Jugoso contrato gubernamental a la hermana de quien pagó el predial de Angélica Rivera
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Multa SAT a Femexfut con 79.5 mdp por evasión de impuestos
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Regidores intentan suspender al “Cuau”; policías lo desconocen como jefe
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Locatarios de La Villa demandan penalmente al cardenal Rivera
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Muere el secretario de Cultura Rafael Tovar y de Teresa
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Detienen a 10 integrantes de ‘Los Viagra’ en Michoacán
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Tres heridos por explosión de 'polvorín' en Nochixtlán, Oaxaca
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Dólar se vende hasta en $20.50 en AICM
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Detienen a presunto líder de grupo criminal en Edomex
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Ejecutan a reportero en Chihuahua
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Encarcela Paraguay a cuatro miembros del ‘cártel’ de Sinaloa
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Ejecutadas 11 personas en menos de 24 horas en Guerrero
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Congreso de SLP equipara el “grooming” con abuso sexual
By: Draco Dracul on 23:35:00 / comment : 0 Abuso sexual, estados, San Luis Potosi
La iniciativa fue presentada por la diputada del PRI Martha Orta Rodríguez en abril pasado, y fue analizada y dictaminada por las comisiones de Derechos Humanos, Equidad y Género y Justicia, las cuales remitieron su resolución al pleno, donde fue aprobada con 18 votos a favor y dos en contra.
La diputada Orta Rodríguez saltó a la fama después de que propuso sancionar a quienes elaboraran y divulgaran en redes sociales “memes” humillantes con hasta cuatro años de cárcel, iniciativa que tuvo que echar para atrás.
Orta planteó entonces una modificación al artículo 178 del Código Penal, para adicionar un párrafo con este contenido: “Se equipara al delito de abuso sexual quien mediante el uso de cualquier tipo de tecnología contacte a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual”.
Los integrantes de las comisiones que revisaron la iniciativa hicieron modificaciones a la misma, concluyendo que el propósito es sancionar el ciberacoso o el denominado ciber grooming para lo que revisaron también el Código Penal Federal en la tipificación del delito de corrupción de menores.
“Tomamos algunos de sus elementos para mejor proveer en cuanto a los medios electrónicos y tecnología”, señalaron los diputados que elaboraron el dictamen final, por lo que la reforma quedó redactada de la siguiente forma:
“Se equipara al delito de abuso sexual a quien mediante el uso de medios electrónicos o de cualquier tecnología contacte, obligue, induzca o facilite a una persona menor de dieciocho años, o de una persona que siendo mayor de edad, y que por su condición, no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o que no tiene capacidad para resistirlo, a realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual.
“Este delito se perseguirá a petición de parte, salvo que la víctima sea menor de dieciocho años, en cuyo caso se perseguirá de oficio, sin que haya lugar al perdón por parte de la víctima”.
En el dictamen se asentó que el acoso virtual surge a partir de desviaciones que orillan a algunas personas a prácticas sexuales perversas, que se ha convertido en una práctica común y que ya ha sido reconocido como delito en varios países como Canadá, el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania.
“Quienes han tenido la obligación profesional de atender estos asuntos, saben que es en la pederastia y en la pedofilia donde se llega a la cumbre de la repugnancia y de la indignidad social”, señala la exposición de motivos.
Esto determinó la resolución de los legisladores de votar por una prescripción en la entidad para sancionar este delito, particularmente cuando se comete en contra de menores de edad, cuando se perseguirá sin necesidad de querella.
El abuso sexual se castiga en el estado con penas de dos a cinco años de prisión y de 200 a 500 salarios mínimos de multa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465745/congreso-slp-equipara-grooming-abuso-sexual
Peña y Trump, coincidencias militaristas
By: Draco Dracul on 23:30:00 / comment : 0 Donald Trump, Militarización, Nacional, Peña Nieto
El presidente electo de Estados Unidos se ha propuesto gobernar con una visión militarista, al tiempo que el presidente de México pretende ceder a las presiones del Ejército y la Marina para que intervengan ya no sólo en tareas de seguridad pública, sino de “preservación de las instituciones y el estado de derecho”, lo que definen como orden interno.
