Ciudad de México. Si el Ejército mexicano regresara a los cuarteles de inmediato “sería dejar en total indefensión a muchísimas comunidades en México” ante la inexistencia de fuerzas policiacas confiables, aseguró el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco, Servytur), Enrique Solana Sentíes.
A unos días de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presente en el Senado de la República la misma iniciativa de ley de seguridad interior que el tricolor presentó en la Cámara de Diputados para normar la actuación de las fuerzas armadas en el desempeño de tareas de seguridad interna, el dirigente de los comerciantes externó su preocupación porque el Ejército pudiera regresar a los cuarteles sin que se haya resuelto el problema de la inseguridad y de la reingeniería de las fuerzas policiacas.
“La verdad es que en ningún lugar del país o en muy pocos lugares del país, no quiero ser exagerado, se tiene hoy credibilidad, confianza y tranquilidad cuando ven que llegan las fuerzas policiacas. Un poco menos a la Policía Federal, pero por supuesto con los efectivos que tiene sería imposible que pudiera cubrir todo el país”, comentó el dirigente en conferencia de prensa.
Prueba de ello, dijo, fue la incapacidad de las fuerzas federales de controlar el movimiento magisterial encabezado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
“De hecho nosotros vimos, y así se lo mencionamos al secretario (Miguel Ángel) Osorio Chong que en el conflicto de Oaxaca y Chiapas se veía cómo de hecho la CNTE jugaba con la Policía Federal abriéndoles frentes en diferentes lugares de tal forma de dividirlos y distraerlos, entonces no tienen la fuerza para cubrir ni siquiera dos estados completos”, criticó.
Solana se pronunció porque se le den garantías al Ejército para que pueda operar conforme a derecho y no corra el riesgo de acusaciones por acciones de lesa humanidad.
“Que inclusive jueces tipo (Baltazar) Garzón en España un día se le vaya a ocurrir llamar a algunos de nuestros militares a juicio por violaciones a los derechos humanos porque no estaba en sus funciones lo que estaban haciendo. Lo que hay que hacer es un proceso de transición, de traslado poco a poco de la seguridad interna a la policía, pero teniendo un proceso primero de recomposición, hoy no existe policía”, sentenció.
Entre los estados que destacó como los más peligrosos son Tamaulipas, donde recientemente ocurrió una balacera luego de un festejo público en el que se encendió un árbol de navidad y cuyo gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, le mencionó que para el estado era indispensable la presencia del Ejército y la Marina.
Solana también mencionó los estados de Veracruz y Guerrero como unas de las zonas con mayor dependencia de las fuerzas armadas para labores de seguridad.
“Es impensable pensar que los retiren, no me lo imagino, ojalá que esto no pase y que encuentren otro tipo de soluciones, por supuesto los tenemos que regresar a los cuarteles pero no en este momento, sería dejar en total indefensión a muchísimas comunidades en México y eso es algo que a mi me preocupa muchísimo” señaló.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JUAN CARLOS MIRANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/13/pide-concanaco-que-ejercito-no-regrese-a-cuarteles
Ciudad de México. Gustavo García, uno de los colonos de las Lomas de Chapultepec que se sumó a la demanda vecinal en contra del cambio de uso de suelo del predio ubicado en Sierra Paracaima 396, afirmó que si el ciudadano recurre a sus diputados y al poder judicial a promover juicios de amparo, como tercereo interesado cuando se defiende al Bosque de Chapultepec y no encuentra eco por las vías institucionales, “no queda más que la desobediencia civil ante actos tan arbitrarios de autoridad del poder judicial”.
Estupefacto en el recinto legislativo ante la decisión mayoritaria de la ALDF de acatar la orden judicial que resolvió la modificación del uso de suelo en el predio, el representante vecinal afirmó “es una violación flagrante a los derechos humanos para favorecer a lo que nosotros denominamos el cartel inmobiliario que es un grupo de desarrolladores que tienen a su servicio a jueces federales y al poder legislativo local y esto a costa de la destrucción de la Ciudad, la calidad de vida y la salud de nuestra generación y las siguientes”.
La viabilidad de la ciudad “está en riesgo por un pequeño grupo de especuladores que tiene coptado al poder legislativo”, dijo el vecino al explicar que en el predio se halla una casa cuyos propietarios solicitaron el cambio de uso de suelo vía el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda a la pasada sexta legislatura.
En 2015 la solicitud de cambio de uso de suelo fue rechazada por la actual legislatura, “el problema fue que los legisladores que integran la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana no fundamentaron el artículo bajo el cual se negaba el cambio de uso de suelo, con base en eso se inconformó el quejoso, el abogado Alonso Aguilar Zinser, quien puede ser el apoderado del predio y quien aparece en el expediente, no sabemos si es el propietario, y el juez décimo sexto en materia administrativa la concede el amparo, pero solo para que se le devuelva a la ALDF y funde y motive adecuadamente”.
Después de la sentencia de amparo vino el recurso de revisión, Aguilar Zínser, se inconformó la ALDF también pero lamentablemente el jurídico de la ALDF, presentó el recurso de revisión dos días tarde, “grave irresponsabilidad ante lo cual el tercer tribunal colegiado en materia administrativa, confirma el sentido de la sentencia del juez de distrito”.
Sin embargo “aparte se extralimita y va más allá señalándole a la ALDF no solo se fundamente y se motive la decisión sino que aparte se conceda el cambio de uso de suelo, que es ahí donde ya invade las facultades constitucionales de la Asamblea, pues ya le esta ordenando el juez que modifique el uso de suelo”.
A partir de ahí la ALDF presenta la controversia constitucional que fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto fue un junio de 2016, tras la decisión de la Corte se fue a Ejecución de Sentencia a raíz de ello el quejoso Aguilar Zinser insiste: no me han cumplido por lo que través del colegido empiezan a multar al presidente de la ALDF Leonel Luna para que conceda el cambio de uso de suelo.
El anterior argumenta que el no puede decidir y que tiene que turnarlo a comisiones y al pleno, entonces de manera acelerada y sin que se turnara a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la comisión de gobierno dictamina y hoy lo presenta al pleno ante la presión de que puede ser sancionado o hasta inhabilitado o destituido de su cargo el presidente, narro el vecino.
Es de mencionar que en junio de 2016 Susana Kanahuati, de la organización ciudadana Suma Urbana señalaba como propiedad de Mónica Vanderbilt, viuda del extinto político Manuel Camacho Solís.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: BERTHA TERESA RAMÍREZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/13/cambio-de-uso-de-suelo-violacion-a-los-dh-vecino-de-chapultepec
CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acompañará la Quinta Caravana Migrante que el próximo jueves 15 cruzará por Nuevo Laredo, Tamaulipas, proveniente de diversos puntos de Estados Unidos.
