“Que la droga no llegue a sus hijos”, fue la promesa de Felipe Calderón hace diez años. Y, sin más, lanzó a más de cinco mil elementos contra el crimen organizado en el primer operativo en Michoacán (diciembre de 2006). La guerra comenzó. “El peor escenario posible” para México era que Estados Unidos transitara hacia la regularización (o legalización) y aquí se endureciera la prohibición. Así está sucediendo. Sin resultados en seguridad ni en salud, esta lucha ha sido “una catástrofe” que ha puesto de manifiesto la corrupción, expusieron expertos. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014 revela que alrededor de 1 millón 789 mil jóvenes mexicanos han consumido drogas, principalmente hombres que habitan en Quintana Roo y Estado de México. Su uso se ha duplicado de 1991 a 2014. ¿La legalización de la mariguana es el camino alternativo al baño de sangre? Se ha propuesto, pero los expertos creen que no es la solución debido a la debilidad de las instituciones mexicanas.
Felipe Calderón Hinojosa, ex Presidente de México, se equivocó. Su error, declarar la guerra al narcotráfico hace 10 años, ha inundado al país con la sangre de más de 186 mil muertos, de acuerdo con cifras oficiales, y la ausencia de más de 28 mil desaparecidos, y miles de desplazados. Su objetivo era proteger la salud y la tranquilidad de las comunidades bajo el lema “Que la droga no llegue a tus hijos”. No fue ni es así, aseguraron especialistas.
Además de pasar de ser una nación de tránsito a una productora de drogas, en México su consumo “ha aumentado”, y junto con ello, la proporción de personas que se ven afectadas por el problema, ha reconocido la misma Encuesta Nacional de Consumo de Drogas de Estudiantes (ENCODE 2014) realizada y publicada por el Gobierno federal. El consumo de drogas entre jóvenes de primaria, secundaria y bachillerato se duplicó en 23 años, al pasar de 8.2 por ciento en 1991 a 17.2 por ciento en 2014, documentó. El combate, cara a cara contra la delincuencia, contrario a lo buscado, ha provocado que México sea visto “como un país inseguro” en vez de “vanguardista” ante los ojos del mundo; se han aprehendido capos, pero los cárteles se han fragmentado, y el consumo de drogas se ha incrementado en este país, han afirmado expertos consultados para la serie de SinEmbargo “Diez años de guerra en México”. El cártel de Sinaloa –también con alta presencia en Estados Unidos y Asia– y el Cártel de Jalisco Nueva Generación son los más poderosos en el país. A raíz de ciertas detenciones de jefes de cárteles, estos se han dispersado en grupos más pequeños, pero numerosos. Aunque un camino alterno es la legalización de su uso recreativo y medicinal, lo cual dejaría de criminalizar a sus consumidores, ¿las instituciones mexicanas están preparadas para ello?, cuestionaron. Además, añadieron, la mariguana sólo es una parte del negocio del crimen. La mayor parte de sus ganancias por exportación a Estados Unidos es de cocaína.
“El peor escenario posible para México era que Estados Unidos transitara hacia la legalización y México endureciera la prohibición. Eso es exactamente el escenario en el que estamos y eso hará que la mariguana mexicana que llegaba a Estados Unidos sea desplazada por la legal de ahí y entonces tenga que ubicarse en el mercado nacional. Vamos a tener aquí más mariguana y más barata. Pero además de eso, el mercado interno ilegal va a ser más peleado y crecerá más la violencia”, dijo en conferencia Alejandro Madrazo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“No hemos tenido una política de drogas; necesitamos una”. Para el especialista, se tendría que implementar una producción nacional, en vez de, por ejemplo, Monsanto, y se deberían crear instituciones para verificar los puntos de venta porque, dijo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Copefris) no está capacitada para ello. Sería un buen arranque, dijo, que el Estado compre toda la cosecha y distribuya a todos los puntos de venta. Desde la década de los 90 la mariguana ha sido la droga ilegal más consumida en el país. En 23 años su uso subió de 1.54 por ciento a 10.6 por ciento, de la población de jóvenes de primaria, secundaria y bachillerato. La yerba llegó hace 500 años a la Nueva España con el propósito de incentivar la economía y durante la Conquista, los indígenas le encontraron cualidades recreativas y propiedades medicinales. Pero fue marginada por afectar diversos intereses (fabricación de papel y textiles naturales), documenta el libro República Pacheca del periodista Enrique Feliciano. La creciente disponibilidad de cocaína ha provocado también un incremento importante en su consumo. Cuando se dio un cambio en las rutas de tránsito de esta droga proveniente de la región andina hacia Estados Unidos, dejó de pasar principalmente por el Caribe y se usaron las rutas de México que ya operaban para el trasiego de heroína, destacó el documento de la ENCODE. Las encuestas de escuelas han documentado también la emergencia del ‘crack’ (un derivado de la cocaína) y de las metanfetaminas.
La Secretaría de Salud, desde 1998, detectó el surgimiento de sustancias previamente no utilizadas con fines de intoxicación, como ciertos medicamentos (el Refractyl Ofteno y el Flunitracepam cuyo nombre comercial es Rohypnol) y, al igual que en otros países, aparecieron las anfetaminas (éxtasis o cristal). El uso de la heroína, si bien es poco prevalente a nivel nacional, se ha ido incrementando en ciudades de la frontera norte. ¿QUIÉNES LAS ESTÁN CONSUMIENDO?
La ENCODE 2014 revela que alrededor de 1 millón 789 mil jóvenes mexicanos de primaria, secundaria y bachillerato han consumido drogas. El 17.2 por ciento de los estudiantes de secundaria y bachillerato ha consumido alguna vez alguna de esas sustancias. De cada 10 usuarios, siete son usuarios experimentales, es decir, consumieron sustancias entre una y cinco veces. El consumo sigue siendo más frecuente en los hombres, aunque la distancia se ha reducido: por cada seis consumidoras, hay siete hombres que lo reportan. Además, si bien el mayor índice de consumo se observa en los estudiantes de mayor edad, también, aunque menor, lo hay en estudiantes de primaria: 3 de cada 4 niños que las han probado son experimentadores. Respecto a la zona, los alumnos cuando pasan de secundaria a bachillerato, tanto en la comunidad rural como la urbana, registran un mayor consumo, el cual es ligeramente más pronunciado en las escuelas ubicadas en ciudades. A nivel estatal, el consumo de cualquier droga de alumnos de secundaria o bachillerato se concentra en la Ciudad de México (25 por ciento), Quintana Roo (22 por ciento, sobre todo en Playa del Carmen), Estado de México (21.1 por ciento, sobre todo en Ecatepec), Jalisco (20.1 por ciento, principalmente en Guadalajara) y Chihuahua (19.8 por ciento, sobre todo Ciudad Juárez). En el caso de los niños de primaria, se detectó mayor uso en San Luis Potosí (5.1 por ciento), en Michoacán (5.3 por ciento, sobre todo en Apatzingán), en Campeche (5 por ciento) y en Quintana Roo (5.9 por ciento, principalmente en Ciudad del Carmen).
