A pesar de los programas federales de apoyo a la vivienda, los asentamientos irregulares en México van en aumento. Aunque no se tiene un registro oficial del número total de éstos, es cada vez más común que gente se establezca cerca de las grandes ciudades. Y entre las causas están, principalmente, la pobreza de millones de mexicanos que no logran hacerse de algún crédito que les permita comprar una casa y un desarrollo inmobiliario excluyente, con altos costos que se convierten en el mayor impedimento para siquiera pensar en pagar una renta. La gente ha encontrado una solución en los asentamientos, pero le ha generado otros problemas que no han sido atendidos, a pesar de que la actual administración presumió a nivel internacional su nueva Reforma a la Ley de Asentamientos Urbanos y Ordenamiento Territorial.
En 2014, la Cámara de Diputados emitió un comunicado en el que solicitó “tolerancia cero” hacia los asentamientos irregulares por violar las normas territoriales. Según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), tres de cada cuatro hectáreas que se incorporan a la mancha urbana lo hacen sin respetar la normatividad que los prohíbe. Apenas en octubre de este año, Enrique Peña Nieto llegó al evento Hábitat III, en Ecuador, presumiendo la nueva Reforma a la Ley de Asentamientos Urbanos y Ordenamiento Territorial. Para la asociación civil Techo, la presentación de una Ley que se realizó sin consultar a quienes habitan en esas condiciones, es la muestra de que desde el Estado se está excluyendo a millones de personas que, principalmente por pobreza y por programas sociales clientelares, han recurrido a los asentamientos irregulares. Un asentamiento irregular, dicen, es una muestra de que la pobreza ya no es exclusiva de las zonas rurales, como suele relacionarse, sino que en las grandes ciudades del país hay personas que, con tan sólo cruzar una calle, ya no sujetas al goce de los derechos humanos más elementales. La pobreza, ahora, se ha colado a las grandes ciudades. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el país hay un total de 55.3 millones de pobres y 7 de cada 10 habitan en una ciudad. De acuerdo con una estimación de El Colegio de México (Colmex), en México hay cerca de 12 millones de predios no regularizados. La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tiene información de 12 millones 691 mil 563 hogares que viven en pobreza patrimonial; es decir, el 43.7 por ciento del total de hogares del país, de los cuales 1 millón 353 mil 863 no tienen escrituras del hogar que habitan.
“En México, lo impresionante ha sido ver la urbanización de la pobreza, porque cuando se habla de pobreza se habla de Chiapas o Oaxaca. Y sí, está allá, pero también la tenemos a la vuelta de la esquina. En las ciudades en las que Techo trabaja encontramos que la pobreza es tremendamente fuerte. La pobreza sigue siendo rural, pero ahora es profundamente urbana y ésta se concentra en las periferias de las ciudades y en los asentamientos informales. Eso es la muestra de la pobreza y la desigualdad que se vive en México”, comenta Enrique Cano Bustamante, director de Formación y Voluntariado de Techo México, en entrevista con SinEmbargo.
Cano Bustamante sostiene que el desarrollo urbano ha activado un modelo centrado en la pobreza urbana, en los asentamientos, quienes ahí habitan son personas que no tienen acceso a los derechos más básicos, desde servicios hasta cuestiones de la tenencia de la tierra. “Cuando no hay certidumbre sobre la tenencia de la tierra, la gente corre el riesgo de ser desalojada y está el estigma de que en los asentamientos son personas que son paracaidistas, que invadieron, pero regularmente son personas que no tuvieron acceso a un crédito para una vivienda. Mucho menos pueden acceder a comprar un departamento, que es carísimo. Entonces las personas que no tienen posibilidades tienen que recurrir a estos lugares, que son conocidos como asentamientos informales”, dijo al respecto, Víctor Cruz Faro, jefe de prensa de la misma organización. El desplazamiento del campo a las ciudades coincide con los años en que México apostó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es decir, de 1992 a la fecha.
MÁS POBLACIÓN Y MÁS POBREZA EN LAS URBES Datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la población urbana se duplicó en las últimas tres décadas, mientras que la superficie urbana se multiplicó seis veces, lo que provocó en un incremento en las distancias y tiempos de transporte. Techo trabaja de manera permanente en la Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León y Jalisco, y ahí tiene contabilizados 46 asentamientos irregulares, la mayoría de ellos están a cinco metros de distancia de zonas de alto desarrollo inmobiliario. La organización menciona el caso de la Ciudad de México, lugar donde es difícil pensar que alguien abra la llave de la regadera y no sale agua caliente; sin embargo, el número de personas que no gozan de los servicios básicos va en aumento y sobre todo en este tipo de comunidades. Cruz Faro criticó que el tema ni siquiera esté en la agenda de las políticas públicas y cuando lo está es utilizado para estigmatizar a quienes ahí habitan. Ellos los llaman “arquitectos de sus propias comunidades”, esto porque generan sus espacios, construyen una escalera si la necesitan o arreglan calles que la mayoría de las veces son de terracería. Todo, sin apoyo del Estado o algún crédito. Números del Coneval muestran la carencia por calidad y espacios en la vivienda se redujo sólo 1.3 por ciento de 2012 a 2014. Su último informe nacional refiere que aunque el porcentaje de población con carencia por calidad y acceso a la vivienda ha disminuido de manera continua, pero perdura la cuestión del hacinamiento, sobre todo en las localidades urbanas. La causa de esto la atribuye a que los espacios en las viviendas incumple la normativa, por la existencia de asentamientos irregulares y la alta densidad de vivienda en zonas urbanas.
“En los asentamientos la gente vive segregada. En ocasiones sólo cinco metros divide a la gente que sí tiene derechos con los que no. Estas comunidades por cruzar la calle ya no tienen los servicios básicos. Viven segregados completamente de una ciudad que está a la vuelta y que se desarrolla a unos metros. Es evidente a partir de qué punto la gente ya no tiene agua, drenaje o si quiere servicio de luz, y tiene que conseguirlo por otros medios”, comentó Cano Bustamante.
Techo es internacionalmente conocido por su apoyo en la construcción de viviendas de emergencia que tienen un tiempo de vida de 15 años. Estas casas son construidas por las comunidades, con ayuda de los voluntarios de la organización, que suman ya 50 mil. Desde 2007, año en que la organización llegó a México, han construido 4 mil 014 viviendas de este tipo. Su modelo de trabajo aboga porque las comunidades sean las que participen y se comprometan con mejorar sus condiciones actuales de vida y no recurren al modelo asistencialista. Como lo relata Enrique Cano, la organización es muy bien recibida en las comunidades, a pesar de que ha observado que la gente está acostumbrada a que cada tres años llegan candidatos de todos los colores y hacen promesas o les regalan cosas. Techo desarrollo programas que puedan generar cambios en la comunidad y la gente empieza a trabajar, “nos damos cuenta que quienes habitan ahí trabajan tanto como nosotros. Tenemos el mito o la creencia de que ‘el pobre es pobre porque quiere’, pero ahí es donde nos damos cuenta que ese es un error gravísimo. Tanto trabajan y sudan ellos como nosotros. Las comunidades siempre tienen ganas de trabajar y de vivir mejor para ellos y sobre todo para sus hijos […] Tenemos programas de construcción de vivienda de emergencia, de educación, salud, asistencia jurídica, de oficios, medio ambientales y de alimentación. La gente es quien los gestiona y así Techo y sus voluntarios se hacen a un lado. Son los líderes y vecinos quienes continúan el desarrollo”. Este modo de trabajo se ha convertido también en una denuncia, ya que demuestran que los programas sociales que impulsan el desarrollo productivo de las comunidades son los que generan resultados.
“Queremos que los asentamientos sean escuchados y cualquier política social debe tomar en cuenta a las personas. Ya está caducado ese modelo asistencialista y se tiene que pasar a programas integrales de ciudadanía, que los propios ciudadanos diseñen y participen en el cambio porque la gente está cansada de sólo estirar la mano. Los programas de asistencia condicionada como PROSPERA llevan 30 años y el único cambio ha sido el nombre. Sería momento en que se viera reflejado en la cifra de pobreza, pero no. Con nuestro modelo denunciamos y decimos que hay una opción, que aunque no salva al mundo, pero es una con la que se puede trabajar”, planteó Cano Bustamante.