En un comunicado, el organismo precisó que el Quinto Visitador General, Edgar Corzo Sosa, dará acompañamiento con personal de esa Visitaduría General a los migrantes que pretenden llegar a Jalpan, Querétaro, entre otros destinos dentro del centro y norte del país.
Lo anterior, con la finalidad de brindar atención para evitar violaciones por parte de las autoridades municipales, estatales y federales durante el paso de la Caravana de automóviles y camionetas de mexicanos, mexicoamericanos y personas de origen mexicano que por la temporada navideña se trasladan desde Estados Unidos a sus lugares de origen o el de sus familias originarias de nuestro país, apuntó.
La caravana contará con más de 150 vehículos que provienen de diversas partes de Estados Unidos, y se unirán paisanos de otros estados y municipios de la República, como San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Zacatecas, Ciudad de México, entre otros, quienes se trasladan de manera conjunta para evitar ser víctimas de extorsiones por parte de las autoridades o del crimen organizado.
Visitadores adjuntos de las CNDH acompañarán la caravana de vehículos desde su ingreso al país hasta su destino final. “En esta actividad de salvaguarda y protección de los derechos humanos de nuestros hermanos mexicanos que viven en Estados Unidos y sus familias participarán las oficinas foráneas de Reynosa, Tamaulipas; San Luis Potosí, San Luis Potosí, y las oficinas centrales de la CNDH”, puntualiza el comunicado.
Destaca que el acompañamiento se brinda en el marco del Programa de la CNDH “Contigo a Casa”, que tiene como objetivo brindar asesoría y acompañamiento a las personas mexicanas, mexicoamericanas y de origen mexicano que retornan en temporada navideña a visitar a sus familiares, con la finalidad de garantizar que las autoridades reconozcan y respeten sus derechos humanos en territorio nacional, tal como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además, durante el resto del año y hasta el 8 de enero de 2017, personal de la CNDH mantendrá presencia en centrales camioneras, aeropuertos, aduanas, puentes internacionales, garitas y en los principales puntos de internación en la frontera norte, sitios donde brindarán a las y los connacionales información sobre derechos humanos, y canalizarán las quejas y peticiones de ayuda a las autoridades correspondientes, a las que darán seguimiento hasta su solución total.
La CNDH puso a disposición de los ciudadanos el teléfono gratuito 01800 715 2000 y el correo electrónico: correo@cndh.org.mx, donde pueden solicitar información y asesoría jurídica, hacer aclaraciones o denunciar agravios desde cualquier parte del país.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/466152/personal-la-cndh-acompanara-a-caravana-paisanos-retornan-fiestas-navidenas
CHILPANCINGO: Autoridades ministeriales y de salud depositaron 19 cuerpos más en el “cementerio de botellas” de Chilpancingo donde el gobierno estatal va a inhumar casi 500 cadáveres que permanecen sin identificar desde 2014 en las unidades del Servicio Médico Forense (Semefo).
Con este hecho, suman 58 los cuerpos inhumados en este lugar denominado Cementerio Forense Estatal, que se ubica al interior del panteón privado La Paz, propiedad de Heriberto Huicochea Vázquez, un compadre del gobernador Héctor Astudillo Flores que actualmente se desempeña como coordinado do programa Seguro Popular, indican reportes oficiales.
Los 19 cuerpos inhumados este martes provienen de la unidad del Semefo de Iguala y corresponden a víctimas encontradas en esa ciudad, así como en Cocula y Taxco, informaron fuentes oficiales.
La semana pasada, autoridades ministeriales inhumaron en primera instancia 20 cuerpos encontrados en la región Centro y luego 19 procedentes de Acapulco.
De esta forma, serán depositados en el panteón forense los casi 500 cuerpos sin identificar que permanecen almacenados desde 2014 en las unidades del Semefo de Chilpancingo, Iguala y Acapulco.
La inhumación de cuerpos en “el cementerio de botellas” de Chilpancingo, se dio luego de que Apro reveló que los cuerpos en el Semefo simplemente ya no caben.
De acuerdo a reportes oficiales, la incidencia delictiva de este año se compara con la estadística registrada en 2012, donde la cifra de homicidios dolosos rebasó los 2 mil 300 asesinatos.
Apenas este domingo, el gobernador Astudillo afirmó, sin presentar pruebas, que la mayoría de personas asesinadas este año, estuvieron involucrados en el narco.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/466164/depositan-otros-19-cuerpos-sin-identificar-en-fosa-comun-guerrero
CIUDAD DE MÉXICO: Dos túneles clandestinos del cártel de Sinaloa, utilizados para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, fueron ubicados en Tijuana, Baja California.
Uno de los túneles, hallados en las inmediaciones de la colonia Garita de Otay en esa ciudad fronteriza, conduce hasta San Diego, Estados Unidos, y el otro está en proceso de construcción.
A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República explicó que a través de la Agencia de Investigación Criminal y SEIDO en coordinación con la Policía Federal y con la Secretaria de la Defensa Nacional, se llevó a cabo una diligencia de cateo logrando el descubrimiento.
Los túneles transfronterizos, indica la información, se ubicaron en las siguientes direcciones: uno en la calle Fray I. María Mayorca s/n, entre las calles Mayorga y Sebastián Vizcaíno, Colonia Garita de Otay; y el otro en la calle Mar Bermejo número 1-005, en la misma colonia.
De acuerdo al consulado estadounidense, se logró información confiable de que el túnel transfronterizo se estaba reactivando, por lo que “se realizaron diversas investigaciones por parte de agentes federales de la AIC, que incluyeron solicitudes de información a diversas dependencias, redes de vínculos, fichas técnicas, investigación de campo, vigilancias y seguimientos, así como distintas acciones para lograr la ubicación de los 2 túneles”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/466125/hallan-dos-narcotuneles-chapo-en-tijuana
En materia de protección a las mujeres contra la violencia de género, aún queda trabajo legislativo por realizar, a pesar de que ha habido “avances” normativos encaminados a la erradicación del problema, señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Referente a esto, indicó que las normas vigentes en las entidades del país no existe una homogeneidad en los términos que se emplean para referirse a las circunstancias y ámbitos de desarrollo personal de la mujer que se ven afectados por la violencia.
