En10 años de guerra. La población mexicana ha debido defenderse por mano propia “ante un Estado fallido” que no garantizaba su seguridad. En Michoacán surgió el primer movimiento de las llamadas autodefensas, que pronto se extendieron por la entidad. También surgieron en Guerrero, bajo el nombre de policías comunitarias, y pueblos enteros se levantaron y continúan levantándose en armas para defenderse de los abusos de las bandas del crimen organizado y de las autoridades que encontraron en los civiles una fuente de ingresos a través de la extorsión, el secuestro y la trata de personas.
En febrero de 2013 se escribió un nuevo capítulo en la historia de México: en La Ruana, Michoacán, apareció el primer grupo de civiles armados denominados policías comunitarios y ese mismo mes, en Tecapaltepec, un grupo de tres mil pobladores, encabezados por José Manuel Mireles Valverde, médico cirujano, se levantó en armas y se atrincheró para defender a sus mujeres y niños del grupo criminal Los Caballeros Templarios.
Pronto los policías comunitarios dejaron de llamarse así para convertirse en los grupos de autodefensa, que surgieron por toda la región de Tierra Caliente, en territorio michoacano, como consecuencia de la violencia de la “guerra contra el narco” del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa y la inacción de las autoridades locales que dejaba tras de sí pueblos saqueados.
A este movimiento le precedieron masacres como la de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, cometida por Los Zetas [en agosto de 2010], o la de Allende, Coahuila, en marzo de 2011, y miles de víctimas desplazadas de sus pueblos por el acoso constante de los criminales que habían diversificado sus negocios y se dedicaban a la extorsión, secuestro y trata de personas.
En este contexto, en mayo de 2011 el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), liderado por el poeta y escritor Javier Sicilia Zardain, recorrió el país haciendo un llamado al Gobierno mexicano a detener la guerra contra el narcotráfico y a los ciudadanos a manifestarse contra la violencia.
Este movimiento de resistencia civil pacífica fue exitoso, convocó a miles de mexicanos a las calles y a cientos de organizaciones civiles; su clímax llegó el 23 de junio de 2011 con el Diálogo por la Paz, realizado en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México.
Entonces, Sicilia Zardain advirtió el horror y la falta de Estado de Derecho que vivía México. Habló de las víctimas, de los miles de muertos y desaparecidos y de un Estado fallido. También dijo que si no había una solución, el país pasaría de la resistencia pacífica a otras manifestaciones: a la justicia por la propia mano, como ocurrió apenas unos meses después del Diálogo por la Paz.
El Presidente Enrique Peña Nieto arribó en diciembre de 2012 al poder, pero con su llegada, y pese a que el nuevo Gobierno priista traía consigo una agenda de reformas estructurales, la violencia, la inseguridad, los muertos, los decapitados y el baño de sangre por todo el país continuaron, incluso con mayor intensidad.
En febrero de 2013, en Michoacán, surgió un movimiento armado que se extendería a otros estados y que puso en entredicho, abiertamente, la estrategia contra la inseguridad de Peña Nieto.
“Frente a la ausencia de un Estado de Derecho, en el estricto sentido de la palabra, la gente se pone en autodefensa; no puede permitir que ni el Estado, ni los criminales sigan sometiéndola. Es la respuesta de una población que no quiere ser sometida por la violencia. Todas estas manifestaciones de las no violencias del movimiento por la paz, hasta las armadas como autodefensas, son condiciones de ponerse en estado de defensa frente a la violencia. Es un principio de dignidad frente a la ausencia de seguridad por parte del Estado. Las poblaciones tienen que ponerse en defensa si no las arrasan. Ya hemos visto pueblos arrasados, como en Allende”, dice Javier Sicilia en entrevista con SinEmbargo.
Tony Payán, director del Centro de Estudios sobre México del Baker Institute for Public Policy de la Universidad de Rice, en Estados Unidos, explica que la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto trató de alejar los reflectores del tema de la seguridad para evitar, como le sucedió a su antecesor, ser rebasado por el problema.
“Observaron lo que pasó durante la administración de Calderón y se dieron cuenta de cómo la administración quedó enmarañada en el tema de seguridad. Calderón decidió que su tema transversal sería la seguridad. Ellos estudiaron lo que pasó y vieron cómo un tema puede absorber completamente la agenda de una administración ante el público, los medios de comunicación, la atención y el enfoque de una administración. Ellos creyeron que eso no debería de pasar, y decidieron tomar una serie de medidas para que la administración Peña no fuera capturada por esta temática, que además había resultado en una masacre de más de 100 mil personas. Sin embargo el problema no estaba resuelto; me parece que es ahí donde erraron”, explica el investigador.
El problema que Calderón heredó a su sucesor no estaba resuelto de ningún modo y aunque el Gobierno de Peña Nieto buscó retirar los reflectores de la inseguridad que aquejaba al país, en 2013 el problema lo empezó a rebasar.
LA JUSTICIA POR PROPIA MANO
Mireles Valverde, quien se presentó como consejero general del Consejo Ciudadano de Autodefensa del municipio de Tepalcatepec, expuso meses después de los levantamientos en una entrevista de 21 minutos realizada por a la Agencia SubVersiones los motivos por los que el pueblo tomó las armas.
Narró que el crimen organizado les exigía no sólo dinero por metro cuadrado de propiedad o por cada auto, sino hasta a sus esposas. Pero antes, a las hijas: “Y las regresaban cuando ya estaban embarazadas”.
Antes de levantarse en armas en Tepalcatepec había alrededor de ocho ejecutados al día, de acuerdo Mireles Valverde.
En mayo de 2013, Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, anunció la entrada del Ejército Mexicano a Michoacán y dijo que, a pesar de que la estrategia de seguridad a través del despliegue de fuerzas federales y militares en la entidad tenía similitud a lo ocurrido en 2006 en el inicio de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, el plan del Gobierno que encabezaba Peña Nieto era distinto al de su antecesor en tres puntos importantes:
“La primera es una efectiva coordinación con el Gobierno del estado, el Ejército, La Marina, todos juntos con una estrategia común. Esa es una gran diferencia, no va la estrategia del Gobierno federal a imponerse sobre la estatal”, dijo el titular de la Segob.
A diferencia de lo que había ocurrido seis años antes, el Gobierno tenía objetivos claros, afirmó Osorio Chong: “Sabemos dónde, quiénes y qué tenemos que hacer”. En tercer lugar, explicó, la estrategia de seguridad buscaba la participación ciudadana en los barrios y las colonias de Michoacán.
El encargado de la seguridad en México dijo entonces que mantenían un diálogo pacífico con las policías comunitarias en esa entidad y que muy pronto el Ejército iniciará con un programa de desarme en la comunidad, pues la orden era clara: “Se les advirtió que nadie estará armado”.
“En el caso de Michoacán la llegada del Ejército ha causado beneplácito. Las policías comunitarias ya no tienen razón de ser y los estamos invitando participar”, dijo el secretario de Gobernación.
Pero Mireles afirmó que el operativo del Gobierno federal era sólo una simulación:
“Mientras el Gobierno federal no vaya por todos y cada uno de los líderes [del crimen organizado], esto va a seguir igual. Ellos saben dónde están, comen con ellos. Aquí nosotros estamos solos, no podemos ni salir porque nos matan, no podemos descuidarnos, las 24 horas del día estamos vigilando, porque si entran, acaban con el pueblo”, dijo.
Durante 2013 la guardia comunitaria de Tecapaltepec estuvo atrincherada, mientras que el pueblo entero se mantuvo en vilo y bajo amenaza de muerte.
No sólo se estaba levantando el pueblo de Mireles Valverde. En Aguililla y la Ruana, también en Michoacán, permanecía el pueblo levantado y con presencia del Ejército Mexicano. Pronto la violencia alcanzó a parte de Tierra Caliente que se ubica en el estado de Guerrero.
En julio de 2013 por lo menos 120 familias de tres localidades del municipio de San Miguel Totolapan, abandonaron sus comunidades por la inseguridad de la región.
La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero indicó que se trataba de habitantes de las localidades de El Cubo, El Terrero y El Guayabo.
Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal, pero a pesar de la presencia de los militares, en menos de 24 horas aparecieron los cadáveres de cuatro hombres en la entrada de la población Catalina, en la ranchería El Limón.
“Los militares sólo cuidan las entradas y salidas de los pueblos. Si uno les avisa donde están, duran como tres o cuatro días para ir por ellos y cuando llegan, ya no están. Pero nosotros ya limpiamos nuestro pueblo y así vamos a permanecer, estamos cuidando y no los vamos a dejar entrar”, dijo Mireles en julio de 2013 en entrevista con este medio digital.
El 15 de enero de 2014 se firmó el Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán a través del cual el Gobierno federal asumió la seguridad de la región. Ese día se anunció el desarme de las autodefensas.
Lo poderes de Michoacán no desaparecerían, pero se le quitaría la responsabilidad de la seguridad con la creación de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán a cargo Alfredo Castillo Cervantes.
La nueva Comisión coordinaría a las policías municipales, estatales y federales y establecería los mecanismos de colaboración entre las procuradurías. Castillo Cervantes no sólo desarmó el movimiento de autodefensas, sino que llevó a prisión a Mireles Valverde, considerado hoy como un preso político por la sociedad civil.
LAS POLICÍAS COMUNITARIAS DE GUERRERO
En 2013, a la par que la violencia sacudía a Michoacán, en Guerrero los pueblos también empezaron a levantarse en armas bajo la figura de la policía comunitaria.
La desaparición en Iguala, Guerrero, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos cimbró al Gobierno de Peña Nieto y marcó un antes y un después. Sin embargo, antes de que eso ocurriera había focos encendidos por toda la entidad que alarmaban sobre una violencia desmedida por la pugna entre los cárteles de la droga, la diversificación de sus operaciones y los grupos civiles armados que luchaban por impedir que la violencia devastara pueblos enteros.
En 2011, el entonces Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, anunció la operación Guerrero Seguro en Acapulco, debido a que los asesinatos relacionados con el narcotráfico aumentaron casi el triple en relación con 2010, al pasar de 289 a 884 en un año. Pero el operativo sirvió de poco: al evaluar los resultados a un año de su anuncio, las ejecuciones habían crecido. Según datos oficiales del Gobierno del estado, entre octubre de 2011 y septiembre de 2012 se registraron 936 ejecuciones. Un total de 38 más que en el mismo periodo de 2010.
Los ejecutados tan sólo en Acapulco pasaron de 50 al mes en promedio en 2010 a 142 en 2012, sin contar a los muertos de la poblaciones de la región de La Montaña, Tierra Caliente y Costa Chica.
Como en Michoacán, la población abandonada a su suerte se armó gracias a la policía comunitaria que ya operaba en la región desde los años 90. Las policías comunitarias fueron creadas en 1995 por el sacerdote Mario Campos Hernández, párroco de Tlapa de Comonfort, en La Montaña de Guerrero en contra de la impunidad y la inseguridad. Entre el 14 y 15 de octubre de ese año nació la primera policía en Santa Cruz del Rincón.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Guerrero se creó para luchar en contra de los asaltos, las violaciones sexuales y los asesinatos. De acuerdo con Campos Hernández la medida logró contener la delincuencia de aquellos años.
Pero fue insuficiente. A partir de 2013 la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG) se extendió. Los municipios de Xaltiaguis, El Ocotito, Ayutla de los Libres y otras localidades de la Costa Chica establecieron sus policías tradicionales, sumando a La Montaña y el Centro de Guerrero. En agosto de ese año más de 100 mujeres se levantaron en armas en Xaltianguis.
“Los pueblos se armaron para garantizar seguridad y velar por el bien de sus seres queridos. Es la expresión de ese vacío de parte del Estado para asumir su responsabilidad para velar por la seguridad de los mexicanos. La gente no tendría que dar ese paso, si las instancias de procuración de justicia asumieran su papel. La gente lo ve como una necesidad, nunca como una confrontación con el Gobierno”, dice el padre Mario Campos en entrevista con Sinembargo.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública la entidad fue la más violenta del 2013 al registrar 2 mil 87 homicidios. Además de ser el estado con más plagios, al contabilizar 207 casos, tan sólo después de Tamaulipas. En cuanto a extorsiones se mantuvo en la media con un reporte de 174.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal colocó a Acapulco en su ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2012, en el segundo puesto, después de San Pedro Sula, Honduras.
Para enero de 2014 Guerrero estaba encendido y las policías comunitarias avanzaban en su lucha en contra del crimen organizado. A finales de ese mes alrededor de 150 planteles de educación básica detuvieron sus labores en Acapulco, después de que un profesor fue secuestrado.
A la par, unos 500 policías comunitarios ingresaron al pueblo de Chilpancingo a petición de los pobladores. Tras su ingreso realizaron operativos donde detuvieron a 16 presuntos integrantes de la delincuencia organizada que se dedicaban a extorsionar y secuestrar a las personas de esa comunidad.
Ese mes miembros del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) entraron a la comunidad de Mazatlán, cercana a Chilpancingo, para asumir el control y las tareas de seguridad.
El 29 de enero cerca de las 20:00 horas Pioquinto Damián Huato, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Chilpancingo, regresaba de una asamblea con policías comunitarios realizada en el poblado de El Ocotito, cuando sufrió un atentado en donde murió su nuera.
El entonces Gobernador Ángel Aguirre Rivero y el dirigente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en ese momento, Jesús Zambrano Grijalva, coincidieron en una Plenaria perredista realizada en Acapulco y dijeron que el atentado a Pioquinto Damián y el avance de las autodefensas en Guerrero eran “hechos aislados” y “para nada” se parecían a los sucesos violentos que ocurrían en Michoacán.
“Fue un hecho aislado, yo le puedo decir con datos que hay una disminución en los índices de violencia no solo en Acapulco, sino en todo Guerrero”, dijo Aguirre.
Jesús Zambrano declaró que la entidad gobernada en ese momento por los perredistas, estaba controlada y que lo sucedido a Pioquinto era un hecho aislado.
“Este estado que ha estado en el foco de atención por hechos aislados, como ha sucedido hace unas horas y nos han comparado con Michoacán y para nada se parece”, dijo.
Pero Zambrano y Ángel Aguirre enfrenaron en septiembre de ese año la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un escándalo internacional del que ni Peña Nieto ni los perredistas pudieron escapar.
La violencia no concluyó en Guerrero con el caso de los normalistas. Este año los pobladores continúan levantándose en armas. En noviembre unos 200 habitantes de la comunidad San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán del Progreso, tomaron las armas para defenderse del grupo criminal Los Tequileros.
El mes pasado, de acuerdo con un recuento del diario El Sur, en Guerrero se registraron 230 asesinatos con un promedio de 7.6 cada día. Durante los 11 meses de 2016 el número de ejecuciones atribuidas a la delincuencia organizada llegó a 2 mil 48, 25.8 por ciento más que en el mismo periodo de 2015.
El 30 de noviembre cuatro niños de siete, cinco, cuatro y dos años fueron raptados por hombres armados que irrumpieron en una vivienda en un poblado de Acapulco.
“Mientras no se vislumbre la seguridad, en Guerrero se va a seguir incrementando la defensa propia, no porque alguien lo promueva; la gente se está organizando porque no hay orden, seguridad y justicia. La gente no puede aguantar las amenazas, el cobro de piso, las extorsiones. No es por gusto que se quieran meter en eso, pero ellos ven que algo deben hacer”, dice el padre Mario Campos.
El sacerdote afirma que a pesar de la presencia de militares, en Guerrero siguen “los asesinatos, los secuestros, los levantones y los descuartizamientos”.
“Es muy claro, México es un Estado fallido: tenemos rezago económico, inseguridad, ahora con la migración. No hay un país con tranquilidad, en paz, con empleos, justicia”, precisa.
Mario Campos argumenta que encarcelar a la población que busca justicia por su propia mano, como ocurrió con José Manuel Mireles Valverde de las autodefensas de Michoacán, no es la solución porque la población continuará organizándose.
“El encarcelamiento de Mireles fue un acto desesperado del Gobierno, pero yo no veo un levantamiento contra el Gobierno, sino un levantamiento contra la delincuencia. Si la gente viera resultados, no lo haría”, dice.
