Las deportaciones masivas que prometió Donald Trump serán una realidad, pues no puede “echarse para atrás” y debe cumplir a sus votantes, consideró Wilner Matelus, presidente del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos (CCDAM). Destacó que en este contexto, México no está preparado para recibir a los migrantes deportados, y alertó que quien ya espera con los brazos abiertos a todos esos indocumentados en la frontera norte, es el crimen organizado que ya se encuentra a las puertas de los albergues.
El crimen organizado está listo para reclutar migrantes en las zonas fronterizas. En Tijuana, Baja California, donde miles de haitianos se encuentran varados, los criminales están a las puertas de los albergues esperando que el hambre le gane a los valores, dijo Wilner Matelus, presidente del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos (CCDAM).
“Cuando la persona tiene hambre, se olvida de sus valores. Yo creo que debemos tener preocupación, el crimen organizado está creciendo, ellos están afuera de las puertas donde están los albergues y pueden ofrecer fuentes de trabajo y dinero a estas personas. Se necesita prevención por parte del Estado mexicano, porque si no hay atención para los migrantes, viene algo muy peligroso para el país. La crisis económica y la delincuencia podrían crecer más en los estados fronterizos como Baja California y Sonora”, explicó.
A partir de enero se esperan deportaciones masivas de inmigrantes que hoy viven en Estados Unidos, debido a la política migratoria que prometió a sus votantes Donald Trump, Presidente electo de esa nación. Sólo en este momento hay 4 mil 800 migrantes haitianos y africanos en los centros de detención de Estados Unidos en espera de ser deportados. “[Barack] Obama es una vergüenza, porque él suspendió la visa humanitaria para los haitianos. Es el primer Presidente negro de Estados Unidos y no le quiere dar chance a sus hermanos a entrar a ese país. Es el Presidente negro que ha deportado a más migrantes, pues ya van 2 millones 700 mil”, dijo. El mes pasado Tony Payán, director del Centro de Estudios sobre México del Baker Institute for Public Policy de la Universidad de Rice, en Estados Unidos, dijo en entrevista con SinEmbargo que una de las alternativa para los inmigrantes ante la amenaza de más deportaciones será regresar.
“Uno no se da cuenta cómo los inmigrantes de este país viven en una enorme presión psicológica, una vida de tensión constante, una vida de inquietud. Muchos decidirán regresarse a México, incluso llevarse a sus hijos que pudieran ser ciudadanos estadounidenses y no arriesgar la separación de la familia. Pudiera darse un éxodo importante de familias mixtas, que tienen indocumentados, pero también ciudadanos y residentes”, explicó.
México no está preparado para recibir a los paisanos y mucho menos a los centroamericanos para quienes “la travesía por México es realmente un terror, una pesadilla”, dijo. En Baja California ya hay una crisis humanitaria con los más de 6 mil haitianos y afroamericanos varados en la frontera. No tienen donde dormir. Carecen de comida, agua, luz y baños para asearse. La cifra para el próximo año podría incrementarse a 42 mil, advirtió Wilner Matelus. Diariamente llegan 250 haitianos y afroamericanos a la frontera norte. Además esta cifra podría aumentar a raíz de la política de deportación que prometió Donald Trump. Matelus alertó que México coincidió en que México no tiene un plan para recibir a todos esos migrantes. Alertó además que si el Gobierno no prepara un plan de contingencia, los criminales reclutarán a los deportados que se queden en la frontera.
“México no está preparado para recibir tantos hermanos que podrían llegar al país con la llegada de Donald Trump. Tenemos una crisis económica, y ya tenemos una migración interna en el país por falta de oportunidades de miles de hermanos mexicanos que van saliendo de sus comunidades para buscar algo de trabajo en las ciudades grandes; es un problema muy grande, pero primero hay que resolver la migración interna. Luego si hay deportaciones de Estados Unidos va a crecer el crimen organizado. Es el momento de ofrecer trabajo en las zonas fronterizas para que el crimen organizado no utilice a esas personas”, precisó.
La política migratoria de Trump, de acuerdo con el presidente del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos, perjudicará no sólo a México, sino a los países expulsores de migrantes en América Latina. Consideró también que se debe dar un debate entre varias naciones para luchar en contra de la crisis humanitaria que inició en abril con la llegada de la ola de indocumentados haitianos.
“Peña Nieto debería dialogar la situación con Trump, aunque creo que no se echará para atrás, porque él tiene un compromiso con sus votantes. Es el momento de crear una estrategia bien definida para recibir a nuestros hermanos en una deportación masiva”, dijo.
Matelus viajó hace unos días a Tijuana y narró la crisis que se vive en esa ciudad: al menos 33 albergues en donde se encuentran varados los haitianos y afroamericanos. Además, ante la falta de un lugar en los albergues, las autoridades de Baja California optaron por dar asilo a los migrantes en Centros de Rehabilitación de problemas de adicción a las drogas.
“Esto es muy peligroso, porque los migrares son sanos, no pueden estar en un lugar en donde hay personas que se recuperan por drogas. Nosotros dijimos que esto no puede ser”, dijo.
LA CRISIS SE EXTIENDE
Matelus denunció que durante su recorrido de 15 días en los albergues de Tijuana corroboró que los migrantes haitianos y afroamericanos varados viven en condiciones inhumanas entre chinches, sin comida, luz y agua; además de que esos sitios se encuentran saturados. En un albergue con capacidad para 60 personas viven 500 haitianos hacinados, con cuatro baños para todos. Incluso hay lugares en donde los directores de los albergues no tienen recursos para pagar el recibo de la luz y del agua, dijo. Recalcó que los albergues se sostienen en condiciones insalubres, sin techos y ubicados cerca de basureros.Las mujeres y los niños comparten el espacio con los hombres.
“Sedesol [Secretaría de Desarrollo Social] no está entregando comida a los albergues. Los albergues se sostienen gracias a los apoyos de la sociedad civil. Nuestros hermanos cooperan para comprar comida”, precisó.
El activista solicitó al Ayuntamiento de Baja California agua para uno de los albergues que tenía días sin el líquido. Y pese a que las autoridades enviaron dos pipas, al día de hoy el problema no ha sido resuelto en su totalidad.
“El mes pasado, la Sedesol convocó a los directores a presentar proyectos para recibir apoyos, [pero] sólo 12 de 33 albergues recibirán apoyo. Esto no es justo. Lo único que están pidiendo los directores es alimento para que coma la gente”, dijo.
