón Plegado Perdido y Cuenca Salina, ambas en las aguas profundas del Golfo de México. En la Ronda participaron 16 empresas, agrupadas en 10 licitantes. Como resultado del proceso, se asignaron ocho contratos a seis licitantes (12 empresas). La atracción de nuevas empresas de gran capacidad y prestigio internacional fortalece y hace más competitivo el sector de hidrocarburos del país. Dado que la modalidad de los contratos licitados es licencia, éstos se asignaron con base en la propuesta de regalías adicionales realizadas por los participantes. La regalía adicional de las posturas ganadoras fue de 14.3% en promedio. Adicionalmente, los contratistas tributarán a través de la cuota contractual para la fase exploratoria, una regalía básica, el impuesto por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y el impuesto sobre la renta. Considerando estos elementos, el Estado recibirá en promedio entre 59.8% y 66.1% del valor de las utilidades de los proyectos. “El contrato prevé además un esquema fiscal progresivo de forma que el Estado percibirá un porcentaje mayor de la utilidad de los proyectos en caso de que se observen precios de los hidrocarburos o de que se descubran volúmenes superiores a los previstos”, señaló la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
El incremento en la inversión con respecto al Programa Mínimo de Trabajo fue –en promedio– equivalente a un pozo, por lo que en los próximos cuatro años se esperan inversiones de alrededor de 344 millones de dólares. Se estima que la inversión total a lo largo de la vigencia de estos contratos podría ascender a 34.4 miles de millones de dólares. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/465276/historial-derrames-muerte-bhp-billiton-sera-socio-pemex-explotar-campo-trion
CIUDAD DE MÉXICO: El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, aseguró que en los casos de amenazas contra funcionarios del estado “se han tomado todas las providencias”, y descartó que se hubiera desoído la alerta del gobierno español hacia una funcionaria del Ministerio Público.
“Amenazas hay todos los días para nosotros, pero en casos específicos, nosotros no podemos hacer públicas las indagatorias. Aquí la ley lo prohíbe. Pero todas las providencias en todos los casos se han tomado y todas las indagatorias en todos los casos se han tomado”, declaró Moreira Valdez. Ayer, el diario El País publicó que en marzo pasado España alertó a las autoridades mexicanas de la orden dada desde Madrid por Juan Manuel El Mono Muñoz, presunto enlace de Los Zetas en Europa, para asesinar a una funcionaria del Ministerio Público de Coahuila, sin embargo, hasta la fecha las autoridades mexicanas no habían solicitado mayor información. “Esas personas amenazadas, lo han sido por perseguir a los delincuentes, en específico en este caso fue por tratar de notificar a un delincuente”, refirió Moreira, según información difundida por el periódico Vanguardia.
De acuerdo con la investigación realizada por el rotativo español, El Mono Muñiz habría ordenado la ejecución de la funcionaria –de quien se desconoce su identidad y su situación actual– a su sobrino Salomón Ayub Muñoz El Monchi, residente en Coahuila, contra quien pesaba una orden de aprehensión por los delitos de secuestro y desaparición forzada de dos miembros de una familia vinculada con el Cártel de Sinaloa en Tamaulipas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/465271/se-toman-providencias-ante-amenazas-moreira-orden-del-mono-munoz
El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación ratificó ante la CIDH el compromiso del Estado mexicano de avanzar en el combate a este delito, el cual "tiene un enorme impacto social".
La desaparición forzada de personas es el “principal reto” que tiene México en materia de derechos humanos, señaló este lunes el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián. Al comparecer en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconoció que este es un problema “que aqueja al país desde hace muchos años”. Campa Cifrián ratificó el compromiso del Estado mexicano de avanzar en el combate a este delito, el cual —dijo— “tiene un enorme impacto social”. “Estamos obligados a romper las cadenas de impunidad, sólo así podremos revertir esta situación terrible que significa la desaparición de personas en el país”, mencionó. Además, aseguró que actualmente se trabaja en materia legislativa para que los agentes del Estado “no sean nunca más” parte de una violación tan grave a los derechos humanos como es la desaparición forzada de personas.
