A cinco años de la desaparición forzada del indígena tzeltal, Alonso López Luna, orginario de la comunidad de Banavil, en Chiapas, las autoridades del gobierno “no ha hecho una búsqueda para encontrarlo”, aseguró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
Frayba señaló que “los mecanismos de investigación judicial son obsoletos e ineficaces, en cuanto al desplazamiento forzado de 13 personas en San Cristóbal, y añadió que “el Estado mexicano incumple promover y proteger los derechos humanos fundamentales universalmente reconocidos en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos Forzados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.
En abril del 2012, el Centro “documentó que la familia de Alonso López Girón, tuvo que salir de sus casas y de Banavil el 4 de diciembre de 2011, por las agresiones de integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI)”, indicó.
Recordó que los testigos refieren que cerca de 50 personas, con palos y armas de fuego, rodearon el lugar y sacaron a golpes a Alonso López Luna, “de quien se desconoce su paradero”.
Señaló que “ante amenazas de muerte y por temor de daños en su integridad, la familia se desplazó de manera forzada a San Cristóbal de Las Casas, donde actualmente sobrevive en condiciones inhumanas y precarias, sin posibilidades de rehacer su proyecto de vida ni los medios necesarios para el sustento diario”.
Calificó de “especialmente preocupante” la situación de las mujeres y niños, quienes carecen de alimentación adecuada y servicios de salud, así como de educación. “El 21 de febrero de 2013, a consecuencia de padecer vulnerabilidad en desplazamiento forzado, la niña Antonia López Girón murió a la edad de 11 años”, agregó.
Denunció y lamentó que las autoridades federales y estatales aún no han llevado a cabo alguna acción para dar seguimiento a los compromisos adquiridos, sino que al contrario, “han actuado de manera ineficiente, con nulos resultados en la investigación de los hechos del día 4 de diciembre de 2011 y sin justicia en las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante los cinco años del desplazamiento forzado”.
Lo anterior, “trae como consecuencia la impunidad que ubica en riesgo a la vida, integridad y seguridad personal a las personas desplazadas a quienes no se les ha garantizado sus derechos humanos y por consiguiente el acceso a la justicia”.
Ante esto, urgió al Estado mexicano a realizar las investigaciones serias, prontas y expeditas para dar con el paradero de Alonso López Luna, con la colaboración de peritos de la Procuraduría General de Justicia, además de que genere condiciones para el retorno con seguridad de las actualmente 21 personas desplazadas forzadamente, así como garantizar las tierras y sus derechos colectivos como integrantes del pueblo indígena tzeltal.
El 4 de diciembre del 2011, las familias de la localidad de Banavil, en Chiapas, fueron víctimas de agresión y obligadas a desplazarse de sus hogares, los cuales fueron saqueados y hasta hoy, cinco años después, no han podido regresar por el miedo a la inseguridad y nuevos ataques por parte del gobierno.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/cinco-anos-desaparicion-tzeltal-gobierno-sigue-sin-acciones/
“El primer mensaje que estamos dando es de paz, no es un mensaje de guerra, pero también decimos que a pesar de las agresiones que nos han causado, no nos vamos a desarmar y seguiremos en la lucha…” le dicen los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y el pueblo de Tixtla al gobierno de Guerrero al marchar por las calles de esa ciudad para exigir seguridad y que paren las agresiones hacia la organización comunitaria.
Después de que el pasado 25 de noviembre se encontrara el cuerpo sin vida del coordinador de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) en Tixtla, Irineo Salmerón Dircio, desde las 10 horas de este domingo, los Policías Comunitarios y habitantes de Tixtla se concentraron en la entrada principal a la cabecera municipal. En dos líneas avanzaron por las principales calles mientras recibían muestras de solidaridad por algunos vecinos que salían de sus casas para ser testigos de la movilización. Los miembros de la CRAC portaban armas largas con un moño blanco simbolizando la paz que desean para Tixtla, del mismo modo, estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa portaban el listón en el brazo izquierdo. Se leían algunas pancartas con leyendas como “Organizados podemos cuidarnos”, “Justicia para el compañero Irineo”, y “La seguridad no es un problema de percepción. Entiendan Autoridades.”
Actualmente en Guerrero se vive una ola de violencia. De acuerdo con el periódico estatal “El Sur”, en lo que va del año se han registrado hasta este 4 de Diciembre 222 asesinatos que están relacionados con la delincuencia organizada. El 23 de Noviembre, el profesor Irineo Salmerón Dircio salió de su casa con dirección a su centro de trabajo y fue “levantado” por hombres armados. Dos días después fue encontrado en el municipio de Chilapa de Álvarez “embolsado” junto a otra persona asesinada. Sobre los cuerpos se encontraba una cartulina con el mensaje: “Esto les paso x no alinearse con el jefe, y esto va pa todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata es la mera riata. Atte: Los Jefes”.
Tres días después, el ex regidor de Tixtla y activista social que participó en el boicot de las elecciones en 2015, Luis Tenero Encarnación fue extraído de su domicilio por la fuerza, su cuerpo con impactos de balas fue hallado dos días después junto a otras dos personas.
Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, asegura que el gobierno se ha dedicado a atacar a la Policía Comunitaria en vez de dirigir sus fuerzas al combate de la inseguridad, motivo por el que surgieron estos grupos de organización comunitaria: “Es lamentable que el gobierno en lugar de atacar el problema que origina el surgimiento de los grupos de los policías comunitarios prefiera hoy atacar la organización de los pueblos y tratar de inhibir la formación y el accionar de los grupos de la Policía Comunitaria que son la alternativa para garantizar el derecho a la vida, a la seguridad, el derecho a la integridad física de la gente de los pueblos que son los más vulnerables ante el actuar de los grupos de la delincuencia organizada.”
Afirmó que como organización en defensa de los derechos humanos les preocupa que no hay avances en las investigaciones del asesinato del coordinador de enlace, Irineo Salmerón pues dice, son los grupos de la Policía Comunitaria los que han dado verdaderos resultados en seguridad. “Se ha demostrado que solamente los grupos de la Policía Comunitaria que son del pueblo, de las comunidades, son los únicos que pueden garantizar cierta tranquilidad y garantizar de alguna manera el derecho a la vida de toda la población porque ellos son elegidos al interior de las comunidades y ellos se conocen.”
Advirtió que la presencia del ejército y de la policía federal y estatal en las calles sólo es mediático pues no se ataca el problema de raíz de la inseguridad.
A nombre de la Policía Comunitaria, uno de los miembros del comité de enlace de la CRAC de San Luis Acatlán, aseguró que a pesar de las agresiones que han sufrido seguirán como organización en defensa de la seguridad de los pueblos: “Lo que nos está sucediendo ha fortalecido a la CRAC porque tenemos un espíritu de cuerpo, porque sabemos que en el momento en que tocan a los compañeros hay que salir a responder y esta es una forma, como lo estamos haciendo, diciendo que no queremos guerra pero tampoco nos vamos a desarmar ante las agresiones que hemos sufrido y vamos a seguir con las armas en la mano y dando la lucha.”