El Comité demandó apoyo a las autoridades mexicanas para no sólo brindar el asilo como refugiados, sino para que se expidan permisos de trabajo. “No vemos los recursos federales que Miguel Ángel Osorio Chong [Secretario de Gobernación] prometió en octubre pasado bajar al Gobierno estatal y a los municipios para atender esta emergencia. Nos preocupa que la Sedesol declare que no hay crisis humanitaria. No vemos a diputados federales y locales trabajando una propuesta política para que se deriven programas y recursos que den respuesta a un problema de larga duración en Baja California”, indicó. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SHAILA ROSAGEL. LINK: http://www.sinembargo.mx/08-12-2016/3123337
Los cárteles mexicanos se mantienen como la principal amenaza criminal para Estados Unidos. Así lo refiere el último informe de la DEA publicado el 6 de diciembre, en el que se detalla que el portafolio de las células mexicanas consiste en el tráfico de heroína, metanfetaminas, cocaína, mariguana y el fentanilo (un opioide conocido por sus propiedades analgésicas). La heroína ha concentrado los esfuerzos más insistentes del narcotráfico por crecer en el vecino país. Drogas como la mariguana abastecen a 22 millones de consumidores de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud. Especialistas en seguridad detallan que México se ha plegado a una lucha contra las drogas que ha irradiado la violencia. Son 186 mil asesinatos los registrados entre diciembre del 2006 y el 2015 relacionados con la guerra contra el narco en México, pero el consumo al norte del Río Bravo no para.
El último informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) “Estimación de la Amenaza Nacional de las Drogas 2016” (NDTA, por sus siglas en inglés) reitera la operación de seis cárteles mexicanos en el vecino del norte. Las autoridades estadounidenses han detectado el tráfico de estupefacientes por parte del Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Cártel de los Beltrán Leyva.
“Los cárteles mexicanos se mantienen como la principal amenaza. No hay otro grupo que actualmente se haya posicionado para retarlos [en Estados Unidos]. Mantienen la influencia en grandes porciones del territorio en México que son usadas para el cultivo, producción, importación y transporte de drogas ilícitas”, cita el trabajo.
El informe resalta la operación de los grupos del crimen mexicano en distintas ciudades como Chicago, Boston, Pittsburgh, San Diego, Phoenix, Nueva York, Merrillville. MAPA
En los últimos 10 años, el panorama de la droga en Estados Unidos ha cambiado, resaltó la DEA. Al impacto derivado del consumo de fármacos que requieren prescripción médica, heroína y fentanilo, se sumó un aumento en el consumo de metanfetaminas. Especialistas opinan que la política antinarcóticos de Estados Unidos, extendida a México, no ha dado resultados. Francisco Gallardo, general mexicano en retiro, detalló que fue a partir de la iniciativa Mérida, aceptada por el Presidente George Bush en el 2008, que se impulsó la participación de las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad ciudadana en los países que la aprobaron. “Los resultados ahí los estamos viendo, miles de muertos, desaparecidos, ejecutados, utilización de la tortura como un mecanismo de investigación, la corrupción del Ejército. El rompimiento del sistema de defensa nacional de esos países que firman. Un fracaso total y absoluto”, dijo Gallardo. ¿CÓMO OPERAN?
De acuerdo con la DEA, los cárteles mexicanos del otro lado de la frontera se apoyan en personas que usualmente tienen ascendencia mexicana pero nacionalidad estadounidense. Estos operadores mantienen un perfil bajo con el fin de evitar una detección y el escrutinio de la ley.
“Como tal, Estados Unidos no ha experimentado en gran medida la violencia generada por los asesinatos relacionados con las drogas”, reza el trabajo.
Mientras tanto en México la ola de violencia que inició el 11 de diciembre de 206, cuando el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa decidió enviar a las tropas del Ejército a descabezar al narcotráfico terminó por traducirse en 122 mil homicidios en su sexenio, que terminó en 2012. Por su parte el Presidente Enrique Peña Nieto, entre el 2013 y el 2015 ha llevado una administración que ha registrado una ola de 63 mil 835 homicidios, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
“En las estrategias antinarcóticos, realmente la guerra se expande hacia México. Mientras México coopera con estrategias antinarcóticos que son totalmente fallidas. Por qué, porque en realidad el consumo de droga en Estados Unidos, el comercio y la entrada de droga no ha bajado”, dijo Guadalupe Cabrera-Correa, profesora de la Universidad de Texas.
ADICCIONES QUE COBRAN VIDAS Los impactos de salud pública no han logrado que Estados Unidos impulse una agenda internacional con un enfoque de atención al fenómeno de las drogas que no sea visto desde la seguridad nacional, coincidieron los consultados. El informe de la DEA detalla que en los Estados Unidos del 2007 al 2014 han muerto en los Estados Unidos 40 mil 912 personas por intoxicación de heroína. En el mismo periodo murieron 39 mil 618 por el consumo de cocaína.
“No se ha visto como un problema de salud pública sino de seguridad y esa misma estrategia se ha extendido a otras partes del hemisferio. Esta clase de colaboración se ha expandido a otros países a través del plan Colombia, plan Mérida, y otras en Centroamérica. Y el resultado es que no se ha disminuido ni el consumo ni el tráfico”, dijo Correa-Cabrera.