Mientras poblaciones como Michoacán y Guerrero se levantaban en armas para defender sus vidas, la guerra contra el narcotráfico trajo consigo un fenómeno devastador para miles de familias mexicanas: la desaparición de personas de sur a norte del país por el crimen organizado.
Con Calderón la cifra tentativa se cerró en los 30 mil desparecidos y durante la gestión de Peña Nieto las cifras apuntan a que ya van 25 mil. Es decir, las familias de más de 55 mil mexicanos viven preguntándose en dónde están sus familiares, de acuerdo con datos de las organizaciones civiles que buscan a los desaparecidos.
Ante la ineficiencia de las autoridades mexicanas para buscar y encontrar a los miles de desaparecidos, las familias se han dado a la tarea de buscar con sus propias manos a sus hijos, hijas, hermanos, esposos, esposas en fosas clandestinas ubicadas a lo largo y ancho de la República Mexicana.
En Coahuila, Chihuahua, Nuevo Léon, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Estado de México… los dolientes han escarbado en la tierra con la esperanza de no encontrar cuerpos completos, sino al menos un hueso para confirmar que se trata de su familiar.
Lucía de los Ángeles García Henao, coordinadora del Colectivo Solecito –que aglutina a 90 familiares de desaparecidos en Veracruz – afirma que México es un Estado fallido, incapaz de ejercer una política de seguridad que proteja a los ciudadanos.
“Estos 10 años han sido terribles, pues saben que está mal lo que están haciendo y lo siguen haciendo. Saben que hace mucho daño. Es algo que no les pega a ellos, a las élites y lo continúan haciendo. No sé qué más quieren para comprobar que el narco no ha disminuido, a todos los mandos les dieron licencia para matar y desaparecer”, dice.
García Henao asegura que el Gobierno mexicano ha prologando el terror en el país. Las familias de los desaparecidos ante la “indolencia, ineficiencia, ineptitud y mezquindad de las autoridades”, han tenido que buscar por su cuenta.
En agosto de este año, la periodista Sandra Rodríguez Nieto dio cuenta en SinEmbargo, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR), que durante el sexenio de Calderon Hinojosa se encontraron 68 fosas con los restos de 378 personas y, con Peña Nieto el número de fosas clandestinas llegó a las 156 con los restos de 303 personas.
“Estas autoridades son buenas para descomponer, pero son incapaces de hacer nada. Cometieron el error de esta guerra y destruyeron el tejido social. En el caso de los familiares nos damos cuenta que estamos en medio de autoridades y delincuentes, y que nosotros tenemos que hacer la investigación, buscar financiamiento para nuestras búsquedas. No creo que este Gobierno inhumano pueda mejorar en algo”, considera.
DENUNCIA CIUDADANA Y HEDOR A MUERTE
La violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico generó, además de la resistencia pacífica, armada y el nacimiento de grupos de búsqueda de desaparecidos, otras expresiones de defensa propia como los linchamientos –que actualmente se dan con frecuencia en Oaxaca, Chiapas y en Estado de México–, y la denuncia anónima a través de las redes sociales; fenómeno que se originó en el norte del país con la página de Facebook “Valor por Tamaulipas” y un grupo de tuiteros que se organizaban para informar a la población sobre los movimientos de los criminales.
Pero esta última expresión de defensa trajo consigo muertes, secuestros y amenazas de personas que alertaban en sus ciudades sobre el peligro cotidiano como enfrentamientos armados. Una de las primeras víctimas fue el administrador de “Valor por Tamaulipas”, quien fue amenazado de muerte y a quien los criminales pusieron precio para poder dar con su paradero.
En septiembre de 2011 el crimen organizado cobró a una de sus primeras víctimas mortales por su activismo en redes sociales.
A pesar de que los grupos delincuenciales habían asesinado y desaparecido a decenas de periodistas por su labor informativa a través de medios de comunicación formales, a “La Nena de Laredo”, la periodista María Elizabeth Macías, la asesinaron por informar a través de las redes sociales sobre las actividades criminales.
La joven fue decapitada y abandonada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, junto con dos teclados de computadora y una cartulina.
Tres años después, la entidad se sacudió por el asesinato de otra de las activistas de las redes sociales. La doctora María del Rosario Fuentes Rubio alias Felina @Miut3 fue secuestrada y asesinada en octubre de 2014
“Valor por Tamaulipas” confirmó su secuestro. Más tarde, en la cuenta @Miut3, apareció una foto de la doctora viva y después ejecutada.
Los criminales publicaron desde la cuenta de Felina lo siguiente:
@Miut3: AMIGOS Y FAMILIARES, MI VERDADERO NOMBRE ES MARÍA DEL ROSARIO FUENTES RUBIO. YO SOY DOCTORA, HOY MI VIDA HA LLEGADO A SU FIN.
@Miut3: NO ME QUEDA MÁS QUE DECIRLES QUE NO COMETAN EL MISMO ERROR QUE YO, NO SE GANA NADA, AL CONTRARIO HOY ME DOY CUENTA QUE
@Miut3: ENCONTRE LA MUERTE A CAMBIO DE NADA @Bandolera7 @civilarmado_mx @ValorTamaulipas ESTÁN MÁS CERCA DE NOSOTROS DE LO QUE CREEN.
@Miut3: #REYNOSAFOLLOW CIERREN SUS CUENTAS NO ARRIESGUEN A SUS FAMILIAS COMO LO HICE YO, LES PIDO PERDÓN”.
Para Javier Sicilia, un hombre que cree en la revolución pacífica, México ha tocado fondo y es un Estado fallido. Durante los últimos 10 años, a partir de la guerra de Calderón, el país ha visto el horror, pero puede ser aún peor. Quizás, si el rumbo sigue igual, lo más horrible esté por venir.
“Yo veo dos salidas: una es la continuación de la violencia a grados que ya son terribles; hemos visto limpiezas étnicas, social, sabemos lo que hacen Los Zetas y el Ejército, esto se va a recrudecer de forma brutal si no se refunda y se junta la reserva moral del país: las policías comunitarias, el movimiento del obispo Raúl Vera por el Constituyente, el EZNL [Ejército Zapatista de Liberación Nacional], el de Cuauhtémoc Cárdenas; es momento de sentarnos y hacer un programa de Gobierno de salida, una revolución no violenta y en 2018 tomar este país”, dice Sicilia.
Pero hay una segunda opción: la que tiene que ver con un recrudecimiento desmesurado de la violencia y la indignación. Si eso sucede, considera Javier Sicilia, se verán crímenes jamás vistos con el factor Estados Unidos y las deportaciones masivas que amenaza poner en marcha a partir del próximo año el presidente electo de ese país Donald Trump.
“Veremos asesinatos de gente que no podíamos imaginar ver asesinada. Va a ser un embudo por desgracia en el país; habrá limpieza social, los centroamericanos se van a querer varados acá y esto que ya es un infierno, será peor. Esperemos que la sociedad busque un camino no de no violencia”, dice.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-12-2016/3122818
Raúl Cervantes dijo que también se debe revisar la facultad de atracción de la dependencia ya que algunas autoridades locales están vinculadas a los crímenes.
Ante la disparidad de criterios para aplicar los mecanismos que permiten evitar llevar a juicio o procesar penalmente a una persona, la Procuraduría General de la República (PGR) hizo un llamado a homologar los parámetros que utilizan las procuradurías y fiscalías estatales para no proceder contra un imputado.
Durante su participación en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el titular de PGR, Raúl Cervantes Andrade, explicó que es necesario “establecer parámetros objetivos” para que los ministerios públicos y fiscales apliquen los llamados criterios de oportunidad con los que una persona puede evitar un proceso penal.
De acuerdo con el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), los criterios de oportunidad se aplican cuando el beneficio de procesar penalmente a una persona serían mínimos para el Estado mexicano y cuando se pueda reparar el daño en beneficio de las víctimas.
Sin embargo, la aplicación de estos criterios ha sido desigual en las 32 entidades federativas, por lo que procurador hizo un llamado a que haya parámetros similares en todo el territorio nacional, fijando las penas que garanticen la reparación del daño y una pena mínima a los imputados por un delito.