“UNA GUERRA CONTRA LA PROPIA POBLACIÓN” El 11 de diciembre del 2006, el Gabinete de Seguridad, por orden de Felipe Calderón, inició la “Operación Conjunta Michoacán”, estado donde nació el ex mandatario panista, con un despliegue de más de cinco mil efectivos. En ese operativo comenzaron “actividades de erradicación de plantíos ilícitos, establecimiento de puestos de control para acotar el tráfico de enervantes en carreteras y caminos secundarios, ejecución de cateos y de órdenes de aprehensión, así como ubicación y desmantelamiento de puntos de venta de drogas”. “La batalla contra el crimen organizado apenas comienza y será una lucha que nos llevará tiempo”, alertó hace una década el entonces Secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña. No obstante, en el discurso en el que el gobierno declaró la guerra, no se abordaron las consecuencias de sacar el ejército a las calles. “El saldo final de esta guerra no es precisamente el mejor resultado. Tiene otros efectos colaterales: la inseguridad y ha manifestado la corrupción que ya estaba”, dijo el rector de la UNAM Enrique Graue. “No es posible que sigamos viendo a los consumidores como criminales y sigamos persiguiendo a los campesinos que no son culpables de la pobreza en la que viven”, declaró durante la conferencia “Hacia una mejor política de drogas: lecciones de una experiencia práctica”. El abogado del CIDE, Alejandro Madrazo, destacó la necesidad de pasar a un mercado regulado. “Estamos en medio de una guerra contra nuestra propia población que está saliendo muy mal y que nos está costando muy caro. Una medida necesaria para poder revertir la crisis institucional y la violencia es pasar a mercados regulados de drogas. Nuestra capacidad de perseguir, prevenir y castigar delitos nunca va a ser suficiente mientras desperdiciemos recursos en meter a la cárcel a poseedores de mariguana”. El individuo típico que es encarcelado, enfatizó, es un poseedor de mariguana con valor menor a 500 pesos. De los 44 mil presos federales sentenciados que había en 2012, más de 10 mil estaban solo por mariguana, documentó. “Todos los indicios, todos los datos nos hablan de la catástrofe que ha sido la guerra contra las drogas. No nos ha dado resultados en materia de salud ni de seguridad. Tenemos una peor situación de salud y una mucho peor situación de seguridad en nuestro país hoy que hace diez años cuando nos lanzamos sin un diagnóstico claro y sin objetivos explícitos a una guerra que no tiene sentido”, remató el especialista. LEGALIZACIÓN VS. DEBILIDAD DE INSTITUCIONES
El incremento de consumo de drogas en México es un hecho, así como sus afectaciones a la salud. Sin embargo no ha funcionado la estrategia del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, continuada por el Presidente Enrique Peña Nieto. Algunos países, incluyendo Estados Unidos, están experimentando modelos de regularización de las drogas. En México es una posibilidad que se está debatiendo, pero ¿la “debilidad” de las instituciones mexicanas harían viable esa alternativa?, cuestionó Luis Astorga Almanza, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Durante la conferencia magistral “Hacia una mejor política de drogas: lecciones de una experiencia práctica”, Andrew Freedman, director de la Coordinación de Mariguana del estado de Colorado –donde la mariguana se consume legalmente de forma recreativa desde 2013–, destacó que se quitaron “la vieja mentalidad” e implementaron políticas que “están funcionando”. En Colorado, a tres años de la legalización de uso recreativo, se cuenta con una industria “más o menos reglamentada” y el consumo no ha cambiado. Tampoco se ha visto que las muertes en carreteras hayan aumentado por esa causa; en general, se han mantenido igual. Aunque el producto se entrega en un paquete que no puede abrir un niño, se han registrado casos de consumo en menores de nueve años, y alrededor de 15 a 25 hospitalizaciones al año porque la ingirieron al confundirla con un dulce, reconoció Freedman. El 8 de noviembre, los ciudadanos de California –el estado más poblado de EU– y Massachusetts aprobaron medidas que aprueban el consumo recreativo de mariguana. Los otros estados que ya lo permiten son Alaska, Colorado, Oregon, el estado de Washington y el Distrito de Columbia, que tienen unos 18 millones de habitantes, o el 5.6 por ciento de la población, de acuerdo con la agencia Associated Press. California fue el primer estado en aprobar el uso de la mariguana con fines medicinales hace dos décadas. De acuerdo con las iniciativas, el consumo de mariguana sería restringido a personas de al menos 21 años de edad y quedaría prohibido fumarla en la mayoría de los espacios públicos. Además, la yerba quedaría sujeta a estrictas normativas, se impondrían altos impuestos a su venta y algunos estados permitirían cultivarla a los usuarios. Hay sectores en Estados Unidos que se han quejado de que la legalización pondría en peligro a los niños y abriría la puerta a la creación de otra industria enorme, como la del tabaco, que estaría dedicada a vender a los estadounidenses una droga perjudicial para la salud. Sin embargo, aterrizado en México, Luis Astorga, sociólogo y autor de El siglo de las drogas, cuestionó cómo aplicar el modelo de Colorado “en un país con instituciones sumamente débiles”. “En México una de las preocupaciones de ciertos sectores es que el tipo de organizaciones criminales y el tipo de instituciones que tenemos son algunos de los aspectos que hacen dudar de la posibilidad de implementar el modelo. El crimen es bastante fuerte con una diversificación de las drogas que negocian. El mercado de la mariguana no es el principal. La mayor parte de sus ganancias por exportación a Estados Unidos son de cocaína”, expuso. Por lo tanto, aunque “la clase política pusilánime” decida promover una ley para legalizar la mariguana en México, las ganancias por ese tipo de mercancía bajarían, pero seguirían las de la cocaína, heroína y metafetamina.
“Pensar que legalizando la mariguana se da un golpe fuerte a las organizaciones criminales mexicanas, sabiendo cómo están estructuradas, no es realista. Pero es más realista pensar en las personas que potencialmente no irían a la cárcel por el consumo o posesión simple de cierta cantidad de mariguana”, finalizó. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DULCE OLVERA. LINK: http://www.sinembargo.mx/09-12-2016/3120825
La guerra contra el narcotráfico del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa y el incremento de la corrupción y la violencia durante la administración de Enrique Peña Nieto dejan claro que el peor enemigo para el país es su clase política, afirmó el padre Alejandro Solalinde. El enemigo, dijo, está en casa y no en la frontera norte con Donald Trump: los miles de mexicanos muertos y desaparecidos ya los pusieron las últimas dos administraciones.
Los últimos gobiernos de México, el de Felipe Calderón Hinojosa y el de Enrique Peña Nieto, han demostrado que la clase política es el enemigo que desde casa masacra, desaparece y arrasa con los mexicanos, dijo en entrevista con SinEmbargo el sacerdote y activista Alejandro Solalinde Guerra. Luego de 10 años de la llamada “guerra contra el narcotráfico” y de los cientos de miles de muertos y desaparecidos, está demostrado, afirmó Solalinde Guerra, que los políticos del Partido Revolucionario Internacional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) son una amenaza para el bienestar del país. Calderón inició con algo peor que la amenaza que representa hoy el Presidente electo de Estados Unidos Donald Trump: el panista propició una década de muerte y devastación en todo el territorio mexicano, que no concluyó con su administración, pues se extendió a la del priista Peña Nieto, consideró.
“Yo diría que el pueblo de México está asqueado de tres partidos que lo han traicionado: el PRI; el PAN, que ha sido cómplice del PRI, comparsa y ha ido con todo lo que conviene a sus intereses pero no a los intereses de México, y el tercero el PRD, que es un partido traidor”, dijo el sacerdote.
La guerra de Calderon, un “Presidente espurio”, destacó Solalinde, cambió la vida de México para mal. El ex mandatario sacó a los militares a las calles, firmó el Plan Mérida para contener el trasiego de drogas en la frontera sur y perdió el control de las policías que en poco tiempo fueron infiltradas por el crimen organizado. La suerte de todos los mexicanos se transformó y con ese cambió inició la matanza de migrantes y la desaparición de miles de personas en todo el país.
“El desastre que Calderón dejó es evidente. Hay decenas de miles de muertos, violencia por donde quiera. Se decapitó a lo tonto a las cabezas del crimen organizado que antes se controlaban, y vemos niveles de acciones sanguinarias que jamás habíamos visito. El caldenorismo es un fracaso absoluto. El flagelo más grande son las desapariciones y se dispararon en ese Gobierno. La técnica para desaparecer cuerpos en forma masiva fue acuñada con Calderón, por eso después de haber visto el fracaso da miedo cuando el caldenorismo piensa reaparecer con la complicidad del PRI para un nuevo periodo presidencial, da miedo que el caldenorismo vuelva”, argumentó el sacerdote.
Solalinde se refirió a las aspiraciones presidenciales de la esposa de Felipe Calderón, la ex Primera Dama Margarita Zavala Gómez del Campo, quien ha mostrado abiertamente que quiere ocupar la silla presidencial en 2018. EL ENEMIGO DE MÉXICO ES EL PRI Y EPN Solalinde criticó que con Peña Nieto el legado de sangre de su antecesor del PAN empeoró:
“[Peña Nieto] No logró nada a pesar de que dijo que iba a ser el parteaguas y la diferencia; no es cierto, al contrario se empeoraron las cosas: aumentó la violencia, aumentaron las desapariciones, los secuestros, los feminicidios, todos los índices se dispararon en este Gobierno de Peña Nieto, no porque lo haya heredado sino porque la corrupción ha crecido, la impunidad está a la orden del día y su Gobierno no tiene autoridad moral para poder frenar esto”, dijo Solalinde.
