Se reducirá deuda en 2016, responde Hacienda a Fitch

Ciudad de México. La subsecretaria de Hacienda Vanessa Rubio aseguró que a partir del próximo año la deuda comenzará a disminuir y el país se mantendrá con fundamentos macroeconómicos sólidos, pese al entorno internacional adverso.

Lo anterior, en respuesta a las apreciaciones de la calificadora Fitch, quien en voz de su
director Eugenio López, señala que lo que más les preocupa, y por eso pone a México en perspectiva negativa, es la evolución de la deuda federal, la disminución en los pronósticos de crecimiento de la economía mexicana para 2016-2017, la llegada de Donald Trump, y qué tan proteccionista será, cómo y qué va a revisar del Tratado de Libre Comercio, su política migratoria  y corrupción y violencia.

En una entrevista radiofónica Vanessa Rubio afirmó: "Creo que hay puntos a rescatar de esta revisión que hizo la calificadoras Fitch, por una parte está que se ratificó la calificación de México, que tiene hoy BBB+, y esto es un elemento que refrenda que México tiene políticas macroeconómicas sanas hoy y que hemos sido resilientes hasta hoy en torno a un entorno internacional tan complejo, tan volátil, y con tanta incertidumbre que ha habido para todos"

Y por otro lado, en efecto, el cambio de perspectiva tiene todos estos elementos. Uno, es el entorno internacional en donde los precios de petróleo estuvieron arriba de 100 dólares por barril, este año inclusive los tuvimos alrededor de 20 dólares por barril, lo estamos poniendo para el presupuesto del año que entra en 42 dólares por barril. dijo la funcionaria.

Es decir, ese mercado de petróleo internacional ha afectado a México y a las economías del mundo.

Para dar un ejemplo, México está creciendo este año tasas superiores al 2 por ciento, mientas que el sector industrial de Estados Unidos está decreciendo 1 por ciento, mientras que el promedio del crecimiento de las economías de América Latina es de menos 0.8 por ciento.

Entonces, México está creciendo, no al potencial de la economía y nuestras posibilidades, pero sí está en una posición mejor relativa a lo que está enfrentando el resto del mundo.

Y por otro lado está el resultado de las elecciones en Estados Unidos, es decir, todos estos son factores externos que no controlamos. "Lo que sí controlamos son los factores internos y ahí es en donde estamos haciendo la tarea y la deuda tiene ya una trayectoria descendiente programada, nosotros mismos la programamos así desde hace tres años, este año hay una contención de la deuda y comienza a disminuir a partir del año que entra, y vamos por buena trayectoria para cumplirlo, con este paquete presentamos con un gran recorte presupuestal y con un buen manejo de la deuda externa que tenemos hoy por hoy".

Reconoció, que el diagnóstico de Fitch respecto de la necesidad de disminuir la deuda de México es compartido, "y es compartido y fue lo que planteamos nosotros desde hace tres años y lo que ratificamos ahora que presentamos el Paquete 2017"

Vanessa Rubio aseguró: "tenemos fundamentos macroeconómicos sólidos, pero además estamos dando mayor robustez con estas medidas. Vamos a regresar una trayectoria descendente de la deuda, el proceso de consolidación fiscal, disminuir el déficit, el superávit primario que vamos a tener ahora el año que entra de 0.4 por ciento del PIB, hicimos recorte al gasto del gobierno, una inflación baja y estable, tenemos reservas en Banco de México, tenemos la línea de crédito flexible del Fondo Monetario, tenemos esta estrategia de coberturas petroleras, y estamos instrumentando bien las reformas que generan inversión, generen empleo, y generan productividad de nuestro país y ahí están los resultados de lo que sucedió la semana pasada con Pemex".

Sale exitosamente el Farm Out, agregó ,sale en ocho licitaciones más y muy importante, Pemex sale al día siguiente a los mercados con la coloración mejor históricamente en la vida de Pemex.

Además, destacó, han sido anunciadas en los últimos ocho meses inversiones en México por más de 104 mil millones de dólares.
"Quiere decir que los mercados creen en nuestro país y creen que nuestro país es un buen lugar para invertir".

Vanessa Rubio subrayó que el mercado interno ha sido un gran impulsor de crecimiento, y lo estamos detonando con todas estas políticas, más la instrumentación de las reformas estructurales.

"Estamos teniendo un crecimiento del empleo, 2.6 millones de empleos creados en los últimos cuatro años, incrementamos la base tributaria en más de 16 millones, de hecho, hoy somos menos dependientes de los ingresos petroleros.

"Lo hemos sido a los largo de los últimos años, pero por ejemplo, el año pasado los ingresos petroleros representaron el 40 por ciento del presupuesto, hoy este es menos del 15 por ciento , y eso que en contrapartida nos ha permitido la Reforma Tributaria tener mayores ingresos tributarios que son la fuente más permanente y más estable de ingreso".

También se esta  mejorando el balance de nuestras finanzas públicas, disminuyendo nuestra vulnerabilidad o nuestra exposición a los factores externos, y esa es la tarea a la que me refiero, estamos haciendo tarea en materia de crédito, tarea en materia de creación de empleos, tarea en materia de productividad, tarea en materia de contener la inflación, en materia de mantener los principales indicadores macroeconómicos estables.

"Creo que hay dos factores que refrendan. Uno, el que hayamos salido hace mes y medio a los mercados por parte del Gobierno federal, donde pre financiamos todas nuestras obligaciones en moneda extranjera de 2016 y nos adelantamos a la de 2017 para disminuir nuestra vulnerabilidad, y fue una operación muy demandada en los mercados, histórica, y por el otro lado, lo de Pemex señala lo mismo, y todas esas inversiones que creo que dan cuenta justamente de que en México se ve como un país sólido, como un país estable y como un país en donde invertir es un buen negocio".

La subsecretaria , Vanessa Rubio destacó que "el Presidente Peña Nieto lo ha dicho, nos vamos a involucrar en un diálogo positivo y propositivo con el gobierno entrante ( de Estados Unidos ) y vamos a entender de manera colectiva que los intereses de México no están peleados con los de Estados Unidos en materia económica y en materia comercial, al contrario, debemos hablar de un mercado integrado de América del Norte que puede llegar a ser la región más competitiva del mundo en beneficio de los mexicanos, de los americanos de los canadienses, de la creación de empleos en América del Norte, de la productividad, entonces, estamos para unirnos más, para competir frente al mundo y este es un poco la visión que debe privar, porque son complementarios, y porque unidos con estas cadenas productivas que hemos tenido con el tratado Libre Comercio desde hace más de 20 años en donde vamos a poder ser más fuertes como países compitiendo frente al mundo".

La funcionaria afirmó que hay mucha tarea que hacer, "yo creo que hay muchas reformas que tenemos que seguir instrumentando, muchas políticas que tenemos que seguir mejorando en beneficio de los mexicanos. Aboquemos a desarrollar el mercado interno, aboquémonos a la instrumentación de las reformas, yo creo que con eso vamos a tener un México mucho mejor preparado para enfrentar el contexto internacional, y desde luego, un diálogo, reitero, positivo y propositivo con Estados Unidos".


Finalmente , Rubio consideró que "esa vecindad nos puede traer cosas muy buenas tanto a México como Estados Unidos si sabemos aprovechar estas ventajas de las cadenas que hemos integrado desde hace más de 20 años y que pueden ser todavía más competitivas para hacernos más fuertes ante el mundo", concluyó.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/12/se-reducira-deuda-en-2016-responde-hacienda-a-fitch

Delfinario acusado de maltrato es premiado por Semarnat; ONGs exigen cerrarlo, no aplaudirle

Los activistas exigen que Semarnat realice correctamente su trabajo y –en lugar de condecorar– cierre este tipo de empresas que dañan física y psicológicamente a los delfines, ya que son contrarias a la disposición del Código Penal que dicta en el Artículo 420 que “se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino”.

