Organizaciones de derechos humanos recordaron al Presidente Enrique Peña Nieto los atropellos a los derechos humanos que ha enfrentado la población, después de que el mandatario asegurara, durante la entrega del premio Nacional de Derechos Humanos 2016, que su Gobierno se ha caracterizado por mirar de frente estos problemas. Activistas cuestionaron la intención de Peña Nieto de priorizar la atención de ciertas violaciones a las garantías individuales en vez de desarrollar políticas integrales que los resuelvan. ¿Por qué la actual administración ha relegado la atención de los derechos humanos?, se preguntan.
El Presidente Enrique Peña Nieto dijo el lunes pasado que dará prioridad a tres acciones en contra de las violaciones a los derechos humanos. Y organizaciones civiles cuestionaron que hayan tenido que pasar cuatro años para que el mandatario pusiera atención a la agenda de los derechos humanos.
Durante el evento de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2016, el Presidente aseguró que “hacia delante” daría prioridad al combate de las desapariciones, la consolidación del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y a las acciones en contra de la violencia contra la mujer.
Organizaciones civiles concordaron que estos asuntos son importantes, pero cuestionaron la forma en la que el Presidente pretende atender la crisis de derechos humanos en México.
“Me parece que todos los Derechos Humanos tienen que ser prioritarios en este país. Uno no puede distinguir. Tenemos más de 150 mil homicidios en la última década, miles de personas torturadas, despojos, un desplazamiento interno forzado, entre otros”, dijo Alejandra Nuño, consultora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM).
Durante la ceremonia, Peña Nieto insistió en que el Gobierno es el primero en reconocer los problemas cuando se presentan y que los trata con un enfoque incluyente. Tal es el caso de los hechos violatorios a los derechos humanos: “que todavía, lamentablemente, se presentan”, dijo.
DESAPARICIONES DESATENDIDAS
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), reportó que entre el 2007 y octubre de este año han sido desparecidas 29 mil 903 personas.
“Esa es una vergüenza que hasta ahora se manifieste sobre el tema. Peña Nieto ha puesto gente en la PGR [Procuraduría General de la República] que ha sido totalmente sumisa e indiferente con el tema de los desaparecidos. Como Arely Gómez”, dijo Lucía de los Ángeles García Henao, fundadora de la organización civil Solecito.
Sin contar los casos que no especifican en qué año se cometieron, ni los ocurridos antes del 2007, los datos oficiales muestran que Peña Nieto superó en cuatro años la cifra desapariciones que Calderón registró en sus seis años de Gobierno.
De los Ángeles detalló que para las organizaciones el registro se queda corto: “Podría ser sólo el número registrado en Tamaulipas”.
El 10 de diciembre del año pasado el Presidente anunció que enviaría iniciativas de ley para combatir los delitos de lesa humanidad: desaparición y tortura.
La Senadora del Partido de la Revolución Democrática, Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que la Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares será aprobada en este periodo de sesiones que finaliza el 21 de mayo.
De los Ángeles detalló que la iniciativa no ha contado con el respaldo de otras que Peña Nieto ha impulsado en sus discursos como la Ley de Seguridad Interior, la del aumento de gramaje de la marihuana o la del Matrimonio Igualitario.
“Con otras iniciativas ganan puntos [electorales] muy observables. Su visión es muy corta, porque ganancia quizá no tengan, pueden perder mucho con el tema desaparecidos si ellos no comienzan a actuar y a dejar la simulación, como cuando muestran los números del registro en espacios internacionales”, dijo.
FEMINICIDIOS
México sigue reportando una ola de feminicidios, mientras el Gobierno federal ha preferido resaltar los esfuerzos de la Alertas por Violencia de Género.
“El Gobierno nos debe la reivindicación y la erradicación de las violencias de género. Seguimos teniendo diferentes feminicidios, pero no sólo eso, sino la violencia sexual”, dijo Alejandra Nuño.
Y 14 mil 195 relacionadas con otros delitos sexuales, de acuerdo son datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La primera Alerta de Violencia de Género en el país fue aprobada para 11 municipios del Estado de México el 28 julio del año pasado. A partir de entonces éstas se han extendido a Veracruz, Morelos, Michoacán, Chiapas y Nuevo León.
“Sin duda es un avance que tengamos alertas. Pero otro tema es la eficacia de estas medidas, y esto tiene que ver a veces con la falta de diligencia de las autoridades municipales, estatales y federales”, dijo Nuño.
MECANISMOS DE PROTECCIÓN
El Mecanismo de Protección para personas de Derechos Humanos y Periodistas fue publicado el 25 de junio del 2012 en el Diario Oficial de la Federación.
Desde octubre del 2012 a octubre del presente año se han registrado y mantienen vigentes 507 beneficiarios del Mecanismo, de acuerdo con el Informe Estadístico hecho por la Secretaría de Gobernación.
Erick Monterrosas, Oficial Adjunto del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, detalló que cada caso conlleva medidas diferentes por la falta de homogeneidad del Mecanismo.
“Pueden ser desde medidas de reubicación, de escoltas, hasta medidas de infraestructura, como reforzar las rejas o poner cámaras de vigilancia, o un reconocimiento público”, explicó.
Monterrosas detalló que hay un proceso común de estigmatización por parte de los elementos de seguridad pública del Estado, que suelen desestimar la gravedad de la amenaza que afrontan periodistas y defensores de Derechos Humanos.
El Oficial Adjunto refirió que el Mecanismo no cumple con un enfoque de género. “Se han documentado casos en los que la mismas personas de seguridad han acosado a los beneficiarios”.
Las autoridades siguen siendo las principales agresoras de los defensores de derechos humanos y periodistas, de acuerdo con el Informe Estadístico.
En su último informe trimestral, entre julio a septiembre, Artículo 19 documentó que siete de cada 10 casos de agresión a periodistas y defensores de derechos humanos contaban con servidores públicos como autores de dichas agresiones.
“Son fuerzas del estado de todos los niveles, el Ejército, Alcaldes. Y en los casos de agresiones del crimen organizado hay fuertes indicios de que hay un contubernio estructural con los agentes del Estado”, dijo Monterrosas.
PEÑA SE PREPARA PARA VISITA
Las organizaciones civiles no quisieron dejar pasar que las declaraciones de Peña Nieto están relacionadas con la visita el próximo año de Michel Forst, Relator Especial de los defensores de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, del 16 al 24 de enero.
“También vemos mucho que esta declaración responde a una cuestión México va estar en escrutinio de la comunidad internacional”, dijo Monterrosas.
Por su parte, el Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México Perseo Quiroz Rendón detalló que el Presidente hizo caso omiso de las recomendaciones de la sociedad civil desde que inició su mandato.
“En el año 2014 tuvimos una primera entrevista con Peña, en la que justamente hablamos de que los derechos humanos no estaban siendo prioridad en su Gobierno. Advertimos una crisis, y no éramos profetas, sino que veíamos las tendencias. Hoy la estamos viviendo”, dijo el director.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
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La población de Sinaloa vive con la presencia del crimen organizado y los familiares de las víctimas de la violencia creen que el Gobierno federal debió explorar opciones que evitaran los daños humanos. Hasta octubre, en la entidad han sdesaparecido, de acuerdo con datos oficiales, 2 mil 406 personas. En medio de esta violencia, los esfuerzos más claros vienen desde la sociedad civil. El próximo 20 de enero se llevará a cabo la tercera Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
El grupo de rastreadores Sabuesos de Sinaloa se ha dedicado cada viernes a buscar a sus seres queridos en distintos municipios de este estado. El impacto de la guerra es claro, 2 mil 406 desaparecidos han sido reportados hasta el pasado octubre. Ante la ola de violencia, los familiares sostienen que el Gobierno federal debió haber negociado con los cárteles.