La CNDH identificó 18 tipos de violencia contra las mujeres regulados en las legislaciones de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, entre los que se encuentran la sexual, psicológica o psicoemocional, física, patrimonial, económica, familiar o doméstica, laboral, docente o escolar, violencia feminicida, obstétrica, de pareja o en el noviazgo, y política, entre otras, de acuerdo con el Diagnóstico de la violencia contra las mujeres a partir de las leyes federales y de las entidades federativas.
El Estudio analiza los tipos y modalidades de violencia que afectan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los que afectan el ámbito de las relaciones de pareja o en el ámbito familiar; las acciones cometidas en el ámbito público, la violencia feminicida y su procedimiento específico para atenderla, así como algunos tipos y modalidades emergentes en las legislaciones, como la violencia mediática y la moral.
Además, la CNDH destacó que la violencia feminicida representa la manifestación más extrema que se puede presentar como violencia de género en contra de las mujeres. “La violencia feminicida no puede ser comprendida como un hecho aislado, sino como el resultado de una serie de actos en los que la mujer ha vivido sistemáticamente violencia y que culmina con la pérdida de la vida, ya sea a través del homicidio o por inducción al suicidio”, señala.
Por otra parte, indicó que no es suficiente con que se creen leyes para la erradicación de la violencia de género, pues éstas no tienen sentido si no se difunde su existencia a través de los medios adecuados para visibilizar las implicaciones del ejercicio de la violencia contra las mujeres.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/no-suficientes-las-leyes-erradicar-violencia-genero-cndh/
Varias organizaciones y colectivos defensores de los derechos humanos llamaron a la Cámara de Diputados a no aprobar “de forma apresurada” las leyes que hacen permanente la presencia militar en tareas de seguridad pública y que ponen en riesgo los derechos de la población mexicana, pues se pretende normalizar “lo que en cualquier democracia sería una excepción: el involucramiento del ejército en tareas de seguridad públicas, desde patrullaje, detenciones hasta la investigación del delito”.
En el marco de los diez años de la declaración de la guerra contra el narcotráfico, aseguraron que hoy México es un país más inseguro y con instituciones “más débiles”, pero que además, la dependencia del ejército y las fuerzas armadas para realizar funciones de seguridad pública, que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, también es mayor.
“Dotar de marco jurídico a las fuerzas armadas es, sin duda, importante”, expresaron. “Las fuerzas armadas han realizado un trabajo que las autoridades civiles no han podido o querido hacer, tareas que constitucionalmente no les corresponden y que no están entrenados para realizar”, agregaron.
Indicaron que a pesar de esto, no puede plantearse que ese marco jurídico se normalice y se haga permanente, tal como propusieron algunos partidos políticos. “Tampoco se debe abogar por suspender las garantías individuales para que el ejército pueda realizar sin controles y sin transparencia la tarea que corresponde a la autoridad civil”, señalaron.
La Ley Reglamentaria del artículo 29 estipula que, en situaciones de emergencia, el Estado puede actuar rápidamente y ello implica en ocasiones la necesidad de limitar ciertos derechos y dotar al Ejecutivo poderes extraordinarios, explicaron. “Pero los estados de emergencia, por definición, atentan contra la médula constitucional, contra los derechos fundamentales y contra la división de poderes, por ello deben preverse con cuidado las reglas que aseguren que esas restricciones sean acotadas y fáciles de revertir”.
Además, la ley no establece un tiempo máximo de duración para la suspensión y permite su prórroga, así como la modificación de los alcances, incluso antes de concluir el periodo original, lo que calificaron de “riesgoso”.
La experiencia internacional alerta que las excepciones tienden a prolongarse, por lo que se normaliza lo que pretendía ser excepcional. Las medidas que normalizan la presencia militar y el estado de excepción “no son un buen camino para lograr la paz, para lograr la profesionalización de las policías o para fortalecer el estado de derecho”, por lo que recomendaron legislar e invertir recursos para revertir la violencia e impunidad en un esquema de seguridad y administración eficaz, concluyeron.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/normalizar-presencia-militar-pais-no-buen-camino-lograr-la-paz-ongs/
Alcaldes de fracción panista de todo el país aseguraron que “ya es tiempo” de que Coahuila viva la democracia y la alternancia ante el “desfalco financiero” que han dejado Humberto y Rubén Moreira, el cual, urgieron, debe ser investigado para “cerrar la puerta a la impunidad imperante”.
La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) pidió que se realicen las investigaciones y auditorias necesarias para esclarecer el desfalco financiero en el que se encuentra Coahuila, estado que ha sido gobernado durante 11 años por los hermanos Moreira.
Durante la XLII sesión ordinaria de Comité Ejecutivo Nacional de la ANAC, celebrada este fin de semana en Saltillo, alcaldes de fracción panista lamentaron la situación en la que se encuentra actualmente el estado, “producto de los gobiernos priistas”.
Los asistentes señalaron que están convencidos de que para Coahuila, actualmente gobernador por Rubén Moreira Valdez, “llegó el tiempo del cambio, de la democracia y de la alternancia”.
Recientemente, el ex Gobernador Humberto Moreira Valdés, quien dejó una deuda de casi 37 mil millones de pesos, dio a conocer sus intenciones para contender por una diputación local con la finalidad, dijo, “de visitar las colonias de Coahuila, así como sus ejidos”.
El anuncio provocó la molestia de muchos políticos, empresarios y sacerdotes, como el Obispo Raúl Vera, quienes criticaron sus intenciones a pesar de haber “saqueado” a la entidad.
Al respecto, los alcaldes expresaron que “es una desfachatez que [Moreira] quiera ser Diputado local, luego de haber dejado al estado con una deuda de más de 36 mil millones de pesos, es una deuda que los coahuilenses no saben a dónde se fue ese dinero.
“La familia Moreira le ha hecho mucho daño al estado, estamos viendo la diferencia en como gobierna Acción Nacional con Isidro López, a como llevan el estado, por eso hacemos un llamado a Humberto Moreira para que no sea cínico en querer después de vivir en Europa, a querer venir al estado y ser diputado local”.
RECONOCEN ESFUERZOS EN SALTILLO
En la reunión se destacó también que por segundo año consecutivo la ciudad de Saltillo, gobernada por el Presidente Municipal panista, Isidro López Villarreal, es la segunda mejor ciudad para vivir de todo México, según el estudio “Las Ciudades Más Habitables de México 2016”, que presentó el Gabinete de Comunicación Estratégica.
