En la lista aparecen políticos, empleados municipales, dueños de paleterías, peluqueros, tortillerías, tiendas pequeñas y vendedores de pollo. Incluyen a un médico del pueblo así como al oficial mayor del Ayuntamiento. Ayer en la mañana la autodefensa dialogó con familiares de una de las mujeres que se encontraban retenidas y después de varios minutos acordaron dejarla en libertad. Salió de la casa que era la sede de la Comandancia de la Policía Municipal. Sin embargo, el grupo de autodefensa se negó a liberar al resto de los retenidos.
Integrantes de la autodefensa de San Miguel Totolapan obtuvieron una lista con 32 nombres de vecinos que serían las próximas víctimas de la banda “Los Tequileros”. De acuerdo con el periódico El Sur, a una de las personas del grupo que aún mantiene retenido a los civiles armados se le encontró una lista hecha a mano de comercios y personas que serían secuestradas antes de que terminara el año.
A los detenidos se les vincula con el grupo liderado por Raybel Jacobo de Almonte, conocido como “El Tequilero”, cuya madre fue retenida por los pobladores de San Miguel Totolapan y fue liberada el pasado junto Isauro de la Paz Duque, en un intercambio. En la lista aparecen políticos, empleados municipales, dueños de paleterías, peluqueros, tortillerías, tiendas pequeñas y vendedores de pollo. Incluyen a un médico del pueblo así como al oficial mayor del Ayuntamiento. El listado al que tuvo acceso el medio la conforman 32 personas. Algunos identificados por sus negocios, otros por los apodos, pero en todos los casos se señalan los puntos en donde pueden ser ubicados y en donde podrían ser levantados. El mismo medio dio a conocer que ayer en la mañana la autodefensa dialogó con familiares de una de las mujeres que se encontraban retenidas y después de varios minutos acordaron dejarla en libertad. Salió de la casa que era la sede de la Comandancia de la Policía Municipal. Sin embargo, el grupo de autodefensa se negó a liberar al resto de los retenidos. El Sur detalla que a las 11 y media llegaron 10 patrullas de la Policía Federal (PF), al mismo tiempo se vio a un helicóptero de esa corporación que aterrizó en una cancha deportiva y ahí se quedó. El motivo era pedir la liberación de los retenidos y llevárselos en la aeronave a la ciudad de México para presentarlos ante un agente del Ministerio Público federal. El grupo pidió públicamente tres días para que las autoridades muestren acciones y resultados, “una muestra de que están combatiendo al grupo” contra el que se están enfrentando. “Ahí están en la entrada de San Miguel todos los ministeriales dormidos desde el miércoles en la gasolinera, en la sombra. La verdad no sé qué le digan al gobernador, si están trabajando, si de verdad están buscando algo, o no sabemos si esas son las órdenes reales del gobernador, de quedarse dormidos en la gasolinera sin hacer nada”, le reclamaron los vecinos a los policías federales.
Pese a que fueron varias las horas de diálogo, a las 3 de la tarde se retiró el helicóptero, vacío. No hubo acuerdos y los policías federales se retiraron del lugar.
El ingeniero local Isauro de la Paz Duque, secuestrado el domingo, fue liberado la noche de este miércoles por la célula delictiva Los Tequileros, a cambio de la liberación por parte de un grupo de autodefensas de María Félix de Almonte Salgado, madre del líder de esta banda, Raybel Jacobo de Almonte. Hasta ahora el papel de las autoridades parece no ser más que el de un tercer actor. Esperan que en las próximas horas los autodefensas del Movimiento totolapense por la paz terminen de liberar a alrededor de 17 personas. Este jueves un boletín del Gobierno del estado informó un acuerdo logrado entre una comisión de funcionarios públicos con pobladores de San Miguel Totolapan, en el que los autodefensas pondrían a disposición de las autoridades a los rehenes una vez que fuera liberado el ingeniero de la localidad. Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), integrado por dependencias federales y el Gobierno estatal, dijo que la idea de mandar a más de dos centenares de elementos a la zona tuvo como propósito hacer presión y restablecer el orden. “Los autodefensas retuvieron a personas que ellos creen que estaban ligadas con el grupo [criminal]”, dijo el portavoz del GCG. Agregó que cinco personas ya fueron liberadas por los autodefensas este jueves. Especialistas en derechos humanos y en materia penal calificaron la movilización como un “show”, pues no se ataca el problema central: la impunidad en la que operan grupos criminales no sólo en esa entidad del sur de México, sino en todo el país. La respuesta de los autodefensas evidencia la falta de presencia del Estado, y una violación a la Constitución de la República, consideró Gabriel Regino, abogado penalista. “Hay un concepto de venganza de sangre llamado “Blutrache”. Un principio que te permitía en el siglo XII hacer lo que están haciendo ahorita en Guerrero. Justicia por su propia mano [y quedar exentos de sanción]”, explicó. De acuerdo con el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Los Tequileros son una célula delictiva vinculada tiempo atrás con el cártel La Familia Michoacana, dedicada a la siembra y trasiego de amapola. La agrupación es dirigida por Raybel Jacobo de Almonte y se encuentra en la zona desde hace siete años, de acuerdo con habitantes del pueblo. “¿Qué hacen ellos? Llegan a una población rural, y en un camino instalan una especie de retén y a las personas que van pasando las privan de la libertad, y se los llevan caminando por cerros, cañadas, barrancas, hasta lugares inaccesibles”, y después piden rescate por ellos. De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), hasta octubre pasado operaban en Guerrero las células delictivas Guerreros Unidos, vinculada a la Familia Michoacana; Los Granados, los Rojos, el cártel Independiente de Acapulco y Los Ardillos, relacionados con el cártel de los Beltrán Leyva; así como el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Liberan al ingeniero por madre de líder delincuencial en San Miguel Totolapan.
