CIUDAD DE MÉXICO: Cuando el principal jefe militar de un país sale a hablar mal de la clase política, cuestiona a los jueces y recibe el apoyo incondicional de los medios de comunicación, el poder civil está obligado a revisar qué tipo de Fuerzas Armadas quiere y para qué las quiere.
Detrás del discurso del hartazgo del general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, está el fracaso de la política de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto y las propias ambiciones de los cuerpos militares.
Su gran cuestionamiento a la tarea supletoria que están haciendo ante la ineficacia de las policías civiles, fue directo, por partida doble contra el secretario de Gobernación, su compañero de gabinete, Miguel Ángel Osorio Chong.
Como encargado de la seguridad interior y responsable de la Policía Federal, Osorio fue aludido por el general por la falta de impulso a la ley de seguridad interior que cubra la actuación de los militares en las calles y su inacción ante la histórica carencia de una policía civil profesional.
No es la primera vez que las diferencias entre Cienfuegos y Osorio se hacen públicas. Ocurrió en mayo de 2015, cuando el secretario de Gobernación pretendió que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entrevistara a los integrantes del 27 Batallón de Infantería en Iguala ante los reclamos de los padres de los 43 normalistas desaparecidos. El general salió de inmediato a rechazarlo.
El desencuentro viene desde el inicio del gobierno, cuando se disputaron el control de la Gendarmería, el cuerpo que Peña Nieto soñó para profesionalizar a la fuerza federal y reemplazar a la Policía Federal unipersonal que heredó de Felipe Calderón.
Los militares querían el control del nuevo cuerpo. Como no pudieron, se replegaron. Pero ni Osorio ni el entonces comisionado de seguridad, Manuel Mondragón, pudieron con el proyecto presidencial y la Gendarmería acabó en una división del cuerpo policial que no quería su jefe.
Ahora, los militares tienen todo los argumentos a su favor para reprocharle a Osorio.
Sí, los militares mexicanos están hartos. Pero no de enfrentar al narcotráfico, sino de carecer de la protección legal que justifique su actuación, incluidas las violaciones a los derechos humanos.
Desde hace más de dos décadas, jefes y oficiales del Ejército y la Armada de México han participado gustosos en cuerpos policiales civiles. Desde la Policía Federal, hasta policías estatales y municipales. Pasando, incluso por la Procuraduría General de la República.
El estado de la seguridad pública en el país también es responsabilidad de ellos. No sólo de los cuerpos civiles que tanto critican.
El diferendo entre Cienfuegos y Osorio reedita la confrontación que el sexenio pasado tuvo el general ahora retirado, Guillermo Galván, como secretario de la Defensa Nacional, con el entonces poderoso secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Como Calderón, Peña Nieto descansó en los militares a cambio de impunidad, sin que ninguno de los dos haya impulsado contrapesos a la actuación militar. Mucho menos, la reflexión si se quiere un ejército de guerra para el exterior o uno de intervención para la seguridad interior, cualquier cosa que eso signifique.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/466479/cienfuegos-osorio-las-disputas-del-poder
Integrantes de asociaciones de mujeres transexuales y transgénero de casi todo el país asistieron a la primera edición del Doll Factory After Show “Amazonas Runway”, evento destinado a la recaudación de fondos para financiar actividades con el propósito de promover y defender los derechos de la comunidad trans en México.
El objetivo del evento es además exigir que cesen las muertes de las mujeres trans, que tan sólo este año rebasaron los 60 casos en el país, así como la discriminación en su contra y violación a sus derechos humanos.
La representante legal de la asociación civil Hermanas Mías Pro Trans, Percéfoni Heredia, explicó que al espectáculo, que inició en el salón de La Diosa Social Club, se presentaron más de 30 embajadoras trans de igual número de entidades del país, quienes lucharán por su dignificación.
Heredia aseguró que las mujeres trans se vieron obligadas a organizarse porque conforman uno de los sectores de la población más vulnerables, que son víctimas de segregación, muerte y desaparición, pues se encuentran inermes a toda la violencia que deben sufrir por su condición sexo genérica.
Agregó que a muchas de las víctimas que fueron asesinadas las conoció, por lo que le cuesta mucho separarse de su memoria y por tanto decidieron luchar, con el fin de resistir a los transfeminicidios.
Otro de los objetivos del acto es que muchas mujeres trans “salgan del clóset” y dejen de tener miedo, señaló, además de crear ambientes favorables para su desarrollo humano y profesional.
Por otra parte, Aruba Williams, representante de Nuevo León, señaló que el evento “servirá para unirnos contra la transfobia, que nos afecta a todas como ciudadanas.
“En Nuevo León no existe una ley, tenemos que ir a México a cambio de identidad, y tenemos un gobernador [Jaime Rodríguez] al que le hace falta más información, debe acercarse a esta población para educarlo”, añadió.
Puntualizó que existen más de cien casos de transexualidad infantil y que las autoridades no hacen nada, mientras “los padres los están educando como homosexuales y lesbianas que no son”.
Agregó que a estos niños no les permiten expresarse como es su género en las escuelas, por ejemplo, y que por lo tanto necesitan más campañas sobre transexualidad.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/realizan-evento-exigir-alto-los-asesinatos-personas-trans/
La tarde del 14 de diciembre la solicitud de licencia para dejar el cargo como diputado constituyente de Mardonio Carballo estaba sobre la mesa del diputado Alejandro Encinas, presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México: “Se acabó mi vida en la Constituyente. Hoy pedí licencia. Aquí mis razones. La dignidad es una niña poderosa a la que hay que proteger” difundió el propio Mardonio minutos más tarde en sus cuentas de redes sociales.
Argumentando que “presidir la Comisión de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas ha sido una de las tareas más difíciles de mi vida” continua diciendo Mardonio Carballo “por la imposibilidad de construir algo digno para los pueblos, sin imposiciones intelectuales, con calidad jurídica y humana. Todo el trabajo fue desvirtuado por intereses partidistas y personales para verse reflejados en una Constitución que ni siquiera es de nosotros”.