Además, resaltaron, la capital del estado es hoy la mejor ciudad para trabajar, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI y también por segundo año consecutivo es calificada como la ciudad más competitiva y sustentable de México (en la categoría de 500 mil a 1 millón de habitantes) de acuerdo al Índice de Competitividad Urbana 2016 presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad.
Asimismo, se puso de manifiesto que Saltillo obtuvo la Escoba de Oro, premio otorgado por la organización española ATEGRUS (Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente). Esto gracias al proyecto de modernización del alumbrado público y al aprovechamiento del biogás en el Relleno Sanitario.
La ANAC entregó los premios “Francisco Villarreal Torres”, cuyo objetivo es identificar, reconocer y difundir las mejores experiencias exitosas municipales humanistas, con el fin de contribuir a que éstas sean conocidas y replicadas, además de que se multipliquen las prácticas de gestión.
Uno de estos premios fue para López Villarreal, también presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM) por su experiencia de gobierno exitosa que se llama Transforma Verde.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-12-2016/3125037
La Procuraduría General de la República (PGR) cumplimentó cinco órdenes de aprehensión en contra de igual número de policías municipales del municipio de Cárdenas, Tabasco, a quienes se les investiga por el delito de secuestro agravado.
Elementos de la Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la entidad, llevaron a cabo la acción.
Esto, en coordinación con elementos de la Fiscalía General del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Federal, para cumplimentar los mandamientos judiciales solicitados por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA) de la PGR.
En un comunicado, se detalló que durante la diligencia ministerial, fueron detenidos en las inmediaciones de la calle Siete del poblado C-21, Lic. Benito Juárez García: Isidro “N”, Bartolo “N”, Williams “N”, Isidro “C” y Carlos “N”, todos elementos en activo de la policía municipal en dicha entidad.
Los asegurados quedaron recluidos en el Centro de Readaptación Social “Las Palmas” en el municipio de Cárdenas, a disposición del Juez del Juzgado de Control y Tribunal del Juicio Oral en la Región Ocho, de este mismo municipio, quien definirá su situación jurídica por el delito ya citado.
FUENTE: SIN EMBARGO/PULSO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-12-2016/3124034
De nueva cuenta, empresa investigada por supuestos fraudes en otros países obtienen concesiones en el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. En noviembre pasado, la SCT adjudicó un contrato por 466 millones de pesos para ampliar una carretera en Sonora a una constructora española vinculada a escándalos de corrupción. Esta es la segunda concesión que la compañía obtiene desde 2014, cuando ganó un contrato de casi 200 mdp para modernizar una carretera en Veracruz. En 2014 se dio a conocer que Jordi Pujol Ferrusola, empresario e hijo del ex Presidente de la Generalidad de Cataluña, era investigado en España por una serie de fraudes cometidos en México, caso en el que autoridades y empresarios mexicanos estaban vinculados.
Copisa Constructora Pirenaic, una empresa española involucrada en uno de los mayores escándalos de corrupción de la España reciente recibió una concesión del Gobierno mexicano, de acuerdo con el diario Reforma.
La constructora española logró el 25 de noviembre la adjudicación de un contrato de 466 millones de pesos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) para modernizar y ampliar un tramo de 31 kilómetros de la carretera federal Estación Don-Nogales en Sonora.
El contrato en Sonora es el segundo que obtiene con el Gobierno federal, el primero lo ganó en 2014 cuando la SCT por 197 millones de pesos para modernizar la carretera Coatzacoalcos-Veracruz.
Sin embargo, no es la primera ocasión en que el Gobierno federal se relaciona con empresarios españoles investigados por presuntos casos de corrupción.
En agosto de 2014, se dio a conocer que Jordi Pujol Ferrusola, empresario español e hijo del ex Presidente de la Generalidad de Cataluña, era investigado en España por cobros encubiertos en un proyecto turístico en México, en el que habría invertido el equivalente a un peso, pero cobrado comisiones -a través de una empresa fantasma- por su supuesto asesoramiento en un proyecto en al menos cinco ayuntamientos mexicanos.
El hijo del ex Presidente catalán habría cobrado en 2010, vía la empresa GBI & Monic Productions, 243 mil euros (más de 320 mil pesos), “por el asesoramiento y estudio del proyecto de centro de tratamiento de residuos situados en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Asistencia en el país, búsqueda de emplazamientos en Querétaro, Puerto Vallarta, Acapulco y DF, búsqueda de potenciales socios locales y de asistencia técnica local, con desplazamiento a México”, publicó el diario español El País.
En una entrevista publicada en 2015 en SinEmbargo, el escritor Oriol Mallol, autor del libro “El Cártel Español”, aseguró que Pujol es parte de una clase empresarial ibérica “protegida”, que desde mediados de los noventa llegó a México a hacer una serie de negocios basada en relaciones familiares y con altos funcionarios gubernamentales.
Pero las relaciones no son sólo empresariales, la hija mayor de Pujol Ferrusola, Mercé, se casó con Ignacio García de Quevedo, hijo de Xavier García de Quevedo, presidente ejecutivo del poderoso Grupo México y uno de los hombres más ricos del país.
Asimismo, en julio de 2015, José de la Mata, un juez de la Audiencia Nacional española que entonces conducía una investigación en contra de Pujol Ferrusola, dijo que éste pudo haber lavado ganancias por unos 14 millones de euros (242.5 millones de pesos mexicanos) con ayuda del empresario Luis Delso, presidente de multinacional Isolux Corsán, una empresa que tenía contratos federales por miles de millones de pesos en México, la mayoría de la presente administración.
El juez consideró que las facturas que se emitieron en las relaciones comerciales entre el empresario y el hijo del político español, por supuestos negocios realizados en México, eran falsas. La intención del empresario español era, cree el magistrado, lavar dinero de Pujol Ferrusola.
En noviembre del año pasado, se dio a conocer que la investigación por supuesto fraude fiscal en contra de Pujol Ferrusola de la mano de autoridades españolas condujo a una serie de delitos con destino en México. Entre estos se encuentra Monex, la institución bancaria señalada en el país por fondeo de recursos para la compra de votos durante la elección presidencial de 2012.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-12-2016/3125199
La legisladora del Partido del Trabajo fue golpeada por varios hombres cuando se dirigía en su motocicleta de Lerma hacia la zona de Santa Fe.
La Procuraduría General de la República (PGR) investigará la agresión a golpes contra la senadora y medallista olímpica en 2004, Ana Gabriela Guevara.
“La legisladora del Partido del Trabajo fue golpeada por varios hombres cuando se dirigía en su motocicleta de Lerma hacia la zona de Santa Fe, motivo por el cual fue trasladada a un hospital”, indicó la dependencia en un comunicado difundido este lunes 12 de diciembre.