Aseguró también que el hostigamiento que han recibido no es sólo hacia ellos si no al movimiento social, por lo que no creen que las agresiones vengan por parte de la delincuencia organizada si no del propio gobierno: “En Tixtla quien está siendo hostigado es el movimiento social en su conjunto, pensamos que no es por parte de la delincuencia organizada sino es por parte del Estado, lo que se nos hace muy curioso es que los golpes que ha dado aquí hayan sido a Normalistas, a compañeros de la CRAC, haya sido a un ex regidor de Atliaca que apoyaba también a la CRAC, entonces pensamos que estos golpes que se han estado dando no es por parte de la delincuencia organizada porque nosotros pues estamos lejos de esto.”
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ALAIDE MARTÍNEZ.
FECHA: 4 DE DICIEMBRE DEL 2016.
LINK: https://desinformemonos.org/1-primer-mensaje-paz-crac-pc-gobierno-guerrero/
OAXACA, Oax: El Sistema de Salud en la entidad se encuentra en “terapia intensiva” porque el gobernador Gabino Cué y el extitular de la dependencia, Germán Tenorio Vasconcelos, dejaron un colapso financiero con el desvío dos mil millones de pesos, afirmó el Frente Oaxaqueño en Defensa de la Salud (FODS).
Según Amaya Ángeles, Odilia Sánchez y Filiberto Cruz Vicente, integrantes del FODS, el Sistema de Salud se encuentra en la antesala del colapso porque el gobierno del cambio “deja un grave problema” en la materia, ya que Oaxaca ocupa hoy los primero lugares en desnutrición, muertes infantiles, partos fortuitos, muertes maternas, desabasto de medicamentos, material e insumos.
Por tal razón, demandaron que se castigue penalmente a los servidores públicos que desviaron recursos, en virtud de que cometieron un atentado a la salud y a la vida.
Los integrantes del FODS resaltaron que de acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Publica, Germán Tenorio Vasconcelos, exsecretario de Salud, cometió un desvío de recursos por más de dos mil millones de pesos. “Sin embargo, hay otros desvíos en otras áreas, lo que resulta un déficit incalculable”.
Hicieron hincapié en que el recurso “no llega a los hospitales porque los secretarios de Salud de las tres últimos sexenios (José Murat, Ulises Ruiz y Gabino Cué) se lo quedan y terminan enriqueciéndose a costa de la vida de los enfermos”.
Asimismo, explicaron que el hospital civil “Aurelio Valdivieso” tiene 180 camas con sobre cupo de 200%, razón por la cual tienen hacinados a los pacientes, sin contar que hay una recomendación de Protección Civil por el mal estado del inmueble.
También el hospital del ISSSTE “Presidente Juárez” tiene un sobre cupo de 200% en el servicio de urgencias, y el del IMSS de 100% en todos sus servicios.
Respecto del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, hubo desvíos desde su construcción, dado que fue levantado en terrenos comunales con 60 camas, equivalente a un nosocomio de segundo nivel.
Los inconformes manifestaron que ese hospital es insuficiente porque no resuelve el objetivo para el cual fue creado, debido a que hay déficit de material, equipo e insumos, a tal grado que en el último año el paciente de plano ha tenido que realizar depósitos –de hasta 50 mil pesos– para comprar sus medicamentos y realizarse sus estudios.
Además del desvío de recursos, el gobierno de Cué dejó a medias cerca de 50 obras hospitalarias, aunado a la supuesta pérdida de 100 millones de pesos para pagar uniformes y 800 millones que serían destinados a viviendas, retiros y préstamos.
De acuerdo con los miembros del FODS, los cuatro hospitales tienen en remodelación sus quirófanos y están subrogando los servicios de hemodiálisis, endoscopía, radiología y laboratorio, aunque sólo el Hospital de Especialidades cuenta con Resonancia magnética y tomógrafo, pero casi siempre está descompuesto.
Sobre el “seguro popular”, opinaron que no ha resuelto la crisis económica del Sector Salud. “Es un engaño, pues se convirtió en la caja chica del gobernador en turno y para pagos a instituciones privadas”, apuntaron.
También manifestaron su solidaridad con los trabajadores de la Salud, en particular con los del hospital “Aurelio Valdivieso”, quienes se encuentran “en situación crítica” porque la vida de muchos de los pacientes está en riego y, por tanto, aquellos pueden ser demandados o agredidos por los familiares.
El FODS se pronunció porque el nuevo gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, y la actual Legislatura atiendan con seriedad el problema de Salud sin evadir sus responsabilidades, pues si bien los hospitales del ISSSTE, IMSS y de Especialidades dependen de la Federación, en esos lugares son atendidos los oaxaqueños, y el gobernador y el secretario de Salud deben velar por la salud de sus gobernados y hacer las gestiones necesarias para subsanar el problema.
En ese sentido, pidieron a los funcionarios “no seguir lucrando con la salud de los oaxaqueños, pues todo servidor público que desvíe un solo peso del Sector Salud debe ir a la cárcel porque comete un crimen de lesa humanidad”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465174/sistema-salud-oaxaca-en-terapia-intensiva-desvio-2-mil-mdp-fods
CIUDAD DE MÉXICO: El gobierno federal decretó hoy cuatro nuevas áreas naturales protegidas y cinco zonas de salvaguarda.
Tres de las áreas protegidas se refieren al patrimonio marítimo que se declaran reservas de la biosfera: las islas del Pacífico y sus aguas adyacentes en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur con una extensión de 1.2 millones de hectáreas.
El Pacífico mexicano profundo para una franja marítima por abajo de los 800 metros de profundidad, desde Chiapas a Nayarit, y el área alrededor del archipiélago Revillagigedo en casi 58 millones de hectáreas.
También se hizo la declaratoria para el Caribe mexicano, para la mayor parte de la superficie marítima frente a la costa de Quintana Roo dónde se protegerá el mayor sistema de arrecifes mesoamericano.
Con ello México se unió a los países que cumplen con la meta Aichi, con 23% de las zonas marítimas protegidas.
El presidente Enrique Peña Nieto firmó hoy los decretos para vigilar y proteger esa zona, con lo que el país tiene ya 181 Áreas Naturales Protegidas, que en conjunto suman unos 91 millones de hectáreas.
“Nos hemos unido al reducido grupo de países que han cumplido la meta de Aichi”, dijo, en cuanto a la protección del 10 % de las zonas marítimas, que en el caso de México alcanza ya un 23 %. Peña Nieto agregó que la superficie terrestre protegida suma casi el 14 %, ligeramente por debajo del objetivo del 17 %.
Peña Nieto dijo que en las zonas protegidas queda prohibida la extracción de hidrocarburos y serán protegidas por la Secretaría de Marina.
Se trata, subrayó, de la máxima superficie que nunca se haya decretado.
“Prácticamente estamos triplicando la zona natural protegida tanto marítima como terrestre que anteriormente tenía nuestro país”, sostuvo.
La firma se dio en el marco de la inauguración de la COP 13 que se lleva a cabo en Cancún, Quintana Roo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465178/declara-pena-nieto-al-caribe-mexicano-area-natural-protegida
CUAUHTÉMOC, Chih: El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) analizará más de cien restos óseos localizados en dos fosas y una brecha de los municipios colindantes de Cuauhtémoc, Cusihuiriachi y Carichí.
Así lo anunció el grupo durante la firma del convenio con el gobierno de Javier Corral y añadió de antemano que hay interés por evidenciar a quienes obstaculizaron la investigación en el sexenio anterior.