Mardonio señala que firmó el articulado del Dictamen final en aras de allanar un camino plagado de conflictos, pero estos persisten: “el ejercicio parlamentario en la Asamblea Constituyente está secuestrado por cuotas partidistas y por personas que no tienen un interés legítimo en el tema y eso es un gran peligro para el reconocimiento de los derechos de los habitantes de la Ciudad de México”.
Sin embargo, señala también como una causa fundamental de su renuncia que “lo más indigno ha sido constatar de forma personal el racismo al que me he enfrentado y desde el cual se construyó el articulado final de la Comisión. Fui invalidado, mi voz y mi experiencia de vida perdió fuerza y validez ante la violencia imperante en la Comisión… es bajo la lógica de no discriminación racial que dejo el cargo” finaliza diciendo en su carta Mardonio Carballo, diputado constituyente por parte del partido político Morena.
La carta de su solicitud de licencia:
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/se-acabo-vida-la-constituyente-la-dignidad-una-nina-poderosa-la-proteger-mardonio-carballo/
CIUDAD DE MÉXICO: Las gasolinas aumentarán 15 por ciento desde el 1 de enero, afirmó Roberto Díaz de León, consejero de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).
En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, dijo que se esperan cambios semanales en el precio de la gasolina, pero la baja de precios por la competencia podría darse hasta dentro de dos años.
“Nosotros en Onexpo estimamos que deberá de tener un incremento de alrededor del 15 por ciento. De momento creemos que sí sería irresponsable hablar de precios más bajos, incluso la propia autoridad ha visto que sin subsidio, el precio de la gasolina debiera de andar hoy alrededor de los 15 pesos con 54 centavos para la gasolina magna”, precisó Díaz de León.
Señaló que los precios del combustible siguen ciertas tendencias, de la mano de los precios de referencia internacionales, que sí van con una estacionalidad de precios.
“Entonces podríamos ir siguiendo estas estacionalidades de precios, y también conforme se vaya desarrollando la infraestructura que va haciendo falta en el país, y se vaya también desarrollando toda la cadena logística, seguramente podrá ir madurando toda la cadena que pueda irse reflejando esta eficiencia en los precios, y sí se puede esperar que ya en un mercado más maduro que pueda evolucionar favorablemente”.
Reiteró que no se atreve a hablar de disminuciones porque es un proceso que lleva tiempo; dijo que son precios que la tendencia internacional está a la alza y el precio deberá de seguir esa tendencia.
Díaz de León apuntó que llegará un incremento de la mano de una liberación de precios gradual en todo el país.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/466454/gasolinas-aumentaran-un-15-a-partir-del-1-de-enero-onexpo
GUANAJUATO, Gto: En sesión secreta, el Congreso votó por retirar del cargo al regidor perredista Julio César García Sánchez, integrante del ayuntamiento de la capital del estado, quien con este resultado del juicio de procedencia que le fue instaurado deberá enfrentar un proceso penal, acusado de ejercer violencia de género contra su expareja.
Treinta diputados votaron a favor y seis en contra del desafuero, informó Elvira Paniagua, diputada presidenta de la Comisión de Responsabilidades del Congreso, luego de la sesión secreta efectuada la mañana de este jueves.
La solicitud del desafuero del servidor público del Partido de la Revolución Democrática fue hecha a mediados del año por la Procuraduría de Justicia del Estado, pues a pesar de que García Sánchez había solicitado licencia para comparecer ante un juez de oralidad penal, éste determinó que primero debía ser sometido al juicio de procedencia, pues todavía gozaba del fuero como regidor.
La expareja de García Sánchez denunció a fines de enero que éste la golpeó y amenazó. Inicialmente la mujer acudió ante la Contraloría Municipal y el ayuntamiento, para posteriormente interponer la denuncia penal ante el Ministerio Público.
El Centro Las Libres acompañó a partir de ese momento a la víctima, y el asunto fue consignado a un juzgado del sistema penal acusatorio.
El 25 de febrero el regidor pidió licencia para presentarse ante el juez, y tomó su lugar como su suplente el regidor transgénero José Luis Araujo, o Rubí Araujo, quien estuvo dos meses en el cargo, hasta que concluyó la licencia y García Sánchez volvió a la regiduría con el fallo a su favor del juez y un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia para que sólo fuera procesado después del juicio de procedencia en el Congreso.
A lo largo del proceso los abogados del regidor interpusieron varias recusaciones contra los diputados que integran la Comisión de Responsabilidades, alegando que tenían una postura a favor de la contraparte y la habían hecho pública. También acudió a la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos.
La determinación del Congreso será notificada en las próximas horas a las partes, incluyendo al ayuntamiento de la capital, para que se proceda a retirar del cargo al regidor.
Al respecto, la directora de Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, señaló que “el mensaje es que las instituciones funcionan y nos dan certeza como ciudadanas de que ningún hombre, político, funcionario o servidor público con fuero, puede ejercer violencia contra las mujeres porque habrá una sanción jurídica”.
“El Congreso está mandando el mensaje que correspondía. No solamente él (Julio César) que ya está bajo una sospecha y debe enfrentar su juicio como cualquier ciudadano, sino para todos los servidores públicos hombres que tienen poder político, económico para defenderse, que tienen que ir igual que el resto de los ciudadanos a enfrentar las consecuencias de los delitos que cometen”, puntualizó Cruz Sánchez.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/466524/desafueran-a-regidor-encare-proceso-penal-golpear-a-expareja
CIUDAD DE MÉXICO: El próximo martes 20, los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala iniciarán la Caravana 43 por la Memoria y la Esperanza, la cual arrancará en Ayotzinapa y terminará seis días más tarde en la Basílica de Guadalupe, en esta capital.
En ese lapso los padres de los normalistas recorrerán los municipios de Taxco, en Guerrero –el miércoles 21–, así como los municipios morelenses de Axoxocotla y Cuernavaca –el viernes 23– y de Amilcingo y Tepoztlán, el sábado 24.
El domingo 25 los padres llegarán a la Ciudad de México, donde realizarán un acto político, y al día siguiente realizarán una “marcha-procesión” desde la glorieta de Peralvillo hasta la Basílica de Guadalupe, donde acudirán a una misa que oficiarán Carlos Garfias Merlo y Raúl Vera, respectivos arzobispo de Guerrero y obispo de Saltillo.