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que en el marco de la Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “premió la explotación de delfines”, luego de otorgar a la empresa Delphinus una Mención Especial del Premio al Mérito Ecológico 2016 en la categoría Cultura y Comunicación Ambiental por la organización del Festival de los Océanos del Caribe Mexicano.

El reconocimiento fue dado a conocer el pasado 4 de diciembre durante la ceremonia del Premio al Mérito Ecológico llevada a cabo en Cancún, Quintana Roo, lugar con el mayor número de delfinarios en el país. Por ello, el Frente Nacional en Contra del Cautiverio de Mamíferos Marinos manifestó que “es inaudito que se premie a una empresa la cual tiene uno de los peores tanques en México”.

Dicho Premio es entregado por el Gobierno de la República cada año para reconocer a nivel nacional a mujeres, hombres, instituciones y organizaciones públicas y privadas, quienes “con compromiso y entrega” realizan programas, proyectos y/o acciones ambientales trascendentes que contribuyen a que México avance hacia el desarrollo sustentable.


El Festival, de acuerdo con Dolphinus, busca promover el cuidado por los océanos través de actividades artísticas, gastronómicas, recreativas y académicas, no obstante, las organizaciones acusaron que es “simplemente una falsa propaganda para poder engañar al público”, pues, agregaron que no existe evidencia técnica que pruebe que este tipo de eventos se traducen en verdaderas acciones para cuidar al medio ambiente.

En entrevista para SinEmbargo, Víctor Hirales, presidente y fundador de Derecho Sin Fronteras, señaló que en la sede de Delphinus en el Centro Comercial La Isla, en Cancún, se tiene registro de que sólo en dos meses murieron cientos de animales incluyendo tiburones y hace casi un año, el 22 de diciembre de 2015, fallecieron cuatro más en el Acuario Interactivo ubicado en la misma ciudad, también propiedad de la empresa.

“La cereza del pastel es que Rafael Pacchiano [titular de la Semarnat] está premiando únicamente el ecocidio. Está otorgando una mención en el Premio al Mérito Ecológico a Delphinus, una empresa que no solamente está acabando con los arrecifes de coral de Quintana Roo al tener corrales y criaderos de delfines en el litoral, sino que además está acabando con la conservación de esta especie”, condenó.

Por ello, exigió que el funcionario realice correctamente su trabajo y –en lugar de condecorar– cierre este tipo de empresas que dañan física y psicológicamente a los delfines, ya que son contrarias a la disposición del Código Penal que dicta en el Artículo 420 que “se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino”.

Además, el Frente conformado por las organizaciones Derecho Sin Fronteras, Grupo Ecologista del Mayab (Gema), The Kimmela Center for Animal Advocacy, Marea Azul, Nuevo Ciclo, Delfines en Libertad, Ocean Peace, México Renace Verde y Oceanic Preservation Society acusaron que durante los diez primeros años de existencia, Delphinus capturó animales en Quintana Roo, Tabasco, Isla Holbox e importó delfines de Cuba.

Esto a pesar de que los delfines sufren un shock durante la captura, además del estrés a lo largo y después de la transportación y finalmente en su confinamiento, de acuerdo Humane Society Institute for Science and Policy Animal Studies Repository. Aunado a ello, Delfines en Libertad asegura que estos ejemplares –en su hábitat natural– pasan entre el 18 y el 69 por ciento de su tiempo recorriendo el océano y entre el 4 y el 31 por ciento lo utilizan para socializar.

No obstante, en 2009, el parque ecológico Xcaret ubicado a 80 kilómetros de Cancún y la empresa Delphinus obtuvieron un récord Guinness por tener el mayor número de nacimientos de crías de delfín a lo largo de un año en un solo delfinario, con once.

“Le exigimos [a Rafael Pacchiano] que en lugar de hacer esta exhibición pública de sus fracasos, cumpla al pie de la letra con las obligaciones que le han sido delegadas al asumir el cargo, es decir, que empiece a perseguir a los empresarios que están dañando a estas especies”, subrayó.

De igual manera, hizo un enérgico llamado a que se aplique la Ley, sean cerrados los más de 330 delfinarios que existen en México y se trabaje en la implementación de santuarios o centros de rehabilitación para los cerca de 380 delfines que son dañados a causa de que el Secretario “expide y permite licencias para la operación de esta industria”.

Al respecto, Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de Gema, calificó de “aberrante” la decisión de la Semarnat al otorgar dicha mención. “No entiendo porque se la dan. [Los delfinarios] no son una forma de educación para nadie […] Es verdaderamente grotesco el asunto”, dijo.

“Que Pacchiano haga el favor de retirar ese nombramiento al delfinario. Enseñarle a un niño que capturar animales para divertir a la gente, tratarlos como si no fueran seres vivos y fueran objetos, no es educar. El cautiverio no es una forma de educación ambiental, es una forma de explotación para que unos cuantos se hagan millonarios”, agregó.

El mensaje que envía la empresa es que es correcto tomar animales salvajes del océano para lucrar con su vida y reproducirlos agresivamente para continuar con la demanda, señalaron las organizaciones que representan el Frente Nacional y aseguraron que continuarán con la difusión de la realidad que existe detrás de las compañías dedicadas a la explotación de mamíferos marinos y que “inexplicablemente son premiadas por el Gobierno mexicano en el marco de la sede de una cumbre sobre la conservación de la biodiversidad”.


Las organizaciones piden apoyo a la sociedad e invitan a que –quienes estén en desacuerdo con el cautiverio de estos seres– se sumen a la exigencia a través de la red social Twitter con el hashtag #DelfinesLibres y menciones a @RafaelPacchiano, @SEMARNAT_mx @Delphinus y @DelphinusPR.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
FECHA: 11 DICIEMBRE 2016.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-12-2016/3122707

Justo cuando luchaban contra el Acueducto de Padrés, la droga “cristal” invadió territorio Yaqui

Las drogas de laboratorio han llegado a las comunidades que se encuentran en resistencia contra el proyecto del Acueducto Independencia en Sonora. La obra traslada agua que de acuerdo con un decreto del ex Presidente Lázaro Cárdenas en 1940 le pertenece al pueblo Yaqui. El documental Laberinto Yoéme, ahora en su etapa de postproducción, relata la historia de esta población indígena de alrededor de 30 mil personas que, asediada por las presiones políticas, ahora también tiene que lidiar con una creciente distribución de metanfetamina en la zona.

El pueblo Yaqui emprendió una lucha desde el 2010, cuando del ex Gobernador Guillermo Padrés Elías presentó el proyecto de construcción del Acueducto Independencia. Este atenta contra este pueblo, consideran ellos, por transvasar el agua del Río Yaqui hacia la ciudad de Hermosillo.

En medio de la protesta en contra del Acueducto, la distribución de metanfetaminas dentro de las comunidades del Pueblo Yaqui, asentadas en los municipios de Cajeme, Guaymas, Bácum y Empalme (en específico los pueblos Cócorit, Bácum, Torim, Vícam, Potam, Huibiris, Rahum y Belén) de Sonora, se ha convertido en un nuevo problema.

“Un miembro de la Tribu Yaqui puede ser alcohólico, drogadicto, pero nunca deja de ser miembro de la Tribu”, explica uno de los miembros de la Tribu indígena, en una de las escenas del documental Laberinto Yoéme.