Liberan al ingeniero por madre de líder delincuencial en San Miguel Totolapan pic.twitter.com/1EGRo94pRv
Edgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano del Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) calificó como un esfuerzo de apariencias el despliegue realizado por las fuerzas estatales y federales hacia San Miguel Totolapan. Al municipio llegaron 120 elementos del Ejército, 60 de la Policía Federal y 40 de la policía del Estado.
“Muchas de esas medidas reactivas tratan de hacerle frente a la opinión pública, a la imagen, y no tanto al centro del problema. Envían un número significativo de elementos muy diversos, pero en cuanto la presión disminuye el tema se olvida”, explicó.
De enero a octubre de este año se han suscitado 62 secuestros en Guerrero, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el investigador consideró que no hay programas para atender este delito a largo plazo. ¿Por qué una sola persona desató la ira de la comunidad? Álvarez señaló que sólo se explica por el hartazgo de los pobladores frente a los criminales.
El influyente diario estadounidense hizo eco de un documento publicado por la periodista Anabel Hernández en su libro 'La verdadera noche de Iguala' y en 'Aristegui Noticias', en noviembre pasado.
El gobierno mexicano se negó a hacer público un reporte interno en el cual se señala que los investigadores del caso Ayotzinapa violaron la ley, una conclusión que “amenaza las bases legales” del caso, de acuerdo con un reportaje de The New York Times. El reporte documenta que sospechosos cruciales fueron arrestados y trasladados ilegalmente, “poniendo en duda la evidencia que proveyeron”. La conducta de los investigadores, según el documento, violó el “derecho a la verdad”. La investigación interna concluyó hace cuatro meses y estaba lista para ser entregada a los padres de los estudiantes desaparecidos. Pero el inspector general de la PGR, les dijo a los familiares de las víctimas que sus superiores debían aprobar el reporte antes, “una simple formalidad”. Cuatro semanas después de la reunión con los padres, el indagador que preparó el reporte, César Alejandro Chávez Flores, renunció “abruptamente”. La aprobación nunca llegó y el reporte permanece “bajo estudio” de acuerdo con la PGR. La existencia del documento se dio a conocer en el libro “La verdadera noche de Iguala”, de la periodista Anabel Hernández, y en Aristegui Noticias. Una copia del reporte obtenida por NYT sugiere que el documento permanece en un “limbo burocrático” debido a que documenta una serie de violaciones. Entre las irregularidades se reporta el hecho de que el investigador principal del caso llevó a un sospechoso a identificar la presunta escena del crimen sin un abogado presente, visita que no fue registrada oficialmente, además de que el lugar se dejo sin ser vigilado durante una noche. Además se reportó que seis sospechosos fueron detenidos en diferentes ubicaciones en un sólo día y “espontáneamente” confesaron, con palabras idénticas, su pertenencia al grupo Guerreros Unidos y su responsabilidad en la desaparición de los normalistas. Los arrestos subsecuentes, basados en estas declaraciones, fueron arbitrarios e ilegales por lo que, bajo la Constitución, se anularía la evidencia obtenida a través de estos. Otras irregularidades muestran archivos faltantes y fechas mezcladas. La visita del investigador principal del caso, Tomás Zerón de Lucio, junto con uno de los sospechosos, al río San Juan, donde supuestamente fueron tirados los restos de los estudiantes no fue registrada, así como tampoco se incluyeron ninguna de las actividades de ese día en el reporte de la investigación. El diario estadounidense señaló que tras su renuncia a la Agencia de Investigación de la PGR, Zerón, “quien ha trabajado cerca del presidente Enrique Peña Nieto por casi una década”, fue “inmediatamente” nombrado como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad. De acuerdo con NYT, uno de los “misterios persistentes” en el caso es porque la policía municipal nunca fue detenida por las policías estatales y federales. En el reporte se afirma que si la policía estatal hubiera actuado, los estudiantes y otras personas que fueron atacadas esa noche “no hubieran sido heridos o asesinados”. La investigación interna concluyó que es necesario realizar más investigaciones para determinar si la negligencia de las autoridades representó una obstrucción a la justicia. El investigador que ahora ocupa el puesto de Chávez Flores no “reconoció” las conclusiones debido a que hacían falta formalidades “no especificadas”. A su vez, Natalia Briseño, vocera de la PGR, afirmó que el documento “no existe legalmente” y aseguró que la revisión del documento sigue en marcha.