La Fiscalía Zona Occidente tiene 527 carpetas de investigación de personas desaparecidas, aunque hay varios sin denunciar por temor o desconfianza hacia las autoridades, coincidieron familiares de desaparecidos, autoridades actuales y activistas.
El gobernador Javier Corral Jurado reconoció que las investigaciones de desapariciones forzadas en la región no serán fáciles, porque hay demasiadas complicidades desde el poder e intereses que permitieron que creciera el “funesto delito”.
“Vengo primero a dar un abrazo solidario (…) frente a ese trabajo arduo que realizan, en el que muchos de ustedes han sustituido en los hechos a los Ministerios Públicos, a los policías, a las autoridades.
“Vengo también para asumir el deber legal de la responsabilidad frente a una realidad que se ha querido ocultar (…) vamos a batallar mucho más de lo que pensamos, porque hay muchos hilos y hay tejidas muchas complicidades, y porque hay profundos intereses y complicidades hondas que tenemos que ir desbaratando poco a poco”, dijo en su mensaje a las familias de personas desaparecidas.
Durante la firma del convenio de colaboración entre el gobierno del estado y el EAAF, liderado por Mercedes Doretti, ella recordó que en dos intentos anteriores por firmar el acuerdo, en el sexenio de César Duarte Jáquez, se los impidieron porque estaban aferrados a incluir cláusulas que les impedían acceder a los expediente y dar información a los familiares.
El encargado del área de Personas Desaparecidas en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Gabino Gómez Escárcega, denunció durante su participación en la firma del convenio, que aún hay funcionarios de la anterior administración empeñados en impedir que se investiguen las desapariciones forzadas en el municipio de Cuauhtémoc. Incluso dos días antes intentaron de nuevo intimidar y dividir a los familiares para que no lo exigieran.
Doretti se congratuló de firmar “por fin el convenio porque puede aportar luz y justicia a las familias que buscan un familiar desaparecido” y confirmó el intento de funcionarios de la Fiscalía General del estado de impedir el trabajo del equipo argentino.
“Para el equipo argentino, si no podemos hablar con la familia, no podemos hablar con los representantes legales y no les podemos dar los resultados, no tiene razón de ser la intervención. No podemos firmar convenios donde se nos diga que no hagamos eso. Hubo intentos por impedirlo recientemente pero finalmente lo hemos firmado”, agregó la especialista argentina.
La antropóloga explicó que su trabajo consistirá en analizar los restos localizados en dos ranchos y una brecha y crear una base de datos de datos genéticos de los familiares. “No son muestras fáciles, vamos a ver hasta dónde podemos llegar”.
Mercedes Doretti refirió que la organización a la que pertenece es sin fines de lucro y se dedica a aplicar ciencia forense a graves violaciones de derechos humanos desde 1984, cuando iniciaron buscando los desaparecidos de Argentina. En Ciudad Juárez contribuyeron en el 2004, en casos de feminicidio, con organizaciones de Chihuahua y Juárez.
“Firmamos este acuerdo, gracias a esta enorme terquedad de familias y activistas, y ahora hay voluntad del estado que permite firmarlo. Es la tercera vez que lo intentamos y ahora sí lo vamos a firmar”, refirió.
Y es que desde 2013 organizaciones civiles solicitaron la presencia del EAAF para intervenir en el análisis de los restos localizados en los municipios mencionados. En octubre de 2011 se localizó una fosa clandestina en el rancho Dolores, Cuauhtémoc, con numerosos cadáveres calcinados. En noviembre de ese año se hallaron más restos en El Montero (municipio de Cusihuiriachi), y en febrero de 2012 se detectó una tumba ilegal más en el poblado El Porvenir, del municipio de Carichí.
Luego de varios intentos a partir de 2011 para que solicitaran el apoyo del EAAF, el 25 de marzo de 2013, el Movimiento Estatal de Mujeres logró que el exgobernador accediera, firmaron acuerdos y nombraron como encargada de contactar al equipo argentino a María del Refugio Dowz Torres, de la Dirección General Jurídica de la Fiscalía General del estado.
Dowz se encargó de insistir a Mercedes Doretti que firmaran el convenio con las cláusulas de opacidad, pero ella no accedió.
El 19 de noviembre de 2015, Doretti respondió: “Lamentablemente, observé con preocupación que la mayoría de las solicitudes fundamentales para la realización de nuestro trabajo, como el acceso a los expedientes correspondientes, la libre selección de muestras óseas, la transmisión de los resultados a los familiares de víctimas involucradas y sus representantes legales, el diálogo con servidores públicos intervinientes en la investigación, los plazos de trabajo, la reciprocidad en las cláusulas sobre obligaciones y derechos de cada una de las partes, entre otras, han sido todas retiradas de su versión en el contrato.
“En particular, la cláusula donde el gobierno prohíbe al equipo compartir los resultados del trabajo con las familias involucradas y sus representantes legales desafía el mismo propósito de nuestra intervención, toda vez que estamos realizando este trabajo a pedido de ellos”.
Cuando parecía que las autoridades de la administración pasada accedían a firmar el acuerdo conforme lo pedía el EAAF, se retractaban. En un par de ocasiones hicieron viajar a Doretti a Chihuahua y la dejaron plantada.
De manera simultánea, a partir de febrero pasado y ante la presión internacional sobre la problemática de desaparición forzada en Cuauhtémoc, el municipio con la mayor tasa de ese delito en el país, la fiscalía comenzó a buscar a las familias de personas desaparecidas, incluidos los representados por el Cedehm, para que firmaran y permitieran procesar los restos, con el fin de conseguir resultados genéticos, pero sin ninguna obligación de informar a los parientes familiares de las víctimas de desaparición forzada (Proceso 2056).
El Cedehm promovió nueve amparos para evitar que se procesaran los restos, y varios juzgados federales les otorgaron la suspensión provisional. También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares que se mantendrán hasta que peritos independientes los analicen.
El Cedehm demandó a la coordinadora del Ministerio Público porque en el documento que les dieron a rubricar se incluía una renuncia a la coadyuvancia, es decir, nadie los podría asesorar formalmente. Esa funcionaria continúa y dos días antes de este sábado, intentó dividir e intimidar a familiares de desaparecidos, para que no permitieran la firma del convenio. La funcionaria aún continúa.
Otra anomalía de las autoridades anteriores, es que en agosto del año pasado, cuando la familia de Gustavo Parra Perea pidió llevar una ofrenda floral a la fosa donde las autoridades encontraron sus restos, en el rancho privado Providencia -propiedad de Julio Escárcega-, encontraron la tierra removida y el terreno limpio, refiere Gabino Gómez.
De acuerdo con un agente ministerial de la Fiscalía Zona Occidente, quien pidió permanecer en anonimato, un día antes el exdirector de la Policía Estatal Única, Pablo Ernesto Rocha Acosta (actual director de la Policía Municipal de Juárez), mandó limpiar todo.
“Encontraron como tres mil restos y nadie dijo nada. Había cráneos, casquillos, embolaron todo y dejaron limpio (…) Darinel, el exdirector de la Policía Investigadora, le habló al segundo comandante para darle la orden de Rocha. Le dijo: ‘saquen esas osamentas porque no quiero que encuentren evidencia’”, agregó el agente.
