Cuando Adriana Albrecht llegó a la cárcel en el Estado de México, en agosto de 2013, había pasado poco tiempo de que la procuraduría mexiquense cerrara el caso en el que ella acusó a su ex pareja, el empresario aeronáutico Arturo Ortega, de cometer actos libidinosos contra la hija de ambos.
La autoridad local decidió no ejercer acción penal contra él y Albrecht pasó de acusadora a acusada. Ortega la denunció por inducir a la niña en un video, que constituía la prueba principal en el caso de abuso infantil. El mismo perito que le eximió a él, luego determinó que ella era culpable.
Transcurrieron tres años para que el caso de Albrecht, que en otras circunstancias pudiera haberse litigado mientras ella estaba libre bajo fianza, llegara a la Suprema Corte. Este 7 de diciembre, los ministros de la primera sala podrían determinar que ella salga libre de inmediato de la cárcel donde se encuentra recluida en el Estado de México.
Si gana una mayoría de votos la propuesta del ministro José Ramón Cossío, tendiente a que la justicia en su caso de usó de un modo inconstitucional, el mayor cuestionado será el poder judicial del Estado de México, que durante el gobierno de Eruviel Ávila decidió, sin que aún se conozca por qué, procesar a Albrecht en un juicio penal acusatorio, a pesar de que el sistema de juicios orales había entrado en vigor allí casi dos años antes de que ella fuera apresada.
Durante varias entrevistas telefónicas para esta columna, sostenidas en el curso de los últimos meses, Albrecht aseguró que la causa de su reclusión era el poder político de su expareja, dueño de una compañía aeronáutica que durante este sexenio ha trasladado a altos funcionarios federales y durante meses dio servicio de transporte a secretarios de Estado. “Cumplió su promesa de meterme a la cárcel”, dijo ella en varias ocasiones.
Fuentes cercanas a la defensa de Ortega, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron en cambio que el trasfondo del caso fue una intención de Albrecht de extorsionar al padre de su hija.
Otras veces, antes de este día, Albrecht ha contado más detalles sobre su juicio, sobre el hombre que fue su pareja durante años, sus relaciones políticas y sus contratos millonarios de renta de aeronaves con los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ha contado que, sin una justificación aparente, el entonces procurador mexiquense Alfredo Castillo atrajo su denuncia de abuso contra Ortega desde Valle de Bravo hasta Toluca. Ha relatado la escena cuando ella acudió a contarle de la acusación contra Ortega y Castillo le respondió que “ya estaba enterado de todo, porque él había ido a decirle”.
Contrario al ánimo combativo que se le escuchó al teléfono durante el último medio año, esta vez Albrecht prefiere guardarse sus opiniones. “Yo lo que quiero es salir, ya no quiero pelear. Quiero tener paz, no quiero reabrir heridas”, repite en el auricular.
La resolución de la Corte, de acuerdo con el proyecto de sentencia hecho público, no debatirá el fondo de la acusación, que consiste en que ella habría inducido a la niña a “hacer manifestaciones en unos videos”. Los ministros se centrarán en cómo le perjudicó el haber sido juzgada en un sistema penal que ya no era vigente. La solución a este hecho, que Cossío propone que se declare inconstitucional, sería otorgarle libertad inmediata.
La salida de la cárcel no significaría tampoco un reencuentro inmediato de Albrecht con su hija, a quien ella asegura no haber visto en los últimos tres años. Paralelo al juicio penal, su ex pareja inició un juicio civil, para quedarse con la patria potestad de la niña. Este juicio se encuentra suspendido, en tanto culmine la decisión de la Corte. En este proceso judicial sí podrían revisarse los argumentos de fondo del caso.
Si la Corte aprueba el proyecto y libera a Albrecht, desde la opinión pública aún se mantendrá latente el cuestionamiento de por qué ella fue juzgada de este modo, por qué fue mantenida en la cárcel y si, en efecto, en el caso existe un trasfondo político.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ FERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-12-2016/3122985
URUAPAN, Mich: En el segundo aniversario de su muerte, familiares de la enfermera Érika Kassandra Bravo Caro acusaron al exgobernador Salvador Jara Guerrero de falsear información sobre su homicidio, ocurrido el 6 de diciembre de 2014 en la carretera Angahuan-San Lorenzo.
Las declaraciones de la familia, difundidas en las redes sociales, apuntan a inconsistencias de las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
“El gobierno de Salvador Jara entregó un esclarecimiento falso para justificarse ante la sociedad”, sentenciaron.
Los familiares recordaron a la joven con una misa por la tarde en el templo de la Inmaculada Concepción, y por primera vez exigieron a los órganos de procuración e impartición de justicia que el caso sea revisado minuciosamente, toda vez que el resultado de las investigaciones del crimen se apresuró y se integró de manera negligente para dar respuesta a un reclamo social de justicia, pero sobre todo para justificar el actuar de la Policía Investigadora, que temía un brote de inconformidad social.
Tras cumplirse dos años de aquel trágico momento, cuando luego de 72 horas de búsqueda apareció el cuerpo cercenado de Érika Kassandra en las orillas de la carretera San Lorenzo, en la proximidad de San Lorenzo, persisten las versiones sobre las causas de su muerte.
Entre ellas que fue presa de animales depredadores, pero se evitó considerar lesiones producidas por arma blanca que, a manera de tortura, sufrió la mujer.
La joven enfermera, reportada como desaparecida desde el 3 de diciembre de 2014 en el municipio de Uruapan, fue localizada sin vida el día 6 del mismo mes.
De acuerdo con sus familiares, alrededor de las 18:30 horas de ese 3 de diciembre, Érika Kassandra Bravo salió de su casa para acudir a cuidar a unos menores en la colonia La Quinta.
Desesperados, sus parientes iniciaron su búsqueda por todo el municipio de Uruapan. Además, iniciaron una campaña en redes sociales para tratar de localizarla.
Finalmente, la mañana de ese sábado 6 fue localizado el cuerpo de Érika con el rostro desfigurado, pues según los reportes policiales había sido desollada. Además, su cuerpo presentaba lesiones de arma blanca a la altura del pecho.
El cadáver de la joven enfermera estaba abandonado a la orilla de la carretera Uruapan-Los Reyes, muy cerca de la comunidad de Las Cocinas.
Ante este asesinato, el Colegio de Enfermeras de Michoacán se pronunció para que se esclareciera el presunto homicidio.
Según la Procuraduría, el crimen se cometió en el interior del domicilio familiar, lugar donde su presunto victimario, su padrastro Daniel Mendieta Sainz, golpeó a la víctima en diversas partes del cuerpo y la asfixió.
Las investigaciones se dirigieron hacia el padrastro tras cinco declaraciones que referían que Mendieta Sainz presuntamente abusó de Kassandra cuando ésta tenía 15 años.
