Dinero para notarías, registro civil y reclusorios acabó en empresas fantasma de Javier Duarte

En un día la administración de Javier Duarte adjudicó directamente más de 70 millones a empresas fantasma con presupuesto que era para fortalecer servicios clave del gobierno.

En un solo día más de 70 millones de pesos que estaban destinados a mejorar el sistema de notarías públicas, el registro civil y la seguridad de los reclusorios en Veracruz  fue desviado a la red de empresas fantasma creada en la administración del exgobernador Javier Duarte, actualmente prófugo de la justicia.

Datos obtenidos por Animal Político,  vía una serie de solicitudes de transparencia, ponen en evidencia que la red de empresas fantasma no solo fue utilizada para el desvío de recursos de programas sociales o para supuestamente fortalecer la imagen del gobierno veracruzano,  sino también del presupuesto destinado para el mejoramiento de áreas claves del gobierno.

Fue el 12 de julio de 2012 cuando la Secretaría de Gobierno de Veracruz asignó, el mismo día,  cinco contratos a las empresas Abastecedora Romcru, Centro de Recursos de Negocios CERENE, CYMANED, Pefraco y Rinoxa por un total de 70 millones 835 mil 872 pesos.

Todas estas compañías forman parte de la red fantasma revelada en mayo pasado por este portal. En noviembre el SAT confirmó de forma definitiva que eran empresas falsas con operaciones simuladas, mientras que el nuevo gobierno estatal de Veracruz anunció una indagatoria a los 13 notarios que avalaron la inscripción de dichas compañías.


Los contratos, asignados vía adjudicación directa por la Secretaría de Gobierno y sin ninguna clase de competencia, fueron por servicios de análisis, capacitación o evaluación que en teoría estaban destinados a mejorar los servicios estatales mencionados.

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Uno de los contratos, por cinco millones de pesos, fue entregado a la empresa CERENE .El objetivo de este contrato era que la empresa realizara un servicio de análisis que arrojara si era factible aumentar o disminuir la cantidad de notarías que operaban actualmente en la entidad.

Dado que CERENE es una compañía inexistente, las autoridades presumen que ni este ni ningún otro servicio que se la haya adjudicado fue realizado realmente por esta empresa, e incluso pudieran ser servicios que nunca existieron.

De hecho, la actual administración de Miguel Ángel Yunes ya anunció una investigación al sistema notarial veracruzano pues se presume que están en funciones un mayor número de notarios de los que se necesitan.

El mismo  12 de julio de 2012 la Secretaría de Gobierno entregó otro contrato por diez millones de pesos a Abastecedora Romcru. El objetivo de dicho contrato era proporcionar un servicio de capacitación a 212 oficinas del Registro Civil estatal en materia de “registros extemporaneos”.

Y en la misma jornada se entregó un contrato por 16 millones 248 mil pesos a la empresa Pefraco, este por un concepto similar al anterior: capacitación y actualización en sitio al personal de las 212 oficialías del Registro Civil en Veracruz.

Ni las cárceles se salvaron

Veracruz es uno de los 16 estados del país que actualmente presentan un problema de sobrepoblación en sus centros penitenciarios. En el arranque de la administración de Javier Duarte la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió que por lo menos ocho de los reclusorios estatales estaban realmente controlados por los propios reos.

Los datos obtenidos vía transparencia indican que el mismo 12 de julio de 2012 la Secretaría de Gobierno de Veracruz entregó dos contratos por adjudicación directa, que tenían como objeto mejorar las condiciones de seguridad de los penales. Pero ambos contratos fueron asignados a  empresas fantasma.

Uno de los contratos, por 19 millones 888 mil pesos, era para proporcionar un  “Servicio de Revisión, Análisis, Diagnóstico y Detección de Oportunidades de Mejora de la Infraestructura Penitenciaria, consistentes en Sistemas Eléctricos y Barda Perimetral a los 17 Centros de Readaptación Social”. Dicho contrato fue adjudicado a la compañía CYMANED.

El otro contrato, por 19 millones 698 mil pesos, estaba titulado “Servicio de Evaluación y Diagnóstico de los Sistemas, Procedimientos, Equipos y Medidas de Seguridad en las áreas de Recursos Humanos, Recursos Fiancieros, Recursos Materiales, Dirección General, Subdirección (…)  y Colchón de Seguridad de los 17 Centros de Readaptación Social”. Este fue entregado a la empresa Rinoxa.

Tanto CYMANED como Rinoxa son empresas falsas. Amas fueron incluidas por el Servicio de Administración Tributaria en el listado definitivo de empresas que simularon operaciones y emitieron facturas por las mismas.

Compañías multiusos

Esta nueva información deja en evidencia que la administración de Javier Duarte llegó al extremo de utilizar una misma empresa fantasma para adjudicarle múltiples contratos aunque en realidad tuvieran poca o ninguna relación los conceptos de los mismos.

Uno de los casos más representativos es el de la empresa Centro de Recursos de Negocios CERENE (SA de CV). Esta compañía formaba parte de una red de empresas falsas y que el DIF de Veracruz le había adjudicado un contrato por cinco millones de presos para la compra de juguetes en 2013.

Pero al parecer CERENE podía hacer de todo. En 2014 facturó más de 33 millones de pesos a múltiples dependencias del gobierno de Veracruz para la supuesta promoción de actividades del gobierno de Veracruz.


En julio 2012, como ya se dijo, esta compañía fue contratada para analizar el funcionamiento del sistema notarial de Veracruz. Por si lo anterior no fuera suficiente, datos revelados por transparencia revelan que al mismo tiempo, CERENE también fue contratada por la Secretaría de Turismo del estado para difundir una serie de spots del gobierno de Veracruz a través de la cadena Univisión en los Estados Unidos. Por ello se le adjudicaron 24 millones 421 mil pesos.

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La empresa CERENE no es un conglomerado de compañías multifacéticas. En realidad su sede es una casa con techo de lámina en la calle Cervantes y Padilla del puerto de Veracruz. En esa casa vive Jacqueline Terrón quien dijo que su dirección fue utilizada para dar de alta una empresa que ahí nunca ha existido.

Por citar otro ejemplo, la empresa Abastecedora Romcru la cual recibió entre 2012 y 2013 más de 180 millones de pesos a través de diez contratos entregados por las secretarías de Educación y Desarrollo Social de Veracriuz, así como por el DIF Estatal. Dichos contratos eran por la venta desde materiales de construcción, hasta despensas o juguetes didácticos para escuelas.

Pero en el mismo 2012, Romcru también era contratada por la Secretaría de Gobierno para dar servicios de capacitación a personal del Registro Civil.

La dirección de la compañía Abastecedora Romcru es en realidad un patio con un cuarto en el centro del puerto de Veracruz. Sus socios son dos músicos que tocan en las calles para obtener e sustento diario.