Denuncian falta de acción de las autoridades para procesar a los soldados, oficiales y mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Casi 26 mil cartas provenientes de 40 países distintos, fueron entregadas a la Procuraduría General de la República (PGR) para demandar el castigo a un grupo de militares vestidos de civil que torturaron y violaron a una joven en Tijuana, Baja California, el 2 de febrero de 2011, abusos que fueron denunciados hace cinco años sin que la averiguación previa haya avanzado. Antes de entregar las misivas, seis mil de ellas dirigidas al nuevo titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, defensores de derechos humanos clausuraron de forma simbólica las instalaciones de esa dependencia, en protesta por la negligencia de tres procuradores y dos procuradoras que no han querido armar un caso sólido contra los integrantes del Ejército Mexicano que cometieron el abuso, por lo que ni siquiera se ha solicitado la comparecencia de los mismos.
El Secretario Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara, explicó que la clausura simbólica de PGR es una forma de dar a conocer la falta de acción de las autoridades para procesar a los soldados, oficiales y mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que consintieron la tortura sexual que sufrió Miriam Isaura López en las instalaciones de la Segunda Zona Militar de Tijuana, Baja California, conocido como Cuartel Militar Morelos.
“Miriam fue detenida de manera arbitraria por militares vestidos de civil hace seis años en Tijuana, fue llevada al Cuartel Militar Morelos en esa ciudad fronteriza, fue torturada brutalmente, fue violada y se le buscó incriminar en diversos delitos, pero las acusaciones fueron desechadas por el Poder Judicial Federal un año después, se presentó una denuncia penal contra los responsables desde hace cinco años y hasta la fecha, ningún funcionario castrense ha comparecido ante la justicia”, afirmó. El activista agregó que las violaciones a los derechos humanos en agravio de Miriam Isaura no fueron las únicas cometidas por elementos del Ejército Mexicano durante la aplicación del Operativo Conjunto Tijuana, ya que se tienen denuncias de violaciones a los derechos humanos en otros 95 casos, en las cuales también se involucran a fuerzas castrenses del Campo Militar Aguaje de la Tuna. “Llevamos casi seis años de impunidad y a la fecha no hay ningún responsable rindiendo declaración ante la justicia, han desfilado cinco procuradores y seis fiscales de violencia contra las mujeres que no han querido acusar a ningún militar por las atrocidades cometidas en el caso de Miriam Isaura, hemos intentado todos los recursos legales sin que haya resultados, por eso decidimos recurrir a la solidaridad internacional”, puntualizó. José Antonio Guevara agregó que el caso de esta joven torturada y abusada sexualmente es una muestra de lo que podría ocurrir en el futuro si se amplían las facultades de las fuerzas armadas para realizar labores de seguridad pública, por lo que se pronunció en contra de que el Congreso de la Unión otorgue manga ancha al Ejército y a la Marina en este rubro, debido a que legalizaría este tipo de abusos contra civiles.
“Se trata de un caso que no es único en ese cuartel militar, en esa zona, tanto en el Cuartel Morelos como en Aguaje de la Tuna, al menos 95 personas fueron detenidas de manera arbitraria y sometidas a torturas en el contexto del operativo conjunto en Tijuana, entre los años 2009 y 20012. En el año 2011 iniciamos una campaña para demandar justicia en el caso de Miriam Isaura y hemos recibido desde entonces más de 26 mil cartas que ahora le mostramos a la sociedad mexicana, mismas que serán entregadas al Procurador para tratar de sensibilizarlo”, concluyó. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: JUAN OMAR FIERRO. LINK: http://aristeguinoticias.com/1512/mexico/clausuran-pgr-con-26-mil-cartas-por-la-impunidad-de-militares-que-violaron-a-mujer-en-bc-video/
CIUDAD DE MÉXICO: Un hombre fue ejecutado a balazos la madrugada de este jueves en calles de la colonia Roma Norte, en la delegación Cuauhtémoc. De acuerdo con el reporte policial, el occiso, quien hasta el momento no ha sido identificado, fue agredido por dos sujetos que descendieron de un vehículo blanco, le dispararon y después huyeron del lugar. La víctima quedó sobre la banqueta de la calle Puebla, casi esquina con Jalapa, a un costado de una jardinera. Los policías capitalinos resguardaron el lugar, donde se hallaron ocho casquillos percutidos de un arma calibre nueve milímetros.