Peña está a punto de concretar el control de los puertos del país a la Marina. Sólo es cuestión de trámite en la Cámara de Diputados. El poder civil, en este caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cedió el control que tuvo por décadas a través de la Marina Mercante.
Ahora serán los marinos quienes den los permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo, de pasajeros y turismo náutico. Podrán remover a los capitanes de puerto y tomar el control físico de todos los puertos del país, entre otras facultades.
Lo que sigue es que el Congreso ceda a las presiones de las Fuerzas Armadas para que apruebe la Ley de Seguridad Interior, que no es otra cosa que la posibilidad de que los militares tomen el control del orden civil en donde el presidente de la República les pida su intervención, sólo a ellas o en coordinación con otras instituciones, en casos de amenazas al orden interior.
Según el proyecto de ley que promueven los legisladores del PRI, el orden interno se refiere a la condición para que el Estado mexicano salvaguarde “la continuidad de sus instituciones” y “el desarrollo nacional” mediante el mantenimiento del estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional en beneficio de la población”.
Bajo las actuales condiciones, territorios de Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México y muchos otros en todo el país donde la delincuencia organizada tiene control de territorio, autoridades y parte de la población, los militares podrían tener una intervención restaurativa.
Por supuesto, con escenarios de conflicto abierto, para los que dicen estar preparados, y no más en funciones de policías, como el secretario de la Defensa Nacional, general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, se ha cansado de repetir.
Los enfoques militares para los problemas de inseguridad son también con los que Trump está conformando su equipo de gobierno.
Son ya tres generales retirados del Ejército los que han sido propuestos para ocupar los cargos más importantes en el gabinete de seguridad del próximo gobierno estadunidense.
Su elección más reciente, el pasado miércoles, fue la del general John F. Kelly, como encargado de Seguridad Interior, la dependencia que da cumplimiento a la ley en aduanas y migración. Kelly se retiró como comandante del Comando Sur de Estados Unidos, cuya jurisdicción incluye a México.
Antes propuso al general James Mattis como próximo secretario de la Defensa, un general de la Marina apodado “Perro loco”, conocido por sus posiciones antiinmigrantes.
Es el mismo caso del general del Ejército retirado Michael T. Flynn, propuesto para ser el asesor en seguridad nacional de la Casa Blanca, quien propone acciones armadas en Irán.
Para dirigir la CIA, Trump nominó al republicano Mike Pompeo, graduado militar de West Point y combatiente del Ejército en la Guerra del Golfo.
Ni el enfoque militarista de Trump ni los reclamos de los militares mexicanos para sus futuras acciones pueden ser más claros. Se preparan escenarios para soluciones de fuerza no sólo para la delincuencia y el terrorismo, sino para todo aquello que les parezca una amenaza a la seguridad interior.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA (ANÁLISIS)
LINK: http://www.proceso.com.mx/465690/pena-trump-coincidencias-militaristas
Nueva “operación gatopardo”
By: Draco Dracul on 23:26:00 / comment : 0 Fiscalía General de la República, Impunidad, Nacional, Reforma política
Cuando el Congreso de la Unión aprobó las reformas constitucionales ya señaladas se cuidó de preservarle todas sus prerrogativas al actual presidente y, para ello, estableció la entrada en vigor de varias de las nuevas disposiciones hasta el próximo sexenio. Así lo hizo con la ratificación del secretario de Hacienda por la Cámara de Diputados, y del de Relaciones Exteriores por el Senado.
Y también lo determinó así para los planes y estrategias que a partir del próximo periodo presidencial tendrán que ser aprobados por el Congreso, como el de Seguridad Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo. Tampoco abrió la puerta para un gobierno de coalición y los compromisos que ello implicaría, pues estableció la entrada en vigor hasta el 1 de diciembre de 2018.
Y, desde luego, no dejó fuera de esta lógica a la Fiscalía General de la Nación, cuyo inicio de operaciones es incierto, pues se halla condicionado a la aprobación de las leyes secundarias y a que el propio Congreso haga la declaratoria expresa de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la misma. Tampoco fijó un plazo determinado, con lo cual, aunque no lo hizo explícito, buscó que fuera totalmente la voluntad presidencial la que decidiese cuándo será el mejor momento para dejarla formalmente fuera de su control.
