Se han convertido en su herencia. Los crímenes de Estado de la era Peña Nieto le han caído como una loza de granito al flamante presidenciable, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y tal vez se conviertan en su pase a semifinales. Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanhuato, Apatzingán y Nochixtlán perseguirán el resto de sus días a Osorio Chong y serán un elemento definitorio para sacrificarlo en la carrera por la candidatura priísta a la Presidencia. Así de claro. Osorio Chong no pudo o sencillamente no quiso resolver o mínimamente permitir a las víctimas tener acceso a la justicia. Despreció y violentó sus propias leyes e incluso la Constitución. Los cinco crímenes de Estado siguen impunes: dos con participación directa del Ejército mexicano y los últimos tres con la actuación criminal de la Policía Federal. Ningún agente del Estado ha sido castigado por la barbarie de ejecutar arbitrariamente a civiles. Así lo ha decidido el Secretario de Gobernación, Osorio Chong, y su equipo más cercano de colaboradores, encargados a la tarea de ir tapando los horrendos crímenes de militares y policías. Y es que el señor Osorio Chong nos ha dejado claro que las Fuerzas Armadas tienen licencia para ejecutar, torturar y desaparecer, al igual que la Policía Federal una entidad paramilitar que igual encabeza la industria del secuestro como matanzas, estilo Tanhuato o Nochixtlán. Hagamos un recuento de los crímenes para ver las cinco lozas de granito que perseguirán a Osorio Chong el resto de sus días. He cubierto los cinco crímenes de Estado y tengo conocimiento de primera mano sobre estos hechos. Empecemos con Tlatlaya, la matanza de 22 personas cometida por militares en ese lugar del Estado de México el 30 de junio de 2014, sigue impune. El pasado 30 de noviembre, el Supremo Tribunal Militar determinó la absolución de los militares asesinos y sólo condenó a un año de prisión a un militar de bajo rango por el delito de “desobediencia”. Ya saben ustedes que los militares no pueden ser juzgados por las leyes civiles, por eso las violan constantemente. Ellos están por encima de la Constitución. Son unos privilegiados, ciudadanos “especiales” porque pueden cometer todo tipo de crímenes y casi siempre quedarán impunes. En el caso Tlatalaya, Clara Gymez González, una de las sobrevivientes de la matanza solicitó al tribunal militar que le reconocieran su calidad de víctima y así tener acceso al proceso castrense contra los militares. ¿Y qué creen que le contestó el tribunal militar? Pues obviamente que no. A ellos no les importan las víctimas, solo los verdugos vestidos de verde oliva, para protegerlos. Continuemos con nuestro recuento de los cinco crímenes que perseguirán a Osorio Chong por haberse encargado de darles “carpetazo”, falso, pero al fin carpetazo. El caso Ayotzinapa sigue impune y estancado. Osorio Chong ha sido partícipe de esta impunidad gracias a la protección que el Estado brindó a los militares implicados. El gobierno de Peña Nieto nunca permitió que se les interrogara. Y para colmo decidieron ascender al militar encargado de Ayotzinapa durante la desaparición de los 43 estudiantes, el general Alejandro Saavedra Hernández. En el caso Tanhuato, Osorio Chong también se encargó de proteger a los policías federales que cometieron la matanza de 42 personas en el rancho “El Sol” en Tanhuato, Michoacán. Hasta la parcial Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha reconocido que se trató de una masacre por “venganza” de los federales, pero Osorio Chong junto a la (CEAV) se empeñan en darle carpetazo al asunto sin permitir que las víctimas accedan a la justicia y la reparación. En Apatzingán es la misma historia. Los federales que participaron en lo que fue calificado como una “carnicería” por los sobrevivientes el 6 de enero de 2015 cuando un grupo de personas participaban en un plantón afuera del Palacio Municipal y la Policía Federal inició una balacera a las 2:30 de la madrugada. El Estado se ha encargado de tapar los crímenes cometidos por los policías federales, desde ejecuciones arbitrarias, tortura y hasta desapariciones. Los responsables siguen libres e impunes gracias a la protección del gobierno. Y lo mismo sucede con el último crimen de Estado, Nochixtlán en donde elementos de la Policía Federal y la Gendarmería de Oaxaca se encargaron de masacrar a seis personas mientras participaban en un bloque carretero en protesta por la reforma educativa el pasado 19 de junio. Osorio Chong y su equipo de colaboradores cercanos se han encargado de proteger a los agentes del Estado. Todo antes de hacer justicia. Para empezar, ni siquiera existe una averiguación previa gracias a que la PGR en coordinación con la Secretaría de Gobernación se ha encargado de criminalizar a los sobrevivientes y víctimas. Es evidente que la Secretaría de Gobernación con Osorio Chong se ha convertido en una especie de Gestapo, una institución dispuesta a operar por la libre para garantizar la impunidad de las fuerzas del Estado. Mientras el poderoso general Salvador Cienfuegos Zepeda quiere regular con un marco legal que les garantice la impunidad total y eterna a los militares, Osorio Chong prefiere seguir como estamos, total, las Fuerzas Armadas ya tienen licencia para cometer todo tipo de fechorías sin que la ley civil los alcance. En la práctica, ese marco supralegal ya existe, no hay necesidad de más leyes. Pero los dueños de México, es decir, los ricos y millonarios señores de la Confederación Patronal de la República Mexicana, los señores de la Coparme que ponen presidentes de la Nación, quieren su Ley de Seguridad Interior al igual que el supremo todopoderoso general Cienfuegos. Acostumbrados a las Guardias Blancas o a los paramilitares, los empresarios no escatiman en presiones a Osorio Chong. Pero igualmente. ¿Para qué quieren una Ley de Seguridad Interna si en la practica ya son la Ley por encima de la Ley”. Finalmente, Osorio Chong lo que busca es su pase a la semifinal para convertirse en el tapado del PRI, aunque Carlos Salinas de Gortari ya tenga su tapada en Claudia Ruiz Massieu. Difícil lo tiene el Secretario de Gobernación, a quien la era peñista lo ha puesto a hacer el trabajo más sucio e indigno. Claro, no se puede meter debajo de la alfombra a tanta víctima, tanta violencia institucional, tanta barbarie. Y menos borrar de un plumazo, cinco crímenes de Estado, aunque así lo siga intentando desde su puesto de Gran Hermano de nuestra República Bananera, el Secretario de Gobernación y dizque presidenciable Miguel Ángel Osorio Chong. ¿A quién le ven más futuro? ¿A la llamada Lady Guacamole, Claudia Ruiz Massieu por el simple hecho de ser pariente de Salinas de Gortari o a Osorio Chong por esconder la podredumbre y los crímenes de Estado?
Tanto la televisora como el gobernador de Puebla impugnaron la mordaza del órgano electoral. Televisa, además, mantiene en su portal de internet la entrevista que le hizo al panista y que le ordenaron bajar desde el primero de diciembre.