De acuerdo con el Secretario de Defensa de los Estados Unidos Leon Edward Panetta, sólo durante el sexenio de Calderón fueron asesinadas 150 mil personas, pero datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que entre diciembre de 2006 y diciembre de 2015 fueron asesinadas 186 mil 297 mexicanos. Las cifras oficiales indican que durante el sexenio de Calderón se dieron 122 mil 462 asesinatos y durante los primeros tres años de la actual administración 63 mil 835. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) por su parte indica que 28 mil 937 personas del fuero común, más 966 del federal, están desaparecidas del 2007 a octubre de 2016.
“Todos los enemigos los tenemos en México; el principal enemigo es el PRI, es el más entreguista”, dijo Solalinde y recordó la visita del entonces candidato republicano al país: “Peña Nieto dejó entrar al Caballo de Troya, él lo recibió, y realmente en momentos en que iba para abajo Donald Trump le dio la mano y le dio el levantón al hombre que no quiere a México, ni a los mexicanos”.
El sacerdote llamó criminales a los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) que se dedican a perseguir y criminalizar a los migrantes centroamericanos. Y recordó que “los Gobernadores que Peña Nieto presentaba como el nuevo PRI, salieron unos ladrones”. El 23 de mayo de 2012, en el extinto programa “Tercer Grado” de Televisa, cuando Enrique Peña Nieto, entonces candidato a la Presidencia de la República por el PRI, puso como ejemplo de la renovación de los liderazgos de ese nuevo priismo que se estaba gestando a nivel nacional a tres gobernadores con nombre y apellido. Un Peña Nieto más joven, vigoroso y menos delgado, le sostuvo a la periodista Denise Maerker Salmón, ante la petición de “ponga nombres”, que el nuevo PRI, que en ese entonces gobernaba 20 entidades, tenía nuevos cuadros y se había renovado.
“Pongo nombres. Los gobernadores de la gran mayoría de las entidades son jóvenes, actores de la nueva generación política: el Gobernador de Quintana Roo Beto [Roberto] Borge; el Gobernador de Veracruz Javier Duarte [de Ochoa]; César Duarte, Gobernador de Chihuahua. El Gobernador de Campeche[Fernando Ortega Bernés]. Todos son parte de una generación nueva, que han sido parte de la renovación del partido”, le contestó un orgulloso Peña Nieto a Mearker.
Cuatro años después, tres de los gobernadores que enumeró, como si se hubieran puesto de acuerdo, le mostraron al país que el Presidente Enrique Peña Nieto erró al apuntalarlos, pues uno de ellos está prófugo de la justicia y los otros dos enfrentan acusaciones de corrupción, peculado e enriquecimiento ilícito. “El Presidente Enrique Peña Nieto es un peligro para México, porque está entregando al país, y porque no nos cuida, no nos defiende”, afirmó el padre Alejandro Solalinde. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SHAILA ROSAGEL. LINK: http://www.sinembargo.mx/08-12-2016/3123584
Con base en registros que la Secretaria de la Función Pública de Chihuahua, Stefany Olmos Loya, dio a conocer en el programa Despierta, con Carlos Loret de Mola, el ex mandatario efectuó varios viajes cortos, de El Paso, Texas, a Ciudad Juárez, Chihuahua, en helicópteros o aviones del Gobierno del estado, no relacionados con el desempeño de su cargo como servidor público.
El ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, realizó alrededor de 70 viajes de índole personal en los que utilizó recursos públicos de dicho estado, de acuerdo con una nota presentada en el programa Despierta, con Carlos Loret de Mola. En la investigación periodística se aseguró que, con base en registros que la Secretaria de la Función Pública de Chihuahua, Stefany Olmos Loya, proporcionó, el ex mandatario efectuó varios viajes cortos, de El Paso, Texas, a Ciudad Juárez, Chihuahua, en helicópteros o aviones del Gobierno del estado, no relacionados con el desempeño de su cargo como servidor público. Olmos Loya señaló, por ejemplo, que el pasado 8 de febrero Duarte viajó de El Paso a Ciudad Juárez en el Cessna Citation CJ3, propiedad del Gobierno de Chihuahua, y en el cual estuvo acompañado de cinco pasajeros. En otro de esos recorridos no oficiales, que hizo del viernes 5 al lunes 8 de agosto de este año, y en el que utilizó esa misma aeronave, el ex gobernador voló, con su esposa e hijo, a Boston, e hizo escala en Chatanooga, Tennessee, Little Rock y Arkansas. La secretaría explicó que “el simple hecho de que el gobernador haya usado esa aeronave para viajes de cuestiones personales, que lo hizo con mucha frecuencia, que lo pueden ver ustedes en los registros, representa una irregularidad, y es un ejercicio indebido del servicio público”. Detalló que Duarte, según los datos registrados en las bitácoras de tres aeronaves del Gobierno del estado, viajaba por asuntos personales por lo menos una vez cada diez días.
“En los registros, (fueron) viajes estrictamente personales del gobernador, sin ninguna justificación oficial, generalmente al rancho de su propiedad, viajes incluso, sin ninguna justificación oficial, a los Estados Unidos, a El Paso, Texas, de los cuales no obran registros oficiales, ninguna comisión oficial (…) presumiblemente viajes de compras personales, a El Paso, Texas”, aseguró la titular de la Secretaría de la Función Pública estatal. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/09-12-2016/3123846
La inscripción a la estancia infantil es un derecho laboral para las trabajadoras de la Procuraduría, sin embargo ésta negó inscripción a un menor que tiene discapacidad motriz e intelectual.
El pasado 3 de diciembre, al conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que gracias a los apoyos que su administración ha brindado a la población con discapacidad, en la capital del país ha logrado disminuirse el índice discriminación hacia este sector de la sociedad. Sin embargo, un informe emitido por la Comisión de Derechos Humanos capitalina –publicado este 8 de diciembre–, revela que cuando Mancera fue Procurador de Justicia del Distrito Federal, esta dependencia se negó reiteradamente a aceptar a un menor de edad con discapacidad en la guardería-preescolar donde se cuida a los hijos e hijas de quienes ahí laboran. Tal como consta en la recomendación 15/2016, de la CDHDF, la mamá de este menor intentó inscribir a su hijo con discapacidad motriz e intelectual en la guardería de la Procuraduría, desde agosto del año 2011, cuando el actual jefe de gobierno dirigía la PGJ de la Ciudad de México. A pesar de que el acceso a la guardería es un derecho laboral de la afectada, la Procuraduría le informó que el reglamento de la institución prohibía inscribir a menores con “autismo infantil”, por lo que le requirieron llevar a su hijo a otra institución. En enero de 2012, Miguel Ángel Mancera dejó de ser titular de la Procuraduría y se convirtió en candidato, primero, y luego en jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, esto no implicó ningún cambio en la política de la Procuraduría capitalina hacia los hijos de sus empleados con discapacidad. De hecho, durante 2012, la mamá del menor recibió nuevos pretextos para no aceptar a su hijo en la guardería: en agosto de ese año, ante un nuevo intento de inscripción, la negativa se sustentó en el supuesto de que no había cupo en el grado escolar que le correspondía al menor. Luego, en 2013, el argumento fue que el niño podía ingresar a la guardería, sólo si la mamá obtenía, por sus propios medios, diagnósticos en psicología, terapia de lenguaje, pedagogía y medicina, para que, con ellos, con el fin de que la guardería oficial estuviera en posibilidades de prepararse para brindarle atención. En 2014, el menor cumplió los 6 años y dejó de estar en edad de acceder a la guardería-preescolar de la PGJ de la Ciudad de México, por lo cual, su mamá presentó una denuncia penal por el delito de discriminación en contra de su hijo. La misma PGJ desechó la denuncia. PGJ discriminó y afectó al menor Por todas estas anomalías, la Comisión de Derechos Humanos del DF determinó que la Procuraduría capitalina violó el derecho de este menor a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación, que gozan las personas menores de edad con discapacidad. Además, concluyó, al no contar con infraestructura, recursos humanos ni convenios con instituciones especializadas (locales o federales) para atender a menores con discapacidad, la PGJ de la Ciudad de México “viola el derecho (de estos menores) a la educación inclusiva, en condiciones de igualdad y no discriminación”. Por último, al carecer de una “política de de apoyo a los niños y niñas con discapacidad, que son hijos e hijas del personal” se vulnera el derecho de estos menores “a recibir la protección y asistencia necesarias por parte del Estado y sus familiares”. Cabe destacar que, aunque la guardería en cuestión pertenece a la PGJDF, su “vigilancia y supervisión” está a cargo de la Secretaría de Educación Pública federal y, por lo tanto, en dicha guardería aplica el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa federal, según el cual, los planteles oficiales deben “eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o comunicación”. En concreto, este ordenamiento establece que “tratándose de personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o comunicación, se favorecerá su atención en los planteles de educación básica”. Este decir, por ley, la guardería de la PGJDF está obligada a recibir a todos los menores con discapacidad, que sean hijos del personal, y eliminar aquellas condiciones que le impiden atender adecuadamente a estos menores, tales como la falta de infraestructura, de personal capacitado, así como la falta de convenios con instituciones que puedan complementar los servicios de su guardería-preescolar. La Comisión de Derechos Humanos del DF concluyó, también, que el Manual Administrativo de la Procuraduría y el Manual de Operación de la guardería violan el derecho de los niños y niñas con discapacidad a una educación inclusiva, al prohibir expresamente que menores con discapacidad sean atendidos por la guardería-preescolar de la institución. Al respecto, la Procuraduría alegó que dicho manual ya había sido reformado, y que estas prohibiciones fueron eliminadas. Sin embargo, cuando la CDHDF solicitó las pruebas documentales de que dichos cambios habían sido realizados, la Procuraduría debió reconocer que no existían dichas modificaciones y que la prohibición contra personas con discapacidad sigue vigente. Peor aún: este Manual Administrativo, así como el Manual Específico de Operación de la guardería de la PGJDF, violan “lo estipulado en diversos instrumentos internacionales, en el sentido de que ninguna ley debe ser discriminatoria”, según las conclusiones de la Comisión de Derechos Humanos capitalina. Estas normas ordenan “negar la inscripción” en la guardería o, en su caso, “suspender” a todo niño o niña que presente epilepsia, ceguera, labio y paladar hendidos, neoplasia, luxación congénita de cadera, alteraciones ortopédicas que obliguen al uso de “aparatos ortopédicos que representen riesgo al menor o compañeros”, “retraso mental” y “Síndrome de Asperger”. Por todas estas violaciones a derechos humanos, la CDHDF ordenó a la Procuraduría modificar su normatividad interna para adecuarla a los ordenamientos nacionales e internacionales, capacitar al personal de su guardería en atención a menores con discapacidad, así como “planificar e implementar” las medidas de accesibilidad necesarias para que sus instalaciones puedan brindar servicio óptimo a este sector de la población.
