De nueva cuenta, empresa investigada por supuestos fraudes en otros países obtienen concesiones en el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. En noviembre pasado, la SCT adjudicó un contrato por 466 millones de pesos para ampliar una carretera en Sonora a una constructora española vinculada a escándalos de corrupción. Esta es la segunda concesión que la compañía obtiene desde 2014, cuando ganó un contrato de casi 200 mdp para modernizar una carretera en Veracruz. En 2014 se dio a conocer que Jordi Pujol Ferrusola, empresario e hijo del ex Presidente de la Generalidad de Cataluña, era investigado en España por una serie de fraudes cometidos en México, caso en el que autoridades y empresarios mexicanos estaban vinculados.
Copisa Constructora Pirenaic, una empresa española involucrada en uno de los mayores escándalos de corrupción de la España reciente recibió una concesión del Gobierno mexicano, de acuerdo con el diario Reforma. La constructora española logró el 25 de noviembre la adjudicación de un contrato de 466 millones de pesos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) para modernizar y ampliar un tramo de 31 kilómetros de la carretera federal Estación Don-Nogales en Sonora.
El contrato en Sonora es el segundo que obtiene con el Gobierno federal, el primero lo ganó en 2014 cuando la SCT por 197 millones de pesos para modernizar la carretera Coatzacoalcos-Veracruz. Sin embargo, no es la primera ocasión en que el Gobierno federal se relaciona con empresarios españoles investigados por presuntos casos de corrupción. En agosto de 2014, se dio a conocer que Jordi Pujol Ferrusola, empresario español e hijo del ex Presidente de la Generalidad de Cataluña, era investigado en España por cobros encubiertos en un proyecto turístico en México, en el que habría invertido el equivalente a un peso, pero cobrado comisiones -a través de una empresa fantasma- por su supuesto asesoramiento en un proyecto en al menos cinco ayuntamientos mexicanos. El hijo del ex Presidente catalán habría cobrado en 2010, vía la empresa GBI & Monic Productions, 243 mil euros (más de 320 mil pesos), “por el asesoramiento y estudio del proyecto de centro de tratamiento de residuos situados en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Asistencia en el país, búsqueda de emplazamientos en Querétaro, Puerto Vallarta, Acapulco y DF, búsqueda de potenciales socios locales y de asistencia técnica local, con desplazamiento a México”, publicó el diario español El País. En una entrevista publicada en 2015 en SinEmbargo, el escritor Oriol Mallol, autor del libro “El Cártel Español”, aseguró que Pujol es parte de una clase empresarial ibérica “protegida”, que desde mediados de los noventa llegó a México a hacer una serie de negocios basada en relaciones familiares y con altos funcionarios gubernamentales. Pero las relaciones no son sólo empresariales, la hija mayor de Pujol Ferrusola, Mercé, se casó con Ignacio García de Quevedo, hijo de Xavier García de Quevedo, presidente ejecutivo del poderoso Grupo México y uno de los hombres más ricos del país. Asimismo, en julio de 2015, José de la Mata, un juez de la Audiencia Nacional española que entonces conducía una investigación en contra de Pujol Ferrusola, dijo que éste pudo haber lavado ganancias por unos 14 millones de euros (242.5 millones de pesos mexicanos) con ayuda del empresario Luis Delso, presidente de multinacional Isolux Corsán, una empresa que tenía contratos federales por miles de millones de pesos en México, la mayoría de la presente administración. El juez consideró que las facturas que se emitieron en las relaciones comerciales entre el empresario y el hijo del político español, por supuestos negocios realizados en México, eran falsas. La intención del empresario español era, cree el magistrado, lavar dinero de Pujol Ferrusola.
En noviembre del año pasado, se dio a conocer que la investigación por supuesto fraude fiscal en contra de Pujol Ferrusola de la mano de autoridades españolas condujo a una serie de delitos con destino en México. Entre estos se encuentra Monex, la institución bancaria señalada en el país por fondeo de recursos para la compra de votos durante la elección presidencial de 2012. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/13-12-2016/3125199
La legisladora del Partido del Trabajo fue golpeada por varios hombres cuando se dirigía en su motocicleta de Lerma hacia la zona de Santa Fe.
La Procuraduría General de la República (PGR) investigará la agresión a golpes contra la senadora y medallista olímpica en 2004, Ana Gabriela Guevara. “La legisladora del Partido del Trabajo fue golpeada por varios hombres cuando se dirigía en su motocicleta de Lerma hacia la zona de Santa Fe, motivo por el cual fue trasladada a un hospital”, indicó la dependencia en un comunicado difundido este lunes 12 de diciembre. Guevara también difundió en un comunicado en el que narró cómo ocurrieron los hechos: una camioneta golpeó la motocicleta que conducía y, cuando esperaba llamar al seguro, los hombres que viajaban en ella la golpearon por su “condición de mujer y motociclista”.
Agregó que los hombres la golpearon en la cara y en las costillas, por lo que tuvo que se operada de la cara.
Agradezco la atenciones de tod@s quienes han estado pendientes de mí y mi salud, eh salido de quirófano bien a recuperar la cirugía pic.twitter.com/byhwCs19Hz
Antes, el Senado de la República confirmó que Guevara fue agredida ayer domingo cuando se trasladaba de Valle de Bravo a la Ciudad de México. El vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, Luis Sánchez Jiménez, expuso que se desconocen los motivos del ataque a la legisladora. Comentó que Guevara Espinoza fue trasladada al hospital ABC de esta capital donde es atendida. “Las lesiones no son graves y son básicamente golpes en la cara”, apuntó. Sánchez Jiménez dijo que Ana Gabriela Guevara se trasladaba como lo hace usualmente en su motocicletas Harley-Davidson y los hechos ocurrieron en las inmediaciones de La Marquesa.
Al menos 305 militares han sido diagnosticados con depresión y ansiedad en la última década; la OMS recomienda 9 psiquiatras por cada 100 mil personas, y el Ejército cuenta con 33 para atender a 800,000 militares y sus familias.