A dos años y tres meses de la desaparición forzada de los normalistas, los padres seguirán exigiendo la presentación con vida de sus familiares.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/466532/padres-normalistas-preparan-la-caravana-43-la-memoria-la-esperanza
La Unión Europea y las embajadas de sus Estados miembros en México condenaron “firmemente” el asesinato el pasado 10 de diciembre del periodista mexicano Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, quien era reportero de Antena Radio Chihuahua.
La Unión Europea confió en que las autoridades mexicanas realicen una investigación “expedita, transparente y eficaz para esclarecer los hechos, así como identificar y juzgar a los responsables”.
Asimismo, lamentó el asesinato de otros 14 periodistas y colaboradores de medios de comunicación mexicanos en 2016.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/15/condena-ue-asesinato-de-periodista-en-chihuahua
Ciudad de México. El Consejo Universitario (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprobó el presupuesto que la casa de estudios ejercerá en 2017, el cual asciende a 40 mil 929 millones de pesos, 0.6 por ciento mayor al que se tuvo este año.
Durante la última sesión del año de este órgano colegiado, el presidente del CU dijo que este aumento equivale a 247 millones de pesos más que en 2016, y sí bien dijo que se trata de un incremento marginal, permitirá que programas fundamentales continúen, como el que no habrá recorte a becas.
De acuerdo con el proyecto presentado por el secretario administrativo de la casa de estudios, Leopoldo Silva, ante los consejeros, este presupuesto se divide en dos: 88.8 por ciento, 36 mil 346 millones, proviene de recursos otorgados por la Federación; en tanto que 4 mil 583 (11.2 por ciento) son recursos generados por la UNAM.
El presupuesto universitario se repartirá en cuatro áreas: docencia, investigación, difusión cultural y gestión institucional.
Para docencia se destinarán 24 mil 949 millones de pesos, que equivalen a 61 por ciento del total; a investigación se otorgarán 10 mil 655 millones de pesos, que representan 26 por ciento; a extensión y difusión de la cultura se le asignarán 3 mil 309 millones, el 8.1 por ciento; y finalmente la gestión administrativa contará con 2 mil 16 millones de pesos, 4.9 por ciento.
El rector destacó que se han hecho esfuerzos ante el difícil año financiero que será 2017, y por ello en gestión institucional se ha logrado pasar de 5.2 por ciento que se ejerció el año pasado, a 4.9 por ciento (0.3 menos), a fin de aprovechar esos recursos para otras áreas fundamentales.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: EMIR OLIVARES ALONSO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/15/aprueba-unam-presupuesto-de-40-9-mil-millones-para-2017
Organizaciones de derechos humanos recordaron al Presidente Enrique Peña Nieto los atropellos a los derechos humanos que ha enfrentado la población, después de que el mandatario asegurara, durante la entrega del premio Nacional de Derechos Humanos 2016, que su Gobierno se ha caracterizado por mirar de frente estos problemas. Activistas cuestionaron la intención de Peña Nieto de priorizar la atención de ciertas violaciones a las garantías individuales en vez de desarrollar políticas integrales que los resuelvan. ¿Por qué la actual administración ha relegado la atención de los derechos humanos?, se preguntan.
El Presidente Enrique Peña Nieto dijo el lunes pasado que dará prioridad a tres acciones en contra de las violaciones a los derechos humanos. Y organizaciones civiles cuestionaron que hayan tenido que pasar cuatro años para que el mandatario pusiera atención a la agenda de los derechos humanos.
Durante el evento de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2016, el Presidente aseguró que “hacia delante” daría prioridad al combate de las desapariciones, la consolidación del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y a las acciones en contra de la violencia contra la mujer.
Organizaciones civiles concordaron que estos asuntos son importantes, pero cuestionaron la forma en la que el Presidente pretende atender la crisis de derechos humanos en México.
“Me parece que todos los Derechos Humanos tienen que ser prioritarios en este país. Uno no puede distinguir. Tenemos más de 150 mil homicidios en la última década, miles de personas torturadas, despojos, un desplazamiento interno forzado, entre otros”, dijo Alejandra Nuño, consultora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM).
Durante la ceremonia, Peña Nieto insistió en que el Gobierno es el primero en reconocer los problemas cuando se presentan y que los trata con un enfoque incluyente. Tal es el caso de los hechos violatorios a los derechos humanos: “que todavía, lamentablemente, se presentan”, dijo.
DESAPARICIONES DESATENDIDAS
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), reportó que entre el 2007 y octubre de este año han sido desparecidas 29 mil 903 personas.
“Esa es una vergüenza que hasta ahora se manifieste sobre el tema. Peña Nieto ha puesto gente en la PGR [Procuraduría General de la República] que ha sido totalmente sumisa e indiferente con el tema de los desaparecidos. Como Arely Gómez”, dijo Lucía de los Ángeles García Henao, fundadora de la organización civil Solecito.
Sin contar los casos que no especifican en qué año se cometieron, ni los ocurridos antes del 2007, los datos oficiales muestran que Peña Nieto superó en cuatro años la cifra desapariciones que Calderón registró en sus seis años de Gobierno.
De los Ángeles detalló que para las organizaciones el registro se queda corto: “Podría ser sólo el número registrado en Tamaulipas”.
El 10 de diciembre del año pasado el Presidente anunció que enviaría iniciativas de ley para combatir los delitos de lesa humanidad: desaparición y tortura.
La Senadora del Partido de la Revolución Democrática, Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que la Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares será aprobada en este periodo de sesiones que finaliza el 21 de mayo.
De los Ángeles detalló que la iniciativa no ha contado con el respaldo de otras que Peña Nieto ha impulsado en sus discursos como la Ley de Seguridad Interior, la del aumento de gramaje de la marihuana o la del Matrimonio Igualitario.
“Con otras iniciativas ganan puntos [electorales] muy observables. Su visión es muy corta, porque ganancia quizá no tengan, pueden perder mucho con el tema desaparecidos si ellos no comienzan a actuar y a dejar la simulación, como cuando muestran los números del registro en espacios internacionales”, dijo.