Otro involucrado con fuero

Cuando la Secretaría de Gobierno entregó en un solo día, en julio de 2012, más de 70 millones de pesos a la red de compañías fantasma el titular de esa dependencia era Gerardo Buganza, amigo de Javier Duarte y originario de la misma ciudad que el hoy exgobernador prófugo: Córdoba Veracruz.

Actualmente, Buganza es diputado estatal independiente por el estado de Veracruz y cuenta con al protección del fuero estatal. Otro exfuncionario de Duarte involucrado en la adjudicación de contratos, Vicente Benítez, también es diputado local actualmente.


A ellos se le suman seis exfuncionarios más de la administración de Javier Duarte que consiguieron una diputación federal. Todos ellos son parte de un entramado de servidores públicos revelado por Animal Político el 24 de mayo, a través del cual se desviaron recursos que de acuerdo con el SAT podrían superar los tres mil millones de pesos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/dinero-notarias-registro-civil-reclusorios-empresas-fantasma/

Pemex pierde 90 mil litros diarios de combustible sólo en uno de sus ductos

En los 597 kilómetros del ducto Minatitlán-México, que atraviesa cinco estados, la pérdida de combustible ha aumentado 17% desde 2009.

En el ducto de mayor extensión de Petróleos Mexicanos cada día se pierden 92 mil litros de combustible. Esto no es nuevo para la empresa: al menos desde 2009 las pérdidas son una constante en el ducto que va de la ciudad veracruzana de Minatitlán a la capital del país, y han aumentado 17% desde ese año.

En este ducto, por el que se transportan diesel y gasolinas Magna y Premium, en el periodo de 2009 a 2015 tuvo una pérdida de 223.8 millones de litros de combustible, equivalentes a once mil pipas.

Tan sólo el año pasado la pérdida ascendió a 33.5 millones de litros, de acuerdo con información oficial de la empresa.

El ducto Minatitlán-México atraviesa por Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y la Ciudad de México a lo largo de 597 kilómetros y 60 municipios.

Su origen está en la refinería de Minatitlán, una de las seis del país, hasta la delegación Azcapotzalco.

Además de las pérdidas, las tomas clandestinas también se han incrementado. Hace siete años el total de tomas detectadas en esas cinco entidades era de 212, y para junio de 2016 ya eran 1,249. Esto implica 489% más.


En Puebla está el incremento más importante: en 2009 se detectaron 20 tomas clandestinas y en junio pasado ya eran 675.

Este año, Petróleos Mexicanos reportó una pérdida anual de 20 mil millones de pesos por la pérdida de combustible.

Carlos Murrieta, director de Transformación Industrial de Pemex —a cargo de refinación, transportación y comercialización de los hidrocarburos de la empresa productiva—, dijo en octubre pasado que el crimen organizado puede robar 27 mil barriles de gasolina y diesel diarios.

El funcionario agregó que éstas pérdidas sí afectan las finanzas de Pemex. Incluso, la empresa mexicana ha llevado el tema de robo de combustible a tribunales en Estados Unidos, aunque sin éxito.


En el Plan de Negocios 2017-2021 de la empresa mexicana —que se presentó en noviembre pasado—  su director general, José Antonio González Anaya, incluye el compromiso de “redoblar esfuerzos en todos los frentes” para reducir las pérdidas, aumentar la vigilancia de los ductos y evitar que el combustible mexicano se comercialice en mercados ilícitos. Datos de la Procuraduría General de la República muestran que nueve de cada 10 casos de robo de combustible quedan impunes.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/pemex-robo-combustible/

Bajo el manto de Peña Nieto, el gran negocio de ser liquidado

Ser funcionario público de nivel alto y renunciar al cargo o ser despedido de él no es, en México, motivo de vergüenza o desazón, sino de júbilo… por la liquidación que se recibirá. En este sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto ha realizado medio centenar de cambios entre los miembros de su gabinete (secretarios de Estado o directores de empresas estatales) y en todos los casos las liquidaciones recibidas por los salientes han sido de escándalo, millonarias en algunos casos, en un país donde el salario mensual promedio apenas supera los siete mil pesos.

CIUDAD DE MÉXICO: Los colaboradores de Enrique Peña Nieto gozan de privilegios laborales a los cuales casi nadie en el país puede aspirar: ganan en un día más o menos lo que un trabajador mexicano promedio gana al mes; aunque la Constitución lo prohíbe (en la fracción II del Artículo 127), algunos perciben más que el mandatario federal, y cuando renuncian o son despedidos tienen programas de “ahorro” o liquidaciones muy ventajosas.

En cuatro años Peña Nieto ha realizado al menos 50 cambios de directores de dependencias gubernamentales. Tres de sus colaboradores salieron en medio de escándalos de corrupción, otros fueron desplazados, unos más contendieron por cargos de elección popular o terminaron acomodados en otro puesto. En cualquier caso, ninguno se fue con las manos vacías.

Proceso realizó 52 solicitudes de información. Por las respuestas que recibió fue posible saber que 13 servidores públicos obtuvieron abultadas liquidaciones; entre ellos, algunos de los hombres más destacados del peñanietismo.

Por cuantía, el caso más notable es el de Emilio Lozoya Austin, quien fungió como director de Pemex desde el inicio de la administración hasta el pasado febrero. De acuerdo con la respuesta otorgada por la paraestatal, a la que se le pidió precisar el motivo de separación del cargo, aquel fue despedido y se le concedió una liquidación de un millón 801 mil pesos.

Para sustituir a Lozoya, Peña Nieto nombró a José Antonio González Anaya –concuño de Carlos Salinas de Gortari– quien antes había sido director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puesto al que renunció y por el cual fue liquidado con 831 mil pesos.

El sector energético suele recompensar con generosidad a sus altos funcionarios. El pasado 25 de septiembre, la edición 2082 de este semanario publicó que el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, cobró una liquidación de 1.2 millones de pesos cuando renunció a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2093, ya en circulación

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465854/bajo-manto-pena-nieto-gran-negocio-liquidado

Cazatesoros gringos y AHMSA van por el fósforo de Baja California Sur

Un emporio de cazadores estadunidenses de tesoros, asociados con la poderosa compañía Altos Hornos de México (AHMSA), busca crear la mayor mina marítima de fósforo en el mundo en las costas de Baja California Sur, de la mano de las autoridades del país. Sin embargo, grupos ambientalistas y pescadores de la zona advierten que los trabajos pueden remover elementos tóxicos, afectar la ruta migratoria de especies protegidas y deteriorar la pesca; en suma, devastar los ecosistemas de la región.