En los 10 años que ha durado la guerra contra el crimen organizado al menos 305 militares han sido diagnosticados con depresión y ansiedad, mientras que otros 8 se han quitado la vida, los dos últimos en 2016, según reportes oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Tal como concluyen estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las labores de “mantenimiento del orden público” exponen a quien las realiza a “eventos traumáticos o violentos”, que vuelven sus ocupaciones “intrínsecamente más estresantes” que la media. Los reportes de la Sedena, obtenidos vía transparencia gubernamental a solicitud de Animal Político y otros ciudadanos interesados en el tema, revelan que entre enero de 2007 y julio de 2016 elementos del Ejército han sostenido 3 mil 842 enfrentamientos con “integrantes de la delincuencia organizada”; en el mismo lapso un total de 214 militares fueron diagnosticados con depresión, y otros 91 con ansiedad, todo el marco de la “guerra” contra el narcotráfico. El mayor número de soldados con ambos padecimientos se alcanzó en 2007, cuando 73 militares fueron diagnosticados con trastornos mentales. El año 2007 fue, precisamente, cuando el Ejército salió por primera vez de sus cuarteles, para combatir a los cárteles del narcotráfico. En el caso de militares con trastornos depresivos, el segundo año con mayor número de elementos diagnosticados fue 2009, con 29 militares afectados. De los ocho militares que se suicidaron en estos últimos 10 años, el único caso que el Ejército vincula directamente con el estado depresivo de la víctima se registró en 2009. Sobre el resto de los casos de suicidio los reportes de la Sedena no especifican si existían antecedentes de trastornos mentales. Déficit de psiquiatras De acuerdo con la Sedena, la institución cuenta con 33 médicos especialistas en psiquiatría, distribuidos en las diferentes regiones, que han realizado diversos cursos nacionales e internacionales en intervención de crisis, terapia de procesamiento cognitivo, psicoanálisis, neurociencias, psiquiatría de guerra y tanatología. Todos certificados por el Consejo Mexicano de Psiquiatría y Psicología. Estos médicos atienden a cerca de 800 mil militares en activo y retirados, así como a sus derechohabientes y pensionados que demandan los servicios de salud mental. Lo anterior incumple con los lineamientos de la OMS que recomiendan tener a por lo menos 9 psiquiatras por cada 100 mil habitantes. Para cumplir con la recomendación de la OMS, la Sedena tendría que contratar a 39 nuevos médicos psiquiatras. Además de terapias, la Sedena implementa campañas preventivas de salud mental, realiza actividades culturales, deportivas, brinda pláticas y distribuye trípticos que buscan prevenir los suicidios y enfermedades como el alcoholismo y la drogadicción. El pasado mes de mayo, las Fuerzas Armadas organizaron –por vez primera- un Curso de Salud Mental dirigido, en su fase inicial, a mil soldados, “con el objetivo de prevenir los trastornos mentales y de la conducta en el personal militar”, tal como informó en ese momento la Sedena.
En mayo, cuando se anunció este curso, no se informó sobre el número de soldados con trastornos mentales, sin embargo, siete meses después, a finales de noviembre, el Ejército reconoció que son, al menos, 305 los militares afectados en su salud mental, en los últimos 10 años. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: FRANCISCO SANDOVAL, PARIS MARTÍNEZ. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/militares-depresion-guerra-narco/
OAXACA, Oax: Otro artefacto estalló en Oaxaca, ahora en un cajero de Banamex, con el que suman tres los atentados perpetrados contra alguna instalación bancaria y oficina federal en menos de 24 horas en esta capital.
Por tal razón, la Procuraduría General de la República (PGR) asumió el control de las investigaciones con el apoyo de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), sin que al momento ningún grupo guerrillero o del crimen organizado haya reivindicado los tres atentados. La Fiscalía General de Oaxaca confirmó que alrededor de las 23:30 horas estalló otro artefacto explosivo en el cajero de Banamex de la agencia municipal de Santa Rosa, donde solo causaron daños. Sin embargo, aclaró no tener mayores detalles porque las investigaciones las asumió la PGR. Este caso se suma a los ocurridos durante la madrugada de este lunes 12 de diciembre en las instalaciones del banco Santander y las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en esta capital, situación que movilizó a elementos del Ejército Mexicano que mantienen acordonada la zona. Las explosiones ocurrieron alrededor de las 03:48 horas en el banco Santander ubicado en la calzada Madero 539 en el exMarquesado y la segunda en las oficinas de la Prodecom, localizada en la avenida Independencia esquina con González Ortega. El fiscal, Joaquín Carrillo Ruiz, descartó que estos atentados tengan relación con grupos guerrilleros o de la delincuencia organizada, al parecer tienen tintes de actos vandálicos o alguien que quiso llamar la atención. Por lo pronto, dijo, revisarán las cámaras de video vigilancia del C4 y de algunas cercanas a la zona donde ocurrieron las explosiones, que puedan contribuir a la detención de los responsables. En marcha, Operativo Diciembre Seguro 2016 Mientras esto acontecía, el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, puso en marcha el Operativo Diciembre Seguro 2016, que de manera coordinada desplegarán las corporaciones policiales de esta administración en el territorio estatal, con “el objetivo de proteger, prevenir y salvaguardar el patrimonio de las familias oaxaqueñas”. En el banderazo inicial estuvieron presentes José Raymundo Tuñón Jáuregui, secretario de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO); Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, fiscal General del Estado; Juan Carlos Rivera Castellanos, secretario de Turismo; Amando Bohórquez Reyes, coordinador Estatal de Protección Civil; Manuel Maza Sánchez, director del Heroico Cuerpo de Bomberos; José Guzmán Santos, director de la Policía Vial Estatal y del inspector General Ricardo Badilla Guerrero, titular de la estación Oaxaca de la Policía Federal.
CIUDAD VICTORIA, Tamps: El exgobernador priista de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, hipotecó por 30 años, desde el 2009, el Impuesto Sobre la Nómina (ISN) aplicado a los empresarios, mediante la creación de un fideicomiso para amortizar parte de la deuda estatal de 6 mil millones de pesos, que no se sabe en qué fueron gastados, acusó el mandatario albiazul Francisco García Cabeza de vaca. Mediante un comunicado difundido la noche del lunes, la administración estatal explicó que el panista se reunió en esta ciudad con un grupo de empresarios que le expresaron su respaldo para incrementar en un 50% el ISN, para evitar desequilibrios en el presupuesto. Actualmente, el gravamen es del 2% y está destinado para cubrir el pasivo estatal, amparado en la figura de un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, a un costo financiero de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más 1.15 por ciento. “De 2009 a la fecha se ha amortizado sólo 5.99 por ciento del total de los 6 mil millones de pesos de deuda. No está claro en que se aplicaron los 6 mil millones de pesos”, señala el boletín. Según el gobierno tamaulipeco, representantes de organismos empresariales que agrupan a hoteleros, transportistas, comercios, constructores, restauranteros entre otros, aseguraron desconocer el destino que se le daba al recurso que, suponían, se destinaban al rubro de seguridad en el estado. Ramón García Garza, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), delegación Reynosa, consideró que la medida tomada por Eugenio Hernández, quien gobernó del 2005 al 2010, fue un robo en detrimento de los empresarios. “Para nosotros es una sorpresa, es algo que desconocíamos que los anteriores gobiernos hicieran eso. Cómo es posible que nos robaran, porque es robar el 2% por ciento de nómina. Dejaron en bancarrota a este gobierno”, dijo. Tas señalar que el costo mensual de la deuda le cuesta a Tamaulipas 40 millones de pesos, García Cabeza de Vaca explicó que la propuesta del presupuesto de Ingresos del 2017 contempla un incremento del 2% al 3% del ISN, lo que permitiría sumar 880 millones que serían destinados a proyectos de seguridad y a programas enfocados a abatir la violencia. En la entidad, el gasto anual para el rubro de seguridad es de 2 mil 580 millones de pesos, que requieren este añadido presupuestal para la capacitación, equipamiento, adquisición de tecnología y la contratación de más elementos. Acompañado del jefe de la Oficina del Gobernador, Víctor Manuel Sáenz Martínez y del secretario de la Contraloría, Mario Soria Landeros, el mandatario albiazul explicó que casi el 40% de los ingresos propios del estado provienen del ISN y se requiere el incremento, debido a que habrá una disminución de captaciones por control vehicular y tenencia. Los empresarios pidieron al mandatario que integre un comité de vigilancia que supervise la aplicación de los recursos obtenidos por el ISN. Además del representante de Canacar, estuvieron en la reunión Federico Alanís, consejero Nacional de Canacintra; José Alfredo Andrade Castillo, presidente de la Canirac Tamaulipas; Alfonso Gerardo de León Fuentes, presidente de Canirac Reynosa; Julio César Almanza Armas, presidente de Fecanaco; Nohemí Alemán Hernández, presidenta del Colegio de Arquitectos de Reynosa; y Roberto Salinas Ferrer, presidente de la Cmic Reynosa.