Durante 10 días, Televisa y el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle han librado una batalla en contra de la mordaza que le aplicó el Instituto Nacional Electoral (INE) al gobernador panista para frenar su promoción rumbo a la Presidencia de la República en 2018. Tanto la televisora como el mandatario presentaron sus impugnaciones contra el resolutivo y, además, la empresa mantiene en su portal de internet la entrevista de 15 minutos que el periodista, Joaquín López Dóriga, le hizo a Moreno Valle y que la autoridad pidió bajar por considerar que es una promoción anticipada a la elección.
Fue el primero de diciembre cuando el órgano electoral, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, prohibió a Moreno Valle dar entrevistas sobre sus aspiraciones presidenciales y sobre sus acciones de gobierno. Además, los consejeros le ordenaron a Televisa bajar la entrevista de “Chapultepec 18” de su página de internet, todo por considerar que genera inequidad en la contienda al 2018. Inmediatamente, Rafael Moreno Valle interpuso un recurso de revisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al considerar que se violenta su libertad de expresión y que la decisión es inequitativa, pues presentó las pruebas de la promoción de Andrés Manuel López Obrador, quien se promueve a través de los spots de Morena. Por su parte, Televisa presentó una queja también ante el TEPJF al considerar que se está trastocando su libertad de expresión.
Además, la televisora mantiene en línea la entrevista que le hizo al mandatario y que el órgano electoral le ordenó desaparecer. FUENTE: SIN EMBARGO/PERIODICO CENTRAL. AUTOR: VIRIDIANA LOZANO ORTÍZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/12-12-2016/3124833
Los jóvenes que denunciaron el presunto fraude cometido en su contra por parte de la agencia de viajes Despegar.com podrían recuperar su dinero. Otra agencia les ofreció viajar a Japón y continuarán con su proceso de denuncia ante las autoridades de la Profeco debido a las malas prácticas de la empresa.
Guillermo Moreno y Abril Flores, la pareja de jóvenes oaxaqueños que denunciaron el presunto fraude de la agencia de viajes online Despegar.com, sí realizarán su viaje a Japón y podrían recuperar su dinero. La publicación de un video en el que ambos jóvenes evidenciaban cómo la empresa les había realizado un cobro de más de 20 mil pesos por el concepto de dos pasajes a Japón se propagó rápidamente a través de redes sociales, dónde varios usuarios denunciaron las anomalías derivadas de comprar a través de dicha plataforma, además de recomendarles acudir a las autoridades para presentar su denuncia. Guillermo Moreno, uno de los denunciantes, aseguró a SinEmbargo,que habían visto en redes sociales “una nota que aseguraba que Despegar ya se había comunicado con nosotros y había resulto nuestro caso, pero eso no es verdad, la empresa se comunicó con nosotros hasta este sábado (10 de diciembre), cuando ya el video se había hecho viral y habían surgido más reclamos”.
Ante la presión de los usuarios de redes, quienes comentaban el caso de Guillermo y Abril bajo el hashtag #DóndeEstánNuestrosBoletos, además de arrobabar la cuenta de Twitter de la Profeco, la empresa se comunicó con los afectados para preguntarles si querían sus boletos o su reembolso, a lo que los jóvenes contestaron que querían de vuelta su dinero. Sin embargo, la empresa volvió a pedirles nuevamente la prueba de que la transacción se había realizado. “A pesar de que ya les enviamos los documentos muchas veces, Despegar, nos lo volvió a pedir, nos dijo que les mandáramos los estados de cuenta y todo, otra vez”, comentó Guillermo. En una entrevista anterior con este medio, la otra afectada, Abril Flores, comentó acerca del proceso para realizar su denuncia ante la Profeco, misma que fue posible después de cuatro intentos y que les había otorgado una audiencia para el 22 de Febrero de 2017, pese a que su viaje estaba planeado para el 17 de ese mismo mes. Tras la viralización de su caso, la dependencia se comunicó con lo jóvenes para notificarles del cambio en la fecha de su audiencia, la cual se llevará a cabo el día 5 de Enero de 2017. La pareja planeaba realizar este viaje a Japón con la finalidad de cumplir el último deseo de la madre de Abril, quien falleció hace unos meses. Abril y su madre, tenían el sueño de viajar juntas, conocer nuevos lugares y aprender sobre otras culturas. Pero este se vio truncado cuando la señora cayó enferma, falleciendo un año más tarde. La madre de joven quiso que ella cumpliera ese sueño y realizara el viaje, para lo cual le dejo cierta cantidad de dinero del cual ella tomó una parte para la comprar de los boletos. Cuando se dio a conocer la historia detrás de su viaje, la agencia de viajes online BestDay.com publicó en su página de Facebook: “Porque nuestro espíritu es hacer posible que los viajeros cumplan sus sueños, Abril Scanda y Guillermo Moreno #ViajemosJuntos a Japón”. La agencia decidió contactar a la pareja para ayudarles a cumplir su sueño y cambiar la imagen que tienen de las agencias de viajes online, por que decidió patrocinarles los pasajes para su viaje al país oriental. Guillermo Moreno dijo a SinEmbargo: “BestDay nos contactó cuando supo del video, y nos dijo que le gustaría ayudarnos regalándolos los boletos para nuestro viaje”.
Los jóvenes continuarán con su proceso de denuncia ante las autoridades por debido a las malas prácticas de Despegar.com, sin embargo, la Profeco les comentó que en caso de que Despegar.com se comunique con ellos y les haga la devolución de su dinero, previo a la audiencia que tienen agendada, este trámite ya no será necesario. ANTECEDENTE: http://www.sinembargo.mx/08-12-2016/3123582 FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SOLEDAD VICTORIA CRUZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/12-12-2016/3124794
OAXACA, Oax: Artefactos explosivos estallaron hoy en la madrugada en las instalaciones del Banco Santander y las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en esta capital, situación que movilizó a elementos del Ejército Mexicano que mantienen acordonada la zona. La Fiscalía General de Oaxaca confirmó que las explosiones ocurrieron alrededor de las 03:48 horas en el Banco Santander ubicado en la calzada Madero 539 en el ex Marquesado y la segunda en las oficinas de la Prodecom, localizada en la avenida Independencia esquina con González Ortega.
OAXACA, Oax: Por lo menos cuatro ejecuciones se cometieron en las últimas horas, entre ellos, los de dos mujeres, con lo que suman 23 asesinatos de alto impacto cometidos en apenas 12 días del gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa.