Guevara también difundió en un comunicado en el que narró cómo ocurrieron los hechos: una camioneta golpeó la motocicleta que conducía y, cuando esperaba llamar al seguro, los hombres que viajaban en ella la golpearon por su “condición de mujer y motociclista”.
Agregó que los hombres la golpearon en la cara y en las costillas, por lo que tuvo que se operada de la cara.
Antes, el Senado de la República confirmó que Guevara fue agredida ayer domingo cuando se trasladaba de Valle de Bravo a la Ciudad de México.
El vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, Luis Sánchez Jiménez, expuso que se desconocen los motivos del ataque a la legisladora.
Comentó que Guevara Espinoza fue trasladada al hospital ABC de esta capital donde es atendida. “Las lesiones no son graves y son básicamente golpes en la cara”, apuntó.
Sánchez Jiménez dijo que Ana Gabriela Guevara se trasladaba como lo hace usualmente en su motocicletas Harley-Davidson y los hechos ocurrieron en las inmediaciones de La Marquesa.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Pablo Escudero acudió esta tarde a visitarla al hospital ABC de esta capital.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/pgr-investiga-agresion-contra-ana-gabriela-guevara-en-edomex/
Al menos 305 militares han sido diagnosticados con depresión y ansiedad en la última década; la OMS recomienda 9 psiquiatras por cada 100 mil personas, y el Ejército cuenta con 33 para atender a 800,000 militares y sus familias.
En los 10 años que ha durado la guerra contra el crimen organizado al menos 305 militares han sido diagnosticados con depresión y ansiedad, mientras que otros 8 se han quitado la vida, los dos últimos en 2016, según reportes oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Tal como concluyen estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las labores de “mantenimiento del orden público” exponen a quien las realiza a “eventos traumáticos o violentos”, que vuelven sus ocupaciones “intrínsecamente más estresantes” que la media.
Los reportes de la Sedena, obtenidos vía transparencia gubernamental a solicitud de Animal Político y otros ciudadanos interesados en el tema, revelan que entre enero de 2007 y julio de 2016 elementos del Ejército han sostenido 3 mil 842 enfrentamientos con “integrantes de la delincuencia organizada”; en el mismo lapso un total de 214 militares fueron diagnosticados con depresión, y otros 91 con ansiedad, todo el marco de la “guerra” contra el narcotráfico.
El mayor número de soldados con ambos padecimientos se alcanzó en 2007, cuando 73 militares fueron diagnosticados con trastornos mentales. El año 2007 fue, precisamente, cuando el Ejército salió por primera vez de sus cuarteles, para combatir a los cárteles del narcotráfico.
En el caso de militares con trastornos depresivos, el segundo año con mayor número de elementos diagnosticados fue 2009, con 29 militares afectados.
De los ocho militares que se suicidaron en estos últimos 10 años, el único caso que el Ejército vincula directamente con el estado depresivo de la víctima se registró en 2009.
Sobre el resto de los casos de suicidio los reportes de la Sedena no especifican si existían antecedentes de trastornos mentales.
Déficit de psiquiatras
De acuerdo con la Sedena, la institución cuenta con 33 médicos especialistas en psiquiatría, distribuidos en las diferentes regiones, que han realizado diversos cursos nacionales e internacionales en intervención de crisis, terapia de procesamiento cognitivo, psicoanálisis, neurociencias, psiquiatría de guerra y tanatología. Todos certificados por el Consejo Mexicano de Psiquiatría y Psicología.
Estos médicos atienden a cerca de 800 mil militares en activo y retirados, así como a sus derechohabientes y pensionados que demandan los servicios de salud mental.
Lo anterior incumple con los lineamientos de la OMS que recomiendan tener a por lo menos 9 psiquiatras por cada 100 mil habitantes.
Para cumplir con la recomendación de la OMS, la Sedena tendría que contratar a 39 nuevos médicos psiquiatras.
Además de terapias, la Sedena implementa campañas preventivas de salud mental, realiza actividades culturales, deportivas, brinda pláticas y distribuye trípticos que buscan prevenir los suicidios y enfermedades como el alcoholismo y la drogadicción.
El pasado mes de mayo, las Fuerzas Armadas organizaron –por vez primera- un Curso de Salud Mental dirigido, en su fase inicial, a mil soldados, “con el objetivo de prevenir los trastornos mentales y de la conducta en el personal militar”, tal como informó en ese momento la Sedena.
En mayo, cuando se anunció este curso, no se informó sobre el número de soldados con trastornos mentales, sin embargo, siete meses después, a finales de noviembre, el Ejército reconoció que son, al menos, 305 los militares afectados en su salud mental, en los últimos 10 años.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: FRANCISCO SANDOVAL, PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/militares-depresion-guerra-narco/
OAXACA, Oax: Otro artefacto estalló en Oaxaca, ahora en un cajero de Banamex, con el que suman tres los atentados perpetrados contra alguna instalación bancaria y oficina federal en menos de 24 horas en esta capital.
Por tal razón, la Procuraduría General de la República (PGR) asumió el control de las investigaciones con el apoyo de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), sin que al momento ningún grupo guerrillero o del crimen organizado haya reivindicado los tres atentados.
La Fiscalía General de Oaxaca confirmó que alrededor de las 23:30 horas estalló otro artefacto explosivo en el cajero de Banamex de la agencia municipal de Santa Rosa, donde solo causaron daños.
Sin embargo, aclaró no tener mayores detalles porque las investigaciones las asumió la PGR.
Este caso se suma a los ocurridos durante la madrugada de este lunes 12 de diciembre en las instalaciones del banco Santander y las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en esta capital, situación que movilizó a elementos del Ejército Mexicano que mantienen acordonada la zona.
Las explosiones ocurrieron alrededor de las 03:48 horas en el banco Santander ubicado en la calzada Madero 539 en el exMarquesado y la segunda en las oficinas de la Prodecom, localizada en la avenida Independencia esquina con González Ortega.
El fiscal, Joaquín Carrillo Ruiz, descartó que estos atentados tengan relación con grupos guerrilleros o de la delincuencia organizada, al parecer tienen tintes de actos vandálicos o alguien que quiso llamar la atención.
Por lo pronto, dijo, revisarán las cámaras de video vigilancia del C4 y de algunas cercanas a la zona donde ocurrieron las explosiones, que puedan contribuir a la detención de los responsables.