CIUDAD DE MÉXICO: El reportaje “Fueron los federales” –que reconstruye la matanza ocurrida en Apatzingán el 6 de enero de 2015–, escrito por la periodista Laura Castellanos, obtuvo el primer lugar del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación 2016, informaron este sábado 3 las organizaciones que otorgan dicha presea: el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y Transparencia Internacional.
La investigación –difundida de manera simultánea el 19 de abril de 2015 por la revista Proceso, el portal Aristegui Noticias y la cadena de televisión Univisión–, “desbarató la versión oficial sobre la muerte de 16 personas en un supuesto ‘fuego cruzado’ en Apatzingán, Michoacán, en enero de 2015; y concluyó que, en realidad, agentes policiales, con respaldo militar, ejecutaron extrajudicialmente a ciudadanos desarmados”, señala el acta del jurado del premio, cuyos integrantes consideraron que “el reportaje refleja el esfuerzo periodístico independiente, sistemático y, en ciertos momentos, solitario de la reportera para investigar crímenes de lesa humanidad, cometidos por cuerpos de seguridad del Estado, que permanecían encubiertos”. “Castellanos desplegó una búsqueda incansable de testimonios en una zona de alto riesgo, y luchó para asegurar que la historia fuera conocida por el público, a pesar de los intentos de censura para evitar que circulara”, añade el acta del jurado, en referencia a que el diario El Universal –que originalmente encargó dicha investigación– decidió no publicarla, según denunció la propia Castellanos el pasado 4 de octubre cuando recibió el Premio Nacional de Periodismo justamente por este mismo reportaje. El premio –consistente en un diploma y 15 mil dólares– se otorga durante la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN) que esta semana sesiona en la ciudad de Panamá. “El reportaje sobre la masacre en Apatzingán visibiliza cómo en México está imperando la violencia organizada y cómo ésta manifiesta los intereses más oscuros del aparato de Estado”, declaró Castellanos en un video que envió a COLPIN para agradecer el galardón, el cual, dijo, le “llena de orgullo”. Recordó que los sobrevivientes de la matanza señalaron como responsable intelectual a Alfredo Castillo, entonces comisionado federal de Seguridad en Michoacán, y “funcionario cercano al presidente Enrique Peña Nieto”. Sin embargo, subrayó la reportera, “hasta el momento la Procuraduría General de la República (PGR) no ha revelado las investigaciones ministeriales del caso. No hay un solo detenido y se mantiene la persecución y casos de desplazamiento forzado” En el video, Castellanos expresa sus reservas por el hecho de que la Fundación Open Society, del financiero estadunidense George Soros, sea uno de los patrocinadores del premio que otorgan IPYS y Transparencia Internacional. Señala que a Soros unos lo consideran un filántropo comprometido con los derechos humanos, mientras que otros lo señalan como “el más grande especulador del mundo”. “No me gusta cómo funciona el sistema y no me gusta que haya multimillonarios, aunque sean filántropos”, dice en el referido video, para enseguida anunciar su decisión de “no apropiarme de los 15 mil dólares y destinarlos a las víctimas de la masacre de Apatzingán”, por lo que “lo conducente es encontrar una instancia intermediaria que haga llegar el dinero a los familiares de las víctimas de la matanza”. El jurado otorgó el segundo lugar del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación al reportaje “Tierra Bruta”, que revela una cadena delictiva dedicada al tráfico de madera y de tierras en el centro y centro-oeste de Brasil, y escrito por reporteros del diario O Estado de S. Paulo.