La Procuraduría General de la República por medio de un comunicado informó acerca del ingreso del hijo de Alfredo Beltrán Leyva, quien enfrentará el proceso en su contra desde prisión.
Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, “El Mochomito”, miembro del cártel de los Beltrán Leyva, fue ingresado en el Centro de Readaptación Social de Guadalajara, Jalisco. Jesús Alfredo, hijo del capo Alfredo Beltrán, “El Mochomo”, y sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán continuará con el proceso en su contra por delitos contra la salud.
Así lo informó la Procuraduría General de la República por medio de un comunicado en el que también se informa sobre el ingreso de Joel Eduardo López, Baudelio García García, Jesús Rafael Cuen Ramírez y Gerardo Eddye Cotera García. Todos ellos fueron detenidos el viernes pasado en las inmediaciones del municipio de Zapopan, como probables responsables de agresiones, secuestros y homicidios al enfrentar grupos delictivos en Sinaloa. La detención fue realizada por elementos de la Policía Federal de la División Antidrogas, quienes aseguraron a los detenidos siete armas de fuego, una granada, cuatro cargadores abastecidos, 50 mil pesos, así como 3878.1 gramos de clorhidrato de cocaína y dos vehículos. De acuerdo con el informativo de Televisa encabezado por la periodista Denise Maerker, el Mochomito también está acusado del secuestro de los hijos del Chapo Guzmán y del ataque a la casa de la madre del capo, Consuelo Loera. La lucha abierta entre el cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva motivó este año una escalada de violencia en la región noroccidental del país. El cartel de los Beltrán Leyva apareció en 2008 como una ruptura del cártel de Sinaloa tras el arresto de Alfredo “el Mochomo” Beltrán Leyva -quien actualmente está siendo procesado en EE.UU-, debido a lo que ellos consideraron que fue una traición del Chapo Guzmán, quien fue arrestado por tercera vez este enero tras fugarse en julio de 2015 de un penal de máxima seguridad.
Los Beltrán Leyva se aliaron con otros carteles que habían sido acérrimos enemigos del cártel de Sinaloa, como son el del Golfo y Los Zetas. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/13-12-2016/3120621
Un 46.2% de personas entrevistadas asocia a las mujeres con actividades del ámbito privado, como la administración y la organización del hogar; a 47.7% de los hombres se les asocia con trabajos de fuerza.
México sigue siendo un país desigual y discriminatorio. Lo que cambia son los niveles y las personas que lo padecen. Entre 2007 y 2015, la percepción de discriminación contra las mujeres pasó de 31% a 34%, respectivamente, y la región con mayor proporción de este fenómeno es el Bajío, donde 5 de cada 10 asegura que existe discriminación sólo por género. El grupo con mayor aumento de discriminación son las personas con sobrepeso. Hace 8 años, 18.7% de la población percibía algún acto discriminatorio por su aspecto físico, pero en 2015 pasó a 26.8%. Mientras que la discriminación por color de piel cambió de 9.3% a 16.6%. Estos son resultados de la Encuesta de desigualdad y no discriminación por razón de género 2015, realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde hace un comparativo del comportamiento de los mexicanos entre 2007 y 2015. De acuerdo con el análisis, el género sí es un elemento que puede ser considerado como factor de discriminación por la población. Al preguntar si perciben discriminación por ser hombres o mujeres, sólo 6.1% no detecta que ocurra. Sin embargo, 40.5% de las personas consideran que existe discriminación por ser mujer, mientras que un porcentaje menor (14.3%) dice que hay discriminación por ser hombre. Al desagregar los datos por regiones, se observa que no es lo mismo desarrollarse en Tamaulipas, que en Querétaro o Chiapas. En la región Noroeste perciben mayor discriminación por ser hombre (17.7%) y reportan un menor porcentaje de discriminación por ser mujer en comparación con el resto del país (25.7%). La zona del Bajío (Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Jalisco) reportan el mayor porcentaje de percepción de discriminación por ser mujer (53.8%) y un menor porcentaje por ser hombre (11.4%). En el análisis sobre los grupos poblacionales que pueden ser más vulnerables a actos discriminatorios, las personas con discapacidad (43.6 %), las personas con VIH/SIDA (34.8 %) y las mujeres (34.4 %). En el primer caso, los actos discriminatorios han disminuido en los últimos 8 años. En 2007, la percepción que las personas con alguna discapacidad eran discriminadas ascendía a 50.7%, en 2012 disminuyó 48.9% y en 2015 descendió a 43.6%. Lo mismo ocurrió con las personas con VIH/SIDA. La percepción que eran discriminados era de 55.2% en 2007, aumentó a 62.3% el año siguiente y desde 2009 registró un descenso hasta llegar a 34.8% en 2015. En ambos casos han existido campañas de sensibilización y políticas de inclusión para personas con discapacidad, aunque sigue registrándose casos discriminatorios. En el caso de las mujeres, la percepción ha cambiado en los últimos ocho años. En 2007, la percepción de discriminación era de 31%; aumentó a 37.3% en 2009, prácticamente tuvo lo mismo en 2010 (37.8%) y 2011 (33.4%), pero aumentó entre 2012 y 2013 hasta llegar a 41.7%. Para 2014 bajó a 33.3% y en 2014 incrementó a 34.4%. Como se observa en la siguiente gráfica, los aspectos relacionados con la salud como el sobrepeso y enfermedades mentales, también aumentaron la percepción de discriminación. Otros casos de aumento es el nivel económico, el color de piel, migrantes y personas extranjeras. La violencia contra mujeres y hombres Aunque por razones físicas, un hombre es más fuerte que una mujer y, por ende, puede ser más vulnerable en una situación de agresión, 49.7% de los hombres asegura que las mujeres ejercen violencia contra ellos. Sobre todo en la región del Bajío. Sobre las razones de las agresiones, las respuestas cambian de acuerdo al sexo del entrevistado: los hombres señalan que es por “inestabilidad emocional o celos” (33.3 %) mientras que la respuesta que con mayor frecuencia dijeron las mujeres fue “como defensa o reacción frente al agresor” (39%). Respecto a la opinión sobre quién ejerce más violencia, según el sexo del entrevistado, se puede constatar que en ambos casos predomina la idea de que son los hombres. El 69.1% de los hombres considera que ellos ejercen más violencia, mientras que cuando se pregunta a las mujeres, el porcentaje es de 74.2%. La violencia contra las mujeres es un problema de “gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país”, sostiene la CNDH en su encuesta, toda vez que 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo: emocional, física, sexual, económica, patrimonial, y discriminación laboral. La agresión ha sido ejercida por la pareja, el esposo o novio, algún familiar, compañero de escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o laboral o bien personas conocidas o extrañas. La violencia física y la violencia psicológica son consideradas como las más frecuentemente ejercidas contra las mujeres. Mientras que la violencia patrimonial es la menos citada. Hombres a mantener, mujeres al hogar… Entre la población, existe la percepción de desigualdad entre mujeres y hombres, pero hay variaciones en cuanto en qué ámbitos tienen más oportunidades. De los encuestados, 37.8% considera que en el hogar sí hay igualdad, mientras que la percepción va decreciendo en otros rubros (35.9%), trabajo (23.9%), comunidad (18.7%) y política (18.5%). Sin embargo, un mayor porcentaje de las personas entrevistadas asocia a las mujeres con actividades del ámbito privado, como la administración y organización del hogar (46.2%), el trabajo manual (41%), el cuidado y la educación de los hijos (32.2%); por otra parte, a los hombres se les asocia con la impartición de justicia (23.1%), los trabajos de fuerza (47.7%), dirigir un partido político (23.8%), y con ser presidente (25.3%). Además, las tareas siguen siendo diferenciadas por género. 