Las adicciones también se han quedado en México. Este año el titular del Consejo Nacional contra las Adicciones Manuel Mondragón dijo durante la presentación de una encuesta sobre estudiantes adictos que en México había 713 mil 963 menores de edad con necesidad de algún tratamiento. Un trabajo de presentación del ex director del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, Rafael Camacho Solís, refiere que por cada dólar que se invierte en usuarios de drogas, se gastan 100 en la guerra contra el narcotráfico. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/07-12-2016/3123339
Luego de que el lunes 5 de diciembre Animal Político publicó que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en su delegación Veracruz, benefició con contratos millonarios a familiares de administradora de la dependencia, Shariffe Osman Flores, la CDI federal inició una “supervisión interna” del caso. A través de su dirección de comunicación social, la Comisión explicó en entrevista que activaron sus “mecanismos de control interno” para “revisar” la actuación de los funcionarios de su delegación en Veracruz, y determinar si se comprueban o no los señalamientos por conflicto de interés. “La CDI ya está supervisando el caso para deslindar responsabilidades sobre el comportamiento de los servidores públicos (de la delegación Veracruz)”, apuntó la dependencia, que subrayó que están obligados “técnica y moralmente a aplicar los recursos federales con transparencia y a evitar el posible conflicto de interés”. La CDI expuso que una vez que concluya la indagatoria interna se determinará si procede o no turnar el caso “a otras instancias”, como la Secretaría de la Función Pública, dependencia con facultades para sancionar e inhabilitar a funcionarios por prácticas corruptas. Incluso, si la investigación interna arrojara que hay indicios de que se cometió algún delito federal, como el desvío de recursos federales, el caso podría turnarse a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se investigara. La investigación: desvían millones para familiares de funcionaria Animal Político documentó que la CDI-Veracruz otorgó contratos a empresas constructoras cuyos dueños, administradores, o representantes legales, son familiares directos de su jefa del departamento administrativo, Shariffe Osman Flores. Una de esas empresas es Supervisión Técnica por Veracruz JVCZ, en la que figura como representante legal y administradora Irma Flores Sangabriel, madre de la funcionaria. Esta empresa fue beneficiada por la CDI-Veracruz con varios contratos durante la semana previa a la llegada de Shariffe Osman a la dependencia estatal, así como en las semanas posteriores. Por ejemplo, cuatro días antes de que Shariffe Osman asumiera como jefa de administración, la empresa de su madre ganó un contrato por adjudicación directa de 2 millones 112 mil pesos para supervisar unas construcciones en varias localidades de Veracruz. Poco después, a 15 días de que asumiera como funcionaria, la misma empresa ganó otro contrato por adjudicación directa de 393 mil pesos. Mientras que dos días más tarde, se hizo con otro contrato por 3 millones 639 mil pesos para hacer un estudio de una obra de “modernización y ampliación” de un camino en Las Choapas, Veracruz. Supervisión Técnica por Veracruz también participó como empresa supervisora de HR Soluciones en Ingeniería, encargada de modernizar el camino a Atlahuilco, Veracruz, cuyo contrato por casi 11 millones fue entregado el 21 de abril; también días después de que Shariffe Osman llegara a la CDI. Otra de las empresas beneficiadas por la CDI-Veracruz es Urbanizadora y Constructora CAFX SA de CV. El 3 de junio de 2015, dos meses después de la entrada de Shariffe Osman como administradora, esta compañía recibió un contrato por 4 millones 555 mil pesos para la “construcción del sistema de drenaje sanitario” en el municipio de Chontla, Veracruz. Uno de los socios accionistas de esta empresa, según el acta constitutiva de la misma, es Félix Alfredo Niño Flores, primo hermano de Shariffe Osman Flores. Además de lo anterior, la red de empresas de la familia Osman Flores ha ganado numerosas contratos con otras dependencias del gobierno veracruzano mediante adjudicaciones directas y licitación por invitación restringida a tres empresas.
Uno de los testigos había demandado a los productores por usar su imagen en la cinta; la Corte concluyó que su aparición estaba directamente relacionada con el interés público que es propio al proceso penal.
La Suprema Corte de Justicia falló a favor de Roberto Hernández y a Layda Negrete, productores del documental ‘Presunto culpable’, quienes estaban demandados por daño moral. Víctor Daniel Reyes Bravo, uno de los testigos en el documental, demandó a los productores por utilizar imágenes sin su consentimiento en la cinta, por lo que alegaba haber sufrido un daño moral. Este miércoles, los ministros de la Primera Sala de la SCJN determinaron que no otorgaría el amparo solicitado por Reyes Bravo “al considerar que, en el caso concreto, la información relativa al recurrente, que fue incluida en el documental “Presunto Culpable”, estaba directamente relacionada con el interés público que le es propio al proceso penal”, informó la Corte en un comunicado. La Corte consideró que el proceso penal debe estar orientado a materializar bienes constitucionales esenciales como son el derecho a la verdad (esclarecimiento de los hechos), la presunción de inocencia lato sensu (proteger al inocente), el combate a la impunidad. La cinta cuenta como Antonio Zúñiga fue detenido y encarcelado en 2005 por el asesinato de otro joven, Israel Reyes. Los productores retomaron el caso de Toño y tras presentar nuevas pruebas se demostró que era inocente. Víctor Daniel era primo del joven asesinado, fue uno de los testigos en el caso. En su testimonio dijo que le constaba lo sucedido en la muerte de su primo, pero después se demostró que él no estaba presente por lo que el juez desacreditó su testimonio. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/suprema-corte-falla-favor-productores-del-documental-presunto-culpable/
Algunos legisladores advirtieron que conceder el derecho al voto a los 16 años en la Ciudad de México sería inconstitucional.
La Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno aprobó la noche del miércoles que en la Constitución de la Ciudad de México se reconozca el derecho al voto a partir de los 16 años y que las personas en reclusión puedan ejercer esa misma garantía, siempre y cuando no hayan recibido sentencia definitiva. De acuerdo con un comunicado de la Asamblea Constituyente, los legisladores aprobaron la “propuesta de que se conceda el voto a los 16 años, contenida en el numeral 3 del artículo 29 del proyecto original de Constitución y retomado por el predictamen”, la cual fue impulsada por legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento de Regeneración Nacional. Los constituyentes argumentaron “la extensión y progresividad de los derechos humanos, mientras constituyentes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza (Panal) advirtieron sobre el riesgo de que la inclusión de esa garantía en la Carta Magna acabe siendo impugnada en la Corte por ser, precisamente, inconstitucional”. La diputada panista María Teresa Gómez Mont, aclaró que su partido no estaba en oposición de la participación política de los jóvenes, pero señaló que en la Constitución General de la República se especifica que la ciudadanía se adquiere a los 18 años. A su vez, el diputado Jaime Cárdenas Gracia, de Morena, sostuvo que lo dispuesto por la Constitución federal no impide que se amplíen los derechos en la capital, según los principios de progresividad y pro persona. “Un joven de 16 años posee ya plena conciencia para discernir qué plataforma política es la que está más cercana a su cosmovisión. Además, el voto se convertiría en un instrumento para construir ciudadanía”, expresó. Los constituyentes Consuelo Sánchez Rodríguez y Jesús Ramírez Cuevas se sumaron a lo planteado por su compañero de Morena. La primera dijo que reconocer el voto de los jóvenes servirá para ampliar la democracia participativa, pero consideró que ese proceso debe ir acompañado por la consolidación de otros derechos como educación, salud, deporte y cultura. El segundo expuso que los jóvenes son hoy el sector social más excluido y las cárceles están llenas de ellos. “Si hay que enmendar la plana la Corte, hagámoslo”, dijo ante la eventual interposición de un recurso de anticonstitucionalidad. En votación nominal de nueve a favor y cinco en contra se aprobaron las adiciones propuestas por legisladores de Morena y PRD. ¿Vamos a elegir a El Chapo? También se aprobó la iniciativa del diputado del PRD, Jesús Ortega, para que se reconozca el derecho al voto activo de las personas en situación de reclusión que no hayan recibido sentencia definitiva. Propuso que se adicionara esto al numeral 5 del artículo 29; la votación fue de seis en favor, cinco en contra y una abstención. El constituyente argumentó que en razón del principio de presunción de inocencia debía concederse el derecho al voto a ese grupo de la población. “Todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario –recalcó–. Las cárceles están llenas porque no se aplica el derecho de presunción de inocencia”, dijo. En contra fijaron su postura el constituyente panista Gonzalo Altamirano Dimas y las legisladoras priístas María de la Paz Quiñones y Beatriz Pagés.