“En particular, que habían sido exnovios de Kassandra, que ésta les había comentado que cuando tenía 15 años su padrastro Daniel, hoy detenido, había tratado de abusar sexualmente de ella; inclusive refieren que al parecer sí se había consumado dicho abuso, sin embargo, no les constaba, pues Kassandra sólo se los había comentado.”
Daniel confesó en el interrogatorio que mató a su hijastra el 3 de diciembre.
“Reconoció que cuando regresa a su domicilio se da cuenta que Kassandra salía de bañarse y aún no se había retirado a trabajar, por lo cual la cuestiona al respecto y ésta le contesta de mala manera, lo que provocó su ira y se le fue a golpes, logrando derribarla, y en el suelo se sienta sobre su abdomen”.
El presunto homicida sustrajo el cadáver de la vivienda y en un vehículo de alquiler propiedad de su esposa lo trasladó hasta la comunidad de Las Cocinas, del municipio de Uruapan.
“Una vez que se da cuenta que la había matado, se queda sentado junto al cadáver por media hora y posteriormente la arrastra para meterla a la cajuela del vehículo Tsuru.”
En esa fecha, el entonces procurador José Martín Godoy Castro indicó que las lesiones del rostro de la joven fueron provocadas por la fauna del lugar, donde se abandonó el cadáver.
“En el cuerpo se aprecian lesiones típicas de defensa en la cara interna y externa de ambos muslos. Las lesiones encontradas en cara, tórax y brazo izquierdo. Por sus características, éstas fueron ocasionadas después de la muerte y son típicas de las producidas en la fauna del lugar”, alegó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465513/acusan-al-exgobernador-salvador-jara-falsear-caso-enfermera-asesinada
Ciudad de México. Del año 2000 a la fecha, 119 periodistas han sido asesinados en el país y de ellos 12 eran mujeres, señaló el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González al participar en la presentación del informe anual del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Agregó que desde el año 2005 han desaparecido 20 comunicadores y se han registrado 50 atentados contra medios de comunicación desde el 2006.
Esto da cuenta de la gravedad de la situación y de la necesidad de establecer políticas públicas adecuadas para prevenir agresiones y proteger a los comunicadores y medios, así como para mejorar los resultados de la procuración de justicia, señaló en el evento realizado en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Por lo respecta a los defensores de derechos humanos, dijo que se han registrado 29 homicidios desde el año 2006 y han desaparecido cuatro a partir de 2009.
Roberto Campa, subsecretario de derechos humanos de la Secretaria de Gobernación, aseguró que ninguna persona que está protegida por el mecanismo ha sufrido agresión alguna.
La coordinadora del mecanismo, Patricia Colchero, informó que en la actualidad 507 personas cuentan con la protección de este programa.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/07/de-2000-a-2016-119-periodistas-asesinados-en-el-pais-cndh
Oaxaca, Oax. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa se reúne en estos momentos, a puerta cerrada, con integrantes de la comisión política de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).
El encuentro tiene lugar en el Casino del teatro Macedonio Alcala. En la mesa de trabajo participan el secretario General de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez; el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Germán Cervantes, entre otros funcionarios estatales.
Por parte de la gremial acuden los integrantes de la comisión política -órgano no estatutario- entre los que se encuentra la profesora Lilia Ortiz. representante de la región de Valles Centrales; Gustavo Manzano Sosa, secretario técnico de la seccional, y Rubén Núñez, secretario general de la sección 22.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JORGE A. PÉREZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/07/se-reune-murat-con-lideres-de-la-seccion-22
Petróleos Mexicanos actualmente se apoya en 43 filiales, sociedades mercantiles de carácter privado, para realizar sus actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Desde 1961 ha tenido, es decir, mucho antes de la Reforma Energética. La mayoría opera en México, aunque también hay en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, ante la crisis en el sector energético por la caída en los precios de petróleo –que siguen sin recuperarse lo suficiente–, la empresa se verá obligada a reducir 20 filiales a mediados de 2017, adelantó el gerente de filiales de Pemex, Mario López de Escalera Prado.
Petróleos Mexicanos (Pemex) se apoya de siete Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) y de 43 filiales privadas para realizar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Sin embargo, en el marco del ajuste por 100 mil millones de pesos y la necesidad de austeridad derivada de los bajos precios de petróleo, la empresa productora del Estado planea reducir “alrededor de 20 filiales a mediados de 2017”, informó Mario López de Escalera Prado, gerente de filiales de Pemex.
Actualmente existen 61 filiales de Pemex, pero solo 43 están operando porque algunas ya cumplieron su objetivo y siete de ellas están en proceso de liquidación, detalló el funcionario durante su participación en el seminario “Subsidiarias y Filiales de PEMEX y CFE: Obligaciones de Transparencia y rendición de Cuentas”.
Entre sus filiales, creadas en 2014, Pemex cuenta con Perforación; Logística y Transporte; Exploración y Producción; Cogeneración y su filial de comercio exterior PMI.
Las que se planean reducir el próximo año son de carácter comercial que comparten operaciones similares “por lo que se buscará fusionarlas”. También desaparecerán filiales de servicios o tenedoras, documentó sin especificar cuáles serán.
Esta futura reducción de filiales se suma a la realista estimación de Pemex sobre su producción, reportada durante el anuncio de su Plan de Negocios 2016-2021 en noviembre pasado.
En cinco años, a pesar de la Reforma Energética, la firma no logrará aumentar su plataforma petrolera a más de 2 mil millones de barriles y estiman el precio de la mezcla mexicana entre 42 dólares (2017) y 56 dólares (2021), frente a los 100 dólares que valía en 2014.
Los frutos de que México se abra al sector privado y extranjero, se dijo durante la licitación de ocho bloques en aguas someras, se verán después de 2020.
¿QUÉ SON LAS FILIALES?
El Gerente de filiales, Mario López de Escalera Prado, expuso que Pemex tiene filiales desde 1961, es decir, mucho antes de la implementación de la Reforma Energética.
Tener una importante participación en sociedad mercantiles permite a la petrolera compartir riesgos regulatorios y ambientales durante su proceso de producción y búsqueda de rentabilidad, destacó.
Sin embargo, la crisis en el sector energético a nivel global ha orillado a Pemex –en otros tiempos el monopolio energético– a la austeridad. Ahora, la gran infraestructura de la Torre Pemex y sus activos en plataformas contrastan con sus objetivos para seguir a flote.
La mezcla mexicana se vendió el lunes en 44.57 dólares el barril. Desde que la semana pasada la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunció un recorte de 4.5 por ciento en la producción de petróleo (1.2 millones de barriles diarios), los precios del oro negro han subido a nivel internacional, pero no se han recuperado frente a su valor en 2014.