CIUDAD DE MÉXICO: Dos adultos y seis menores de edad resultaron lesionados luego de que desconocidos dispararon cuando se encontraban afuera de un establecimiento comercial en la colonia La Florida de Apatzingán. En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer que ya se inició carpeta de investigación sobre los hechos. La dependencia detalló que las víctimas, dos de ellos de 47 y 36 años de edad, y los restantes menores de edad, se encontraban afuera del establecimiento denominado “La Palapa”, cuando fueron sorprendidos por individuos que accionaron armas de fuego. Las ocho personas presentan heridas, por lo que fueron auxiliados y trasladados a un nosocomio local para su atención.
OAXACA, Oax: La criminalización de la protesta social es una política de Estado que busca inhibir la defensa de derechos humanos, denunciaron 11 organizaciones no gubernamentales en su informe sobre detenciones arbitrarias e ilegales. Pese a que la ONU ha declarado como detención arbitraria la aprehensión de cinco activistas, entre ellos tres de Oaxaca, las ONG se quejaron que han sido desoídas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entre los casos mencionaron el de Damián Gallardo Martínez y Enrique Guerrero Aviña, detenidos arbitrariamente hace mil 307 días; Librado Baños Rodríguez, capturado arbitrariamente desde hace mil 208 días; Pedro Canché Herrera, aprehendido arbitrariamente durante 638 días antes de ser liberado el 29 de mayo de 2015, y Nestora Salgado, detenida arbitrariamente 941 días antes de ser liberada el 18 de marzo pasado. También precisaron que en el caso de Pedro Canché y Nestora Salgado están aún a la espera de recibir la debida reparación integral por los daños sufridos y, en el caso de la exlíder de autodefensas guerrerense, aún sigue siendo perseguida y criminalizada. Las cinco personas defensoras han sido reconocidas por opiniones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias como víctimas de captura arbitraria. Las cinco opiniones fueron emitidas en un espacio de poco más de un año, entre agosto de 2014 y diciembre de 2015, lo que constituye un hecho inédito al ser la primera vez en que el Grupo de ONU emite tal número de opiniones sobre un mismo país en un periodo de tiempo tan reducido. A dos años y cinco meses de la emisión de la primera opinión, los activistas Damián Gallardo, Enrique Guerrero y Librado Baños permanecen arbitrariamente detenidos y enfrentan constantes y reiteradas violaciones a sus derechos –incluyendo malos tratos y tortura–, situación que les ha ocasionado daños irreparables en su salud. Cabe destacar que estos cinco casos emblemáticos sólo representan una ínfima parte de las detenciones arbitrarias que ocurren impunemente en el país, pero ejemplifican la existencia de un preocupante patrón de criminalización de la protesta social en México. Este patrón de detención arbitraria de activistas parece responder a una voluntad de inhibir su trabajo en defensa de los derechos humanos de toda la ciudadanía mexicana, se resalta en el informe. Las ONG precisaron que los cinco activistas y su detención está vinculada a sus legítimas actividades en defensa de los derechos humanos. Todos ellos fueron arrestados de forma ilegal sin orden de aprehensión, encarcelados por delitos que no cometieron y sujetos a un mismo patrón, que incluye diferentes formas de tortura y malos tratos en el momento de la detención y en las instalaciones penitenciarias, incomunicación, desaparición forzada antes de su presentación, amenazas, confinamiento, campañas de difamación, violaciones al debido proceso y falta de independencia del Poder Judicial al calificar como legales dichas detenciones. También explicaron que este informe forma parte de una campaña nacional e internacional conjunta que ya ha llevado a las organizaciones participantes a organizar reuniones con instituciones internacionales, como la Unión Europea y sus Estados miembros en Bruselas; las Naciones Unidas y las autoridades suizas en Ginebra, y con autoridades nacionales e internacionales en la Ciudad de México. Cabe destacar que los tres activistas que permanecen en situación de detención arbitraria –Damián Gallardo, Enrique Guerrero y Librado Baños– son originarios y/o realizaban su labor de defensa de derechos humanos en el estado de Oaxaca. La presentación del reporte en Oaxaca responde a la grave preocupación por la situación de los tres defensores que permanecen detenidos y por el carácter sistemático de la criminalización de la protesta social en la entidad federativa, pues organizaciones de la sociedad civil han documentado 77 casos de personas presas por motivos políticos en esta entidad.