Faltan 12 días para la Navidad y los mexicanos sacan sus cuentas para, por lo menos, tener una cena de Nochebuena; los platillos tradicionales de ésta rondan en los mil 200 pesos, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio e Industria en Pequeño. Sin embargo, de acuerdo con cifras del Coneval y los programas sociales PROSPERA Y “65 y Más”, 28 millones no tienen asegurado alimento en su mesa, pues padecen de pobreza alimentaria y extrema, mientras que otros 27.3 millones, que viven en pobreza, apenas y podrán probar bocado. En este país de desigualdad, por ejemplo, una anciana que debe mantener a cuatro hijos con discapacidad motriz en San Luis Potosí recibe 12 mil 300 pesos anuales [es decir, 2 mil 050 pesos bimestrales] mediante los programas sociales PROSPERA y “65 y Más”, mientras que los 500 diputados federales ganan, cada uno, 1 millón 320 mil pesos al año y, además, tienen como beneficio esta Navidad 500 mil pesos extras por aguinaldo y bono navideño.
María Macareno, anciana y viuda que vive en Matehuala, San Luis Potosí, recibe cada dos meses 2 mil 050 pesos mediante una beca de PROSPERA [900 pesos] y un apoyo por parte del programa “65 y Más” [mil 150 pesos]. Con ese dinero debe mantener a diario a sus cuatro hijos adultos quienes, al padecer discapacidad motriz, no pueden trabajar, reportó el diario local Pulso hace unos días. Estos potosinos, como 28 millones de mexicanos con carencia por acceso a la alimentación, difícilmente podrán pagar una cena de Navidad. En contraste, la mayoría de los 500 diputados recibió alrededor de 500 mil pesos por aguinaldo, bono navideño y fin de año, lo cual se suma a su salario anual por 1 millón 320 mil pesos, frente a los 12 mil 300 pesos anuales que recibe María. Una cena navideña, para una familia de entre cuatro y seis personas, cuesta alrededor de mil 200 pesos en promedio, calcula la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope). Ésta incluye un pavo, bacalao o pierna de cerdo, además de postres, ponche, botana, refrescos y bebidas alcohólicas. Es decir, María tendría que destinar el 55 por ciento de sus ingresos bimestrales para celebrar con su familia la noche del próxim0 24 de diciembre.
“No permitamos que los diputados reciban el bono escandaloso, ostentoso, ilegal e inmoral que pretende la mayoría de los legisladores recibir, cuando ya tienen su aguinaldo, su dieta; cuando tienen un ingreso mensual satisfactorio muy superior al que reciben la mayoría de los mexicanos”, pidió el ex líder nacional del Partido Acción Nacional, Espino Barrientos.
Sin embargo, hasta hoy, sólo 63 diputados han rechazado el bono navideño por 150 mil pesos. El Programa PROSPERA es la principal estrategia del Gobierno de la República para contrarrestar la pobreza del país. Atiende actualmente a 6.8 millones de familias beneficiarias, que reciben apoyos de educación, salud y alimentación. Considerando que una familia promedio está integrada por cuatro, son beneficiadas alrededor de 27 millones de personas frente a los 55.3 millones de pobres o en comparación con los 11.4 millones que viven en pobreza extrema, registrados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Desde 2016, también se cuenta con la beca de educación superior para que los jóvenes PROSPERA continúen sus estudios. En México, 22.4 millones viven con rezago educativo. En materia de salud, se está afiliando y realifiando a 10 millones de beneficiarios al Seguro Popular, frente a los 21.8 millones de mexicanos con carencia por acceso a servicio de salud. De acuerdo con el diario Pulso, María Macareno solicitó apoyo al Alcalde José Everardo Nava para construir un sanitario, pero no ha tenido respuesta. El Coneval reporta que 25.4 mexicanos sufren carencia por accesos básicos en la vivienda y 14.8 millones por carencia en calidad y espacios en la vivienda. Un lector de SinEmbargo comentó sobre esta nota que Eruviel Ávila Villegas, el Gobernador del Estado de México, una de las entidades con el mayor número de pobres, le regaló un viaje a Valle de Bravo a la joven de San Luis Potosí cuya fiesta de XV años se ha viralizado, y cuestionó: “¿Por qué el gobierno apoya el cotilleo y deja a un lado la realidad de miles de mexicanos?” Otro programa del Gobierno federal es la Cruzada Nacional Sin Hambre. Esta estrategia de política social reconoce que la privación de alimentos es producto de un entorno socioeconómico “complejo y multidimensional”, que requiere de un enfoque integral que involucra múltiples instrumentos de política pública en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, servicios en la vivienda e ingresos. Actualmente 746 mil personas desayunan y comen en sus comedores; 844 mil familias tienen la Tarjeta #SinHambre, beneficiando a 3 millones 374 mil personas y Liconsa brinda servicio a 3 millones 492 mil nuevos afiliados de leche fortificada. Pero son 28 millones los que diario enfrentan la carencia de acceso a alimentación.
ANCIANOS SIN PENSIONES
María Macareno recibe apoyo del programa del Gobierno “65 y Más”; en éste están incluidos 5.5 millones de adultos mayores en México, de los 10 millones de habitantes que rebasan la edad de 60 años. Este programa de pensiones atiende a nivel nacional a las personas adultas mayores de 65 años en adelante, otorgando apoyos económicos por mil 160 pesos con entregas bimestrales y de protección social, por ejemplo, participando en grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud, facilidades para acceder a servicios y apoyos de instituciones que ofrecen empleo como el INAPAM. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 10 millones de habitantes mayores de 60 años en el país, de los que sólo el 25 por ciento [es decir, uno de cuatro] es beneficiario de una jubilación o pensión, expusieron Verónica Montes de Oca, del Instituto de Investigaciones Sociales, y Marissa Vivaldo, académica de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM.
Pero, coincidieron, un porcentaje importante del total de personas mayores que viven en el país sigue trabajando “hasta que el cuerpo aguante”, principalmente en actividades no formales o el subempleo, ya que las pensiones y transferencias institucionales que perciben cada mes “son muy bajas”.
Con motivo del Día Nacional del Adulto Mayor, las académicas explicaron en agosto pasado que el principal recurso económico del que dispone este sector de la población es el apoyo familiar o de la comunidad. Un 20 por ciento de la población adulta mayor, en promedio, es dependiente de sus familiares por las condiciones de morbilidad múltiple (diferentes enfermedades) que desarrollan, destacó Montes de Oca. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DULCE OLVERA. LINK: http://www.sinembargo.mx/13-12-2016/3123922
Mientras no se resuelva el tema de la impunidad en México, no se resolverá el de la inseguridad, dice categórico Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia (Celiv) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, de Argentina. El también autor del libro Drogas, narcotráfico y poder en América Latina, plantea que en la guerra con el narco en México ha prevalecido la “ineficacia institucional”, lo que ha provocado más bajas –entre muertos y desaparecidos– que en las guerras de Afganistán e Irak.
México ha pagado un costo humano extremadamente alto por haber iniciado hace 10 años una “guerra contra el narcotráfico” cuyo mayor beneficiaria ha sido la política prohibicionista de Estados Unidos, dice el sociólogo Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia (Celiv) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, de Argentina. Las decenas de miles de personas asesinadas, desaparecidas o enterradas de manera clandestina en el territorio mexicano son saldos de “dimensiones superiores” a las registradas en conflictos como los de Afganistán o Irak, plantea en entrevista, sin que se advierta una cercana recuperación de la seguridad pública. Al contrario. En Drogas, narcotráfico y poder en América Latina, publicado este año, Bergman explica que la desnudez en la que los grupos del narcotráfico de la región, sobre todo los mexicanos, han dejado la impotencia de las instituciones del Estado, ha generado a su vez los incentivos para que aumenten los delitos extorsivos y, de forma exponencial, la violencia.
“Dado que las instituciones muestran toda su debilidad, y los grupos vinculados al negocio de la droga ya tienen una ‘infraestructura’ delincuencial desarrollada, les resulta relativamente sencillo a ciertos grupos diversificar la ‘cartera’ de negocios criminal”, dice Bergman en su libro.