El pasado 30 de septiembre, el crimen organizado dio una muestra de su poder, cuando una emboscada dejó un saldo de cinco soldados abatidos y otros 10 elementos heridos. El grupo criminal liberó ese día a un capo de las manos del Ejército.
El narcotraficante rescatado era Julio Óscar Ortiz Vega, alias “El Kevin”, quien resultó herido y después capturado en un enfrentamiento previo en el municipio de Badiraguato.
El 25 de octubre el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredía, confirmó que los criminales eran allegados a Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder preso del Cártel de Sinaloa.
La reacción inmediata del Gobernador Mario López Valdez fue pedir la colaboración del Ejército en las labores de seguridad en la entidad. De acuerdo con las familias de las víctimas, los refuerzos federales, aunque necesarios, se han quedado cortos.
La violencia en Sinaloa se ha traducido en desapariciones. Y diez años después de que el ex Presidente Felipe Calderón Hinjosa decidiera iniciar la llamada “guerra contra el narcotráfico”, los grupos de búsqueda evalúan una falta de estrategias específicas que impidan que este delito continúe.
Alma Rosa Rojo, miembro de los Sabuesos de Sinaloa, busca a su hermano, Ángel Rojo Medina, desaparecido el 4 de julio de 2009 en Culiacán.
La activista expuso, en entrevista con SinEmbargo, los efectos de la guerra en el norte del país.
— ¿Cómo incidió la guerra en el fenómeno de las desapariciones en México?
— A nivel nacional, la verdad es que es una guerra muy complicada. Es muy horroroso. El Gobierno trabaja conforme los dejan trabajar. Y a la delincuencia no le gustan los ataques. Ahí es donde se genera más violencia. Que crece conforme a los enfrentamientos entre ellos mismos (los grupos del crimen).
— ¿Se ha criminalizado a las víctimas de desaparición?
— Sí. Pero, también sucede que los desaparecidos, en su mayoría, pueden ser personas que vieron u oyeron algo, y las desaparecen para callarlas. No vas a hablar. Muchos casos son de estos y, habrá otros, donde sí las víctimas estaban coludidos con la delincuencia.
— ¿Cómo ve las estrategias de apoyo federal para atacar frontalmente al narcotráfico?
— Veo que no han funcionado, claro que hay algo de tensión en las partes por el decomiso de armas, pero ha funcionado poco la verdad. Aunque también creo que se necesitaba el apoyo federal, porque el Gobierno estatal no podía hacer frente a esa ola de violencia.
— ¿Qué se ha dejado de hacer en el fenómeno de las desapariciones?
— Tú ves que sí hay detenciones. Pero que las desapariciones siguen. Nosotros quisiéramos que el Gobierno implementara una estrategia para detener las desapariciones, que hiciera un trato con la delincuencia, un trato entre ellos de que ya paren. La verdad ni el peor delincuente merece la desaparición. Si los van a matar por qué no dejan encontrarlos, y entregarlos a las familias.
— La posición del Gobierno suele ser de no tratar con criminales. ¿Cree que esa postura ha servido?
—No creo que sirva, porque hay otras especies de tratos (entre autoridades y el crimen). Entonces, por qué no lo pueden hacer. Un acuerdo para que no hayan más desaparecidos.
— Cuando habla de otros tratos. ¿A qué se refiere?
— No puedo decir que se dé en todo el Gobierno, pero siempre va haber corrupción. Y hay colusión del Gobierno en las desapariciones. Entre nuestros desaparecidos hay muchos casos donde policías municipales han intervenido. Y lo he visto en varios estados, en Veracruz, en Sinaloa, son varios estados donde se ha visto que participa algún tipo de policía.
— Esto me trae a la mente el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Cómo impactó este hecho en las acciones que ustedes realizan?
— La verdad es que cuando desaparecen los 43 hubo más atención del Gobierno federal, por la presión. Entonces los demás colectivos, y organizaciones, empezamos a ver que los volteaban a ver a ellos porque eran 43 y no se hacía nada por todos los demás. Se exigió a las autoridades que trabajarán, que cambiarán leyes. La desaparición de los 43 nos abrió la mente de que teníamos que exigir más. En ese tiempo había 27 mil desaparecidos.
— ¿Si no vemos buenos resultados es porque las ordenes de quienes dirigen están mal?
— Claro. Si Peña hubiera dado ordenes precisas hubiera sido distinto, pero no hizo nada, aunque tuviera el poder.
— Ya viene la tercera Brigada Nacional, ¿qué tienen planeado?
— La Brigada se va realizar del 20 de enero al 4 de febrero, con la participación de entre 100 a 120 personas. Vamos a estar en la zona Sur, Centro y Norte. Estamos definiendo. Podrán ser Culiacán, Rosario, Mazatlán,Cosalá, Los Mochis (municipio Ahomé).
— ¿Cuentan con el apoyo de las autoridades para emprender esta búsqueda?
— Hemos tenido el apoyo pero resulta que la Brigada no trabaja con ellos sino con la sociedad y las iglesias. No queremos compromisos con el Gobierno, o nos van a decir: “Cómo ya te ayudé y ahora vas a hacer lo que yo diga”. Contamos con su apoyo sí en seguridad (custodios). Hemos pedido a ellos eso y lo tenemos ya.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
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Era 2005 y en México los cárteles de la droga crecían y se adueñaban de los territorios que arrebataban a empresarios honestos, ciudadanos de bien y gobiernos corruptos. Entre pocos se repartían las zonas: el cártel de Sinaloa, el cártel Arellano Félix, el cártel del Golfo, el del Milenio, los Zetas. Eran las mismas estructuras criminales que desde hacía 20 años se habían despachado el territorio criminal ante la captura de los notorios capos Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo.
En Sinaloa, el general Sergio Aponte Polito estaba a cargo de la Novena Zona Militar con sede en la capital del Estado que gobernaba Jesús Aguilar Padilla. Los índices de violencia e inseguridad en esa entidad estaban en los límites del horror. Los narcotraficantes tenían negocios, coleccionaban casas de seguridad, se paseaban por todos lados, amedrentaban policías honestos, asesinaban periodistas y activistas, imperaba la ley del terror que imponía el narcotráfico con sangre. Hasta la sociedad estaba impregnada de la inmundicia criminal.
Harto de ver consumida la sociedad por la delincuencia organizada, y ser testigo de la corrupción en las corporaciones civiles, el General Sergio Aponte Polito pronunció un discurso que más tarde y con el mismo ímpetu e impacto, ofreció en Baja California.
Acusaba entonces a sociedad y gobierno de su condescendencia con los miembros del narcotráfico. Señalaba a los ingenieros que les construían sus guaridas subterráneas, a los arquitectos que les diseñaban casas con pasadizos y dobles fondos para esconder droga, armas y dinero. A los banqueros que les aceptaban el dinero mal habido, a las automotrices que les aceptaban pagos en efectivo por la adquisición de camionetas, completando con ello un círculo de lavado de dinero. Hasta a la sociedad que los invitaba a sus casas, les permitía departir con hijos e hijas, y hasta los hacia miembros de su familia. A las corporaciones corruptas que les hacían de guardaespaldas oficiales, que les ayudaban a huir después de asesinar, secuestrar, a los gobiernos que les daban protección y les garantizaban impunidad.