En Tuxtepec fueron ejecutados el empresario Raúl Arroyo Torres y su acompañante Luz María Marcial García, hija del presidente del Consejo Representativo Indígena en la Cuenca del Papaloapan, Santos Marcial Lucas. Los hechos ocurrieron este sábado 10 de diciembre alrededor de las 23:00 horas en el interior del depósito Mary ubicado entre Prolongación de Veracruz y avenida Celaya de la Colonia Castillo perteneciente a Tuxtepec. En el lugar fueron localizados siete casquillos calibre.223 y los cuerpos de Raúl Arroyo y la hija del dirigente social. El primero presentaba dos impactos en el tórax y María Marcial tres impactos, uno en la cabeza, otro en el tórax y uno más en el brazo izquierdo. Posteriormente, este domingo 11 de diciembre fue ejecutada Ofelia Martínez Roque, de 33 años, en un camino de terracería que va al fraccionamiento los Álamos, a unos 200 metros de la carretera estatal que conduce a Zacate Colorado, perteneciente a Tuxtepec. La mujer presentaba tres impactos de arma de fuego, uno en la cabeza, otro en el tórax y uno más en el brazo derecho. Antes, en la región de la Costa fue ejecutado Maximiliano López Monjaraz, de 23 años de edad, en el interior de un bar en Pinotepa Nacional. El atentado ocurrió este sábado 10 de diciembre alrededor de las 20:00 horas cuando sujetos armados arribaron al bar la Cabaña de Charly ubicado en la calle 17 Sur entre la Séptima y la Quinta poniente de la colonia el Porvenir. La identificación la realizó David López Gasga padre del joven Maximiliano López Monjaraz, de 23 años de edad. Estos casos se suman a los cuatro ejecutados – Porfirio Urbano Cruz, de 38 años de edad; Cosme Urbano Romero, de 59; Marco Antonio Álvarez Morales, de 46, y Rafael Ramos Rosales, de 29-, quienes fueron localizados el pasado 7 de diciembre alrededor de las 08:30 horas en el paraje La Galera de la agencia municipal Benemérito Juárez perteneciente a San Juan Bautista Tuxtepec. Así como a la ejecución de la líder de la Confederación Revolucionaria Obrero Campesina (CROC), Mayra Luis Martínez, quien fue atacada el pasado 5 de diciembre en San Francisco Tutla, municipio conurbado de esta capital. Ese mismo día, fueron localizadas muertas en un barranco y estranguladas las prestamistas Olga Lidia Sánchez López y Silvia Martínez Sandoval quienes se encontraban desaparecidas desde el pasado 29 de noviembre. Y el sábado 3 de diciembre, en la comunidad de Santa Rita agencia perteneciente al municipio de San Francisco del Mar, fue linchado por unas 300 personas el comerciante de Ocozocoautla, Chiapas, Jesús Guillermo López, después de ser retenido por supuestamente intentar secuestrar a una menor de edad.
Según reportes policiales los hechos ocurrieron alrededor del mediodía cuando un aproximado de 300 personas que se encontraban en la planta alta del municipio entraron en forma violenta a las oficinas del síndico, lugar del que se llevaron al señor Jesús Guillermo. En la planta baja lo golpearon y lo colgaron con un mecate en la entrada de la cárcel pública, causándole lesiones que le provocaron la muerte. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PEDRO MATÍAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/465962/oaxaca-cuatro-ejecuciones-fin-semana-van-23-en-12-dias-gobierno-murat-hinojosa
Juan Pablo Castañón, titular del CCE comentó que al sector privado del país le preocupa que los procesos electorales del próximo año.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que el Poder Legislativo federal dejará asuntos pendientes de trascendencia nacional en 2016, por lo que instó a los legisladores a rendir cuentas, hacer un análisis autocrítico e iniciar 2017 con todo su empeño para sacar a delante la agenda. “Quedan apenas cuatro días para que cierre un periodo más ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Lamentablemente, todo apunta a que nuevamente se postergarán asignaturas fundamentales que atañen a asuntos críticos para México”, consideró Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. En su mensaje semanal, el empresario agregó que al sector privado del país le preocupa que los procesos electorales del próximo año, con la politización natural en el último tramo del sexenio, hagan que se dejen de lado los temas que le interesan y ocupan a los ciudadanos y a los sectores que necesitan y demandan diversas reformas y resoluciones del Poder Legislativo. “En este sentido, diputados federales, senadores y partidos políticos deberían hacer un ejercicio de rendición de cuentas de cierre de periodo, con compromisos puntuales sobre las prioridades de la agenda legislativa, para completar lo que sea factible en esta semana y abordar el resto con diligencia desde el inicio del 2017”, subrayó. Respecto a los avances y temas pendientes que a su juicio se lograron y los que se deben resolver, el dirigente empresarial refirió que en el actual periodo legislativo que está a cuatro días de concluirse aprobó en tiempo y forma el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos. “En términos generales, en congruencia con los retos que presenta 2017 y las limitaciones y prevenciones que debían tomarse de entrada. No obstante, hay otros temas que requieren el mismo nivel de responsabilidad y presteza, como el rubro de seguridad pública y el de la seguridad nacional”, enfatizó. Aseguró que una de las principales asignaturas cruciales es la de los mandos policiacos unificados o mixtos en los estados, para enfrentar la precariedad de la que adolece un gran número de municipios frente a la delincuencia. “Necesitamos consolidar una estructura institucional eficaz y a la altura de las circunstancias actuales, en materia policiaca y de protección a la ciudadanía. Hemos tardado 10 años en fortalecer las policías locales y un marco que permita que en todo el país los estados tengan instituciones preparadas y adecuadas para enfrentar a la delincuencia”, opinó. Agregó que se recurrió a las fuerzas armadas de manera temporal, pero ya son 10 años en los que no se ha podido avanzar con esta agenda y por ello urgió a una definición adecuada y clara de competencias, corresponsabilidad y coordinación. Juan Pablo Castañón recordó que desde noviembre de 2014, el presidente de la República promovió iniciativas legales con carácter de urgente, en el marco del Decálogo por un México con Justicia, Unidad y Desarrollo. Subrayó que el paquete incluía una Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales, propuesta de redefinición estructural de competencias jurisdiccionales y los ya citados mandos estatales, entre otros puntos. Empero, dijo que algunos de estos temas se discuten desde varios años antes, y se incluyeron en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscrito en 2008 por todos los poderes de la federación y los partidos políticos. Más adelante, el presidente del CCE aseguró que es urgente aprobar reformas en materia de seguridad interior que den claridad y certidumbre a las responsabilidades y actividades de las corporaciones policiacas, el Ejército y la Marina, que cumplen con patriotismo y profesionalismo las funciones que han venido haciendo de manera subsidiaria. “Hay un avance importante con la iniciativa de Ley de Seguridad Interior presentada en días pasados. Se basa en el postulado de salvaguardar la continuidad de las instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática”, enfatizó. Castañón instó a renovar un pacto nacional por la seguridad pública y el Estado de derecho y justicia, asegurando que un requisito fundamental es completar las reformas de mandos policiacos y de seguridad nacional, al igual que otros pendientes de primer orden en la agenda legislativa: leyes sobre tortura, atención a víctimas, desaparición forzada y violencia contra mujeres, entre otras. De igual forma, hay que avanzar con mayor contundencia en la segunda etapa del Sistema Nacional Anticorrupción, que es la de su implementación. No podemos bajar la guardia en este desafío de la nación, subrayó. Añadió que se ha hecho un adelanto importante en el amplio paquete de iniciativas sobre justicia cotidiana que va desde temas como catastros y mecanismos alternativos de solución de controversias y sistema nacional de mejora regulatoria, hasta cambios en derecho laboral, procesal, civil y mercantil.