FEMINICIDIOS
México sigue reportando una ola de feminicidios, mientras el Gobierno federal ha preferido resaltar los esfuerzos de la Alertas por Violencia de Género.
“El Gobierno nos debe la reivindicación y la erradicación de las violencias de género. Seguimos teniendo diferentes feminicidios, pero no sólo eso, sino la violencia sexual”, dijo Alejandra Nuño.
Y 14 mil 195 relacionadas con otros delitos sexuales, de acuerdo son datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La primera Alerta de Violencia de Género en el país fue aprobada para 11 municipios del Estado de México el 28 julio del año pasado. A partir de entonces éstas se han extendido a Veracruz, Morelos, Michoacán, Chiapas y Nuevo León.
“Sin duda es un avance que tengamos alertas. Pero otro tema es la eficacia de estas medidas, y esto tiene que ver a veces con la falta de diligencia de las autoridades municipales, estatales y federales”, dijo Nuño.
MECANISMOS DE PROTECCIÓN
El Mecanismo de Protección para personas de Derechos Humanos y Periodistas fue publicado el 25 de junio del 2012 en el Diario Oficial de la Federación.
Desde octubre del 2012 a octubre del presente año se han registrado y mantienen vigentes 507 beneficiarios del Mecanismo, de acuerdo con el Informe Estadístico hecho por la Secretaría de Gobernación.
Erick Monterrosas, Oficial Adjunto del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, detalló que cada caso conlleva medidas diferentes por la falta de homogeneidad del Mecanismo.
“Pueden ser desde medidas de reubicación, de escoltas, hasta medidas de infraestructura, como reforzar las rejas o poner cámaras de vigilancia, o un reconocimiento público”, explicó.
Monterrosas detalló que hay un proceso común de estigmatización por parte de los elementos de seguridad pública del Estado, que suelen desestimar la gravedad de la amenaza que afrontan periodistas y defensores de Derechos Humanos.
El Oficial Adjunto refirió que el Mecanismo no cumple con un enfoque de género. “Se han documentado casos en los que la mismas personas de seguridad han acosado a los beneficiarios”.
Las autoridades siguen siendo las principales agresoras de los defensores de derechos humanos y periodistas, de acuerdo con el Informe Estadístico.
En su último informe trimestral, entre julio a septiembre, Artículo 19 documentó que siete de cada 10 casos de agresión a periodistas y defensores de derechos humanos contaban con servidores públicos como autores de dichas agresiones.
“Son fuerzas del estado de todos los niveles, el Ejército, Alcaldes. Y en los casos de agresiones del crimen organizado hay fuertes indicios de que hay un contubernio estructural con los agentes del Estado”, dijo Monterrosas.
PEÑA SE PREPARA PARA VISITA
Las organizaciones civiles no quisieron dejar pasar que las declaraciones de Peña Nieto están relacionadas con la visita el próximo año de Michel Forst, Relator Especial de los defensores de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, del 16 al 24 de enero.
“También vemos mucho que esta declaración responde a una cuestión México va estar en escrutinio de la comunidad internacional”, dijo Monterrosas.
Por su parte, el Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México Perseo Quiroz Rendón detalló que el Presidente hizo caso omiso de las recomendaciones de la sociedad civil desde que inició su mandato.
“En el año 2014 tuvimos una primera entrevista con Peña, en la que justamente hablamos de que los derechos humanos no estaban siendo prioridad en su Gobierno. Advertimos una crisis, y no éramos profetas, sino que veíamos las tendencias. Hoy la estamos viviendo”, dijo el director.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/14-12-2016/3125402
La población de Sinaloa vive con la presencia del crimen organizado y los familiares de las víctimas de la violencia creen que el Gobierno federal debió explorar opciones que evitaran los daños humanos. Hasta octubre, en la entidad han sdesaparecido, de acuerdo con datos oficiales, 2 mil 406 personas. En medio de esta violencia, los esfuerzos más claros vienen desde la sociedad civil. El próximo 20 de enero se llevará a cabo la tercera Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
El grupo de rastreadores Sabuesos de Sinaloa se ha dedicado cada viernes a buscar a sus seres queridos en distintos municipios de este estado. El impacto de la guerra es claro, 2 mil 406 desaparecidos han sido reportados hasta el pasado octubre. Ante la ola de violencia, los familiares sostienen que el Gobierno federal debió haber negociado con los cárteles.
El pasado 30 de septiembre, el crimen organizado dio una muestra de su poder, cuando una emboscada dejó un saldo de cinco soldados abatidos y otros 10 elementos heridos. El grupo criminal liberó ese día a un capo de las manos del Ejército.
El narcotraficante rescatado era Julio Óscar Ortiz Vega, alias “El Kevin”, quien resultó herido y después capturado en un enfrentamiento previo en el municipio de Badiraguato.
El 25 de octubre el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredía, confirmó que los criminales eran allegados a Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder preso del Cártel de Sinaloa.
La reacción inmediata del Gobernador Mario López Valdez fue pedir la colaboración del Ejército en las labores de seguridad en la entidad. De acuerdo con las familias de las víctimas, los refuerzos federales, aunque necesarios, se han quedado cortos.
La violencia en Sinaloa se ha traducido en desapariciones. Y diez años después de que el ex Presidente Felipe Calderón Hinjosa decidiera iniciar la llamada “guerra contra el narcotráfico”, los grupos de búsqueda evalúan una falta de estrategias específicas que impidan que este delito continúe.
Alma Rosa Rojo, miembro de los Sabuesos de Sinaloa, busca a su hermano, Ángel Rojo Medina, desaparecido el 4 de julio de 2009 en Culiacán.
La activista expuso, en entrevista con SinEmbargo, los efectos de la guerra en el norte del país.
— ¿Cómo incidió la guerra en el fenómeno de las desapariciones en México?
— A nivel nacional, la verdad es que es una guerra muy complicada. Es muy horroroso. El Gobierno trabaja conforme los dejan trabajar. Y a la delincuencia no le gustan los ataques. Ahí es donde se genera más violencia. Que crece conforme a los enfrentamientos entre ellos mismos (los grupos del crimen).
— ¿Se ha criminalizado a las víctimas de desaparición?