Y entregó el tercer lugar a “Memoria Robada”, investigación trasnacional que expone la participación de redes de crimen organizado en el tráfico del patrimonio cultural en América Latina. Esta investigación fue coordinada por el periodista peruano David Hidalgo y en ella participaron reporteros de Ojo Público (Perú), La Nación (Costa Rica), Plaza Pública (Guatemala), Chequeando (Argentina) y Animal Político (México). FUENTE: PROCESO. AUTOR: HOMERO CAMPA. LINK: http://www.proceso.com.mx/465113/reportaje-matanza-apatzingan-gana-premio-latinoamericano-periodismo-investigacion
MORELIA, Mich: Trabajadores del sector Salud, del Seguro Popular y de Telebachillerato tomaron hoy las sedes principales y alternas y la Casa de Gobierno, en protesta por el desdén gubernamental a sus demandas.
En el primer caso, los empleados de la Sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) exigen el pago de la última quincena que no han recibido pese a que la titular del área, Silvia Hernández Capi, declaró a la prensa que los pagos habían sido entregados en tiempo y forma.
Sin embargo, a decir de los trabajadores esto no ha ocurrido, por lo que este lunes decidieron tomar tres distintas oficinas del sector, entre ellas las oficinas de la Secretaría de Salud y las del Seguro Popular, la delegación administrativa y unas oficinas ubicadas en avenida Madero Poniente. Por su lado, personal docente del sistema del Telebachillerato comunitario encabezó una protesta pacífica en Casa de Gobierno, en protesta por un adeudo de aproximadamente siete millones de pesos. David Suárez, profesor del Telebachillerato comunitario, explicó que el recurso corresponde a meses de salario no ha sido no cubierto. “El recurso que integra su salario es bipartita, es decir, el gobierno federal aporta 50% del monto y el estatal el resto”, detalló. La planta docente del Telebachillerato está conformada por 133 maestros y 41 planteles distribuidos en las principales comunidades marginadas de Michoacán. “Hay compañeros que ya no tenemos para ir a dar clases porque las comunidades están muy apartadas de la cabecera municipal; por la información que pudimos investigar es un adeudo de cerca de seis millones de pesos que se nos adeudan”, dijo Suarez.
Sumado a estos hay millones hay otro monto por un millón de pesos que se adeuda, correspondiente a agosto de 2014 y agosto de 2015. Para exigir el pago de esos recursos integraron una comisión que ingresaría a Casa de Gobierno para presentar su pliego petitorio basado en cuatro puntos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS. LINK: http://www.proceso.com.mx/465190/empleados-toman-oficinas-gobierno-michoacan-exigir-pago-salarios-atrasados
CIUDAD DE MÉXICO: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) a que entregue información sobre la atención a la salud materna y al VIH/Sida en diferentes hospitales y unidades médicas de la región de los Altos de Chiapas durante el periodo 2013-2016. En un comunicado, el INAI dio a conocer que un particular solicitó al Seguro Popular desglosar por fuente de financiamiento si las referidas unidades, centros y hospitales se encuentran acreditados o no por el Seguro Popular. También pidió los contratos con sus respectivos anexos celebrados para adquirir medicamentos, insumos médicos y equipamiento por adjudicación directa o licitación pública, así como el inventario de medicamentos, insumos médicos y equipamiento, especificando las entradas y salidas, así como la fecha de la última adquisición. De igual manera, desglosar por especialidad, médicos familiares, ginecólogos, obstetras, parteras, intérpretes interculturales, entre otros, al personal asignado para la atención de salud materna, incluidas urgencias obstétricas. Y cuáles son los bancos de sangre y qué capacidad de almacenamiento tienen, así como el proceso de distribución de las unidades médicas, centros de salud y hospitales, precisando tanto el domicilio como el teléfono. En respuesta, la dependencia comunicó a la peticionaria que no localizó la información y le sugirió presentar su requerimiento a las autoridades locales, bajo el argumento de que correspondía a las entidades federativas proporcionar los servicios sanitarios a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. No obstante, proporcionó el listado de unidades médicas de los municipios de la región de los Altos que están