El narco crecía al amparo de gobierno y sociedad. Y la única forma de combatirlo era, de acuerdo al General, hacer un frente un común.
Viene a la mente el General Sergio Aponte Político (ya en el retiro), porque fue este hombre del Estado, uno de quienes encabezaron la guerra contra las drogas como llamó Felipe Calderón Hinojosa a su estrategia de combate a los mafiosos que integraban entonces (algunos aún), los cárteles de la droga en México.
Don Sergio Aponte fue enviado a Baja California donde encabezó la II Región Militar en enero de 2006. Empleó el mismo discurso apelando a la denuncia ciudadana para aprehender a aquellos que eran protegidos por una parte de la sociedad y por una parte de los gobiernos, en lo que era una gran base de impunidad a costa de la corrupción. Funcionó. Los ciudadanos que se veían amenazados por la criminalidad los empezaron a denunciar, lo mismo a policías corruptos. Con la venia del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, los militares comenzaron así a perseguir el narcotráfico y a coordinar a las fuerzas civiles.
La medida tuvo mucho que ver con el hecho que las corporaciones civiles estaban infiltradas por el narcotráfico y el crimen organizado. La única institución que garantizaba una tarea neutral al servicio del estado y no corrompida en sus cimientos era precisamente la integrada por la milicia. El pacto de Calderón fue sacar el Ejército de los cuarteles en tanto las policías preventivas, procuradoras e investigadoras eran depuradas y evaluadas con controles anticorrupción.
Ciertamente sin atribuciones legales más allá de la orden presidencial y el establecimiento de formas de coordinación en la ley nacional de seguridad Pública. Los militares contribuyeron grandemente en la aprehensión de asesinos, narcotraficantes y agentes deshonestos. Establecieron retener en calles y carretas que contribuyeron a incrementar el decomiso de drogas, armas, dinero, avionetas, vehículos y demás herramientas de los narcotraficantes para la producción, venta y trasiego de droga de este País al de la Unión Americana.
Sin embargo, llegó Enrique Peña Nieto y eliminó gran parte de esa política de combate al crimen organizado y el narcotráfico. Empezó por retirar al Ejército Mexicano (No a la Armada de México que sigue coadyuvando en esas tareas incluso con corporaciones extranjeras), eliminar la Secretaría de Seguridad Pública Federal que tenía entre otras responsabilidades la evaluación de las fuerzas del orden civil, erradicar los retenes militares para el aseguramiento de drogas así como las aduanas internas, ordenando a Generales no investigar al narcotráfico, desmantelar áreas de inteligencia con ese propósito y, muy importante, no dar declaraciones al respecto.
Enrique Peña Nieto quería que el mundo y México se olvidara de la guerra contra las drogas que tanto había costado al Gobierno Mexicano, y pensara en una tierra pacífica donde los convoyes militares dejaran de ser parte del escenario cotidiano y los militares no entraran en disyuntivas legales al realizar una tarea para la cual ciertamente no estaban facultados.
Los resultados no han sido los deseados. En 45 meses de gestión, a julio de 2016, las personas ejecutadas en territorio nacional producto de la guerra entre cárteles, ascendieron a 78 mil 109. En casi cuatro años, Peña está peligrosamente cerca de los 85 mil 35 ejecutados que se registraron en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. De hecho, de continuar la inseguridad en los niveles que se viven estos días, habrá más ejecutados en el sexenio de Peña que en el de Calderón. De igual forma, hay más organizaciones criminales, especialmente en las localidades de la costa del pacífico, mientras las existentes en el norte se han adentrado al centro, a la par que uno de los cárteles más violentos, el cártel Jalisco Nueva Generación, amplía sus territorios criminales en alianza con otras organizaciones y en plena impunidad.
La diferencia entre el sexenio de Calderón y el de Peña es que el Ejército está fuera del combate al narcotráfico, y que la Secretaría de Seguridad Pública Federal dejó de existir. La otra gran contradicción: Hay más ejecutados, más violencia y más cárteles.
Por estos días el Secretario General de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, ha establecido que sin facultades en la Ley ellos poco pueden hacer, además que no han sido instruidos desde su inicio para combatir al narcotráfico, sino para garantizar la seguridad interior. Que ciertamente se debe regular la participación de las Fuerzas Armadas para hacer frente a riesgos y amenazas que vulneran el orden constitucional y el estado de derecho.
Por estos días, ya con poco margen de maniobra ante el cierre de sesiones legislativas, los representantes del Poder Judicial empezarán a discutir en la Juntas de Coordinación Política, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, las reformas a la Ley de Seguridad nacional para establecer la responsabilidad y facultades de las fuerzas armadas en la seguridad interior, y la participación de las mismas en el combate al narcotráfico y el crimen organizado. Esto ya resulta urgente.
Es evidente por los resultados obtenidos en los últimos cuatro años, que la ausencia del Ejército en el combate a los cárteles y la falta de depuración en las organizaciones civiles, han creado ese ambiente de impunidad y corrupción que ha permitido a las organizaciones criminales crecer en el País, asesinar a sus detractores y enemigos, a policías honestos, trasegar droga, cobrar piso, secuestrar, desaparecer.
Diez años después del inicio de la guerra contra las drogas estamos igual o peor. Con más impunidad, sin un combate a la corrupción, con los militares en los cuarteles, y los narcotraficantes creciendo el ilícito negocio ante una estrategia federal que, es evidente, no funciona. No cuando hay más muertos y más narcos.
Eso sí, hoy como hace diez años, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, están analizando la posibilidad de cambiar la Ley para darle facultades y responsabilidades a las fuerzas armadas. Otra vez. O será que sin una estrategia bien fundamentada al Presidente y a su gabinete ya no se les ocurre otra cosa.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/14-12-2016/3125689
Puebla, Pue. El Congreso del estado destituirá a la presidenta municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, e iniciará el procedimiento administrativo contra el ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, a quienes imputan irregularidades en el manejo de recursos, tras las críticas que ambos políticos realizaron al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.
Ediles del PRD denunciaron ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de esa fuerza política que la administración estatal emprendió una persecución en su contra que comprende amenazas de cárcel, por exigirle la liberación de recursos públicos.
Las acciones contra los presidentes y ex munícipes del estado iniciaron a menos de siete semanas de que Moreno Valle concluya su mandato y, en el caso de Rivera y Fernández, el Congreso actuará en su contra este día, durante la última sesión ordinaria del año, tras la cual los diputados ingresarán a un periodo vacacional.
La Comisión Inspectora, que encabeza la diputada del PAN Patricia Leal Islas, propuso al pleno el inicio de procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades (IPADR) contra Eduardo Rivera por el manejo de recursos de su última cuenta pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MÓNICA CAMACHO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/15/puebla-inician-procedimiento-administrativo-contra-funcionarios
Ciudad de México. El Senado aprobó en fast track reformas al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales en Materia de Posesión y Portación de Armas de Fuego, Explosivos y Accesorios y la Ley Federal de Armas, con lo cual se endurecen las penas contra la portación ilegal de armas y sanciona hasta con 30 años de cárcel a quien las porte.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México estuvo presente durante la presentación del dictamen de esta reforma que no se discutió en el pleno, y en menos de quince minutos se aprobó.
Se destaca en la exposición de motivos que las armas son el elemento fundamental que propicia la violencia y la actividad delictiva. Así, por ejemplo, la Encuenta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, señala que de los 18 millones de delitos considerados, en 48.6 por ciento los delincuentes portaban armas, y de ellas 33 por ciento eran de fuego.