El edificio está concebido como una gran X, aludiendo al nombre de México, con 94 posiciones de contacto más 42 remotas, amplios espacios y acabados.
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) recibió tres propuestas económicas para la Construcción del Edificio Terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). El primer consorcio se integra por Operadora Cicsa, Promotora y Desarrolladora Mexicana, Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, Constructora y Edificadora GIA + A, La Peninsular Compañía Constructora, Operadora y Administradora Técnica, Acciona Infraestructuras, FCC Construcción e ICA Constructora de Infraestructura. GACM dio a conocer que estas empresas presentaron una oferta por 84 mil 828 millones 377 mil 320.13 pesos. La segunda propuesta formada por Omega Construcciones Industriales, Construcciones Rubao, Rubao México y Desarrollo y Construcciones Urbanas, fue por 87 mil 500 millones 883 mil 677.12 pesos. El tercer consorcio está integrado por Mota-Engil México, Calzada Construcciones, Impulsora del Desarrollo Integral, Construcciones Aldesem, Gami Ingeniería e Instalaciones, Construcciones Urales, Jaguar Ingenieros Constructores, Mota-Engil Engenharia e Construcá, cuya oferta asciende a 90 mil millones 73 mil 304.91 pesos. En tanto, la empresa Constructora de Proyectos Viales de México presentó una carta disculpa, así como Advance Builders. De acuerdo con el GACM, el edificio terminal constará de 760 mil metros cuadrados de construcción distribuidos en cuatro niveles con un “hall” interior, 21 columnas de materiales ligeros y con una visibilidad que permita a los visitantes admirar la obra planeada por los arquitectos Norman Foster y Fernando Romero. El edificio está concebido como una gran X, aludiendo al nombre de México, con 94 posiciones de contacto más 42 remotas, amplios espacios y acabados para aumentar la capacidad de uso de luz natural, la movilidad de las personas con mínimos cambios de niveles, así como áreas de comercio y restaurantes. La infraestructura dará servicio al año a casi 70 millones de pasajeros a partir de su entrada en operación. Asimismo, será ambientalmente sustentable, pues las columnas en forma de embudo y el envolvente se conformará de distintas cubiertas de aluminio y vidrios cerámicos, lo que permitirá el uso del agua de lluvia, el aire y la luz solar que se conducirán por tuberías o sistemas fotosensibles y de aislamiento térmico para su uso posterior. Las obras consistirán en construir el Edificio Terminal de aproximadamente 743 mil metros cuadrados con cuatro niveles; estructura de acero, concreto, aluminio, cristal, entre otros materiales; malla y envolvente y acabados del mismo; 94 posiciones de contacto y 42 puertas remotas. Ésta permitirá el uso sustentable del agua de lluvia, el aire y la luz solar, elementos que se captarán por medio de la cubierta y se conducirán por tuberías o sistemas fotosensibles y de aislamiento térmico. También contempla las salas de llegadas y salidas de vuelos; reclamo de equipaje; los núcleos de servicios que son instalaciones mecánicas, eléctricas, hidrosanitarias, antiincendios y el sistema de equipaje.
La diputada constituyente del PRD, Cecilia Soto, aclaró que no se trata de un impuesto sino de un derecho.
El concepto de plusvalía no será un impuesto sino un derecho que deberán asumir los desarrolladores inmobiliarios, informó la diputada constituyente del PRD, Cecilia Soto. “No es un impuesto, es un derecho, así se le llama en términos técnicos. Entonces, no es un impuesto, no se cobra anualmente, no es universal. Es un derecho (que se aplica) cuando se quiere construir y que pretende promover el desarrollo de vivienda vertical“, aclaró. En entrevista con Aristegui Noticias, la también diputada federal detalló que el concepto de plusvalía ya está incluido en el artículo 122 constitucional que el presidente Enrique Peña Nieto promulgó el 29 de enero de este año, así como en la Ley de Desarrollo Urbano publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 28 de octubre, por lo que no es una invención de la Constituyente. En ambos ordenamientos se establece el principio de “dotar al Estado de instrumentos de ordenación territorial que, al mismo tiempo, permitan compartir recursos entre la iniciativa privada y el gobierno de la Ciudad”. Ante la polémica que desató este tema, Soto González precisó que no se trata de un mecanismo para que el Gobierno de la Ciudad de México expropie la riqueza de particulares. “Es muy importante que se sepa que nunca hubo la intención de quitarle la ganancia a los propietarios actuales que, por alguna razón, han visto revaluada su propiedad particular, personal o familiar”, dijo. El dictamen que elaboran las comisiones de Desarrollo Sustentable y de Principios Generales de la Asamblea Constituyente “tiene que ver con el proceso de desarrollo de vivienda vertical, tiene que ver básicamente con los desarrolladores y tampoco es esquilmarlos, de ninguna manera”. La diputada constituyente indicó que se obligan a los desarrollares “a someterse a los reglamentos para compensar los efectos que puedan tener construcciones grandes e importantes en su entorno. Si alguien quiere tener una construcción de 20 pisos tiene que compensar los efectos que pueda tener”. Agregó que esto se ha implementado en ciudades como Guadalajara, Zapopan, Aguascalientes o Mexicali. Cecilia Soto aceptó que el tema seguirá generando polémica. “Va a seguir habiendo temores y malas interpretaciones porque es un tema bastante técnico, entonces es muy fácil asustar a la gente, decirle que le quieren quitar lo que ganó su terreno y eso es falso. Yo creo que va a seguir algo de inquietud en la ciudadanía y es importante explicarle que esto no es así”. Recordó que ella y el constituyente René Cervera, antes que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, solicitara el retiro del polémico artículo, habían presentado una iniciativa para eliminar el párrafo C del Artículo 21 del proyecto de Constitución de la Ciudad de México, en el que se habla de la plusvalía.