— Sí. Pero, también sucede que los desaparecidos, en su mayoría, pueden ser personas que vieron u oyeron algo, y las desaparecen para callarlas. No vas a hablar. Muchos casos son de estos y, habrá otros, donde sí las víctimas estaban coludidos con la delincuencia.
— ¿Cómo ve las estrategias de apoyo federal para atacar frontalmente al narcotráfico?
— Veo que no han funcionado, claro que hay algo de tensión en las partes por el decomiso de armas, pero ha funcionado poco la verdad. Aunque también creo que se necesitaba el apoyo federal, porque el Gobierno estatal no podía hacer frente a esa ola de violencia.
— ¿Qué se ha dejado de hacer en el fenómeno de las desapariciones?
— Tú ves que sí hay detenciones. Pero que las desapariciones siguen. Nosotros quisiéramos que el Gobierno implementara una estrategia para detener las desapariciones, que hiciera un trato con la delincuencia, un trato entre ellos de que ya paren. La verdad ni el peor delincuente merece la desaparición. Si los van a matar por qué no dejan encontrarlos, y entregarlos a las familias.
— La posición del Gobierno suele ser de no tratar con criminales. ¿Cree que esa postura ha servido?
—No creo que sirva, porque hay otras especies de tratos (entre autoridades y el crimen). Entonces, por qué no lo pueden hacer. Un acuerdo para que no hayan más desaparecidos.
— Cuando habla de otros tratos. ¿A qué se refiere?
— No puedo decir que se dé en todo el Gobierno, pero siempre va haber corrupción. Y hay colusión del Gobierno en las desapariciones. Entre nuestros desaparecidos hay muchos casos donde policías municipales han intervenido. Y lo he visto en varios estados, en Veracruz, en Sinaloa, son varios estados donde se ha visto que participa algún tipo de policía.
— Esto me trae a la mente el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Cómo impactó este hecho en las acciones que ustedes realizan?
— La verdad es que cuando desaparecen los 43 hubo más atención del Gobierno federal, por la presión. Entonces los demás colectivos, y organizaciones, empezamos a ver que los volteaban a ver a ellos porque eran 43 y no se hacía nada por todos los demás. Se exigió a las autoridades que trabajarán, que cambiarán leyes. La desaparición de los 43 nos abrió la mente de que teníamos que exigir más. En ese tiempo había 27 mil desaparecidos.
— ¿Si no vemos buenos resultados es porque las ordenes de quienes dirigen están mal?
— Claro. Si Peña hubiera dado ordenes precisas hubiera sido distinto, pero no hizo nada, aunque tuviera el poder.
— Ya viene la tercera Brigada Nacional, ¿qué tienen planeado?
— La Brigada se va realizar del 20 de enero al 4 de febrero, con la participación de entre 100 a 120 personas. Vamos a estar en la zona Sur, Centro y Norte. Estamos definiendo. Podrán ser Culiacán, Rosario, Mazatlán,Cosalá, Los Mochis (municipio Ahomé).
— ¿Cuentan con el apoyo de las autoridades para emprender esta búsqueda?
— Hemos tenido el apoyo pero resulta que la Brigada no trabaja con ellos sino con la sociedad y las iglesias. No queremos compromisos con el Gobierno, o nos van a decir: “Cómo ya te ayudé y ahora vas a hacer lo que yo diga”. Contamos con su apoyo sí en seguridad (custodios). Hemos pedido a ellos eso y lo tenemos ya.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/14-12-2016/3121971
Era 2005 y en México los cárteles de la droga crecían y se adueñaban de los territorios que arrebataban a empresarios honestos, ciudadanos de bien y gobiernos corruptos. Entre pocos se repartían las zonas: el cártel de Sinaloa, el cártel Arellano Félix, el cártel del Golfo, el del Milenio, los Zetas. Eran las mismas estructuras criminales que desde hacía 20 años se habían despachado el territorio criminal ante la captura de los notorios capos Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo.
En Sinaloa, el general Sergio Aponte Polito estaba a cargo de la Novena Zona Militar con sede en la capital del Estado que gobernaba Jesús Aguilar Padilla. Los índices de violencia e inseguridad en esa entidad estaban en los límites del horror. Los narcotraficantes tenían negocios, coleccionaban casas de seguridad, se paseaban por todos lados, amedrentaban policías honestos, asesinaban periodistas y activistas, imperaba la ley del terror que imponía el narcotráfico con sangre. Hasta la sociedad estaba impregnada de la inmundicia criminal.
Harto de ver consumida la sociedad por la delincuencia organizada, y ser testigo de la corrupción en las corporaciones civiles, el General Sergio Aponte Polito pronunció un discurso que más tarde y con el mismo ímpetu e impacto, ofreció en Baja California.
Acusaba entonces a sociedad y gobierno de su condescendencia con los miembros del narcotráfico. Señalaba a los ingenieros que les construían sus guaridas subterráneas, a los arquitectos que les diseñaban casas con pasadizos y dobles fondos para esconder droga, armas y dinero. A los banqueros que les aceptaban el dinero mal habido, a las automotrices que les aceptaban pagos en efectivo por la adquisición de camionetas, completando con ello un círculo de lavado de dinero. Hasta a la sociedad que los invitaba a sus casas, les permitía departir con hijos e hijas, y hasta los hacia miembros de su familia. A las corporaciones corruptas que les hacían de guardaespaldas oficiales, que les ayudaban a huir después de asesinar, secuestrar, a los gobiernos que les daban protección y les garantizaban impunidad.
El narco crecía al amparo de gobierno y sociedad. Y la única forma de combatirlo era, de acuerdo al General, hacer un frente un común.
Viene a la mente el General Sergio Aponte Político (ya en el retiro), porque fue este hombre del Estado, uno de quienes encabezaron la guerra contra las drogas como llamó Felipe Calderón Hinojosa a su estrategia de combate a los mafiosos que integraban entonces (algunos aún), los cárteles de la droga en México.