acreditadas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud. Inconforme con la respuesta, la solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI. La dependencia reiteró su respuesta en alegatos. Al presentar el caso ante el Pleno, la comisionada Areli Cano Guadiana planteó que de acuerdo con el Programa Regional de Desarrollo 2015-2016 del gobierno estatal, 92% de la población de los Altos de Chiapas no cuenta con seguridad social y 34% no tiene acceso a los servicios sanitarios. Asimismo, expuso que entre las problemáticas más comunes de la región se encuentran la mortalidad materna y el VIH/Sida. Sobre este padecimiento, la comisionada Cano destacó que los datos del Registro Nacional de Casos de Sida apuntan que la entidad ocupa la cuarta posición a nivel nacional con mayor tasa de nuevos diagnósticos durante 2015, y la quinta en cuanto a personas notificadas portadoras de la enfermedad desde 1983 y hasta el cierre del año pasado, con más de 9 mil 200 individuos. Respecto a la salud materna, manifestó que las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) colocan a Chiapas como la tercera entidad con el mayor registro de muertes de madres, hecho que se relaciona con la pobreza y la exclusión, así como la marginación de la población indígena. En el análisis del caso, respecto del primer requerimiento se advirtió que si bien la información proporcionada no cuenta con el desglose requerido, lo cierto es que el sujeto obligado precisó cuáles son las unidades médicas acreditadas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud. Por lo que hace a los otros requerimientos, específicamente sobre el inventario de medicamentos, equipamiento e insumos y el personal asignado para la atención de salud materna, incluidas las urgencias obstétricas, se determinó que no existía certeza sobre la búsqueda efectuada. Se advirtió que el Acuerdo de Coordinación suscrito con el sujeto obligado establece que la entidad federativa (Chiapas) debe enviar mensualmente a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud el listado nominal de las plazas pagadas, con los recursos destinados, así como el reporte de la compra de medicamentos. Aunado a ello, se observó que la solicitud no fue turnada a todas las áreas competentes, por lo tanto se determinó que el sujeto obligado no cumplió con el procedimiento previsto en la Ley. “La transparencia de la información requerida, adicional a su utilidad como una herramienta de contraloría social en la fiscalización del uso de los recursos, puede jugar un papel fundamental para aportar datos que permitan a las personas conocer cómo se gestiona la previsión de servicios sanitarios en zonas de gran desigualdad social, y sobre temas tan sensibles como son la salud materna y la atención a la pandemia del VIH-Sida”, subrayó la comisionada Areli Cano. Por lo expuesto, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y le instruyó que proporcione la información en la forma y con el grado de desglose que obre en sus archivos respecto del inventario de medicamentos, insumos, equipamiento y personal para la atención de salud materna y urgencias obstétricas.
Respecto de los contratos de adquisiciones y los bancos de sangre, en caso de que el resultado de la nueva búsqueda culmine con una inexistencia, la dependencia deberá dar a conocer al particular los fundamentos y motivos por los cuales no cuenta con dichos documentos y declarar dicha circunstancia conforme a la ley. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDSCCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/465185/seguro-popular-debe-informar-la-atencion-a-la-salud-materna-vihsida-en-chiapas-inai
GUADALAJARA, Jal: La madrugada de este lunes fue retirado el plantón que mantenían desde el 15 de abril pasado integrantes del Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco (Suacobaej) y del Frente Magisterial de Jalisco, en protesta por el despido de docentes de educación media superior y básica que se negaron a presentar el examen de evaluación. El gobierno del estado envío un comunicado para informar que se procedió al desalojo con el fin de recuperar el libre tránsito de la Plaza. En ese sentido, el secretario general del Suacobaej Epifanio Méndez Rojas, en entrevista con Apro, rechazó el motivo del retiro, puesto que no se obstaculizaba el paso y calificó al gobierno estatal, encabezado por el priista Jorge Aristóteles Sandoval, como “represor”.