Testimonios de familiares
A nombre de las familias de desaparecidos en Cuauhtémoc, la maestra Olaya Dozal resumió la impotencia y el dolor que enfrentaron durante la anterior administración estatal, con complicidades de autoridades omisas y corruptas:
“La voluntad (de las autoridades) no se compra, se tiene (en el caso de la administración anterior), si hubiéramos comprado un pedacito de voluntad del gobernador anterior. Gracias (por el convenio) también a nombre de las familias, porque tienen miedo, sí, tenemos miedo porque hemos pasado por muchas situaciones. Aquí vamos a estar siempre (…) ni siquiera tenemos derecho a saber si viven o no”, expresó la mujer.
Su hija desapareció hace siete años, salió de su casa en Cuauhtémoc, a la preparatoria donde estudiaba y no regresó.
“Nos escucharon después de una larga lucha, después de años de pedir el apoyo en diferentes instituciones gubernamentales, porque todos los que son padres nos comprenderán que hasta el último aliento vamos a buscar a nuestros hijos. Agradecemos al Equipo Argentino por cada kilómetro recorrido”.
En entrevista, la mujer de Cuauhtémoc, afirma que a la mayoría de los desaparecidos en esa región se los ha llevado el crimen organizado:
“¿Quién más, si el crimen organizado actúa donde no hay autoridad, puede hacer y deshacer por las más diversas causas, desde las implicaciones, denuncias, porque son quiénes tienen el mando y hacen con las personas que quieren y no les pasa nada”.
Durante su intervención en la firma del convenio, Olaya Dozal agregó:
“Tenemos dos años pidiendo que se reconozcan esos restos de personas que se han encontrado, de personas de esta región. Quisiéramos que no estuvieran ahí nuestros hijos, que no fuera ninguno de nuestros hijos, de nuestras hijas, pero sabemos que de alguien son y sabemos que hay un padre o una madre esperando.
“Tenemos años esperando que se reconozcan esos restos, que se haga lo que se deba hacer para liberarnos de este martirio. El anterior gobierno fue sordo”.
En el teatro de cámara del Centro Cultural San Antonio lleno, estaba la familia Muñoz, a quien le desaparecieron ocho hombres durante un festejo del Día del Padre en el 2011; la familia Ibarra, a quien le faltan otros cuatro integrantes, entre otras familias que no cesan de buscar a sus familiares desaparecidos por policías, agentes de tránsito, militares, entre otros.
Corral, apoyo al EAAF
Javier Corral dijo en su intervención durante la firma del convenio, que el trabajo del EAAF permitirá identificar el ADN de los restos localizados y brindar por lo menos a los familias de las víctimas, la certeza del paradero sus familiares desaparecidos.
Se comprometió a permitir el trabajo del equipo de expertos en antropología y el gobierno estatal será su coadyuvante.
“Porque sé que aunque muchas o todas y todos ustedes, esperan ver vivos a sus familiares, reencontrarse con ellos, también sé, que hay quienes quieren encontrarse de cualquier forma con ellos”, agregó.
“Por eso teníamos que firmar con todas sus consecuencias políticas y jurídicas, aquí el grupo argentino no será molestado, aquí el gobierno estará como su aliado y coadyuvante”, afirmó.
El gobernador recordó que el 26 septiembre de 2014, “el mundo se estremeció con desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, del municipio de Iguala, en el estado de Guerrero y a raíz de la presión internacional, invitaron al EAAF, además de otros expertos, quienes se confrontaron con las autoridades federales y finalmente los echaron del país.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465186/forenses-argentinos-analizaran-restos-hallados-en-fosas-clandestinas-en-chihuahua
La Procuraduría de Tlaxcala se negó a emtir Alerta Amber y a iniciar una averiguación por privación ilegal de la libertad de Karla Tezmol, de 11 años.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, encabezada por Alicia Fragoso Sánchez, viola dos artículos de la Constitución mexicana al negarse a investigar la desaparición de la niña Karla Tezmol Juárez, de 11 años, raptada en un municipio identificado como zona de operación de bandas dedicadas al tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, concluyó un juez federal de amparo en noviembre pasado.
Karla desapareció el 13 de enero de 2016, cuando caminaba rumbo a la primaria en la que estudiaba, en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.
Según testigos, personas no identificadas obligaron a Karla a abordar un vehículo negro, para luego escapar.
La familia de Karla denunció el rapto horas después de ocurrido, sin embargo, la Procuraduría estatal se negó a emitir la Alerta Amber, protocolo inmediato de búsqueda de menores desaparecidos, secuestrados, o en peligro, diseñado para impedir que las víctimas sean extraídas de la entidad donde fueron raptadas.
Además, la Procuraduría se negó a iniciar una averiguación previa por el delito de privación ilegal de la libertad y esa negativa se mantiene hasta la fecha.
Desde el rapto de Karla han transcurrido 11 meses y, en este tiempo, la Procuraduría estatal sólo ha iniciado oficialmente lo que se conoce como un “acta circunstanciada”, es decir, un oficio en el que fue mecanografiada la denuncia de su desaparición.
Luego de que habían transcurrido 21 días desde el rapto, la Procuraduría de Tlaxcala aceptó emitir la Alerta Amber, debido a que la familia denunció los hechos ante medios de comunicación.
La Alerta Amber está diseñada para aplicarse inmediatamente después de que se denuncia de desaparición de un menor, por lo que emitirla luego de 21 días prácticamente anula sus alcances.
La Procuraduría de Tlaxcala sólo mantuvo activada dos semanas la Alerta por la desaparición de Karla y luego la canceló.
La única evidencia que la Procuraduría estatal aceptó rastrear, por presiones de la familia, fue un video de vigilancia, de un negocio cercano al lugar donde Karla fue raptada. La Procuraduría, sin embargo, obtuvo erróneamente el video del día siguiente, y cuando se percataron de este error, el video correcto ya había sido borrado.
Violaciones a la Constitución
Debido a todas estas anomalías, la familia de Karla solicitó que un juez federal de amparo revisara el proceder de las autoridades de Tlaxcala, luego de lo cual, el juez Carlos Albergo González García (titular del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Tlaxcala) determinó que la actuación de la Procuraduría local “se traduce en una violación a las prerrogativas fundamentales de seguridad jurídica y legal, establecidas en los artículos 16 y 21 de la Constitución” mexicana.
Estos artículos, subrayó el juez, obligan a las procuradurías de justicia (tanto estatales, como la PGR) a “garantizar que las denuncias sean atendidas, y que el Ministerio Público ejercite las funciones de investigación que le encomienda la ley”.
El juez concluyó que un “acta circunstanciada” no le permite a la Procuraduría de Tlaxcala investigar nada, por lo tanto, no es la figura legal óptima para determinar si existe un delito qué perseguir, o no.
En el caso de Karla, luego de mecanografiar el acta circunstanciada, la Procuraduría determinó que la menor no es víctima de ningún delito, sin que mediara investigación alguna, lo cual fue calificado como algo “absurdo” por el juez federal.
“Sería absurdo –es la cita textual– que, previo a iniciar la investigación correspondiente, se determine la inexistencia categórica de los ilícitos”, ya que no se puede saber si un delito existe “sin haber averiguado el origen y naturaleza de los hechos”.
Aparte, el juez consideró necesario recordarle a la Procuraduría de Tlaxcala que no puede decidir a capricho si inicia averiguaciones previas o no. Por el contrario: es su obligación emprender investigaciones formales cada vez que un ciudadano denuncie un hecho que sea considerado delito por el Código Penal.