“Todas estas son reformas que deben cerrar espacios a la corrupción, al mismo tiempo que facilitan la vida a los ciudadanos y a las empresas. Esperamos que se consoliden estas reformas y las leyes correspondientes durante el inicio de 2017; que no se pierda este impulso de transformación”, enfatizó. FUENTE: ARISTEGUI NOTCIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://aristeguinoticias.com/1212/mexico/empresarios-instan-a-legisladores-a-trabajar-y-no-pensar-en-elecciones/
"Cuando muchos creían que se había acabado en el gobierno de Peña Nieto, pues vinieron las masacres de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato...", recuerda el periodista Diego Enrique Osorno.
Del otro lado del teléfono, el periodista Diego Enrique Osorno recuerda bien cómo comenzó todo: Para mí, lo que hay en 2006 es un año de mucha inconformidad social, donde tenemos manifestaciones importantes, rebeliones en Oaxaca, en Atenco, en diversos pueblos y ciudades ligados al sindicato minero, y además está esta protesta en la Ciudad de México, encabezada por los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. El país en 2006 tenía una crisis social y una crisis política muy fuerte, y el presidente que llega en ese momento al poder, Felipe Calderón, después de haber ganado por medio punto porcentual, en lugar de crear una solución política a esta crisis que se estaba viviendo, parece que opta por la mano dura, por usar, aliarse con las fuerzas armadas, para garantizar una gobernabilidad que no lograba mediante la política. En ese contexto, se crea la declaración de guerra contra el narco, hay que recordar que en México el candidato que perdió la elección de 2006 no reconoció al gobierno de ese periodo, eso nos habla de una crisis política profunda, tremenda, que fue cubierta con una guerra contra el narco, que me parece que ya en los hechos, los que hemos investigado nos dimos cuenta que se trató de un pretexto para militarizar el país y para garantizar una gobernabilidad. Y en los hechos, los ataques no fueron contra los grupos hegemónicos como el Cártel de Sinaloa, sino contra las escisiones de este, como los Beltrán Leyva, o grupos como Los Zetas. -¿Cuál es tu parte de guerra…? Tenemos un país devastado, un país con el tejido social roto, un país con más de 175 mil muertos (en la última década), con más de 30 mil desapariciones aunque sólo se registren 29 mil, sabemos que la cifra negra es prácticamente el doble… En el entorno donde yo crecí en Monterrey, tengo 5 personas desaparecidos y no hay denuncia… no han denunciado ni aunque yo les he invitado, tienen miedo… Son gente que no estaba involucrada de ninguna forma en el crimen. Los saldos personales: creo que no hay en México ninguna persona que no tenga un vínculo indirecto por lo menos con alguna tragedia relacionada con este periodo. Es algo que atravesó a todo el país, que está atravesando a todo el país.
Y cuando muchos creían que se había acabado en el gobierno de Peña Nieto, pues vinieron las masacres de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato…
Me acuerdo de haber leído un artículo en Nexos, de hace tres o cuatro años, titulado “Lo que el narco nos dejó” y se daba por hecho de que ya con el gobierno de Peña Nieto se había acabado la guerra contra el narco… Es un parte de guerra desastroso para el país sobre todo, más allá de lo personal. -¿Cómo ves la ley de seguridad interior… aunque vaya a ser Navidad, Año Nuevo, parece que van a discutir y aprobar esta ley? Es muy sintomático que a diez años de distancia, las fuerzas armadas estén garantizando la impunidad para el futuro, están blindándose para el futuro, no sabemos qué va a pasar en los próximos años en México, si el grupo que ha permanecido en el poder estos años se va a mantener ahí… las fuerzas armadas están buscando blindarse para una eventual acción de justicia posterior no sólo nacional sino también internacional… los ojos de diversos organismos internacionales están puestos en México ante la gravedad y lo tremendo que significan estos crímenes no sólo para la sociedad mexicana sino para toda la humanidad. Lo que vimos la semana pasada fue una simulación, una especie de autogolpe que se está propinando el gobierno actual, para buscar la impunidad hacia futuro de las fuerzas armadas. -¿Qué te pareció la declaración del general?
Creo que es una simulación, no es algo que tenga como objetivo real el sacar a los militares del escenario público sino más bien de garantizar que el protagonismo que han tenido en los últimos años -un protagonismo muchas veces trágico, muchas veces ilegal, muchas veces extralegal-, permanezca en la impunidad y sin ser castigado. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: GUSTAVO SÁNCHEZ. LINK: http://aristeguinoticias.com/1212/mexico/10-anos-de-terror-y-mas-division/
Este nuevo ordenamiento permite al Presidente de la República, mediante una declaratoria, ordenar el desplazamiento de las Fuerzas Armadas a ciertas zonas del país, por un cierto periodo de tiempo.
La Ley de Seguridad Interior no busca militarizar al país ya que solo autoriza al Presidente de la República disponer del uso de las Fuerzas Armadas en una cierta zona amenazada por el crimen organizado, y por un tiempo específico, aclaró el coordinador de los diputados federales del PRI, César Camacho.
En entrevista con Aristegui Noticias, Camacho Quiroz, autor de una de las iniciativas que en la materia se discuten en el Congreso, detalló que la seguridad pública seguirá a cargo de las policías Federal, estatales y municipales. Por lo que su propuesta solo contempla el uso de las Fuerzas Armadas “en casos excepcionales” donde esas policías se vean rebasadas por la delincuencia organizada y ésta represente “riesgos para la seguridad interior, amenazas al Estado de Derecho y para la estabilidad nacional“. En este sentido, el diputado federal del PRI aclaró que “no habrá excesos” pues la nueva ley contempla que –mediante una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior-, el jefe del Ejecutivo Federal disponga de elementos militares para ser desplazados a un determinado lugar y por un tiempo específico”. Ese desplazamiento de las tropas “no es indefinido, ni tampoco se extiende a los militares un cheque en blanco”, aclaró el ex líder nacional del PRI quien detalló que esa Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá ser respaldada por el Consejo de Seguridad Nacional. César Camacho aseguró que la presencia del Ejército en las calles para colaborar en tareas de seguridad pública “ha sido exitosa” y manifestó que la ley busca dar certidumbre a esas labores. Ante los casos de violaciones a los derechos humanos e, incluso, de ejecuciones extrajudiciales en las que se habrían participado militares, aclaró que esta ley no representa un certificado de impunidad. Dijo que están dispuestos a reunirse y a escuchar los argumentos de las organizaciones que han expresado su preocupación porque esta legislación significa la militarización del país, lo que ocurrirá antes de que se elabore el dictamen correspondiente. El diputado federal se negó a establecer plazos precisos para el periodo extraordinario de sesiones donde se podría discutir esta iniciativa, lo que podría ocurrir en la segunda quincena de este mes o durante enero de 2017. Aunque reiteró que en todos los grupos parlamentarios hay la coincidencia de que “es urgente legislar en el menor tiempo posible y con el mayor de los consensos”. Por último, el líder de la bancada priiísta en San Lázaro detalló que corresponde a los gobiernos Federal, estatales y municipales crear cuerpos policíacos profesionales y capacitados para hacer frente al crimen organizado, y permitir que las tropas regresen a los cuarteles.