Don Sergio Aponte fue enviado a Baja California donde encabezó la II Región Militar en enero de 2006. Empleó el mismo discurso apelando a la denuncia ciudadana para aprehender a aquellos que eran protegidos por una parte de la sociedad y por una parte de los gobiernos, en lo que era una gran base de impunidad a costa de la corrupción. Funcionó. Los ciudadanos que se veían amenazados por la criminalidad los empezaron a denunciar, lo mismo a policías corruptos. Con la venia del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, los militares comenzaron así a perseguir el narcotráfico y a coordinar a las fuerzas civiles.
La medida tuvo mucho que ver con el hecho que las corporaciones civiles estaban infiltradas por el narcotráfico y el crimen organizado. La única institución que garantizaba una tarea neutral al servicio del estado y no corrompida en sus cimientos era precisamente la integrada por la milicia. El pacto de Calderón fue sacar el Ejército de los cuarteles en tanto las policías preventivas, procuradoras e investigadoras eran depuradas y evaluadas con controles anticorrupción.
Ciertamente sin atribuciones legales más allá de la orden presidencial y el establecimiento de formas de coordinación en la ley nacional de seguridad Pública. Los militares contribuyeron grandemente en la aprehensión de asesinos, narcotraficantes y agentes deshonestos. Establecieron retener en calles y carretas que contribuyeron a incrementar el decomiso de drogas, armas, dinero, avionetas, vehículos y demás herramientas de los narcotraficantes para la producción, venta y trasiego de droga de este País al de la Unión Americana.
Sin embargo, llegó Enrique Peña Nieto y eliminó gran parte de esa política de combate al crimen organizado y el narcotráfico. Empezó por retirar al Ejército Mexicano (No a la Armada de México que sigue coadyuvando en esas tareas incluso con corporaciones extranjeras), eliminar la Secretaría de Seguridad Pública Federal que tenía entre otras responsabilidades la evaluación de las fuerzas del orden civil, erradicar los retenes militares para el aseguramiento de drogas así como las aduanas internas, ordenando a Generales no investigar al narcotráfico, desmantelar áreas de inteligencia con ese propósito y, muy importante, no dar declaraciones al respecto.
Enrique Peña Nieto quería que el mundo y México se olvidara de la guerra contra las drogas que tanto había costado al Gobierno Mexicano, y pensara en una tierra pacífica donde los convoyes militares dejaran de ser parte del escenario cotidiano y los militares no entraran en disyuntivas legales al realizar una tarea para la cual ciertamente no estaban facultados.
Los resultados no han sido los deseados. En 45 meses de gestión, a julio de 2016, las personas ejecutadas en territorio nacional producto de la guerra entre cárteles, ascendieron a 78 mil 109. En casi cuatro años, Peña está peligrosamente cerca de los 85 mil 35 ejecutados que se registraron en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. De hecho, de continuar la inseguridad en los niveles que se viven estos días, habrá más ejecutados en el sexenio de Peña que en el de Calderón. De igual forma, hay más organizaciones criminales, especialmente en las localidades de la costa del pacífico, mientras las existentes en el norte se han adentrado al centro, a la par que uno de los cárteles más violentos, el cártel Jalisco Nueva Generación, amplía sus territorios criminales en alianza con otras organizaciones y en plena impunidad.
La diferencia entre el sexenio de Calderón y el de Peña es que el Ejército está fuera del combate al narcotráfico, y que la Secretaría de Seguridad Pública Federal dejó de existir. La otra gran contradicción: Hay más ejecutados, más violencia y más cárteles.
Por estos días el Secretario General de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, ha establecido que sin facultades en la Ley ellos poco pueden hacer, además que no han sido instruidos desde su inicio para combatir al narcotráfico, sino para garantizar la seguridad interior. Que ciertamente se debe regular la participación de las Fuerzas Armadas para hacer frente a riesgos y amenazas que vulneran el orden constitucional y el estado de derecho.
Por estos días, ya con poco margen de maniobra ante el cierre de sesiones legislativas, los representantes del Poder Judicial empezarán a discutir en la Juntas de Coordinación Política, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, las reformas a la Ley de Seguridad nacional para establecer la responsabilidad y facultades de las fuerzas armadas en la seguridad interior, y la participación de las mismas en el combate al narcotráfico y el crimen organizado. Esto ya resulta urgente.
Es evidente por los resultados obtenidos en los últimos cuatro años, que la ausencia del Ejército en el combate a los cárteles y la falta de depuración en las organizaciones civiles, han creado ese ambiente de impunidad y corrupción que ha permitido a las organizaciones criminales crecer en el País, asesinar a sus detractores y enemigos, a policías honestos, trasegar droga, cobrar piso, secuestrar, desaparecer.
Diez años después del inicio de la guerra contra las drogas estamos igual o peor. Con más impunidad, sin un combate a la corrupción, con los militares en los cuarteles, y los narcotraficantes creciendo el ilícito negocio ante una estrategia federal que, es evidente, no funciona. No cuando hay más muertos y más narcos.
Eso sí, hoy como hace diez años, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, están analizando la posibilidad de cambiar la Ley para darle facultades y responsabilidades a las fuerzas armadas. Otra vez. O será que sin una estrategia bien fundamentada al Presidente y a su gabinete ya no se les ocurre otra cosa.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/14-12-2016/3125689
Puebla, Pue. El Congreso del estado destituirá a la presidenta municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, e iniciará el procedimiento administrativo contra el ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, a quienes imputan irregularidades en el manejo de recursos, tras las críticas que ambos políticos realizaron al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.
Ediles del PRD denunciaron ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de esa fuerza política que la administración estatal emprendió una persecución en su contra que comprende amenazas de cárcel, por exigirle la liberación de recursos públicos.
Las acciones contra los presidentes y ex munícipes del estado iniciaron a menos de siete semanas de que Moreno Valle concluya su mandato y, en el caso de Rivera y Fernández, el Congreso actuará en su contra este día, durante la última sesión ordinaria del año, tras la cual los diputados ingresarán a un periodo vacacional.