“Así, van sembrando terror y amenazas sobre un creciente número de individuos. Robos, extorsión, secuestros, trata de personas son, en muchos casos, conducidos por redes, bandas y pandillas que se habrían iniciado en el negocio de la droga”, agrega. Los crímenes “extorsivos” no le dejan más dinero que el narcotráfico a las organizaciones delincuenciales, explica el investigador, pero las condiciones creadas, por ejemplo, en México, los facilitan. “Los grupos que trabajan para estos grandes capos, en sus momentos libres, como ya tienen la infraestructura hecha; es decir, tienen el equipamiento no militar, pero sí de armamento, tienen comprada a la policía, tienen cierto control territorial, entonces les es mucho mas fácil incurrir en extorsiones o secuestros”, explica en entrevista.
“Lo que hemos visto en México, algunas de las consecuencias, efectos que ha tenido la guerra contra las drogas es esta diversificación criminal; es decir, grupos subalternos a los cárteles que han incurrido en otro tipo de delitos más allá del narcotráfico”, sintetiza el investigador especializado en criminalidad y seguridad ciudadana en el continente.
Y en el centro de la problemática, dice, está la impunidad. “Si se tiene, como en México, una tasa de impunidad por homicidio de aproximadamente 85 por ciento; es decir, 85 de cada 100 homicidios no llegan siquiera a una audiencia judicial, ni qué hablar de encontrar a los culpables y condenarlos, quiere decir que la probabilidad de que alguien mate y salga impune es altísima”, plantea.
–¿Cómo impactaron la violencia, los asesinatos, las desapariciones de estos últimos 10 años sobre el resto de la problemática criminal? –Creo que esta es precisamente una de las caras más negras respecto al tema de las drogas. Y esto es porque el crecimiento del narcotráfico y de las rutas entre cárteles, lo que ha generado es lo que llamamos la diversificación. El efecto menos deseado y el más profundo fue éste de la diversificación criminal. ¿Qué significa? Que antes había algunas células, algunos grupos, que traficaban con droga, que la ponían del otro lado de la frontera; había peleas entre cárteles por el control de ciertas plazas o de ciertas rutas; pero, con el avance del narcotráfico, lo que ha ocurrido es que, además, estas mismas organizaciones, o mejor dicho, grupos que trabajaban para estas organizaciones, han empezado a incurrir en otro tipo de delitos, fundamentalmente en el de la extorsión y el secuestro pero también la trata, el robo de gasolina, varios tipos de robos… Esto es producto, en parte, de estos grupos que estuvieron vinculados a los grandes cárteles. No es que éstos extorsionen, algunos sí; pero, en general, los grandes traficantes de droga no entran en el tema de la extorsión para ganar dinero, ganan muchísimo más dinero moviendo la droga hacia Estados Unidos. Pero los grupos que trabajan para estos grandes capos, en sus momentos libres, como ya tienen la infraestructura hecha; es decir, tienen el equipamiento no militar, pero sí de armamento, tienen comprada a la policía, tienen cierto control territorial, les es mucho mas fácil incurrir en extorsiones o secuestros. Lo que hemos visto en México, algunas de las consecuencias, efectos que ha tenido la guerra contra las drogas es esta diversificación criminal; es decir, grupos subalternos a los cárteles que han incurrido en otro tipo de delitos más allá del narcotráfico. –¿Qué pesa más, las debilidades institucionales o el poder de fuego de estas organizaciones?
–Este es un tema muy álgido y un poco complejo, pero estas dos cosas operan en equilibrio. Quiere decir que si hay mucha criminalidad, normalmente hay baja capacidad institucional, y si hay alta capacidad institucional, hay baja criminalidad. Un ejemplo muy concreto: si se tiene, como en México, una tasa de impunidad por homicidio de aproximadamente 85 por ciento; es decir, 85 de cada cien homicidios no llegan siquiera a una audiencia judicial, ni qué hablar de encontrar a los culpables y condenarlos, quiere decir que la probabilidad de que alguien mate y salga impune es altísima. Esto nos habla de que tanto el Ministerio Público como los jueces, los policías, son bastante ineficientes para poder resolver el tema del homicidio. Ahora bien, cuando hay cien mil ejecuciones es muy difícil resolver muchas de ellas. Ningún país en el mundo puede resolver cien o 20 mil o 30 mil homicidios en un año, es muy difícil. Entonces, esto es lo que yo llamo operar en equilibrio, cuando las dos partes, cuando la situación se deteriora a los niveles que se ha deteriorado en Colombia, en Venezuela, Honduras o El Salvador o también en México, es muy difícil que las instituciones funcionen. Es como un círculo vicioso: tenemos ineficacia institucional, lo que provoca más criminalidad, lo que hace que las instituciones sean más débiles todavía y, por tanto, haya más criminalidad. Esto es lo que viene pasando en México. –¿Estamos ante un patrón de ineficacia del Estado, o de protección? –Lo que los académicos hacemos es analizar un conjunto de variables, ver otros casos y comparar con otros países u otros momentos, y decir ¿cuán plausible es que el Gobierno mexicano trabaje para las corporaciones del narcotráfico? Bueno, si me hace esa pregunta, yo diría que no, yo creo que el Gobierno mexicano no trabaja para el narcotráfico. El Gobierno mexicano, especialmente el Gobierno federal, tiene al narcotráfico como gran preocupación y puede llegar a negociar alguna que otra cosa con alguien en particular, obviamente en secreto, pero en términos generales no los protege, como en algún momento sí los protegió y que dio lugar a su crecimiento. –En el inicio, digamos… –Sí, ahí los trabajos de Luis Astorga (del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México) han sido fundamentales para demostrar que el narcotráfico operaba en los años 70 y 80 del siglo pasado con cierto manto de protección o al menos de mirar a otro lado. Esto lo que ha permitido es que estas bandas de narcotraficantes o de contrabandistas de droga, que fue fundamentalmente lo que fueron, contrabandistas de droga, en los años 60, 70 u 80 del siglo pasado, fueron adquiriendo gran cantidad de riqueza y, por tanto, el Gobierno mexicano tuvo que tomar una decisión en algún momento, si seguir protegiéndolos o combatirlos, porque ya se habían crecido demasiado, y hacían demasiado lío, digamos, entre ellos, y eso es lo que precipitó las decisiones, fundamentalmente de (el ex Presidente Felipe) Calderón de combatirlos, digamos. Hasta el fin del siglo pasado no se les combatió, salvo alguna captura, pero nada de gran escala, y ahora sí. Ahora, hay muchos trabajos de colegas académicos que han demostrado que hay cierta propensión en los Gobiernos más bien municipales, donde está ocupando fuertemente el narcotráfico, que los jefes municipales o sus policías, o aun en algunos casos hasta en los estados, ha habido documentación, donde sí hubo ‘captura’. Le llamamos ‘captura’ al hecho de que el jefe municipal trabaja para la banda del narcotráfico, y no al revés, no es una mordida, sino que directamente trabaja para él, eso es ‘captura’. Y algunos casos aislados de captura sí hay. Lo que sí hubo es connivencia, lo que sí hay es mordidas, obviamente, e intimaciones, intimidaciones, ese tipo de cosas. Es decir, estamos en un estado en México donde, en algunos lugares, directamente está cooptado el poder político, como en Michoacán, en algunas ciudades, municipios han sido cooptados por el narcotráfico, y en otros se mantiene una suerte de equilibrio de guerra de gato y ratón, se persiguen unos a otros, y a veces mandan los narcos y a veces mandan las instituciones, los gobernadores o el ministerio público, que son más fuertes en algunos momentos y en otros no. –Menciona en su libro que la corrupción “socava tareas muy elementales del Estado”. ¿Qué tanto ha ocurrido esto en México?