La sobreproducción de esta materia prima presionó hacia abajo los precios incluso a 20 dólares, lo cual afectó la producción e ingresos petroleros de México. Ante ello, el Gobierno federal anunció un recorte por 100 mil millones de pesos a Pemex, lo cual lo obligó a realizar en menos de un año un plan de negocios para resolver sus problemas de solvencia.
En noviembre, el titular de Pemex, José Antonio González Anaya aseguró que la petrolera vuelve a tener finanzas estables, mejorables, peros estables.
“Pemex tiene finanzas estables gracias a un plan de ajuste por 100 mil millones de pesos (el 20 por ciento de su presupuesto). El próximo año Pemex presentará un superávit primario por 8.4 mil millones de pesos”, declaró ante empresarios y acreedores, a quienes les enfatizó que ya saldó la deuda con ellos.
A largo plazo, añadió, “Pemex puede regresar a un equilibrio financiero entre 2019 y 2020, si estabiliza su deuda y recupera su plataforma, y eliminará las pérdidas en el Sistema Nacional de Refinación en 2021”.
Aunque Pemex, sus EPS y filiales se regulan bajo la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las filiales se distancian en el sentido en que son de carácter privado.
De las 43 filiales, la mayoría opera en México. Cinco de ellas lo hace en Estados Unidos en cuestión de logística y otras 15 son tenedoras con actividades en Europa.
En cuestión de transparencia, sus proyectos, estados financieros, objetivos, inversión y utilidades pueden ser consultados en los reportes que las filiales emiten en la página de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-12-2016/3122863
El pleno comparte todos estos criterios y añade que de la incidencia mediática en México de este caso “no puede deducirse afectación alguna de la imparcialidad (…) ni de la efectividad de la garantía de ser sometido a un juicio justo”.
La Audiencia Nacional española sostiene que la repercusión mediática en México del caso de “los Porkys de Costa de Oro” no afecta a la garantía de un juicio justo para Diego Cruz Alonso, el joven detenido en Madrid y reclamado por participar con tres amigos en la violación de una menor en Veracruz en 2015.
Este es uno de los motivos que esgrime la Audiencia Nacional para confirmar la extradición a México de Cruz Alonso, de veintiún años, tras rechazar el recurso de apelación contra la decisión previa de acceder a su entrega, según consta en un auto notificado hoy.
La reunión del pleno – integrado por 19 magistrados – se celebró el pasado viernes y ya ese día fuentes jurídicas consultadas por EFE informaron de que se había decido ratificar la extradición, si bien la resolución no se ha hecho publica hasta hoy.
Una vez notificado este auto, la última decisión sobre la extradición queda en manos del Consejo de Ministros español, que tiene la potestad de dar o no el visto bueno a la entrega.
La sección tercera dio luz verde a la extradición porque el delito por el que se le reclama es de naturaleza común, no se advierte motivación espuria en la demanda, no ha prescrito y no cabe apreciar circunstancias extintivas de la responsabilidad penal, “siendo incuestionable la jurisdicción de México atendido el principio de territorialidad”.
El pleno comparte todos estos criterios y añade que de la incidencia mediática en México de este caso “no puede deducirse afectación alguna de la imparcialidad (…) ni de la efectividad de la garantía de ser sometido a un juicio justo”.
Respecto a la nacionalidad española del reclamado, el tribunal indica que se trata “de una persona que no ha residido en España con carácter previo, que no le une vínculos reales y actuales”, ya que vino “a realizar concretos estudio de grado” por “dos trimestres” y no hay elementos que prueben que tratara de “instalarse” en España.
A esta circunstancia, el pleno añade que el conjunto “de la prueba, la víctima, demás encausados, testigos, y la necesidad de no dividir la continencia de la causa, exigen razonablemente que el enjuiciamiento se materialice en México, y que incluso pueda ser conjunto”.
En cuanto a la situación de las cárceles mexicanas, la Audiencia Nacional defiende que más allá de la “superpoblación penitenciaria o escasez de servicios de vigilancia, no puede concluirse sobre padecimiento de tratos inhumanos o degradantes” y confía en que la “autoridad requirente velará por los derechos del reclamado”
La supuesta agresión a una menor de 17 años ocurrió en enero de 2015 en Veracruz -no se denunció hasta mayo-, y el joven se inscribió en noviembre de ese año en un curso de la Universidad Europea de Madrid, adonde se trasladó en marzo de 2016, lo que para la Fiscalía española supuso una huida de la Justicia mexicana.
Durante la vista de extradición, Cruz Alonso se declaró entre lágrimas “cien por cien inocente” y explicó que el padre de la víctima le extorsionó a él y a los otros tres acusados de la violación en grupo (de familias adineradas) y les obligó a grabar un vídeo disculpándose por una violación que, según él, no cometió.
Pese a ello, la Audiencia Nacional no ha dado “ninguna credibilidad” a la versión exculpatoria del reclamado.
Cruz Alonso, que fue detenido el pasado 10 de junio en Madrid acusado de “pederastia tumultuaria”, es el segundo de los presuntos autores de esta agresión que ha podido ser arrestado, ya que en mayo lo fue en México otro de los sospechosos, Enrique Capitaine.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-12-2016/3123080
La administración de Javier Corral Jurado había denunciado que los funcionarios de su antecesor, César Duarte Jáquez, se habían apropiado de manera irregular de bienes del estado, como vehículos. Este día el secretario de Desarrollo Rural del Estado, Rubén Chávez Villagrán, dio a conocer que un camión bulldozer que estaba en uno de los ranchos propiedad fue recuperado por su dependencia.
El Gobierno de Chihuahua recuperó maquinaría propiedad del estado que había permanecido en posesión del ex Gobernador César Duarte Jáquez, así lo informó el secretario de Desarrollo Rural del Estado, Rubén Chávez Villagrán.
“Sí se recuperó maquinaria, estamos hablando de un bulldozer Komatsu que estuvo en el rancho del Gobernador por seis años”, dijo el funcionario en entrevista con el Diario de Juárez.
El funcionario no precisó en qué propiedad de Duarte, ni cuándo ocurrió el hecho.
El funcionario dijo al medio local que también recuperaron una planta de luz “que fue utilizada para uso particular por un servidor publico de esa Secretaría, cuya identidad no reveló”.
Este mismo día, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el Gobierno federal actuará en contra del ex Gobernador en caso de que le sean comprobadas las imputaciones que pesan sobre él.
“El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, ha acreditado que ve más allá de partidos políticos o de ideologías. El que algo tenga que enfrentar con la ley, la PGR, las instancias que tienen que ver con los procesos, actuarán en consecuencia. No tengo más que decirle al respecto”, dijo a medios de comunicación.