El documental se encuentra recaudando fondos en la plataforma kickstarter para cubrir los gastos de la postproducción (enlace para campaña de fondeo). Sergi Pedro Ros, director de esta producción, explicó que las drogas han traído consigo la violencia.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ha acompañado a los Yaquis en el litigio legal por el uso de las aguas de su río. A pesar de que en 1940 el entonces Presidente Lázaro Cárdenas otorgó a este pueblo originario el 50 por ciento del uso del agua del río Yaqui, el acueducto continua operando.

En entrevista, Sergi Pedro Ros detalló más sobre los peligros que enfrentan los Yaquis, después de haber levantado su voz en contra de la obra.

— ¿Cuáles amenazas contra la Tribu Yaqui quedarán plasmadas en el documental que realizas?

— Después de conocer a la tribu me di cuenta de que tenían varias circunstancias problemáticas. Unas de carácter político, muy conocidas. Otras al interior de la propia tribu, menos conocidas. Por casualidades de la vida me tocó conocer a las personas que estaban realizando la danza del venado. Y cuando entablamos un poco más de relación ocurre que uno de ellos me cuenta que tiene un problema que no quiere tener, y que no puede dejar de tener, y es el consumir cristal, metanfetamina.

— ¿Es un problema extendido en el pueblo Yaqui?

— En ese momento que me dijeron, me extrañó, pero varias personas más me contaron lo mismo desde el yo, nunca desde el nosotros. Cuando eran varios, eran amigos, y se conocían. Sin embargo, no lo estaban viendo como un problema común. Entonces es cuando yo empiezo a dar de vueltas, porque algo me pareció extraño. Empiezo a preguntarme si habrá un motivo más allá de que simplemente les gusta consumir.

— ¿Entonces usted ve una relación entre el consumo y el problema político que atraviesa la Tribu?

—Pensando si tal vez pudiera haber una situación política que pudiera tener relación con algún tipo de estas cosas, me doy cuenta de que la tribu Yaqui estaba teniendo un problema muy fuerte con el agua.  Lo que yo trato de hacer en este documental es cruzar estas dos narrativas: una, en la que ellos están por un lado, defendiendo su territorio, su espacio vital, y otra en la que están defendiendo su territorio más intimo que es el cuerpo. Las drogas para llegar al territorio Yaqui deben primero llegar, quedarse y establecerse, y eso puede que sea una casualidad, o puede que la geopolítica mexicana esté permitiendo eso y esté además  potenciando que ocurra.

— ¿Encontraste un alza en el consumo en el mismo tiempo en que empezó la lucha contra el Acueducto?

— Los Yaquis comentan que el cristal llega más o menos, aunque las versiones varían un poco, por allá del 2007. Es decir, un poquito antes de que se construya la obra del Acueducto Independencia. Lo que ellos cometan es justo cómo de repente cada vez hay más gente consumiendo cristal. Que pueden ser desde niños muy pequeños, hasta gente ya adulta. Y te comentan cómo se van echando a perder de manera muy dramática, a nivel físico y cultural.

— ¿La distribución del cristal ha generado violencia en la zona?

— Pues las drogas no vienen solas y este país esta colmado de violencia del sur al norte. Cuando yo estuve filmando en mi etapa de rodaje un mes y medio. La banda sonora nocturna fueron balaceras bastante seguido. Las drogas vienen con el crimen organizado.

— ¿Violentó el Estado a la Tribu Yaqui con la aprobación del Acueducto Independencia?

— Los Yaquis están muy ofendidos porque México no está respetando en absoluto, ni el convenio 169 de la OIT, ni el artículo dos constitucional, donde las tribus indígenas hay que pedirles permisos para hacer algo con su territorio. Más cuando los Yaquis son una de las pocas tribus indígenas que lo tienen reconocido como propio, así como su río.

— ¿En qué etapa está tu video?


— En este momento estamos en la etapa de postproducción para lo que hemos preparado una campaña de financiación colectiva a través de kickstarter, que acaba de inaugurarse en México. Estamos luchando para poder terminar la película. A mí hay algo que me parece muy interesante de este tipo de campañas de fondeo, de financiación colectiva, que es justo eso, colectiva. A mí una de las cosas más importantes que me han enseñado la tribu Yaqui es que las cosas caminan en colectivo, que el individuo por sí solo no va a ningún lugar, y que tenemos que rodearnos de gente que nos acompañe, que vea la vida como nosotros la vemos. Ahora mismo ya van más de 100 personas que conocieron el proyecto y que se subieron al carro de querer contar esta historia, de querer que este tipo de situaciones no queden silenciadas, como un mero hecho circunstancial que no tiene que ver con nada.



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-12-2016/3123598

La corrupción campea, crece la demanda, el narco gana… esta guerra durará décadas: Stratfor

Lo más probable es que la guerra contra el narcotráfico en México continúe durante décadas, de acuerdo con un reporte que la empresa estadounidense de inteligencia Stratfor publicó al cumplirse 10 años del operativo en Michoacán que marcó el inicio de las hostilidades. La corrupción en el gobierno y en las policías, campea aún. La demanda de drogas de Estados Unidos aumenta. Y los cárteles mexicanos de la droga siguen recibiendo millones y millones de dólares que los invitan  a seguir operando. La paz en México, pese a la sangre derramada hasta hoy, no aparece en el horizonte cercano.

En un análisis titulado “Una década de la guerra de México contra las drogas”, la empresa de inteligencia Stratfor, con sede en Austin, Texas, asegura que “las perspectivas del país en materia de seguridad y paz no parecen mucho mejores de lo que eran cuando comenzó la represión masiva contra los cárteles mexicanos en 2006”.

El análisis reconoce que una mayoría de los mexicanos identifica al gobierno de Felipe Calderón [2006-2012] como el momento en que las cosas empezaron a ir mal para el país.

“Ante el aumento de la delincuencia y bajo la creciente presión de Estados Unidos para detener el flujo de drogas que ingresaba al país a través de su frontera sur, Calderón envió a 5 mil soldados y policías federales a las calles del estado de Michoacán que dispararon los primeros disparos de lo que se convertiría en una larga y sangrienta lucha”, dice el reporte.

Stratfor recuerda que el Operativo Conjunto Michoacán marcó el inicio de la estrategia gubernamental de combatir al crimen organizado, el cual, gracias a la corrupción y a su poder de intimidación, había logrado controlar a las policías locales de una buena parte del país, lo que obligó a las fuerza armadas y a la policía federal a realizar funciones de seguridad pública.

Bajo las órdenes de Calderón, unos 45 mil soldados fueron desplegados cada año en México para combatir a la delincuencia, más del doble de personal que el predecesor de Calderón, Vicente Fox, había dedicado a la misma tarea. Un aumento de las detenciones y asesinatos de miembros de los cárteles comenzaron a entorpecer notablemente las actividades de tráfico de drogas, a medida que las capacidades de los grupos delictivos menguaban de manera constante.

“Pero el éxito de los militares tuvo un precio. A medida que los grupos delictivos mexicanos se vieron sometidos a una mayor presión por parte de las fuerzas del orden, comenzaron a luchar contra el gobierno y entre ellos mismos, compitiendo por las rutas del tráfico, por reclutas y por los recursos que quedaban. La violencia se disparó en varias de las ciudades y regiones que eran vitales para el narcotráfico y para otras actividades ilegales”, dice el análisis.

EL TRATAMIENTO DE LOS SINTOMAS


Stratfor asegura que 10 años después de iniciada la guerra, el futuro de de la seguridad en México no parece más prometedor que al inicio de la campaña de Calderón. Sin embargo –reconoce–, en la  última década se han dado al menos dos cambios positivos.