Los diputados federales proyectaron regalarse un bono decembrino de 150 mil pesos, que bautizaron como “apoyos a personal”. Sin embargo, los legisladores ya reciben dinero para este rubro como parte de sus ingresos mensuales. Y por si fuera poco, existen otras dos partidas para lo mismo, una llamada “subvención para honorarios de grupos parlamentarios”, y otra registrada como “subvención de apoyo para el personal de grupos parlamentarios”.
CIUDAD DE MÉXICO: Los 500 diputados federales de la LXIII Legislatura han pasado del discreto dispendio de recursos federales a la rapacidad. Este fin de año no sólo planearon regalarse 75 millones de pesos adicionales a su salario mediante una partida bautizada como “apoyo a sus gestiones y su personal”, sino que se asignaron al menos otras dos millonarias subvenciones para supuestamente cumplir el mismo objetivo: pagarle a sus empleados. Los 500 diputados federales reciben carretadas de dinero mes a mes: mientras ellos tienen un sueldo mensual de 148 mil 325 pesos, 7 millones 854 mil trabajadores mexicanos apenas percibieron 2 mil 264 pesos con 24 centavos al mes durante 2016, según reveló la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) difundida en mayo pasado. De acuerdo con ese análisis, este año se agregaron 1 millón 237 mil mexicanos al grupo que gana el salario mínimo.
Los ingresos decembrinos de quienes perciben el sueldo mínimo sumarán 5 mil 112 pesos con 80 centavos (considerando el salario y el aguinaldo), en tanto que cada uno de los 500 diputados federales puede obtener, sólo este mes, 438 mil 829 pesos entre salario, bono, aguinaldo y demás ingresos aprobados por los propios legisladores. Esta semana determinarán si se dan el obsequio de los 150 mil pesos o no. De concretarse, violarán los lineamientos de austeridad que ellos mismos se impusieron este 2016. Pero además de los 75 millones que los legisladores podrían recibir a título personal, sus bancadas se repartirán 105 millones de pesos. Los grupos parlamentarios se agasajaron del mismo modo el año pasado. Pagos extras Los 75 millones de pesos mencionados lo conforman sólo los 150 mil pesos de “bono” o “apoyo” que cada diputado puede obtener. Sin embargo, esos millones serían parte de una partida mayor (de 180 millones de pesos) destinada a los ocho grupos parlamentarios de San Lázaro (PRI, PAN, PRD, PVEM, Morena, MC, Panal y PES). En una revisión de los tres informes cuatrimestrales que cada bancada entregó desde septiembre de 2015 a agosto de 2016 a la Secretaría General de la Cámara de Diputados y a la Junta de Coordinación Política, se detectó que entre todos los partidos –menos Movimiento Ciudadano– recibieron una partida extraordinaria por un total de 166 millones 419 mil 353 pesos, autorizada por el “Comité de Administración”, que encabeza la diputada del PRD María Concepción Valdés Ramírez. A MC se le destinaron poco más de 12 millones de pesos pero los rechazó. La suma de estas dos últimas cantidades da los 180 millones de pesos aprobados. Esa partida, reportada oficialmente con el número 4390-6, está en el Manual de la Secretaría de Hacienda, lo cual la hace legal. Se entrega en diciembre, año con año. El 15 de diciembre de 2015, el vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, la explicó así al diario Reforma: “Trabajo bien aquí, hago la parte que me corresponde. Lo que la Cámara fije es lo que nos corresponde a los diputados, lo que no haría es tomar dinero de otra partida que no me corresponde. (…) De los 180 millones de pesos que se entregaron a las fracciones, 75 millones son para que los diputados paguen diversos gastos en sus distritos, como pago a asistentes, compras de regalos y eventos de fin de año. Son remuneraciones que tienes fuera de lo que te cubre la bancada. Se maneja discrecionalmente y es responsabilidad del diputado que lo utiliza. Cada quien lo usa como quiera.” Ese mismo día, el vicecoordinador reveló que todos los fines de año se otorga ese bono adicional (2016 no será la excepción), pero siempre se había mantenido oculto. Incluso dijo que la actual Legislatura decidió bajarle cien mil pesos: “El año pasado (2014) fueron 250 mil pesos. Este año se bajó a 150 mil pesos por cada diputado. Es para el personal que tienes fuera de Cámara. Yo gratifico hasta al personal de limpieza”, expresó el 15 de diciembre de 2015. Los ocho grupos parlamentarios aún no entregan el reporte del cuatrimestre que corre de septiembre a diciembre de 2016, por lo que no figura la cantidad total que se asignarán este año como parte de las “subvención especial del Comité de Administración”. Sin embargo, se prevé que sea la misma cifra. Como sea, el jueves pasado se informó en San Lázaro que en los próximos días el Comité sesionará para discutir si distribuye esos recursos. El viernes 10, Proceso buscó a la titular del Comité de Administración a través del Área de Comunicación Social para que detallara esos y otros gastos, pero no se obtuvo una respuesta. Ostentoso e irregular Al igual que el año pasado, la Cámara de Diputados entregará a los legisladores 150 mil pesos, confirma el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara. Aclara que no es “un bono”, sino un recurso “de apoyo para sus gestiones y de su personal”. Paralelamente “recibirán lo que les corresponde legalmente y a lo que tienen derecho, que es el aguinaldo…y quizá, adicionalmente, con el objeto de apoyar sus gestiones y a su personal, como una medida de fin de año, recibirán 150 mil pesos por diputado”. El diputado de MC Manuel Espino, antes panista (llegó incluso a la presidencia de ese partido), fijó su