“Tenemos derecho de defender los derechos laborales que se nos quieren arrancar, así como (rechazar) la implementación de una reforma educativa que es punitiva (…) Rechazamos el uso de la fuerza pública excesiva del gobierno del estado, comandado por Jorge Aristóteles Sandoval que fue quien dio la orden.
“Su argumento es que nosotros estábamos obstaculizando el libre tránsito cuando sólo ocupamos 12 metros cuadrados de una plaza pública para el plantón, no le estorbábamos a nadie”, expresó. Consideró que el verdadero motivo del desalojo es la visita a la ciudad del presidente de la república, Enrique Peña Nieto y de personal de la Organización de las Naciones Unidas. “Querían dar la imagen de que no pasa nada en Jalisco y ver limpio. Ocultando la realidad”, apuntó. El poder ejecutivo informó que envió al lugar a personal de la dirección general de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político de la Secretaría de Asuntos del Interior en donde se encontraban cinco personas, una de ellas “se identificó como miembro de la Unión Nacional de Trabajadores Campesinos (UNTAC)” quien estaba acompañado por dos mujeres, un hombre y una menor de edad. El secretario general del Suacobaej confirmó la presencia de la UNTAC y explicó que el ejecutivo “esperó el momento en donde estuviera más débil el plantón. “Estaban los compañeros campesinos que nos hacen el favor de apoyarnos los domingos para amanecer el lunes, estaban tres compañeras campesinas (en el comunicado mencionan sólo dos), y dos compañeros campesinos y una niña (…) Creo que no se atrevieron en otro momento porque vieron las circunstancias. Esa parte insensible del gobierno del estado y falta de capacidad se demuestra con este acto”, señaló. La Secretaría General de Gobierno también mencionó que envió dos oficios, uno (DGEEDP/56/2016) con fecha 30 de noviembre y otro (DGEEDP/57/2016) del 2 de diciembre con el fin de “retomar las mesas de diálogo que fueron abandonadas por los quejosos, el 28 de julio del año en curso”, en las que se buscaba “alternativas a posibles demandas y encontrar la solución a los reclamos para no seguir afectando el libre tránsito de ciudadanos que acuden a Plaza Liberación”. Sin embargo, según la dependencia no hubo respuesta por parte de los líderes magisteriales. Con relación a los oficios, Epifanio Méndez precisó que uno fue hecho al vapor, puesto que el nombre del Suacobaej se escribió a mano, además de que al director de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político, Rubén Efraín Palacios Morquecho se le mencionó que “si ellos tenían una respuesta en la problemática, del objetivo o la causa por la que estaba el plantón que era la reinstalación de los compañeros despedidos injustificadamente, definitivamente estamos en el diálogo. Nosotros queremos esa resolución. Pero él se negó rotundamente. Dijo que en ese sentido no se podía dialogar”. El líder sindical recordó incluso una declaración que hizo ante los medios de comunicación el secretario de gobierno, Roberto López en el cual comentó “‘que se mueran ahí esos sucios maestros, déjenlos que ahí se pudran’. Yo creo que la investidura que tiene el secretario deja mucho que desear como representante del pueblo”, opinó. Epifanio Méndez subrayó que la Constitución Política del país les otorga a los maestros el libre derecho a la manifestación. Aún no sabe con exactitud qué acciones realizarán, pero estima que sí reinstalarían el plantón en la plaza. El gobierno del estado informó que durante el proceso de desalojo se contó con la “presencia de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de la Secretaría General de Gobierno, además de un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco”.
A través de su Twitter, el técnico del América celebró la decisión y felicitó al Juez Séptimo "por no caer en tramas" del empresario Jorge Vergara.