A mediados del mes pasado, la Secretaria de Desarrollo Municipal, Rocío Reza Gallegos, denunció que sus auditorias a la dependencia arrojaron que funcionarios de la administración duartista se repartieron de bienes municipales de manera irregular, como vehículos, entre otros. Además de que millonarios recursos presuntamente fueron empleados en liquidaciones excesivas a funcionarios, en obra pública pagada y no entregada.
Ante ello, dijo que emprenderían el proceso para que regresaran a poder del Gobierno actual.
Desde que asumió, el Gobierno de Javier Corral Jurado ha denunciado las presuntas irregularidades dejadas por el Gobierno de su antecesor, que van desde empresas fantasmas, obras entregadas con licitación, la venta de terrenos de la reserva estatal, el ocultamiento de pasivos con proveedores y el adeudo multimillonarios con muchos de ellos.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua integra hasta 15 carpetas de investigación de hechos relacionados con probables desvíos de recursos del Gobierno del priista detectados en gran parte de las secretarías del Poder Ejecutivo, incluyendo la oficina del Ministerio Público.
La última de estas fue el cobro de un “diezmo” a los trabajadores del estado para presuntamente financiar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece Duarte Jáquez, por lo que se anunció que la Secretaría de la Función Pública estatal, presentó formal denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), a fin de que se investiguen penalmente, “hechos posiblemente constitutivos de delito electoral”.
“Como parte de la denuncia, se adjuntó evidencia documental, que acredita cómo los descuentos ilegales, realizados por la Secretaría de Hacienda a más de 700 servidores públicos, fueron entregados al secretario de Administración y Finanzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Chihuahua, quien recibió en efectivo como ‘aportaciones del Ejecutivo para el PRI Estatal’, informó el Gobierno de Chihuahua en un comunicado.
De acuerdo con la actual administración, tan solo de enero a diciembre del 2015, y únicamente considerando las retenciones de la Administración Pública Estatal centralizada, el monto asciende a 14 millones 617 mil 881 pesos. En tanto que el total retenido al sector centralizado, y entregado al PRI durante la administración 2010-2016, supera los 79 millones de pesos.
El Gobierno de Corral informó que presentó como pruebas la relación de todos los servidores públicos a quienes les fue retenido parte de su ingreso, así como los “talones de pago” en los que se observa el monto que correspondía a cada persona y el monto que se recibió realmente una vez aplicado el descuento ilegal.
Sumado a copias de los cheques indebidamente autorizados, endosados y cobrados cada mes, por los entonces funcionarios de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua.
Además de recibos firmados por el secretario de Administración y Finanzas del PRI estatal, por el monto total retenido cada mes, a los servidores públicos.
Días antes, un nuevo departamento de lujo vinculado con el ex Gobernador de Chihuahua fue hallado en el antiguo módulo de Licencias de Ciudad Juárez.
De acuerdo con el El Diario de Juárez, el hallazgo del departamento, ubicado ubicado en 16 de Septiembre y Bolivia, inmueble que perteneció a la anterior administración, se logró gracias a una denuncia ciudadana presentada ante la Contraloría de la Función Pública del Estado.
El departamento es de dos niveles con pisos de cerámica y de duela, ocho baños, patio interior con asadores, cuatro recámaras, una oficina, una cocina y despensa, “una casa habitación completa”, informó Georgina Roldán encargada de la Oficina de Enlace de la Secretaría de la Función Pública del estado (SFP) en Ciudad Juárez.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-12-2016/3122885
Ciudad de México. La Procuraduría General de la República (PGR) tiene 945 averiguaciones previas y 136 carpetas de investigación contra funcionarios de la dependencia que han sido acusados delitos relacionados con la corrupción, en tanto que el gobierno de la Ciudad de México ha acumulado 4 mil denuncias contra servidores públicos locales en que va del año por la misma causa.
En un seminario organizado por la American Chambers contra la corrupción, Adriana Campos López, visitadora general de la PGR, detalló que la dependencia tiene 77 consignaciones de servidores públicos acusados de extorsión, 64 por cohecho, 38 por abuso de autoridad, 22 por ejercicio indebido del servicio público, 14 por peculado y 10 por enriquecimiento ilicito. Explicó que dichos casos quedan bajo la responsabilidad de la Fiscalía Anticorrupción de la PGR, pero también de la dirección general de delitos cometidos por servidores públicos.
A su vez el contralor general del gobierno de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo, destacó que en la presente administración se ha sancionado a cerca de 4 mil funcionarios públicos, una cifra que no tiene ninguna comparación con alguna otra administración ni tampoco con el gobierno de otra entidad dado que la contraloría local cuenta con una plantilla de tan sólo mil 400 personas.
La funcionaria anunció que la visitaduría general de la PGR contará con un número telefónico, al que llamó Visitel, para que la ciudadanía pueda hacer directamente denuncias contra servidores públicos que incurran en actos de corrupción y que operará las 24 horas de los 365 días del año.
Por el momento aclaró que solamente se cuenta con un número fijo pero la visitadora dijo que en breve tendrá un número 01 800 y sólo espera qué Telmex se lo asigne para poder lanzar una campaña al respecto.
Adriana Campos, quien laboró en la Profeco, ponderó el papel tan importante que ha tenido en esta dependencia el teléfono del consumidor al mencionar que con el Visitel se pretende fomentar la cultura de la denuncia.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SUSANA GONZÁLEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/07/pgr-tiene-945-averiguaciones-previas-por-corrupcion-contra-funcionarios
Representantes de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, llegaron a la Ciudad de México para denunciar los innumerables abusos a los que son sometidos en su entidad, así como para reclamar respeto a sus derechos como pueblos originarios.
Los tarahumaras recopilaron las injusticias contra su pueblo en las 63 páginas del Informe Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Sierra Tarahumara, elaborado por tres organizaciones de la Red en Defensa del Territorio Indígena en la Sierra Tarahumara.
El texto revela cómo el Estado mexicano despoja de sus tierras a la población indígena en Chihuahua, la cual es una de las más pobres y vulnerables del país, así como aprueba y promociona los megaproyectos energéticos y turísticos sin consulta previa, mientras que, por el contrario, les niega el acceso a la justicia y las herramientas para defenderse.
“Nosotros como indígenas llevamos mucho tiempo en la lucha social, es un reclamo urgente, pero de siempre”, dijo Miguel Manuel Parra, representante de la caravana tarahumara en entrevista con Apro.
“Ciertamente aquí venimos un pequeño grupo pero hay muchos más ahí en la Sierra. Por causas de que no hay asesoría por parte de la sociedad civil, a veces están cada quien en su lado, pero cada quien defendiendo lo mismo”, aseguró.
Preciso que su esperanza es que el Estado pueda reaccionar para resolver las problemáticas que viven diariamente en la Sierra.
De acuerdo con Luis Pérez Enríquez, otro de los integrantes de la caravana, los pobladores Rarámuri, Ódami, Pima y Warijío, habitantes de la Sierra Tarahumara, padecen de manera directa los efectos de los proyectos turísticos de Barrancas del Cobre o del Gasoducto El Encino-Topolobampo, los cuales pretenden instalar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa TransCanada.