–La tarea más importante del Estado en cualquier lugar del mundo es proveer seguridad. Hay ciertos lugares del territorio mexicano donde el Gobierno no puede proveer la seguridad básica de sus habitantes. Y los Gobiernos y los Estados que no pueden proveer seguridad incumplen su razón de ser más importante. Entonces, hay ciertos estados y municipios en México donde los Gobiernos no pueden proveer la seguridad básica, y esto ha socavado parte de su legitimidad, porque no pueden hacer este trabajo. Además de todo, el hecho de estar en esta guerra contra el narco, no les permite atender otros problemas, como son los problemas de desarrollo social, de prevención al delito, educación, etcétera, son problemas serios que vienen arrastrándose desde hace muchísimos años en México. Entonces, no digo que en todos lados es así, porque en algunos municipios, al menos que se haga un esfuerzo enorme, con una enorme cantidad de recursos, que es el caso de Ciudad Juárez, por ejemplo, la mayoría de las funciones que debe cumplir el Estado quedan relegadas y postergadas, porque es devastador el esfuerzo de la lucha contra el narcotráfico. –En su libro hay varias definiciones de términos asociados a esta problemática, como cártel o corrupción, entre otros. ¿Podríamos definir que esto que ocurrió en México es una “guerra contra las drogas”? –Yo diría que, a partir de la política explícita de Calderón, cuando asume, lo que hay es una guerra contra el narcotráfico. Y hay que hacer una diferencia nada sutil entre narcotráfico y droga, obviamente. La guerra contra las drogas, o el esfuerzo para que la gente no consuma, para que no haya drogas en el mercado, en fin, fundamentalmente un esfuerzo para limitar la distribución de droga en el mercado doméstico. Pero lo que ha pasado con Calderón es que él, más que nada, trató de descabezar, de romper las estructuras de los grupos que traficaban la droga fundamentalmente a Estados Unidos. Entonces, es una guerra contra los grupos que se dedicaban al narcotráfico. Esa sería una definición más concreta. Sigue aun en este sexenio sin la nomenclatura o la exposición que le dio Calderón en el suyo, pero sigue siendo el Gobierno de Enrique Peña Nieto un Gobierno en lucha contra el narcotráfico. El ejemplo más cabal es, por supuesto, el encarcelamiento de Joaquín Guzmán. –Y en es sentido, si se trataba de hacer esto, de descabezar los grupos, ¿cuál es el balance después de 10 años? ¿Fue lo correcto?
–La historia todavía se tiene que escribir, pero hay algo que es indudable: el precio que ha pagado México ha sido tremendo, dejará sus secuelas por años y tal vez décadas. 25 mil personas, que es la información que tengo, en narco fosas, decenas de miles de desaparecidos, más de 100 mil ejecutados, con nombre y apellido, estas son dimensiones superiores a la guerra en Afganistán, en Irak, ha tenido un enorme costo humano. Esto es indudable, sin que, necesariamente, al día de hoy podamos decir ‘estamos mejor, ha parado la delincuencia, la criminalidad, se ha pagado un precio pero estamos en la vía adecuada de recuperación’, eso no lo podemos decir hoy, lamentablemente.
Lo que ha sucedido hasta hoy, claramente, ha sido de un costo humano demasiado grande, sin resultados que uno dijera: ‘estamos mejor’. ¿Podría haber estado peor? Puede ser que sí; no sabemos qué hubiese pasado si no se hubiese hecho nada. La experiencia nos indica que algo había que hacer, no necesariamente esa política, pero algo había que hacer, porque México estaba sufriendo los embates de peleas del narco por el gran negocio del tráfico de drogas a Estados Unidos. Pero, a mi juicio, son más los pasivos que los activos, más lo negativo que lo positivo. –¿Hay punto de retorno en esta escalada de criminalidad? –Siempre hay retorno y nunca hay que perder el optimismo. Pero el punto es que, lo que hay, cualquier política que trate de recuperar el tejido social, tiene que ser una política que sume y no divida a los mexicanos, que haya un consenso de que hay que hacer fuertes inversiones en lo social, tiene que ser un país en donde las aspiraciones de los jóvenes puedan concretarse, y que la venta de la droga, el trabajo de los carteles no sea un instrumento de salvación pasajero, sino que sencillamente que sea deplorable eso, porque hay otras oportunidades mejores y más seguras, y por eso hay que invertir mucho, tiene que haber una conciencia de que hacia eso vamos. ¿Qué tan importante es el combate a la impunidad para esto?
–Desde luego, mientras no se resuelva el tema de la impunidad, no se va a resolver el tema de la inseguridad. Tiene que haber un compromiso muy fuerte de los gobiernos, de toda la sociedad. Ahora, no hay balas de plata, no es una medida o dos o tres, y en dos o tres años estamos del otro lado. No, esto va a demorar muchos años, a requerir mucha inversión. No descarto que esto sea posible, hay países que han vuelto de esto, que todavía no son del todo pacíficos; pero, por ejemplo, Colombia estuvo en una situación mucho peor a la de México, y hoy pareciera encarrilarse, todavía con sus problemas. Perú ha tenido problemas y hoy es un país pacífico, relativamente. Sudáfrica ha tenido problemas enormes de otro tipo, pero enormes, y hoy es una comunidad más o menos organizada. Todos estos ejemplos, y muchos otros, lo que nos dicen es que las sociedades no pueden partidas en dos. Tienen que unirse y comprometer muchos recursos y muchos esfuerzos por este periodo. Ojalá México esté en ese punto de entender que hace falta eso, que hace falta que todos los mexicanos se unan y pueden tomar medidas, aunque sean poco simpáticas para los Estados Unidos, respecto a qué hacer con las drogas.
–¿Como cuáles? –Desde la despenalización del consumo, no hablo de legalización, o no hacer la guerra que los norteamericanos quieren que los mexicanos hagan. También eso es un tema de negociación con Estados Unidos, pero claramente México ha pagado un precio extremadamente caro por esta guerra, cuyo mayor benefactor es la política prohibicionista de Estados Unidos. México también la adoptó, por buenas razones también. Cuando alguien dice no hay que dejar que los narcos tengan demasiado poder, está bien pensada esa lógica, no es bueno tener mafias. Sin embargo hay formas de lidiar con la mafia que no sean justamente la pelea así frente a frente, porque México no tiene el tipo de ejército o inteligencia o de capacidad institucional como pueden tener otros países. Entonces, hay que revisar esto. –¿Se espera algo similar, ahora que Argentina ha declarado también que aumentará el combate al narcotráfico?
–No hay punto de comparación con la droga que circula en México. Por México pasan cerca de 300 toneladas de cocaína por año a Estados Unidos, en esos órdenes, y en Argentina pasa el cinco o hasta el 10 por ciento de esta droga, hay una diferencia abismal en la cantidad de droga. Y lo que le decía, Argentina, aun con sus deficiencias institucionales tan graves, la tasa de impunidad es aproximadamente 50 por ciento. En México es 85. Es decir, que todavía la probabilidad de que alguien cometa un homicidio y lo lleven preso, es mucho más alta en Argentina y por tanto todavía esperemos que siga así, que no se descarrile. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO. LINK: http://www.sinembargo.mx/12-12-2016/3123999
El secretario José Antonio Meade afirmó que los impuestos a las gasolinas no se modificarán, por lo cual la parte tributaria no debe ser motivo de incertidumbre o especulación.