“La averiguación previa –subrayó el juez en su resolución, emitida el 14 de noviembre– no constituye un poder o prerrogativa que la institución del Ministerio Público pueda ejercer según su parecer, toda vez que se trata de investigaciones que son presupuesto para castigar a los sujetos que hubieren afectado a las víctimas y a la sociedad en general con la comisión de un hecho delictuoso.”
En este caso, Karla es presuntamente víctima de distintos delitos: privación ilegal de la libertad, desaparición forzada y trata de personas con fines de explotación sexual, por lo menos.
Peor aún: el juez consideró que el sólo hecho de que Karla desapareciera en un municipio identificado como parte del corredor de la trata era suficiente para que la Procuraduría de Tlaxcala emprendiera una investigación formal, desde enero, lo cual no ha hecho.
“Esos elementos son suficientes para que el responsable social procediera a la apertura de una averiguación previa, al ser hechos probablemente constitutivos de delitos”.
Por el contrario, al negarse a iniciar esta investigación, dijo el Juez, “la autoridad ministerial se apartó de los lineamientos establecidos en los preceptos constitucionales y ordinarios aplicables”.
Por todas estas razones, el juez ordenó a la Procuraduría de Tlaxcala deponer su actitud omisa e iniciar, de manera inmediata, una investigación formal, real, que lleve a la localización de Karla Tezmol, así como de los responsables de su ausencia.
Diputados cómplices
En marzo de 2016, ante las denuncias públicas de la familia de Karla, el Congreso de Tlaxcala citó a la procuradora Alicia Fragoso Sánchez para que explicara por qué no había una investigación por el rapto de la menor.
La procuradora se negó a acudir ante el Congreso, alegando que ella respondía a las órdenes del gobernador, Mariano González Zarur (PRI), y no al Poder Legislativo.
Finalmente, una negociación directa entre el Congreso y el gobernador permitió que la procuradora acudiera ante diputados de Tlaxcala, sin embargo, luego del encuentro (al que se impidió el acceso a la prensa y a la familia de Karla), oficialmente fue anunciado el respaldo del legisladores del estado a la procuradora Fragoso Sánchez.
Según un boletín oficial difundido en marzo, durante el encuentro a puerta cerrada, “los diputados señalaron que a esta soberanía le queda claro (…) que se está siguiendo el debido proceso” en el caso de Karla.
La resolución del juez federal de amparo, sin embargo, refuta que la Procuraduría estatal hubiera seguido el “debido proceso”, tal como afirmaron los legisladores tlaxcaltecas en marzo.
El juez, de hecho, no sólo advirtió que la Procuraduría de Tlaxcala está violando la Constitución, también subrayó que “convalidar como jurídicamente correcto (el actuar de la Procuraduría) implicaría desatender resoluciones dictadas a nivel internacional al Estado mexicano, tal como lo resuelto (por la Corte Interamericana de Derechos Humanos) en el caso Campo Algodonero, en el que se ordenó que el Estado debía conducir eficazmente el proceso penal, debiendo removerse todos los obstáculos (…) que impidan la debida investigación de los hechos”.
Miriam Pascual, abogada de la agrupación civil Red Retoño, que brinda acompañamiento legal a la familia de Karla, informó que, a pesar de que la resolución del juez fue emitida el pasado 14 de noviembre, y causó efecto al día siguiente, hasta la fecha la Procuraduría de Tlaxcala no lo ha acatado y sigue sin iniciar una investigación formal por su rapto.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/procuraduria-tlaxcala-desaparicion/
La red de empresas de la familia Osman Flores ha ganado numerosos contratos en Veracruz con licitaciones donde se simuló competencia.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en su delegación de Veracruz, ha beneficiado a familiares de una funcionaria de la dependencia, Shariffe Osman Flores, a través de una red de empresas constructoras a las que ha otorgado contratos millonarios.
Además de estos contratos, la red de empresas de la familia Osman Flores ha ganado numerosos contratos con otras dependencias del gobierno veracruzano mediante adjudicaciones directas y licitaciones por invitación a tres.
Animal Político documentó que en esas licitaciones se simuló una ‘competencia’ entre empresas en las que figuran como dueños, administradores o representantes legales, familiares de la funcionaria Shariffe Osman.
Comencemos por el conflicto de intereses de la funcionaria de la CDI-delegación Veracruz.
Tras su paso como secretaria particular de la alcaldesa de Xalapa, y su candidatura por el PRI a la alcaldía de Emiliano Zapata en 2013, Shariffe Osman llegó como jefa del departamento administrativo de la CDI-Veracruz el 1 de abril de 2015.
Así consta en su declaración pública como servidora pública, en la que no aceptó transparentar sus datos patrimoniales ni su posible conflicto de interés.
Dos semanas más tarde de la llegada de Shariffe a la CDI, el 17 de abril, la CDI dio un contrato por 3 millones 639 mil pesos a la empresa Supervisión Técnica por Veracruz JVCZ para que realizara un estudio de una obra de “modernización y ampliación” de un camino en Las Choapas, Veracruz.
La representante legal y administradora de esta empresa beneficiada es Irma Flores Sangabriel, madre de Shariffe Osman Flores.
Su cargo como representante legal de la compañía puede constatarse en este documento de la Unidad de Licitaciones de la Secretaría de Infraestructura de Veracruz. Mientras que en este otro documento, de la propia CDI-Veracruz, Irma Flores figura como administradora única.
Dos días antes, el 15 de abril, la empresa de Irma Flores recibió de la dependencia -donde su hija labora “manejando recursos financieros”- otro contrato por adjudicación directa de 393 mil pesos. El objeto del contrato era realizar otro estudio y un proyecto ejecutivo del sistema de agua potable del municipio Las Choapas.
Supervisión Técnica por Veracruz también participó como empresa supervisora de HR Soluciones en Ingeniería, encargada de modernizar el camino a Atlahuilco, Veracruz, cuyo contrato por casi 11 millones de pesos fue entregado el 21 de abril de 2015 por la CDI.
Empresa de la funcionaria ‘compitió’ con la de su madre
Mientras que el 26 de marzo de 2015, cuatro días antes de que Shariffe Osman entrara formalmente a la Comisión, la empresa de su madre ganó otro contrato de la CDI por adjudicación directa, por 2 millones 112 mil pesos, para realizar labores de “supervisión externa” de obras “en diversas localidades” de Veracruz.
Aunque este último contrato fue por adjudicación directa, la CDI quiso ‘sondear’ el mercado en busca de otras ofertas. Y mediante sendos oficios –aquí puedes leer uno y aquí el otro– envió una carta a Supervisión Técnica por Veracruz y otra a la empresa El Hebariye Constructora SA de CV, para que ambas hicieran propuestas económicas.
¿Pero quiénes son los socios accionistas de El Hebariye? Según el acta constitutiva de la empresa obtenida por Animal Político, los accionistas son: la actual jefa del departamento de administración de la CDI, Shariffe Osman Flores; su padre, Hassan Osman Domínguez; y su hermano, Hassan Osman Flores.
Finalmente, tal y como consta en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de la CDI-Veracruz, la dependencia desechó la propuesta de la empresa de Shariffe Osman, y optó por darle el contrato a la compañía de su madre, Irma Flores Sangabriel.