• Desde una perspectiva táctica, la seguridad pública ha mejorado visiblemente en las regiones en las que el gobierno dirigió sus esfuerzos por tener la violencia desenfrenada, como en Ciudad Juárez y partes de Tamaulipas y Nuevo León.
• La mayoría de los grandes cárteles, que alguna vez controlaron porciones del territorio mexicano se han fragmentado a medida que las operaciones militares los han dejado sin líderes y divididos por luchas internas.

Lo que no ha cambiado es la proximidad de México con el mercado masivo de drogas que se encuentra al norte de su frontera. A pesar de los duros golpes que las autoridades mexicanas han infligido a las principales organizaciones de narcotraficantes, los grupos más pequeños que han surgido han tomado el control donde lo dejaron sus predecesores.

“Impulsados por la persistente y masiva demanda de sus drogas, los traficantes mexicanos han mantenido las cadenas de suministro a Estados Unidos y a otros lugares, pese a que las fuerzas de seguridad intentan destruirlos”, dice Stratfor

La firma de inteligencia afirma que aunque el poder de los grupos delictivos, de manera individual,  ha menguado por los continuos esfuerzos de aplicación de la ley, el alcance, la ubicación y la intensidad de la violencia se ha dispersado, en lugar de disminuir permanentemente.

Una de las conclusiones del reporte es que será difícil que la violencia se elimine mientras las ganancias que obtienen los cárteles mexicanos sean tan grandes.

“Desde que Estados Unidos y sus socios extranjeros comenzaron a combatir las rutas de contrabando de cocaína a través del Caribe en los años ochenta, México –situado entre América Central y Estados Unidos y bendecido con infraestructura de transporte bien desarrollada– ha demostrado ser ideal para servir como puente para las drogas que van hacia el norte”.

Aunque el consumo de cocaína ha disminuido drásticamente desde mediados de los años 2000, asegura el reporte, la heroína y las metanfetaminas se han apoderado de partes cada vez mayores del mercado de las drogas en Estados Unidos y ambas son cada vez más producidas y transportadas por los cárteles mexicanos.

La creciente preferencia por la heroína y las metanfetaminas ha aumentado incluso los márgenes de ganancia, ya que los cárteles no tienen que comprar estas drogas a los productores sudamericanos.

SIN FINAL A LA VISTA

Con una creciente demanda externa apuntalando a los grupos criminales mexicanos, es poco probable que el Gobierno federal se retire de su guerra contra las drogas en el corto plazo. Los cárteles representan una amenaza para la seguridad nacional tan grande que el gobierno mexicano no puede enfrentarlos solo.

“En consecuencia, el gobierno mexicano continuará confiando en la ayuda de Washington, en forma de entrenamiento e intercambio de inteligencia, para atacar a los miembros de los cárteles y a sus redes criminales. El esfuerzo permanente de México para anular el tráfico de drogas a través de sus fronteras es una parte fundamental de su relación con Estados Unidos. Cualquier intento de reducir sus operaciones contra los cárteles provocaría de inmediato una reacción negativa de Washington”, agrega el análisis.

Según Stratfor, el Gobierno mexicano no tiene otra alternativa que seguir encargando a las fuerzas federales la protección de la sociedad civil. Los esfuerzos del Gobierno federal por crear policías municipales que puedan asumir el combate al crimen organizado sin someterse a los deseos de los grupos criminales han fracasado.

Sin embargo, la formación y la puesta en funcionamiento de estas corporaciones llevará años, dejando al Gobierno federal con la única opción de seguir contando con los militares para proteger a sus ciudadanos de los criminales.


Es muy probable que la guerra contra las drogas en México continúe durante décadas. Impulsada por la geografía y por la economía del narcotráfico, el comercio de drogas y la violencia seguirán siendo una herida en el lado mexicano y una mancha en las relaciones entre Estados Unidos y México. Aunque el crimen no se manifieste tan dramáticamente como lo hizo en el país en los últimos 10 años, los cárteles mexicanos son centrales en el mercado global de las drogas y por ahora han dejado claro que llegaron para quedarse.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-12-2016/3124620

Dinero para notarías, registro civil y reclusorios acabó en empresas fantasma de Javier Duarte

En un día la administración de Javier Duarte adjudicó directamente más de 70 millones a empresas fantasma con presupuesto que era para fortalecer servicios clave del gobierno.

En un solo día más de 70 millones de pesos que estaban destinados a mejorar el sistema de notarías públicas, el registro civil y la seguridad de los reclusorios en Veracruz  fue desviado a la red de empresas fantasma creada en la administración del exgobernador Javier Duarte, actualmente prófugo de la justicia.

Datos obtenidos por Animal Político,  vía una serie de solicitudes de transparencia, ponen en evidencia que la red de empresas fantasma no solo fue utilizada para el desvío de recursos de programas sociales o para supuestamente fortalecer la imagen del gobierno veracruzano,  sino también del presupuesto destinado para el mejoramiento de áreas claves del gobierno.

Fue el 12 de julio de 2012 cuando la Secretaría de Gobierno de Veracruz asignó, el mismo día,  cinco contratos a las empresas Abastecedora Romcru, Centro de Recursos de Negocios CERENE, CYMANED, Pefraco y Rinoxa por un total de 70 millones 835 mil 872 pesos.

Todas estas compañías forman parte de la red fantasma revelada en mayo pasado por este portal. En noviembre el SAT confirmó de forma definitiva que eran empresas falsas con operaciones simuladas, mientras que el nuevo gobierno estatal de Veracruz anunció una indagatoria a los 13 notarios que avalaron la inscripción de dichas compañías.


Los contratos, asignados vía adjudicación directa por la Secretaría de Gobierno y sin ninguna clase de competencia, fueron por servicios de análisis, capacitación o evaluación que en teoría estaban destinados a mejorar los servicios estatales mencionados.

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Uno de los contratos, por cinco millones de pesos, fue entregado a la empresa CERENE .El objetivo de este contrato era que la empresa realizara un servicio de análisis que arrojara si era factible aumentar o disminuir la cantidad de notarías que operaban actualmente en la entidad.

Dado que CERENE es una compañía inexistente, las autoridades presumen que ni este ni ningún otro servicio que se la haya adjudicado fue realizado realmente por esta empresa, e incluso pudieran ser servicios que nunca existieron.

De hecho, la actual administración de Miguel Ángel Yunes ya anunció una investigación al sistema notarial veracruzano pues se presume que están en funciones un mayor número de notarios de los que se necesitan.

El mismo  12 de julio de 2012 la Secretaría de Gobierno entregó otro contrato por diez millones de pesos a Abastecedora Romcru. El objetivo de dicho contrato era proporcionar un servicio de capacitación a 212 oficinas del Registro Civil estatal en materia de “registros extemporaneos”.

Y en la misma jornada se entregó un contrato por 16 millones 248 mil pesos a la empresa Pefraco, este por un concepto similar al anterior: capacitación y actualización en sitio al personal de las 212 oficialías del Registro Civil en Veracruz.

Ni las cárceles se salvaron

Veracruz es uno de los 16 estados del país que actualmente presentan un problema de sobrepoblación en sus centros penitenciarios. En el arranque de la administración de Javier Duarte la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió que por lo menos ocho de los reclusorios estatales estaban realmente controlados por los propios reos.

Los datos obtenidos vía transparencia indican que el mismo 12 de julio de 2012 la Secretaría de Gobierno de Veracruz entregó dos contratos por adjudicación directa, que tenían como objeto mejorar las condiciones de seguridad de los penales. Pero ambos contratos fueron asignados a  empresas fantasma.