Con la liberalización gradual y por regiones de las gasolinas y el diésel a partir del 1 de enero de 2017, el precio “a veces sube y a veces baja”, en función de los costos de estos combustibles, precisó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña. En el marco de la entrega del premio Banco Nacional de México de Economía 2015 de Citibanamex, afirmó que los impuestos a las gasolinas no se modificarán el año próximo, por lo cual la parte tributaria no debe ser motivo de incertidumbre o especulación. El encargado de las finanzas públicas precisó que en aquellas regiones del país donde el precio de gasolina y el diésel no sea liberado, se aplicará una fórmula determinada para fijarlo, pero eso ya no lo hará la Secretaría de Hacienda. “Se moverá (el precio) lisa y llanamente y con toda transparencia en función de cómo se vayan ajustando los costos”, subrayó Meade Kuribreña en entrevista previa a la ceremonia de premiación del galardón de Citibanamex. Señaló que ante un precio tan relevante como el de las gasolinas, debe tomarse en consideración que éste debe reflejar sus diferentes elementos y componentes de costo, los cuales van desde la logística hasta el costo de los insumos. Meade Kuribreña comparó lo que pasó con el tipo de cambio, que cuando fue fijo y administrado, solamente subía, pero en la medida que se empezó a pasar a un esquema de flotación, la paridad cambiaria “a veces sube y a veces baja”. “Eso sucederá igual en el caso de las gasolinas; subirá cuando suban sus costos, bajará cuando se reduzcan sus costos, y eso implicará que su impacto inflacionario se vaya atenuando en el tiempo, toda vez que habrá en el precio de la gasolina, como en cualquier otro precio en la economía, ocasiones en donde suba y ocasiones en donde baje”, añadió. A la pregunta de si con la liberalización del precio en los próximos meses habrá gasolina más cara, aclaró que eso dependerá del entorno, pues en la medida en que se incrementen los costos, esto habrá que reflejarlo en el precio, como funciona cualquier otro precio de la economía. El hecho de que se vayan mandando señales por la vía del precio, alentará la inversión y fomentará la posibilidad de que los mexicanos escojan de entre diferentes actores que participen en el mercado de las gasolinas, dijo. “Pasaremos de un entorno en donde teníamos una sola gasolina, un solo precio y un solo proveedor, a un esquema donde tengamos más libertad, más posibilidades de escoger y donde los precios vayan reaccionando en función de cómo se vayan ajustando los costos, insisto, como cualquier otro precio de la economía”, sostuvo. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) consideró que no debe haber especulación sobre el precio de las gasolinas y el diésel, porque todos sus elementos son públicos y en ellos habrá “una enorme predictibilidad”. Comentó que los costos están a la vista de todos, hay respeto de ellos, hay precios futuros en los mercados internacionales, información de mercados y los impuestos no se van a modificar, por lo tanto, “desde el punto de vista de lo tributario no habrá ninguna incertidumbre”. Recordó que por muchos años hubo un impuesto especial a las gasolinas que variaba, de acuerdo con el precio internacional y el precio doméstico, pero ahora los impuestos habrán de mantenerse fijos, y por lo tanto en ellos “no habrá un elemento de incertidumbre adicional”. “Los márgenes habrán de determinarse por competencia y la logística por inversiones, por lo que no hay un solo elemento de los que estén presentes en la determinación de los precios que no sea conocido, que no se pueda consultar, que no sea transparente, por lo tanto no debe haber espacio ni de incertidumbre ni de especulación”, afirmó. Sobre la reunión que sostuvo este mediodía con exsecretarios de Hacienda, Meade Kuribreña comentó que intercambiaron experiencias y recibió de ellos “orientación y consejo”, y si bien ésta no es la primera de este tipo, “ahorita fue especialmente oportuno”. En cuanto al diagnóstico del país expresado por estos exfuncionarios, reveló que “tenemos que seguir trabajando, que tenemos que cuidar a la economía, sus fortalezas, al consumo, que tenemos que incentivar a aquellos sectores que nos ofrecen la posibilidad de darnos aliento en lo interno”. Además, “que tenemos que seguir trabajando para comentar, señalar la importancia que tiene la relación y la capacidad que tenemos de manera conjunta de construir prosperidad compartida”, dio a conocer el funcionario federal. A pregunta expresa, rechazó que los exsecretarios de Hacienda advirtieran riesgos sobre la estabilidad de México. “No, la verdad coinciden todos en que la economía mexicana tiene fortalezas”, dijo. Por otra parte, afirmó que ante el actual entorno de volatilidad, la dependencia ha venido tomando las medidas pertinentes, algunas de las cuales son precautorias y tienen que ver con el prefondeo de todas las obligaciones de refinanciamiento neto que se tienen para 2017. Asimismo, se han tomado medidas estructurales, como el acompañamiento de la Secretaría de Hacienda al nuevo plan de negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex), pasando por las medidas de responsabilidad que están incorporadas en el paquete económico 2017. “Estamos permanentemente vigilantes y pendientes de identificar en el entorno cualquier cosa adicional que podamos hacer o ajuste que tengamos que realizar”, subrayó el encargado de las finanzas públicas del país. En su intervención en la entrega del premio Banco Nacional de Mexico de Economía 2015 de Citibanamex, destacó que en medio de la volatilidad actual, esta institución financiera lideró apenas la semana pasada la que fue la transacción financiera más importante en lo que va de la historia del sector energético mexicano, como es la alianza de Pemex con la petrolera australiana BHP Billiton para la exploración y producción del bloque Trión en aguas profundas del Golfo de México. Refirió que desde hace más de 78 años que Pemex no podía aliarse con un inversionista del resto del mundo que trajera aquí inversión y capital, y al día siguiente de hacerlo y anunciarlo salió también a los mercados, mandando con ello una señal de confianza de México a los mercados, de los mercados en México. Comentó que en una reunión hoy con el director de Pemex, José Antonio González Anaya, éste destacó que el sector energético latinoamericano vio en esa señal un espacio de aliento para que, en medio de la incertidumbre, quienes tengan capacidad de estructurar alternativas importantes de inversión, habrán de encontrar mercado para ellas. “Esa operación que se constituyó en el libro más importante de la historia del país, un libro que fue suscrito por más de 30 billones de dólares, fue liderado por Citibanamex. Y eso nos recuerda que Citibanamex está en la frontera del fomento al arte cultural, del fomento a la cultura y de las operaciones bancarias y financieras del país”, agregó Meade Kuribreña. Por su parte, el director general del Grupo Financiero Citibanamex, Ernesto Torres Cantú, afirmó que ante el deterioro del panorama de la economía global, México está mejor preparado que nunca para enfrentar escenarios de incertidumbre y ha probado ser flexible y tener un alto grado de adaptabilidad. Señaló que Citibanamex está convencido de los enormes beneficios que la cooperación y la integración entre México y Estados Unidos tienen para ambos países en términos de crecimiento, desarrollo y bienestar, y ha creído, apostado e invertido en ello con magníficos resultados. “Citibanamex es, indudablemente, la empresa que mejor representa el potencial de la colaboración y complementariedad entre México y Estados Unidos”, añadió el directivo de esta institución financiera de capital estadunidense. Torres Cantú expresó que Citi está convencido de las magníficas perspectivas de crecimiento y desarrollo de México, del enorme potencial del mercado mexicano y de la importancia de impulsar y fortalecer su negocio en el país. La prueba más clara de ello es el anuncio que hizo a principios de octubre de invertir más de 25 mil millones de pesos durante los siguientes cuatro años, en adición a los 20 mil millones de pesos anunciados en 2014, resaltó. Expuso que esta inversión fue ratificada después del resultado de la elección presidencial en Estados Unidos, “una prueba de que nuestro compromiso es de largo plazo y está más allá de los vaivenes políticos en ambos lados de la frontera”.
Por eso, en 2017 seguirá adelante con su plan de inversiones y mantendrá su compromiso por ofrecer la mejor experiencia bancaria en el país, aprovechando el alcance global de Citi y la presencia y conocimiento del mercado local de Citibanamex, conjugando lo mejor de México y lo mejor del mundo. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://aristeguinoticias.com/1412/mexico/precios-de-las-gasolinas-se-moveran-conforme-a-costos-de-2017-hacienda/
La obra que se entregará el jueves 15 de diciembre es la ampliación a 10 carriles en 12 kilómetros y a seis carriles en otros dos kilómetros.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que a partir del 15 de diciembre estarán listos dos tramos del Libramiento de Cuernavaca (paso exprés), el cual estará terminado en marzo de 2017. Explicó que los motivos que han diferido la conclusión de los trabajos de esta obra son la reubicación de tubería de abasto de agua potable y drenaje, canales de riego y estructuras habitacionales comprometidas. La dependencia precisó en un comunicado que la obra que se entregará el jueves 15 de diciembre es la ampliación a 10 carriles en 12 kilómetros y a seis carriles en otros dos kilómetros. Sin embargo, la infraestructura en su totalidad estará terminada en el primer trimestre del próximo año, periodo donde se ejecutarán los trabajos faltantes para complementar los 14 kilómetros a 10 carriles de concreto hidráulico. Actualmente se trabaja en la conclusión del Puente Amatitlán, los pasos inferiores vehiculares de Palmira y Las Águilas, el paso inferior peatonal CONALEP y otras obras complementarias. Destacó que ya están en operación siete kilómetros de la vía, además de los puentes vehiculares Chamilpa y Ahuatepec, que están en funcionamiento desde julio de este año. El proyecto integral consiste en ampliar el Libramiento de cuatro a 10 carriles, de los cuales cuatro servirán para el tránsito de largo itinerario y los seis restantes serán usados para el tráfico local. La obra contempla una inversión aproximada de dos mil 169 millones de pesos y beneficiará directamente a más de 940 mil habitantes, y es fundamental para mejorar el transporte de personas y mercancías en la zona centro del país.
Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador de Puebla, hace caso omiso a los ordenamientos y sanciones del Instituto Nacional Electoral, el cual ha conocido de al menos seis casos en donde el mandatario viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los recovecos legales de la Ley Electoral mexicana, dicen analistas y políticos a SinEmbargo. El Partido de la Revolución Democrática exige al órgano federal electoral que proceda de oficio en contra del mandatario poblano.
A pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha emitido sanciones en contra de la promoción en distintos medios de comunicación de Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador de Puebla, el mandatario hace caso omiso y viola la Constitución y las leyes electorales reiteradamente, acusó Octavio Martínez Vargas, secretario Electoral del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en entrevista con SinEmbargo. De hecho, el Gobernador se empeña, como lo ha hecho el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en pasar por alto los ordenamientos y multas en al menos seis casos, gracias a los recovecos legales que tiene la legislación mexicana, por lo que el INE sólo puede actuar en casos que el órgano electoral ha conocido, explicaron también a este medio digital analistas y consejeros electorales.
“La Constitución establece que ningún servidor público puede promocionar su nombre, excepto los 12 días cuando rinde su informe; aquí no es el supuesto. Estamos observando a un servidor público que es el titular del Ejecutivo estatal de Puebla, promocionando su nombre y su imagen en estas revistas que se distribuyen en tiendas de conveniencia; a juicio nuestro viola flagrantemente la Constitución, y el INE está obligado a conocer de este tema e iniciar los procedimientos jurídicos de manera ordinaria y de oficio”, dijo Martínez Vargas.
El pasado 1 de noviembre, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió medidas cautelares en contra de Moreno Valle, luego de que el PRD Puebla interpusiera una denuncia en contra del Gobernador por promocionar su imagen en revistas, transporte público y espectaculares. Un mes después, el 1 de diciembre, la Comisión ordenó a Moreno Valle “abstenerse de realizar, durante las entrevistas que conceda en medios de comunicación, expresiones que destaquen sus cualidades personales y logros de gobierno que pudieran posicionarlo con fines electorales y afectar la equidad en la contienda electoral”, informó a través de un comunicado de prensa. La controversia se desató cuando Joaquín López Dóriga entrevistó al Gobernador en su programa “Si me dicen no vengo” de Televisa. Ahí Moreno Valle afirmó, una vez más, que iría por la candidatura del PAN para contender por la Presidencia de la República en 2018. Este martes, Rafael Moreno Valle de acuerdo con Periódico Central, apareció en la portada de la publicación impresa gratuita de clasificados Sólo Ofertas, que tiene un tiraje de un millón 680 mil ejemplares y presencia en Puebla, Guadalajara y Monterrey. En esa revista se le realizó una entrevista a la que titularon “Puebla, a la Vanguardia”. De acuerdo con Periódico Central, la entrevista se promociona en la Internet, así como en las tiendas de conveniencia Oxxo, Vips, Soriana, Sanborns y diversas cadenas de farmacias, sin costo alguno.
“No se requiere que se interponga algún procedimiento por algún instituto político o algún ciudadano, el INE puede investigar de oficio; sin embargo el PRD está trabajando en el recurso jurídico correspondiente, a tal efecto que sea retirada la publicidad de estas tiendas de conveniencia, y si existe una sanción, como consideramos que así es, que se aplique al Gobernador de Puebla”, agregó Martínez Vargas.
Pero José Roberto Ruiz Saldaña, Consejero del INE, explicó a SinEmbargo que el incumplimiento de las medidas cautelares se sigue por procedimientos ordinarios sancionadores de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. “Jurídicamente el INE no podría requerir al Gobernador generalizadamente que no se promueva, sino sólo como resultado de los Acuerdos que ha emitido la Comisión de Quejas y Denuncias en los casos concretos que ha conocido”, dijo. Gustavo López Montiel, experto en partidos políticos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), detalló que casos como el de Moreno Valle son complicados, pues es difícil comprobar que los espacios se pagaron con recursos públicos.
“Al final de cuentas son los problemas que tenemos con este modelo [el electoral] es que encuentran resquicios para que le puedan dar vuelta a la Ley. La autoridad electoral actúa en casos concretos y no puede ser genérica”, dijo López Montiel.
El analista precisó que esa es la razón por la que Moreno Valle, y otros políticos y partidos, incurren una y otra vez en promocionarse, aún cuando hay ordenamientos y multas del INE. “Serían todos los políticos. Con respecto a la Ley, hay veces en que los casos son similares y la autoridad interpreta cosas distintas; por los hechos, la interpretación es distinta”, destacó Gustavo López.
HISTORIA DE OMISIONES A ORDENAMIENTOS DEL INE En agosto de 2015, el “Informe Libertad de Expresión en Venta”, elaborado por Artículo 19 y Fundar Centro de Análisis e Investigación, documentó que la publicidad de Moreno Valle se había extendido hasta en 26 entidades del país, donde fueron transmitidos anuncios de cine, radio y televisión para difundir sus informes de labores de 2012 y 2014. Las organizaciones afirmaron que aunque el Gobernador poblano fue encontrado responsable por violar la Constitución y los límites de difusión, no se habían girado sanciones efectivas en su contra. En enero de este año, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a la revista Vértigo retirar la publicidad de la portada dedicada al mandatario con el título “Moreno Valle: ‘Creamos las condiciones para atraer la inversión”. Y en julio el INE sancionó a los partidos políticos en Puebla con 14.2 millones de pesos por irregularidades en las campañas de la elección del 5 de junio. El PAN fue el caso más relevante, pues ocultó gastos sobre mítines y promocionales. Luego, el 31 de octubre, el INE ordenó a la revista Líderes de México retirar los espectaculares que colocó por todo el país para promover la portada sobre Moreno Valle titulada “El nuevo presidenciable”. Pero los casos no cesaron y el 25 de noviembre el instituto ordenó a la revista TVNotas y a la “Compañía Internacional de Radio y Televisión” retirar la propaganda a favor del Gobernador, debido a que el mandatario se promocionaba excesivamente rumbo a la elección presidencial de 2018. Hace un mes Periódico Central y Zona Franca documentaron que en cinco meses, de julio a los días primeros de noviembre, Rafael Moreno Valle recorrió 16 estados del país con la finalidad de promocionar su Gobierno y dar a conocer sus aspiraciones de contender en los comicios de 2018. Por ejemplo, el Gobernador se promocionó en Durango y en Guanajuato en el marco de la conferencia “Gobiernos Humanistas, cambio con responsabilidad”, en donde dijo que a los mexicanos no debería dárseles promesas, sino “un proyecto de Nación que atienda las necesidades de cada estado”. En Guanajuato dijo que ahí y en Puebla, el PAN demostró que “sí sabe gobernar” y habló de sus logros de Gobierno. De acuerdo con el secretario Electoral del PRD, Octavio Martínez, Moreno Valle podría ser sancionado con la inhabilitación o con la prohibición de postularse para contender por otros cargos públicos, si el órgano electoral lo investiga adecuadamente.
“Lo que le corresponde a la autoridad electoral es solicitar al Gobernador y a la empresa que hizo la publicidad, que presenten el convenio para la publicidad y veremos que de su bolsa [de Moreno Valle] no salió el dinero; que seguramente se están utilizando recursos públicos para este efecto. Espero que no le lleve tiempo, que lo haga a la brevedad posible y lo sancione”, finalizó.
Silvia Ortiz, vocera del Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (Vida), dio a conocer que desde el pasado sábado fueron hallados más restos óseos, molares y casquillos de arma de fuego en un predio de la localidad Estación Claudio.
Más de 5 mil restos humanos fueron hallados en un predio del municipio de Viesca, Coahuila, por las misma organización que reveló la existencia del “centro de exterminio” en el Ejido de Patrocinio. Silvia Ortiz, vocera del Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (Vida), dio a conocer que desde el pasado sábado fueron hallados más restos óseos, molares y casquillos de arma de fuego en un predio de la localidad Estación Claudio.