Finalmente, exigieron la inmediata liberación de Damián Gallardo, Enrique Guerrero y Librado Baños así como el cese de la criminalización y reparación integral a los cinco activistas por las numerosas violaciones de derechos humanos a las que han sido sometidos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PEDRO MATÍAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/466531/criminalizacion-la-protesta-busca-inhibir-defensa-derechos-ong
La sentencia de 33 años y 5 meses de prisión a Luis Fernando Sotelo, preso político en la Ciudad de México, fue modificada y reducida a 13 años con 15 días, más una multa de 238 mil 543.05 pesos y la reparación de los daños en la estación del metrobús de Ciudad Universitaria equivalentes a 8 millones de pesos, “sin que exista sustitutivo de la pena corporal ni suspensión condicional de la pena”, señaló la Red Contra la Represión y por la Solidaridad (RvsR). “Esto quiere decir que no existen posibilidades de que se le otorgue algún beneficio para su libertad inmediata”, lamentó la Red. Con la resolución, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México “deja clara su dependencia del poder Ejecutivo, pues se mantiene alineado a la política inquisitiva y de criminalización hacia la protesta y la juventud del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera”, señaló. Agregó que si el poder Judicial de la Ciudad de México “tuviese un poco de congruencia”, habría absuelto y otorgado la libertad inmediata a Sotelo pues, como su defensa legal ha comprobado, no existe evidencia que lo incrimine “toda vez que la única declaración del testigo presencial fue la del chofer del metrobús, que se probó fue falsa”. En cuanto a este punto, recordó que durante el juicio el chofer se desdijo de su declaración e indicó que no reconocía a Sotelo, pero no fue suficiente para que la sala penal reconociera que el proceso en su contra está “plagado de mentiras” y violaciones a sus derechos humanos. De acuerdo con la Red, la resolución no es ninguna “sorpresa” por conocer que el proceso contra Sotelo es una consigna política encabezada por Miguel Ángel Mancera que busca “amedrentar” a quienes luchan contra el sistema. “Nosotros no nos tragamos sus juegos políticos ni sus mentiras, sus resoluciones absurdas y sin sustento sólo nos dan más armas para pelear”, aseguraron.
La RvsR asegura que Luis Fernando no está preso por las razones jurídicas que “alude la justicia capitalina”, pues, en su opinión, las acusaciones en su contra “son sólo un pretexto para ejemplificar el castigo del Estado a quienes se solidarizan con las luchas sociales y sus demandas de justicia y de dignidad”, ya que Sotelo participó en actos de “solidaridad” por la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa y otras movilizaciones sociales.
Una persona está tendida en el piso, otra, con una brocha en la mano marca su silueta en el pavimento, la escena se repite varias veces, hombres y mujeres; un niño que emula a otro que hoy está muerto o desaparecido, mientras su hermano pequeño marca su silueta. De frente el monumento a la revolución; de lado derecho se trata de representar a las personas desaparecidas, del lado izquierdo a los que han sido asesinados a 10 años de que Felipe Calderón Hinojosa declarará la llamada guerra contra el narcotráfico y así, una a una fueron apareciendo cientos de siluetas en el piso, cada cual con el nombre de la persona a quien representa y tras de ella una familia que sufre la ausencia.
Adán, Saúl, Marcos, Sonia, María, Gerson, Karina, Sonia, entre otros nombres en el piso, desde muy temprano comenzaban a dar cuenta de la tragedia nacional provocada por la guerra: “125 mil asesinados, 30 mil desaparecidos, 200 mil desplazados” son cifras conservadoras, aseguraron los familiares, pero aún así dan cuenta del México que sangra por la violencia encrudecida por la guerra. La acción fue convocada públicamente el jueves pasado cuando organizaciones de familiares de personas desaparecidas llamaron a realizar este acto que nombraron de resistencia, declarando que la llamada guerra no ha sido contra el narcotráfico sino contra el pueblo como una excusa para instaurar un estado decepción permanente, de militarización del país, señalando que quienes han sido llamados “daños colaterales” son en realidad las víctimas directas de la guerra, es decir, la ciudadanía en general, y también recordaron a los periodistas asesinados cuando se vuelven “incomodos” para el gobierno.
Una jarana sonó también acompañada de voces que cantaban el dolor de Ayotzinapa, los poemas brotaron como consigna y petición de paz, con voces jóvenes y rebeldes que invitaban a los curiosos asistentes a unirse a la protesta, paseantes curiosos se acercaban, luego, se volvían parte del acto pidiendo también el alto a la guerra, marcando sus siluetas en el piso; un grupo de jóvenes de preparatoria se unieron “es que no queremos ser los próximos” afirmó uno de ellos.
Al micrófono, familiares contaban sus testimonios, “mi hija está desaparecida”, dijo la mamá de Mónica Ramírez Alvarado, estudiante de la Autónoma Nacional desaparecida en 2004, relatando cómo aun pese a que hay detenidos por el caso, no ha logrado encontrar la justicia ni saber del paradero de su hija. Valentina Peralta Puga, de la organización Eslabones, habló sobre las fosas de Tetelcingo, narrando como son las propias autoridades quienes dificultan la labor que hacen los familiares para encontrar a sus desaparecidos y señaló que en el caso de Morelos ya hay una alta funcionaria procesada por el caso de las fosas irregulares de la Fiscalía del estado, conocidas como fosas de Tetelcingo.