Por último, estimó que el dictamen que busca crear instrumentos que promuevan la densificación y la verticalidad de la Ciudad y que invita a la iniciativa privada a participar en el desarrollo inmobiliario, suba al Pleno de la Asamblea Constituyente el 10 de diciembre para su discusión y eventual aprobación.
La red de empresas “de papel” contratadas por el Gobierno de Javier Duarte se extiende a seis estados y suma más de mil 270 millones de pesos. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad permitió ubicar otras 45 empresas fantasmas que recibieron contratos por 623 millones de pesos del gobierno de Veracruz, que encabezó Javier Duarte de Ochoa. Estas compañías se suman a las que en mayo del presente año reveló una investigación de Animal Político, que documentó que la administración del ahora exgobernador prófugo había otorgado 73 contratos a una red de 21 empresas fantasma, por un monto de 647 millones de pesos.
Con las nuevas empresas identificadas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el monto asignado a firmas inexistentes por el gobierno veracruzano suma 1,270 millones de pesos. En esta nueva lista de compañías fantasma hay 11 que servían como “comparsas” en las licitaciones: se inscribían para aparentar competencia, aunque los contratos los obtenían otras empresas a las que estaban ligadas. Hay, además, 10 empresas que fueron boletinadas por el Servicio de Administración Tributaria porque se detectó que emitían facturas sin contar con instalaciones, infraestructura ni empleados. También se localizó a otras 11 empresas que realizaron ventas fantasma por 204 millones de pesos; es decir, que no pudieron acreditar la entrega de la mercancía o servicios para el que fueron contratadas. La red de empresas fantasma se extiende a otros seis estados. En la investigación se documentaron contratos del gobierno de Veracruz por 299 millones de pesos a 17 compañías, supuestamente basadas, mas no localizadas en Oaxaca, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Chiapas y la Ciudad de México. Boletinadas por el SAT En su edición del pasado 7 de noviembre, el Diario Oficial de la Federación publicó el listado de 20 empresas que se comprobó habían realizado “actos o contratos simulados” con el gobierno de Veracruz. Nueve días después, el SAT añadió al listado otra compañía fachada. Esta lista del SAT corresponde a las 21 empresas fantasma que fueron reveladas en mayo por el portal Animal Político, y que en conjunto facturaron 647 millones de pesos. Mexicanos contra la Corrupción localizó a otras diez proveedoras de Veracruz que el SAT boletinó entre octubre y diciembre como sospechosas de operaciones inexistentes.
Estas nuevas empresas presuntamente fantasmas son Comergut, Maedason Negocios, Infraestructura en Construcción, Importer Blanher, Abastecedora y Comercializadora de Productos de Veracruz, Comercializadora y Distribuidora López Lira, Trituradora y Asfaltadora Santa Margarita, Diseños Tevet, Trajan Construcciones y Grupo Diarch.
En estos casos, el SAT detectó que se habían emitido comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad para prestar servicios, producir o comercializar bienes, o bien dichos contribuyentes no fueron localizados, con lo que se presume se trata de empresas fachada, con operación inexistente. Las primeras notificaciones a estas empresas las hizo el SAT desde el pasado 29 de agosto. El Código Fiscal de la Federación establece 20 días para que el presunto contribuyente fantasma aporte elementos de defensa, pero ese plazo ya venció. En documentos obtenidos para esta investigación, se comprobó que esas diez empresas obtuvieron contratos del Gobierno de Duarte por 97 millones 100 mil pesos. Hay una empresa más (Comercializadora Monmar) que apareció en la lista de sospechosas del SAT desde enero de 2014 y que ha recibido contratos por 6.3 millones de pesos. Comparten socios En una revisión de actas constitutivas, se pudo constatar que Comergut SA de CV, boletinada por el SAT el 12 de octubre, tiene el mismo dueño que Importadora Denylk, que pertenece a la lista original de empresas fantasmas difundida por Animal Político. Román Ulises Alvarado Hernández es el socio común de ambas. Las empresas fantasmas también comparten socios con otras 15 proveedoras del Gobierno veracruzano, comprobó Mexicanos contra la Corrupción en un cruce de información realizado en el Registro Público. Estas 14 nuevas empresas, a su vez, están ligadas con otras 9.
Por ejemplo, Pefraco SA de CV —que pertenece a la lista original de empresas fantasma—, tiene como socio a Pablo González Lizardi, quien a su vez es dueño de Inmobiliaria Gomgo, Comercializadora Manduca y Comercializadora Aracon. En conjunto, las cuatro firmas obtuvieron contratos simulados por 151 millones de pesos.
Luciano Sánchez Díaz, socio de Ravsan Servicios Múltiples, también es accionista de Mextic Traffic y de Comercializadora Dagu, mientras que Juan Carlos Reyes León es dueño de Alifresh y de Comerprod. Juntos, estos dos supuestos empresarios obtuvieron contratos del gobierno veracruzano por 75 millones de pesos.
Empresas con domicilios en zonas humildes Pese a su aparente prosperidad, la mayoría de los socios de estas empresas residen en zonas humildes de Veracruz y Xalapa. Por ejemplo, el dueño de Ravsan, Mextic Traffic y Dagu, tiene su domicilio en el lote 8 de la calle Olivo, de la colonia Miguel Alemán, en Boca del Río, mientras que el accionista de Alifresh y Comerprod vive en una deteriorada casa de la calle Atonalisco, en el fraccionamiento Los Torrentes, de Veracruz. Yadira Becerra Arrieta, quien obtuvo 32 millones de pesos en contratos con las empresas Carrirey y Santrui, tiene su domicilio en una deteriorada casa en el fraccionamiento Lomas de Río Medio, en Veracruz, según se puede apreciar mediante la plataforma Street view de google. En algunos casos, han improvisado el domicilio fiscal, como es el caso de Imporveles, que tiene su sede en una casucha de lámina en la calle Moralidad 612; Comercializadora Monmar y Profecorp SA de CV tienen su dirección en pequeñas viviendas de las colonias Río Medio y Amapolas. Otras empresas tienen un domicilio fiscal no localizable. Es el caso de Comergut, que reporta ante las autoridades que su dirección está en Circuito 14 número 1001, en la colonia Geovillas Los Pinos II, pero la numeración llega hasta el 552. Importer Blanher SA de CV dio al SAT su dirección en Lucerna 97, aunque esa calle sólo llega hasta el 95. Los contratos otorgados por el Gobierno de Duarte a estas empresas cubren una amplia variedad de servicios, como el suministro de papelería, botiquines, catres y bolsas para dormir, juguetes, regalos de Navidad, cuentos infantiles, despensas, sillas de ruedas, equipamiento de cocinas, enseres domésticos, kits de higiene bucal, bicicletas, instrumentos musicales, bastones, andaderas, triciclos, chamarras, máquinas de coser, balones de futbol y cobertores. Proveedores foráneos La red de supuestas empresas fantasma contratadas por el gobierno de Javier Duarte se extiende a por lo menos otros seis estados. El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del Estado de Veracruz detectó 10 empresas de Oaxaca, Hidalgo, Querétaro, Puebla y la Ciudad de México que no fueron localizadas en sus respectivos domicilios fiscales. Esas empresas recibieron en 2015 contratos por 226 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, para surtir miles de despensas, colchonetas, cobertores, láminas acanaladas y paquetes de piso y muros para reparar viviendas afectadas por desastres naturales. Sin embargo, las empresas no presentaron documentación que compruebe la entrega de apoyos a los beneficiarios de programas sociales. Por ejemplo, Adso de México, que tiene su domicilio en el humilde barrio de la Soledad, en San Pablo Huixtepec, Oaxaca, no comprobó la entrega de 5,454 paquetes de piso y 1,728 paquetes de muro. Santy Desarrolladora y Acabados, que reportó su domicilio en una casa de interés social en Hidalgo, tampoco acreditó el reparto de 68 mil despensas y 61 mil láminas.