SAN JUANICO, BCS: La vida en este poblado de 500 habitantes gira alrededor del surf y la pesca. Aquí, el océano Pacífico es potente y dadivoso. Las playas son visitadas en el verano por surfistas que practican en la bahía Escorpión, famosa por tener la segunda ola más larga del mundo. Luego, en octubre, comienza la temporada de pesca de langosta, que deja buenas ganancias a los pescadores. Quienes nacieron aquí o son pescadores o albañiles en las construcciones de los estadunidenses o se van de San Juanico.

Frente a este lugar, a 40 kilómetros de la costa, Odyssey Marine Exploration, una empresa estadunidense dedicada a buscar tesoros en barcos hundidos, planea extraer fósforo del fondo marino, lo que generó una fuerte oposición de organizaciones ambientalistas y pescadores de la zona.

El proyecto minero –llamado Don Diego– está en el Golfo de Ulloa, perteneciente al municipio de Comundú, Baja California Sur. De llevarse a cabo, aplicará una técnica de minería que nunca ha sido probada comercialmente. Esta técnica consiste en dragar y extraer fósforo del lecho marino. El problema es que se desconocen sus riesgos o afectaciones. Aunque la empresa dice que los peligros de la extracción submarina son mínimos, biólogos aseguran que el dragado afectará el ecosistema.

Pero no sólo los científicos ven el yacimiento como una amenaza. “Si trabajan aquí tronamos, se acaba el pueblo, se acaba todo. Y lo mismo va a pasar en otras partes porque las corrientes del mar van y vienen”, dice Juan Luis, poblador y pescador de San Juanico.

En septiembre de 2016, Namibia se convirtió en el primer país en aprobar una mina submarina de fosfato en el mundo tras una moratoria de 18 meses, hasta que la empresa Namibian Marine Phosphate (NMP) realizó estudios para proteger la industria pesquera de la zona. Aun así, los pescadores dudan de los análisis, que fueron pagados por la misma compañía. Y otro proyecto similar de Odyssey permanece vetado en Nueva Zelanda.

Por su parte, los promoventes de la mina Don Diego venden su operación como una segura y necesaria inversión que beneficiará al campo mexicano. Señalan que al extraer fósforo, un elemento esencial para fabricar fertilizantes, México se librará de la obligación de importar este mineral. Pero organizaciones sociales e investigadores consideran que este argumento es falaz: sólo una estrategia para conseguir apoyo político.

Si bien la iniciativa ya fue rechazada una primera vez por las autoridades ambientales mexicanas, Odyssey Marine Exploration se asoció con Altos Hornos de México (AHMSA, la siderúrgica más grande del país) para promoverla. Así, los cazadores de tesoros preparan, de la mano de exfuncionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), una nueva Manifestación de Impacto Ambiental para obtener los permisos de operación de la mina subacuática.

En México, lo que hasta ahora detiene el proyecto es que el lugar es ruta migratoria de la tortuga amarilla, una especie protegida y en peligro de extinción que migra de Japón y pasa por la costa del Pacífico mexicano hasta Hawái.

Esta tortuga, y la presión que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto a México para protegerla (ha amenazado incluso con un embargo pesquero) provocó que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) decretara una veda pesquera en el Golfo de Ulloa durante tres meses.

Sin embargo, persiste la probabilidad de que se cree la mina. “Nuestra legislación es muy endeble. En realidad no hay nada que nos proteja bien, que proteja el ambiente. Es extremadamente fácil mantener un discurso de minería sustentable basado en nada, porque no tenemos la normatividad que lo asegure. Al contrario, ofrecemos todas las ventajas para que las empresas se lleven lo que quieren, no paguen impuestos y no haya un seguimiento”, considera la bióloga Jeanneht Armendáriz en entrevista.

Asociación binacional

Una empresa de cazatesoros. Así es definida Odyssey Marine Exploration en el boletín de la Secretaría de Cultura que promueve la exposición El último viaje de la fragata Mercedes, la cual reúne el tesoro rescatado del buque español hundido en el océano Atlántico en 1804.

Más de medio millón de monedas de oro y plata, pinturas de Goya y otros objetos considerados patrimonio cultural subacuático fueron saqueados en 2007 por Odyssey y transportados a Estados Unidos. Pero el gobierno español promovió un litigio, que duró cinco años, y la empresa fue sentenciada a regresarlo a España. Hoy, lo rescatado se exhibe en el Museo Nacional de Antropología de México.

Esa es la compañía que pretende perforar –a través de la subsidiaria Exploraciones Oceánicas, S. de R.L. de C.V.– la primera mina submarina del mundo para extraer fósforo en costas mexicanas.

La empresa fue fundada en 1994. Desde entonces se dedicó a desarrollar tecnología para recuperar y comercializar restos de barcos hundidos, un negocio que les permite cotizar en la bolsa de Nueva York desde 2003. Su sitio web resalta que ha descubierto y explorado más naufragios que cualquier otra compañía, grupo académico, organización o gobierno en el mundo.

Pero Odyssey también tiene una faceta minera: es socia mayoritaria de otras tres empresas (Neptune Minerals, Chatham Rock Phosphate y Oceanica Resources) que poseen licencias de explotación de depósitos minerales en el fondo marino.

“Odyssey ofrece servicios de contratación, incluyendo su experiencia en la exploración del fondo oceánico y el equipo, a gobiernos y compañías de todo el mundo”, señalan en su página en internet.

Neptune Minerals tiene concesiones en Nueva Zelanda y Japón. Y Chatham Rock Phosphate en Nueva Zelanda. Esta última promueve un proyecto similar al mexicano, que fue rechazado el 11 de febrero de 2015 por encontrarse en una Zona Económica Exclusiva de la plataforma continental (el mismo caso de Don Diego).

Oceanica Resources, basada en Panamá, es filial de Exploraciones Oceánicas, que a su vez es presidida por Daniel de Narváez, un historiador náutico colombiano que aparece en múltiples publicaciones de la socialité en ese país y fue presidente de la Asociación de Productores de Esmeraldas Colombianas (Aprecol).

A través de Exploraciones Oceánicas, Odyssey promovió ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la primera Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto Don Diego para operar en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, en septiembre de 2014.

En marzo de 2015, Exploraciones Oceánicas recibió una inyección de capital de 15 millones de dólares de Minera del Norte (Minosa), subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), lo que convirtió a la empresa mexicana en socia mayoritaria. Entonces, el proyecto minero inició una nueva estrategia.

Alonso Ancira Elizondo, llamado El Rey del Acero, preside el consejo administrativo de AHMSA a la par de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero).

Después de que la empresa invirtiera en Exploraciones Oceánicas, retiró la MIA ingresada en 2014, a tan sólo días del fallo. Luego, en noviembre de 2015, Excélsior difundió que los directivos de la minera se reunieron con representantes del entrante gobierno panista de Baja California Sur para cabildear el proyecto Don Diego e ingresaron una nueva MIA, en la que anunciaron la asociación con la siderúrgica.