En marcha, Operativo Diciembre Seguro 2016
Mientras esto acontecía, el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, puso en marcha el Operativo Diciembre Seguro 2016, que de manera coordinada desplegarán las corporaciones policiales de esta administración en el territorio estatal, con “el objetivo de proteger, prevenir y salvaguardar el patrimonio de las familias oaxaqueñas”.
En el banderazo inicial estuvieron presentes José Raymundo Tuñón Jáuregui, secretario de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO); Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, fiscal General del Estado; Juan Carlos Rivera Castellanos, secretario de Turismo; Amando Bohórquez Reyes, coordinador Estatal de Protección Civil; Manuel Maza Sánchez, director del Heroico Cuerpo de Bomberos; José Guzmán Santos, director de la Policía Vial Estatal y del inspector General Ricardo Badilla Guerrero, titular de la estación Oaxaca de la Policía Federal.
En este operativo participarán 978 uniformados y 188 unidades entre patrullas, motopatrullas y ambulancias. Esto, aunado a la conjunción de la estrategia en las ocho regiones del estado, con las policías municipales, cuyas fuerzas operativas se unirán al despliegue.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/466109/pgr-ejercito-investigan-explosiones-en-oaxaca-van-3-artefactos-en-menos-24-horas
CIUDAD VICTORIA, Tamps: El exgobernador priista de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, hipotecó por 30 años, desde el 2009, el Impuesto Sobre la Nómina (ISN) aplicado a los empresarios, mediante la creación de un fideicomiso para amortizar parte de la deuda estatal de 6 mil millones de pesos, que no se sabe en qué fueron gastados, acusó el mandatario albiazul Francisco García Cabeza de vaca.
Mediante un comunicado difundido la noche del lunes, la administración estatal explicó que el panista se reunió en esta ciudad con un grupo de empresarios que le expresaron su respaldo para incrementar en un 50% el ISN, para evitar desequilibrios en el presupuesto.
Actualmente, el gravamen es del 2% y está destinado para cubrir el pasivo estatal, amparado en la figura de un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, a un costo financiero de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más 1.15 por ciento.
“De 2009 a la fecha se ha amortizado sólo 5.99 por ciento del total de los 6 mil millones de pesos de deuda. No está claro en que se aplicaron los 6 mil millones de pesos”, señala el boletín.
Según el gobierno tamaulipeco, representantes de organismos empresariales que agrupan a hoteleros, transportistas, comercios, constructores, restauranteros entre otros, aseguraron desconocer el destino que se le daba al recurso que, suponían, se destinaban al rubro de seguridad en el estado.
Ramón García Garza, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), delegación Reynosa, consideró que la medida tomada por Eugenio Hernández, quien gobernó del 2005 al 2010, fue un robo en detrimento de los empresarios.
“Para nosotros es una sorpresa, es algo que desconocíamos que los anteriores gobiernos hicieran eso. Cómo es posible que nos robaran, porque es robar el 2% por ciento de nómina. Dejaron en bancarrota a este gobierno”, dijo.
Tas señalar que el costo mensual de la deuda le cuesta a Tamaulipas 40 millones de pesos, García Cabeza de Vaca explicó que la propuesta del presupuesto de Ingresos del 2017 contempla un incremento del 2% al 3% del ISN, lo que permitiría sumar 880 millones que serían destinados a proyectos de seguridad y a programas enfocados a abatir la violencia.
En la entidad, el gasto anual para el rubro de seguridad es de 2 mil 580 millones de pesos, que requieren este añadido presupuestal para la capacitación, equipamiento, adquisición de tecnología y la contratación de más elementos.
Acompañado del jefe de la Oficina del Gobernador, Víctor Manuel Sáenz Martínez y del secretario de la Contraloría, Mario Soria Landeros, el mandatario albiazul explicó que casi el 40% de los ingresos propios del estado provienen del ISN y se requiere el incremento, debido a que habrá una disminución de captaciones por control vehicular y tenencia.
Los empresarios pidieron al mandatario que integre un comité de vigilancia que supervise la aplicación de los recursos obtenidos por el ISN.
Además del representante de Canacar, estuvieron en la reunión Federico Alanís, consejero Nacional de Canacintra; José Alfredo Andrade Castillo, presidente de la Canirac Tamaulipas; Alfonso Gerardo de León Fuentes, presidente de Canirac Reynosa; Julio César Almanza Armas, presidente de Fecanaco; Nohemí Alemán Hernández, presidenta del Colegio de Arquitectos de Reynosa; y Roberto Salinas Ferrer, presidente de la Cmic Reynosa.
Actualmente, Eugenio Hernández tiene una orden de arresto en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/466119/eugenio-hernandez-hipoteco-isn-30-anos-en-tamaulipas-acusa-cabeza-vaca
La Procuraduría General de la República por medio de un comunicado informó acerca del ingreso del hijo de Alfredo Beltrán Leyva, quien enfrentará el proceso en su contra desde prisión.
Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, “El Mochomito”, miembro del cártel de los Beltrán Leyva, fue ingresado en el Centro de Readaptación Social de Guadalajara, Jalisco.
Jesús Alfredo, hijo del capo Alfredo Beltrán, “El Mochomo”, y sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán continuará con el proceso en su contra por delitos contra la salud.
Así lo informó la Procuraduría General de la República por medio de un comunicado en el que también se informa sobre el ingreso de Joel Eduardo López, Baudelio García García, Jesús Rafael Cuen Ramírez y Gerardo Eddye Cotera García. Todos ellos fueron detenidos el viernes pasado en las inmediaciones del municipio de Zapopan, como probables responsables de agresiones, secuestros y homicidios al enfrentar grupos delictivos en Sinaloa.
La detención fue realizada por elementos de la Policía Federal de la División Antidrogas, quienes aseguraron a los detenidos siete armas de fuego, una granada, cuatro cargadores abastecidos, 50 mil pesos, así como 3878.1 gramos de clorhidrato de cocaína y dos vehículos.
De acuerdo con el informativo de Televisa encabezado por la periodista Denise Maerker, el Mochomito también está acusado del secuestro de los hijos del Chapo Guzmán y del ataque a la casa de la madre del capo, Consuelo Loera.
La lucha abierta entre el cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva motivó este año una escalada de violencia en la región noroccidental del país.
El cartel de los Beltrán Leyva apareció en 2008 como una ruptura del cártel de Sinaloa tras el arresto de Alfredo “el Mochomo” Beltrán Leyva -quien actualmente está siendo procesado en EE.UU-, debido a lo que ellos consideraron que fue una traición del Chapo Guzmán, quien fue arrestado por tercera vez este enero tras fugarse en julio de 2015 de un penal de máxima seguridad.