Un juez negó este lunes la orden de aprehensión solicitada contra Ricardo La Volpe por la Fiscalía General del Estado (FGE). De acuerdo con El Informador, fuentes del Poder Judicial indicaron que el Juzgado Séptimo de lo Penal consideró que las pruebas presentadas contra el técnico argentino, no alcanzan para presumir su probable responsabilidad en los delitos de atentados al pudor, hostigamiento sexual y contra la dignidad de las personas. El caso contra el técnico del club de futbol América comenzó en 30 de abril de 2014, cuando Jorge Vergara, dueño de las Chivas, despidió al entonces timonel por “comportamiento inapropiado”, tras una denuncia presentada por Alma Belén Coronado, podóloga en el club.
La Volpe, quien negó las acusaciones en todo momento, celebró en su cuenta de Twitter la decisión de las autoridades y felicito al Juez Séptimo por “no caer en tramas” de Vergara.
1. Hoy el Poder Judicial de Jalisco ha declarado mi inocencia en acusaciones que se armaron cuando estaba en @Chivas
La defensa del ex gobernador de Veracruz argumentaba que la entrega de 15 millones de pesos por información que sea útil para lograr la detención de Duarte, era una acción que violaba sus derechos humanos y la presunción de inocencia.
Un juez federal rechazó suspender la recompensa de 15 millones de pesos que la Procuraduría General de la República (PGR) ofrece a quien aporte información sobre el paradero del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. La resolución del Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Jorge Antonio Medina, señala que el acuerdo emitido por la PGR, mediante el cual se ofrece la recompensa para localizar al ex priista, se encuentra dentro de las facultades de la dependencia. La defensa del ex gobernador de Veracruz argumentaba que la entrega de 15 millones de pesos por información que sea útil para lograr la detención de Duarte, era una acción que violaba sus derechos humanos y la presunción de inocencia. Sin embargo, el juzgador federal consideró que al existir una orden de aprehensión vigente contra Javier Duarte, este se encuentra en calidad de prófugo, por lo que PGR como autoridad ministerial cuenta “con la facultad legal de recopilar datos de investigación para la localización del inculpado”. Por lo anterior, estimó que esa dependencia sí puede ofrecer una recompensa a las personas que aporten información útil para localizar y detener a Duarte de Ochoa, en su calidad de inculpado por dos delitos federales. La resolución agrega que de concederse la suspensión solicitada por el ex gobernador, se afectaría el interés social, ya que la sociedad en su conjunto tiene derecho a que se investiguen y sancionen los delitos cometidos en detrimento del patrimonio público del estado de Veracruz. La resolución dictada dentro del juicio de amparo también confirma la vigencia de la orden de aprehensión contra Javier Duarte de Ochoa, a raíz de que el pasado jueves 1 de diciembre del 2016 concluyó su periodo como Gobernador de Veracruz, por lo que ya no goza del fuero constitucional que le otorgaba ese cargo de elección popular.
Por lo anterior, se refrenda que la PGR cuenta con todas las facultades legales para cumplimentar la orden de aprehensión que se giró en contra de Javier Duarte, en su calidad de imputado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: JUAN OMAR FIERRO. LINK: http://aristeguinoticias.com/0512/mexico/juez-se-niega-a-suspender-recompensa-para-localizar-a-javier-duarte/
CIUDAD DE MÉXICO: Vecinos que permanecían instalados en un plantón desde hace siete meses contra la construcción de un complejo inmobiliario y en defensa del derecho humano al agua, fueron desalojados por unos 400 elementos de la Secretaría de Seguridad capitalina, en la delegación Coyoacán. El desalojo se llevó a cabo alrededor de las 03:00 horas de la madrugada en el plantón ubicado frente el predio en conflicto, en el número 215 sobre avenida Aztecas. Durante el operativo los policías permitieron el acceso de personal de la Dirección de Servicios Urbanos que recabó enseres y lonas que tenían en el lugar los inconformes. Los subieron en camiones y con ello quedó despejada la zona. No se reportaron detenidos y al concluir el desalojo, obreros accedieron al predio para iniciar la construcción del complejo inmobiliario del que se quejan los vecinos porque afirman que afectará el suministro de agua en sus hogares.