Uno de los contratos, por 19 millones 888 mil pesos, era para proporcionar un  “Servicio de Revisión, Análisis, Diagnóstico y Detección de Oportunidades de Mejora de la Infraestructura Penitenciaria, consistentes en Sistemas Eléctricos y Barda Perimetral a los 17 Centros de Readaptación Social”. Dicho contrato fue adjudicado a la compañía CYMANED.

El otro contrato, por 19 millones 698 mil pesos, estaba titulado “Servicio de Evaluación y Diagnóstico de los Sistemas, Procedimientos, Equipos y Medidas de Seguridad en las áreas de Recursos Humanos, Recursos Fiancieros, Recursos Materiales, Dirección General, Subdirección (…)  y Colchón de Seguridad de los 17 Centros de Readaptación Social”. Este fue entregado a la empresa Rinoxa.

Tanto CYMANED como Rinoxa son empresas falsas. Amas fueron incluidas por el Servicio de Administración Tributaria en el listado definitivo de empresas que simularon operaciones y emitieron facturas por las mismas.

Compañías multiusos

Esta nueva información deja en evidencia que la administración de Javier Duarte llegó al extremo de utilizar una misma empresa fantasma para adjudicarle múltiples contratos aunque en realidad tuvieran poca o ninguna relación los conceptos de los mismos.

Uno de los casos más representativos es el de la empresa Centro de Recursos de Negocios CERENE (SA de CV). Esta compañía formaba parte de una red de empresas falsas y que el DIF de Veracruz le había adjudicado un contrato por cinco millones de presos para la compra de juguetes en 2013.

Pero al parecer CERENE podía hacer de todo. En 2014 facturó más de 33 millones de pesos a múltiples dependencias del gobierno de Veracruz para la supuesta promoción de actividades del gobierno de Veracruz.


En julio 2012, como ya se dijo, esta compañía fue contratada para analizar el funcionamiento del sistema notarial de Veracruz. Por si lo anterior no fuera suficiente, datos revelados por transparencia revelan que al mismo tiempo, CERENE también fue contratada por la Secretaría de Turismo del estado para difundir una serie de spots del gobierno de Veracruz a través de la cadena Univisión en los Estados Unidos. Por ello se le adjudicaron 24 millones 421 mil pesos.

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La empresa CERENE no es un conglomerado de compañías multifacéticas. En realidad su sede es una casa con techo de lámina en la calle Cervantes y Padilla del puerto de Veracruz. En esa casa vive Jacqueline Terrón quien dijo que su dirección fue utilizada para dar de alta una empresa que ahí nunca ha existido.

Por citar otro ejemplo, la empresa Abastecedora Romcru la cual recibió entre 2012 y 2013 más de 180 millones de pesos a través de diez contratos entregados por las secretarías de Educación y Desarrollo Social de Veracriuz, así como por el DIF Estatal. Dichos contratos eran por la venta desde materiales de construcción, hasta despensas o juguetes didácticos para escuelas.

Pero en el mismo 2012, Romcru también era contratada por la Secretaría de Gobierno para dar servicios de capacitación a personal del Registro Civil.

La dirección de la compañía Abastecedora Romcru es en realidad un patio con un cuarto en el centro del puerto de Veracruz. Sus socios son dos músicos que tocan en las calles para obtener e sustento diario.

Otro involucrado con fuero

Cuando la Secretaría de Gobierno entregó en un solo día, en julio de 2012, más de 70 millones de pesos a la red de compañías fantasma el titular de esa dependencia era Gerardo Buganza, amigo de Javier Duarte y originario de la misma ciudad que el hoy exgobernador prófugo: Córdoba Veracruz.

Actualmente, Buganza es diputado estatal independiente por el estado de Veracruz y cuenta con al protección del fuero estatal. Otro exfuncionario de Duarte involucrado en la adjudicación de contratos, Vicente Benítez, también es diputado local actualmente.


A ellos se le suman seis exfuncionarios más de la administración de Javier Duarte que consiguieron una diputación federal. Todos ellos son parte de un entramado de servidores públicos revelado por Animal Político el 24 de mayo, a través del cual se desviaron recursos que de acuerdo con el SAT podrían superar los tres mil millones de pesos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/dinero-notarias-registro-civil-reclusorios-empresas-fantasma/

Pemex pierde 90 mil litros diarios de combustible sólo en uno de sus ductos

En los 597 kilómetros del ducto Minatitlán-México, que atraviesa cinco estados, la pérdida de combustible ha aumentado 17% desde 2009.

En el ducto de mayor extensión de Petróleos Mexicanos cada día se pierden 92 mil litros de combustible. Esto no es nuevo para la empresa: al menos desde 2009 las pérdidas son una constante en el ducto que va de la ciudad veracruzana de Minatitlán a la capital del país, y han aumentado 17% desde ese año.

En este ducto, por el que se transportan diesel y gasolinas Magna y Premium, en el periodo de 2009 a 2015 tuvo una pérdida de 223.8 millones de litros de combustible, equivalentes a once mil pipas.

Tan sólo el año pasado la pérdida ascendió a 33.5 millones de litros, de acuerdo con información oficial de la empresa.

El ducto Minatitlán-México atraviesa por Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y la Ciudad de México a lo largo de 597 kilómetros y 60 municipios.

Su origen está en la refinería de Minatitlán, una de las seis del país, hasta la delegación Azcapotzalco.

Además de las pérdidas, las tomas clandestinas también se han incrementado. Hace siete años el total de tomas detectadas en esas cinco entidades era de 212, y para junio de 2016 ya eran 1,249. Esto implica 489% más.


En Puebla está el incremento más importante: en 2009 se detectaron 20 tomas clandestinas y en junio pasado ya eran 675.

Este año, Petróleos Mexicanos reportó una pérdida anual de 20 mil millones de pesos por la pérdida de combustible.

Carlos Murrieta, director de Transformación Industrial de Pemex —a cargo de refinación, transportación y comercialización de los hidrocarburos de la empresa productiva—, dijo en octubre pasado que el crimen organizado puede robar 27 mil barriles de gasolina y diesel diarios.

El funcionario agregó que éstas pérdidas sí afectan las finanzas de Pemex. Incluso, la empresa mexicana ha llevado el tema de robo de combustible a tribunales en Estados Unidos, aunque sin éxito.


En el Plan de Negocios 2017-2021 de la empresa mexicana —que se presentó en noviembre pasado—  su director general, José Antonio González Anaya, incluye el compromiso de “redoblar esfuerzos en todos los frentes” para reducir las pérdidas, aumentar la vigilancia de los ductos y evitar que el combustible mexicano se comercialice en mercados ilícitos. Datos de la Procuraduría General de la República muestran que nueve de cada 10 casos de robo de combustible quedan impunes.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/pemex-robo-combustible/

Bajo el manto de Peña Nieto, el gran negocio de ser liquidado

Ser funcionario público de nivel alto y renunciar al cargo o ser despedido de él no es, en México, motivo de vergüenza o desazón, sino de júbilo… por la liquidación que se recibirá. En este sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto ha realizado medio centenar de cambios entre los miembros de su gabinete (secretarios de Estado o directores de empresas estatales) y en todos los casos las liquidaciones recibidas por los salientes han sido de escándalo, millonarias en algunos casos, en un país donde el salario mensual promedio apenas supera los siete mil pesos.