Por último, ordenó que se inicien investigaciones, tanto penales como administrativas, en contra de los funcionarios responsables del delito de discriminación, en contra del menor agraviado. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: PARIS MARTÍNEZ. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/procuraduria-cdmx-guarderia-discapacidad/
Cómo gobernador electo Jaime Rodríguez declaró que la mayoría de las personas desaparecidas en Nuevo León “tienen o tuvieron alguna razón” para ser privadas de la libertad.
Más de 2 mil 300 personas se encuentran en calidad de desaparecidos en Nuevo León, pero su búsqueda “no es una prioridad” para el gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Aunque es el primer mandatario que consigue un triunfo como candidato independiente, su administración está ignorando los avances que organizaciones ciudadanas y autoridades habían conseguido en los últimos seis años. La religiosa Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) y premio nacional de Derechos Humanos 2015, ha atendido el búsqueda de desaparecidos desde 2009 y su respuesta sobre la nueva administración es contundente: existe un retroceso. Este viernes se presenta el informe Desapariciones en Nuevo León, desde la mirada de CADHAC en el que recopilan el trabajo realizado entre 2009 y 2016. El llamado principal es a que las autoridades estatales prioricen a las víctimas porque “detrás de cada número hay una tragedia familiar”, dice la hermana Consuelo en entrevista con Animal Político. Uno de los principales retrocesos ocurre en la Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata de la Procuraduría de Justicia Estatal. En la administración anterior la dependencia consiguió recuperar a víctimas horas después de su desaparición. Sin embargo, los actuales funcionarios “no están capacitados” para atender ese delito, lo que deriva en inacción ante las emergencias. Después de ocho meses de trabajo la procuraduría estatal y las organizaciones civiles diseñaron el protocolo de actuación inmediata para las primeras 72 horas tras la desaparición de una persona; de tal suerte el Grupo Especializado quedó integrado por un agente del Ministerio Público investigador, dos agentes del Ministerio Público Orientador, tres auxiliares de investigación, un citador y un asesor victimológico. El grupo entró en operaciones el 20 de marzo de 2014 y hasta marzo de 2015 se habían presentado mil 602 denuncias y se habían localizado mil 359 personas con vida. Las cifras de 2016 refieren la desaparición de 43 personas, de las cuales 11 fueron encontradas. Para la hermana Consuelo “no hay justificación para que las autoridades no encuentren a las personas desaparecidas. Parecería que no están aplicando el protocolo y los funcionarios no están siendo capacitados”. Esto pone en evidencia que el tema no está en la agenda del gobernador Jaime Rodríguez Calderón y sus afirmaciones respeto a los desaparecidos lo confirma, asegura la hermana Consuelo. En noviembre de 2015, como gobernador elector Jaime Rodríguez declaró que “las mamás nunca dicen que su hijo anda mal y entonces la mejor excusa es culpar al gobierno. Las mamás creen que poniendo una foto ya todo mundo va a colaborar. La gente tiene miedo y no dice. Hay muchas circunstancias. Fue una etapa muy difícil del país en la que la mayoría de los desaparecidos tienen o tuvieron alguna razón para estar desaparecidos”. Hay legislación, pero no voluntad Otro problema en Nuevo León es la dificultad para que la desaparición sea un delito tipificado como desaparición forzada aunque existan indicios para ello. Aunque el delito quedó tipificado en el Código Penal de Nuevo León en diciembre de 2012, hasta septiembre de 2016 no se había dictado ninguna sentencia por este delito en el fuero común. La Procuraduría General de Justicia de Nuevo León ha consignado y logrado el procesamiento judicial de funcionarios públicos que privaron de la libertad a particulares, de acuerdo con la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, pero no por desaparición forzada. Esto es un impedimento para el acceso pleno a la justicia toda vez que la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León se ha señalado la responsabilidad de autoridades estatales, municipales y federales en las desapariciones. Los principales problemas para configurar este delito tienen qué ver con la falta de investigación, pues las escasas consignaciones que se han hecho sólo se basan en las denuncias, ampliaciones de denuncias y declaraciones de los mismos inculpados, señala el informe. En la fundamentación jurídica de esas consignaciones no se recurre a los instrumentos internacionales ni a jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Hace falta profundizar en el tema de la desaparición forzada y retomar las experiencias tanto de otros países como de las resoluciones de instancias internacionales, ya que ni jueces ni fiscales hacen uso adecuado de estas herramientas”, advierte el documento. ¿Quiénes y dónde desaparecieron? De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en Nuevo León existen dos mil 339 personas extraviadas o desaparecidas, lo que ubica a la entidad como la cuarta con mayor incidencia. Sin embargo, no desglosan la cifra entre persona no localizadas y desaparecidas. De ahí que organizaciones como CADHAC tienen una estadística propia. De enero de 2009 al 30 de septiembre de 2016, registró mil 368 personas desaparecidas. De ellos, mil cinco son de Nuevo León, 320 de Tamaulipas, 29 de otros estados y 14 no se sabe de dónde son. De acuerdo con el perfil de las víctimas, 74% tenía trabajo remunerado cuando ocurrió la desaparición y un 21% no tenía un empleo. En cuanto a los agentes del Estado, estos eran policías y agentes de tránsito. Entre los que eran trabajadores independientes figuran dos que se dedicaban al narcomenudeo. En cuanto al contexto, 47% de las víctimas desapareció en lugares cotidianos: dentro o cerca de su domicilio, en casa de amigos, novios o pareja, en bares, o en el lugar de trabajo. Mientras que los agentes del Estado desaparecieron durante el desempeño de su trabajo, ya sea cerca de las corporaciones a las que pertenecían o realizando actividades policiales. Las desapariciones en Nuevo León se concentran en 26 de los 51 municipios. Sin embargo, 86% de las víctimas registradas por la organización desaparecieron en Monterrey, Guadalupe, Apodaca y Juárez.
El informe concluye que las desapariciones siguen ocurriendo porque no se han desmantelado plenamente las estructuras que las propician. “El futuro de Nuevo León no puede construirse con base en la impunidad y la incertidumbre”, por tanto, debe garantizarse el acceso a la justicia para que “las desapariciones se erradiquen de manera definitiva y no únicamente de forma temporal”, refiere el informe el cual evidencia el poco interés del gobernador por el tema. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: NAYELI ROLDÁN. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/los-desaparecidos-nuevo-leon-no-prioridad-jaime-rodriguez/
A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, el empresario sinaloense afirmó que los diputados son “insensibles” y que el bono en cuestión “es ilegal e inmoral”. Además, cuestionó el origen de estos recursos utilizados para regalarse el bono pues no se sabe “a qué partida se los quitaron o si son legales o ilegales”.