Frente a procuradores y fiscales de todo el país, Raúl Cervantes también se pronunció por homologar la Ley General de Delincuencia Organizada con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, de modo que las penas de cárcel y procedimientos penales que se sigan contra integrantes de grupos criminales sean acordes con las leyes en materia de derechos humanos y de protección a las víctimas de un delito.
Cervantes Andrade agregó que otro punto a revisar es la facultad de atracción que tiene la PGR para investigar y resolver delitos, con el propósito de limitar la discrecionalidad que tiene esa dependencia en su aplicación.
La facultad de atracción de la PGR con frecuencia es solicitada por las víctimas de la delincuencia organizada, debido a que autoridades locales están vinculadas a los crímenes. Un ejemplo de su aplicación es la indagatoria sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como algunos casos de los periodistas asesinados en el estado de Veracruz durante el mandato del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Frente a sus similares de los estados, el procurador General de la República reconoció que se deben reestructurar todos los mecanismos de coordinación en materia de investigación e inteligencia criminal, además de que se deben profesionalizar los peritajes para estar acordes con las exigencias científicas de la justicia penal acusatoria.
En este sentido, consideró que debe existir un programa integral de capacitación para todas las procuradurías y fiscalías, con el fin de que exista “un piso mínimo de conocimientos y capacidades para todas las autoridades que participen dentro del proceso penal”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0812/mexico/homologar-criterios-para-no-proceder-contra-imputados-solicita-pgr/
Será incorporado un nuevo artículo que obligue a los desarrolladores inmobiliarios a pagar una cantidad que se destinará a mejoras urbanas.
El párrafo 7 del artículo 21 del proyecto constitucional de la Ciudad de México, que se refería a la captación de plusvalía de inmuebles por parte del gobierno, fue eliminado del dictamen por la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Asamblea Constituyente.
De acuerdo con el diario Reforma, los diputados constituyentes acordaron incorporar un nuevo artículo que obligue a los desarrolladores inmobiliarios a pagar una cantidad que se destinará a mejorar la zona donde se haga la construcción.
Por otra parte, este jueves el diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Leonel Luna, dijo que el término “plusvalía” será retirado del artículo 94 de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México.
Asimismo, la diputada local priista Dunia Ludlow aseguró que ninguna Ley de Vivienda puede ser recaudatoria, ya que eso está en el ámbito del Código Fiscal.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0812/mexico/captacion-de-plusvalia-eliminada-del-dictamen-constitucional-de-la-cmdx/
El reciente “plan de manejo” del Nevado de Toluca desató la polémica. Se emitió en octubre y rápidamente se levantaron voces que aseguran que abre la puerta a la tala indiscriminada. Pero el problema no es el plan en sí. Los añejos problemas comunales de la región, la corrupción galopante en el Estado de México, los intereses privatizadores que motivan ese proyecto, la tala clandestina, la pobreza y la impunidad son los protagonistas de la verdadera crisis que padecen los habitantes de la zona alrededor del volcán.
AMANALCO, Edomex: Para calmar las protestas por la supuesta aprobación para talar 17 mil hectáreas del Nevado de Toluca, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano, organizó un viaje para la prensa al ejido El Capulín. Quiso mostrar las acciones que, asegura, ha emprendido para proteger esa Área Natural Protegida (ANP).
La cita fue el 7 de noviembre a las 8 de la mañana. Y la visita fue un montaje. Todo parecía planeado para la foto, en la que destacaban, acicalados, Pacchiano y Alfredo del Mazo Meza –comisionado nacional de ANP, hijo del exgobernador mexiquense Alfredo del Mazo y primo del presidente Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, la realidad es distinta y trasciende el presunto plan para talar las faldas del volcán. Sin control, diariamente bajan camiones de la montaña con árboles cortados de manera clandestina. Nadie los detiene pese a que transitan a pleno día y exhiben permisos a todas luces falsos:
De camino a Toluca, un camión repleto de troncos, con placas 776-ER-5, del Estado de México, circula sin problemas. En la parte trasera se veía la siguiente “autorización”, escrita a mano: “Semarnat. Trabajos de saneamiento en arbolado forestal afectado por incecto descortesador autorizado con notificación DFMarnat. Santa María del Monte. Municipio Zinacantepec (sic)”.
Y no es la única irregularidad en ese municipio. El alcalde de Zinacantepec, Manuel Castrejón, se construyó una casa en esa zona protegida cuando era diputado, de acuerdo con Arturo Chavarría, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México. Hoy, la obra está clausurada, por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Semarnat, según se lee en el oficio PFPA/173/2C2750057-15-02.
Sin embargo, en los jardines de la residencia pastorean dos caballos, y a las afueras alguien sembró papas. No se ve descuidada.
Proceso hizo un recorrido por algunos de los 56 ejidos donde se ha denunciado tala indiscriminada. En el ejido Contadores hay reforestación, pero no está regulada ni ha sido efectiva: de los 700 árboles que se sembraron sólo sobreviven unos 60.
Otro problema es el robo de agua de los manantiales. Sin que los comuneros sepan a dónde se dirigen, “aparecieron” alcantarillas para encauzar el agua y anchas mangueras para robarse el líquido, afirman.
El volcán herido
“En Río Hondito todo está cercado. Cuando hay un incendio no se puede entrar porque está alambrado”, indica Chavarría durante el recorrido. Él va mostrando vestigios de aserraderos, los caminos que usan los camiones, los tocones que dejan los árboles jóvenes. A lo lejos se escucha el trabajo de, por lo menos, tres aserraderos clandestinos. Algunos leñadores tumban un pino de unos 30 metros de altura.
Otro carro lleno de madera trae otro permiso clandestino. Una manta de plástico dice: “Con el permiso permiten los ejidos (sic)”. En un espacio de unos 2 mil 500 metros cuadrados –un cuarto de hectárea– hay restos de unos 15 árboles talados “pese a que esta zona es un área de protección forestal”, puntualiza Chavarría.
El temor por lo que ocurrirá con el bosque, los rumores y la falta de información alcanzaron a los vendedores del Parque de Los Venados, quienes afirman que ya existe un permiso para construir un Walmart, algo de lo que no hay pruebas hasta el momento.
En otros ejidos, como Raíces, lamentan la falta de ayuda del gobierno y denuncian que, por ello, ha habido muertes por hipotermia.
En toda la zona se percibe la pobreza y la incertidumbre.
No pasa nada
El 1 de octubre de 2013, Peña Nieto publicó un decreto que le quitó la categoría de “reserva natural” al Nevado de Toluca. Así abrió la puerta a la explotación comercial de la zona, algo no necesariamente nocivo, según autoridades e incluso expertos conservacionistas: entre otras cosas permite que los pobladores aprovechen legal y ordenadamente sus recursos.
Para que ese decreto entrara en operación se requería un programa que detallara las acciones concretas. Y ese proyecto acaba de ver la luz: el Plan de Manejo del Área de Conservación de Flora y Fauna
del Nevado de Toluca (PNT) fue emitido el pasado 21 de octubre.
Como sea, Chavarría cuenta que desde 2013 algunos de los comuneros se inconformaron e interpusieron un amparo, pero no pasó nada. “Hay taladores de los ejidos que están de acuerdo con la tala y actúan en contubernio con las autoridades. Vamos, los denunciamos, toman fotos, les presentan planos, pero no hacen nada. No hay nadie en la cárcel por esto. Esta actitud provoca incendios”, añade.
Comenta que la extracción de la madera es muy rápida: un camión puede ser llenado en sólo media hora. “Nosotros vemos a unos talamontes, y cuando nos detectan ya nos están esperando con sus motosierras. Luego le dices al gobierno esto y responde: ‘Bueno, ya ven que así hay grupos, gente organizada’”.
En la pantomima de El Capulín, Alejandro del Mazo se refirió al decreto que el presidente Lázaro Cárdenas publicó el 25 de enero de 1936, en el que declaró “parque nacional” el Nevado de Toluca.