35% considera que los hombres siempre hacen reparaciones en casa, mientras que las actividades que los hombres realizan con menos frecuencia son: lavar y planchar la ropa (46.9 %), cocinar (38.7 %) y cuidar personas enfermas o adultos mayores (37.8 %). Quienes considera que “únicamente el hombre” debe ser el responsable de mantener el hogar, ha decrecido entre 2007 y 2015 (pasó de 31.5 % a 25.4 %); mientras que, en sentido inverso, el porcentaje de entrevistados que considera que únicamente la mujer debe ser la responsable de mantener el hogar ha aumentado en los mismos años (de 2.9 % a 13.3 %).
En el estudio también se observó que la aceptación o rechazo a un cambio en cuanto los roles que tradicionalmente se han asignado a hombres y mujeres, puede suscitar conflictos al interior del hogar. 41.6% de los entrevistados asegura que se dificulta un poco la relación de pareja cuando ambas personas trabajan y dicho porcentaje ha ido en aumento, toda vez que en 2010 sólo 34.3% opinaba eso. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: NAYELI ROLDÁN. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/aumenta-discriminacion-mujeres-personas-sobrepeso-color/
En el Senado y la Cámara de Diputados hay dos propuestas, una del PAN y otra del PRI, para dar respaldo legal y normalizar la actuación militar en labores de seguridad pública. Conoce su contenido.
Las propuestas para tener una Ley de Seguridad Interior que fueron presentadas en septiembre y noviembre de este año en el Congreso —una del senador del PAN, Roberto Gil Zuarth; y otra del diputado del PRI, César Camacho, respectivamente— detallan el proceso a seguir para que las fuerzas armadas se unan a tareas civiles de seguridad como recibir denuncias, hacer detenciones, realizar cateos, aseguramientos, hacer entrevistas a testigos o tomar declaraciones. También se incluye la posibilidad de intervenir comunicaciones o extraer datos de dispositivos móviles para realizar investigaciones, además específica que las acciones por la seguridad interior incluirán desde la lucha al crimen organizado hasta el combate a la corrupción y al cambio climático. Ambas iniciativas mencionan que el Ejecutivo Federal podrá emitir en cualquier momento el decreto para que los militares inicien acciones para salvaguardar la seguridad interior, pero la actividad militar también podría iniciar tras una solicitud del poder Legislativo Federal y Estatal o de autoridades locales como alcaldes y gobernadores. “La seguridad interior, como vertiente de la seguridad nacional, implica la posibilidad de disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente (Ejército, Armada y Fuerza Aérea)”, cita la propuesta del líder de los diputados priistas, César Camacho. En términos de esa ley, se define amenazas a la seguridad interior a los actos violentos que atenten contra bienes jurídicos de la nación, fenómenos que pongan en peligro a la sociedad, la estabilidad, seguridad o la paz pública en el territorio nacional. La iniciativa que se presentó en el Senado no dista mucho de esa definición, pues también señala el uso de las fuerzas armadas cuando estén en riesgo las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, cuando ocurra un acto que impida la prestación de un servicio de seguridad o la ejecución de un programa de apoyo por parte de cualquier autoridad. En términos de la iniciativa de ley presentada por el senador del PAN, Roberto Gil, las fuerzas armadas en comisión para preservar la seguridad interior estarían a cargo de “salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos que determinen las leyes”. Pero también recibir denuncias de hechos que pudieran constituir un delito, participar con el Ministerio Público en la persecución de delitos, en la detención de personas, en el aseguramiento de bienes y cumplir órdenes de aprehensión y otros mandatos ministeriales y jurisdiccionales. No sólo eso. El proyecto del senador Roberto Gil señala que las fuerzas armadas podrían intervenir comunicaciones privadas, extraer información, utilizar datos de geolocalización y de datos conservados en sistemas informáticos como “técnicas especiales de investigación en materia de seguridad interior”. Las coincidencias Las dos iniciativas coinciden en la necesidad de establecer puestos de inspección en los puntos en riesgo en los que haya presencia de las fuerzas armadas, revisar vehículos y personas, retener individuos o catear domicilios.
La propuesta del PAN señala: “En los protocolos y directivas del uso legítimo de la fuerza deberán preverse en forma gradual la disuasión, la persuasión, la fuerza no letal y la fuerza letal como distintos niveles de coacción, privilegiando en todo momento el empleo de los dos primeros niveles”. Otras actuaciones que se normalizan son: recabar datos generales y en su caso entrevista, de manera voluntaria, a las personas que pudieren aportar algún elemento para la investigación; recolectar, procesar, diseminar y explotar información para prevenir, disuadir, contener y neutralizar afectaciones a la seguridad interior. La iniciativa del priista César Camacho indica que: “A partir de la expedición del Acuerdo de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, las acciones que realicen las autoridades federales para su atención, se considerarán como de Seguridad Interior”. Ese Acuerdo puede tomarse ya sea para combatir al crimen organizado, corrupción, terrorismo, “deficiencia en la profesionalización de cuerpos de seguridad” o incluso para combatir al cambio climático. Una discusión en puerta La posible discusión de una iniciativa de Ley de Seguridad Interior llegó al debate público después de que este viernes el general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, pidió un marco jurídico que regule la actuación de los militares en tareas de seguridad pública. El general incluso dijo que la falta de un marco legal provoca que los soldados piensen “si le entran a seguir enfrentando a estos grupos (del crimen organizado) con el riesgo de ser procesados por delitos que tengan que ver con derechos humanos”. La petición del titular de la Sedena se vincula con lo que establecen las iniciativas a Ley de Seguridad Interior que señalan y regulan cómo hacer uso de la fuerza cuando haya militares a cargo de la seguridad pública.