Empresa del primo de la funcionaria también ha sido beneficiada
Otra de las empresas beneficiadas por la CDI-Veracruz es Urbanizadora y Constructora CAFX SA de CV. El 3 de junio de 2015, dos meses después de la entrada de Shariffe Osman como administradora, esta compañía recibió un contrato por 4 millones 555 mil pesos para la “construcción del sistema de drenaje sanitario” en el municipio de Chontla, Veracruz.
Los propietarios de esta empresa, de acuerdo con el acta constitutiva registrada en la Secretaría de Economía, son Félix Alfredo Niño Flores y Claudia Liliana Cruz Villar, quien es la administradora única.
Félix Niño Flores es primo hermano de Shariffe Osman. Y según el portal de transparencia del gobierno veracruzano, hasta hace unos días laboraba como enlace administrativo de la Subsecretaría de Gobierno; cargo al que llegó tras ocupar un puesto en el Comité Directivo del PRI estatal (2011-2013).
La otra accionista, Lilliana Cruz, es esposa de Niño Flores, e hija del actual secretario de gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Óscar Cruz Alexander.
Animal Político tiene en su poder documentos que avalan el vínculo entre Félix Niño Flores y su prima, la funcionaria Shariffe Osman.
El vínculo también quedó confirmado en la revista de sociedad ‘Xalapeñísima’. En su edición de mayo de 2015 –un mes después de que la servidora pública accediera al cargo en la CDI-, la revista publicó el foto-reportaje titulado ‘Shariffe: plena y feliz’ con motivo del baby-shower que le organizó su madre, Irma Flores Sangabriel.
En las fotos aparece como invitada Claudia Liliana Cruz, esposa del primo de la funcionaria. Además, en el evento de ‘socialité’ también aparece quien ‘palomeó’ el contrato por más de cuatro millones para Constructora CAFX: Irais Maritza Morales Juárez, delegada de la CDI-Veracruz.
Animal Político documentó que Irais Maritza Morales y Shariffe Osman tienen una relación de amistad desde años previos a la llegada de ambas a la Comisión indígena en febrero y abril de 2015, respectivamente. Ahora, la delegada da el visto bueno con su firma a contratos que benefician con millones a las empresas de la familia de su amiga, Shariffe Osman.
Animal Político buscó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a nivel federal y delegación estatal, para conocer su opinión ante este posible conflicto de interés. Pero al momento de publicar este reportaje, no habían ofrecido una respuesta.
También se contactó vía telefónica a las empresas Supervisión Técnica por Veracruz y Urbanizadora y Constructora CAFX. En el caso de la primera, su número telefónico conduce siempre al mismo contestador que asegura que la línea está ocupada. Mientras que un administrador de Constructora CAFX sí respondió la llamada, pero hasta el momento la compañía no ha emitido ningún pronunciamiento.
Simulan otras competencias
Al margen de los contratos con la Comisión indígena de Veracruz, la empresa El Hebariye Constructora, de la que es socia accionista Shariffe Osman junto con su padre y hermano, tiene un largo historial de contratos con dependencias veracruzanas, los cuales fueron obtenidos en licitaciones a por lo menos tres empresas en las que se simuló una ‘competencia’.
Por ejemplo, en esta licitación de 2013, El Hebariye ganó un contrato con Conagua por 3 millones 108 mil pesos para hacer “un diagnóstico y proyecto ejecutivo” para la construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable y drenaje en Altotonga, Veracruz.
Para obtener ese contrato, El Hebariye ‘compitió’ contra las propuestas de otras dos empresas: Supervisión Técnica por Veracruz y Constructora Direg SA de CV. Como ya se documentó, Supervisión Técnica es la empresa en la que figura como administradora y representante Irma Flores, madre de Shariffe.
Mientras que los accionistas de Constructora Direg son Magaly Hernández Sangabriel y su hermano Héctor Manuel Hernández Sangabriel, actual alcalde de Coacoatzintla, Veracruz, quienes a su vez son primos de Shariffe Osman.
Las tres empresas con vínculos familiares ‘compitieron’ entre sí por un contrato.
En esta otra licitación del 11 de junio del 2012 con la secretaría de comunicaciones veracruzana, la compañía El Hebariye ganó un contrato por 2 millones 494 mil pesos para rehabilitar un puente en Sotepan, Veracruz. De nuevo, ‘compitió’ contra las otras dos empresas de la familia: Supervisión Técnica y Constructora Direg. Y ese mismo día, el 11 de junio de 2012, El Hebariye se adjudicó otro contrato por un millón 498 mil pesos, ‘compitiendo’ contra las mismas empresas.
Y otro ejemplo. En esta licitación de la secretaría de comunicaciones veracruzana, de marzo de 2013, otra empresa entró a competir por un contrato con El Hebariye y Supervisión Técnica. Se trata de Karest Construcciones SA de CV, compañía que de acuerdo con este documento fue representada en la licitación por Héctor Manuel Hernández Sangabriel, el alcalde de Coacoatzintla, dueño de otra de las ‘competidoras’ habituales, Constructora Direg, y familiar de los Osman-Flores.
A pesar de la entrada de un nuevo competidor en la licitación, El Hebariye ganó el contrato; esta vez por 4 millones 715 mil pesos para realizar obras de “revestimiento” en Ozuluama, Veracruz.
Animal Político contactó a Carlos René Ramírez Martínez, apoderado legal de Karest Construcciones. En entrevista telefónica, Ramírez subrayó que Héctor Manuel Hernández no forma parte de la nómina de esta constructora, y que su participación se redujo a asistir a una junta de licitaciones a entregar “unos documentos” como “favor” personal.
Según dijo el apoderado legal, Karest Construcciones desconocía que Héctor Manuel Hernández Sangabriel era familiar de los socios de las otras dos empresas contra la que competían por este y otros contratos.
Este medio también buscó Héctor Manuel, alcalde de Coacoatzintla. Pero el número telefónico de su empresa, Construcciones Direg, no existe.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANUEL URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/comision-indigena-contratos-veracruz/
CIUDAD DE MÉXICO: Tras anunciar a BHP Billiton como la empresa ganadora de la asociación con Petróleos Mexicanos (Pemex) para el campo Trión, el director general de la paraestatal, José Antonio González Anaya, aseguró que la producción del campo en aguas profundas iniciará en 2023, y se espera alcance una capacidad de 120 mil barriles de petróleo diario para 2025.
En conferencia de prensa, González Anaya destacó que la inversión de la petrolera australiana arrancará casi de manera inmediata el próximo año, y recordó que los montos que se pusieron son muy impresionantes, ya que las dos ofertas se fueron al máximo de la regalía adicional, de 4.0%, que se suma al 7.5% establecido en las bases.
En cuanto al monto del bono adicional, que fue el desempate entre los dos interesados, la propuesta ganadora ofreció 624 millones de dólares, que se suman a los 570 millones de dólares establecidos, para llegar a un total de mil 194 millones de dólares, por arriba de las expectativas, según un despacho informativo de la agencia Notimex.
De acuerdo con el director general de Pemex, el siguiente paso es firmar el contrato en los próximos 90 días, para iniciar operaciones en 2017, mientras que la perforación del primer pozo en el campo sería a finales del 2017 o principios de 2018.