Pero el priista jamás se refirió al de octubre de 2013, que le abrió las puertas al llamado Grupo Atlacomulco para que pueda manejar las 53 mil hectáreas de la zona y realice finalmente inversiones que desde hace años proyectó para ese bosque. (Proceso 1931)
Al hablar del PNT, Pacchiano afirmó que es un rumor que este plan vaya a permitir la deforestación indiscriminada de 17 mil hectáreas, como se ha difundido tras una nota de Animal Político y mediante una petición en la plataforma change.org promovida por Maru Ayón.
El 23 de noviembre pasado, Ayón matizó en su cuenta de Facebook: “El Plan de Manejo puede que sea una gran iniciativa para cuidar el Nevado de Toluca, existen investigaciones que demuestran que la mejor manera de conservar los ecosistemas forestales es apoyando a las comunidades para su manejo y aprovechamiento cuidadoso.
“Pero para que el plan de manejo tenga éxito, tenemos que seguir vigilantes y asegurarnos de que ese plan se instrumente de manera cuidadosa y responsable, y de que a ningún político o empresario se le ocurra imaginar la manera de torcer las cosas.”
De acuerdo con el primer plan de subzonificación de la Semarnat para el Nevado de Toluca estará permitido realizar “actividades productivas de bajo impacto ambiental”. La Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales comprende una superficie de 17 mil 785.5 hectáreas repartidas en 11 polígonos.
El gobierno federal aprobó un “manejo forestal sustentable” en esa superficie. Es decir, que se permita la tala en 32.59% de la ANP, siempre con permiso de la Semarnat.
En octubre de 2013, paralelamente, el gobierno federal anunció que impulsaría la actividad turística “de bajo impacto” en el Nevado de Toluca y que “no se permitirá en ningún caso la edificación o construcción de fraccionamientos, casas campestres, cabañas o búngalos residenciales, ni la edificación o construcción de hoteles, posadas o fincas de descanso, ni campos de golf”.
Esa restricción quedó estipulada en el “Borrador del Programa de Manejo” del Nevado de Toluca que hizo público la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en ese momento.
Pero el pasado 21 de octubre de 2016 fue eliminada dicha restricción. En la versión final del PNT –publicada en el Diario Oficial de la Federación– ya no se hace referencia a la restricción de campos de golf, fraccionamientos o búngalos.
“El Programa de Manejo sí comprende el aprovechamiento forestal sustentable en la superficie señalada, pero con restricciones claramente establecidas por la legislación ambiental”, según documentos de la Semarnat. La dependencia ha reconocido presiones para cambiar el uso de suelo, pero asentó que no cederá ante ellas.
Chavarría difiere: “Aunque la gente ha protestado, las denuncias no prosperan, y para calmar a la gente agarran a dos o tres jovencitos, los exhiben y ya, nadie sabe qué hacen con la madera”.
Son los mismos
Este nuevo intento privatizador fue encargado a Ignacio Pichardo Pagaza, exgobernador mexiquense y actual encargado de una supuesta organización con tintes ecologistas (Proceso 1931). Él reapareció en el montaje de El Colorín, el 7 de noviembre pasado.
Cuando él y el resto de funcionarios llegaron, ya estaba montado un templete “ecológico”, adornado con arbolitos “para la reforestación”. Luego organizaron una pequeña caminata en la que Lucía Madrid, presidenta del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), defendió el proyecto de manejo forestal comunitario apoyado por la dependencia. Pero Pacchiano reconoció que sólo dos de los 54 ejidos del Nevado de Toluca están dentro de este proyecto.
Durante el paseo por El Capulín, en la ladera norte del volcán, se mostró cómo desde el año pasado los dueños de las tierras podaron y reforestaron los árboles, pues pretenden regenerar las zonas dañadas.
El año pasado se extrajeron mil 700 metros cúbicos de madera en El Capulín. Cada metro se vende en mil pesos. Una cuarta parte de los ingresos se destina al pago de impuestos y el resto de los recursos se invierte en obras comunitarias para el manejo del bosque y compra de equipo, dijeron los ejidatarios.
Al final del recorrido y de una conferencia de prensa, los campesinos invitaron carnitas a funcionarios, periodistas e invitados. Y ahí, uno de los habitantes de la zona, don Severino, dijo: “Nosotros hacemos todo el trabajo de conservación. Hay manantiales, pendientes, vegetación. Pueden sacarse hasta mil 8oo metros de madera, a mil pesos el metro cúbico”.
En total, calculó, la ganancia neta que puede quedarle a la comunidad por cada mil metros cúbicos es de 75 mil pesos.
Nadie habló de los costos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA (REPORTAJE ESPECIAL)
LINK: http://www.proceso.com.mx/465600/la-cara-oscura-del-nevado-toluca
CIUDAD DE MÉXICO: Hasta el pasado 25 de mayo, los pobladores de la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso, en la región de la Montaña Alta de Guerrero, confiaban en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminara si la Ley Minera violaba la Constitución y los convenios internacionales sobre derechos indígenas.
Pero la Secretaría de Economía (SE), a cargo de Ildefonso Guajardo Villarreal, logró anular la revisión de esa ley, con base en la cual esta dependencia otorgó 25 mil 425 títulos de concesiones –vigentes en junio de 2016, según el IV Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto–, que amparan 22.3 millones de hectáreas.
En 2010, mediante una solicitud de información, los pobladores de la región se percataron de que la SE había concesionado 80% de su territorio a las empresas mineras Zalamera y Hoschild, sin consultarles ni avisarles. Tras una batalla judicial de varios años, un juez federal suspendió las concesiones.
En febrero de 2015 la SCJN atrajo el caso del amparo en revisión 393/2015. En ese recurso los pobladores aseveraban que ciertos artículos de la Ley Minera violan los derechos a los pueblos indígenas plasmados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que, por extensión son inconstitucionales.
Las empresas mineras se desistieron de las concesiones. Y la SE puso en jaque a la SCJN: argumentó que con la cancelación de las concesiones desapareció el “acto reclamado” –el fondo del juicio–, por lo que la Corte tuvo que sobreseer el amparo.
Según Armando Campos Ochoa, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –que apoyó a la comunidad me’phaa–, “hubo una maniobra entre la SE y las concesionarias” para evitar la revisión constitucional de la Ley Minera.
Ésta, añade, podía generar modificaciones de fondo en el otorgamiento de concesiones e implicar “jurisprudencia para todas las luchas contra los megaproyectos”. Además, la revisión ponía temas centrales en la mesa: la definición de “tierra”, “territorio” y “pueblo” indígenas y la consulta.
“¿Qué implica en términos de costos políticos y económicos el cancelar y suspender dos concesiones mineras en lugar de 26 mil?”, plantea en entrevista con Apro. Sin embargo, el amparo constituyó un precedente y Campos espera que ese recurso “trazó el camino para otras comunidades indígenas en sus luchas”.
El “resurgimiento” del 169
Este martes 6, la SCJN se convirtió en la sede de un coloquio sobre la defensa del territorio indígena, en el que representantes de comunidades en resistencia, magistrados y abogados revisaron las herramientas jurídicas de las que disponen los pueblos originarios para reivindicar –y conseguir– el respecto de sus derechos en sus territorios ancestrales.
De acuerdo con Elia Avendaño Villafuerte, asesora en la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN, la lucha por los derechos indígenas avanzó a grandes pasos en los últimos cinco años gracias al “resurgimiento del Convenio 169 de la OIT”.
El Convenio 169 plantea, entre otros, la obligación de consultar a las comunidades indígenas antes de realizar cualquier asunto que afecte su territorio. Esta consulta debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
Avendaño explica a Apro que, a raíz de la reforma constitucional de 2011, el primer artículo de la Constitución elevó a rango constitucional los convenios internacionales que firmó México. En otros palabras, el Convenio 169 de la OIT se convirtió en uno de los más poderosos instrumentos legales, 21 años después de su aprobación por el Senado mexicano.
“Antes, la Constitución estaba por encima (del Convenio), y ahora están a la par”, abunda, al explicar que “a partir de 2011 tenemos más resoluciones sobre derechos indígenas, y en la SCJN hemos encontrado 370 sentencias que se refieren a ellos.