posición mediante un video que circula en las redes sociales: “No permitamos que los diputados reciban el bono escandaloso, ostentoso, ilegal e inmoral que pretende la mayoría de los legisladores recibir, cuando ya tienen su aguinaldo, su dieta, cuando tienen un ingreso mensual satisfactorio muy superior al que recibe la mayoría de los mexicanos.” El expanista Manuel Clouthier –hoy en día el único legislador independiente en San Lázaro– grabó un reclamo muy parecido: “No es lo mismo Juan Domínguez que mírame y no me chingues. Ya el año pasado los diputados se autorizaron un bono de 150 mil pesos. Le tenemos que poner un alto de una vez (…) a esta autoasignación de recursos injustificada, excesiva y a todas luces ilegal.” El presidente de la Mesa Directiva, el panista Javier Bolaños, aseguró en conferencia de prensa que, de aprobarse el recurso adicional, él no lo aceptaría. En cambio, el coordinador del PRI, César Camacho Quiroz –quien el año pasado aceptó el regalo para su bancada–, evitó dar explicaciones. El pasado jueves 1 soltó que “los diputados tendremos derecho a aquello que la ley permite”, y echó la bolita al PRD: “En última instancia es el Comité de Administración, cuya presidencia recae en el PRD, el que podría dar alguna información adicional”. También remitió al secretario general de San Lázaro. El PAN, a través de su coordinador, Marko Cortés, actuó de la misma manera: “Entiendo que es un tema que está revisando la comisión (sic) de Administración”, dijo en conferencia de prensa. “De aprobarse algo, tiene que ser con plena claridad de para qué es y con una completa acreditación del gasto”. Pero luego justificó: “El grupo parlamentario del PAN lo que hace en estas fechas es, a través de nuestras oficinas de gestión ciudadana, apoyar con juguetes para las familias más necesitadas, con cobijas para las zonas de más frío y organizar algunos convivios en algunas colonias”. El panista consideró que si el Comité avala tal recurso, lo debe hacer con reglas claras, “y tendrá que ser para las oficinas de atención ciudadana”. –¿Es una asignación como la del año pasado? –se le preguntó en conferencia de prensa. “Claro que no”, respondió. Morena, a través de su vicecoordinador, Virgilio Caballero, dijo que ellos no aceptarán los 150 mil pesos. Lo mismo anunció el coordinador de MC, Clemente Castañeda. Ambos consideraron un insulto recibir tal dinero, pues los legisladores ya tienen un salario y otras prebendas. Ambos coincidieron en que por la situación que vive el país los mexicanos no se merecen “una burla” así. Cuatro asignaciones para lo mismo El vicecoordinador del PRI, Ramírez Marín, explicó el pasado día 8 en rueda de prensa que han sido los propios legisladores quienes han pedido los recursos adicionales: “Los diputados han planteado estas necesidades y tiene que revisarse”. Sin embargo, de nuevo se puso a PRD al frente de tal responsabilidad: “Es una decisión del Comité de Administración”. En cuanto al objetivo del bono, Ramírez Marín apuntó que es para “afrontar los pagos de fin de año que corresponden a eventos que tienen que ser comunitarios y a las remuneraciones de personal no adscrito a la Cámara de Diputados, que normalmente se solventan a lo largo del año, pero se requiere una aportación adicional a fin de año. No es un regalo para los diputados”. Sin embargo, el presupuesto para tales actos y erogaciones se entrega mes a mes a los diputados: además de su dieta (de 78 mil 817 pesos) reciben 28 mil 772 pesos para “atención ciudadana”, es decir, para el pago del módulo ciudadano que deben instalar en su distrito, según detalla el vicecoordinador de Morena, Virgilio Caballero. Por lo que atañe al pago de los empleados del grupo parlamentario, el presupuesto contempla otra partida, la 4390-4, catalogada como “subvención para honorarios de grupos parlamentarios”. Sólo en el cuatrimestre de septiembre a diciembre de 2015, esta asignación sumó 16 millones 357 mil 180 pesos. Pero no sólo eso. Hay una partida más, la 4390-5, llamada “subvención de apoyo para el personal de grupos parlamentarios”. En el mismo cuatrimestre, esta asignación llegó a 6 millones 135 mil 690 pesos. La partida de donde salen los 150 mil pesos para cada diputado es la 4390-6, y en los reportes de las bancadas no se explica cuál es la diferencia entre estas tres asignaciones. Por lo anterior, los diputados están violentando sus lineamientos de “racionalidad, contención, austeridad y trasparencia presupuestal”, que ellos mismos se impusieron y publicaron el 29 de febrero de este año en el Diario Oficial de la Federación. Ahí se establece que, en “servicios personales (…) se suspenderá la creación de plazas, (…) las contrataciones de personal deberán reducirse al mínimo indispensable” y “las promociones, compensaciones, estímulos y, en general los pagos al personal deberán sujetarse a la normatividad aplicable, plantillas, tabuladores y presupuestos autorizados”. Así, cada integrante de la casta legislativa de México –que sólo sesiona dos veces por semana, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, y eso únicamente por siete meses y medio al año– recibirá 438 mil 829 pesos en diciembre.
CIUDAD DE MÉXICO: Frente a las grandes liquidaciones y seguros para retiro de la alta burocracia, los trabajadores de base y confianza al servicio del Estado enfrentan numerosos problemas para cobrar lo que les corresponde: la complejidad de juicios que pueden tardar décadas; el retraso en el pago de liquidaciones e indemnizaciones por despido e inclusive la disminución de sus fondos de ahorro, atribuidos a movimientos del mercado.