La respuesta del presidente Enrique Peña Nieto también fue en ese sentido, pues dijo que las fuerzas armadas carecen de un margen jurídico que los respalde cuando su misión es preservar la seguridad interior del país. A decir del priista César Camacho la discusión sobre esta Ley de Seguridad Interior se dará en el Congreso en enero próximo y descartó, como propusieron legisladores del PRD y del PAN, que se apruebe antes del 24 de diciembre de este año. Organizaciones civiles rechazaron este domingo las dos iniciativas y se opusieron a la normalización de la actuación del Ejército en las calles; los militares cumplen diez años a cargo de labores de seguridad pública después de que el presidente Felipe Calderón ordenó a las fuerzas armadas combatir a grupos criminales.
Jesús Esteban Mazari Toboada, presunto operador y primo de “El Carrete”, Santiago Mazari Hernández, líder de Los Rojos, grupo criminal en Morelos y Guerrero, fue detenido por elementos de la Procuraduría General de la Republica en la Ciudad de México. La captura ocurrió en la delegación Benito Juárez tras un operativo que realizaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en donde aseguraron 48 dosis de cocaína y un arma de fuego corta” , señala la PGR en un comunicado de prensa.
Esteban Mazari, es el presunto operador de Los Rojos, el grupo criminal que contrabandea cocaína, cristal y heroína en Guerrero y Morelos y que es liderado por Santiago Mazari, “El Carrete”, primo del ahora detenido. Aunque es identificado como operador de Los Rojos, Jesús Estaban no forma parte de la lista de los 122 objetivos prioritarios del Gobierno Federal pero sí estaba dentro de la lista de blancos del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI). “su neutralización es relevante para afectar la estructura logística y operativa de dicha organización criminal, ya que además fungía como enlace en la Ciudad de México para el trasiego de heroína, China White y cocaína hacia los Estados Unidos” explica la PGR. En tanto que el primo del detenido, Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, es identificado como líder del grupo delictivo Los Rojos, que opera en Guerrero. Mientras que Hurtado Olascoaga, “El Pez”, es jefe de plaza de La Familia Michoacana. En meses pasados, fue la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció recompensas de hasta 3 millones de pesos a quien proporcione información para localizar a 13 de los principales líderes de grupos delictivos que operan en los estados de Guerrero y Morelos, entre los cuales, está el “Carrete”. La PGR publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo A/035/16 por el que se ofrece recompensas de 3 millones de pesos a quien dé información para localizar a cuatro probables delincuentes y hasta un millón 500 mil pesos para ubicar y detener a otros nueve, todos relacionados con delitos contra la salud, secuestro y otros cometidos en grupo.
Los líderes de los grupos delictivos por los que se ofrece 3 millones de pesos son Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”; Salvador Granados Vargas, “El Chava Granados”; Johnny Hurtado Olascoaga, “El Pez”, y Eder Jair Sosa Carbajal, “El Cremas”.La recompensa de hasta 1 millón 500 mil pesos es para la localización y detención de Carlos Antonio Rabadán Hernández, alias “El Melón”; Salomón Pineda Villa, “El Salo”; Senen Nava Sánchez; Francisco Maldonado Bustos, “Don José”; Salvador Navarro, “El Zarco”; Alfredo Hurtado Ulozcoaga, “El Fresa; Israel Arroyo Mendoza, “El Spagueti”; Víctor Hugo Benítez Palacios “El Tilo”, y Juan Salgado Guzmán, “El Indio”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/13-12-2016/3125232
“Así como me entregue a mi esposo así le entregaré a su mamá”, dice la esposa de una persona privada de la libertad, mensaje que espera que llegue al presunto líder criminal, Raybel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero, a quien acusan de secuestrar a un ingeniero.
En San Miguel Totolapan un grupo de vecinos se armó para exigir la liberación del ingeniero Isauro de Paz Duque, privado de la libertad la noche del domingo cerca del poblado de Valle Luz, y acusaron al líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, como el responsable del hecho. Los manifestantes retuvieron en la comandancia del lugar a supuestos informantes de criminales (halcones) y entre ellos aprehendieron a la mamá de El Tequilero así como a una regidora del PRI, María del Carmen Barrera Navarro. En las comunidades El Coco y la Laja municipio de Ajuchitlán del Progreso se reportaron más hombres levantados en armas, en apoyo al movimiento de San Miguel Totolapan y en contra de El Tequilero.