En marzo de 2015, Exploraciones Oceánicas demandó penalmente a un reportero bajacaliforniano, Carlos Ibarra, así como a miembros de la Cooperativa Pesquera Puerto Chale por dar a conocer que estaban perforando pozos de exploración sin la autorización de la Semarnat.

“Nos acusaron de un delito federal, una cosa risible: conspirar en contra del desarrollo económico de México”, afirmó Carlos Ibarra, y agregó que la Procuraduría General de la República (PGR) no le permitió revisar el expediente de la querella. La organización defensora de periodistas Artículo 19 denunció la existencia de una campaña de hostigamiento judicial contra el reportero, y a fines de 2015 la empresa retiró la demanda.

Para este reportaje se contactó a Odyssey Marine Exploration y a AHMSA. Sin embargo, se negaron a responder preguntas específicas. “En este momento no estamos dando entrevistas relacionadas con el proyecto Don Diego”, contestó Laura Barton, directora de Comunicaciones de Odyssey. Y la oficina de Relaciones Públicas de AHMSA declaró que no haría ningún comentario en su calidad de socia del proyecto.

Un último movimiento empresarial sucedió en diciembre de 2015: Odyssey vendió una parte de la compañía por 21 millones de dólares a Monaco Financial, firma estadunidense dedicada a comercializar monedas raras y productos de metales preciosos. Entonces, Mark Gordon, director de ­Odyssey, señaló el depósito de fosfato en el fondo marino de México (Don Diego) como un emprendimiento clave para su negocio.

La técnica de dragado

El proyecto Don Diego está localizado en el Pacífico, a 22 kilómetros de la costa, entre Punta Abreojos y Cabo San Lázaro, en Comondú, Baja California Sur. Toda esta área ahora es conocida como Golfo de Ulloa, aunque los pescadores de la zona dicen que sólo comenzó a llamársele así a partir del proyecto minero.

Lo que Exploraciones Oceánicas planea hacer allí es dragar el lecho marino para extraer 7 millones de toneladas de arena fosfática, las cuales serán procesadas para obtener el fósforo y el resto será regresado al mar. El plan prevé cinco etapas, cada una de 10 años. En total, 50 años de dragado continuo.

De acuerdo con organizaciones ambientales, el Golfo de Ulloa es un importante centro de actividad biológica. Por ahí migran especies protegidas como la ballena gris y cinco diferentes tipos de tortugas marinas, y viven unas 400 clases de peces. Por ello, afirma Jeanneht Armendáriz, bióloga e integrante de la asociación Medio Ambiente y Sociedad, es imposible que el dragado de la mina Don Diego no afecte las especies marinas y, con ello, la actividad pesquera.

“Van a hacer siete metros aproximadamente de dragado hacia abajo. Toda la fauna, la flora que haya en el fondo marino, la van a arrastrar y exterminar. Y, además, con esta remoción de minerales tóxicos lo que ocasionan es una productividad de microalgas nocivas, conocidas como mareas rojas, que afectarán muchísimo a las pesquerías”, explica.

Armendáriz también advierte sobre el riesgo radionuclear asociado a la minería de fósforo: este elemento usualmente se encuentra acompañado de elementos tóxicos como uranio, cadmio, cromo, vanadio, zinc y torio. La preocupación es que, con la remoción del lecho marino, estos minerales de acompañamiento también se liberen y queden flotando.

“En su estudio de impacto ambiental, la empresa manifiesta que encontraron una concentración considerable de uranio en el sedimento. Pero el problema con la normatividad es que no tenemos cantidades que sean permisibles en agua que no vayamos a beber”, puntualiza.

Anna Cederstav, codirectora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), asevera que la extracción de fosfato en el Golfo de Ulloa podría traer más daños que beneficios. “Nadie sabe si una mina de este tipo puede ser sustentable. Lo que sí se sabe es que la minería de fosfato en tierra tiene problemas enormes porque los sedimentos toman años en cimentarse”.

Crisis de fosfato

El consorcio Odyssey-AHMSA se encargó de promover la mina Don Diego ante políticos locales y el gobierno federal como indispensable para la seguridad alimentaria de México, uno de los puntos clave de la Cruzada Nacional Contra el Hambre impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto. Como México depende en gran medida de las importaciones extranjeras de fertilizantes (83%), los promotores de la mina de fosfato aseguran que su mina favorecerá a los agricultores mexicanos.

“Estamos hablando de un recurso que los países necesitan para asegurar su seguridad alimentaria. Y, básicamente, son cinco naciones las que controlan las reservas de fósforo en el mundo. Por lo tanto, esto puede convertirse en un problema de seguridad nacional y es preocupante que no esté en la agenda”, arguye Dana Cordell, integrante del Instituto para el Futuro Sostenible de la Universidad de la Tecnología en Sídney.

La investigadora aclara que no se trata de un agotamiento del recurso mineral, sino de una escasez provocada por razones geopolíticas y económicas: “Hoy en día, uno de cada seis agricultores no puede acceder a fertilizantes, y si el fósforo se vuelve más escaso por razones geopolíticas o por el alza de precios, menos agricultores podrán cultivar alimentos”.

Pero la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) considera en un análisis que “extraer fosfato en aguas de México no garantiza que será utilizado para suplir la demanda en ese país ni en el continente”.

En el caso mexicano, la falta de seguridad alimentaria obedece a otras razones, de acuerdo con el ingeniero agrónomo y especialista en economía agrícola Víctor Suárez Carrera.

“El hecho de que no haya seguridad alimentaria en México se debe a políticas públicas que ha impulsado el gobierno mexicano bajo presiones internacionales en los últimos 30 años”. Y apunta: el concepto de la seguridad alimentaria es complejo y tiene diversas dimensiones, y no está determinado por la escasez de un insumo como el fósforo.

Anna Cederstav, de AIDA, agrega que el vínculo entre la mina y el beneficio al campo mexicano es, por lo menos, débil. Lo que sí resulta claro, dice, es que si Don Diego se concreta afectará el ambiente, la pesca, la economía y el sustento social local.

La ruta de la tortuga

La pesca en el Golfo de Ulloa es muy importante. En él se realiza 70% de la extracción piscícola de Baja California Sur. Un ejemplo es la Cooperativa Pesquera Puerto Chale, que agrupa a 136 pescadores de San Juanito y Las Barrancas, dos poblados en la costa de este golfo. La temporada de langosta (que se inicia en septiembre) es la más lucrativa para esta cooperativa: reporta ventas de 90 a 100 toneladas del crustáceo al año.

Actualmente, en el Golfo de Ulloa existe una veda para proteger a las tortugas. El nombrado “refugio pesquero”, que comenzó en diciembre de 2014 y para 2015 se amplió, respondió a la alta mortandad de tortugas que sucedió en 2012, de acuerdo con las autoridades.