Pero en este caso no sólo era importante el momento, sino también asegurarse de que el primer fiscal fuera alguien leal al actual presidente. Así, el Congreso estableció en el transitorio citado que el procurador en funciones, en automático, sería el primer fiscal sin tenerse que someter al abigarrado procedimiento previsto en el artículo 102 constitucional. Esto resultaba fundamental porque el fiscal tiene la facultad de nombrar al titular de las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y combate a la corrupción, ambas muy relevantes, pero la segunda vital para asegurar la impunidad de los actuales funcionarios públicos federales.
Aunque nunca se ha hecho explícito, es evidente que Peña Nieto buscaba el momento justo para alargar tanto como fuese posible la permanencia de la PGR, y al mismo tiempo que le permitiese asegurar que el primer fiscal sería alguien de su confianza. Raúl Cervantes, el actual procurador, abiertamente ha declarado que su intención es impulsar el proceso de creación de la fiscalía y, en los términos del todavía vigente transitorio, convertirse en el primer fiscal; cumplía con creces las características que busca el presidente: alguien con conocimiento de la materia penal, abogado de sus confianzas desde el proceso electoral en el que resultó electo, y por si esto fuera poco, primo de su consejero jurídico.
Sin embargo, la cercanía era tan evidente que generó protestas de los más diversos sectores: organizaciones de la sociedad civil, académicos y hasta de algunos senadores que aprobaron su ratificación aunque ante la presión social se deslindaban de haberlo designado como fiscal.
Esto fue lo que motivó al presidente a enviar una iniciativa de reforma que le permita asegurarse de que el primer fiscal será alguien de su confianza, y deja en las manos del mismo Raúl Cervantes la responsabilidad de lograr los votos que requiere para ser él mismo el primer fiscal.
El procedimiento previsto en el artículo 102 indica que el Senado integrará “una lista de al menos 10 candidatos al cargo, aprobados por las dos terceras partes de los miembros presentes” y que se enviará al Ejecutivo Federal para que, en un máximo de 10 días, seleccione una terna de la cual el Senado tiene que designar al fiscal, también por mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros presentes, en un plazo máximo de 10 días.
Dada la composición de los grupos parlamentarios es un hecho que el PRI logrará colocar en la lista inicial de 10 candidatos al menos tres nombres y, al abrir la posibilidad de que el procurador en funciones pueda ser considerado para participar en el proceso, prácticamente le asegura que él será uno de ellos.
Una vez en la lista del Senado, el presidente seguramente lo incluirá en la lista de tres, y en ese momento, aunque formalmente todo queda en manos del Senado, en realidad el presidente en turno ya aseguró que será alguien de su entera confianza, y ya depende totalmente de la habilidad de Cervantes convencer a sus compañeros de legislatura (pues no hay que olvidar que es hoy senador con licencia) de que lo seleccionen a él.
Así, Peña Nieto asegura la impunidad para él y su gabinete, pues el fiscal durará en su encargo nueve años, periodo en el cual prescribiría la posibilidad de iniciar acción penal en la mayoría de los posibles delitos, y deja totalmente en manos de Cervantes su designación. La propuesta de reforma le permite lograr su objetivo y mostrar que es sensible a los reclamos ciudadanos.
Para evitar el blindaje de Peña Nieto (candados de impunidad que tanto se cuestionaron a los gobernadores salientes haces apenas unos meses) no basta con reformar el artículo decimosexto transitorio, que efectivamente es el más burdo de todos; hay que revisar el procedimiento referido en el artículo 102 constitucional, pues tal como está en estos momentos asegura la captura de la fiscalía por el presidente en turno al momento del procedimiento, es decir, de Peña Nieto.
Para efectos prácticos la reforma al transitorio no altera nada; con o sin reforma al transitorio el presidente y su equipo cercano estarán blindados, aunque probablemente tengan que cambiar de cancerbero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465721/nueva-operacion-gatopardo
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