A esta red de proveedores foráneos se suman otras seis compañías ‘fantasma’ de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que según el periódico Eje Central, recibieron contratos por 64 millones de pesos más por falsos servicios publicitarios en el gobierno de Duarte Ochoa.
Ventas ‘fantasma’
Los auditores del ORFIS también detectaron cobros por 204 millones de pesos, por ventas inexistentes realizadas por otras 11 empresas. Estas empresas sí fueron localizadas en su domicilio fiscal, pero no acreditaron el cumplimiento de los contratos. En una visita que los auditores hicieron a 11 municipios veracruzanos, los supuestos beneficiarios manifestaron no haber recibido ningún apoyo en 2015. Esta irregularidad involucró a tres empresas: Comercializadora Calidadtel, que debió entregar 211 mil cobertores; Comercializadora Jiménez Alamillo 33:3 y Corporativo Administrativo Piraya con 53 mil despensas.
Entre las incumplidas hay siete empresas de Puebla que recibieron contratos por 184 millones de pesos.
Javier Duarte desvió dinero de áreas clave como salud y seguridad para supuestamente promocionar los resultados de su gobierno; el dinero en realidad se entregó a empresas fantasma.
El fraude cometido por la administración de Javier Duarte a través de empresas fantasma sigue creciendo. Investigaciones periodísticas de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentan nuevos desvíos que superan los mil millones de pesos y que se suman a los 645 millones revelados originalmente en mayo pasado.
Los hallazgos muestran un nuevo modus operandi a través del cual 12 dependencias hicieron pagos a las compañías fantasmas sin que mediara licitación ni contrato alguno. Además, que el número de empresas involucradas ya asciende a 68 y que algunas de ellas fueron constituidas fuera de Veracruz, en entidades como Chiapas, Puebla, Oaxaca o la Ciudad de México. Animal Político documentó que sólo en 2014 la administración de Javier Duarte pagó 503 millones de pesos a través de 348 facturas en favor de 19 compañías fantasma. Esto sin que existiera ningún proceso licitación o contrato de por medio. El concepto de todas esas facturas fue la supuesta “difusión de actividades del gobierno”. Pero el dinero no salió del presupuesto de la Coordinación de Comunicación Social, la única facultada para contratar servicios de difusión, sino que se utilizaron recursos de 12 dependencias claves. Por ejemplo, de Seguridad Pública se tomaron 56 millones de pesos y de la Secretaría de Salud otros 47 millones de pesos. Entre las 19 empresas a las que se pagó la supuesta difusión de actividades del gobierno hay 10 que apenas un año antes habían recibido contratos para vender paquetes de cemento, despensas y útiles escolares. Las doce dependencias involucradas negaron en solicitudes de transparencia haber firmado contratos por los pagos que si aparecen facturados. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó la operación de otras 47 nuevas empresas fantasma que recibieron contratos por un total de 633 millones de pesos del gobierno de Javier Duarte. En varias de las compañías hay coincidencias de socios y domicilios con las primeras 22 empresas reveladas en mayo pasado. La red de empresas fantasma, además, se extiende a otros seis estados. En la investigación periodística se documentaron contratos del Gobierno de Veracruz por 299 millones de pesos a 17 compañías en los estados de Oaxaca, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Chiapas y la Ciudad de México. En este nuevo grupo hay 11 empresas que realizaron ventas ‘fantasma’ por 204 millones de pesos; es decir, que no pudieron acreditar la entrega de la mercancía o servicios para el que fueron contratadas. Hasta ahora, las investigaciones periodísticas de Animal Político y Mexicanos contra al Corrupción han documentado un desvío desde mayo pasado de un total de mil 780 millones de pesos. De acuerdo con el SAT, los recursos desviados podrían superar los tres mil millones solo en el caso del primer grupo de empresas fantasma.
La investigación de Animal Político. Durante 2014, el gobierno de Javier Duarte utilizó a 19 empresas fantasma para desviar 503 millones de pesos del erario público sin licitaciones ni contratos. El desvío se hizo a través del presupuesto de 12 dependencias veracruzanas de las que se tomaron recursos para -supuestamente- difundir las actividades de la administración de Duarte, sin que estás tuvieran facultades para gastar en ese concepto. Para pagarle a las compañías fantasma se usaron recursos de áreas clave como procuración de justicia, seguridad pública, salud, educación, desarrollo social y medio ambiente. Se trata de un nuevo capítulo en la historia de las empresas fantasma de Javier Duarte y el desvío de recursos al erario de Veracruz que, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), podría ascender 3,300 millones de pesos. A diferencia de los 645 millones desviados a través de 4 dependencias que, entre 2012 y 2013, entregaron 73 contratos a 21 empresas fantasma para la compra de productos a población vulnerable, que nunca llegaron a su destino, según documentó Animal Político en mayo pasado, en esta ocasión Duarte y sus colaboradores ni siquiera simularon los procesos de adjudicación y contratos. La Constitución Política del país y la ley de Adquisiciones de Veracruz claramente disponen que cualquier erogación de recursos públicos debe hacerse mediante una licitación pública y, con excepciones, una licitación cerrada para adjudicación directa. Aquí no ocurrió nada de ello. Una serie de solicitudes de información hechas vía transparencia gubernamental a 12 dependencias de la administración Duarte revelan que, en todos los casos, las instancias de gobierno negaron haber firmado contratos por el concepto de publicidad o difusión con las 19 empresas fantasma. Sin embargo los pagos se hicieron, como consta en 348 facturas en poder de Animal Político.