En un video que subieron a las redes sociales, vecinos de La Laja y El Coco reportaron ya entrada la noche que organizaron una autodefensa. “Nos han humillado, nos han matado a nuestras familias”, dicen en el video y se pronuncian en apoyo a la gente de San Miguel Totolapan y terminan su video gritando “viva San Miguel Totolapan”. Las comunidades de La Laja y el Coco se ubican en una ruta en dirección a la presa Las Garzas y en un punto colindante con el municipio de San Miguel Totolapan. Mientras tanto en San Miguel Totolapan cerca de la 1 de la tarde se agruparon más de 100 personas en la plaza principal y comenzaron una manifestación. Llevaban cartulinas y mantas exigiendo que el gobernador Héctor Astudillo Flores cumpla su compromiso de brindar orden y paz, que fue su frase de campaña y pidieron su intervención para liberar al secuestrado. Según versiones oficiales la noche del domingo Isauro de Paz fue a la comunidad de Valle Luz y ahí fue secuestrado por hombres armados. La gente acusó a El Tequilero como el responsable. La víctima ha trabajado con una constructora en varias obras importantes de la localidad, principalmente con el Ayuntamiento, así como con varias obras federales mediante diputados perredistas, principalmente. Según la relación de contratos 2015 de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, en ese año tuvo cinco proyectos a su cargo. Luego de algunos minutos de protesta el grupo acordó sacar las armas. Se reunieron con diferentes rifles y pistolas y de pronto comenzaron a retener a personas que aseguraron están relacionadas con el grupo criminal Los Tequileros. Se llevaron incluso a empleados municipales. El ocupó la comandancia de la policía que lleva dos años sin funcionar. Ahí metieron a los retenidos, a algunos en las celdas y a otros en el patio. Se llevaron a la regidora priista María del Carmen Barrera Navarro, a quien acusaron de tener nexos con El Tequilero. También informaron que tenían retenida a la mamá del líder criminal. La comandancia se ubica a dos cuadras de la plaza principal. Ahí llegaron soldados del Ejército e intentaron desarmar a uno de los manifestantes, pero luego de una discusión con el grupo se retiraron. “Ya no estamos dispuestos a seguir de espectadores e indiferentes a tanta sangre derramada” El grupo se identificó como una autodefensa de vecinos de San Miguel Totolapan. Hicieron un pronunciamiento en el cual advirtieron, “ya no estamos dispuestos a seguir de espectadores e indiferentes a tanta sangre derramada. Ya no queremos que se sigan violentando nuestros derechos humanos, ya no queremos que nuestro municipio, nuestra región y nuestro estado de Guerrero siga siendo un valle de lágrimas de las madres que pierden a sus hijos por culpa de la violencia y la inseguridad”. “El gobierno se ha mostrado incapaz de restablecer la paz de nuestro pueblo. Nos pronunciamos como un movimiento totolapense por la paz. Demandamos la liberación de los levantados y secuestrados, que cese la violencia y se restablezca la paz como lo anhelamos y lo deseamos todos, y nos negamos a seguir bajo el yugo de la delincuencia”. También habló la esposa del hombre secuestrado, la señora Yadira Guillermo García quien le envió un mensaje a El Tequilero y al gobernador: “Nosotros tenemos aquí a la mamá del señor llamado El Tequilero, pido un intercambio a cambio de la vida de mi esposo le entregaremos a su mamá. Así como me entregue a mi esposo así le entregaré a su mamá, pero lo quiero sano y salvo, pero de lo que nos llegue a pasar a mi y a todo el grupo que aquí se manifiesta, responsabilizamos al señor Héctor Astudillo Flores ya que nunca has hecho nada por este pueblo, se ha hecho de la vista gorda, ya estamos cansados, todo el pueblo está cansado de que se llevan a gente inocente, le pido que regrese sano y salvo”. “Son inocentes” dicen vecinas de La Gavia y enfrentan a la nueva autodefensa Cerca de las 4 de la tarde llegó un grupo de mujeres a San Miguel Totolapan a exigir airadamente la liberación de los retenidos en la comandancia policiaca y hubo conatos de golpes. Primero entró el Ejército a la cabecera municipal y detrás de ellos venían dos camionetas con unas 30 mujeres procedentes de La Gavia. Las mujeres entraron hasta la comandancia con un joven y un señor de la tercera edad. Reclamaron la liberación de los retenidos, porque son “gente inocente”. Pero el otro grupo los acusó de hacer labores de halconeo. Hubo un intento por retener al único hombre que llevaban pero las mujeres lo defendieron con machetes y hubo un conato de violencia. El Ejército y la Policía del Estado que habían permanecido a una y dos cuadras de distancia como observadores se acercaron a intervenir. Agentes de ambas corporaciones hicieron un llamado para que liberaran a los retenidos y dejaran las armas, pero la gente se negó. Hubo reclamos de su abandono a la seguridad en el municipio de San Miguel Totolapan.
Después de varios minutos de diálogo se acordó que liberarían a la mayoría de las personas, y que mantendrían solamente a la mamá de El Tequilero hasta que sea liberado el hombre secuestrado; sin embargo a las 8 de la noche no habían liberado a nadie había unas 20 personas retenidas en la comandancia.
De acuerdo con información solicitada por El Sur a laFiscalía General de Guerrero, los jóvenes contabilizan un 48.4 de los homicidios violentos en el periodo de enero a octubre de este año. Encabezan las víctimas los taxistas, con 139 muertes, y le siguen los comerciantes con 102 y los albañiles con 83. En este lapso se registraron 223 mujeres asesinadas. De las colonias y horarios en que se cometieron los crímenes este año, los datos muestran un repunte de la violencia entre la 1 y las 2 de la tarde. En cifras de los homicidios: 771 fueron por arma de fuego, 23 decapitados, siete cuerpos hallados en fosas clandestinas, seis desmembrados, cuatro osamentas, cuatro hallazgos de restos óseos, cuatro cuerpos “putrefactos” y tres lapidados.
La ola de violencia que se vive en Acapulco golpea con mayor fuerza a menores de 35 años. Los jóvenes son el sector de la población que concentra la mitad de homicidios dolosos, mientras que los taxistas, albañiles y comerciantes se ocupan de los oficios más atacados.
El 48.4 por ciento de las personas asesinadas en hechos violentos en Acapulco entre el primer día del año y el 31 de octubre, tenían entre 15 y 35 años de edad. El segmento de jóvenes menores de 31 años y mayores de 17 contabiliza del 35.5 del total de homicidios dolosos, de acuerdo con solicitudes de información presentadas ante la Fiscalía General del estado. Asimismo, la dependencia informó que contabilizó mil 494 homicidios en 22 meses, entre el primero de enero de 2015 y el 31 de octubre de este año. En contraste, las autoridades sólo reportan en el mismo periodo 52 “personas detenidas acusadas como responsables de homicidios dolosos”, 32 por víctimas de este año y 20 por muertes de 2015. A la Fiscalía General se le preguntó el número de homicidios dolosos ocurridos en 2015, y entre enero y octubre de 2016 en Acapulco, el género de las víctimas, sus edades, las colonias y horarios en que fueron atacadas, sus oficios, causas de muerte, sobre las personas no identificadas y cuántos presuntos responsables de todos estos hechos fueron detenidos. De acuerdo con la dependencia, en 2015 hubo 621 víctimas, y los meses más violentos fueron enero y diciembre, con 72 y 71 muertes, respectivamente. Aunque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indica, en las estadísticas de su página de internet, que fueron 902 homicidios dolosos en el municipio, es decir 281 muertes más que las que reporta la Fiscalía. La Fiscalía también informó que entre enero y octubre de este año ha registrado 873 asesinatos dolosos y que el mes más violento fue mayo, con 106 víctimas. Pero en el mismo periodo el SESNSP contabiliza 790 muertes violentas y un recuento de El Sur sumó 857. Aunque la dependencia respondió a todas las solicitudes, envió cifras por separado que no coinciden. Por ejemplo, informó de 621 víctimas de homicidios dolosos en todo 2015, pero al preguntar las edades dio datos sobre mil 139 casos, de los géneros de mil 136 personas asesinadas, los horarios de mil tres asesinatos y 662 homicidios en colonias, además de casos en el vecino municipio de Coyuca de Benítez que no se le requirieron.