El Diputado federal independiente, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, pidió a los ciudadanos que presionen a sus 500 compañeros legisladores a rechazar un bono navideño “secreto” de 360 mil pesos que se autoasignaron de forma discrecional y que recibirían antes del 15 de diciembre cuando inicie el receso de sesiones. A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, el empresario sinaloense afirmó que los diputados son “insensibles” y que el bono en cuestión “es ilegal e inmoral”. El Diputado independiente cuestionó el origen de los recursos utilizados para regalarse el bono pues no se sabe “a qué partida se los quitaron o si son legales o ilegales”. El legislador recordó que el año pasado también se negó a recibir el bono de 150 mil pesos y que este año las asignaciones extras se elevaron a 360 mil pesos. “Si no le ponemos un alto a esto, el año que entra estaremos transmitiendo otra vez y estarán queriendose asignar un bono de 500 mil pesos, más lo que se acumule. En otras palabras, tenemos que aprovechar este momento para que la sociedad le ponga un alto a la este abuso, a esta autoasgnación de recursos injustificada, excesiva y a todas luces ilegal”, alertó el legislador por Sinaloa.
Ante ello, llamó a la ciudadania a exigirle a su diputado que decline del bono al que no “tienen derechos”. El secretario General de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, confirmó que cada uno de los 500 diputados recibiría aproximadamente 500 mil pesos pues justifica que se tratan de asignaciones legales.
“Recibirán lo que les corresponde legalmente y a lo que tienen derecho, que es el aguinaldo y quizá, adicionalmente, con el objeto de apoyar sus gestiones y a su personal, como una medida de fin de año, recibirán 150 mil pesos por diputado, no más”, dijo en confenrencia de prensa la semana pasada.
De acuerdo con el legislador priista este monto estará conformado por el aguinaldo que asciende a 140 mil pesos y se sumarían a los recursos para apoyar sus gestiones y a su personal: casi medio millón de pesos es lo que se llevarían.
“Recibirán este diciembre el mismo monto que reciben todos los meses, eso está en la página de la Cámara de Diputados (en Internet) y es absolutamente transparente”, comentó.
RENUNCIAN AL BONO Entre los legisladores que renunciaron voluntariamente a su bono navideño se encuentran Clouthier Carrillo; el presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Gómez Bolaños, del Partido Acción Nacional (PAN), 36 diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); 23 del Movimiento Ciudadano (MC). Además de Waldo Fernández González y Agustín Basave Benítez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes “lo donarán a la beneficencia”.
El año pasado, Clouthier Carillo también rechazó un bono navideño de 150 mil pesos. A su vez, el ex líder nacional del PAN, Espino Barrientos, llamó a los ciudadanos a presionar a los legisladores federales para que no reciban el recurso extraordinario ya que es ostentoso, ilegal e inmoral. “Quisiera pedirles a todas y todos ustedes para que contribuyan para que en esta Cámara de Diputados del Congreso de todas y todos los mexicanos, no permitamos que los diputados reciban el bono escandaloso, ostentoso, ilegal e inmoral que pretende la mayoría de los legisladores recibir, cuando ya tienen su aguinaldo, su dieta, cuando tienen un ingreso mensual satisfactorio muy superior al que reciben la mayoría de los mexicanos, ayúdennos a exigirles a los diputados que no acepten ese bono ilegal e inmoral”, asentó. Quien también se sumó a las críticas fue el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien manifestó que ni la Cámara de diputados y ni la de senadores representan a la ciudadanía: anteponen sus privilegios e intereses personales, con lo cual obedecen y forman parte de la “mafia del poder”. NI BONO INCENTIVA A DIPUTADOS A IR A TRABAJAR El jueves, el ausentismo de diputados federales continuó en el salón de plenos de la Cámara de Diputados. Los legisladores están a punto de recibir un bono secreto por el fin de año de 150 mil pesos, pero ni eso los incentivo a acudir de manera completa a la Cámara de Diputados.
Ayer jueves, muchos legisladores se ausentaron de la sesión que inició con 318 diputados, y a la mitad solamente llegaron 403 de los 500. En este día, por algunos lapsos, el salón de plenos se notó sin muchos legisladores debido a que hubo pocas votaciones. El jueves, la columna Bajo Reserva informó que pese a que se presentaron más de 47 iniciativas, el salón principal estaba prácticamente desierto.
El Universal también informó que el jueves pasado ocurrió lo mismo y solamente hubo 262 de 500 diputados en el Pleno. #BONO NAVIDEÑO
Carlos Arturo Álvarez recibió el cargo de Fiscal General de Quintana Roo como parte del llamado “paquete de impunidad”; estaba previsto que ocupará el puesto por nueve años, sin embargo ante las denuncias de la sociedad civil por su inacción para investigar al ex Gobernador Roberto Borge Angulo, este viernes presentó su renuncia. El legislador local, Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del PRD, dijo que su salida no debe eximirlo de su responsabilidad, pues él también tiene varias acusaciones por casos de tortura y omisión.
Carlos Arturo Álvarez Escalera renunció este viernes a su cargo como Fiscal General de Quintana Roo. En una carta enviada al Congreso del Estado, Álvarez escalera presentó su renuncia de manera “indeclinable”, motivado por “asuntos personales que me son imprescindibles tratar y que requieren el cien por ciento de mi presencia”
El funcionario cercano al priista Roberto Borge aseguró que “deja el cargo sin ninguna responsabilidad laboral”. Carlos Arturo Álvarez recibió el cargo este año como parte del llamado “paquete de impunidad” y estaba previsto que ocupará el puesto por nueve años. Grupos civiles y legisladores exigían desde hace tiempo su renuncia, al considerar que su cercanía con el ex mandatario obstaculizaba las investigaciones por irregularidades financieras en la administración de Borge Angulo. La organización Somos tus ojos, Transparencia por Quintana Roo, que dio a conocer la venta irregular de predios propiedad del estado a personas y empresas cercanas a Roberto Borge, acusó que Álvarez no dejaba que avanzaran las indagatorias.
“Es un hombre fiel a Roberto Borge y no se ha avanzando en nada en las denuncias presentadas, aún cuando se le han dado los elementos de pruebas para que se proceda. El Gobierno debe de pedirle su renuncia, hay casos que no se pueden llevar a la Federación y con la Fiscalía seremos dependientes de que la Federación quiera o no quiera proceder”, afirmó en entrevista con SinEmbargo.
El Congreso del Estado emitirá el próximo lunes la convocatoria para que los grupos parlamentarios presenten las ternas que serán enviadas al Gobernador de la entidad para que elija a los perfiles que finalmente podría ocupar el cargo de la fiscalía, explicó.
“El Congreso será el que finalmente elija de la terna que envíe el Gobernador. Esperemos que para enero ya podamos tener nuevo fiscal”, dijo Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La renuncia de Álvarez Escalera no debe eximirlo de su responsabilidad ante varias denuncias que hay en su contra por casos de tortura y omisión, detalló. Sobre el perfil del nuevo fiscal, el Diputado agregó que debe ser ajeno a los intereses de la administración del ex Gobernador Roberto Borge Ángulo y del nuevo Gobierno; así como contar con experiencia en la procuración de justicia, ser honorable e imparcial.
“El nuevo fiscal debe llegar a depurar la fiscalía, porque hay unas 40 personas ahí que deben salir, sino de nada servirá la renuncia de Álvarez Escalera. Además tiene que llegar a resolver las investigaciones en contra de Roberto Borge”, dijo.
En10 años de guerra. La población mexicana ha debido defenderse por mano propia “ante un Estado fallido” que no garantizaba su seguridad. En Michoacán surgió el primer movimiento de las llamadas autodefensas, que pronto se extendieron por la entidad. También surgieron en Guerrero, bajo el nombre de policías comunitarias, y pueblos enteros se levantaron y continúan levantándose en armas para defenderse de los abusos de las bandas del crimen organizado y de las autoridades que encontraron en los civiles una fuente de ingresos a través de la extorsión, el secuestro y la trata de personas.