Los Beltrán Leyva se aliaron con otros carteles que habían sido acérrimos enemigos del cártel de Sinaloa, como son el del Golfo y Los Zetas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-12-2016/3120621
Un 46.2% de personas entrevistadas asocia a las mujeres con actividades del ámbito privado, como la administración y la organización del hogar; a 47.7% de los hombres se les asocia con trabajos de fuerza.
México sigue siendo un país desigual y discriminatorio. Lo que cambia son los niveles y las personas que lo padecen. Entre 2007 y 2015, la percepción de discriminación contra las mujeres pasó de 31% a 34%, respectivamente, y la región con mayor proporción de este fenómeno es el Bajío, donde 5 de cada 10 asegura que existe discriminación sólo por género.
El grupo con mayor aumento de discriminación son las personas con sobrepeso. Hace 8 años, 18.7% de la población percibía algún acto discriminatorio por su aspecto físico, pero en 2015 pasó a 26.8%. Mientras que la discriminación por color de piel cambió de 9.3% a 16.6%.
Estos son resultados de la Encuesta de desigualdad y no discriminación por razón de género 2015, realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde hace un comparativo del comportamiento de los mexicanos entre 2007 y 2015.
De acuerdo con el análisis, el género sí es un elemento que puede ser considerado como factor de discriminación por la población. Al preguntar si perciben discriminación por ser hombres o mujeres, sólo 6.1% no detecta que ocurra.
Sin embargo, 40.5% de las personas consideran que existe discriminación por ser mujer, mientras que un porcentaje menor (14.3%) dice que hay discriminación por ser hombre.
Al desagregar los datos por regiones, se observa que no es lo mismo desarrollarse en Tamaulipas, que en Querétaro o Chiapas. En la región Noroeste perciben mayor discriminación por ser hombre (17.7%) y reportan un menor porcentaje de discriminación por ser mujer en comparación con el resto del país (25.7%).
La zona del Bajío (Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Jalisco) reportan el mayor porcentaje de percepción de discriminación por ser mujer (53.8%) y un menor porcentaje por ser hombre (11.4%).
En el análisis sobre los grupos poblacionales que pueden ser más vulnerables a actos discriminatorios, las personas con discapacidad (43.6 %), las personas con VIH/SIDA (34.8 %) y las mujeres (34.4 %).
En el primer caso, los actos discriminatorios han disminuido en los últimos 8 años. En 2007, la percepción que las personas con alguna discapacidad eran discriminadas ascendía a 50.7%, en 2012 disminuyó 48.9% y en 2015 descendió a 43.6%.
Lo mismo ocurrió con las personas con VIH/SIDA. La percepción que eran discriminados era de 55.2% en 2007, aumentó a 62.3% el año siguiente y desde 2009 registró un descenso hasta llegar a 34.8% en 2015. En ambos casos han existido campañas de sensibilización y políticas de inclusión para personas con discapacidad, aunque sigue registrándose casos discriminatorios.
En el caso de las mujeres, la percepción ha cambiado en los últimos ocho años. En 2007, la percepción de discriminación era de 31%; aumentó a 37.3% en 2009, prácticamente tuvo lo mismo en 2010 (37.8%) y 2011 (33.4%), pero aumentó entre 2012 y 2013 hasta llegar a 41.7%. Para 2014 bajó a 33.3% y en 2014 incrementó a 34.4%.
Como se observa en la siguiente gráfica, los aspectos relacionados con la salud como el sobrepeso y enfermedades mentales, también aumentaron la percepción de discriminación. Otros casos de aumento es el nivel económico, el color de piel, migrantes y personas extranjeras.
La violencia contra mujeres y hombres
Aunque por razones físicas, un hombre es más fuerte que una mujer y, por ende, puede ser más vulnerable en una situación de agresión, 49.7% de los hombres asegura que las mujeres ejercen violencia contra ellos. Sobre todo en la región del Bajío.
Sobre las razones de las agresiones, las respuestas cambian de acuerdo al sexo del entrevistado: los hombres señalan que es por “inestabilidad emocional o celos” (33.3 %) mientras que la respuesta que con mayor frecuencia dijeron las mujeres fue “como defensa o reacción frente al agresor” (39%).
Respecto a la opinión sobre quién ejerce más violencia, según el sexo del entrevistado, se puede constatar que en ambos casos predomina la idea de que son los hombres. El 69.1% de los hombres considera que ellos ejercen más violencia, mientras que cuando se pregunta a las mujeres, el porcentaje es de 74.2%.
La violencia contra las mujeres es un problema de “gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país”, sostiene la CNDH en su encuesta, toda vez que 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo: emocional, física, sexual, económica, patrimonial, y discriminación laboral.
La agresión ha sido ejercida por la pareja, el esposo o novio, algún familiar, compañero de escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o laboral o bien personas conocidas o extrañas.
La violencia física y la violencia psicológica son consideradas como las más frecuentemente ejercidas contra las mujeres. Mientras que la violencia patrimonial es la menos citada.
Hombres a mantener, mujeres al hogar…
Entre la población, existe la percepción de desigualdad entre mujeres y hombres, pero hay variaciones en cuanto en qué ámbitos tienen más oportunidades.
De los encuestados, 37.8% considera que en el hogar sí hay igualdad, mientras que la percepción va decreciendo en otros rubros (35.9%), trabajo (23.9%), comunidad (18.7%) y política (18.5%).
Sin embargo, un mayor porcentaje de las personas entrevistadas asocia a las mujeres con actividades del ámbito privado, como la administración y organización del hogar (46.2%), el trabajo manual (41%), el cuidado y la educación de los hijos (32.2%); por otra parte, a los hombres se les asocia con la impartición de justicia (23.1%), los trabajos de fuerza (47.7%), dirigir un partido político (23.8%), y con ser presidente (25.3%).
Además, las tareas siguen siendo diferenciadas por género. 35% considera que los hombres siempre hacen reparaciones en casa, mientras que las actividades que los hombres realizan con menos frecuencia son: lavar y planchar la ropa (46.9 %), cocinar (38.7 %) y cuidar personas enfermas o adultos mayores (37.8 %).
Quienes considera que “únicamente el hombre” debe ser el responsable de mantener el hogar, ha decrecido entre 2007 y 2015 (pasó de 31.5 % a 25.4 %); mientras que, en sentido inverso, el porcentaje de entrevistados que considera que únicamente la mujer debe ser la responsable de mantener el hogar ha aumentado en los mismos años (de 2.9 % a 13.3 %).