Subraya que se estima que en el país se encuentran circulando ilegalmente cerca de 20 millones de armas y el 65 por ciento de ellas está en manos del crimen organizado.
También refiere que entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2014 se contabilizaron en México 41 mil 15 homicidios dolosos y destaca que la legislación vigente es laxa para su portación y control.
En la legislación actual las personas que han sido aprehendidas por portar un arma calibre 22, 25, 28 o 32 pueden salir en libertad tras pagar una multa que va de dos mil a diez mil pesos. De enero a septiembre de 2015 únicamente hubo 180 casos registrados.
Con esta reforma a quien porte, fabrique, importe o acopie, sin un fin lícito, armas prohibidas, se le impondrá una sanción de siete a quince años de prisión y de 300 a 500 unidades de medida y actualización.
La sanción más alta es de 30 años para quien ingrese al país de manera ilegal armas y municiones.
Las reformas fueron aprobadas con 89 votos a favor, uno en contra y de inmediato se turnó a la Cámara de Diputados para continuar el trámite legislativo. Estas modificaciones legales contaron con el respaldo de la Conferencia Nacional de Gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México estuvo presente durante la aprobación de estos cambios legislativos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR BALLINAS, ANDREA BECERRIL.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/15/en-fast-track-senado-endurece-penas-a-portacion-ilegal-de-armas
El sector patronal del país reprochó a estados y Congresos locales que ya aprobaron alzas a sus impuestos, sobre todo el relativo a que se aplica a la nómina de las empresas.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Copamex) reprochó a estados y congresos locales que ya aprobaron alzas a sus impuestos, sobre todo el relativo a que se aplica a la nómina de las empresas.
En su mensaje semanal, el presidente del organismo patronal, Gustavo de Hoyos Walther, exhortó a los gobiernos y legisladores locales que aún no deciden sobre el tema, que no incrementen impuestos.
“Nuestros centros empresariales nos han alertado sobre la intención de algunos gobiernos estatales de aumentar diversos impuestos, pagos de derechos y contribuciones locales, entre otros, el Impuesto Sobre Nóminas (ISN), el cual grava las remuneraciones del trabajador”, dijo.
Destacó que a partir del ejercicio fiscal 2014 se ha observado una tendencia en cada vez más estados para elevar el ISN a la tasa máxima vigente actual de 3.0 por ciento, con el objeto de aumentar la recaudación local.
Explicó que para el ejercicio de 2017, tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo en algunas entidades tomaron la iniciativa de incrementar sustancialmente el ISN, así como impuestos en los sectores turístico y ambiental, entre otros.
Lamentó que nueve entidades federativas determinaron aplicar la tasa máxima de 3.0 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas: Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz.
El dirigente de la Coparmex afirmó que los consejos directivos de los centros empresariales han advertido a los legisladores de sus estados sobre los riesgos inherentes a seguir incrementando dichos impuestos.
Sin embargo, puso como ejemplo al estado de Sinaloa y su Congreso que aprobaron recientemente un incremento del 100 por ciento a la tasa del Impuesto Sobre Nóminas, por lo que pasó del 1.5 por ciento al 3.0 por ciento, además se crearon impuestos por la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos; impuesto al derecho a casas de empeño; y una Ley en materia de Casas de Empeño.
Asimismo, en Baja California Sur se aprobó un paquete fiscal incorporando una nueva contribución a los turistas extranjeros que ingresen al territorio del estado, mediante un pago de 350 pesos, el cual será cobrado a quienes accedan vía: aérea (aerolíneas), marítima (navieras) o terrestre (hoteles).
También citó el Paquete Fiscal del estado de Tamaulipas, en el que se aprobó el aumento al Impuesto Sobre Nómina para fijarlo en 3.0 por ciento y adicionalmente la creación del Impuesto Sobre Hospedaje.
De Hoyos Walther agregó otros casos como Nuevo León y Zacatecas.
Empero, saludó entidades como Puebla, Morelos, Colima, Tabasco, Querétaro, Nayarit, Campeche y Estado de México que ya aprobaron sus paquetes fiscales, sin cambios mayores o que alerten al sector empresarial y a los ciudadanos.
“En Coparmex consideramos que en lugar de impuestos extraordinarios o incrementos injustificados a los gravámenes existentes, las entidades federativas deben ajustar y hacer eficiente el ejercicio de su gasto corriente para estabilizar las finanzas públicas estatales y municipales, y con ello brindar certidumbre a la inversión y acrecentar la competitividad de las estructuras productivas de las diferentes regiones”, asentó.
También aseguró que en ningún estado donde se ha aumentado el Impuesto Sobre Nómina se ha observado una mejoría en la promoción económica, simplemente se aumentó la carga a las empresas en un momento donde se tiene que afrontar los nuevos retos de la economía mexicana.
“Aumentar el costo laboral no fomenta la creación de empleos formales.
La Coparmex demanda a los congresos estatales no crear nuevos impuestos ni aumentar los ya existentes, hasta que no se mejoren los indicadores de la transparencia presupuestaria”, concluyó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1512/mexico/coparmex-reclama-a-gobernadores-alza-de-impuestos-a-empresas/
El documento surge de una iniciativa que el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados en el marco de la pasada entrega del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2017.
La Cámara de Diputados aprobó reformas a diversas disposiciones de las leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, con el objetivo de cubrir los requisitos para ser consejeros independientes en ambas empresas.
Además con el texto avalado por el pleno, con 357 votos a favor, 53 en contra y tes abstenciones, se pretende armonizarlas con la nueva regulación en materia de combate a la corrupción.
El documento, turnado al Senado para sus efectos constitucionales, se refiere en particular a los requisitos e impedimentos para ser designado consejero independiente en las empresas productivas del Estado, así como a las disposiciones aplicables a las unidades de responsabilidad de dichas empresas.
Se describe el régimen especial de las empresas productivas del Estado, en cuanto a la integración de su órgano de gobierno y la participación de los consejeros independientes, así como de las atribuciones en materia de responsabilidades.
Ambas leyes prevén que estas empresas productivas del Estado cuenten con un órgano decisorio denominado “Consejo de Administración”, que tiene la responsabilidad de determinar la política comercial y operativa, así como la de definir la organización y reglamentación de su estructura orgánica y corporativa.
El texto menciona que por la importancia que revisten los Consejos de Administración, en ambas normas se establecieron garantías institucionales, a fin de evitar intromisiones respecto a la toma de decisiones.
Se incorporan requisitos para ocupar el cargo de consejero, reduciendo la participación del gobierno federal y creando la figura de consejeros independientes.
Para ello, determina que los tres consejeros del gobierno federal designados por el Ejecutivo federal podrán desempeñar otros empleos, cargos o comisiones públicos o privados, salvo aquellos que impliquen un conflicto de interés en términos del Reglamento.
En tanto, los cinco consejeros independientes, designados por el Ejecutivo federal y ratificados por el Senado, quienes ejercerán sus funciones de tiempo parcial y no tendrán el carácter de servidores públicos, no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza.
Es decir, agrega, en entes privados con los que tengan conflicto de interés; no tener una relación comercial importante con Petróleos Mexicanos (Pemex), o alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales.
Esto, ya sea como cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor a título personal, o bien como accionista, consejero, administrador o directivo del nivel jerárquico inferior a dicho administrador, de una persona moral que tenga dicha relación comercial.