“El resultado es extraordinario, los mínimos eran una regalía de 3.0% y una inversión de 570 millones de dólares, y en lugar de eso tenemos la regalía máxima de 4.0% y una inversión de mil 194 millones, no hay forma de ver esto de una manera negativa”, apuntó.
Ello se debe a la planeación de campo, a que México es un país atractivo y a que Pemex es un socio interesante derivado de la reforma energética, subrayó.
González Anaya manifestó que el porcentaje de participación que tendrá Petróleos Mexicanos será de 40%, mientras que BHP Billiton tendrá del 60% restante del proyecto de Trión.
A su vez, el titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, destacó que esto ayudará a la expansión de Pemex para que se convierta en una empresa petrolera del siglo XXI, y consideró que se trata el 50% del éxito de la licitación.
La petrolera australiana BHP Billiton Petróleo Operaciones de México ganó la asociación con Pemex para el campo Trión –ubicado en el Cinturón Plegado Perdido en la parte mexicana del Golfo de México–, al presentar una regalía adicional de 4.0%, así como un pago en efectivo de 624 millones de dólares.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465182/iniciara-en-2023-la-produccion-petroleo-en-aguas-profundas-gonzalez-anaya
MADRID: La policía española alertó a las autoridades mexicanas que Juan Manuel Muñoz Luévano, el Mono Muñoz, enlace de Los Zetas en Europa, ordenó el asesinato de una agente del Ministerio Público de Coahuila, pero la respuesta de México ha sido “el silencio”, según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción citadas hoy por El País.
El matutino español retoma la información que en abril pasado difundió la agencia EFE sobre la orden que da el capo de Los Zetas en España a un sobrino para asesinar a una mujer que colaboraba con su organización por fallarles, pero añade que “México no ha requerido a los fiscales españoles ninguna información adicional, ni enviado una comisión rogatoria de auxilio judicial para investigar esta amenaza. Una circunstancia que ha provocado el estupor y la sorpresa de las autoridades españoles por la gravedad del caso”.
La página del documento que El País difunde en su sitio web tiene fecha del 17 de marzo, un día antes de la detención de Muñoz Luévano en su vivienda de Madrid. El capo está a la espera de una posible extradición a Estados Unidos, país que le reclama por delitos de narcotráfico y tráfico de armas de fuego.
La información señala que para España el caso fue tan relevante, que la policía levantó el secreto de sumario judicial para “intentar salvar la vida de la funcionaria. Los fiscales españoles ignoran cuál fue la suerte de esta mujer”.
El documento fue enviado por el comisario jefe de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF que dice haber enviado a la División de Cooperación Internacional.
Señala de la orden del Mono de asesinar a la mujer. “Los hechos que motivarían la orden de acabar con su vida están vinculados a que (la funcionaria) es conocedora de una orden de detención/presentación contra el identificado como Salomón Ayup Muñoz, alias Monchi”, sobrino del capo, como el autor de un secuestro de un “miembro de la familia Burciaga acaecido en el estado de Coahuila”.
En represalia por no haber informado sobre esa orden, “la organización a la que pertenece Salomón se ordena acabar con su vida”.
Quien puso en conocimiento de la organización de Muñoz la existencia de la orden de detención es un hombre llamado “Erik de la Rosa, que podría tratarse de un funcionario que desarrolla su trabajo en el Departamento de Desaparecidos”.
La información incluye la conversación en la que Juan Manuel Muñoz Luévano llamó a un teléfono de su empresa Cargo Gas, para contactar con su sobrino Salomón, se lee cuando da la orden: “Y si no, pues para que vaya usted y la mata ahí”.
La orden contra el sobrino es por la desaparición de un miembro de la familia Burciaga, relacionado con el narcotráfico en Matamoros, que trabajaban para Sergio Villarreal, El Grande, exmiembro de los Beltrán.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTIÉRREZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465159/mexico-ignoro-alerta-orden-del-mono-munoz-matar-a-mp-coahuila-pais
COLIMA, Col: El exgobernador interino Ramón Pérez Díaz y dos de sus colaboradores acusaron a su antecesor, Mario Anguiano Moreno, de realizar una “operación fraudulenta” y haber mentido sobre el destino de los créditos de corto plazo contratados al final de su administración.
Pérez Díaz y los actuales titulares de las secretarías General de Gobierno y de Planeación y Finanzas, Arnoldo Ochoa González y Carlos Arturo Noriega García, respectivamente –cargos que también ocuparon en el gobierno interino–, emitieron un pronunciamiento público en el que responsabilizaron a Anguiano Moreno de haber “mal utilizado y/o desviado” un crédito por 638 millones de pesos contratado en agosto de 2015, dos meses antes de concluir su gobierno.
De esta manera, los exfuncionarios respondieron a la demanda de juicio político presentada la semana anterior en su contra por el exgobernador Mario Anguiano, quien los denunció como una estrategia de defensa en el juicio que él mismo enfrenta, invocando otro crédito por la misma cantidad contratado en el gobierno interino para pagar el que había quedado pendiente.
Pérez Díaz, Ochoa González y Noriega García calificaron como falsos los señalamientos realizados por Anguiano Moreno en la demanda de juicio político, pues pretende “confundir y engañar a la sociedad colimense” al hacer parecer que la sanción del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) en su contra se deriva del crédito contratado en diciembre, “ocultando que la determinación del Osafig fue por haber mal utilizado y/o desviado el crédito contratado en agosto de 2015 por 638 millones de pesos”.
De acuerdo con un recuento realizado por los firmantes del pronunciamiento, el 8 de diciembre de 2014, el entonces mandatario Mario Anguiano solicitó un crédito a corto plazo por 478.2 millones de pesos, cuya fecha de vencimiento era el 31 de diciembre de ese año, dado que la Ley de Deuda Pública impedía pagarlo después de esta fecha.
Sin embargo, el Osafig “detectó que en una operación fraudulenta, el 31 de diciembre de 2014, el Lic. Mario Anguiano expidió un cheque sin fondos para hacer parecer que había pagado el crédito, lo que no se iba a conocer mientras no se hiciera efectivo el cheque”, y “el 2 de enero de 2015, ya en un nuevo año fiscal, Mario Anguiano solicitó otro crédito a corto plazo por 500 millones, y con ese recurso fondeó la cuenta de donde expidió el cheque el 31 de diciembre de 2014”.
“Es decir –precisa el documento–, emitió un cheque en una fecha inhábil para burlar la ley e impedir que se cobrara de inmediato y tener tiempo para que, a los días, con un nuevo crédito obtener los recursos para que el cheque tuviera los fondos suficientes”.
Pero eso no es todo, pues “este crédito adquirido el 2 de enero de 2015 pretendió justificarlo con otro engaño, refiriendo que había sido para la adquisición de un terreno, que hasta la fecha nadie sabe dónde está”.
En febrero y marzo de 2015, añadió, Mario Anguiano solicitó nuevos créditos de corto plazo por 200 y 190 millones de pesos, que sumados al de enero de 2015 dieron un total de 890 millones de pesos, cantidad a la que realizó algunos abonos para dejar un adeudo de 638 millones de pesos, que cubrió en agosto siguiente con un nuevo crédito solicitado con compromiso de pago al 31 de diciembre de 2015.