Esta es la cuarta vez que los familiares de desaparecidos revisan el lugar en este año. Y desde hace dos años, las familias de desaparecidos revisan el área en búsqueda de sus familiares. El predio mide alrededor de tres hectáreas, aunque sólo se pudo revisar un cuadrante cerca de 100 metros cuadrados, dijo la activista al diario Reforma. Patrocinio mide al rededor de 43 hectáreas “Los de la Policía Científica nos dijeron que Estación Claudio es un Patrocinio chiquito, se encontraron unos 5 mil [restos], pero no se terminó de revisar el área”, aseguró Ortiz al medio de circulación nacional. La mujer dijo a Reforma que es necesario que sigan las búsquedas en ambos lados “pero no pueden solos los de la Científica, se supone que la PGJE [Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila] iba a auxiliarlos, pero no, ahora están pidiendo la colaboración para que ellos se vayan a Claudio y los otros sigan en Patrocinio”. Silvia Ortiz dijo a El Siglo de Torreón que espera que estas labores se intensifiquen al menos esta semana debido a que serán suspendidas por el período vacacional. Anteriormente, en el ejido Patrocinio se encontraron aproximadamente 3 mil 488 restos óseos, de los cuales el Gobierno aseguraba que formaban parte de seis cuerpos, sin embargo en el ejido se quemaban y desaparecían personas todos los días, afirmó el Grupo Vida. La organización escarba y busca restos óseos en el lugar desde hace un año y 10 meses. El 28 de abril de 2015 las familias de desaparecidos encontraron restos humanos, algunos con tejidos. Pero no fueron los únicos. Desde ese momento a la fecha el grupo de 50 familiares que conforma Grupo Vida visitó el lugar en 14 ocasiones más y encontró, en todas las visitas, restos óseos en distintos puntos.
El pasado 7 de octubre se descubrieron en el lugar mil 147 restos humanos, cifra que en unos días aumentó. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/13-12-2016/3125458
Irónica, falta de autocrítica y electorera. Así califican tres especialistas en derechos humanos y en la narcoguerra en México la expresión de Margarita Zavala Gómez del campo, auto declarada precandidata presidencial del Partido Acción Nacional para las elecciones presidenciales de 2018. Sus dichos, coinciden, no muestran un reconocimiento de los errores cometidos desde el sexenio del también panista Vicente Fox y que su marido, el ex Presidente Felipe Calderón, exacerbó al lanzar la guerra contra el narcotráfico en México, una estrategia fallida que ha dado menos resultados en la administración del priista Enrique Peña Nieto.
En la víspera de que se cumpliera una década del despliegue militar iniciado por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa contra grupos del narcotráfico, una política se pronunció por el regreso de las tropas a los cuarteles: Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del mismo ex mandatario que los puso por miles en las calles y hoy auto declarada precandidata panista a la Presidencia de la República.
“Yo quiero que los delincuentes estén en la cárcel, que los ciudadanos caminen libres en las calles, que policías, fiscales y jueces protejan a los ciudadanos. Y entonces sí, esto permitirá que suceda lo que por supuesto también quiero: quiero que nuestros soldados y nuestros marinos regresen victoriosos a los cuarteles”, dijo el pasado sábado 10 de diciembre.
Por provenir del círculo político más estrecho del calderonismo, sin embargo, el mensaje fue considerado como “irónico”, “electoral” y poco creíble. Además, de acuerdo con la investigadora Laura Atuesta Becerra, trasluce la misma ausencia de autocrítica que han mostrado Calderón Hinojosa y el resto de los mandatarios que han recurrido a la estrategia de usar al Ejército en tareas de seguridad pública, iniciada hace dos décadas pero masificada a partir del 11 de diciembre de 2006.
“Tanto el ex Presidente Vicente Fox Quesada, como Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en algún momento, por más que hayan dicho: ‘esta es la solución’, tienen que darse cuenta de que no lo fue. Cuando se implementa una política pública, en algún momento se tiene que evaluar y decir si estamos haciendo algo mal y no podemos seguir haciéndolo”, dice Atuesta Becerra, académica del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“Entonces, por más que haya sido la primera dama, o que sea panista o por más que sea de derecha, yo pienso que, si quiere ser Presidenta, tiene que empezar a evaluar qué se hizo bien o qué se hizo mal”, agrega la también autora de “La política de drogas en México 2006-2012: análisis y resultados de una política prohibicionista”. Zavala Gomez del Campo expresó su opinión con respecto a los militares en un evento partidista en la Ciudad de México. Al siguiente día se cumpliría la primera década de que el Gobierno de su esposo y compañero de partido anunciara el inicio de “la recuperación de los espacios públicos que la delincuencia organizada ha arrebatado”.
Diez años después, sin embargo, México es todavía el principal proveedor de drogas ilegales del mercado norteamericano, de acuerdo con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y, en territorio nacional, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el delito de asesinato ha dejado más de 186 mil víctimas entre diciembre de 2006 y diciembre de 2015. La presencia del Ejército en zonas urbanas de Nuevo León, Chihuahua, Baja California y otros estados se tradujo asimismo en una multiplicación de casos de violaciones a derechos humanos, con decenas de evidencias de allanamientos, detenciones ilegales, tortura e incluso, como en el municipio mexiquense de Tlatlaya, con ejecuciones extrajudiciales. “Los estados en los que se dieron más violaciones a los derechos humanos (tomando como referencia el número de recomendaciones emitidas) fueron Chihuahua, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas (…) las más recurrentes fueron la tortura, la detención arbitraria y la ejecución extrajudicial”, indica Atuesta en su análisis sobre la política prohibicionista, publicado en 2014.
“Lo que demuestran los datos es que las violaciones a los derechos humanos en el marco de la lucha contra el narcotráfico fueron particularmente abundantes durante en el sexenio de Calderón”, agrega.
El 8 de diciembre pasado, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, reclamó que los legisladores y otros sectores gubernamentales no hacen su trabajo en el combate al crimen y por ello el Ejército tiene que salir a las calles.
“Nosotros no pedimos estar aquí [en las calles]. Si quieren que volvamos a nuestros cuarteles soy el primero en alzar la mano para regresar a nuestras tareas constitucionales. Esto [violencia] no se resuelve a balazos, falta compromiso de muchos sectores para que esto camine, se requieren de otros componentes como presupuestos”, expuso el General Secretario en una conferencia al hacer un balance a 10 años de que las Fuerzas Armadas recrudecieron su embate contra la delincuencia organizada.
El titular de la Sedena lamentó que en ese periodo las policías estatales no se hayan reestructurado y que haya muerto una alta cantidad de mexicanos sin importar el bando. JUÁREZ: 11 MIL ASESINATOS EN 4 AÑOS DE CALDERÓN
La disputa por el territorio y las rutas del narcotráfico fue notoriamente violenta en Ciudad Juárez, donde entre 2008 y 2012 se registraron alrededor de 11 mil asesinatos. Y ahí, como primera dama, Zavala presenció en 2010 el reclamo de justicia que le hizo a su esposo la ciudadana Luz María Dávila, madre de dos de las víctimas asesinadas ese año en el fraccionamiento Villas de Salvárcar. “No me diga ‘por supuesto’, ¡haga algo!”, le dijo Luz María Dávila a Calderón, sentado junto a Zavala en el presídium de un encuentro de su gabinete con diversos sectores de la sociedad civil de esa frontera.
“Si a usted le hubieran matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba al asesino, pero como yo no tengo los recursos, no los puedo buscar”, agregó la madre de familia.
De acuerdo con el abogado juarense Gustavo de la Rosa, representante de las familias víctimas de esa masacre, a partir de ese encuentro con Luz María Dávila, Zavala mantuvo el contacto con el resto de los afectados y, en diversos encuentros, comentaba no haber previsto que la estrategia tuviera tan violentas consecuencias. “Decía: ‘¿cómo es posible que algo que se veía lógico, que la disputa iba a ser entre el narco y el Estado, resulta que los narcos van y asesinan a 15 personas? Eso nunca se previó en ese sentido”, narra De la Rosa. “Decía que pensaba que tal vez hubiera muertes incidentales, pero jamás una respuesta de ese tamaño”, agrega el ex visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua y quien documentó diversas actuaciones ilegales del personal castrense desplegado en Juárez. Públicamente, sin embargo, dice De la Rosa, Zavala nunca hizo una crítica a la estrategia encabezada por Calderón y, si ahora lo hace, considera, es sólo el mensaje de una política en campaña.
“Lo cierto es que ahorita está buscando ser candidata y la opinión del Ejército es muy importante en las decisiones que tome el PAN o el PRI”, dice. “Es probable que se esté congraciando con el Ejército, que esté sugiriendo que se reglamente la presencia del Ejército en la vida cotidiana de México, lo que seria terriblemente grave y peligroso”, agrega.