Además debe carecer de toda relación comercial con dichas empresas durante los 12 meses anteriores a la fecha de su nombramiento; no tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el tercero.
También acreditar que las demás actividades profesionales que realice le permita contar con el tiempo suficiente para desempeñar su encargo como consejero.
Resalta que dichos consejeros estarán sujetos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; al sistema de control interno en Pemex y en la CFE, sus empresas productivas subsidiarias.
En su caso, las filiales tendrá también como objetivo prevenir, detectar y canalizar con las instancias y autoridades competentes, los actos y omisiones que puedan constituir faltas administrativas o hechos de corrupción.
La iniciativa aduce que en lo concerniente a las funciones de vigilancia y auditoría de las empresas productivas del Estado, las leyes de Pemex y de CFE prevén devolver al Consejo de Administración, a través de los consejeros independientes, la función primordial de vigilancia y evaluación del desempeño.
Se toman medidas en concordancia con el mandato constitucional referente a que las empresas productivas del Estado contarán con un régimen especial en materia de responsabilidades administrativas.
Aclara que se dejarán las labores de vigilancia y auditoría bajo el mando del Consejo de Administración, a través de su Comité de Auditoría (integrado exclusivamente por consejeros independientes), y de una Auditoría Interna como su brazo ejecutor.
El Director General tendrá a su cargo el sistema de control interno, que tiene por objeto la identificación, prevención y administración de riesgos y la observancia de las disposiciones jurídicas contables y financieras, entre otros.
La iniciativa aprobada por los diputados pretende blindar a los consejeros de la influencia de entes privados y fortalecer su independencia, acercarlos al área académica y garantizar que sus actividades extraordinarias no impidan el correcto desempeño de sus funciones.
Precisa la relación comercial con Pemex y CFE, subsidiarias o filiales, en cuanto a ventas y activos de los consejeros independientes.
Puntualiza que no podrá ser nombrado consejero independiente si su relación comercial representó, durante 12 meses anteriores, más del 10 por ciento de sus ventas totales o activos o en su caso, el 1.0 por ciento de las ventas totales o activos de la empresa productiva del Estado de que se trate, subsidiaria o filial en cuestión.
Establece que el Director General en las empresas productivas del Estado, implementará un sistema para prevenir, detectar y canalizar con las instancias y autoridades competentes, los actos y omisiones que puedan constituir faltas administrativas o hechos de corrupción.
De igual manera, actualiza la denominación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por la de Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Sustituye la mención a la Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas en las leyes de Pemex y de CFE, en virtud de que dicha norma fue abrogada con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Actualiza las atribuciones de las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, por lo que se hace una remisión a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Deroga los artículos 93 de la Ley de Pemex y 95 de la Ley de CFE, en virtud de que su contenido ya quedó plasmado en el Artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1512/mexico/diputados-avalan-reformas-a-leyes-de-pemex-y-cfe/
Mikel Arriola Peñalosa dijo que se continuará con auditorías contra quienes registren a los trabajadores con salarios menores a los que perciben.
La viabilidad financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está garantizada hasta el año 2019, dijo este jueves el titular de la dependencia, Mikel Arriola Peñalosa.
El funcionario federal detalló durante la presentación de un balance del instituto que la reducción en el uso de reservas fue de 4 mil 238 millones de pesos en 2016, lo cual representó un ahorro de 72 por ciento, pues en 2012 se utilizaron casi 23 mil millones de pesos, según un comunicado.
Arriola Peñalosa destacó herramientas digitales implementadas por el IMSS como la simplificación de trámites vía electrónica, de los cuales se han realizado 101 millones de atenciones no presenciales hasta el cierre de noviembre y la eliminación del trámite de supervivencia que benefició a 3.2 millones de pensionados.
Asimismo, dijo que la aplicación IMSS Digital para dispositivos móviles —con las que se pueden agendar citas, consultar vigencia de derechos y cambiarse de clínica— lleva 386 mil descargas.
Por otra parte, Arriola Peñalosa dijo que se continuará con auditorías para quienes registren a los trabajadores con salarios menores a los que perciben.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1512/mexico/viabilidad-financiera-del-imss-garantizada-hasta-2019-mikel-arriola/
El empresario Isauro de Paz Duque fue liberado y ya está con su familia, informó el gobernador de Guerrero. Tras la liberación, la policía comunitaria dejó en libertad a la madre del líder del grupo que había secuestrado al empresario.
Las autodefensas del municipio de San Miguel Totolapan, en Guerrero, y el grupo criminal conocido como “Los Tequileros” liberaron a dos personas secuestradas como parte de un intercambio entre ambos bandos.
Isauro de Paz Duque, el empresario de Guerrero que fue secuestrado hace tres días en San Miguel Totolapan, fue liberado y ya se encuentra con su familia.
Así lo dio a conocer el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, a través de su perfil en Twitter.
El fiscal de Guerrero, Xavier Olea, confirmó a Animal Político que, tras la liberación del empresario, los autodefensas de San Miguel Totolapan liberaron a la madre de Raybel Jacobo Almonte, líder de “Los Tequileros”, grupo que presuntamente mantenía secuestrado a Isauro Paz de Duque.
Horas más tarde, el gobernador de Guerrero informó que María Félix de Almonte, madre del líder de “Los Tequileros” se encuentra bajo resguardo de la Policía Estatal.
En tanto que las autoridades estatales esperan que los autodefensas liberan a 19 personas en las próximas horas.
El empresario de Guerrero fue secuestrado el pasado 11 de diciembre por integrantes del grupo criminal conocido como “Los Tequileros”, encabezados por Raybel Jacobo Almonte.
Tras el plagio del empresario, pobladores del municipio de San Miguel Totolapan conformaron un grupo de autodefensas y retuvieron a un grupo de 24 personas por supuestos vínculos con grupos del crimen organizado.
Entre el grupo de personas retenidas por los autodefensas se encontraba la madre del líder de “Los Tequileros”, por lo que los policías comunitarios solicitaron un intercambio.
“Nosotros tenemos aquí a su mamá del señor llamado El Tequilero. Pido un intercambio: a cambio de la vida de mi esposo yo le entregaré a su mamá y así como me entregue a mi esposo, así le entregaré a su mamá, pero lo quiero sano y salvo”, dijo Yadira Guillermo García, esposa de Isauro Paz de Duque.
Tras esos hechos, un grupo de 120 soldados del Ejército, 60 policías federales y 40 estatales se trasladaron a San Miguel Totolapan para iniciar un operativo de búsqueda y localización de las personas desaparecidas.
Uno de los objetivos principales de ese equipo era “buscar que no lastimen a la persona reportada como desaparecida, ni tampoco a la madre del jefe de la banda de los Tequileros que al parecer se encuentra en manos del grupo de autodefensa”, indicó el Grupo de Coordinación Guerrero.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/liberan-empresario-secuestrado-guerrero/
Hay “un aumento en la persecución de delitos en materia de narcóticos", y la mayoría de los detenidos son jóvenes de baja escolaridad, indica un estudio.
Cinco de cada 10 procesados que se encuentran en las diferentes cárceles del país, enfrentan delitos relacionados con drogas. El mayor aumento de detenciones por este motivo se registró de 2009 a 2011, y son sobre todo jóvenes con poca escolaridad y de situación económica precaria.
Para combatir este delito, el sistema de justicia utiliza la prisión preventiva, que significa el aspecto “más punitivo de la política de control de drogas”.
Por ello, 9 de cada 10 personas acusadas de cometer delitos de narcóticos del fuero federal reciben auto de formal prisión; es decir, enfrentan sus juicios en reclusión.