CIUDAD DE MÉXICO: Los colaboradores de Enrique Peña Nieto gozan de privilegios laborales a los cuales casi nadie en el país puede aspirar: ganan en un día más o menos lo que un trabajador mexicano promedio gana al mes; aunque la Constitución lo prohíbe (en la fracción II del Artículo 127), algunos perciben más que el mandatario federal, y cuando renuncian o son despedidos tienen programas de “ahorro” o liquidaciones muy ventajosas.

En cuatro años Peña Nieto ha realizado al menos 50 cambios de directores de dependencias gubernamentales. Tres de sus colaboradores salieron en medio de escándalos de corrupción, otros fueron desplazados, unos más contendieron por cargos de elección popular o terminaron acomodados en otro puesto. En cualquier caso, ninguno se fue con las manos vacías.

Proceso realizó 52 solicitudes de información. Por las respuestas que recibió fue posible saber que 13 servidores públicos obtuvieron abultadas liquidaciones; entre ellos, algunos de los hombres más destacados del peñanietismo.

Por cuantía, el caso más notable es el de Emilio Lozoya Austin, quien fungió como director de Pemex desde el inicio de la administración hasta el pasado febrero. De acuerdo con la respuesta otorgada por la paraestatal, a la que se le pidió precisar el motivo de separación del cargo, aquel fue despedido y se le concedió una liquidación de un millón 801 mil pesos.

Para sustituir a Lozoya, Peña Nieto nombró a José Antonio González Anaya –concuño de Carlos Salinas de Gortari– quien antes había sido director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puesto al que renunció y por el cual fue liquidado con 831 mil pesos.

El sector energético suele recompensar con generosidad a sus altos funcionarios. El pasado 25 de septiembre, la edición 2082 de este semanario publicó que el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, cobró una liquidación de 1.2 millones de pesos cuando renunció a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2093, ya en circulación

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465854/bajo-manto-pena-nieto-gran-negocio-liquidado

Cazatesoros gringos y AHMSA van por el fósforo de Baja California Sur

Un emporio de cazadores estadunidenses de tesoros, asociados con la poderosa compañía Altos Hornos de México (AHMSA), busca crear la mayor mina marítima de fósforo en el mundo en las costas de Baja California Sur, de la mano de las autoridades del país. Sin embargo, grupos ambientalistas y pescadores de la zona advierten que los trabajos pueden remover elementos tóxicos, afectar la ruta migratoria de especies protegidas y deteriorar la pesca; en suma, devastar los ecosistemas de la región.

SAN JUANICO, BCS: La vida en este poblado de 500 habitantes gira alrededor del surf y la pesca. Aquí, el océano Pacífico es potente y dadivoso. Las playas son visitadas en el verano por surfistas que practican en la bahía Escorpión, famosa por tener la segunda ola más larga del mundo. Luego, en octubre, comienza la temporada de pesca de langosta, que deja buenas ganancias a los pescadores. Quienes nacieron aquí o son pescadores o albañiles en las construcciones de los estadunidenses o se van de San Juanico.

Frente a este lugar, a 40 kilómetros de la costa, Odyssey Marine Exploration, una empresa estadunidense dedicada a buscar tesoros en barcos hundidos, planea extraer fósforo del fondo marino, lo que generó una fuerte oposición de organizaciones ambientalistas y pescadores de la zona.

El proyecto minero –llamado Don Diego– está en el Golfo de Ulloa, perteneciente al municipio de Comundú, Baja California Sur. De llevarse a cabo, aplicará una técnica de minería que nunca ha sido probada comercialmente. Esta técnica consiste en dragar y extraer fósforo del lecho marino. El problema es que se desconocen sus riesgos o afectaciones. Aunque la empresa dice que los peligros de la extracción submarina son mínimos, biólogos aseguran que el dragado afectará el ecosistema.

Pero no sólo los científicos ven el yacimiento como una amenaza. “Si trabajan aquí tronamos, se acaba el pueblo, se acaba todo. Y lo mismo va a pasar en otras partes porque las corrientes del mar van y vienen”, dice Juan Luis, poblador y pescador de San Juanico.

En septiembre de 2016, Namibia se convirtió en el primer país en aprobar una mina submarina de fosfato en el mundo tras una moratoria de 18 meses, hasta que la empresa Namibian Marine Phosphate (NMP) realizó estudios para proteger la industria pesquera de la zona. Aun así, los pescadores dudan de los análisis, que fueron pagados por la misma compañía. Y otro proyecto similar de Odyssey permanece vetado en Nueva Zelanda.

Por su parte, los promoventes de la mina Don Diego venden su operación como una segura y necesaria inversión que beneficiará al campo mexicano. Señalan que al extraer fósforo, un elemento esencial para fabricar fertilizantes, México se librará de la obligación de importar este mineral. Pero organizaciones sociales e investigadores consideran que este argumento es falaz: sólo una estrategia para conseguir apoyo político.

Si bien la iniciativa ya fue rechazada una primera vez por las autoridades ambientales mexicanas, Odyssey Marine Exploration se asoció con Altos Hornos de México (AHMSA, la siderúrgica más grande del país) para promoverla. Así, los cazadores de tesoros preparan, de la mano de exfuncionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), una nueva Manifestación de Impacto Ambiental para obtener los permisos de operación de la mina subacuática.

En México, lo que hasta ahora detiene el proyecto es que el lugar es ruta migratoria de la tortuga amarilla, una especie protegida y en peligro de extinción que migra de Japón y pasa por la costa del Pacífico mexicano hasta Hawái.

Esta tortuga, y la presión que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto a México para protegerla (ha amenazado incluso con un embargo pesquero) provocó que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) decretara una veda pesquera en el Golfo de Ulloa durante tres meses.

Sin embargo, persiste la probabilidad de que se cree la mina. “Nuestra legislación es muy endeble. En realidad no hay nada que nos proteja bien, que proteja el ambiente. Es extremadamente fácil mantener un discurso de minería sustentable basado en nada, porque no tenemos la normatividad que lo asegure. Al contrario, ofrecemos todas las ventajas para que las empresas se lleven lo que quieren, no paguen impuestos y no haya un seguimiento”, considera la bióloga Jeanneht Armendáriz en entrevista.

Asociación binacional

Una empresa de cazatesoros. Así es definida Odyssey Marine Exploration en el boletín de la Secretaría de Cultura que promueve la exposición El último viaje de la fragata Mercedes, la cual reúne el tesoro rescatado del buque español hundido en el océano Atlántico en 1804.

Más de medio millón de monedas de oro y plata, pinturas de Goya y otros objetos considerados patrimonio cultural subacuático fueron saqueados en 2007 por Odyssey y transportados a Estados Unidos. Pero el gobierno español promovió un litigio, que duró cinco años, y la empresa fue sentenciada a regresarlo a España. Hoy, lo rescatado se exhibe en el Museo Nacional de Antropología de México.

Esa es la compañía que pretende perforar –a través de la subsidiaria Exploraciones Oceánicas, S. de R.L. de C.V.– la primera mina submarina del mundo para extraer fósforo en costas mexicanas.

La empresa fue fundada en 1994. Desde entonces se dedicó a desarrollar tecnología para recuperar y comercializar restos de barcos hundidos, un negocio que les permite cotizar en la bolsa de Nueva York desde 2003. Su sitio web resalta que ha descubierto y explorado más naufragios que cualquier otra compañía, grupo académico, organización o gobierno en el mundo.

Pero Odyssey también tiene una faceta minera: es socia mayoritaria de otras tres empresas (Neptune Minerals, Chatham Rock Phosphate y Oceanica Resources) que poseen licencias de explotación de depósitos minerales en el fondo marino.