Al margen de su cercanía con Calderón, coinciden los entrevistados, el mensaje de Zavala no indica con qué reemplazaría la actual estrategia. “¿Cómo retiras al Ejército de estas funciones, si no tienes estructuras ni agencias para llevarlas acabo?”, cuestiona Antonio Payán, director del Centro de Estudios sobre México del Baker Institute for Public Policy de la Universidad Rice, en Estados Unidos, y quien considera “irónico” y “tenuemente creíble” el mensaje de Zavala.
“Retiras y dejas un vacío, y la naturaleza indica que alguien va a llenar ese vacío, y pudiera ser el crimen organizado. Es cierto: hay que retirar a las fuerzas armadas, porque en una democracia no están para esto, pero tampoco hay otra cosa efectiva, y vemos la Secretaría de Gobernación (Segob), que asumió a la Policía Federal (PF) y tiene más facultades, ha sido sumamente inefectiva para resolver los conflictos sociales y los muchos de los problemas de seguridad que afronta México”, agrega Tony Payán.
El mismo vacío observa Atuesta. “Obviamente podemos decir ‘vamos a sacar a Ejército de las calles, pero, ¿qué vamos a hacer entonces? México sigue en una situación de violencia en la que ella no puede decir que el ejército va a volver exitoso, porque no va a volver exitoso: volverá derrotado”, dice la académica.
“Es decir, que lleva 10 años en las calles en los cuales lo único que ha ocurrido es que se ha incrementado la violencia y, ahora, quitamos al ejército y ¿qué vamos a hacer, si tenemos una policía totalmente deslegitimizada, y un problema de crimen organizado que no hemos podido solucionar?”, agrega. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO. LINK: http://www.sinembargo.mx/13-12-2016/3125025
En unos cuantos días, el Secretario de la Defensa Nacional ha secuestrado la agenda política nacional. Lejos se ve la recomendación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió tras su visita a México en 2015: “Desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles”.
En unos cuantos días, el Secretario de la Defensa Nacional ha secuestrado la agenda política nacional. Lejos se ve la recomendación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió tras su visita a México en 2015: “Desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles”. El súbito fortalecimiento del debate sobre el papel del ejército en las calles, se da en el ocaso de uno de los años más violentos de la recién cumplida década de guerra contra el crimen organizado, pero de ninguna forma empezó por la exigencia del General Cienfuegos, ni con las iniciativas presentadas por Roberto Gil Zuarth en el Senado y César Camacho en la Cámara de Diputados. Las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas de la violencia han recorrido un camino muy largo en los últimos años en la búsqueda de controles y contrapesos democráticos al uso arbitrario de la fuerza, pero ni lo documentado en casos tan emblemáticos como Tlatlaya y Ayotzinapa, han logrado la atención del Congreso como el golpe en la mesa del General. Nunca respondió Enrique Peña Nieto con tanta celeridad y compromiso con el tema como el pasado lunes al otorgarle la razón al General que lo acusó a él y a los tres poderes de la unión como lo hizo. Cienfuegos acusó al Poder Judicial de no saber implementar la reforma penal para mantener en la cárcel a los delincuentes, al Legislativo por mantener un marco legal indebido para el papel de las fuerzas armadas y al Ejecutivo, por mantenerlos inconstitucionalmente en las calles, pues los diez años de la guerra contra la delincuencia organizada vienen de una orden ineludible del comandante supremo de las fuerzas armadas y no de una estrategia integral, como se ha evidenciado desde hace años. La inmediatez y torpeza del presidente en su respuesta, concediendo la razón al General “a pesar del contexto”, Dibujan con claridad su tamaño frente a la institución que comanda. A la mente vienen todos los episodios en los que Peña no ha demostrado ser el Comandante Supremo ante situaciones tan delicadas como, por ejemplo, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la CIDH para coadyuvar en las investigaciones del caso Ayotzinapa, solicitó entrevistar al batallón 27 de Iguala y la resistencia, hasta mediática, del General para colaborar con una obligación adquirida por el Estado Mexicano. Como si viera que la institución presidencial tambalea hasta en el Congreso mismo, el General actúa motu proprio, primero preparando el terreno en ambas cámaras (pues sería iluso pensar que las iniciativas presentadas por Gil y Camacho en las cámaras no tienen la pluma castrense en cada exceso propuesto) y luego, cuando llegaron las resistencias, al protagonizar la defensa de una ley que, ha de pensar, el presidente no puede liderar. Así, el General no apela a un debate nacional donde puedan participar todos los sectores que deberían hacerlo, mientras dos poderes de la unión se encogen de brazos y acatan la orden. Nadie puede negar que es necesario actualizar el marco legal con el que actúa el ejército, pero hacerlo sin poner el centro del debate la necesidad de contar con controles democráticos y contrapesos, concediéndole facultades que ha tomado por la fuerza y de las cuales derivan violaciones graves a los derechos humanos, aleja a la propia institución de un fin legítimo por uno tan mezquino como lograr impunidad y lavar una imagen contaminada por evidencias tan espeluznantes como el hecho de ser considerado el ejército más letal del mundo al matar a ocho personas por cada una que hiere. También se debe reconocer que al interior de la propia institución castrense, existen víctimas de la decisión de mantenerlos en labores de seguridad pública. Por años, miembros del ejército han visto la creación de grupos de élite, como la Gendarmería, dotados de presupuesto y prerrogativas que, en muchas ocasiones, ni los militares poseen. Tampoco pueden hacerse de lado episodios como la emboscada del pasado 30 de septiembre en Culiacán, que ejemplifica la colusión de las fuerza policiacas locales con el crimen organizado; pero si permitimos que la solución sea legalizar lo normalizado, lejos estaremos del fortalecimiento que necesitan las policías y las fiscalías, para que sean éstas quienes puedan garantizar la seguridad ciudadana.
La Ley Cienfuegos está en el horno y el debate que llegará tan pronto como el 2017, no puede empezar con absolutos: Ni el ejército debe permanecer en las calles con una ley que legitime su excesos, ni el retorno a los cuarteles debe darse en una sola orden. Por eso, el Congreso debe hacer lo que no fue capaz de atender con responsabilidad cuando la CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas recomendaron a México, y pensar en el retorno paulatino de las Fuerzas Armadas, de tareas ajenas a su naturaleza. Van 200 mil muertos tarde. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: ALFREDO LECONA. LINK: http://aristeguinoticias.com/1412/mexico/la-ley-cienfuegos/
"Sí existe la posibilidad de suspender garantías, pero existe desde 1917": diputado.
La Comisión de Derechos Humanos aprobó el martes un dictamen sin cambios a la minuta del Senado que expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política, a fin de regular el procedimiento para decretar la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías. El documento fue avalado por 17 votos a favor (PRI, PAN, PVEM e Independiente) seis votos en contra (PRD y MC) y ninguna abstención, y se turnó para su discusión al Pleno de la Cámara de Diputados. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Armando Luna Canales (PRI), confirmó, en declaraciones a la prensa, que el dictamen se aprobó sin cambios. Dijo que desde el 11 de junio de 2012 se está en falta, porque la reglamentación debió aprobarse un año después de la entrada en vigor de la reforma de 2011. “Básicamente, tenemos un artículo constitucional que al día de hoy todavía no tiene reglamentación; sí existe la posibilidad de suspender garantías, pero existe desde 1917“, precisó. Luna Canales resaltó la importancia de reglamentar este artículo, para que no sea un tema discrecional y esté debidamente reglado, en el que participen los tres Poderes de la Unión en la aprobación y en el control de un posible estado de excepción. “Hay que decir que es un estado de excepción, y justamente se reglamenta para que no tenga que usarse en ningún momento. Es básicamente la intención”, destacó. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos añadió que “en todos los países del mundo está reglamentado. Es también una situación que había sido objeto de recomendaciones a México, en distintas instancias internacionales, concretamente el Examen Periódico Universal (ONU)”. “Creo que es un avance, (aunque) sin duda hay polémica alrededor”, sostuvo.
El artículo 29 de la Constitución establece que “en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la Republica y con aprobación del Congreso de la Unión, y en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en un lugar determinado las garantías que fuesen obstáculos para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado…”.