De acuerdo con datos del reporte “Prohibición de drogas y combate frontal al narcotráfico”, realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, entre 2009 y 2010 aumentó 36% el número de procesados por narcotráfico en el país, al pasar de 18 mil 179 a 24 mil 825 personas.
El 10% restante sale libre, ya sea por falta de elementos para procesar, por sobreseimiento de sus casos (son desechados) o por dictarse su libertad absoluta, refiere el estudio.
De acuerdo con las Estadísticas Judiciales en Materia Penal del INEGI de 2016, 52% de los procesados fueron acusados por delitos de narcóticos.
Le siguen ilícitos cometidos con armas (28%), defraudación fiscal (4%), y otros delitos como organización delictiva, robo, contra la ecología y medio ambiente.
La información revela “un aumento en la persecución de delitos en materia de narcóticos (cualquier delito de drogas, no necesariamente narcotráfico)”, advierte el estudio realizado por el investigador Carlos Galindo.
La “persecución” es contra un segmento específico: jóvenes, con baja escolaridad y ocupaciones precarias. Esto, según académicos y activistas, indica que “la política de drogas afecta de sobremanera a jóvenes ya de por sí marginalizados”.
Los números son claros: en 2012 ingresaron casi 19 mil personas, de entre las cuales, una de cada tres fue un hombre de 18 a 25 años de edad (casi 6 mil jóvenes varones; si se consideran hombres de 18 a 30 años suman casi 10 mil y representan 53% del total).
Estos jóvenes tienen un nivel educativo muy bajo: uno de cada tres aprobó únicamente algún grado de primaria. En general, 8 de cada 10 no entraron al bachillerato. Con respecto a su situación laboral, 9 de cada 10 afirmaron tener algún trabajo (cerca de 17 mil en 2012). De entre ellos, 30% eran obreros o artesanos (más de 5 mil en 2012), 13% eran comerciantes (2 mil) y 10% eran trabajadores agropecuarios (casi otros 2 mil), según datos del INEGI.
Los datos disponibles no desagregan las conductas específicas por las que fueron detenidos (cultivo, posesión o transporte de drogas), no por una negativa gubernamental, sino porque la forma como se tipificaron los delitos dificulta la clasificación de cifras desagregadas.
Lo que sí se sabe es que sólo 4 de cada 10 personas que ingresan a prisión preventiva por delitos de narcóticos del fuero federal están acusadas de cometer delitos graves, y a 60% se les acusa de delitos no graves.
El 95% de los casos, los imputados fueron declarados como culpables en las sentencias. Y prácticamente todos son condenados a prisión. En números absolutos, cerca de 20 mil personas son sentenciadas y condenadas a prisión anualmente por delitos de narcóticos.
Los datos podrían sugerir que se está apresando un número elevado de peligrosos narcotraficantes (por ser delitos del fuero federal), pero no es así, toda vez que sólo 4 de cada 10 procesados son acusados de delitos graves.
Penalización
El estudio analiza la legislación mexicana respecto a los delitos relacionados con narcóticos, y concluye que “todas las actividades relacionadas con el consumo de narcóticos en México se han criminalizado”, es decir, se han tipificado como delitos penales.
Aunque la legislación contempla la excepción de no penalizar el delito de posesión de drogas cuando las cantidades que se porten no excedan lo estipulado en la tabla de dosis máximas de consumo personal establecidos en el artículo 479 de la Ley General de Salud, la persona sí puede ser llevada, (y en la práctica así ocurre) a una agencia del Ministerio Público donde se registra su detención y el no ejercicio de la acción penal.
Otro aspecto es la criminalización de los campesinos que cultivan amapola, cannabis o peyote pues todas las sanciones establecidas incluyen penas de prisión. El reporte refiere que el encarcelamiento interfiere con la implementación de programas alternativos de desarrollo y profundiza situaciones de pobreza de esa población.
Aún cuando los campesinos imputados tengan escasa educación formal y vivan en extrema pobreza, el Código Penal Federal les impone una sanción de uno a seis años de prisión.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/drogas-procesados-jovenes/
En los cuatro años del actual sexenio, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no la ha movido el aire. Los recortes presupuestales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la obligaron a ajustarse, nada más. Pero los escándalos de corrupción no hicieron ni una sola mella, y las indagatorias por las acusaciones de corrupción en proyectos de infraestructura –que vinculan a su titular, Gerardo Ruiz Esparza; al propio Presidente Enrique Peña Nieto y a la cúpula política del Estado de México– se han empantanado.
La ruta de este tren iba bien, sin sobresaltos, desde principios de la administración. En 2014, Grupo Higa, propiedad del empresario Armando Hinojosa Cantú, amigo de Peña Nieto y del propio Ruiz Esparza desde los tiempos en que el actual Presidente fungía como Gobernador del Estado de México –donde fue beneficiado con contratos estatales–, ganó 900 millones de pesos en licitaciones con la dependencia federal.
El Ejecutivo federal había trasladado su modelo de Gobierno en el Edomex a toda la República y lo hizo, además, con quienes lo acompañaron, entre otras, en las áreas de finanzas e infraestructura en su administración mexiquense –como es el caso del Secretario Ruiz Esparza–.
De acuerdo con los contratos otorgados por la SCT, sucedió lo mismo con empresas cercanas y afines al grupo peñista: la propia Higa, las compañías de la familia San Román y la española Obrascon Huarte-Lain (OHL), con las que también la administración peñista trabajó en tierra mexiquense.
Las tres empresas están, de una forma u otra, ligadas en torno a EPN y al propio Gerardo Ruiz Esparza, quien fungió como Secretario de Comunicaciones del Estado de México, de 2005 a 2011, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Durante la gestión del ahora Primer Mandatario del país se otorgaron recursos públicos a OHL para adquirir un sistema de barreras móviles, al doble de precio, para el Viaducto Elevado a una empresa propiedad de Ricardo Arturo San Román Dunne, con quien el mandatario mexicano sostiene una solida amistad e incluso un compadrazgo, reveló en octubre pasado una investigación periodística de Aristegui Noticias.
De acuerdo con esa investigación, la amistad del Presidente con los San Roman inició con la adquisición de una residencia en el club de golf Gran Reserva, en Ixtapan de la Sal, Estado de México, a Roberto San Román Widerkehr; esa dicha amistad consolidó cuando el hijo de éste, Roberto San Roman Dunne, apadrinó a Paulina Peña Pretelini, la hija mayor de Peña Nieto, en su primera comunión.
Al ser cuestionado sobre su comportamiento y su estrecha relación con las empresas en cuestión, Gerardo Ruiz Esparza se torna molesto: lo ha negado en vivo y a través de su cuenta de Twitter [@gruizesp], pero a pesar de ello las acusaciones continúan y no sólo se relacionan con esas tres empresas y familias.
Por ejemplo, apenas en noviembre pasado, la SCT otorgó un contrato por 466 millones para ampliar un tramo de 31 kilómetros de la carretera federal Estación Don-Nogales en Sonora, a una constructora española vinculada a escándalos de corrupción. Antes, ganó otra licitación por 200 millones de pesos para modernizar la carretera Coatzacoalcos-Veracruz.
Copisa Constructora Pirenaic, empresa propiedad del catalán Jordu Pujol Ferrusola, es investigada en España por una serie de fraudes cometidos en México, en los que empresarios y autoridades de este país están vinculadas.