“Odyssey ofrece servicios de contratación, incluyendo su experiencia en la exploración del fondo oceánico y el equipo, a gobiernos y compañías de todo el mundo”, señalan en su página en internet.

Neptune Minerals tiene concesiones en Nueva Zelanda y Japón. Y Chatham Rock Phosphate en Nueva Zelanda. Esta última promueve un proyecto similar al mexicano, que fue rechazado el 11 de febrero de 2015 por encontrarse en una Zona Económica Exclusiva de la plataforma continental (el mismo caso de Don Diego).

Oceanica Resources, basada en Panamá, es filial de Exploraciones Oceánicas, que a su vez es presidida por Daniel de Narváez, un historiador náutico colombiano que aparece en múltiples publicaciones de la socialité en ese país y fue presidente de la Asociación de Productores de Esmeraldas Colombianas (Aprecol).

A través de Exploraciones Oceánicas, Odyssey promovió ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la primera Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto Don Diego para operar en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, en septiembre de 2014.

En marzo de 2015, Exploraciones Oceánicas recibió una inyección de capital de 15 millones de dólares de Minera del Norte (Minosa), subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), lo que convirtió a la empresa mexicana en socia mayoritaria. Entonces, el proyecto minero inició una nueva estrategia.

Alonso Ancira Elizondo, llamado El Rey del Acero, preside el consejo administrativo de AHMSA a la par de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero).

Después de que la empresa invirtiera en Exploraciones Oceánicas, retiró la MIA ingresada en 2014, a tan sólo días del fallo. Luego, en noviembre de 2015, Excélsior difundió que los directivos de la minera se reunieron con representantes del entrante gobierno panista de Baja California Sur para cabildear el proyecto Don Diego e ingresaron una nueva MIA, en la que anunciaron la asociación con la siderúrgica.

En marzo de 2015, Exploraciones Oceánicas demandó penalmente a un reportero bajacaliforniano, Carlos Ibarra, así como a miembros de la Cooperativa Pesquera Puerto Chale por dar a conocer que estaban perforando pozos de exploración sin la autorización de la Semarnat.

“Nos acusaron de un delito federal, una cosa risible: conspirar en contra del desarrollo económico de México”, afirmó Carlos Ibarra, y agregó que la Procuraduría General de la República (PGR) no le permitió revisar el expediente de la querella. La organización defensora de periodistas Artículo 19 denunció la existencia de una campaña de hostigamiento judicial contra el reportero, y a fines de 2015 la empresa retiró la demanda.

Para este reportaje se contactó a Odyssey Marine Exploration y a AHMSA. Sin embargo, se negaron a responder preguntas específicas. “En este momento no estamos dando entrevistas relacionadas con el proyecto Don Diego”, contestó Laura Barton, directora de Comunicaciones de Odyssey. Y la oficina de Relaciones Públicas de AHMSA declaró que no haría ningún comentario en su calidad de socia del proyecto.

Un último movimiento empresarial sucedió en diciembre de 2015: Odyssey vendió una parte de la compañía por 21 millones de dólares a Monaco Financial, firma estadunidense dedicada a comercializar monedas raras y productos de metales preciosos. Entonces, Mark Gordon, director de ­Odyssey, señaló el depósito de fosfato en el fondo marino de México (Don Diego) como un emprendimiento clave para su negocio.

La técnica de dragado

El proyecto Don Diego está localizado en el Pacífico, a 22 kilómetros de la costa, entre Punta Abreojos y Cabo San Lázaro, en Comondú, Baja California Sur. Toda esta área ahora es conocida como Golfo de Ulloa, aunque los pescadores de la zona dicen que sólo comenzó a llamársele así a partir del proyecto minero.

Lo que Exploraciones Oceánicas planea hacer allí es dragar el lecho marino para extraer 7 millones de toneladas de arena fosfática, las cuales serán procesadas para obtener el fósforo y el resto será regresado al mar. El plan prevé cinco etapas, cada una de 10 años. En total, 50 años de dragado continuo.

De acuerdo con organizaciones ambientales, el Golfo de Ulloa es un importante centro de actividad biológica. Por ahí migran especies protegidas como la ballena gris y cinco diferentes tipos de tortugas marinas, y viven unas 400 clases de peces. Por ello, afirma Jeanneht Armendáriz, bióloga e integrante de la asociación Medio Ambiente y Sociedad, es imposible que el dragado de la mina Don Diego no afecte las especies marinas y, con ello, la actividad pesquera.

“Van a hacer siete metros aproximadamente de dragado hacia abajo. Toda la fauna, la flora que haya en el fondo marino, la van a arrastrar y exterminar. Y, además, con esta remoción de minerales tóxicos lo que ocasionan es una productividad de microalgas nocivas, conocidas como mareas rojas, que afectarán muchísimo a las pesquerías”, explica.

Armendáriz también advierte sobre el riesgo radionuclear asociado a la minería de fósforo: este elemento usualmente se encuentra acompañado de elementos tóxicos como uranio, cadmio, cromo, vanadio, zinc y torio. La preocupación es que, con la remoción del lecho marino, estos minerales de acompañamiento también se liberen y queden flotando.

“En su estudio de impacto ambiental, la empresa manifiesta que encontraron una concentración considerable de uranio en el sedimento. Pero el problema con la normatividad es que no tenemos cantidades que sean permisibles en agua que no vayamos a beber”, puntualiza.

Anna Cederstav, codirectora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), asevera que la extracción de fosfato en el Golfo de Ulloa podría traer más daños que beneficios. “Nadie sabe si una mina de este tipo puede ser sustentable. Lo que sí se sabe es que la minería de fosfato en tierra tiene problemas enormes porque los sedimentos toman años en cimentarse”.

Crisis de fosfato

El consorcio Odyssey-AHMSA se encargó de promover la mina Don Diego ante políticos locales y el gobierno federal como indispensable para la seguridad alimentaria de México, uno de los puntos clave de la Cruzada Nacional Contra el Hambre impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto. Como México depende en gran medida de las importaciones extranjeras de fertilizantes (83%), los promotores de la mina de fosfato aseguran que su mina favorecerá a los agricultores mexicanos.

“Estamos hablando de un recurso que los países necesitan para asegurar su seguridad alimentaria. Y, básicamente, son cinco naciones las que controlan las reservas de fósforo en el mundo. Por lo tanto, esto puede convertirse en un problema de seguridad nacional y es preocupante que no esté en la agenda”, arguye Dana Cordell, integrante del Instituto para el Futuro Sostenible de la Universidad de la Tecnología en Sídney.

La investigadora aclara que no se trata de un agotamiento del recurso mineral, sino de una escasez provocada por razones geopolíticas y económicas: “Hoy en día, uno de cada seis agricultores no puede acceder a fertilizantes, y si el fósforo se vuelve más escaso por razones geopolíticas o por el alza de precios, menos agricultores podrán cultivar alimentos”.

Pero la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) considera en un análisis que “extraer fosfato en aguas de México no garantiza que será utilizado para suplir la demanda en ese país ni en el continente”.

En el caso mexicano, la falta de seguridad alimentaria obedece a otras razones, de acuerdo con el ingeniero agrónomo y especialista en economía agrícola Víctor Suárez Carrera.

“El hecho de que no haya seguridad alimentaria en México se debe a políticas públicas que ha impulsado el gobierno mexicano bajo presiones internacionales en los últimos 30 años”. Y apunta: el concepto de la seguridad alimentaria es complejo y tiene diversas dimensiones, y no está determinado por la escasez de un insumo como el fósforo.

Anna Cederstav, de AIDA, agrega que el vínculo entre la mina y el beneficio al campo mexicano es, por lo menos, débil. Lo que sí resulta claro, dice, es que si Don Diego se concreta afectará el ambiente, la pesca, la economía y el sustento social local.