La Comisión Inspectora, que encabeza la diputada del PAN Patricia Leal Islas, propuso al pleno el inicio de procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades (IPADR) contra Eduardo Rivera por el manejo de recursos de su última cuenta pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MÓNICA CAMACHO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/15/puebla-inician-procedimiento-administrativo-contra-funcionarios
Ciudad de México. El Senado aprobó en fast track reformas al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales en Materia de Posesión y Portación de Armas de Fuego, Explosivos y Accesorios y la Ley Federal de Armas, con lo cual se endurecen las penas contra la portación ilegal de armas y sanciona hasta con 30 años de cárcel a quien las porte.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México estuvo presente durante la presentación del dictamen de esta reforma que no se discutió en el pleno, y en menos de quince minutos se aprobó.
Se destaca en la exposición de motivos que las armas son el elemento fundamental que propicia la violencia y la actividad delictiva. Así, por ejemplo, la Encuenta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, señala que de los 18 millones de delitos considerados, en 48.6 por ciento los delincuentes portaban armas, y de ellas 33 por ciento eran de fuego.
Subraya que se estima que en el país se encuentran circulando ilegalmente cerca de 20 millones de armas y el 65 por ciento de ellas está en manos del crimen organizado.
También refiere que entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2014 se contabilizaron en México 41 mil 15 homicidios dolosos y destaca que la legislación vigente es laxa para su portación y control.
En la legislación actual las personas que han sido aprehendidas por portar un arma calibre 22, 25, 28 o 32 pueden salir en libertad tras pagar una multa que va de dos mil a diez mil pesos. De enero a septiembre de 2015 únicamente hubo 180 casos registrados.
Con esta reforma a quien porte, fabrique, importe o acopie, sin un fin lícito, armas prohibidas, se le impondrá una sanción de siete a quince años de prisión y de 300 a 500 unidades de medida y actualización.
La sanción más alta es de 30 años para quien ingrese al país de manera ilegal armas y municiones.
Las reformas fueron aprobadas con 89 votos a favor, uno en contra y de inmediato se turnó a la Cámara de Diputados para continuar el trámite legislativo. Estas modificaciones legales contaron con el respaldo de la Conferencia Nacional de Gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México estuvo presente durante la aprobación de estos cambios legislativos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR BALLINAS, ANDREA BECERRIL.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/15/en-fast-track-senado-endurece-penas-a-portacion-ilegal-de-armas
El sector patronal del país reprochó a estados y Congresos locales que ya aprobaron alzas a sus impuestos, sobre todo el relativo a que se aplica a la nómina de las empresas.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Copamex) reprochó a estados y congresos locales que ya aprobaron alzas a sus impuestos, sobre todo el relativo a que se aplica a la nómina de las empresas.
En su mensaje semanal, el presidente del organismo patronal, Gustavo de Hoyos Walther, exhortó a los gobiernos y legisladores locales que aún no deciden sobre el tema, que no incrementen impuestos.
“Nuestros centros empresariales nos han alertado sobre la intención de algunos gobiernos estatales de aumentar diversos impuestos, pagos de derechos y contribuciones locales, entre otros, el Impuesto Sobre Nóminas (ISN), el cual grava las remuneraciones del trabajador”, dijo.
Destacó que a partir del ejercicio fiscal 2014 se ha observado una tendencia en cada vez más estados para elevar el ISN a la tasa máxima vigente actual de 3.0 por ciento, con el objeto de aumentar la recaudación local.
Explicó que para el ejercicio de 2017, tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo en algunas entidades tomaron la iniciativa de incrementar sustancialmente el ISN, así como impuestos en los sectores turístico y ambiental, entre otros.
Lamentó que nueve entidades federativas determinaron aplicar la tasa máxima de 3.0 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas: Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz.
El dirigente de la Coparmex afirmó que los consejos directivos de los centros empresariales han advertido a los legisladores de sus estados sobre los riesgos inherentes a seguir incrementando dichos impuestos.
Sin embargo, puso como ejemplo al estado de Sinaloa y su Congreso que aprobaron recientemente un incremento del 100 por ciento a la tasa del Impuesto Sobre Nóminas, por lo que pasó del 1.5 por ciento al 3.0 por ciento, además se crearon impuestos por la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos; impuesto al derecho a casas de empeño; y una Ley en materia de Casas de Empeño.
Asimismo, en Baja California Sur se aprobó un paquete fiscal incorporando una nueva contribución a los turistas extranjeros que ingresen al territorio del estado, mediante un pago de 350 pesos, el cual será cobrado a quienes accedan vía: aérea (aerolíneas), marítima (navieras) o terrestre (hoteles).
También citó el Paquete Fiscal del estado de Tamaulipas, en el que se aprobó el aumento al Impuesto Sobre Nómina para fijarlo en 3.0 por ciento y adicionalmente la creación del Impuesto Sobre Hospedaje.
De Hoyos Walther agregó otros casos como Nuevo León y Zacatecas.
Empero, saludó entidades como Puebla, Morelos, Colima, Tabasco, Querétaro, Nayarit, Campeche y Estado de México que ya aprobaron sus paquetes fiscales, sin cambios mayores o que alerten al sector empresarial y a los ciudadanos.
“En Coparmex consideramos que en lugar de impuestos extraordinarios o incrementos injustificados a los gravámenes existentes, las entidades federativas deben ajustar y hacer eficiente el ejercicio de su gasto corriente para estabilizar las finanzas públicas estatales y municipales, y con ello brindar certidumbre a la inversión y acrecentar la competitividad de las estructuras productivas de las diferentes regiones”, asentó.
También aseguró que en ningún estado donde se ha aumentado el Impuesto Sobre Nómina se ha observado una mejoría en la promoción económica, simplemente se aumentó la carga a las empresas en un momento donde se tiene que afrontar los nuevos retos de la economía mexicana.
“Aumentar el costo laboral no fomenta la creación de empleos formales.
La Coparmex demanda a los congresos estatales no crear nuevos impuestos ni aumentar los ya existentes, hasta que no se mejoren los indicadores de la transparencia presupuestaria”, concluyó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1512/mexico/coparmex-reclama-a-gobernadores-alza-de-impuestos-a-empresas/
El documento surge de una iniciativa que el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados en el marco de la pasada entrega del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2017.
La Cámara de Diputados aprobó reformas a diversas disposiciones de las leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, con el objetivo de cubrir los requisitos para ser consejeros independientes en ambas empresas.