Otros de los riesgos a los que se ven constantemente sometidos es al narcotráfico y a la tala de árboles, indicó.
Por otra parte, Pérez Enríquez denunció que integrantes de grupos criminales dominaron con la violencia grandes extensiones del territorio de la Sierra para la siembra de amapola y marihuana, a través del asesinato de líderes y defensores de la tierra, del robo de ganado y la provocación del desplazamiento interno forzado de comunidades enteras, todo bajo el cobijo de la impunidad.
Señaló que que ni la Coordinación Estatal de la Tarahumara, instancia del gobierno estatal, ni la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) han velado por los derechos de los pueblos ancestrales de la región, que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) clasifica en situación de pobreza extrema.
Desde el 2014, representantes de pueblos originarios de la región tarahumara conformaron una Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara, con el propósito de dar visibilidad a los problemas que enfrentan bajo las amenazas en nombre del “progreso”.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/tarahumaras-denuncian-despojos-abusos-la-ciudad-mexico/
La televisora del Estado sólo presenta el 9.0 por ciento de opinión negativa, contra el 71 por ciento de opinión buena, y 11 por ciento de opinión muy buena, de acuerdo con una encuesta de Parametría.
Canal Once del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se colocó como la televisora de mayor credibilidad en el país, con el 82 por ciento de opinión positiva por parte de los mexicanos.
La televisora del Estado sólo presenta el 9.0 por ciento de opinión negativa, contra el 71 por ciento de opinión buena, y 11 por ciento de opinión muy buena, de acuerdo con una encuesta de Parametría.
Canal Once además tuvo el 73 por ciento de opinión efectiva, resultado de restar a la opinión positiva la opinión negativa, de acuerdo con la encuestadora.
Así, la televisora pública del IPN se colocó por arriba de la cadena internacional de noticias CNN que tuvo 79 por ciento de opinión positiva, seguida de la televisión cultural Canal 22, con 77 por ciento, así como Milenio Televisión con 74 por ciento y Proyecto 40 con 72 por ciento de opinión positiva.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0712/mexico/canal-once-la-televisora-de-mayor-credibilidad-en-mexico/
El proceso contra el alcalde de Cuernavaca fue suspendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Congreso del Estado de Morelos no tiene facultades constitucionales para remover del cargo de presidente municipal de Cuernavaca a Cuauhtémoc Blanco Bravo, luego de que la Suprema Corte de Justicia suspendió ese proceso, indicó el abogado defensor del edil, Cipriano Sotelo Salgado.
La defensa del edil promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, de acuerdo con los tiempos de los ministros, podría resolverse dentro de dos años, cuando Blanco ya no sea alcalde de esta ciudad.
“El alcalde está tranquilo en su cargo, vamos a seguir desde luego el trámite jurídico, no se ha resuelto en definitiva, simplemente es una suspensión que impediría que los señores legisladores ejecuten la posible destitución del alcalde, y el fondo del asunto lo verá el pleno de la Corte y, bueno, los tiempos los marcan los señores ministros, aproximadamente son dos años lo que se tarda una controversia de esta naturaleza”, dijo Cipriano Sotelo.
De acuerdo con el abogado personal del ex futbolista, solo los tribunales electorales pueden quitar del cargo a un alcalde por no reunir los requisitos de elegibilidad.
“Tenemos la razón jurídica, el Congreso del Estado no tiene facultades para destituir al Presidente municipal, le corresponde a otras instancias, depende de la causa, pero si nos vamos exclusivamente a analizar requisitos de elegibilidad o inelegibilidad eso le corresponde a los tribunales electorales”, expresó.
El martes, los diputados del Congreso de Morelos alistaban la revocación del mandato de Cuauhtémoc Blanco bajo el argumento de que no cumplió con el requisito de residencia en Cuernavaca para poder competir en la contienda electoral de 2015.
Sin embargo el proceso fue suspendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Creo que el presidente va a terminar sin mayor problema por esta causa su mandato, yo espero que el día de mañana no salga otra causa y que pues le den chance y ya se ponga a chambear”, dijo Cipriano Sotelo.
Además de la controversia constitucional promovida por el edil, su defensa solicitó a un juez federal que le conceda un amparo para que no pueda ser removido del cargo.
“Él tiene un derecho adquirido que le dio la sociedad, que cumplió requisitos de elegibilidad o no, eso no está a discusión, simplemente él llega a través de una votación mayoritaria, el Congreso consideramos que no tiene facultades para que él como ciudadano, como ciudadano, pueda ser despojado de un triunfo que ganó en las urnas, por eso el día de ayer presentamos un amparo”, dijo su abogado.
El amparo podría ser otorgado a su favor este mismo día y notificado al Congreso del Estado.
A pesar de los procesos legislativos y penales abiertos en su contra, Cuauhtémoc Blanco mantiene, hasta el momento, garantizados sus derechos político-electorales, por lo que mientras no se determine judicialmente que cometió un delito, puede continuar con sus aspiraciones de ser gobernador de Morelos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN/HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0712/mexico/cuauhtemoc-blanco-terminara-sin-mayor-problema-su-mandato-abogado/
La Procuraduría de Tlaxcala recurrió a toques eléctricos, golpes, cortadas en las muñecas y métodos de asfixia para tratar de inculpar en un caso de secuestro exprés a Juan Carlos Yáñez Osornio, ex mando de la Policía estatal.
La policía ministerial de la Procuraduría de Tlaxcala recurrió a toques eléctricos, golpes, cortadas en las muñecas y métodos de asfixia para tratar de inculpar en un caso de secuestro exprés a Juan Carlos Yáñez Osornio, ex mando de la Policía estatal, de acuerdo con un peritaje solicitado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El informe fue elaborado conforme al Protocolo de Estambul -prueba avalada por la ONU para determinar si una persona fue víctima de tortura-, y señala que Yáñez Osornio presentó lesiones acordes con las denuncias de tortura que el inculpado presentó desde que fue privado de su libertad la noche del 21 de enero del 2015 por policías ministeriales de la Procuraduría de Tlaxcala.
La detención del ex mando policiaco fue ordenada por la entonces Procuradora, Alicia Fragoso Sánchez, bajo el argumento de que estaba vinculado con cuatro secuestros exprés cometidos en dicha entidad, pero al menos dos de esas imputaciones ya fueron desechadas por jueces locales por falta de pruebas y violaciones al debido proceso.
Al momento de la captura, Yáñez Osornio fungía como Delegado de la Policía Estatal de Tlaxcala en el municipio de Apizaco y acababa de atender un intento de linchamiento, por lo que hay fotografías que lo ubican en un lugar distinto al de la comisión del delito que se le imputa.