Entre despidos de personal y las jubilaciones anticipadas impulsadas por la Secretaría de Hacienda como una medida de austeridad, de acuerdo con el presupuesto anual se tenía prevista la terminación de 15 mil 825 plazas laborales en 2016. El presupuesto de 2017 prevé la eliminación de 18 programas que implicarán más recortes de personal. La eliminación de programas y plazas fue aprobada en dictámenes por la Comisión de Presupuesto que, paradójicamente, preside Alfredo del Mazo Maza, quien al renunciar como director de Banobras obtuvo una liquidación de 451 mil pesos netos, según información obtenida por Proceso mediante solicitudes de información. “Eso es el doble del máximo que puede obtener un trabajador como prima de jubilación. La diferencia es que a los políticos se les asignan esas liquidaciones por meses o unos cuantos años de trabajo, mientras que el trabajador cobrará su prima por 30 años de servicio, toda una vida”, dice Heberto Barrios, integrante de la Confederación Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores (CNJPAM). No existe una cifra definitiva sobre los despidos de personal en el sector público. El abogado laboralista Manuel Fuentes Muñiz, quien representa a varios sindicatos de burócratas, estima que la reducción de personal alcanza a 30% de los empleados federales, en muchos casos despedidos sin ningún tipo de indemnización. Doctor en derecho, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, Fuentes Muñiz explica que existe otro rango de trabajadores que, si bien pueden tener antigüedades variables de hasta cinco o 10 años, tienen contratos eventuales, por lo que se les recorta el contrato o se espera la fecha de terminación y no se les liquida. Entre las liquidaciones más abultadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Muñiz destaca el hecho de que dos de éstas tengan que ver precisamente con funcionarios de la seguridad social: José Antonio González Anaya, como director del IMSS, obtuvo al renunciar en febrero último 831 mil pesos de liquidación, mientras que Alejandro Canek Vázquez Góngora consiguió 562 mil pesos por el mismo concepto, luego de trabajar menos de tres meses en el Fonacot. En ambos casos recibieron su liquidación pocos días después de su renuncia, mientras que un trabajador común del sector público podría tardar meses en cobrar su prima de jubilación, según la CNJPAM. El reclamo de derechos laborales, como la liquidación, lleva hasta 20 años, según Manuel Fuentes. Pone como ejemplo lo ocurrido el pasado miércoles 7, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, contra un arresto administrativo dictado como medida de apremio para cumplir un laudo laboral. El caso data de 2002, cuando un extrabajador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal fue despedido y demandó una liquidación al gobierno capitalino. “Esto muestra que la justicia laboral burocrática carece de justicia para los trabajadores que pretenden reclamar una liquidación; tienen que recorrer caminos largos para poder lograr un pago de esa naturaleza y, además, presionar a las entidades donde hacen su reclamación para que se incluya en los presupuestos de los años siguientes. Siempre es un proceso muy difícil para los trabajadores.” El sector más desigual Al menos 15 mil trabajadores petroleros quedaron en la calle entre 2015 y 2016, según la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP). El sector energético, comprendido por trabajadores de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, es de los más afectados, en especial porque a partir de las reformas estructurales se ampliaron las operaciones de empresas privadas. El pasado 30 de noviembre, en sesión del Senado, la legisladora de Morena Layda Sansores habló de los despidos masivos en Pemex que han impactado zonas petroleras como Ciudad del Carmen, Campeche. Sobre éste ni ningún otro tema el senador priista y dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps jamás había dicho ni media palabra en el Senado desde que ocupó su escaño hace más de cuatro años. Ese día, ante los reclamos de Sansores, gritó desde su asiento que ningún trabajador estaba despedido, y ante las réplicas de la senadora y de Manuel Bartlett, volvió a su silencio habitual. El secretario de organización de la UNTYPP, Moisés Flores Salmerón, admite que en muchos casos se trata de procesos jubilatorios, pero “el problema es que no les están pagando su jubilación, sino que les están deteniendo ese proceso porque dicen que no hay dinero”. Afirma también que a quienes se está liquidando se les realizan cálculos sobre la base de salarios ordinarios, sin considerar prestaciones y compensaciones que deberían asimilarse al salario. Lo anterior no sucede con directores generales, como Emilio Lozoya Austin, que según la información disponible es el que más ha cobrado por liquidación, para cuyo cálculo –lo mismo que en otros 12 casos en otras dependencias– se le integraron compensaciones mensuales garantizadas y otros ingresos por concepto de prestaciones. Con la compensación mensual garantizada, el titular de una dependencia federal ve quintuplicado su salario base. Eliminando compensaciones a los trabajadores comunes, como denuncia la UNTYPP, su liquidación se reduce alrededor de 50%. El régimen de ahorro de los secretarios de Estado y cargos directivos en entidades federales les permite ahorrar cada año 492 mil pesos, la mitad por aportación del gobierno. Empero, un trabajador de nivel medio o inferior, sea de base o de confianza, no tiene esa posibilidad. Sólo cuenta con su fondo depositado en alguna afore, empresas cuyos manejos en fechas recientes han provocado movilizaciones de protesta de distintos grupos de trabajadores, jubilados y pensionados. Es el caso de los jubilados del IMSS, que a lo largo de 2016 se movilizaron contra Afore XXI en reclamo de sus ahorros. La SCJN amparó a la administradora, propiedad de Grupo Banorte, contra el reclamo. De acuerdo con Barrios, de la CNJPAM, el problema es que con todas las afores enfrentan un problema de minusvalía, es decir, reducción de sus ahorros sin responsabilidad para éstas, sin transparentar en qué invierten los fondos, pero que en cualquier caso cobran sus comisiones.
“Es el sistema mexicano político y social, basado en esta desigualdad. Esto es parte de los favores que se dan; no aportan nada pero crean grandes problemas. Son funcionarios consentidos y eso causa indignación: 1 millón 800 mil pesos a Emilio Lozoya al salir de Pemex, 1 millón 200 mil a Ochoa Reza por salir de la CFE; los dos por cuando mucho tres años. Pero un trabajador promedio, con su afore, puede aspirar cuando mucho a 200 mil pesos por toda una vida… y a ver si se lo quieren pagar”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA. LINK: http://www.proceso.com.mx/465961/las-liquidaciones-lujo-a-las-migajas-empleados-comunes
El 12 de diciembre de hace diez años fue el primer día de la Guerra en contra del Crimen Organizado, una de las etapas más sangrientas en la Historia reciente de México y que aún no encuentra fin. ¿Había razones fundadas para mantener esta ofensiva? Por lo menos los documentos públicos no pueden ser consultados. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de México de 2006 a 2012 y quien lanzó la ofensiva, dejó clasificada bajo reserva la Agenda Nacional de Riesgos (ANR) de 2011, el año más violento de su sexenio.
La Agenda Nacional de Riesgos (ANR) de 2011, el documento elaborado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que indica el grado de vulnerabilidad del Estado, fue reservado hasta 2018 por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, lo que impide conocer si en verdad había razones para mantener la estrategia en contra del llamado crimen organizado. Además, los “factores determinantes” para que el Gobierno federal emprendiera la llamada guerra o combate contra el narcotráfico, o de manera general, lucha contra el crimen organizado” fueron declarados “inexistentes” por Los Pinos ese año, cuando a Calderón le faltaban meses para dejar la Presidencia. Según el CISEN, la ANR es un producto de inteligencia y un instrumento prospectivo que identifica riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional, la probabilidad de su ocurrencia, las vulnerabilidades del Estado frente a fenómenos diversos y las posibles manifestaciones de los mismos. Este documento que debe ser aprobado por el Presidente de la República cada año, permite orientar las acciones, los mecanismos de coordinación y las políticas.
Cuestionado su triunfo en las elecciones de 2006 y apurado para conseguir legitimidad, el Presidente Felipe Calderón inició una estrategia de seguridad el 11 de diciembre de ese año con la Operación Conjunta Michoacán que implicó el despliegue en ese estado de seis mil elementos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Secretaría de Seguridad Pública. Los años calderonistas transcurrieron y a pesar de que hubo varias advertencias de que el costo de la ofensiva era una crisis de Derechos Humanos, el Presidente no quiso o no pudo detenerse. En 2008, dio varios discursos triunfalistas. El 11 de junio de 2008 expresó:
“Eso es lo que estamos haciendo, amigas y amigos colaboradores, enfrentando a la delincuencia y derrotándola en una guerra, en una batalla que será de muy largo plazo […] Soy partidario de que las batallas, las guerras se ganan, precisamente, con información, con inteligencia y con estrategia […] Y estamos escalando las potencialidades de inteligencia, particularmente en el nivel federal, porque queremos y sabemos, verdaderamente, cómo vamos a ganar esta guerra”.