Además con el texto avalado por el pleno, con 357 votos a favor, 53 en contra y tes abstenciones, se pretende armonizarlas con la nueva regulación en materia de combate a la corrupción.
El documento, turnado al Senado para sus efectos constitucionales, se refiere en particular a los requisitos e impedimentos para ser designado consejero independiente en las empresas productivas del Estado, así como a las disposiciones aplicables a las unidades de responsabilidad de dichas empresas.
Se describe el régimen especial de las empresas productivas del Estado, en cuanto a la integración de su órgano de gobierno y la participación de los consejeros independientes, así como de las atribuciones en materia de responsabilidades.
Ambas leyes prevén que estas empresas productivas del Estado cuenten con un órgano decisorio denominado “Consejo de Administración”, que tiene la responsabilidad de determinar la política comercial y operativa, así como la de definir la organización y reglamentación de su estructura orgánica y corporativa.
El texto menciona que por la importancia que revisten los Consejos de Administración, en ambas normas se establecieron garantías institucionales, a fin de evitar intromisiones respecto a la toma de decisiones.
Se incorporan requisitos para ocupar el cargo de consejero, reduciendo la participación del gobierno federal y creando la figura de consejeros independientes.
Para ello, determina que los tres consejeros del gobierno federal designados por el Ejecutivo federal podrán desempeñar otros empleos, cargos o comisiones públicos o privados, salvo aquellos que impliquen un conflicto de interés en términos del Reglamento.
En tanto, los cinco consejeros independientes, designados por el Ejecutivo federal y ratificados por el Senado, quienes ejercerán sus funciones de tiempo parcial y no tendrán el carácter de servidores públicos, no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza.
Es decir, agrega, en entes privados con los que tengan conflicto de interés; no tener una relación comercial importante con Petróleos Mexicanos (Pemex), o alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales.
Esto, ya sea como cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor a título personal, o bien como accionista, consejero, administrador o directivo del nivel jerárquico inferior a dicho administrador, de una persona moral que tenga dicha relación comercial.
Además debe carecer de toda relación comercial con dichas empresas durante los 12 meses anteriores a la fecha de su nombramiento; no tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el tercero.
También acreditar que las demás actividades profesionales que realice le permita contar con el tiempo suficiente para desempeñar su encargo como consejero.
Resalta que dichos consejeros estarán sujetos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; al sistema de control interno en Pemex y en la CFE, sus empresas productivas subsidiarias.
En su caso, las filiales tendrá también como objetivo prevenir, detectar y canalizar con las instancias y autoridades competentes, los actos y omisiones que puedan constituir faltas administrativas o hechos de corrupción.
La iniciativa aduce que en lo concerniente a las funciones de vigilancia y auditoría de las empresas productivas del Estado, las leyes de Pemex y de CFE prevén devolver al Consejo de Administración, a través de los consejeros independientes, la función primordial de vigilancia y evaluación del desempeño.
Se toman medidas en concordancia con el mandato constitucional referente a que las empresas productivas del Estado contarán con un régimen especial en materia de responsabilidades administrativas.
Aclara que se dejarán las labores de vigilancia y auditoría bajo el mando del Consejo de Administración, a través de su Comité de Auditoría (integrado exclusivamente por consejeros independientes), y de una Auditoría Interna como su brazo ejecutor.
El Director General tendrá a su cargo el sistema de control interno, que tiene por objeto la identificación, prevención y administración de riesgos y la observancia de las disposiciones jurídicas contables y financieras, entre otros.
La iniciativa aprobada por los diputados pretende blindar a los consejeros de la influencia de entes privados y fortalecer su independencia, acercarlos al área académica y garantizar que sus actividades extraordinarias no impidan el correcto desempeño de sus funciones.
Precisa la relación comercial con Pemex y CFE, subsidiarias o filiales, en cuanto a ventas y activos de los consejeros independientes.
Puntualiza que no podrá ser nombrado consejero independiente si su relación comercial representó, durante 12 meses anteriores, más del 10 por ciento de sus ventas totales o activos o en su caso, el 1.0 por ciento de las ventas totales o activos de la empresa productiva del Estado de que se trate, subsidiaria o filial en cuestión.
Establece que el Director General en las empresas productivas del Estado, implementará un sistema para prevenir, detectar y canalizar con las instancias y autoridades competentes, los actos y omisiones que puedan constituir faltas administrativas o hechos de corrupción.
De igual manera, actualiza la denominación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por la de Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Sustituye la mención a la Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas en las leyes de Pemex y de CFE, en virtud de que dicha norma fue abrogada con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Actualiza las atribuciones de las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, por lo que se hace una remisión a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Deroga los artículos 93 de la Ley de Pemex y 95 de la Ley de CFE, en virtud de que su contenido ya quedó plasmado en el Artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1512/mexico/diputados-avalan-reformas-a-leyes-de-pemex-y-cfe/
Mikel Arriola Peñalosa dijo que se continuará con auditorías contra quienes registren a los trabajadores con salarios menores a los que perciben.
La viabilidad financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está garantizada hasta el año 2019, dijo este jueves el titular de la dependencia, Mikel Arriola Peñalosa.
El funcionario federal detalló durante la presentación de un balance del instituto que la reducción en el uso de reservas fue de 4 mil 238 millones de pesos en 2016, lo cual representó un ahorro de 72 por ciento, pues en 2012 se utilizaron casi 23 mil millones de pesos, según un comunicado.
Arriola Peñalosa destacó herramientas digitales implementadas por el IMSS como la simplificación de trámites vía electrónica, de los cuales se han realizado 101 millones de atenciones no presenciales hasta el cierre de noviembre y la eliminación del trámite de supervivencia que benefició a 3.2 millones de pensionados.
Asimismo, dijo que la aplicación IMSS Digital para dispositivos móviles —con las que se pueden agendar citas, consultar vigencia de derechos y cambiarse de clínica— lleva 386 mil descargas.
Por otra parte, Arriola Peñalosa dijo que se continuará con auditorías para quienes registren a los trabajadores con salarios menores a los que perciben.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1512/mexico/viabilidad-financiera-del-imss-garantizada-hasta-2019-mikel-arriola/