“Los derechos indígenas empiezan a tener una difusión un poco mayor, y la gente se organiza más: se da cuenta que el Convenio 169 los protege”, aseveró Alma Verónica Chacón Márquez, integrante de la Consultoría Técnica Comunitaria, una organización que apoya a los pueblos de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en la reivindicación de sus derechos.
Y, según Francisco López Bárcenas, titular de la Coordinación Nacional de Antropología en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), “el conflicto apenas comienza”.
Detalla, en entrevista con Apro: “El modelo de desarrollo económico del país, que se basa básicamente en grandes obras e infraestructuras, está afectando a los pueblos indígenas. Todo apunta a que los recursos naturales son ahora el centro de la apropiación. Y éstos están en los pueblos indígenas”, un diagnóstico similar al que expuso la organización Oxfam en un informe reciente.
“Se trata de buscar respuestas jurídicas, lo que pasa es que muchos pueblos indígenas no están yendo a los tribunales, han visto que las sentencias no se cumplen, que ganan pero que no pasa nada”, añade el antropólogo.
Según Karla Quintana Osuna, secretaria de estudio y cuenta de la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz y exlitigante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los logros de los derechos indígenas se conquistan amparo tras amparo. “No se puede avanzar en los tribunales si no es por ustedes”, exhortó.
También recordó que, según la CIDH, no importa que un terrateniente posea documentos que demuestren la propiedad privada de un lote: si éste forma parte del territorio ancestral de una comunidad indígena, es obligatorio devolvérselo, afirmó.
Asimismo, subrayó que en muchas ocasiones las autoridades y las empresas retan el carácter indígena de las comunidades que exigen sus derechos sobre el territorio ancestral, lo cual es ilegal, pues el Convenio 169 plantea la “autoadscripción”, según la cual una persona es indígena a partir del momento en que se reivindica como tal.
Uno de los reclamos de las comunidades indígenas, entre ellas las que habitan la Sierra Tarahumara, es que las distintas reformas agrarias que se llevaron a cabo en México en el siglo XX no tomaron en cuenta el carácter indígena del territorio y despojaron a comunidades enteras de sus tierras.
Quintana planteó ciertos obstáculos para el pleno respecto a los derechos indígenas. Los términos de la consulta, por ejemplo, levantan ciertas preguntas: “¿A quién consultar? ¿Qué se consulta? ¿En qué forma?”
Y subrayó la emergencia de un fenómeno reciente, que desafiaría el sistema judicial: crecen los casos de comunidades campesinas no indígenas que invocan la falta de consulta ante los tribunales para cancelar los megaproyectos que los afectan.
Magdalena Gómez Rivera, abogada y fundadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), aseveró que el tema de fondo de los derechos indígenas va más allá del debate jurídico y se ancla en el racismo: “Que en un primer tiempo dejen de hablar de un ‘problema indígena’”, exhortó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465580/buscan-comunidades-indigenas-sentar-jurisprudencia-contra-megaproyectos
Poco más de tres meses después de que Emilio Azcárraga Jean anunciara al aire “el segundo cambio más importante” de Televisa, la empresa está sumida en una crisis de tal envergadura que ya emprendió despidos masivos, piensa vender inmuebles y hasta se menciona la posibilidad de que reduzca salarios; pero lo más impactante: se ha deshecho o ha congelado a algunas de sus figuras emblemáticas, entre ellas Joaquín López Dóriga, Víctor Trujillo y Adela Micha.
CIUDAD DE MÉXICO: Se tomaron una selfie juntos el pasado 18 de agosto frente a las cámaras de televisión. Se alabaron mutuamente. En El Noticiero, conducido por Joaquín López Dóriga, el presidente del Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, le prometió a su conductor estelar que formaría parte del “segundo cambio más importante que me toca guiar” en esa empresa.
No sólo eso. Azcárraga afirmó: “Siempre le voy a apostar, y creo que Televisa debe apostar, a cambiar. Haremos programas buenos y trataremos de hacerlos mejores… prefiero perder arriesgando con nuevos formatos a quedarnos estancados en un formato, que solamente teníamos”.
Pasaron apenas tres meses de ese anunciado “segundo gran cambio” y la empresa ya enfrenta una de sus peores crisis en los ámbitos financiero, comercial, de audiencias y de contenidos. En la tercera semana de noviembre le anunciaron a todas las áreas de Televisa que debían recortar 20% de su personal, que iban a reducir costos, se va a vender el corporativo del grupo en Santa Fe y trasladar a una parte del personal a un lado de las instalaciones de Televisa San Ángel.
Pero la sorpresa mayúscula fue cuando el Grupo Televisa oficializó que López Dóriga, conocido como El Teacher, dejaba “por razones comerciales” la conducción de sus dos programas informativos, Chapultepec 18 y Si me dicen, no vengo.
En sus redes sociales y en su columna periodística, López Dóriga insistió en que “por razones comerciales, no de audiencia, Televisa ha decidido cancelar la barra periodística de las 23:30 horas, de la que formo parte”.
Los datos de Nielsen Ibope, empresa que mide el rating a las plataformas de Televisa, indican que Si me dicen, no vengo y Chapultepec 18 tuvieron de 1.4 a 2 puntos, menos que las emisiones deportivas de Los protagonistas, de Canal 13 y de la nueva programación de Imagen TV.
Además de los informativos de López Dóriga, Televisa cancelará desde el 1 de enero de 2017 los programas La entrevista por Adela, conducido por Adela Micha, quien laboró 30 años en la empresa; Peladito y en la boca, de Víctor Trujillo, exconductor de El mañanero y que laboró 15 años en Televisa, y la emisión de los comentaristas financieros de Alebrijes: Águila o Sol, conducido por Maricarmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares.
En un escueto comunicado emitido el jueves 1, la empresa sólo agregó que “Grupo Televisa trabaja en nuevos proyectos que sustituirán a estos programas”.
La insistencia de Grupo Televisa para evadir el tema de la disminución del rating y de la credibilidad, a pesar de los cambios iniciados el 22 de agosto, contrastó con algunos hechos y datos precedentes: se canceló el programa Esta noche con Arath, que sólo duró 12 emisiones porque no levantó en audiencia.
Esta noche con Arath era la apuesta por un “nuevo humor político”, en un formato que era una calca del programa estadunidense The tonight show, conducido por Jimmy Fallon, pero sin el sentido del humor, la capacidad de improvisación o el sarcasmo frente a la situación política. La primera emisión de ese programa fue un largo homenaje a López Dóriga, quien se imitó a sí mismo y presumió sus calcetines de colores.
A finales de octubre e inicios de noviembre, las mediciones de Nielsen Ibope y de HRMedia colocaron al noticiario Diez en punto, conducido por Denise Maerker, con entre 7.1 y 9.1 puntos de rating, mientras Hechos de la noche, de su competencia TV Azteca, le pisaba los talones y algunos días los rebasó con entre 6.9 y 7.8 puntos.
La falta de audiencia en el noticiario de Maerker se atribuyó no sólo al cambio de horario y de conductor, sino a continuos problemas de bloqueos en la cobertura informativa y mal entendimiento con el jefe de corresponsales y reporteros, Amador Narcia, confiaron a Proceso fuentes de la empresa.
A los noticiarios matutinos no les ha ido mejor. La medición del 26 y 27 de octubre de Nielsen Ibope reveló que el noticiero matutino Despierta con Loret tuvo menos rating que Hechos AM: 2.4 a 2.6 puntos frente a 2.7 y 3 puntos; el noticiero vespertino del canal Las Estrellas, conducido por Karla Iberia Sánchez, prácticamente empató con Hechos Meridiano al registrar 3.9 a 4 puntos de rating frente a 4.1 y 4.2 de la emisión de Canal 13.
La apuesta por nuevas telenovelas, similares a las series de Telemundo, fue también fallida. Yago, un amor traicionado registró menos de cinco puntos en la mayoría de sus emisiones.
Con el estreno de La candidata, telenovela que incursiona en la ficción melodramática sobre la política al estilo Televisa, les ha ido mejor que con otros productos. La empresa, basándose en Nielsen Ibope, informó que en su primera semana tuvo un rating promedio de 20 puntos.