El ex mando policiaco fue capturado junto con el ex director de esa misma corporación, José Jorge López Pérez, y cinco coacusados más. Los siete servidores públicos vinculados con este caso alegaron ser víctimas de tortura desde su primera comparecencia ante un juez penal de Tlaxcala, acusación que estuvo acompañada por certificados médicos oficiales en los que se acreditaron múltiples lesiones de cada uno de los afectados.
Yáñez Osornio era un policía destacado: fue premiado en diciembre del 2014 por sus acciones de lucha contra el narcomenudeo, los asaltos a mano armada y el robo de vehículos.
Los peritajes
En el caso de Juan Carlos Yáñez, el documento firmado por la perito médico, Patricia Islas García, adscrita al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, señala que la víctima “presentó lesiones físicas externas recientes” que coinciden con las producidas por las alegaciones de tortura y malos tratos que sufrió por personal de la procuraduría.
Fechado el pasado 16 de junio del 2016, el reporte médico agrega que “en este caso en particular, mediante la búsqueda, localización e identificación de secuelas, huellas o indicios de supuestas lesiones físicas producidas en el pasado mediante actos de tortura física, ESTAS SÍ SE EVIDENCIARON”, por lo que se ordena dar atención inmediata al afectado en materia de ortopedia y padecimientos crónicos.
El peritaje tiene una extensión de 32 páginas y cuenta con tres certificados médicos emitidos previamente, en los cuales se acreditan las lesiones sufridas por Yáñez Osornio entre las 20:30 horas del 21 de enero del 2015 y las 23:17 del 23 de agosto del 2016, es decir, desde que fue detenido en el municipio de San Pablo Apetitlán luego de atender el intento de linchamiento; hasta que fue internado en el penal estatal de Apizaco para que rindiera declaración preparatoria ante el juez de la causa.
El primer examen médico realizado al ex mando policiaco enumeró golpes en tórax, brazos, codos, antebrazos, piernas, cortaduras en las muñecas y moretones en la parte trasera de la oreja, así como dolor de cabeza y en la mano izquierda.
Las lesiones sufridas por Yáñez, señala la médico legista de la Procuraduría de Tlaxcala, Paula Andrade Vásquez, “son recientes y son de las que tardan en sanar más de 15 días”. El documento fue elaborado a las 21:55 horas del 21 de agosto del 2015.
El segundo peritaje médico fue elaborado ese mismo día a las 22:25 horas por la médico forense Quitzé Montealegre Carro. Sus conclusiones fueron similares: Yáñez Osornio presentaba moretones, heridas superficiales, excoriaciones y heridas en la muñeca, lesiones que tardan en sanar alrededor de 15 días y que no ponían en peligro la vida del afectado.
Un tercer peritaje médico señaló que al momento de ingresar a prisión, Yáñez Osornio presentaba dolor en la columna, en el hombro izquierdo, en los testículos y adormecimiento en el dedo meñique de su mano izquierda, síntomas asociados a contusiones “previos al ingreso”.
Además, el médico del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco, Juan Carlos Cuayahuiltl Díaz, advirtió que las dos muñecas del imputado presentaban heridas cortantes lineales, posiblemente provocadas por “colocación de dispositivos”; moretones en la zona craneal, moretones en la espalda y nalgas con escoriaciones.
Su conclusión es que la Policía Ministerial de Tlaxcala le entregó a una persona “policontundida” que sufrió múltiples lesiones antes de llegar a la cárcel.
Develando un caso de tortura paso a paso
A partir de las declaraciones de la víctima ante un juez penal, las 12 consultas médicas que se le brindaron a Juan Carlos Yáñez Osornio en la clínica del penal y cuestionarios preparados por la perito Patricia Islas, el reporte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) concluyó que los dichos de la víctima son coincidentes con las secuelas de tortura.
La perito recuperó las declaraciones del ex mando policiaco y agregó una reconstrucción de la tortura denunciada por Yáñez Osornio mediante una entrevista realizada conforme al Protocolo de Estambul.
De acuerdo con el dictamen, el afectado narró que tras su captura ocurrida el 21 de enero del 2015, le taparon la cabeza con bolsas de plástico para asfixiarlo, que lo pusieron boca abajo en un colchón y que un policía ministerial al que identifica como “Cañas” se le “montó” en la espalda para sujetarlo y evitar que se moviera.
También se quejó de que le dieron puñetazos en la cabeza mientras le protegían el rostro con una chamarra, de que le jalaban los brazos hacia atrás para hacer palanca con ellos y de que le echaron agua en los testículos para aplicarle toques eléctricos en sus genitales. A eso sumaron las amenazas verbales contra su familia.
Posteriormente un policía ministerial le cortó las dos muñecas con un cúter, lo azotaron contra la pared con su cabeza envuelta en una playera y lo amagaron con desangrarlo hasta la muerte. La tortura finalmente provocó que perdiera el conocimiento y la confesión que pretendían arrancarle, al final no llevó su firma, sino su huella dactilar, misma que le tomaron mientras estaba inconsciente.
Con los dictámenes médicos previos y la narración de la víctima, la perito Patricia Islas enumeró tres métodos básicos de tortura sufridas por Yáñez: traumatismos causados por objetos contundentes como puñetazos, patadas, golpes; choques eléctricos y asfixia con métodos secos.
Un examen médico realizado por la especialista encontró síntomas y discapacidades agudas provocadas por la tortura: dolor punzante y continuo en la columna vertebral, sudoración, calambres en los testículos e incapacidad para tener relaciones sexuales con su esposa, síntomas de ansiedad somática, dolores de espalda y de cabeza constantes, melancolía, tristeza, insomnio y pesadillas.
Ante el cúmulo de evidencias físicas y psicológicas, el peritaje oficial solicitado por Naciones Unidos desde el 1 de abril del 2016, derivado de un encuentro con la defensa de los inculpados, concluye que sí hay evidencias y secuelas de que el afectado fue víctima de tortura, tratos crueles y degradantes que son violatorios de sus derechos humanos.
“La narración de los malos tratos y abusos que sufrió el C. Juan Carlos Yáñez Osornio, es congruente con los hallazgos físicos que presentó como son contusiones en la cabeza y tórax, estos actos producen hematomas (moretones), zonas de equimosis (hinchazón), excoriaciones, facies dolorosa (cara de dolor) y reflejos osteotendinosos disminuidos. La descripción de los métodos de tortura coinciden con los que se realizan en la región y sus efectos físicos ulteriores en este caso son dolor crónico en la columna vertebral”, señala el informe.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0712/mexico/peritaje-de-onu-acredita-torturas-contra-ex-mando-policiaco-de-tlaxcala/
El Tribunal Unitario Agrario de Torreón emitió una sentencia en la que obliga a los comuneros de La Sierrita en Coahuila a pagar cinco millones 612 mil pesos a la minera Excellon de México para recuperar sus tierras, tras cuatro años de litigio.