Una integrante de Familiares en Búsqueda María Herrera, recordó a los asistentes que la necesidad de búsqueda directa de los familiares por encontrar a sus desaparecidos se ha vuelto apremiante, por lo cual ya se tiene en puerta la Tercer Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que será del 20 de enero al 4 de febrero del 2017 en Sinaloa, y para lo cual están realizando un el concierto “Voces por Nuestros Desaparecidos” para juntar fondos, por lo cual pidió la solidaridad y apoyo, el concierto se realizará el próximo jueves 15 de diciembre en el Café Zapa Vive e invitó al público en general a solidarizarse para poder juntar recursos que ayuden en las búsquedas directas. El evento que iniciará a las diez de la mañana, vio su fin alrededor de las seis de la tarde, jóvenes de la organización Nos Hacen Falta, agradecieron la presencia los asistentes y dijeron que las siluetas ahí representadas eran apenas una ínfima cantidad en comparación a las personas desaparecidas o asesinadas en el lapso de diez años de la guerra contra el pueblo:
“sólo nosotros mismos podemos hacer que esta carnicería que es nuestro país termine, pero eso lo tenemos que hacer nosotros, con la memoria de quienes nos hacen falta y exigiendo justicia, la única manera de detener esta catástrofe es uniéndonos, tomando los espacios públicos, haciendo valer nuestra voz y entendiendo que esta violencia sin sentido es parte de una una estrategia equivocada que no tiene como objetivo la paz, sino en control mediante el miedo, existe un país diferente que nos pertenece pero que tenemos que recuperar” finalizó.
CIUDAD DE MÉXICO: En un hecho sin precedentes, los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia no recibieron el pago de su salario y el aguinaldo correspondiente el día 9, debido a un supuesto retraso en la liberación el recurso correspondiente por parte de la Secretaría de Hacienda, lo que así fue argumentado por funcionarios del área administrativa de la institución. Después de colocar carteles y mantas en las distintas delegaciones e instalaciones del INAH en varias entidades del país como Guanajuato y Tlaxcala, y del reclamo del Comité Sectorial de Trabajadores Técnicos y Profesionistas de la institución, este miércoles les fue pagado el salario y una parte de las prestaciones de fin de año, pero sólo al personal de base, a quien todavía le adeudan el incremento salarial autorizado al 1 de noviembre y 10 días de salario como prestación de fin de año. El personal eventual, mandos medios, de apoyo y de confianza en general de la institución se quedó sin percibir sus quincenas del mes de diciembre, denunció el secretario del Comité Sectorial, Juan Manuel Hernández Melchor. Este Comité, adscrito al Sindicato Nacional de Trabajadores Democráticos de la Secretaría de Cultura –instancia de la que ahora depende el INAH- exhibió la situación como “inédita en toda la historia de la institución”, y reclamó el incumplimiento de un compromiso del presidente Enrique Peña Nieto “de que no habría ninguna afectación a los derechos de los trabajadores que pasaríamos a la Secretaría de Cultura, eso no se respetó”, dijo Juan Manuel Hernández a Apro. “Nunca había pasado esta situación; lo que nos informa la Secretaría de Cultura es que hubo un retraso en la liberación del recurso por parte de Hacienda”, señaló. El dirigente sindical mostró el oficio circular 014, fechado el 13 de diciembre dirigido a los trabajadores del INAH y firmado por el Secretario administrativo Alejandro Ordoño Pérez y por el Coordinador nacional de recursos financieros José Jurado Barragán, en el que se les informa del retraso en las fechas de pago “derivado de la situación financiera por la que atraviesa el Instituto Nacional de Antropología e Historia para el cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2016”. En el oficio se establece el compromiso de cumplir con el pago que debió efectuarse el 9 de diciembre, pero para el miércoles 14, de las dos quincenas de diciembre, conjuntamente con las prestaciones de prima vacacional, ajuste de calendario y días festivos. “Las cuentas por liquidar certificadas, cargadas el pasado 8 de diciembre de 2016 a través del Sistema de Administración Financiera Federal SIAFF, con fecha probable de pago el 13 de diciembre, fueron reprogramadas para el 14 de diciembre (…) ya que se sujetaron al ambiente controlado, derivado de las disposiciones emitidas para el cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2016”, fue la ‘explicación’ técnica dada por los funcionarios administrativos del INAH a los trabajadores en este oficio. Pero en un segundo punto del mismo, indica: “Respecto al personal eventual y de confianza (compactados, personal de proyectos, mandos medios y superiores, apoyo