La ampliación de la veda permitió que, en septiembre de 2016, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) estadunidense certificara positivamente a México en relación con la protección de la tortuga caguama.

Antes, en agosto de 2015, la NOAA certificó negativamente a México y el gobierno de Estados Unidos amenazó al mexicano con realizar un embargo pesquero si no frenaba las muertes de tortugas.

Para la Sagarpa, la mortandad de esta especie se debe a su pesca incidental y, por ello, el 24 de junio de 2016 inició una veda general de cualquier tipo de pesca en la zona del refugio durante tres meses.

Juan Luis Murillo es pescador, originario de San Juanico, un poblado de unos 500 habitantes en el norte del Golfo de Ulloa. En verano este lugar recibe visitantes extranjeros (la mayoría canadienses y estadunidenses) que buscan surfear en el Pacífico. Fuera de la pesca y el turismo, la otra actividad económica rentable para los pobladores de San Juanico es trabajar como albañiles en las casas de los foráneos.

“No vamos a poder hacer nada. Nosotros estamos impuestos a estar trabajando y el mar ha sido nuestra vida”, dice Juan Luis, quien por la veda recibió 3 mil pesos quincenales como compensación, lo que no es suficiente para pescadores que en una buena temporada pueden obtener hasta 55 mil pesos en un solo día.

La veda general terminó el 1 de octubre y los pescadores iniciaron la temporada de captura de langosta. Sin embargo, para algunos defensores ambientales la veda debería ser permanente.

Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, organización que en su momento se opuso a la mina Don Diego, considera que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) debe mantener el refugio pesquero en el Golfo de Ulloa.

La bióloga Jeanneht Armendáriz explica que la zona del refugio pesquero coincide con la zona donde se pretende realizar el dragado de la mina Don Diego, por lo que considera que existe una incongruencia de las autoridades que, por un lado, prohíben la pesca y, por el otro, mantienen abierta la puerta a un proyecto minero que arrasaría con las especies animales y vegetales, protegidas y no protegidas.


Este reportaje fue producido con el apoyo de Round Earth. Nina Feldman contribuyó en él

FUENTE: PROCESO/PERIODISTAS DE A PIE.
AUTOR: CELIA GUERRERO (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/465716/cazatesoros-gringos-ahmsa-van-fosforo-baja-california-sur

Vinculan a proceso a exfuncionaria por fosas de Tetelcingo

Ana Lilia Guerrero Moreira, exdirectora de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Morelos, a quien el gobierno del estado está haciendo responsable de los delitos derivados de las fosas clandestinas de Tetelcingo, particularmente por el caso de Oliver Wenceslao, fue vinculada a proceso durante la madrugada del domingo.

Luego de una sesión que comenzó después de la 1 de la tarde del sábado y que concluyó esta madrugada, el juez determinó que existen elementos para considerar a la exfuncionaria probable responsable de los delitos contra el respeto a los muertos y violación a las leyes de inhumación y exhumación de cadáveres, fraude procesal y delitos cometidos por servidores públicos.

También, el juez de la causa fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la carpeta de investigación, que se cumplirá el próximo 11 de abril de 2017, tiempo en el que se deberá concluir con la sentencia de la exfuncionaria bajo proceso.

Además el juez determinó mantener las medidas cautelares impuestas en audiencia previa, consistentes en que Guerrero Moreira no podrá salir del estado ni del país y deberá acudir cada mes a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca).

Las fosas clandestinas de la Fiscalía de Morelos fueron cavadas en un panteón irregular de la comunidad indígena de Tetelcingo, en Cuautla, el 28 de marzo de 2014. En ellas fueron colocados más de 100 cuerpos. La familia de una de las personas depositadas ilegalmente en esas tumbas colectivas, logró recuperar el cuerpo de su familiar, Oliver Wenceslao, y luego inició una lucha para lograr que se abrieran e identificaran los demás cuerpos.

Con el apoyo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), así como colectivos de familiares de desaparecidos de Morelos y el país, se logró que apenas entre el 23 de mayo y el 3 de junio pasados, se abrieran las fosas y se exhumaran 117 cuerpos. Apro informó sobre las diversas irregularidades que se encontraron, desde que no se conocía el lugar preciso donde se encontraban las fosas, pasando por el número de cuerpos en ellas, así como cadáveres sin carpeta de investigación, necropsia, entre otras.

Apenas en octubre pasado, las procedimientos de identificación de los cuerpos en las fosas arrojaron como resultado que dos personas más fueran identificadas y una de ellas, Israel Hernández, fuera entregado a su familia. El otro cuerpo corresponde a una mujer y se espera que en las próximas semanas sea entregada a sus familiares, quienes viven fuera de Morelos.

Por este caso sólo Guerrero Moreira se encuentra indiciada, además de otro funcionario menor quien se encuentra vinculado a proceso. No obstante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación a principios de octubre pasado respecto del caso y en ella pidió al gobierno del perredista Graco Ramírez que investigue a 42 funcionarios involucrados.

Entre estos funcionarios se encuentra el entonces procurador de justicia Rodrigo Dorantes Salgado, hoy delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Durango, quien apenas fue llamado a declarar a principios de septiembre, sin que hasta el momento se tenga claro el proceso que sigue la investigación en su contra.

En junio pasado, Proceso dio a conocer que además de las fosas de Tetelcingo, existen otras en el panteón municipal de Jojutla, donde según testimonios de los pobladores, se han inhumado clandestinamente sin seguir los protocolos, cuerpos desde hace 10 años.

La Fiscalía se comprometió en septiembre pasado que el 7 de noviembre, hace un mes, se abrirían estas fosas y se exhumarían los cuerpos para “regularizarlas”. Sin embargo, esto no pasó. El coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía, Samuel Nava, ofreció una conferencia de prensa para advertir que la dependencia está “lista” para abrir las fosas de Jojutla en las próximas semanas.

“Estamos listos para iniciar el proceso de exhumación de los 36 cadáveres que tenemos en el panteón de Jojutla, en la (colonia) Pedro Amaro. Ya comenzamos la logística con las instituciones que nos hacen favor de participar activamente con nosotros”, aseguró y con ello confirmó lo publicado en junio pasado por Proceso.

“Solamente estamos en espera que ellos vean sus tiempos, debido a su sobrecarga de trabajo, tanto la PGR como la Policía Científica. Estamos en espera de la convocatoria para que nos sentemos nuevamente a dialogar por segunda ocasión y poder ya definir las fechas que sería entre el mes de enero y el mes de febrero”, aseguró el funcionario.