Y el 17 de septiembre del mismo año, dijo: “… Es imprescindible que todos los que nos sumamos a ese frente común pasemos de la palabra a los hechos y que declaremos, verdaderamente, la guerra a los enemigos de México y vayamos por la victoria que la Patria reclama y a la que tiene derecho. Estoy convencido que esta guerra la vamos a ganar y la vamos a ganar con el apoyo y la participación de todos”.
ADEMÁS En sus palabras estaba la victoria, pero el entonces Presidente no pudo responder cuáles eran los criterios para indicar que la guerra se estaba ganando o que por lo menos, había una expectativa sustentada para ganarla. A la solicitud de información con el folio 0210000150808 en la que se le requirió cualquier elemento para la elaboración de sus discursos respecto al triunfo, Los Pinos respondió que no contaba con información y el Comité de Información los declaró “inexistentes”. Así llegó el 20 de enero de 2011, cuando Felipe Calderón negó haber pronunciado el término “guerra”.
“Yo no he usado el término “guerra”. Y sí puedo invitar a que se revisen todas mis expresiones públicas y privadas. Yo no elegí el concepto de guerra. Yo he usado permanentemente el término de lucha contra el crimen organizado y lo seguiré usando”.
Más allá de si la ofensiva se llamó “guerra” o “lucha” o “batalla”, 2011 fue el año más violento del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, según los conteos de muertos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi). Ese año, se registraron 27 mil 213 muertes violentas, el número más alto en esa categoría desde 1990. En el sexenio, el número de homicidios se incrementó en 150 por ciento. Mientras en México, el entonces Presidente clasificaba las razones de la guerra, la Corte Penal Internacional de La Haya, Países Bajos, recibía una demanda en su contra interpuesta por un grupo de abogados y 23 mil ciudadanos mexicanos que pedían juicio para el ex Mandatario por responsabilidad individual en crímenes de lesa humanidad. El legajo lo integraron con 50 mil muertos y 10 mil desaparecidos. Además, describieron la brutal forma en que en ese tiempo -como ocurre ahora mismo- se encontraba la hora última en México. Era un panorama de despojo y desolación. Dijeron que era la guerra. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: LINALOE R. FLORES. LINK: http://www.sinembargo.mx/12-12-2016/3124139
El Obispo de Saltillo, Raúl Vera López, pidió a los católicos a rechazar a los exfuncionarios corruptos. Les dijo que en las elecciones para Gobernador, diputados y alcaldes de Coahuila, no permitan que ellos participen. “Ahora que vamos a este proceso electoral (2017), hay que evitar a las personas corruptas que entran y hacen desastres escandalosos, y luego todavía tienen el descaro de aparecer y de querer seguir en eso. Por favor, hay que reaccionar”, recomendó.
El Obispo Raúl Vera López exhortó a los católicos para que en las elecciones de Gobernador de estado, diputados locales y alcaldes de Coahuila, no permitan que participen exfuncionarios que intervinieron en actos de corrupción en pasadas administraciones municipales y estatales en la entidad. El titular de la Diócesis de Saltillo hizo dicha invitación a los católicos, durante la homilía de la misa que ofició ayer al entregar las sotanas y banda azul a los seminaristas que se incorporan al Seminario Mayor de esta ciudad.
“Hay que dar testimonio cristiano y cuidar la vida política de la población, ahora que vamos a este proceso electoral hay que tener palabra y el sentimiento limpio y evitar que personas corruptas que entran y hacen desastres escandalosos, y luego todavía tienen el descaro de aparecer y de querer seguir en eso. Por favor, hay que reaccionar y no hay que dejar que este tipo de cosas sucedan en nuestro estado”, recomendó.
Y agregó: “Esto es un deber, y es la confesión de la fe también tratar de que la corrupción desaparezca del medio de nuestras estructuras políticas y dentro de las instituciones, sindicatos de trabajadores y de todo, porque esto es deber grave, porque cuentas le vamos a dar a Dios los cristianos, de que no continúe la corrupción porque es un desastre, y esto es urgente que lo entendamos”. Luego de que Humberto Moreira Valdés se adelantó lanzándose en medios locales como posible aspirante a una diputación por Coahuila, las reacciones por parte de diversos actores de la vida pública, no se hicieron esperar. El pasado sábado, el obispo Raúl Vera López, cuestionó la candidatura del ex Gobernador. “¿Es justo que una persona que se robó 36 mil millones de pesos, quiera ser candidato?”, preguntó durante una misa ofrecida en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe al sur de Saltillo. Por su parte, el padre Alejandro Solalinde calificó el acto de “una burla”. Al abordar el tema del ejercicio de los deberes cívicos de los ciudadanos, el Obispo Vera dijo que “los católicos que tenemos las misiones de servicio, debemos estar al pendiente de nuestros hermanos campesinos que trabajan de muchas maneras la tierra, ustedes en las fábricas, en las escuelas, en los hospitales ahí tienen que dar testimonio de que el reino de Dios se debe de reflejar en la sociedad por medio de una vida honesta, de justicia y de una vida que respete la dignidad de todos. Lamentó que haya gente que no tiene acceso a las instituciones de salud, tanta gente que no tiene acceso a una vida diga, por el manejo sucio que se hace de las instituciones desde los puestos públicos. “Y nos va preguntar Dios cuando lleguemos a su presencia, qué hicimos para evitar la corrupción en nuestra entidad, porque cada uno de nosotros que salga de esta tierra habrá de pasar por el juicio de Dios, antes de que sea el juicio universal”, afirmó.
TODOS CONTRA MOREIRA Integrantes de la oposición, así como organizaciones no gubernamentales, cuestionaron que Humberto Moreira Valdés aspire a ser candidato a una diputación local. Al conocer la decisión de Humberto, Bernardo González, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) estatal, dijo que con el regreso quedó demostrado que Miguel Ángel Riquelme y Rubén Moreira sólo buscarán el fuero fiscal luego de que la alternancia obtenga un triunfo en las próximas elecciones. Por su parte, el Senador panista, Luis Fernando Salazar, coincidió en que Humberto desea participar en la contienda necesita el fuero. “Es claro que necesita un fuero que lo proteja frente a futuras acusaciones’’, referente a las investigaciones que se abrieron en Estados Unidos y España. Mientras que el posible candidato a la gubernatura del PAN en Coahuila, Guillermo Anaya, aseguró que la intención de Humberto no es conseguir votos, sino el fuero Legislativo como ha sido señalado por el empresario Armando Guadiana, gracias a que buscará darle continuidad a las “mismas prácticas de corrupción e impunidad’’, dijo. Agregó que lo que ha sucedido con los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, señalados por crímenes de lavado de dinero y corrupción tienen el nombre de Humberto Moreira, ‘’Él es el padre de la corrupción y el endeudamiento’’.
Patricia Vargas, presidenta de Participación Ciudadana 29, calificó de “burla” la noticia de que el ex Gobernador buscará una candidatura a Diputado local en la entidad. FUENTE: SIN EMBARGO/VANGUARDIA. AUTOR: REDACCIÓN/ANTONIO RUIZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/12-12-2016/3124790