a confianza y hora semana mes) queremos reiterar que el instituto está llevando a cabo todas las gestiones administrativas pertinentes, con las autoridades competentes, para garantizar el pago de todos y cada uno de los compromisos en las fechas correspondientes en los términos de ley”. Al respecto, el secretario del Comité sectorial y colegiado general ejecutivo, Juan Manuel Hernández Melchor, explicó que la organización sindical sostuvo reuniones con funcionarios de la Secretaría de Cultura y del propio INAH en busca de resolver la falta de pagos, y este viernes se reunirá con el antropólogo Diego Prieto, encargado del despacho de la dirección del instituto. Por escrito, el Comité dijo reconocer que el INAH “viene arrastrando un déficit de varios años que no ha sido atendido con seriedad y responsabilidad, pero también es cierto que estamos enfrentando una política hacendaria de desprecio hacia la base trabajadora del país y de sus derechos legítimos”. “Nos están diciendo que los 10 días de prestación que todavía nos deben serán cubiertos hasta el 20 de enero y que el retroactivo nos llegaría hasta la primera quincena de enero, y no aceptamos eso, queremos que lo paguen antes de que inicie el periodo vacacional del personal, y también ver que se cumpla a los compañeros eventuales, mandos medios y apoyo a confianza que siguen sin recibir su pago”, dijo el secretario sindical. El incremento aprobado al primero de noviembre es de un 3.8 por ciento directo al salario y de 1.90 por ciento en prestaciones. “El incremento siempre se nos había pagado a fines de noviembre, o a más tardar en la primera quincena de diciembre”, expuso. Hernández Melchor informó que la plantilla de personal del Instituto es de unos 4 mil 200 trabajadores.
La noche del jueves, el sindicato emitió un comunicado dirigido al personal eventual y de apoyo a confianza, en el que les recuerda que el recurso presupuestal del INAH “ya considera a todos los trabajadores de la institución” y que se ha solicitado a los titulares del INAH y de la Secretaría de Cultura que se agilice el pago pendiente “dadas las precarias condiciones laborales en que se encuentran”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA. LINK: http://www.proceso.com.mx/466471/denuncian-trabajadores-del-inah-retraso-en-pago-salario-aguinaldo
CIUDAD DE MÉXICO: Las universidades, tal como las conocemos, están destinadas a desaparecer. Es un sistema costoso, prácticamente ajeno al actual modelo laboral, amén de que la información dejó de ser un negocio.
Este hecho podría parecer apocalíptico, pero expertos anticipan que conllevará muchísimos beneficios. La educación realmente será universal, accesible, y con un catálogo infinito de asignaturas y habilidades. “La lectura en voz alta será reemplazada por video en streaming. Los exámenes y cursos por Internet se convertirán en la norma. El intercambio académico se llevará a cabo principalmente en espacios interactivos en línea, ocupados por una nueva generación de jóvenes con hiperinteligencia, que ya pasan gran parte de sus vidas en línea. Las universidades ampliarán su alcance a estudiantes de todo el mundo, sin límites geográficos o incluso por zonas horarias. Todo esto se ofrecerá, también, a una fracción del costo de una educación universitaria tradicional”, advierte Nathan Harden, autor de Sex & God at Yale: Porn, Political Correctness, and a Good Education Gone Bad (St. Martin’s, 2012). En el mismo sentido apunta Mark C. Taylor, jefe del departamento de Religión de la Universidad de Columbia y autor de Field Notes From Elsewhere: Reflections on Dying and Living: “La mayoría de los programas de posgrado en las universidades americanas fabrican un producto para el cual no hay mercado (candidatos para enseñar posiciones que no existen) y desarrollan destrezas para las cuales hay demanda decreciente (investigación en subcampos dentro de subcampos y publicación en revistas leídas por nadie más que unos cuantos colegas con ideas afines)”. De esta forma, los currículums y los posgrados largos serán reemplazados por las plataformas Udacity, Coursera, E-Magister o cualquiera de los ascendentes sistemas de educación en línea. Las empresas se concentrarán en contratar de manera temporal a especialistas que han desarrollado habilidades específicas.
En una entrevista con Larry King en 2013 durante la Conferencia Gloral del Milken Institute, el empresario mexicano Carlos Slim enfatizó: “La educación debe ser cambiada por completo y con tecnología, porque es una gran herramienta para todo, para cambiar la educación, y la forma en que se está implementando no es la correcta. Si piensas en la educación actual, tienes los mismos modelos que vienen de la educación militar y religiosa de hace 2 mil años.