“En septiembre, el Lic. Mario Anguiano engaña nuevamente, esta vez al Congreso, al presentar una iniciativa en donde solicitaba refinanciar el crédito de agosto de 2015 por la cantidad de 638 millones; el engaño consistió en que él afirmó al Poder Legislativo que la deuda que se tenía era por contrapartes que había hecho el estado para el pago de inversión productiva; la realidad es que pagó gasto corriente”.
Con base en esa aprobación del Congreso local, dijeron Ramón Pérez, Arnoldo Ochoa y Carlos Noriega, en “el gobierno interino, del que nosotros formamos parte, únicamente utilizamos una parte de los recursos aprobados por el Legislativo, única y exclusivamente para pagar cada peso de la deuda contraída en agosto de 2015 que el exgobernador Mario Anguiano dejó al pueblo de Colima”.
Argumentaron que de no haber actuado así, el estado de Colima estaría hoy en la crisis financiera más profunda de la que se tenga registro.
“Ni el Congreso del estado, ni el gobierno interino tenían los elementos para conocer que Mario Anguiano engañó sobre el destino de los créditos a corto plazo, por ello es que estamos exentos de toda responsabilidad”, concluyeron.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465180/acusan-a-mario-anguiano-desviar-credito-638-mdp
Las madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos finalizaron este fin de semana su recorrido por 11 entidades y 30 ciudades mexicanas.
Con la consigna “muros no, puentes sí”, la caravana de madres centroamericanas finalizó, luego de 19 días, su recorrido por 11 entidades y más de 30 ciudades mexicanas en busca de sus hijas e hijos desaparecidos.
El último punto del recorrido fue Chiapas, donde las madres y padres de los migrantes desaparecidos en México visitaron un centro penitenciario, dependencias del sector salud, así como bares y centros nocturnos donde preguntaban a los comensales la posible ubicación de sus hijas e hijos.
En la Dirección Municipal de Salud de Huixtla, las madres realizaron una visita con la intención de descartar u obtener pistas, para ello revisaron los archivos que contienen los datos de control sanitario de trabajadores de centros nocturnos y bares de la ciudad.
En Tapachula tuvieron acceso al Centro de Reinserción Social para Sentenciados 03 (CERSS 03) en búsqueda de pistas sobre sus hijos. En el patio central colocaron las fotografías de sus familiares, platicaron con los internos para obtener pistas, pero también para conocer la situación legal que enfrentan y poder apoyarlos y mantenerlos en contacto con sus familias.
Algunos internos expresaron haber sido recluidos sin haber pasado antes por algún juez o haber demostrado el delito que les imputan.
En la zona roja de Tapachula, recorrieron cantinas y centros nocturnos como el bar El Marinero donde las trabajadoras del lugar compartieron su tiempo para ver las fotografías de los migrantes desaparecidos.
Antes de abandonar México y regresar a sus países de origen, las madres exigieron a las autoridades de justicia del país la implementación de una ley que proteja los derechos de los migrantes en tránsito, combatir el “crimen organizado” y “autorizado”, y lograr avances en las investigaciones para encontrar a sus familiares desaparecidos.
Durante los 19 días de recorrido las madres lograron tres reencuentros, además visitaron entidades como Tamaulipas, que por la violencia se había imposibilitado presentar denuncias penales por la desaparición de migrantes.
Las madres y padres de la caravana se despidieron con el pensamiento que han dejado “una semilla que hay que regar“, que cuentan con más pistas para localizar a sus hijos y que en México hay gente buena.
De allí que en solidaridad, y ante las amenazas lanzadas por el presidente electo de Estados Unidos contra México, se despidieran con la consigna “muros no, puentes sí”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CONSUELO MORALES PAGAZA.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/caravana-madres-migrantes/
Fue fraudulento el juicio laboral que los obligó a pagar $121 millones: abogado. Implicados, el titular de Gobierno y el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, además de tres ex socios mexicanos. Se falsearon documentos y se ocultó información, asegura.
Tijuana, BC: La empresa Andrew and Williamson de México SA de CV, distribuidora en Estados Unidos de productos cosechados en Sinaloa y Baja California, demandó penalmente al secretario general de Gobierno de Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, y al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, Fausto Rubén Ibarra Celis, por delitos contra la procuración y administración de justicia y fraude procesal, pues habrían simulado un juicio laboral que costó a la firma 121 millones de pesos.
El abogado de la empresa, Javier Fernando Tarín Robles, también presentó tres demandas penales ante los fueros federal y estatal contra sus ex socios, los hermanos José Gonzalo, Carlos Armando y Javier Espinoza Pablos, y en contra de autoridades de Sinaloa que participaron en el juicio laboral, que, según el litigante, fue irregular.
Los hermanos Espinoza Pablos y Andrew and Williamson de México se asociaron en 2002 para operar un campo agrícola de aproximadamente 126 hectáreas ubicado a 10 kilómetros de Culiacán, pero en 2013 rompieron.
José Gonzalo Espinoza, ex administrador general único; Carlos Armando, quien era encargado de comercialización, y Javier, ex jefe del área de producción, demandaron a sus ex socios en calidad de trabajadores.
En la denuncia contra el secretario de Gobierno de Sinaloa, del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del estado y de José Gonzalo Espinoza, el abogado de la empresa acusó a Fausto Ibarra de abuso de sus atribuciones y poderes, de falsear la fecha de la denuncia, ocultarles que había un juicio y negarse a entregar copia del expediente, entre otras anomalías.
La demanda signada por José Gonzalo Espinoza Pablos fue sellada de recibido el 15 de noviembre de 2013, pero el sello de recibido y el de la fecha no corresponden con el día en que el demandante acudió ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Sinaloa, afirma el abogado.
Agrega que el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con la finalidad de favorecer a una de las partes en los expedientes 0/20-06/2013 y 10-1710/2015, ordenó asentar falsamente en el escrito inicial de demanda que ésta fue recibida el 15 de noviembre de 2013, incluso utilizando un sello que no correspondía al sello real de esa fecha.
Asimismo, presentó peritajes para demostrar que la demanda no se presentó cuando se indica, pues no se inscribió en el libro de registros hasta el 24 de septiembre de 2015.
El abogado refiere que José Gonzalo presentó ante la junta pruebas supervenientes de la relación laboral (avisos expedidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), con fecha de 2014, que era imposible tener en 2013 si la denuncia realmente hubiera sido presentada en ese año.
Por el juicio laboral ya se emitió un laudo que ordenó el embargo de bienes y el remate de diversas propiedades, entre ellas el campo agrícola de 126 hectáreas ubicado en la colonia Aguaruto, a 10 kilómetros de Culiacán, en 59 millones 490 mil pesos, y repartir lo obtenido entre los tres hermanos como indemnización por despido injustificado.
La autoridad laboral de Sinaloa –que depende del secretario de Gobierno– llamó la atención con un laudo que consideró verosímil que un trabajador ganara un salario integrado diario de 49 mil 897.57 pesos (más de un millón al mes) y condenó a quien identificó como su patrón a pagarle una indemnización de 59 millones 127 mil 908.61 pesos. Este fue el caso de José Gonzalo Espinoza. Los de sus hermanos Carlos Armando y Javier son similares. En total, el laudo de Ibarra Celis involucra 121 millones de pesos.
Tarín Robles informó que debió presentarse en la procuraduría sinaloense para que recibiera esta denuncia, porque en la agencia del Ministerio Público se negaron.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MIREYA CUÉLLAR.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/12/05/estados/033n1est