Pujol Ferrusola era investigado por haber realizado cobros encubiertos en un proyecto turístico de México, donde habría invertido un peso pero cobró comisiones por 243 mil euros a través de GBI & Monic Productions, una empresa fantasma; el cobro lo realizó por un asesoramiento en el proyecto de centro de tratamiento de residuos situados en Ecatepec, Estado de México, y en las ciudades de Querétaro, Puerto Vallarta, Acapulco y Ciudad de México.
Polémicas, dudas por la opacidad y posibles conflictos de interés rodean varias de las licitaciones de la SCT y mucho información al respecto se ha negado por transparencia. Esta dependencia sólo gastó un tercio del presupuesto destinado a la dirección que se encarga de las carreteras del país durante 2015. En respuesta a una solicitud de información hecha por un legislador de la Cámara de Diputados, la SCT develó que la Dirección General de Carreteras ejerció mil 059 millones de pesos el año pasado, a pesar de contar con un presupuesto de 3 mil 337 millones de pesos; esto representa una ejecución del 31 por ciento del total.
UN TREN DE SOSPECHAS Y ERRORES
El inexistente Tren de Alta Velocidad es el estandarte del sexenio, pero no por el orgullo que supuestamente generaría “Mover a México” sobre sus rieles, sino por representar la primera gran pifia del sexenio en materia de infraestructura.
Esta obra, que no sólo le hubiera ahorrado cuatro horas en viaje redondo a 27 mil usuarios diarios, o hubiera evitado un desembolso de 5 mil 300 millones de pesos para ampliar la autopista, se suspendió abruptamente.
El 5 de noviembre, el titular de la SCT anunció al consorcio ganador, que era el liderado por la empresa China Railway Construction Company, junto con la Constructora Teya –filial del viejo conocido Grupo Higa–, además de Grupo GIA, China South Rolling Stok Corporation y GHP Infraestructura Mexicana.
Horas después de ese anuncio, Gerardo Esparza salió de nuevo ante los medios de comunicación pero para anunciar que la licitación se cancelaba.
“En razón de las dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, instruyó a reponer la convocatoria para la construcción del Tren de Alta Velocidad México Querétaro”, dijo el Secretario.
Esto sucedió luego de darse a conocer la noticia de que la esposa del Presidente Peña Nieto, Angélica Rivera Hurtado, era propietaria de una mansión de 86 millones de pesos, en las Lomas de Chapultepec, una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México. La constructora de esa casa fue ni más ni menos que Grupo Higa, propiedad de Armando Hinojosa Cantú.
El 29 de enero de 2015, la SCT lanzó de nueva cuenta las bases de licitación para el tren a Querétaro, pero para ese momento México ya estaba sumido en la indignación, provocada por las sospechas de un posible conflicto de intereses que tenía como actor principal al Presidente y a Angélica Rivera Hurtado, su esposa.
Aquél día, con la cancelación del proyecto, también se fueron al vacío 20 mil empleos directos y 41 mil indirectos.
Hoy, de eso ya no hay nada: sólo quedó una relación raspada con China y un plan de trenes para “Mover a México” en el olvido.
La otra historia, conocida a nivel nacional e internacional, es la de Grupo Higa.
De acuerdo con un cúmulo de solicitudes de información realizado por la Unidad de Datos de este diario digital, sólo en 2014 la empresa de Hinojosa Cantú consiguió 895 millones 499 mil 707 pesos con 12 centavos por siete contratos con la SCT.
OHL: DEL EDOMEX AL GOBIERNO FEDERAL
En la Procuraduría General de la República (PGR) existe una demanda por actos de corrupción y asociación delictuosa, en contra del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso; el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y su Secretario Técnico de Gabinete, Apolinar Mena Vargas, por haber participado y atestiguado el fraude en la licitación para la construcción del Viaducto Bicentenario en 2007.
En este asunto, como en otras más, entra OHL como uno de los grandes casos del sexenio en materia de presunta corrupción y conflicto de interés.
De 2012 al primer trimestre de 2016, OHL reportó ingresos netos por 60 mil 717 millones de pesos, sólo de ocho concesiones que tiene en el país.
En octubre de este año, por ejemplo, el segundo piso de la Autopista México-Puebla, que estuvo a cargo de OHL y Pinfra, reportó ganancias de 93 mil millones de pesos, derivados de la explotación de tramos carreteros.
Junto con Rafael Moreno Valle, Gobernador de Puebla, Ruiz Esparza inauguró la obra que tuvo un costo de 10 mil 500 millones de pesos; la SCT subsidió el proyecto con 5 mil 500 millones de pesos.
Otro asunto espinoso es el que involucra a la empresa Infraiber, que presentó una demanda penal ante la PGR contra el Secretario de Comunicaciones y Transportes, por autorizar a OHL la ampliación de concesiones de construcción.
El abogado de la empresa, Paulo Díez Gargari, aseguró que Ruiz Esparza pudo haber incurrido en delitos por autorizar a OHL, entonces representada por Juan Osuna, la ampliación por 30 años de la concesión de la autopista Amozoc-Perote y 20 años la del Libramiento de Perote.
La demanda establece que el titular de la SCT y OHL presentaron información falsa con la cual justificaban la ampliación de la concesión e incrementos anuales de 6 por ciento a la tarifa.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) no tiene aún los resultados de la auditoría a los contratos que OHL-México firmó con la SCT y que implican 15 mil 976 millones 193 mil 016 con 99 centavos, un proceso anunciado en 2015.
En contrataciones a nivel federal –es decir, dependencias y organismos descentralizados– el alcance de OHL supera los 24 mil 496 millones 543 mil 571 pesos con 16 centavos, de acuerdo con una investigación de la Unidad de Datos de SinEmbargo a través de mecanismos de Transparencia.
DE TEXCOCO AL CARIBE
Apenas en septiembre de este año entró en vigor un acuerdo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que otorga a Desarrollos de Infraestructura Sustentable Nuevo Chimalhuacán A.C. los derechos para el uso de 150 hectáreas de una zona conocida como “El Moño” o “Los Tlateles”, que colinda con el Circuito Exterior Mexiquense, Texcoco y Chimalhuacán, y es uno de los últimos lugares vacíos en los alrededores de lo que será el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Para líderes campesinos, quienes por años se han opuesto a la construcción del Nuevo Aeropuerto por la amenaza que representa para las comunidades y la tierra, ésta acción federal se traduce en “una burla”.
Adán Espinoza Rojas, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, sostuvo que quizá el Gobierno federal “tuvo que pagar algún favor” y mencionó una declaración del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, realizada en la Cámara de Diputados respecto a esta donación.
“Él [Ruiz Esparza], de una forma burlona, se puso como un Santo, pegó las manos al pecho y dijo: ‘con todo respeto les pido que nos tengan paciencia, ese terreno es para una zona deportiva y para árboles’. No dijo nada porque no tiene ningún argumento legal que diga que es su terreno. Es una burla en todo momento y si a eso se le suman las agresiones, los despojos y las agresiones, nosotros luchamos con nuestros amparos contra Conagua, el NAICM, decretos, etcétera”, acusó.
Autoridades de la paraestatal Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) negaron retrasos en la construcción del NAICM. Sin embargo, al hacer una comparación con el cronograma original se muestra un rezago en la licitación de obras preliminares del proyecto.
Al finalizar 2015, el presupuesto destinado para esa obra era de 104 mil 396 millones de pesos, sin embargo, al primer trimestre de 2016, la cifra aumentó en más de 75 mil millones, para quedar en 180 mil 122 millones 684 mil 677 pesos, de los cuales, según los contratos abiertos, hasta el momento sólo se ha hecho uso del 1.31 por ciento.