En el estudio también se observó que la aceptación o rechazo a un cambio en cuanto los roles que tradicionalmente se han asignado a hombres y mujeres, puede suscitar conflictos al interior del hogar. 41.6% de los entrevistados asegura que se dificulta un poco la relación de pareja cuando ambas personas trabajan y dicho porcentaje ha ido en aumento, toda vez que en 2010 sólo 34.3% opinaba eso.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/aumenta-discriminacion-mujeres-personas-sobrepeso-color/
En el Senado y la Cámara de Diputados hay dos propuestas, una del PAN y otra del PRI, para dar respaldo legal y normalizar la actuación militar en labores de seguridad pública. Conoce su contenido.
Las propuestas para tener una Ley de Seguridad Interior que fueron presentadas en septiembre y noviembre de este año en el Congreso —una del senador del PAN, Roberto Gil Zuarth; y otra del diputado del PRI, César Camacho, respectivamente— detallan el proceso a seguir para que las fuerzas armadas se unan a tareas civiles de seguridad como recibir denuncias, hacer detenciones, realizar cateos, aseguramientos, hacer entrevistas a testigos o tomar declaraciones.
También se incluye la posibilidad de intervenir comunicaciones o extraer datos de dispositivos móviles para realizar investigaciones, además específica que las acciones por la seguridad interior incluirán desde la lucha al crimen organizado hasta el combate a la corrupción y al cambio climático.
Ambas iniciativas mencionan que el Ejecutivo Federal podrá emitir en cualquier momento el decreto para que los militares inicien acciones para salvaguardar la seguridad interior, pero la actividad militar también podría iniciar tras una solicitud del poder Legislativo Federal y Estatal o de autoridades locales como alcaldes y gobernadores.
“La seguridad interior, como vertiente de la seguridad nacional, implica la posibilidad de disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente (Ejército, Armada y Fuerza Aérea)”, cita la propuesta del líder de los diputados priistas, César Camacho.
En términos de esa ley, se define amenazas a la seguridad interior a los actos violentos que atenten contra bienes jurídicos de la nación, fenómenos que pongan en peligro a la sociedad, la estabilidad, seguridad o la paz pública en el territorio nacional.
La iniciativa que se presentó en el Senado no dista mucho de esa definición, pues también señala el uso de las fuerzas armadas cuando estén en riesgo las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, cuando ocurra un acto que impida la prestación de un servicio de seguridad o la ejecución de un programa de apoyo por parte de cualquier autoridad.
En términos de la iniciativa de ley presentada por el senador del PAN, Roberto Gil, las fuerzas armadas en comisión para preservar la seguridad interior estarían a cargo de “salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos que determinen las leyes”.
Pero también recibir denuncias de hechos que pudieran constituir un delito, participar con el Ministerio Público en la persecución de delitos, en la detención de personas, en el aseguramiento de bienes y cumplir órdenes de aprehensión y otros mandatos ministeriales y jurisdiccionales.
No sólo eso. El proyecto del senador Roberto Gil señala que las fuerzas armadas podrían intervenir comunicaciones privadas, extraer información, utilizar datos de geolocalización y de datos conservados en sistemas informáticos como “técnicas especiales de investigación en materia de seguridad interior”.
Las coincidencias
Las dos iniciativas coinciden en la necesidad de establecer puestos de inspección en los puntos en riesgo en los que haya presencia de las fuerzas armadas, revisar vehículos y personas, retener individuos o catear domicilios.
La propuesta del PAN señala: “En los protocolos y directivas del uso legítimo de la fuerza deberán preverse en forma gradual la disuasión, la persuasión, la fuerza no letal y la fuerza letal como distintos niveles de coacción, privilegiando en todo momento el empleo de los dos primeros niveles”.
Otras actuaciones que se normalizan son: recabar datos generales y en su caso entrevista, de manera voluntaria, a las personas que pudieren aportar algún elemento para la investigación; recolectar, procesar, diseminar y explotar información para prevenir, disuadir, contener y neutralizar afectaciones a la seguridad interior.
La iniciativa del priista César Camacho indica que: “A partir de la expedición del Acuerdo de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, las acciones que realicen las autoridades federales para su atención, se considerarán como de Seguridad Interior”. Ese Acuerdo puede tomarse ya sea para combatir al crimen organizado, corrupción, terrorismo, “deficiencia en la profesionalización de cuerpos de seguridad” o incluso para combatir al cambio climático.
Una discusión en puerta
La posible discusión de una iniciativa de Ley de Seguridad Interior llegó al debate público después de que este viernes el general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, pidió un marco jurídico que regule la actuación de los militares en tareas de seguridad pública.
El general incluso dijo que la falta de un marco legal provoca que los soldados piensen “si le entran a seguir enfrentando a estos grupos (del crimen organizado) con el riesgo de ser procesados por delitos que tengan que ver con derechos humanos”.
La petición del titular de la Sedena se vincula con lo que establecen las iniciativas a Ley de Seguridad Interior que señalan y regulan cómo hacer uso de la fuerza cuando haya militares a cargo de la seguridad pública.
La respuesta del presidente Enrique Peña Nieto también fue en ese sentido, pues dijo que las fuerzas armadas carecen de un margen jurídico que los respalde cuando su misión es preservar la seguridad interior del país.
A decir del priista César Camacho la discusión sobre esta Ley de Seguridad Interior se dará en el Congreso en enero próximo y descartó, como propusieron legisladores del PRD y del PAN, que se apruebe antes del 24 de diciembre de este año.
Organizaciones civiles rechazaron este domingo las dos iniciativas y se opusieron a la normalización de la actuación del Ejército en las calles; los militares cumplen diez años a cargo de labores de seguridad pública después de que el presidente Felipe Calderón ordenó a las fuerzas armadas combatir a grupos criminales.
Según cifras oficiales, en el arranque del sexenio de Peña Nieto el Ejército tenía bases de operaciones para apoyar tareas de seguridad pública en 19 estados. En 2016 la presencia militar se extendió a 24 entidades, el equivalente a 75 % del territorio nacional.
INICIATIVA EN LA CÁMARA DE SENADORES POR PARTE ROBERTO GIL ZUART DE LA BANCADA DEL PAN: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/09/asun_3413519_20160927_1474554109.pdf
INICIATIVA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR PARTE DE CÉSAR CAMACHO DE LA BANCADA DEL PRI: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/11/asun_3441153_20161104_1478014676.pdf
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/iniciativas-ley-ejercito/