Fuente: Proceso

Autor: Jaime Luis Brito

http://www.proceso.com.mx/465919/vinculan-a-proceso-a-exfuncionaria-fosas-tetelcingo

Vicepresidente de El Super, filial de la mexicana Chedraui, hizo 4 aportes a la campaña de Trump

En California, Estados Unidos, luego de las elecciones presidenciales del pasado 8 de noviembre, el clima político quedó tenso y no es para menos, ya que ahí el primer grupo poblacional, es el de las personas de origen hispano y ahí, Hillary Clinton ganó con el 65 por ciento de los votos.

La llegada de Trump, lejos de sembrar miedo, ha funcionado para unir a sectores que terminarán por defenderse y cuidarse ante los embates anti inmigrantes que el empresario lance desde la Casa Blanca.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- El vicepresidente de El Super, la filial de Chedraui en Estados Unidos, Sal Marcianti, realizó cuatro donaciones a la campaña presidencial del empresario Donald Trump, a pesar de que esa tienda tiene como empleados en su mayoría a inmigrantes, que son también, los principales clientes de esa cadena de origen mexicano.

Para los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria de Alimentos y el Comercio (UFCW, por sus siglas en inglés), que durante más de tres años han exigido a El Super mejores condiciones laborales, este acto es grosero y una completa falta de respeto por parte de la empresa hacia quienes les han dado ganancias.

Podría decirse que el dinero que este hombre donó a Trump, vino de migrantes, tanto por los que ahí trabajan y por los que le compran.

El UFCW representa a aproximadamente 600 empleados que laboran en siete tiendas de El Super. Esta cadena representa una cuarta parte de los ingresos netos de Chedraui y contribuye sustancialmente a la rentabilidad general de la empresa.

Los trabajadores salieron a manifestarse luego de que se diera a conocer la donación de Marcianti, vicepresidente de la empresa Bodega Latina Corporation, empresa a través de la cual opera Chedraui. El dato fue encontrado en el Registro de la Comisión Federal de Elecciones y se está compartiendo a las afueras de las tiendas para acrecentar el boicot que los trabajadores sindicalizados llevan promoviendo por meses.

Los trabajadores se sienten profundamente insultados y están haciendo todo lo que está en su poder para boicotear a la empresa. Foto: UFCW.

En entrevista con SinEmbargo, Rigoberto Valdez, líder del UFCW, dijo al respecto que esa acción resultaba paradójica, ya que incluso en su Misión empresarial, dicen que están aquí para servir a los latinos que viven en el extranjero, pero apoyaron a una persona que en campaña presidencial fue anti mexicana y anti inmigrante.

“Un vicepresidente de una compañía cuyos consumidores son principalmente inmigrantes, que apoye económicamente a un candidato a la presidencia, es una falta de respeto a los trabajadores y a la comunidad que le compra a su tienda y que les ayuda a sobrevivir a Estados Unidos […] Para nosotros es insultante y ahora estamos informando de esto a los consumidores para que crezca el boicot contra El Super. Ésta es una razón más para hacerlo, para que ellos comprendan que no pueden usar el dinero de un inmigrante contra un inmigrante”, señaló.

“Nosotros nos hemos enfocado en productos perecederos y latinoamericanos enfocados al mercado hispano y en particular a los consumidores mexicoamericanos, y creemos que el mercado minorista mexico-americano es un nicho que presenta importantes oportunidades de crecimiento, dado el creciente tamaño y el creciente poder adquisitivo de este grupo de consumidores”, dice Chedraui sobre el objetivo de sus tiendas El Super.

El miércoles pasado el Sindicato fue a la tienda número 58 de Los Ángeles y logró realizar una manifestación de 100 participantes, entre los que estaban consumidores, trabajadores y líderes sindicales. El viernes iniciaron una petición en línea, con el objetivo de dar a conocer, “la falta de respeto de El Super a sus trabajadores y consumidores” e invitarlos a que no compren ninguno de sus productos para las fiestas de fin de año.

En un volante distribuido por los trabajadores, se critica que la filial de El Super, habla de apoyar una economía transfronteriza y explícitamente ofrece sus productos a los consumidores México-americanos, los mismos consumidores que el presidente electo de Estados Unidos, ha calificado de “violadores” y a los que amenaza con hacer deportaciones masivas y cerrar las puertas a la migración con un muro en la frontera.

De acuerdo con Rigoberto, la respuesta de la gente ha sido muy buena y admite que hay sorpresa al saber que alguien de alto rango en esta cadena “tuvo esta falta de respeto a la comunidad al hacer semejante hecho”.

No es la primera inconformidad de los trabajadores de El Super. En 2015 y a principios de 2016, se manifestaron en dos ocasiones por las malas condiciones laborales. Foto: UFCW.

El clima está tenso en California. Ahí Hillary Clinton ganó más del 65 por ciento del voto. Y entre la gente es el sentimiento que predomina: “nosotros sabemos que en el voto popular, Hillary le ganó a Trump con más de 2 millones de votos a nivel nacional. Aquí en California, el sindicato y los grupos pro inmigrante, hemos empezado a unirnos mucho más para comenzar a defender nuestros derechos, incluyendo a los trabajadores de El Super, que en su mayoría son inmigrantes. Queremos que se nos respete porque no votamos al igual que el resto del país. Aquí se han hecho muchos esfuerzos para defender nuestros derechos, seamos documentados o indocumentados”, agregó Valdez.

Y compartió un mensaje final: “vamos a continuar con nuestros enlaces y defendiendo a los trabajadores en contra de la injusticia y ahora contra la discriminación y el racismo de la administración Trump”.

Fuente: Sin Embargo

Autora: Daniela Barragán

http://www.sinembargo.mx/11-12-2016/3124312

Sindicato de Chapingo seguirá con protestas y bloqueos

Texcoco, Méx. Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo (STUACh), anunciaron que continuarán con las movilizaciones y bloqueos para los días martes y miércoles, en el estado de México y en la Ciudad de México, ante la falta de respuesta de las autoridades universitarias respecto al pago de vales de fin de año por un monto de 11 mil 300 pesos para cada uno de los más de dos mil trabajadores sindicalizados.

Desde el pasado jueves los sindicalizados mantienen un paro de labores, y tienen cerrados los cuatro accesos de la universidad.

El paro de la UACh ha afectado a casi 10 mil estudiantes, mil 200 profesores y los más de dos mil trabajadores administrativos que integran el STUACh.

Fuente: La Jornada

Autor: Javier Salinas Cesáreo

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/11/sindicato-de-chapingo-seguira-con-protestas-y-bloqueos

Explota tanque de camioneta en Nogales,Veracruz. Hay un menor muerto y 5 quemados

Orizaba, Ver.- Echaban cohetes de arranque en medio de la peregrinación de los trabajadores de SONIGAS, y cayó uno en el tanque de gas de una de las camionetas, explotando el cilindro que lesionó y quemó a una familia, entre ellos, dos menores de edad.