Se trata de mil 100 hectáreas que por el momento están embargadas. Es decir, ni la minera ni los ejidatarios pueden hacer uso de ellas. Sin embargo, los 123 ejidatarios interpusieron un amparo para revocar esa multa, porque, según argumentan, el juez ignoró sus demandas.
Juan Antonio López, coordinador del área de justicia trasnacional de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), organización que representa a los comuneros, asegura que “al condicionar la entrega al pago se está manteniendo un embargo sobre las tierras de uso común que son propiedad del ejido La Sierrita, lo que significa una clara violación al artículo 27 de la Constitución”
En entrevista con Animal Político, explica que el amparo será turnado a un Tribunal Colegiado y deberá emitir sentencia en un plazo de cuatro meses.
La Sierrita era un modelo exitoso en el que una empresa minera y los pobladores establecieron un contrato para la explotación de territorio de manera controlada y con el pago de una renta anual por parte de los empresarios. Sin embargo el acuerdo se rompió debido a incumplimientos según alegaron ambas partes.
Acuerdo y rompimiento
La minera Excellon de México S. A de C. V. fue constituida en 1997 para la exploración, explotación, producción y comercialización de minerales metálicos y pertenece al grupo canadiense Excellon Resources Inc., según indica el registro ante la Secretaría de Economía.
La empresa inició operaciones en el ejido La Sierrita en 2004, pero, según explica Juan Antonio López, “engañó” a los pobladores para firmar un contrato para explotar 27 hectáreas durante 30 años por un pago único de 1 millón 200 mil pesos.
Sin embargo, cuatro años después, los comuneros consiguieron un mejor acuerdo. En
2008, ambas partes firmaron un Contrato de Ocupación Temporal por la renta de mil 100 hectáreas por un monto de 5 millones 500 mil pesos anuales, con el aumento correspondiente a la inflación.
En ese documento se establecieron cláusulas económicas, sociales y medioambientales pero fueron incumplidas por la empresa, como la construcción de una planta tratadora de agua, un aspecto fundamental para la operación de la mina y la protección ambiental de la zona.
La empresa tampoco cumplió con la concesión del comedor para trabajadores, pese a que uno de los puntos importantes para los ejidatarios era crear fuentes de trabajo.
Por tanto, en septiembre de 2012, los ejidatarios de La Sierrita presentaron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario por rescisión del contrato con la minera argumentando los incumplimientos.
La respuesta de la minera fue otra demanda, argumentando que los ejidatarios habían prohibido la operación de la mina y, por tanto, habían generado pérdidas económicas. El alegato judicial se basó en una manifestación de los pobladores en 2012 para pedir la presencia de los directivos para solucionar el conflicto.
Sin embargo, “nunca se prohibió la entrada a nadie; incluso, el trabajo en la mina estuvo compuesta por seis cuadrillas de seis trabajadores cada uno”, asegura Juan Antonio López.
Aunque la minera pagó la renta anual de 2008 a 2012, a partir del inicio del proceso legal suspendió los pagos, aunque continuó los trabajos en las mil 100 hectáreas de La Sierrita.
Finalmente, el Tribunal agrario tomó en cuenta dicho argumento y estableció el pago de 5 millones 612 mil pesos para retirar el embargo. En tanto, obligó a la empresa a entregar las mil 100 hectáreas.
“En un juicio en que las dos partes están demandando que la otra parte incumplió, el Tribunal dice ‘los dos incumplieron y los dos páguense similares’”, lo cual resulta desigual para los ejidatarios, asegura el representante legal de los comuneros.
El argumento legal del Tribunal es que la minera incumplió sus compromisos desde 2008, pero “ante reiteradas violaciones, el ejido demandó la recisión del contrato hasta 2012, por lo cual estaba dando una aceptación tácita de las violaciones”.
Después de estos años de conflicto, los ejidatarios confían “una vez más en los tribunales para que se haga justicia” y esperan que el Tribunal Colegiado emita una sentencia apegada a derecho, asegura Juan Antonio López.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/tribunal-obliga-comuneros-pagar-5-mdp-una-minera-recuperar-tierras/
La organización civil Sin Fronteras presenta su informe ‘Detención sin excepción’, un recorrido por los 15 años de su labor monitoreando violaciones a derechos humanos en estaciones migratorias.
Buscar refugio en México cuando la vida de una persona corre peligro en su país de origen es casi una tarea imposible.
Según cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR), en tan solo cuatro años, de 2011 a 2015, México recibió 8 mil 419 solicitudes de asilo; un promedio de 175 al mes, o 6 al día.
Sin embargo, solo 2 mil 175 de las peticiones fueron aceptadas.
O en otras palabras: en los últimos cuatro años, las autoridades migratorias rechazaron 8 de cada 10 peticiones de refugio y ordenaron la deportación de miles de personas extranjeras, a pesar de los riesgos que enfrentan en países como Honduras o El Salvador, en Centroamérica, donde la ‘guerra’ de las pandillas ha colocado a estas naciones como las más violentos del mundo.
En contraste con los pocos refugios concedidos, en 2015 se registraron 190 mil 366 eventos de detención de migrantes; la cifra más alta en casi una década. Mientras que de 200o a 2015, se produjeron 2 millones 126 mil eventos de detención que concluyeron con un millón 659 mil deportaciones, según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).
Para dimensionar este dato: los más de dos millones de migrantes detenidos en México, equivalen a la población total de países como Letonia, Eslovenia, Macedonia o Kuwait.
Estos son algunas de las claves que la organización civil Sin Fronteras subraya en su informe ‘Detención sin Excepción’, en el que presenta un análisis de 15 años de monitoreo a estaciones migratorias, así como de las problemáticas, los avances y los retrocesos, de la política migratoria mexicana.
Pese a recomendaciones, aún existen celdas de castigo en estaciones del INM
Joselin Barja Coria, consultora de Sin Fronteras y autora del informe, destacó que las cifras anteriores son el resultado de un política migratoria en la que, independientemente del presidente que haya ocupado la residencia de Los Pinos en los últimos 15 años, la detención de migrantes “es la norma y muy pocas veces la excepción”.
Coria advirtió que la política mexicana de detenciones masivas “potencializa” aún más los riesgos de sufrir abusos y violaciones a derechos humanos de la población migrante más vulnerable, como solicitantes de asilo, menores migrantes, grupos LGBTTI, o extranjeros que huyen de países en guerra.
Entre esos abusos, la directora de Sin Fronteras, Nancy Pérez, subrayó algunos de los recabados por el informe, que van desde faltas al debido proceso –es decir, no se informa a los migrantes por qué se les detiene, ni cuánto tiempo va a estar detenido, ni cuáles son sus derechos-, a casos de tortura y abusos sexuales por parte de agentes migratorios, hasta la existencia de celdas de castigo en los centros de reclusión del INM.