Sin embargo, TV Azteca les ganó en la contienda por las audiencias con la emisión de la narconovela Rosario Tijeras, que tuvo más de 14 puntos de rating entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, según HRMedia.
Tras el comunicado del jueves 1, contrastó la reacción de Adela Micha y Víctor Trujillo –quienes dieron por terminada su relación con Televisa y hablaron de su “liberación”–, con la de López Dóriga, que insistió: “Seguiré aquí en Televisa preparando nuevos proyectos periodísticos que en su momento le daré a conocer”.
López Dóriga, negocios y desprestigio
La crisis de López Dóriga en Televisa se agudizó desde que el año pasado emprendió una batalla en los tribunales capitalinos con la empresaria María Asunción Aramburuzabala, propietaria de la inmobiliaria Abilia, quien acusó a la esposa del conductor, Teresa Adriana Pérez Romo, de intento de extorsión por cinco millones de dólares, a cambio de dejarla construir un desarrollo inmobiliario en la calle de Rubén Darío 225, en Polanco.
Televisa se lavó las manos. El 23 de agosto emitió un comunicado donde afirmó que “se trata de un conflicto entre particulares” que carece “de interés periodístico” y que “este tema no ha sido tratado en nuestros espacios informativos, ni en el que conduce Joaquín López Dóriga ni en ningún otro.
“Noticieros Televisa confía plenamente en el profesionalismo de Joaquín López Dóriga y le reitera su respaldo frente a una más de las dolosas notas de Reforma contra Televisa y sus colaboradores”, sentenció el comunicado.
Hacía referencia a la primera nota publicada por el periódico Reforma donde se presumía que la empresa Abilia había sido objeto de extorsión por parte de la esposa de López Dóriga, a través del abogado Mario Becerra Pocoroba.
Aramburuzabala señaló directamente a López Dóriga de amenazarla con el “rigor” de una campaña mediática en su contra y que “me iban a destrozar, cosa que me causó un gusto infinito, porque mientras más lo publique y más lo mencionen, más gente sabrá lo que ellos están haciendo”.
En entrevista con Proceso, Aramburuzabala reiteró, en septiembre de 2015, que no cesaría en su demanda porque “se trata de una batalla contra el mal uso del poder y la corrupción de un conductor que al tener acceso a un medio lo usa para enriquecerse, para extorsionar”.
El litigio se ha prolongado y la procuraduría capitalina ha favorecido los intereses del matrimonio López Dóriga-Pérez Romo, pero el desprestigio del veterano periodista, heredero del modelo de Jacobo Zabludovsky en la pantalla televisiva, se ha incrementado, sobre todo entre el sector empresarial y ante el círculo de la opinión pública que ha apoyado a Aramburuzabala, exsocia del Grupo televisa.
Las primeras versiones internas de Televisa señalaban que López Dóriga dejaría el micrófono informativo de Canal 2 el 30 de septiembre de 2015, pero la posibilidad se frenó para no vincular el hecho con el litigio.
El propio López Dóriga, el 25 de septiembre de 2015, se jactó de lo inverosímil de la versión de su salida. En su columna de Milenio Diario apostilló: “Los hay que en su miseria humana andan por la vida repartiendo falsos certificados de defunción”.
Proceso en su edición 2030 documentó los negocios que López Dóriga ha realizado, usando el micrófono mediante dos empresas, Astron y Ankla, que de 2001 a 2015 recibieron al menos 237 millones de pesos de distintas dependencias federales, todos por adjudicación directa. Uno de los contratos más generosos fue con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en los últimos siete años le pagó más de 33 millones de pesos por menciones positivas en sus espacios informativos.
Astron y Ankla subcontratan a otra empresa, Telecomportal, S. A. de C. V., cuya principal accionista es Pérez Romo, para dar “asesoría en informática” por millones de pesos en las mismas dependencias federales.
En plena campaña presidencial de 2012, la Secretaría de Marina le adjudicó a Astron Publicidad, del 2 de abril al 31 de diciembre del mismo año, un contrato por 7 millones 714 mil pesos por “un servicio de difusión de las campañas de la Secretaría a través de la radio en diferentes lugares de la República”, según el folio 13-SCN/A012-2012.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, López Dóriga creó Ankla Comunicación, que había recibido tan sólo entre 2013 y 2015 un total de 13 contratos por 39 millones 274 mil pesos, cifra superior a los convenios firmados con otros medios electrónicos o impresos.
En enero de 2016 volvieron las versiones sobre la salida de López Dóriga, junto con otros cambios en Canal 2, incluyendo su relevo con Denise Maerker, así como la salida de varias producciones. Se esperaban los cambios para después de abril. De nuevo el conductor negó rotundamente su salida.
Ésta se concretó el 18 de agosto. Ese mismo día, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) le notificó al abogado Javier Coello Trejo, representante legal de María Asunción Aramburuzabala, el “no ejercicio de la acción penal” contra la esposa de López Dóriga y otros implicados.
Coello Trejo afirmó en esa fecha a Proceso que durante 11 meses el Ministerio Público capitalino “sólo se dedicó a obstaculizar la investigación” y la procuraduría “se ha negado y se resiste a desahogar las pruebas”.
La PGJDF, agregó Coello Trejo, “ha sido la defensora de los intereses de los imputados, ya que no existe en el expediente un solo escrito de alegatos o pruebas por parte de la defensa de la señora Teresa Adriana Pérez Romo, ya que ha sido el propio Ministerio Público el que ha actuado como defensor de dicha persona”.
Crisis severa
En plena prueba del “segundo cambio más importante” de la era de Azcárraga Jean al frente de Televisa, el reporte del tercer trimestre del grupo mediático ante la Bolsa Mexicana de Valores reveló una crisis más aguda.
La utilidad neta de los accionistas de Grupo Televisa disminuyó 84% al registrar 2 mil 62 millones de pesos, en comparación con los 6 mil 545 que registró en 2015.
Las ventas de la televisora también se redujeron, 6.59%, mientras la venta de publicidad disminuyó 1.5% al alcanzar 5 mil 397 millones de pesos, contra los 5 mil 479 millones del mismo periodo en 2015, año en el que se registró una caída de más de 29% de ingresos publicitarios.
Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los escenarios se volvieron más pesimistas para el Grupo Televisa. Las acciones de la empresa tuvieron una caída de 11% en su valor y los inversionistas temen que le resulte más costoso expandirse hacia Estados Unidos y tener 40% del control de Univision, la cadena más grande de habla hispana.
El pasado 17 de noviembre, durante una conferencia en Barcelona, organizada por Morgan Stanley, el vicepresidente de Finanzas de Televisa, Salvi Folch, admitió que Televisa no tiene confirmados para el próximo año buena parte de los contratos de publicidad.
“Por lo general vendemos la publicidad por adelantado y no hay forma de revertir o cancelar los compromisos que los clientes asumen”, pero “la mayoría de las empresas mexicanas están revisando sus presupuestos y comprometerse sin que haya flexibilidad puede ser un desafío”, afirmó.
El despido del personal es mayor al que se había previsto. El 28 de octubre pasado, José Bastón, presidente de Televisión y Contenidos, al participar en una teleconferencia con inversionistas, afirmó que Televisa implementó “un plan de reordenación de costos, con el que se despidió a unas mil 200 personas este año.
“Tenemos un enorme plan de sinergias y un enorme plan de reducción de costos que implementamos completamente”, sentenció Bastón.
Este “enorme” plan ya incluye el despido de un mínimo de 3 mil personas, así como una reducción de 20% en los salarios de quienes se queden en la empresa.
La crisis ya alcanzó a la nueva filial de Televisa, Blim, la compañía que distribuye contenidos en televisión on line, para competir con empresas como Netflix, Apple TV o Clarovideo. El recorte incluye a varios responsables de la estrategia de contenidos de Blim que protagonizó en meses pasados una disputa con Netflix, porque se suspendieron las telenovelas de Televisa en esta plataforma, que ya alcanzó 76 millones de suscriptores (60% de ellos en Estados Unidos).