Iban al santuario de la Virgen de Guadalupe, y lanzaban cohetes de pirotecnia, pero para mala fortuna de los peregrinos el petardo alcanzó el tanque de gas de uno de los vehículos, donde viajaban cinco personas que resultaron heridas al explotar.

De inmediato se movilizaron elementos de cuerpos de auxilio, quienes trasladaron a los heridos al hospital regional de Río Blanco.

Cabe señalar, que dos niños presentan lesiones graves, sus padres volaron al momento de la explosión, pero todos son atendidos en el nosocomio.

Información de última hora. Fallece uno de los menores graves por explosión de Gas LP

Un menor de edad fallecido y al menos cinco personas con quemaduras graves es el saldo que dejó la explosión de un tanque de gas, durante una peregrinación en el municipio de Nogales.

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo, cuando un cohete alcanzó a un tanque de gas transportado en una camioneta, que participaba en una peregrinación a la Virgen de Guadalupe de trabajadores de la empresa "Sonigas".

La explosión alcanzó a una familia, entre ellos dos menores de edad: Kevi Castro Cruz, quien se reporta grave. Y Rogelio Kaleb Castro Cruz, de 9 años, quien perdió la vida en el siniestro.

Otros lesionados son: Mauricio Ortigoza Martínez, de 17 años; Efrén Trujillo Lara, de 16 años; Linda Sarahí Pérez Cruz, de 19 años de edad; y dos personas más que no han sido identificadas.

Fuente: Noreste/La Jornada

Autor: Emilio González Gómez y Eirinet Gómez

http://noreste.net/noticia/explota-tanque-de-camioneta-frente-a-palacio-de-nogales-hay-5-quemados/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/11/muere-menor-en-accidente-en-peregrinacion-en-nogales

Activistas protestan ante "guerra contra el narco"

Ciudad de México. Más de un centenar de activistas de diversas organizaciones civiles encabezaron este domingo en el Monumento a la Revolución un acto de protesta ante la “guerra contra el narco”, que a lo largo de 10 años ha sumido al país en una barbarie de miles de personas asesinadas, desaparecidas o desplazadas de sus hogares.

Comisión de Hidrocarburos pagó a empresa de Aurora Pierdant 1 mdp por una capacitación de 4 días

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) entregó por adjudicación directa un contrato, por un millón de pesos, a la abogada y exfuncionaria de Pemex Aurora Pierdant para realizar una capacitación de cuatro días sobre derecho petrolero mexicano y mejora en los procesos de licitación y adjudicación de contratos.

Pierdant Grunstein es hermana de Ricardo Pierdant, dueño de Grupo Pierdant, quien en 2014 –el mismo año del contrato en cuestión- pagó los impuestos del departamento en Miami de la Primera dama, Angélica Rivera, como un “favor de vecinos”, según dijo el presidente Enrique Peña Nieto.

La plataforma Méxicoleaks, en la cual participa Animal Político, recibió el contrato CNH-64/2014 en el que, además del acuerdo sobre el servicio, la Comisión Nacional de Hidrocarburos estableció un acuerdo de confidencialidad respecto a la información que Pierdant obtendría sobre el proceso de licitación de Ronda 1 de PEMEX, que se lanzaría un año después a la iniciativa privada.

La primera cláusula de confidencialidad establecía proteger la información referente a “todos los documentos e información que sea utilizada para la elaboración de las prebases y bases de licitación de Ronda 1”.

La Ronda 1 concentraba cuatro procesos de licitación pública lanzados en 2015 y por los que empresas privadas obtuvieron contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras, áreas terrestres y aguas profundas. Esto gracias a la Reforma Energética de 2013 que abrió la participación de terceros en el sector de hidrocarburos a través de distintos tipos de contratos. 

Los consorcios Statoil E&P México-BP Exploration Mexico-Total E&P México; PC Carigali Mexico Operation y Sierra Offshore Exploration y Murphy Sur-Ophir México Holdings Limited-PC Carigali México Operations-Sierra Offshore Exploration fueron las empresas ganadoras en los procesos de licitación de Ronda 1.

Experta en contratos

Aurora Pierdant fue gerente de contratos de PEMEX exploración y producción durante ocho años. Era la responsable de los aspectos legales y administrativos de los nueve contratos de obra pública financiada en Burgos, la mayor reserva de gas natural en el país.

También fue representante de Pemex Exploración y Producción, para la reforma energética de 2008, en temas legales de contratación. (Ley de Pemex, Reglamento y Disposiciones Administrativas de Contratación de Petróleos Mexicanos).

Desde 2012 es socia y directora de Wise Business Development. Según la información de su página de internet, ofrece a sus clientes “asesoría legal y comercial y les ayudamos a buscar potenciales socios comerciales y a manejar la relación con el gobierno. Nuestra profunda experiencia en la regulación, nos ha permitido trabajar junto con nuestros clientes durante y después de la reforma energética”.

En la página no están los nombres de sus clientes. Al preguntarle si alguna de las empresas que asesoró ganó algún contrato de la Ronda 1 con Pemex, aseguró que por un acuerdo de confidencialidad no puede informar al respecto.

“Lo que sí le puedo decir es que dar una capacitación en tema de hidrocarburos en 2014, de ninguna manera pone en conflicto de interés, ni a mí, ni a mis clientes, si alguno de mis clientes hubiera participado en una licitación. Una capacitación en derecho petrolero tiene un temario que no tiene nada que ver con las licitaciones ni con los contratos”, dijo durante la entrevista.

– El contrato menciona que podía tener acceso a documentación sobre bases y prebases de licitaciones de la Ronda Uno.

– “No. Absolutamente no. La capacitación fue sobre derecho petrolero mexicano”.

Además, dijo, “todos los documentos que fueron publicados en relación con las licitaciones de la Comisión, nunca tuve acceso a ellos previo a su publicación. Están publicados con mucha anticipación, para que no sea solamente yo sino toda persona que los quiera, los pueda consultar”.

El contrato efectivamente incluye el acuerdo para la capacitación sobre Derecho petrolero, pero se detalla que el objetivo es “identificar los problemas más relevantes en los procesos licitatorios llevados a cabo por Pemex exploración y producción para la adjudicación de contratos integrales de exploración y producción, así como en procesos de transición de las áreas petroleras”.

Además, que los funcionarios aprendieran aspectos legales sobre la “implementación, administración y desarrollo de procesos licitatorios, conforme a la experiencia del proveedor (Pierdant) en procedimientos llevados a cabo en Pemex exploración para la adjudicación de contratos integrales de exploración y producción, acorde con las nuevas atribuciones conferidas en la Comisión”.