En febrero de 2013 se escribió un nuevo capítulo en la historia de México: en La Ruana, Michoacán, apareció el primer grupo de civiles armados denominados policías comunitarios y ese mismo mes, en Tecapaltepec, un grupo de tres mil pobladores, encabezados por José Manuel Mireles Valverde, médico cirujano, se levantó en armas y se atrincheró para defender a sus mujeres y niños del grupo criminal Los Caballeros Templarios.
Pronto los policías comunitarios dejaron de llamarse así para convertirse en los grupos de autodefensa, que surgieron por toda la región de Tierra Caliente, en territorio michoacano, como consecuencia de la violencia de la “guerra contra el narco” del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa y la inacción de las autoridades locales que dejaba tras de sí pueblos saqueados. A este movimiento le precedieron masacres como la de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, cometida por Los Zetas [en agosto de 2010], o la de Allende, Coahuila, en marzo de 2011, y miles de víctimas desplazadas de sus pueblos por el acoso constante de los criminales que habían diversificado sus negocios y se dedicaban a la extorsión, secuestro y trata de personas. En este contexto, en mayo de 2011 el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), liderado por el poeta y escritor Javier Sicilia Zardain, recorrió el país haciendo un llamado al Gobierno mexicano a detener la guerra contra el narcotráfico y a los ciudadanos a manifestarse contra la violencia. Este movimiento de resistencia civil pacífica fue exitoso, convocó a miles de mexicanos a las calles y a cientos de organizaciones civiles; su clímax llegó el 23 de junio de 2011 con el Diálogo por la Paz, realizado en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México. Entonces, Sicilia Zardain advirtió el horror y la falta de Estado de Derecho que vivía México. Habló de las víctimas, de los miles de muertos y desaparecidos y de un Estado fallido. También dijo que si no había una solución, el país pasaría de la resistencia pacífica a otras manifestaciones: a la justicia por la propia mano, como ocurrió apenas unos meses después del Diálogo por la Paz. El Presidente Enrique Peña Nieto arribó en diciembre de 2012 al poder, pero con su llegada, y pese a que el nuevo Gobierno priista traía consigo una agenda de reformas estructurales, la violencia, la inseguridad, los muertos, los decapitados y el baño de sangre por todo el país continuaron, incluso con mayor intensidad. En febrero de 2013, en Michoacán, surgió un movimiento armado que se extendería a otros estados y que puso en entredicho, abiertamente, la estrategia contra la inseguridad de Peña Nieto.
“Frente a la ausencia de un Estado de Derecho, en el estricto sentido de la palabra, la gente se pone en autodefensa; no puede permitir que ni el Estado, ni los criminales sigan sometiéndola. Es la respuesta de una población que no quiere ser sometida por la violencia. Todas estas manifestaciones de las no violencias del movimiento por la paz, hasta las armadas como autodefensas, son condiciones de ponerse en estado de defensa frente a la violencia. Es un principio de dignidad frente a la ausencia de seguridad por parte del Estado. Las poblaciones tienen que ponerse en defensa si no las arrasan. Ya hemos visto pueblos arrasados, como en Allende”, dice Javier Sicilia en entrevista con SinEmbargo.
Tony Payán, director del Centro de Estudios sobre México del Baker Institute for Public Policy de la Universidad de Rice, en Estados Unidos, explica que la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto trató de alejar los reflectores del tema de la seguridad para evitar, como le sucedió a su antecesor, ser rebasado por el problema.
“Observaron lo que pasó durante la administración de Calderón y se dieron cuenta de cómo la administración quedó enmarañada en el tema de seguridad. Calderón decidió que su tema transversal sería la seguridad. Ellos estudiaron lo que pasó y vieron cómo un tema puede absorber completamente la agenda de una administración ante el público, los medios de comunicación, la atención y el enfoque de una administración. Ellos creyeron que eso no debería de pasar, y decidieron tomar una serie de medidas para que la administración Peña no fuera capturada por esta temática, que además había resultado en una masacre de más de 100 mil personas. Sin embargo el problema no estaba resuelto; me parece que es ahí donde erraron”, explica el investigador.
El problema que Calderón heredó a su sucesor no estaba resuelto de ningún modo y aunque el Gobierno de Peña Nieto buscó retirar los reflectores de la inseguridad que aquejaba al país, en 2013 el problema lo empezó a rebasar. LA JUSTICIA POR PROPIA MANO
Mireles Valverde, quien se presentó como consejero general del Consejo Ciudadano de Autodefensa del municipio de Tepalcatepec, expuso meses después de los levantamientos en una entrevista de 21 minutos realizada por a la Agencia SubVersiones los motivos por los que el pueblo tomó las armas. Narró que el crimen organizado les exigía no sólo dinero por metro cuadrado de propiedad o por cada auto, sino hasta a sus esposas. Pero antes, a las hijas: “Y las regresaban cuando ya estaban embarazadas”. Antes de levantarse en armas en Tepalcatepec había alrededor de ocho ejecutados al día, de acuerdo Mireles Valverde. En mayo de 2013, Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, anunció la entrada del Ejército Mexicano a Michoacán y dijo que, a pesar de que la estrategia de seguridad a través del despliegue de fuerzas federales y militares en la entidad tenía similitud a lo ocurrido en 2006 en el inicio de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, el plan del Gobierno que encabezaba Peña Nieto era distinto al de su antecesor en tres puntos importantes: “La primera es una efectiva coordinación con el Gobierno del estado, el Ejército, La Marina, todos juntos con una estrategia común. Esa es una gran diferencia, no va la estrategia del Gobierno federal a imponerse sobre la estatal”, dijo el titular de la Segob. A diferencia de lo que había ocurrido seis años antes, el Gobierno tenía objetivos claros, afirmó Osorio Chong: “Sabemos dónde, quiénes y qué tenemos que hacer”. En tercer lugar, explicó, la estrategia de seguridad buscaba la participación ciudadana en los barrios y las colonias de Michoacán. El encargado de la seguridad en México dijo entonces que mantenían un diálogo pacífico con las policías comunitarias en esa entidad y que muy pronto el Ejército iniciará con un programa de desarme en la comunidad, pues la orden era clara: “Se les advirtió que nadie estará armado”. “En el caso de Michoacán la llegada del Ejército ha causado beneplácito. Las policías comunitarias ya no tienen razón de ser y los estamos invitando participar”, dijo el secretario de Gobernación. Pero Mireles afirmó que el operativo del Gobierno federal era sólo una simulación:
“Mientras el Gobierno federal no vaya por todos y cada uno de los líderes [del crimen organizado], esto va a seguir igual. Ellos saben dónde están, comen con ellos. Aquí nosotros estamos solos, no podemos ni salir porque nos matan, no podemos descuidarnos, las 24 horas del día estamos vigilando, porque si entran, acaban con el pueblo”, dijo.
Durante 2013 la guardia comunitaria de Tecapaltepec estuvo atrincherada, mientras que el pueblo entero se mantuvo en vilo y bajo amenaza de muerte. No sólo se estaba levantando el pueblo de Mireles Valverde. En Aguililla y la Ruana, también en Michoacán, permanecía el pueblo levantado y con presencia del Ejército Mexicano. Pronto la violencia alcanzó a parte de Tierra Caliente que se ubica en el estado de Guerrero. En julio de 2013 por lo menos 120 familias de tres localidades del municipio de San Miguel Totolapan, abandonaron sus comunidades por la inseguridad de la región. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero indicó que se trataba de habitantes de las localidades de El Cubo, El Terrero y El Guayabo. Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal, pero a pesar de la presencia de los militares, en menos de 24 horas aparecieron los cadáveres de cuatro hombres en la entrada de la población Catalina, en la ranchería El Limón.
“Los militares sólo cuidan las entradas y salidas de los pueblos. Si uno les avisa donde están, duran como tres o cuatro días para ir por ellos y cuando llegan, ya no están. Pero nosotros ya limpiamos nuestro pueblo y así vamos a permanecer, estamos cuidando y no los vamos a dejar entrar”, dijo Mireles en julio de 2013 en entrevista con este medio digital.
El 15 de enero de 2014 se firmó el Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán a través del cual el Gobierno federal asumió la seguridad de la región. Ese día se anunció el desarme de las autodefensas. Lo poderes de Michoacán no desaparecerían, pero se le quitaría la responsabilidad de la seguridad con la creación de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán a cargo Alfredo Castillo Cervantes. La nueva Comisión coordinaría a las policías municipales, estatales y federales y establecería los mecanismos de colaboración entre las procuradurías. Castillo Cervantes no sólo desarmó el movimiento de autodefensas, sino que llevó a prisión a Mireles Valverde, considerado hoy como un preso político por la sociedad civil.