Además, sostienen que la edificación que lleva a cabo la firma Quiero Casa, vulnera las normas ambientales, pues se hará en un afluente de un manantial. Asimismo afirman que complicará la circulación vehicular en la zona y acaparará servicios básicos necesarios en las colonias populares de las inmediaciones.
CIUDAD DE MÉXICO: El juez 65 Penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Sur, dictó auto de formal prisión contra un sujeto que volvió a invadir un predio ubicado en Circuito Interior Melchor Ocampo, propiedad de una compañía arrendadora que había recuperado el inmueble tras un juicio civil contra el imputado y sus cómplices. En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina informó que aportó las pruebas suficientes para que el juez tomara esa determinación. Destacó que en la causa penal 127/2016, iniciada por el delito de despojo agravado, se estableció que el 7 de enero de 2015 el inculpado y sus copartícipes invadieron por segunda ocasión dicha vivienda localizada en la colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, conocida como “Chanti Ollin”. De acuerdo con la dependencia, la primera vez que se apropiaron del lugar fue el 9 de julio de 2004, por lo que la empresa ofendida solicitó la devolución del predio a través de un juicio civil ante el Juzgado Quincuagésimo Primero de lo Civil, cuyo dictamen fue resuelto mediante sentencia de segunda instancia en la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, que resolvió restituir el inmueble a la parte afectada el 10 de noviembre de 2006. Ante la oposición de los ocupantes, añadió, fue hasta el 7 de enero de ese año cuando el actuario hizo entrega jurídica y material del predio a la compañía arrendadora. El domicilio quedó asegurado con una cadena y candado, y en el interior quedaron ocho personas que habían sido contratadas para realizar trabajos de vigilancia, albañilería, demolición y limpieza. Sin embargo, ese mismo día el inculpado y sus cómplices regresaron a la vivienda y, con tubos y varillas, forzaron el acceso, ingresaron y sacaron por la fuerza a las personas que laboraban dentro del predio, mismas que fueron auxiliadas por policías preventivos. Los hechos fueron denunciados en la agencia del Ministerio Público de la Coordinación Territorial CUH-5, donde se inició la averiguación previa por el delito de despojo agravado, la cual fue remitida a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FEDAPUR) para su prosecución y perfeccionamiento legal.
OAXACA, Oax: La Fiscalía General de Justicia informó que las prestamistas Olga Lidia Sánchez López, de 48 años de edad, y Silvia Martínez Sandoval, de 28, fueron estranguladas y sus cuerpos hallados en un barranco. Los cadáveres envueltos en una cobija y en estado de putrefacción se localizaron el viernes 2 en el paraje Manzanito, perteneciente al municipio Santiago Clavellinas Zimatlán, pero las autoridades los rescataron un día después. Olga Lidia Sánchez López y Silvia Martínez Sandoval desaparecieron desde el pasado 29 de noviembre en la población de Ocotlán de Morelos, y el hecho se dio a conocer de inmediato en las redes sociales. La tarde del viernes 2, una persona que se dirigía a Santiago Clavellinas observó un bulto en el fondo de un barranco y dio aviso a las autoridades, quienes este lunes confirmaron el hallazgo de las dos mujeres.