Además de las 12 dependencias, se preguntó también vía transparencia a la Coordinación de Comunicación Social – única facultada para erogar recursos en la difusión de imagen del gobierno – si había contratos firmados con las empresas. La respuesta fue negativa. La Secretaría de Finanzas del estado también negó cualquier proceso de adjudicación con dichas compañías.
El saqueo En el caso del desvío de recursos documentado en este nuevo capítulo de la historia Duarte-empresas fantasma se establece que la dependencia a la que se le facturaron más pagos por difusión, en 2014, fue la Secretaría de Seguridad Pública, con más de 54 millones 400 mil pesos; le sigue la de Turismo, con 51 millones 238 mil; la de Desarrollo Social, con 50 millones 79 mil pesos; la de Desarrollo Económico y Portuario, con 48 millones 474 mil pesos; la de Educación, con 47 millones 679 mil pesos y la de Salud, con casi 47 millones. Después se encuentra la Secretaría de Protección Civil, que pagó a las empresas fantasma por difusión de actividades del gobierno 46 millones 625 mil pesos; le sigue la de Gobierno, con 41 millones 78 mil pesos; la de Medio Ambiente, con 39 millones 612 mil pesos, y la Secretaría para el Desarrollo Agropecuario, con 39 millones 605 mil pesos.
Incluso la Procuraduría de Justicia de Veracruz pagó 36 millones 401 mil pesos y la Secretaría de Comunicaciones 676 mil pesos a las compañías falsas.
Más de 80% de los pagos se hicieron entre septiembre y diciembre de 2014 y hubo casos en donde se hicieron múltiples pagos con diferencia de pocas horas. Por ejemplo, solo entre el 15 y 16 de diciembre se hicieron pagos de 80 facturas por casi 166 millones de pesos. Más de 80% de los pagos se hicieron entre septiembre y diciembre de 2014 y hubo casos en los que se hicieron múltiples pagos con diferencia de pocas horas. Por ejemplo, solo entre el 15 y 16 de diciembre se hicieron pagos de 80 facturas por casi 166 millones de pesos.
Por este caso, el Servicio de Administración Tributaria está integrando una investigación y ya ha pedido a las dependencias involucradas informes sobre los pagos realizados. Tras esta indagatoria, si encuentra motivos suficientes, podría presentar ante la Procuraduría General de la República una nueva denuncia penal contra la administración de Javier Duarte por estos desvíos. ESPECIAL DE ANIMAL POLÍTICO: LAS EMPRESAS FANTASMAS DE VERACRUZ Fraude confirmado por el SAT Sedeco a Cgcs Akkira by http://www.animalpolitico.com on Scribd
La investigación que tiene en desarrollo el SAT también ha confirmado que no existen contratos que amparen estas adquisiciones pese a que las facturas son reales. El 19 de octubre, Ericka Carrillo Alvarado, directora Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz (Sedecop), informó a la coordinación de Comunicación Social sobre una solicitud enviada por la Administración Estratégica de Fiscalización del SAT para que se entregaran contratos que amparaban facturas por gastos de “difusión de actividades” que la dependencia erogó en favor de la empresa Publicidad Akkira. El documento, al que este medio tuvo acceso, evidencia que las facturas existen pero también que no hay contratos, dado que dicha secretaría está impedida por ley para entregar dinero por ese concepto. “El Jefe del departamento de Recursos Financieros informa bajo protesta de decir verdad que se da por enterado de su existencia (de las facturas), sin embargo la Sedecop se encuentra impedida a contratar servicios relacionados con publicidad, información, difusión o cualquier actividad de comunicación social”, señala en el documento la directora jurídica. Debido a lo anterior, ella le informa al área de Comunicación Social local que estos pagos tuvieron que haber sido erogados por ellos y le invita a que informe de esta situación a los auditores del SAT. Además advierte que se dará vista a la Contraloría estatal de las irregularidades que estos hechos representan. En 2014, el titular del área de Comunicación Social era Alberto Silva, quien un año antes encabezaba la Secretaría de Desarrollo Social, la cual dio más de 50 contratos a empresas fantasma. Empresas recicladas SAT by http://www.animalpolitico.com on Scribd
De las 19 empresas que en 2014 facturaron con el gobierno de Veracruz los supuestos servicios de difusión de actividades, 10 de ellas ya habían sido utilizadas un año antes para recibir pagos por servicios como venta de materiales para construcción, de despensas o materiales escolares, según reveló la investigación de Animal Político de mayo pasado. Se trata de las empresas Carrirey, Ravsan Servicios Múltiples, Anzara, Mogarver, Merca Carrey, Marvercarr, Publicidad Akkira, Saervizios Oktagonales, Centro de Recursos de Negocios CERENE, y Desarrolladores Mercalim. Estas 10 compañías facturaron más de 86% de los 503 millones de pesos destinados a la supuesta difusión de actividades del gobierno de Javier Duarte. Los domicilios fiscales de estas compañías corresponden a cuartos o terrenos en zonas populares y cuyos socios en realidad son personas de bajos recursos. El SAT ya incluyó a estas 10 compañías en el listado definitivo de empresas que simularon operaciones y hay juicios penales en curso en contra de todos sus representantes legales. Nuevas empresas: una es salón de belleza Además de las compañías mencionadas, hay otras ocho empresas que también facturaron al gobierno de Veracruz casi 84 millones de pesos por difusión de actividades gubernamentales.
Las empresas son Comercial Patrol, Principal Enajena, Promoción y Comunicación, Comercializadora Jisar de México y Compañía Sanagora de Servicios, cuyas actas de constitución se encuentran inscritas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Además están Gman Smart Business, Servicios Integrales de Mercadotecnia y Producción de Eventos SIMPE y Servicios Generales M, constituidas en Veracruz y Boca del Río.