Para 2018 Netflix pretende llegar a 10.12 millones de suscriptores en América Latina, de los cuales más de 4 millones serían de México, país que hasta ahora tiene 51% de sus abonados. Esta cantidad es superior a la de la cantidad de suscriptores de los distintos sistemas de televisión restringida que tiene Televisa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465301/recortes-cancelaciones-segundo-gran-cambio-televisa
El organismo recomendó hacer un diagnóstico de las necesidades de operación y mantenimiento y diseñar un plan de trabajo para resarcir las fallas, así como revisar el Fimetro.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó la recomendación 14/2016 sobre el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) por ofrecer un servicio deficiente tras aumento de tarifa.
En el documento también se denunciaron “detenciones ilegales y arbitrarias, además de obstaculizaciones de la manifestación pública y protesta social como ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, hacia usuarios que se sumaron al movimiento “PosMeSalto”, que invitaba a saltar los torniquetes de entrada sin pagar, como demostración de inconformidad ante el alza en el precio del viaje.
La recomendación, dirigida al Sistema de Transporte Colectivo, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, y Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, exige a las autoridades hacer un diagnóstico de las necesidades de operación y mantenimiento en el servicio y diseñar un plan de trabajo para resarcir las fallas, en un plazo no mayor a 120 días.
El documento también recomienda indemnizar a los usuarios afectados por “detenciones arbitrarias o ilegales” cuando ejercían su derecho a la protesta.
La Comisión recomienda, además, a la Asamblea Legislativa de la CDMX, revisar el fideicomiso maestro del metro (Fimetro) en un plazo no mayor a 180 días.
En el documento se explica que al aumentar la tarifa el Metro adquirió 11 compromisos para mejorar el servicio, pero que el Fimetro, compuesto por lo recabado con la elevación al precio del viaje, sólo cubrirá el costo para el cumplimiento de 5.7% de estos compromisos.
En este tema, la Comisión también señaló que, debido a la inflación, el plazo para cumplir con los compromisos establecidos pasará de 17 años a 24.
La recomendación de la CDHDF recuerda que a casi tres años del aumento a la tarifa, “las mejoras no son perceptibles” y señaló que los usuarios viajan en vagones saturados sin ventilación y transbordan en instalaciones deterioradas por falta de mantenimiento.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0812/mexico/cdhdf-presenta-recomendacion-sobre-el-metro-por-servicio-deficiente/
El ambientalista Iván Restrepo califica de escandaloso el recorte presupuestal a programas de medio ambiente y pone en duda lo dicho por EPN en la COP 13.
El escritor y ambientalista, Iván Restrepo, y Gustavo Ampugnani, director Ejecutivo de Greenpeace México, hicieron un llamado para que la declaratoria de cuatro nuevas áreas naturales protegidas, hecha por el presidente Enrique Peña Nieto, no se quede en el papel.
En entrevista para Aristegui en CNN, Restrepo advirtió que para salvaguardar estas zonas se requiere de apoyo financiero: “decir que no se destruye pero esto requiere recursos y uno de los problemas más importantes que vemos ahora es que el presupuesto destinado precisamente al sector ambiental para llevar a cabo todos estos programas de salvaguarda de protección se ha reducido enormemente en los últimos dos años; para el próximo año el recorte presupuestal es del 37 por ciento, es una cifra escandalosamente alta y que pone en duda que se pueda lo que el presidente Peña Nieto nos dijo aquí en Cancún al inaugurar la reunión 13 sobre biodiversidad”.
También destacó otro tema urgente que se debe considerar en especial en el Congreso mexicano: “Se requiere reformar la ley respecto a la zona marítima federal terrestre, en la actualidad esta zona marítima federal terrestre tiene solamente 20 metros de extensión, todo mundo sabe el mar está avanzando por el calentamiento global, es necesario que el poder legislativo apruebe ampliar la zona marítima federal terrestre de lo contrario vamos a tener lo que ya se observa aquí en Cancún, y en general en la Riviera Maya, que al destruir los manglares y todo lo que protegía el agua marina de la franja costera terminemos teniendo el avance del mar sin ninguna contención; esto obliga a ampliar esta franja costera a que no se construya en una área que algunos calculan en unos 500 metros entre donde rompen las olas del mar, tierra adentro y esto lamentablemente no se ha llevado a cabo por parte del poder legislativo”.
Abundó que el mar “está avanzando a tal velocidad, tierra adentro, que en 10, 15 años, el mar estará sobre las construcciones que se hicieron en la actual zona marítima federal terrestre de 20 metros solamente”.
Restrepo alertó que otro problema en la protección del medio ambiente y los recursos naturales es la corrupción: “Los funcionarios corruptos han permitido especialmente en el caribe mexicano que se destruyan los recursos naturales y quisiera a los televidentes recordarles que Cancún nació de la Selva y sin embargo Cancún en la actualidad tiene 90 por ciento menos selva que la que tenía en su origen hace ya casi medio siglo, y que tiene menos porcentaje en cuanto a áreas verdes que los que fija la organización. Estamos hablando del polo turístico más importante que tiene México, el polo turístico que quiso ser sustentable, sostenible en relación no sólo con la naturaleza sino con la gente”.
Agregó que Cancún es “es el polo turístico que tiene 80 por ciento de la población en la pobreza”.
“Áreas naturales protegidas de papel”: Ampugnani
Por su parte, el Director Ejecutivo de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, coincidió con Restrepo en el sentido de que no basta con la declaratoria de las áreas protegidas, “el llamado nuestro es más allá de los anuncios que se han hecho el lunes es cómo poner esto en perspectiva, o sea que no queden áreas naturales protegidas de papel, sino que puedan materializarse en planes de manejo, en recursos, en infraestructura para hacerlas valer en los hechos porque en la medida que tengamos ecosistemas y una biodiversidad sana, no fragmentada, vamos a poder hacer frente a los impactos del cambio climático de una manera más efectiva”.
Destacó que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos implica un reto adicional en materia ambiental.
“Nosotros creemos que no hay ninguna duda de la gravedad de los impactos que estamos sufriendo a causa del calentamiento global y el consecuente cambio climático esta es un realidad. Es verdad que muchos de los negacionistas del cambio climático van a tener el poder total en Estados Unidos y esto nos obliga a reforzar o a acelerar nuestro ritmo para conseguir una sociedad mucho menos intensa en lo que a consumo de combustibles fósiles se refiere”, opinó.
Ampugnani lamentó que “hoy por hoy tenemos economías basadas en la quema de petróleo, gas y carbón y esto es algo que consideramos que es del pasado tenemos que ver a un futuro 100 por ciento renovable”.
Destacó que cada vez más hay relación entre la convención que tiene lugar en Cancún, de Biodiversidad, y la de Cambio Climático en donde el año pasado se firmó el acuerdo de París, “se hace una mención importante a la importancia de contar con ecosistemas y ecosistemas biodiversos saludables, y es ahí donde vemos la relación, es algo que está vinculado, no es un tema por sí mismo de agenda en las discusiones que están teniendo lugar ahora pero sin duda hay una vinculación muy fuerte”.
El activista pidió “ser cuidadosos con esto de ver a la biodiversidad como una mercancía más, es algo que me preocupa mucho en los discursos que hemos escuchado del presidente y del secretario de Medio ambiente”.
Puso énfasis en el cuidado de los arrecifes de corales, “tienen ventajas para los ecosistemas, producen masa pesquera y albergan una riqueza también funcionan como barreras para frenar o para quebrar el oleaje que pueden poner en riesgo las costas de nuestro país, en la medida de que estos arrecifes de corales sean dañados esa barrera natural que puede mitigar los impactos por ejemplo los huracanes no van a dejar de existir y eso pone en riesgo no sólo la costa sino las personas que viven en la costa y la infraestructura que hoy tenemos en la costa”.
Por último, destacó la situación de otro ecosistema que se encuentra en riesgo. “El pendiente que tenemos y que queremos ver en los próximos meses es ver si presidencia va a decretar un área natural protegida en el desierto semiárido de Zacatecas, había un principio de acuerdo con el anterior gobierno y la presión de la industria minera coludido con el actual gobierno de Zacatecas han puesto un manto de silencio sobre eso, nos gustaría saber si vamos a avanzar”, denunció.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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