Desde que el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, y hasta el año en curso del gobierno de Enrique Peña Nieto, ha habido en México casi 30 mil desaparecidos como consecuencia, denunciaron organizaciones ciudadanas y activistas durante el foro “Nos faltan todos”. Hilda Legideño, madre del normalista desaparecido la madrugada del 26 de septiembre del 2014, Jorge Antonio Tizapa Legideño, aseguró que lamentablemente en el país carecen leyes que castiguen la desaparición forzada, y que la calidad de persona desaparecida sólo se reconoce hasta después de 72 horas transcurridas. “Nos ha atacado el gobierno, sabemos que nos va atacar, pero yo como madre no puedo abandonar a mi hijo, si él está en algún lugar, él está esperando que yo lo busque, él está esperando regresar a su casa. Mi hijo no es ningún delincuente, como dice el gobierno mexicano, él lo único que quería era estudiar, quería superarse y ofrecer un mejor futuro a su familia, mi hijo tiene 22 años actualmente y tiene una niña de dos años que espera que regrese”, indicó. Por su parte, la representante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Monterrey, Leticia Hidalgo, opinó que el fenómeno de la desaparición de personas en el país es una tragedia de orden humanitario, ante el cual las autoridades no actúan en favor de las víctimas. “Pedimos la promulgación de la ley contra las desapariciones forzosas a Enrique Peña Nieto desde el año 2015, pero hasta la fecha no hay ningún avance”, destacó Hidalgo. La activista recordó las acciones que los ciudadanos han llevado a cabo de forma exitosa, como el proyecto Ciencias Forenses Ciudadanas y la capacitación en beneficio de colectivos del orden civil que realizan sus propias investigaciones sobre los desaparecidos y en donde recientemente se efectuaron diversas pruebas de ADN a varias familias de Lagos de Moreno, en búsqueda de sus desaparecidos. De la misma forma, Vidulfo Rosales Sierra, representante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de Guerrero, denunció que en la época de la guerra sucia desaparecieron más de mil 200 personas que, hasta la fecha, no se han resuelto sus casos en el estado. Aseguró que cada día, existe un registro de 17 personas. Dijo que se trata de una historia que se repite en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, desaparecidos Iguala Guerrero. Darwin Franco, activista y académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), señaló que de los 125 municipios de la entidad, por lo menos en 116 hay registro de personas en estado de desaparición.
“El Plan Frontera Sur intensifica las medidas de control, vigilancia, contención y militarización y ha obligado a las personas migrantes a viajar por rutas más remotas y peligrosas, que trazamos este año en la Caravana”, aseguró el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), que organiza cada año la Caravana de Madres de Migrantes Centroamericanos Desaparecidos en México. Afirmó que los integrantes de la Caravana, en su recorrido por 11 estados del país durante 18 días, constató “otra vez, el incremento notorio en la violencia y la violación de los derechos humanos desde que el gobierno de Enrique Peña Nieto impuso el Plan Frontera Sur en 2014, apoyado y financiado por el gobierno de Estados Unidos para detener los flujos migratorios centroamericanos”. “Por estas veredas y caminos, las familias migrantes se vuelven presa fácil de grupos de delincuentes, del crimen organizado y agentes estatales corruptos” y “lejos de garantizar su seguridad y sus derechos, las políticas represivas del Estado han sumergido a los migrantes que huyen de la violencia y el hambre en sus comunidades de origen, en un infierno donde están expuestos a robos, extorsiones, violaciones sexuales, trata y tráfico, desaparición y muerte”, denunció. Aseguró que los cónsules centroamericanos en la zona fronteriza informan que, con la elección de Donald Trump como presidente, se ha incrementado el flujo de migrantes que intentan reunirse con sus familiares en Estados Unidos. “La propuesta antimigrante y racista del presidente electo de Estados Unidos, junto con la actitud sumisa y represiva del gobierno mexicano, auguran tiempos de más violaciones de derechos e inseguridad para los migrantes centroamericanos”, añadió. El MMM recordó que el pasado 3 de diciembre concluyó la Caravana en el Río Suchiate, el cual se encuentra en la frontera con Guatemala. “Fueron muchos los aprendizajes del camino, entre ellos el marcado contraste entre la generosidad de espíritu del pueblo mexicano y la indiferencia de muchos de los funcionarios gubernamentales hacia las tragedias humanas que genera la criminalización de las personas migrantes en el país”, indicó.