ASESINATOS DE MUJERES En cuanto al género de las víctimas de asesinatos en Acapulco, la Fiscalía indicó que hubo 223 mujeres ultimadas entre enero de 2015 y octubre de este año, que representan el 10.59 por ciento de un total de 2 mil 113 crímenes de los que informó. Detalló que 120 homicidios de mujeres ocurrieron el año pasado y 103 sucedieron en los primeros 10 meses de 2016; mientras que mil 16 hombres fueron asesinados en 2015 y 866 entre enero y octubre de este año. También agregó en la información a 8 víctimas “sin datos” del género. Un recuento de El Sur, publicado el 7 de marzo, advirtió que el año pasado se contabilizaron al menos 162 asesinatos de mujeres en el estado, y que Acapulco concentraba el mayor número de casos con 75, cifras que son superadas por esta nueva información proporcionada por la Fiscalía. De las causas de muerte del año pasado destaca que la mayoría de los homicidios, 771 fueron por arma de fuego, 23 decapitados, siete cuerpos hallados en fosas clandestinas, seis desmembrados, cuatro osamentas, cuatro hallazgos de restos óseos, cuatro cuerpos “putrefactos” y tres lapidados. De las edades, detalló que el 48.4 por ciento de las víctimas en Acapulco de este año, hasta el 31 de octubre, tenían de 15 a 35 años de edad; 493 jóvenes en total. Mientras que el sector de 17 a 30 años de edad representó el 35.5 por ciento y sumó 348 víctimas en el mismo periodo. La edad con mayor cantidad de víctimas fue 27 años con 33 muertes, 31 víctimas tenían 25 años y otros 31 jóvenes habían cumplido 26. En las estadísticas se incluyen 108 personas asesinadas de las que la Fiscalía dice que “se ignora” su edad. En total en esa lista que proporcionó la Fiscalía hay 980 personas. El año pasado hubo 578 homicidios de jóvenes de 15 a 35 años de edad, que representaron el 50.8 por ciento de las víctimas en Acapulco, mientras que el segmento de 17 a 30 años sumó 429 muertes, el 37.6 por ciento del total de casos. Cuarenta y cuatro de las víctimas de homicidios tenían 22 años de edad, 39 eran de 25 años, y 38 apenas iniciaban su segunda década de vida. En esta solicitud la Fiscalía también agrega 104 personas registradas “sin edad”. En total, la Fiscalía envió un listado con mil, 139 casos.
HOMICIDIOS REPUNTAN EN LA TARDE De las colonias y horarios en que se cometieron los crímenes este año, los datos de la Fiscalía muestran un repunte de la violencia entre la 1 y las 2 de la tarde, con 64 homicidios; entre las 8 y 9 de la mañana hubo 60 víctimas; entre las 3 y las 5 de la tarde, y de las 11 a las 12 del día, cuando hay 59 muertes registradas por cada hora. Por el contrario, el menor número de casos ocurre entre las 4 y las 6 de la mañana, con 20 asesinatos en dos horas, y entre las 2 y las 3 de la madrugada, horario en el que ocurrieron 14 homicidios. El año pasado, los asesinatos se acrecentaron entre las 5 y las 7 de la tarde, con un total de 125 víctimas; de las 8 a las 10 de la mañana, con 102 homicidios; y el índice aumentó nuevamente entre las 9 y las 10 de la noche con 62 muertes. Entre las 4 y las 5 de la madrugada hubo una disminución del delito, con 14 casos, y la segunda hora menos violenta fue de las 2 a las 3 de la madrugada, con 17 muertes. Por otra parte, según la Fiscalía, en 2015 la mayoría de los asesinatos ocurrieron en las colonias Emiliano Zapata y Centro, con 33 víctimas cada uno, aunque el centro de la ciudad y sus inmediaciones son la zona más violenta si se le suman 11 homicidios en los barrios de La Fábrica, Las Crucitas, El Comino, El Hueso y Petaquillas. En la parte alta del anfiteatro, la violencia se concentró en las colonias colindantes con la avenida Ruiz Cortines, entre la Burócratas y La Cima. Hubo 25 homicidios en La Laja y dos más en la vecina Barranca de La Laja; 26 en la colonia Vista Hermosa; 24 en La Providencia; 18 en la Burócratas; y 17 en la 20 de Noviembre: en total 112 muertes.
En la céntrica colonia Progreso los asesinatos sumaron 25; en la blindada avenida Costera ocurrieron 17; en el fraccionamiento Libertadores y la unidad habitacional El Coloso hubo 16 crímenes, respectivamente; y 15 en la colonia Bocamar. Por su parte, el fraccionamiento de la clase media alta, Costa Azul, y sus alrededores sumaron 14 víctimas el año pasado, ocho de ellas en Praderas de Costa Azul, cinco en Lomas de Costa Azul y una en el fraccionamiento. La misma cifra se acumuló por separado en las colonias Bellavista y Mozimba. El fraccionamiento Magallanes sumó 11 homicidios y en El Roble, Las Playas y el poblado de Llano Largo, hubo una decena de muertos. Un recuento publicado en El Sur el 1 de noviembre, reveló que las colonias Progreso, Ciudad Renacimiento y Centro registraban el mayor número de homicidios dolosos este año, con 80, 60 y 21 casos, respectivamente. Sin embargo, la Fiscalía solo asentó 62 casos en la Progreso y “0” muertes en Renacimiento hasta el 31 de octubre, a pesar de los constantes hechos violentos ocurridos y publicados en estas páginas. Del centro de la ciudad, afirmó que hubo 56 asesinatos y uno más en el barrio de La Fábrica. Otros 32 asesinatos se contabilizaron en el fraccionamiento Hornos; 30 en las colonias La Laja y Barranca de la Laja; 17 más en Costa Azul, 12 de ellos en el fraccionamiento, tres en Lomas y dos en Praderas. En la transitada Costera murieron 16 víctimas más; y en cada una de las colonias Cuauhtémoc, Bellavista, Burócratas y el fraccionamiento El Roble ocurrió una decena de homicidios. El 63 por ciento de las víctimas no identificadas también son jóvenes La Fiscalía respondió que entre el año pasado y los primeros 10 meses de este año suman 76 víctimas de la violencia no identificadas, que de las cuales 12 son mujeres. Entre ellas están ocho mujeres de entre 30 y 37 años que fueron asesinadas en 2015; mientras que cuatro muchachas no identificadas, de entre 21 y 23 años, murieron en los primeros 10 meses de este año. Las 64 personas restantes que no han sido identificadas son hombres de entre 15 y 65 años de edad, de los cuales 28 murieron el año pasado y 36 este año. Del total, el 63.15 por ciento son hombres y mujeres menores de 31 años.
Estas estadísticas de la violencia en Acapulco fueron obtenidas mediante las solicitudes de información con los folios 00339916, 00340016, 00340116, 00340216, 00340316, 00340416, 00340516, 00340616, 00340716, 00342416, 00342516, 00342616, 00342716, 00342916, 00343016, 00343116 y 00343216, en poder de El Sur. FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR. AUTOR: YEE TRUJILLO. LINK: http://www.sinembargo.mx/13-12-2016/3125229
Gran parte no cree en sueldos que declaran funcionarios, revela encuesta del Inegi. Recelo de 72 por ciento de los ciudadanos en cuanto al estado que guarda la economía del país. Consideran que hay manipulación en datos electorales y respecto del desempeño de los gobiernos.