LAS POLICÍAS COMUNITARIAS DE GUERRERO
En 2013, a la par que la violencia sacudía a Michoacán, en Guerrero los pueblos también empezaron a levantarse en armas bajo la figura de la policía comunitaria. La desaparición en Iguala, Guerrero, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos cimbró al Gobierno de Peña Nieto y marcó un antes y un después. Sin embargo, antes de que eso ocurriera había focos encendidos por toda la entidad que alarmaban sobre una violencia desmedida por la pugna entre los cárteles de la droga, la diversificación de sus operaciones y los grupos civiles armados que luchaban por impedir que la violencia devastara pueblos enteros. En 2011, el entonces Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, anunció la operación Guerrero Seguro en Acapulco, debido a que los asesinatos relacionados con el narcotráfico aumentaron casi el triple en relación con 2010, al pasar de 289 a 884 en un año. Pero el operativo sirvió de poco: al evaluar los resultados a un año de su anuncio, las ejecuciones habían crecido. Según datos oficiales del Gobierno del estado, entre octubre de 2011 y septiembre de 2012 se registraron 936 ejecuciones. Un total de 38 más que en el mismo periodo de 2010. Los ejecutados tan sólo en Acapulco pasaron de 50 al mes en promedio en 2010 a 142 en 2012, sin contar a los muertos de la poblaciones de la región de La Montaña, Tierra Caliente y Costa Chica. Como en Michoacán, la población abandonada a su suerte se armó gracias a la policía comunitaria que ya operaba en la región desde los años 90. Las policías comunitarias fueron creadas en 1995 por el sacerdote Mario Campos Hernández, párroco de Tlapa de Comonfort, en La Montaña de Guerrero en contra de la impunidad y la inseguridad. Entre el 14 y 15 de octubre de ese año nació la primera policía en Santa Cruz del Rincón. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Guerrero se creó para luchar en contra de los asaltos, las violaciones sexuales y los asesinatos. De acuerdo con Campos Hernández la medida logró contener la delincuencia de aquellos años. Pero fue insuficiente. A partir de 2013 la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG) se extendió. Los municipios de Xaltiaguis, El Ocotito, Ayutla de los Libres y otras localidades de la Costa Chica establecieron sus policías tradicionales, sumando a La Montaña y el Centro de Guerrero. En agosto de ese año más de 100 mujeres se levantaron en armas en Xaltianguis.
“Los pueblos se armaron para garantizar seguridad y velar por el bien de sus seres queridos. Es la expresión de ese vacío de parte del Estado para asumir su responsabilidad para velar por la seguridad de los mexicanos. La gente no tendría que dar ese paso, si las instancias de procuración de justicia asumieran su papel. La gente lo ve como una necesidad, nunca como una confrontación con el Gobierno”, dice el padre Mario Campos en entrevista con Sinembargo.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública la entidad fue la más violenta del 2013 al registrar 2 mil 87 homicidios. Además de ser el estado con más plagios, al contabilizar 207 casos, tan sólo después de Tamaulipas. En cuanto a extorsiones se mantuvo en la media con un reporte de 174. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal colocó a Acapulco en su ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2012, en el segundo puesto, después de San Pedro Sula, Honduras. Para enero de 2014 Guerrero estaba encendido y las policías comunitarias avanzaban en su lucha en contra del crimen organizado. A finales de ese mes alrededor de 150 planteles de educación básica detuvieron sus labores en Acapulco, después de que un profesor fue secuestrado. A la par, unos 500 policías comunitarios ingresaron al pueblo de Chilpancingo a petición de los pobladores. Tras su ingreso realizaron operativos donde detuvieron a 16 presuntos integrantes de la delincuencia organizada que se dedicaban a extorsionar y secuestrar a las personas de esa comunidad. Ese mes miembros del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) entraron a la comunidad de Mazatlán, cercana a Chilpancingo, para asumir el control y las tareas de seguridad. El 29 de enero cerca de las 20:00 horas Pioquinto Damián Huato, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Chilpancingo, regresaba de una asamblea con policías comunitarios realizada en el poblado de El Ocotito, cuando sufrió un atentado en donde murió su nuera. El entonces Gobernador Ángel Aguirre Rivero y el dirigente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en ese momento, Jesús Zambrano Grijalva, coincidieron en una Plenaria perredista realizada en Acapulco y dijeron que el atentado a Pioquinto Damián y el avance de las autodefensas en Guerrero eran “hechos aislados” y “para nada” se parecían a los sucesos violentos que ocurrían en Michoacán. “Fue un hecho aislado, yo le puedo decir con datos que hay una disminución en los índices de violencia no solo en Acapulco, sino en todo Guerrero”, dijo Aguirre. Jesús Zambrano declaró que la entidad gobernada en ese momento por los perredistas, estaba controlada y que lo sucedido a Pioquinto era un hecho aislado.
“Este estado que ha estado en el foco de atención por hechos aislados, como ha sucedido hace unas horas y nos han comparado con Michoacán y para nada se parece”, dijo.
Pero Zambrano y Ángel Aguirre enfrenaron en septiembre de ese año la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un escándalo internacional del que ni Peña Nieto ni los perredistas pudieron escapar. La violencia no concluyó en Guerrero con el caso de los normalistas. Este año los pobladores continúan levantándose en armas. En noviembre unos 200 habitantes de la comunidad San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán del Progreso, tomaron las armas para defenderse del grupo criminal Los Tequileros. El mes pasado, de acuerdo con un recuento del diario El Sur, en Guerrero se registraron 230 asesinatos con un promedio de 7.6 cada día. Durante los 11 meses de 2016 el número de ejecuciones atribuidas a la delincuencia organizada llegó a 2 mil 48, 25.8 por ciento más que en el mismo periodo de 2015. El 30 de noviembre cuatro niños de siete, cinco, cuatro y dos años fueron raptados por hombres armados que irrumpieron en una vivienda en un poblado de Acapulco.
“Mientras no se vislumbre la seguridad, en Guerrero se va a seguir incrementando la defensa propia, no porque alguien lo promueva; la gente se está organizando porque no hay orden, seguridad y justicia. La gente no puede aguantar las amenazas, el cobro de piso, las extorsiones. No es por gusto que se quieran meter en eso, pero ellos ven que algo deben hacer”, dice el padre Mario Campos.
El sacerdote afirma que a pesar de la presencia de militares, en Guerrero siguen “los asesinatos, los secuestros, los levantones y los descuartizamientos”. “Es muy claro, México es un Estado fallido: tenemos rezago económico, inseguridad, ahora con la migración. No hay un país con tranquilidad, en paz, con empleos, justicia”, precisa. Mario Campos argumenta que encarcelar a la población que busca justicia por su propia mano, como ocurrió con José Manuel Mireles Valverde de las autodefensas de Michoacán, no es la solución porque la población continuará organizándose.
“El encarcelamiento de Mireles fue un acto desesperado del Gobierno, pero yo no veo un levantamiento contra el Gobierno, sino un levantamiento contra la delincuencia. Si la gente viera resultados, no lo haría”, dice.
Mientras poblaciones como Michoacán y Guerrero se levantaban en armas para defender sus vidas, la guerra contra el narcotráfico trajo consigo un fenómeno devastador para miles de familias mexicanas: la desaparición de personas de sur a norte del país por el crimen organizado. Con Calderón la cifra tentativa se cerró en los 30 mil desparecidos y durante la gestión de Peña Nieto las cifras apuntan a que ya van 25 mil. Es decir, las familias de más de 55 mil mexicanos viven preguntándose en dónde están sus familiares, de acuerdo con datos de las organizaciones civiles que buscan a los desaparecidos. Ante la ineficiencia de las autoridades mexicanas para buscar y encontrar a los miles de desaparecidos, las familias se han dado a la tarea de buscar con sus propias manos a sus hijos, hijas, hermanos, esposos, esposas en fosas clandestinas ubicadas a lo largo y ancho de la República Mexicana. En Coahuila, Chihuahua, Nuevo Léon, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Estado de México… los dolientes han escarbado en la tierra con la esperanza de no encontrar cuerpos completos, sino al menos un hueso para confirmar que se trata de su familiar. Lucía de los Ángeles García Henao, coordinadora del Colectivo Solecito –que aglutina a 90 familiares de desaparecidos en Veracruz – afirma que México es un Estado fallido, incapaz de ejercer una política de seguridad que proteja a los ciudadanos.