El aumento presupuestal es de 72.53 por ciento.
Esta cifra ya supera el doble de la inversión que tanto la Presidencia de la República como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunciaron el 4 de septiembre de 2014, el día en que presentaron el NAICM, considerado el proyecto más ambicioso de la administración de Enrique Peña Nieto. Ese día se dijo que se utilizarían 84 mil 500 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y 84 mil 500 pesos provendrían del capital privado.
Pero de acuerdo con el primer Informe Trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el avance de la obra está en 2.53 por ciento, a casi 18 meses de haber iniciado la fase de construcción, planeada para 2015-2020.
De acuerdo con los 20 contratos ubicados en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) y de un contrato que figura en la sección de Datos Abiertos del portal del NAICM, el dinero del que se ha hecho uso hasta el momento son 2 mil 361 pesos 544 mil 193 pesos.
En noviembre pasado, además, el Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Gamboa Patrón, viajó en un helicóptero que aterrizó de manera ilegal en el Área Natural Protegida (ANP) Arrecife Alacranes, frente a la costa de Yucatán; lo hizo como “pasajero”.
Los tres hombres a bordo eran el propio Senador Emilio Gamboa, el empresario Emilio Díaz Castellanos y el coordinador de Puertos y Marina Mercante de la SCT, Guillermo Ruiz de Teresa.
Por su parte, la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también había comenzado una investigación; sin embargo, aclaró, que “de confirmarse que se aterrizó indebidamente, procederá una sanción contra el piloto y a la empresa dueña de la aeronave”.
La dependencia federal también confirmó que Ruiz de Teresa viajó en el helicóptero, “pues se encontraba en una actividad personal, y nos comunicó que él fue invitado a hacer un recorrido y nunca se imaginó que el piloto iba a aterrizar en un sitio no autorizado”.
En tanto, Gerardo Ruiz Esparza negó en su cuenta de Twitter que él también hubiera hecho el recorrido, como aseguraron algunas versiones.
“Para interesados: ayer pasé un feliz domingo con mi familia en la CDMX. Desayuné con todos ellos a las 10 am en Sta Fe”, publicó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-12-2016/3125742
El ex Gobernador Humberto Moreira Valdés, quien fuera acusado de corrupción y dejara una deuda en Coahuila de miles de millones de pesos, busca obtener un escaño en la Cámara de Diputados local. Su hijo Rubén lo confirma, pues aseguró que varios partidos políticos se han acercado a su padre, entre ellos, algunos de corriente socialdemócrata, así como el Partido Joven.
Al menos 10 partidos habrían tenido acercamiento con Humberto Moreira y su familia para que los representara, según declaró Rubén Humberto Moreira Guerrero.
El hijo del ex Gobernador aseguró que su papá Humberto Moreira Valdés busca ser candidato a Diputado y él piensa acompañarlo activamente.
Entre los partidos que se han acercado se encuentran algunos de corriente socialdemócrata, así como el Partido Joven.
La culpa de no formar parte de la contienda en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) habría sido responsabilidad del equipo estatal, quienes se abstuvieron de invitarlos a pesar de que se busca elección abierta con los ciudadanos, recalcó Moreira Guerrero.
“Que pongan las reglas claras y no anden con secretos reuniéndose con panistas porque nos confunden”, declaró Rubén Humberto al acusar que el Gobernador del Estado se ha reunido con Luis Fernando Salazar así como con Jesús de León y Guillermo Anaya.
El hijo del exgobernador se presentó durante el registro de Ramón Oceguera Ramírez como aspirante a la candidatura independiente, luego de que el hijo del exalcalde Ramón Oceguera entregra su su papelería, Rubén Humberto se acercó para felicitar a “Moncho” además de tomarse fotografías a su lado.
Moreira Guerrero negó haber participado en el altercado en que se reportó que había participado junto a Luis Fernando Salazar.
El joven señaló que aunque él estuvo ese día en el restaurante Tuétanos, ubicado al norte de la ciudad, sólo vio de lejos el altercado que el Senador con licencia sostuvo con una persona que no ha sido identificada.
MOREIRA SE DESTAPA
El 9 de diciembre de este año, en una entrevista radial con Joaquín López Dóriga, el ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés dio a conocer formalmente su intención de buscar una candidatura en el próximo periodo electoral por el PRI para una diputación local.
Aunque el Humberto Moreira aún no cuenta con la designación de un partido en específico, mencionó durante la plática que al día de hoy ha sostenido el diálogo con dirigentes de diferentes organismos políticos, tales como el Partido Campesino Popular, el Social Demócrata y el Partido Joven -este último señalado por hacer campaña desde el 2014 al utilizar el logotipo del Gobierno de la Gente, al igual que el emblema de “El Profe”-.
A su paso como funcionarios públicos y como gobernadores del estado de Coahuila, Humberto Moreira (2005-2011) y Rubén Moreira (2011-presente), su hermano, han sido señalados por el desfalco y uso ilegal y desmedido del erario público. En medio de estos señalamientos, también se les ha acusado de delitos de lavado de dinero, nexos con el crimen organizado y amenazas a medios de comunicación.
Incluso, el empresario coahuilense en telecomunicaciones, Rolando González Treviño, detenido en octubre de 2014 en Estados Unidos, admitió haber participado en el traslado de dinero del erario público de Coahuila a Texas durante la Administración de Humberto Moreira.
Humberto Moreira Valdés gobernó Coahuila de diciembre de 2005 a enero de 2011. Durante su sexenio, la deuda del estado pasó de 323 millones de pesos a 36 mil 509 millones de pesos, lo que representa un aumento de 11 mil 203 por ciento, de acuerdo con los indicadores de obligaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sin embargo, tras “diversas investigaciones”, la Procuraduría General de Coahuila estableció que no hubo desvío de recursos ni daño al erario durante la administración de Humberto Moreira Valdés. En ese sentido, Norberto Ontiveros Leza, Subprocurador ministerial, mencionó que lo único que logró acreditarse es la contratación ilegal de deuda a través de decretos irregulares -5 mil 200 contratados con documentos falsos y 18 mil más sin permiso del Congreso local-, pero que no hubo desvíos de recursos.
INDIGNA ASPIRACIÓN DE MOREIRA
Luego de que Humberto Moreira se adelantara lanzándose en medios locales como posible aspirante a una diputación por Coahuila, las reacciones por parte de diversos actores de la vida pública no se hicieron esperar.
El Senador panista Luis Fernando Salazar; el sacerdote y activista Alejandro Solalinde; el obispo Raúl Vera López; Patricia Vargas, presidenta de Participación Ciudadana 29, entre otros, coincidieron en que la candidatura del ex Gobernador es una burla para los coahuilenses y podría tratarse de una fija aspiración al fuero legislativo.
Asimismo, el candidato a la gubernatura del Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila, Guillermo Anaya, aseguró que la intención de Humberto no es conseguir votos sino el fuero Legislativo, como ha sido señalado por el empresario Armando Guadiana, gracias a que buscará darle continuidad a las “mismas prácticas de corrupción e impunidad’’, dijo.
La noticia sobre las aspiraciones de Humberto Moreira Valdés también desató quejas y burlas en las redes sociales por parte de los cybernautas, quienes utilizaron el #Coahuila y #HumbertoMoreira durante varias horas.
FUENTE: SIN EMBARGO/VANGUARDIA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-12-2016/3125993