El contrato fue firmado el 24 de noviembre de 2014 por Laura Gabriela Sánchez Achetigue, directora general de administración de la Comisión de Hidrocarburos. En él se explica que fue por adjudicación directa como lo permite la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Entre los preceptos previstos en dicha Ley para otorgar una adjudicación directa es que “no existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes”.

En la página de Compranet, sin embargo, sólo se publicó la carta de invitación a proveedores, pero no el fallo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en el que informe las ofertas recibidas. Pierdant dijo durante la entrevista que fue seleccionada debido a que ofreció la mejor propuesta técnica y económica.

El contrato por un millón de pesos más IVA incluyó una capacitación para enseñar “antecedentes del Derecho petrolero mexicano” el 26 de noviembre de 2014; procesos licitatorios (27 de noviembre); procesos de transición de áreas petroleras (28 de noviembre) y administración de contratos petroleros (1 de diciembre).

Fueron 250 mil pesos por día.

Directora de licitaciones de la CNH trabajó con Pierdant

De 2013 a 2015, la actual directora general de licitaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Elba Arjona, trabajó en RGA Business Development como consultora legal en materia de hidrocarburos, según su declaración patrimonial publicada en la página Declaranet. 

RGA Business Development es la denominación social de Wise Business Development, la empresa dirigida por Aurora Pierdant, según se asienta en el expediente de la empresa en el Instituto Mexicano de la Propiedad (IMPI), toda vez que se encuentra en trámite el registro de la marca.

Según dice Pierdant, después de la renuncia de Arjona a su empresa, “no ha tenido ningún contacto conmigo desde que se salió”.

CONTRATO Aurora Pierdant: https://www.scribd.com/document/333886328/CONTRATO-Aurora-Pierdant#from_embed

Fuente: Animal Político

Autora: Nayeli Roldán

http://www.animalpolitico.com/2016/12/pierdant-contrato-hidrocarburos-empresa/

Desplazamiento forzado: el saldo oculto de la guerra

La crisis de los desplazados por violencia apenas comienza en México: casi una tercera parte de sus municipios tienen menos habitantes que antes de que los homicidios se generalizaran en el país.

En la última década la tendencia de crecimiento de población en México comenzó a cambiar en 691 municipios del país: en ese 28% del total de ayuntamientos la población disminuyó.

Aunque estos municipios que están despoblándose se reparten en todo el país, la gran mayoría se concentran en tres polígonos ubicados en las principales zonas de conflicto entre organizaciones criminales: el noroeste y occidente, controlado por el Cártel del Pacífico; el noreste, controlado por el Cártel de Los Zetas; y en el sur-sureste, en los estados dominados por La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

El fenómeno de desplazamiento forzado interno también puede ser atribuido a otras causas como los desastres naturales y el desarrollo de megaproyectos de inversión, pero las zonas de mayor despoblamiento coinciden con los puntos en los que también hubo un aumento repentino de la violencia homicida.

La violencia homicida

En el país cada año nacen más personas de las que fallecen gracias a lo cual la población del país crece, según estimaciones oficiales, a un ritmo de 1.4% anual. Esta tendencia permanece desde el año 2000, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

Sin embargo, en los últimos 10 años, en el mapa surgieron y comenzaron a expandirse algunos puntos en los que la tendencia fue a la inversa: zonas que, en vez de tener cada vez más habitantes, comenzaron a perder población.

Los registros censales e intercensales del INEGI señalan que, sólo entre 2010 y 2015, 691 municipios del país comenzaron a despoblarse. 

¿Qué ha ocurrido para que en el 28% del total de los ayuntamientos la población decidiera irse?

Según el "Informe especial sobre desplazamiento forzado interno en México", que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en mayo pasado, la movilidad de las personas registrada en el país en los últimos años es originada por "una violencia diferente". Esta es ejercida por "grupos armados que están azotando diversas partes del territorio nacional", y cuya operación "no se ha podido frenar por parte de las autoridades".

Este diciembre se cumple una década desde la puesta en marcha de la que popularmente se denominó "Guerra contra el narco" y, aunque es difícil determinar con exactitud los resultados obtenidos con esta estrategia oficial, algunos rasgos de esta confrontación entre fuerzas públicas y grupos criminales sí pueden analizarse.

Estadísticas del INEGI dejan ver, por ejemplo, que entre 2006 y 2010 en 827 municipios del país se experimentó un aumento en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes: en ellos hubo un incremento repentino de la violencia homicida, que coincide con el inicio de la guerra contra el narco. 

La violencia continuó aún después del cambio de administración federal: entre 2011 y 2015 (los últimos dos años de gobierno del ex presidente Felipe Calderón y los primeros tres del presidente Enrique Peña Nieto), se registró un nuevo incremento en 106 de esos municipios que ya habían sido impactados al inicio de la guerra.

En este último lustro, otros 275 municipios se sumaron a la lista de localidades en las que aumentaron los homicidios. Así, entre 2010 y 2015, un total de mil 102 municipios del país sufrieron un aumento en esta violencia homicida. Eso equivale a 49% de los municipios del país.

Desplazamiento

Las estadísticas oficiales también dejan ver que, durante los primeros cuatro años de confrontación entre las fuerzas públicas y grupos criminales, 246 municipios del país comenzaron a perder su población. Esto creció durante los dos últimos años de gobierno de Calderón y los primeros tres de Peña.

Las estadísticas del INEGI señalan que entre 2010 y 2015 el número de municipios que redujeron su población llegó hasta 691 ayuntamientos.

Este fenómeno fue documentado en octubre de 2015 por una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó México. Después informó que una "de las graves violaciones a derechos humanos que ha generado las diversas formas de violencia que se han venido dando en México, durante los últimos años, tiene que ver con el desplazamiento interno forzado".

Según las observaciones preliminares de la visita del organismo interamericano, esta violencia es ejercida por "grupos del crimen organizado, los cuales, en algunos casos, se encuentran coludidos con agentes estatales".

Uno de los testimonios recabados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ilustra dicha violencia: "Fuimos desplazados por la delincuencia organizada –narró una víctima de Guerrero–. Somos 58 familias y entre esas 58 familias llevamos 27 muertos y tres desaparecidos. Fuimos atacados en nuestras casas. 

Llegaron cinco veces a atacarnos en las casas. Ahí mataron, son 27 (víctimas fatales). Una niña de ocho años vio cómo mataron a su mamá y a su hermano. Fue en 2012. Querían madera, plantar drogas y los minerales que hay ahí".

Esta problemática, sin embargo, "no ha sido documentada y analizada de forma integral por el Estado (Mexicano), lo cual constituye el principal obstáculo, de cara a la respuesta integral que México debe darle a este fenómeno", tal como concluyó la Comisión Interamericana, al presentar en diciembre de 2015 su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el país.

Fuente: Animal Político

Autora: París Martínez y colaboradores

http://www.animalpolitico.com/diez-de-guerra/desplazados.html