“Estos 10 años han sido terribles, pues saben que está mal lo que están haciendo y lo siguen haciendo. Saben que hace mucho daño. Es algo que no les pega a ellos, a las élites y lo continúan haciendo. No sé qué más quieren para comprobar que el narco no ha disminuido, a todos los mandos les dieron licencia para matar y desaparecer”, dice.
García Henao asegura que el Gobierno mexicano ha prologando el terror en el país. Las familias de los desaparecidos ante la “indolencia, ineficiencia, ineptitud y mezquindad de las autoridades”, han tenido que buscar por su cuenta. En agosto de este año, la periodista Sandra Rodríguez Nieto dio cuenta en SinEmbargo, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR), que durante el sexenio de Calderon Hinojosa se encontraron 68 fosas con los restos de 378 personas y, con Peña Nieto el número de fosas clandestinas llegó a las 156 con los restos de 303 personas. “Estas autoridades son buenas para descomponer, pero son incapaces de hacer nada. Cometieron el error de esta guerra y destruyeron el tejido social. En el caso de los familiares nos damos cuenta que estamos en medio de autoridades y delincuentes, y que nosotros tenemos que hacer la investigación, buscar financiamiento para nuestras búsquedas. No creo que este Gobierno inhumano pueda mejorar en algo”, considera.
DENUNCIA CIUDADANA Y HEDOR A MUERTE
La violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico generó, además de la resistencia pacífica, armada y el nacimiento de grupos de búsqueda de desaparecidos, otras expresiones de defensa propia como los linchamientos –que actualmente se dan con frecuencia en Oaxaca, Chiapas y en Estado de México–, y la denuncia anónima a través de las redes sociales; fenómeno que se originó en el norte del país con la página de Facebook “Valor por Tamaulipas” y un grupo de tuiteros que se organizaban para informar a la población sobre los movimientos de los criminales. Pero esta última expresión de defensa trajo consigo muertes, secuestros y amenazas de personas que alertaban en sus ciudades sobre el peligro cotidiano como enfrentamientos armados. Una de las primeras víctimas fue el administrador de “Valor por Tamaulipas”, quien fue amenazado de muerte y a quien los criminales pusieron precio para poder dar con su paradero. En septiembre de 2011 el crimen organizado cobró a una de sus primeras víctimas mortales por su activismo en redes sociales. A pesar de que los grupos delincuenciales habían asesinado y desaparecido a decenas de periodistas por su labor informativa a través de medios de comunicación formales, a “La Nena de Laredo”, la periodista María Elizabeth Macías, la asesinaron por informar a través de las redes sociales sobre las actividades criminales. La joven fue decapitada y abandonada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, junto con dos teclados de computadora y una cartulina. Tres años después, la entidad se sacudió por el asesinato de otra de las activistas de las redes sociales. La doctora María del Rosario Fuentes Rubio alias Felina @Miut3 fue secuestrada y asesinada en octubre de 2014 “Valor por Tamaulipas” confirmó su secuestro. Más tarde, en la cuenta @Miut3, apareció una foto de la doctora viva y después ejecutada. Los criminales publicaron desde la cuenta de Felina lo siguiente:
@Miut3: AMIGOS Y FAMILIARES, MI VERDADERO NOMBRE ES MARÍA DEL ROSARIO FUENTES RUBIO. YO SOY DOCTORA, HOY MI VIDA HA LLEGADO A SU FIN.
@Miut3: NO ME QUEDA MÁS QUE DECIRLES QUE NO COMETAN EL MISMO ERROR QUE YO, NO SE GANA NADA, AL CONTRARIO HOY ME DOY CUENTA QUE
@Miut3: ENCONTRE LA MUERTE A CAMBIO DE NADA @Bandolera7 @civilarmado_mx @ValorTamaulipas ESTÁN MÁS CERCA DE NOSOTROS DE LO QUE CREEN.
@Miut3: #REYNOSAFOLLOW CIERREN SUS CUENTAS NO ARRIESGUEN A SUS FAMILIAS COMO LO HICE YO, LES PIDO PERDÓN”.
Para Javier Sicilia, un hombre que cree en la revolución pacífica, México ha tocado fondo y es un Estado fallido. Durante los últimos 10 años, a partir de la guerra de Calderón, el país ha visto el horror, pero puede ser aún peor. Quizás, si el rumbo sigue igual, lo más horrible esté por venir. “Yo veo dos salidas: una es la continuación de la violencia a grados que ya son terribles; hemos visto limpiezas étnicas, social, sabemos lo que hacen Los Zetas y el Ejército, esto se va a recrudecer de forma brutal si no se refunda y se junta la reserva moral del país: las policías comunitarias, el movimiento del obispo Raúl Vera por el Constituyente, el EZNL [Ejército Zapatista de Liberación Nacional], el de Cuauhtémoc Cárdenas; es momento de sentarnos y hacer un programa de Gobierno de salida, una revolución no violenta y en 2018 tomar este país”, dice Sicilia. Pero hay una segunda opción: la que tiene que ver con un recrudecimiento desmesurado de la violencia y la indignación. Si eso sucede, considera Javier Sicilia, se verán crímenes jamás vistos con el factor Estados Unidos y las deportaciones masivas que amenaza poner en marcha a partir del próximo año el presidente electo de ese país Donald Trump.
“Veremos asesinatos de gente que no podíamos imaginar ver asesinada. Va a ser un embudo por desgracia en el país; habrá limpieza social, los centroamericanos se van a querer varados acá y esto que ya es un infierno, será peor. Esperemos que la sociedad busque un camino no de no violencia”, dice. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SHAILA ROSAGEL. LINK: http://www.sinembargo.mx/07-12-2016/3122818
Raúl Cervantes dijo que también se debe revisar la facultad de atracción de la dependencia ya que algunas autoridades locales están vinculadas a los crímenes.
Ante la disparidad de criterios para aplicar los mecanismos que permiten evitar llevar a juicio o procesar penalmente a una persona, la Procuraduría General de la República (PGR) hizo un llamado a homologar los parámetros que utilizan las procuradurías y fiscalías estatales para no proceder contra un imputado. Durante su participación en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el titular de PGR, Raúl Cervantes Andrade, explicó que es necesario “establecer parámetros objetivos” para que los ministerios públicos y fiscales apliquen los llamados criterios de oportunidad con los que una persona puede evitar un proceso penal. De acuerdo con el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), los criterios de oportunidad se aplican cuando el beneficio de procesar penalmente a una persona serían mínimos para el Estado mexicano y cuando se pueda reparar el daño en beneficio de las víctimas. Sin embargo, la aplicación de estos criterios ha sido desigual en las 32 entidades federativas, por lo que procurador hizo un llamado a que haya parámetros similares en todo el territorio nacional, fijando las penas que garanticen la reparación del daño y una pena mínima a los imputados por un delito. Frente a procuradores y fiscales de todo el país, Raúl Cervantes también se pronunció por homologar la Ley General de Delincuencia Organizada con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, de modo que las penas de cárcel y procedimientos penales que se sigan contra integrantes de grupos criminales sean acordes con las leyes en materia de derechos humanos y de protección a las víctimas de un delito. Cervantes Andrade agregó que otro punto a revisar es la facultad de atracción que tiene la PGR para investigar y resolver delitos, con el propósito de limitar la discrecionalidad que tiene esa dependencia en su aplicación. La facultad de atracción de la PGR con frecuencia es solicitada por las víctimas de la delincuencia organizada, debido a que autoridades locales están vinculadas a los crímenes. Un ejemplo de su aplicación es la indagatoria sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como algunos casos de los periodistas asesinados en el estado de Veracruz durante el mandato del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa. Frente a sus similares de los estados, el procurador General de la República reconoció que se deben reestructurar todos los mecanismos de coordinación en materia de investigación e inteligencia criminal, además de que se deben profesionalizar los peritajes para estar acordes con las exigencias científicas de la justicia penal acusatoria.
Será incorporado un nuevo artículo que obligue a los desarrolladores inmobiliarios a pagar una cantidad que se destinará a mejoras urbanas.
El párrafo 7 del artículo 21 del proyecto constitucional de la Ciudad de México, que se refería a la captación de plusvalía de inmuebles por parte del gobierno, fue eliminado del dictamen por la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Asamblea Constituyente. De acuerdo con el diario Reforma, los diputados constituyentes acordaron incorporar un nuevo artículo que obligue a los desarrolladores inmobiliarios a pagar una cantidad que se destinará a mejorar la zona donde se haga la construcción. Por otra parte, este jueves el diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Leonel Luna, dijo que el término “plusvalía” será retirado del artículo 94 de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México.