Las facturas en poder de Animal Político revelan la coincidencia de domicilios fiscales entre algunas de éstas, como en el caso de Comercial Patrol y Promoción y Comunicación. Ambas empresas reportaron al Servicio de Administración Tributaria su ubicación en Paseo de la Niña 150 del Fraccionamiento Las Américas, en Boca del Río. La dirección corresponde a la Torre 1519, un complejo inmobiliario con oficinas corporativas en renta en las que inclusive se ubica la oficina local del SAT. Es un edificio moderno que se ubica en la mejor zona comercial de Boca del Río. En este mismo lugar operó Desarrolladores Mercalim, una de las empresas fantasma con las que desviaron recursos en 2013. En noviembre pasado, el SAT incluyó a Mercalim, junto con las demás empresas reveladas en el reportaje de mayo pasado, en la lista definitiva de empresas inexistentes que simulan operaciones. En tanto, la empresa Promoción y Comunicación ya figura en la lista oficial de presuntas compañías no localizadas. En el caso de Servicios Generales M, de acuerdo con la facturación, tiene su domicilio en el número 1908-3 de la Avenida 9 de la colonia José Cardel, en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Pero en ese lugar lo que en realidad existe es una estética de belleza y rizado de pestañas. Es un inmueble de dos pisos, forrados de azulejo y cajón de estacionamiento para siete vehículos. En el Sistema de Información Empresarial de la Secretaría de Economía, la compañía Comercial Patrol aparece con una empresa de 0 a 10 empleados dedicada a la venta de materiales de construcción. Comercializadora Jisar de México figura como una compañía también de 0 a 10 empleados dedicada a la venta de equipo de cómputo. Ninguna dice dedicarse a actividades de difusión de información publicidad. Las otras seis empresas no figuran siquiera en el mencionado registro.
Además hay una persona física de nombre Gabriel García Esquivel que también emitió cuatro facturas al mismo número de dependencias, por un monto idéntico: 139 mil 200 pesos.
Hoy el diario capitalino publica información sobre una serie de documentos y correos electrónicos en los que señala que el hermano del actual director de Fonatur, tenía injerencia directa y control con las compras del estado y en la adjudicación de obras públicas e incluso plazas burócratas de diversas dependencias cuando Miguel Alonso era gobernador de Zacatecas.
Juan Manuel Alonso Reyes, el hermano del ex Gobernador del PRI en Zacatecas Miguel Alonso Reyes, denunciado penalmente por desvío de recursos, era el principal operador de la administración: aunque no tenía cargo oficial, controlaba contrataciones, y adquisiciones en Zacatecas, además era quien extorsionada a contratistas y constructoras, publica hoy el diario Reforma. El ex gobernador del PRI en Zacatecas, Juan Manuel Alonso Reyes, actual director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), se suma a la lista de exgobernadores señalados y acusados de corrupción. Las presuntas irregularidades de su gestión empiezan a salir a flote en diversos medios nacionales. Hoy el diario capitalino publica información sobre una serie de documentos y correos electrónicos en los que señala que el hermano del funcionario priísta tenía injerencia directa y control con las compras del estado y la adjudicación de obras públicas. “Juan Manuel es señalado como la cabeza de una red de corrupción en la que presuntamente participaban ex funcionarios estatales de áreas como Salud, Administración, Recursos Materiales, Campo, Obras, Vivienda, Infraestructura y Finanzas”, señala Reforma, quien mostró algunas conversaciones extraídas de un e-mail que envío el hermano del exgobernador en junio del 2013. Dentro del control que ejercía Juan Manuel “extorsionaba” a los empresarios proveedores y constructores a quienes les pedía como “apoyo” hasta el 25 por ciento del monto de los servicios u obras que adjudicaban, dinero que habrían utilizado para la adquisición de bienes, entre ellos rancho valuado en 150 millones de pesos y una mansión cuyo valor supera los 80 millones, añade la publicación. Además también controlaba las plazas burócratas en dependencias como Secretarías de Educación, Economía, Finanzas, Administración, Salud y Turismo, cita el medio de comunicación y añade información de un correo emitido en marzo de 2013 por el, en aquel entonces, coordinador en la Secretaría de educación, José Luis Santoyo a Juan Manuel Alonso: “Buen día Ingeniero, sólo para comentarte que está por jubilarse la subjefa de Personal estatal, la maestra Josefa, depende totalmente de mí, pero quiero pedirte la autorización para poner en ese puesto a alguien de mi confianza, porque el Secretario quiere poner a alguien de él”. El 6 de diciembre pasado, María Soledad Luévano, ex candidata del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la Alcaldía de Zacatecas, presentó este martes una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío de al menos 307.4 millones de pesos de recursos públicos de 2012 a 2016 durante la administración del ex Gobernador priista Miguel Alonso Reyes, actual director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). De acuerdo con la denuncia, al menos 24 empresas fantasma fueron usadas para triangular recursos con la participación de Alonso Reyes, así como los ex Secretarios de Infraestructura Mario Rodríguez Márquez y José Francisco Ibargüengoitia, y el ex Secretario de Finanzas Fernando Soto Acosta para dar adjudicaciones directas. Luévano, además presidenta de la asociación civil Soledad Ciudadana, dijo que la investigación fue realizada por la organización que dirige. “Esta asociación se encarga de investigar, documentar los malos manejos en Zacatecas. Llevamos varios meses de investigación y encontramos una lista amplia de empresas que se dedican a lavado de dinero, simulación de operaciones y venta de facturas”, dijo en entrevista con SinEmbargo. A través de esa investigación se descubrió que de las 24 empresas fantasma, sólo dos estaban ubicadas en el domicilio fiscal y que ambas están siendo investigadas por lavado de dinero. Las compañías fantasma emitieron 113 facturas para comprobar los 307.4 millones de pesos utilizados en la construcción de caminos rurales de 58 municipios. “Facturaban obras en las comunidades más pobres y alejadas de Zacatecas. Nosotros nos dimos a la tarea de verificar en los lugares y no hay evidencia de las obras. Tampoco existen los domicilios, sólo de dos de ellas”, explicó. Luévano adelantó que en los próximos días presentará más denuncias sobre desvío de recursos en la Secretaría de Educación y de Salud de Zacatecas durante la administración de Miguel Alonso Reyes. Exigió al Gobierno de Enrique Peña Nieto retirar inmediatamente al priista del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), para que las investigaciones se realicen con imparcialidad.
“Premiaron a la corrupción, la gran parte de la ciudadanía de Zacatecas está molesta y está pidiendo justicia. Es un priista más a la lista; en la investigación que hicimos usaban el mismo modus operandi que Javier Duarte [de Ochoa] simulando las operaciones y desviando los millones que le robaron a Zacatecas”, dijo. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/08-12-2016/3123435