Cabe recordar que ya en abril de 2013, en el informe ‘Ser migrante no me hace delincuente’, Sin Fronteras denunció junto con otras organizaciones civiles la existencia de “calabozos de castigo” en las estaciones migratorias de Tapachula y de la Ciudad de México, donde “la práctica recurrente es encerrar a jóvenes en un cuarto de aislamiento, como método de sanción”.
A partir de esta denuncia, Sin Fronteras hizo una recomendación al INM para erradicar estos cuartos de castigo. Recomendación que repitió en 2014 y en 2015, cuando en el informe ‘Derechos cautivos’ documentó que las celdas de castigo, “y el trato violento y humillante” son una táctica recurrente “para amedrentar a quienes exigen respeto a sus derechos”.
A pesar de la reiteración en las recomendaciones, y a pesar de que desde 1986 México ratificó la Convención contra la Tortura y otras tratos crueles, Sin Fronteras recalca en su último informe de este 2016 que los espacios de castigo o aislamiento” no se han erradicado”.
15 años de recomendaciones y muy pocos avances
No obstante, esta no es la única recomendación ignorada por las autoridades del INM. De hecho, en el análisis del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los últimos 15 años, la mayoría no han sido atendidas, o se han atendido solo parcialmente.
Por ejemplo, en los años 2003, 2013, 2014 y 2015, se recomendó al INM prohibir el encarcelamiento de niños, niñas y adolescentes migrantes.
Aunque algunos de estos menores migrantes sí son ubicados en albergues del DIF o de la sociedad civil –tal y como establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes-, existen numerosos testimonios de niños literalmente encarcelados en estaciones migratorias a la espera de ser enviados de vuelta a su país.
En el especial ‘Menores Migrantes: México cierra la puerta a una generación que huye de la violencia’, Animal Político documentó la historia de niños presos en la estación migratoria de Tapachula.
Otra de las recomendaciones más reiteradas -2003, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015- es que los agentes del INM informen de manera clara y precisa a los migrantes por qué están siendo detenidos, el procedimiento que se llevará a cabo, y cuáles son sus derechos.
Sobre este punto, Sin Fronteras recalca que a pesar del gasto de dinero en la capacitación del personal del INM para cumplir esta recomendación, los esfuerzos no se reflejan en la práctica, ya que “la desinformación (de los migrantes) sigue siendo una queja constante”.
Mientras que otra de las recomendaciones más frecuentes -2005, 2006, 2007, 2009 y 2015- relativas a informar a los migrantes de su derecho a solicitar refugio, Sin Fronteras apunta que se han dado avances, como la publicación por parte de COMAR de un protocolo para identificar a menores migrantes que podrían aplicar a la condición de refugiado.
Sin embargo, el informe también advierte que en las estaciones migratorias aún hay personal operativo que lleva a cabo prácticas de “disuasión” hacia las personas interesadas en solicitar asilo –como advertirles que será un proceso muy largo y costoso-, o que directamente los amenazan y agreden para que se desistan de ejercer su derecho.
El informe completo ‘Detención sin excepción’ de Sin Fronteras:
Informe EM 23noviembre FINAL by mureste4878 on Scribd
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/8-10-peticiones-refugio-rechazadas-mexico-las-claves-la-politica-migratoria-los-ultimos-15-anos/
CIUDAD DE MÉXICO: El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 40 años fue hallado colgado en uno de los juegos infantiles del Jardín Alexander Pushkin, en la colonia Roma de la delegación Cuauhtémoc.
Durante la madrugada de este día, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina arribaron al parque ubicado en Álvaro Obregón esquina con Morelia.
El hallazgo del cuerpo fue posible gracias a la labor de monitoreo de los oficiales de policía a través de una de las cámaras de vigilancia de la SSP.
El área se encuentra acordonada y hasta el momento las autoridades investigan si se trató de un suicidio o de un homicidio.
Al lugar también arribaron paramédicos, quienes confirmaron que el hombre había perdido la vida. Por su parte, bomberos y personal de Protección Civil ayudaron a los oficiales a descolgar el cadáver.
El cuerpo ya ha sido trasladado al anfiteatro de la delegación Cuauhtémoc.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465434/hallan-cuerpo-colgado-en-juego-infantil-parque-en-la-roma
Jesús Adrián, hijo del reportero Pedro Tamayo, asesinado en Veracruz, fue detenido presuntamente por un robo de camioneta; pero la madre y viuda Tamayo, cuestionó y rechazó la acusación, ya que, a raíz de las amenazas de muerte, el hijo contaba con custodia permanente de agentes de la SSP.
José Adrián Tamayo Blanco hijo de Pedro Tamayo, reportero asesinado en julio en Veracruz, fue golpeado y detenido por ministeriales sin presentación de una orden judicial, denunció la viuda de Tamayo, Alicia Blanco.
La aprehensión ocurrió este martes 6 de diciembre en una taquería donde el joven cenaba, informó el Piñero de la Cuenca, medio local en Veracruz.
Los ministeriales, sin mostrar ninguna orden judicial, golpearon, subieron a una camioneta y llevaron a José Adrián, presumiblemente, a las oficinas, narró la mujer quien abundó que su nuera y nieto, que estaban junto con Adrian en la taquería, no aparecen desde ayer. Una presunta denuncia de robo de camioneta es lo que argumentaron para capturarlo.
A raíz de las amenazas de muerte que ha recibido la familia Tamayo, José Adrián, hijo del reportero asesinado, contaba con la custodia permanente, (las 24 horas del día) de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Alicia Blanco cuestionó cómo podría su hijo consumar un delito como robo de camioneta con la custodia de los agentes, por lo que rechaza tajantemente la acusación.
Hasta el momento la Fiscalía General de Veracruz, no ha emitido ninguna información al respecto ni abundado sobre los acontecimientos ni el proceso legal.
Pedro Tamayo, de 43 años de edad y periodista que cubría la región de Tierra Blanca, Veracruz, fue asesinado a balazos el 21 se julio de este año, después de que denunciara amenazas del Gobernador Javier Duarte de Ochoa y de su cuerpo policiaco.
Tamayo fue acribillado afuera de su casa, en el negocio familia, en la colonia Centro de Tierra Blanca. Su familia acusó que la ayuda para el periodista que se desangraba en la calle tardó en llegar. Que los policías dejaron escapar a los agresores.
A principios de este año, el periodista Pedro Tamayo Rosas había escapado de Veracruz. Dijo que lo amenazaban policías. Sin embargo, volvió de su exilio para trabajar por su familia. Las amanazas para los Tamayo han continuado por lo que su hijo contaba con las medidas citadas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-12-2016/3123120