La Encuesta Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revela que más de 75 por ciento de los ciudadanos desconfían de los datos gubernamentales en materia de seguridad y narcotráfico, porcentaje que se eleva hasta 80 por ciento cuando los datos se relacionan con los salarios de los funcionarios públicos. El recelo ciudadano –según el sondeo– coloca también en muy altos porcentajes lo relacionado con el desempeño de los gobiernos (75 por ciento), el uso de los recursos públicos (76 por ciento) y el estado de la economía (72 por ciento). En el desagregado de los rubros donde existe mayor recelo social sobre la información de gobierno también resultaron con altos estándares de desconfianza: elecciones, 77.8 de los ciudadanos; disminución de la pobreza, 74.9 por ciento, y contratos de obras públicas, 63.4 por ciento. En contraste, donde la población sí cree en la información gubernamental sobresale el ámbito de los desastres naturales, con un nivel de confianza de 71.3 por ciento y, de forma distante, 48.5 confían en los datos de apoyos gubernamentales vía programas sociales y 47 por ciento en cuanto a los servicios de salud. Las cifras Según el estudio dado a conocer durante la sesión del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), entre los encuestados las causas que provocan desconfianza en la información que proporcionan las dependencias de gobierno obedecen: a que la información se manipula (82.4 por ciento así lo consideró), no coincide con la realidad (71.4 por ciento), está incompleta (68.9 por ciento), se oculta (62.1 por ciento) y es falsa (58.5 por ciento). Al desglosar los rubros donde hay mas manipulación informativa, destaca que la percepción ciudadana estima –en 59 por ciento– que las áreas donde hay mayor recurrencia de esta práctica son la electoral (59 por ciento), de seguridad pública (49.7 por ciento), desempeño de los gobiernos, y situación real de la economía (46 por ciento). La presentación del documento ante los diversos representantes de los órganos garantes que participan en el SNT también indica que sólo 44 por ciento de la población utilizan las páginas de Internet gubernamentales para obtener información, pero al mismo tiempo destaca que 9.4 por ciento de los ciudadanos no ubican un medio o mecanismo para obtener información oficial. De entre la población que sí utiliza los portales de Internet, más de 40 por ciento lo hace especialmente para consultar requisitos para trámites o servicios; 26 por ciento para conocer referencias de escuelas públicas, y uno de cada cuatro para informarse respecto de los hospitales públicos. En esta lógica, al consultarles sobre la vía idónea para obtener la información de gobierno, los encuestados recomendaron, por mucho, a la televisión como instrumento para informarse (61.5 por ciento), muy por arriba del 41 por ciento que pidió que dicha información se les proporcione a través de los portales de Internet, o el 16.9 por ciento que optó por la radio. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ALONSO URRUTIA. LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/12/13/politica/004n1pol
Ciudad de México. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el panista Fernando Herrera, manifestó que hoy mismo buscará al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el perredista Francisco Martínez Neri, y al presidente de la Mesa Directiva de esa cámara, el diputado Javier Bolaños, para definir los trabajos hacia la elaboración del dictamen para el marco regulatorio que requieren las Fuerzas Armadas. El panista destacó que sin lugar a dudas se llevarán a cabo foros de consulta porque el tema de la seguridad del país es uno de los temas de la más alta prioridad y eso requiere un amplio consenso. Dijo, incluso, que a partir de la próxima semana se podría estar trabajando en las consultas.
CIUDAD DE MÉXICO: La bancada del PRI en el Senado presentará el próximo jueves 15, último día del periodo ordinario de sesiones, la iniciativa presidencial de Ley de Seguridad Interior “para buscar que las demás fuerzas que representan el Senado –PAN, PRD, PT, Verde– busquemos la solución adecuada”, afirmó el coordinador Emilio Gamboa Patrón. En entrevista radiofónica, Gamboa Patrón admitió que es difícil aprobar de manera urgente una Ley de Seguridad Interior, pero advirtió que buscarán que la Comisión Permanente convoque a un periodo extraordinario en enero de 2017. “Voy a buscar que la Comisión de Gobernación, la Comisión de Seguridad Pública, la Comisión de Defensa y Marina se pongan a analizar y reflexionar sobre esta iniciativa del señor presidente de la República y podamos dar certeza jurídica a lo que nos han venido demandando las Fuerzas Armadas, que creo que es justo y necesario”, sentenció Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. El priista descartó que sea difícil convocar a un periodo extraordinario porque “hay consenso en el Senado para dar la certeza que requieren las fuerzas armadas”. Por su parte, el senador Roberto Gil Zuarth, del PAN, quien presentó una iniciativa en la materia desde hace varios meses, afirmó –también en entrevista radiofónica– que el periodo extraordinario se debe convocar “cuando haya consenso” en las fuerzas legislativas. Gil Zuarth admitió que “hay sentido de urgencia” para regular el papel de las fuerzas armadas, pero propuso que se establezca una “política 1-1”, es decir, por cada soldado o marino que retorne a los cuarteles, exista un policía federal que lo sustituya.
GUANAJUATO, Gto: El gobernador Miguel Márquez entregó al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), en Irapuato, una aportación de 16 millones de pesos a nombre “de todos los guanajuatenses”.
Pero no sólo hizo la entrega del dinero, también salió en defensa de esa fundación para responder a “una campaña que –dijo– ocasionó mucha incertidumbre”. Márquez señaló que “de parte de todo el pueblo guanajuatense, a través del gobierno del estado, le vamos a otorgar también (al Teletón) un apoyo para que les llegue a tiempo”.
Acompañado del alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz –quien a su vez entregó un apoyo de 500 mil pesos a nombre del cabildo de ese municipio–, el gobernador acudió este lunes al CRIT, donde resaltó que la sociedad se ha vuelto indiferente. Son pocos los que ayudan y muchos los que critican, subrayó. Añadió: “Yo los invito a seguir trabajando muy fuerte, a que no se dobleguen, a que no pierdan la esperanza y la fe”. Durante la entrega del dinero, el director general del CRIT Guanajuato, Juan Francisco Rocha Ruenes, agradeció al gobernador y dijo que el estado ha sido uno de los pocos que ha cumplido de manera sostenida el compromiso que asumió de destinar presupuesto público a la institución vinculada a Televisa. “Guanajuato, en 13 años, ha sido siempre el primer estado a nivel nacional en apoyar”, señaló el director. En los últimos años el gobierno estatal ha asignado a la fundación Teletón –que este año atendió a poco más de 5 mil familias en tareas de rehabilitación infantil– la cifra de 16 millones de pesos. El acto al que acudió el gobernador en Irapuato para hacer la entrega de los recursos no se notificó a través de la agenda que usualmente se envía a medios.
Copisa Constructora Pirenaic, una empresa española involucrada en uno de los mayores escándalos de corrupción de la España reciente recibió una concesión del Gobierno mexicano, de acuerdo con el diario Reforma.