La ruta de la tortuga

La pesca en el Golfo de Ulloa es muy importante. En él se realiza 70% de la extracción piscícola de Baja California Sur. Un ejemplo es la Cooperativa Pesquera Puerto Chale, que agrupa a 136 pescadores de San Juanito y Las Barrancas, dos poblados en la costa de este golfo. La temporada de langosta (que se inicia en septiembre) es la más lucrativa para esta cooperativa: reporta ventas de 90 a 100 toneladas del crustáceo al año.

Actualmente, en el Golfo de Ulloa existe una veda para proteger a las tortugas. El nombrado “refugio pesquero”, que comenzó en diciembre de 2014 y para 2015 se amplió, respondió a la alta mortandad de tortugas que sucedió en 2012, de acuerdo con las autoridades.

La ampliación de la veda permitió que, en septiembre de 2016, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) estadunidense certificara positivamente a México en relación con la protección de la tortuga caguama.

Antes, en agosto de 2015, la NOAA certificó negativamente a México y el gobierno de Estados Unidos amenazó al mexicano con realizar un embargo pesquero si no frenaba las muertes de tortugas.

Para la Sagarpa, la mortandad de esta especie se debe a su pesca incidental y, por ello, el 24 de junio de 2016 inició una veda general de cualquier tipo de pesca en la zona del refugio durante tres meses.

Juan Luis Murillo es pescador, originario de San Juanico, un poblado de unos 500 habitantes en el norte del Golfo de Ulloa. En verano este lugar recibe visitantes extranjeros (la mayoría canadienses y estadunidenses) que buscan surfear en el Pacífico. Fuera de la pesca y el turismo, la otra actividad económica rentable para los pobladores de San Juanico es trabajar como albañiles en las casas de los foráneos.

“No vamos a poder hacer nada. Nosotros estamos impuestos a estar trabajando y el mar ha sido nuestra vida”, dice Juan Luis, quien por la veda recibió 3 mil pesos quincenales como compensación, lo que no es suficiente para pescadores que en una buena temporada pueden obtener hasta 55 mil pesos en un solo día.

La veda general terminó el 1 de octubre y los pescadores iniciaron la temporada de captura de langosta. Sin embargo, para algunos defensores ambientales la veda debería ser permanente.

Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, organización que en su momento se opuso a la mina Don Diego, considera que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) debe mantener el refugio pesquero en el Golfo de Ulloa.

La bióloga Jeanneht Armendáriz explica que la zona del refugio pesquero coincide con la zona donde se pretende realizar el dragado de la mina Don Diego, por lo que considera que existe una incongruencia de las autoridades que, por un lado, prohíben la pesca y, por el otro, mantienen abierta la puerta a un proyecto minero que arrasaría con las especies animales y vegetales, protegidas y no protegidas.


Este reportaje fue producido con el apoyo de Round Earth. Nina Feldman contribuyó en él

FUENTE: PROCESO/PERIODISTAS DE A PIE.
AUTOR: CELIA GUERRERO (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/465716/cazatesoros-gringos-ahmsa-van-fosforo-baja-california-sur

Vinculan a proceso a exfuncionaria por fosas de Tetelcingo

Ana Lilia Guerrero Moreira, exdirectora de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Morelos, a quien el gobierno del estado está haciendo responsable de los delitos derivados de las fosas clandestinas de Tetelcingo, particularmente por el caso de Oliver Wenceslao, fue vinculada a proceso durante la madrugada del domingo.

Luego de una sesión que comenzó después de la 1 de la tarde del sábado y que concluyó esta madrugada, el juez determinó que existen elementos para considerar a la exfuncionaria probable responsable de los delitos contra el respeto a los muertos y violación a las leyes de inhumación y exhumación de cadáveres, fraude procesal y delitos cometidos por servidores públicos.

También, el juez de la causa fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la carpeta de investigación, que se cumplirá el próximo 11 de abril de 2017, tiempo en el que se deberá concluir con la sentencia de la exfuncionaria bajo proceso.

Además el juez determinó mantener las medidas cautelares impuestas en audiencia previa, consistentes en que Guerrero Moreira no podrá salir del estado ni del país y deberá acudir cada mes a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca).

Las fosas clandestinas de la Fiscalía de Morelos fueron cavadas en un panteón irregular de la comunidad indígena de Tetelcingo, en Cuautla, el 28 de marzo de 2014. En ellas fueron colocados más de 100 cuerpos. La familia de una de las personas depositadas ilegalmente en esas tumbas colectivas, logró recuperar el cuerpo de su familiar, Oliver Wenceslao, y luego inició una lucha para lograr que se abrieran e identificaran los demás cuerpos.

Con el apoyo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), así como colectivos de familiares de desaparecidos de Morelos y el país, se logró que apenas entre el 23 de mayo y el 3 de junio pasados, se abrieran las fosas y se exhumaran 117 cuerpos. Apro informó sobre las diversas irregularidades que se encontraron, desde que no se conocía el lugar preciso donde se encontraban las fosas, pasando por el número de cuerpos en ellas, así como cadáveres sin carpeta de investigación, necropsia, entre otras.

Apenas en octubre pasado, las procedimientos de identificación de los cuerpos en las fosas arrojaron como resultado que dos personas más fueran identificadas y una de ellas, Israel Hernández, fuera entregado a su familia. El otro cuerpo corresponde a una mujer y se espera que en las próximas semanas sea entregada a sus familiares, quienes viven fuera de Morelos.

Por este caso sólo Guerrero Moreira se encuentra indiciada, además de otro funcionario menor quien se encuentra vinculado a proceso. No obstante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación a principios de octubre pasado respecto del caso y en ella pidió al gobierno del perredista Graco Ramírez que investigue a 42 funcionarios involucrados.

Entre estos funcionarios se encuentra el entonces procurador de justicia Rodrigo Dorantes Salgado, hoy delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Durango, quien apenas fue llamado a declarar a principios de septiembre, sin que hasta el momento se tenga claro el proceso que sigue la investigación en su contra.

En junio pasado, Proceso dio a conocer que además de las fosas de Tetelcingo, existen otras en el panteón municipal de Jojutla, donde según testimonios de los pobladores, se han inhumado clandestinamente sin seguir los protocolos, cuerpos desde hace 10 años.

La Fiscalía se comprometió en septiembre pasado que el 7 de noviembre, hace un mes, se abrirían estas fosas y se exhumarían los cuerpos para “regularizarlas”. Sin embargo, esto no pasó. El coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía, Samuel Nava, ofreció una conferencia de prensa para advertir que la dependencia está “lista” para abrir las fosas de Jojutla en las próximas semanas.

“Estamos listos para iniciar el proceso de exhumación de los 36 cadáveres que tenemos en el panteón de Jojutla, en la (colonia) Pedro Amaro. Ya comenzamos la logística con las instituciones que nos hacen favor de participar activamente con nosotros”, aseguró y con ello confirmó lo publicado en junio pasado por Proceso.

“Solamente estamos en espera que ellos vean sus tiempos, debido a su sobrecarga de trabajo, tanto la PGR como la Policía Científica. Estamos en espera de la convocatoria para que nos sentemos nuevamente a dialogar por segunda ocasión y poder ya definir las fechas que sería entre el mes de enero y el mes de febrero”, aseguró el funcionario.

Fuente: Proceso

Autor: Jaime Luis Brito

http://www.proceso.com.mx/465919/vinculan-a-proceso-a-exfuncionaria-fosas-tetelcingo