“Es un proceso de domesticación, a veces no les enseña a los niños cómo pensar, cómo investigar sino a memorizar frecuentemente en lugar de racionalizar el libro (…) se podría mejorar la educación con la tecnología, principalmente la educación en el mundo es muy académica, no hay un buen modelo que capacite a la gente para el trabajo”. Previendo estos tiempos y anticipándose a sus competidores, el Instituto Tecnológico de Massachusetts se convirtió en la primera universidad de élite en el mundo en ofrecer una credencial para que sus alumnos puedan estudiar y completar cursos gratuitos en línea. De manera similar, la Universidad de Harvard promueve constancias de maestría para quienes completen cursos en línea y demuestren las habilidades aprendidas. A pesar de lo optimista que pueda parecer este panorama, también existirán consecuencias negativas a partir de la inevitable homogeneización de este sistema. De entrada, una reducción significativa del personal de las universidades e inminentes despidos. El deterioro de las relaciones en persona. Además, carreras o conocimientos que no sean requeridos en el mercado, como filosofía o civismo, por citar las más evidentes, serán relegadas de los planes de estudio. Los expertos prevén también que este sistema premiará sólo a quienes tengan la habilidad para estudiar, prepararse y estar en constante dinamismo, virtudes de las que no todos fueron provistos. No sobra recordar que, además, los países menos desarrollados podrán incluso ampliar la amplia brecha que los separa de las naciones con alto nivel educativo. Basta mencionar el último reporte de la prueba PISA, que colocó a México en el último lugar de los países pertenecientes a la OCDE.
“Este enfoque refleja que las economías modernas recompensan a los individuos no por lo que saben, sino por lo que pueden hacer con lo que saben (…) Ya en las pruebas anteriores divulgadas hace tres años se mostró que la mitad de los estudiantes en muchos países de la región no sabían leer o escribir apropiadamente, no tenían los fundamentos más elementales en matemáticas. Esto significa que no tendrán ninguna chance en la vida”, profetizó la OCDE. FUENTE: PROCESO/WWW.AGENCIADINAMITA.COM. LINK: http://www.proceso.com.mx/466149/inminente-fin-las-universidades
CIUDAD DE MÉXICO: Cuando el principal jefe militar de un país sale a hablar mal de la clase política, cuestiona a los jueces y recibe el apoyo incondicional de los medios de comunicación, el poder civil está obligado a revisar qué tipo de Fuerzas Armadas quiere y para qué las quiere.
Detrás del discurso del hartazgo del general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, está el fracaso de la política de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto y las propias ambiciones de los cuerpos militares. Su gran cuestionamiento a la tarea supletoria que están haciendo ante la ineficacia de las policías civiles, fue directo, por partida doble contra el secretario de Gobernación, su compañero de gabinete, Miguel Ángel Osorio Chong.
Como encargado de la seguridad interior y responsable de la Policía Federal, Osorio fue aludido por el general por la falta de impulso a la ley de seguridad interior que cubra la actuación de los militares en las calles y su inacción ante la histórica carencia de una policía civil profesional. No es la primera vez que las diferencias entre Cienfuegos y Osorio se hacen públicas. Ocurrió en mayo de 2015, cuando el secretario de Gobernación pretendió que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entrevistara a los integrantes del 27 Batallón de Infantería en Iguala ante los reclamos de los padres de los 43 normalistas desaparecidos. El general salió de inmediato a rechazarlo. El desencuentro viene desde el inicio del gobierno, cuando se disputaron el control de la Gendarmería, el cuerpo que Peña Nieto soñó para profesionalizar a la fuerza federal y reemplazar a la Policía Federal unipersonal que heredó de Felipe Calderón. Los militares querían el control del nuevo cuerpo. Como no pudieron, se replegaron. Pero ni Osorio ni el entonces comisionado de seguridad, Manuel Mondragón, pudieron con el proyecto presidencial y la Gendarmería acabó en una división del cuerpo policial que no quería su jefe. Ahora, los militares tienen todo los argumentos a su favor para reprocharle a Osorio. Sí, los militares mexicanos están hartos. Pero no de enfrentar al narcotráfico, sino de carecer de la protección legal que justifique su actuación, incluidas las violaciones a los derechos humanos. Desde hace más de dos décadas, jefes y oficiales del Ejército y la Armada de México han participado gustosos en cuerpos policiales civiles. Desde la Policía Federal, hasta policías estatales y municipales. Pasando, incluso por la Procuraduría General de la República. El estado de la seguridad pública en el país también es responsabilidad de ellos. No sólo de los cuerpos civiles que tanto critican. El diferendo entre Cienfuegos y Osorio reedita la confrontación que el sexenio pasado tuvo el general ahora retirado, Guillermo Galván, como secretario de la Defensa Nacional, con el entonces poderoso secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Como Calderón, Peña Nieto descansó en los militares a cambio de impunidad, sin que ninguno de los dos haya impulsado contrapesos a la actuación militar. Mucho menos, la reflexión si se quiere un ejército de guerra para el exterior o uno de intervención para la seguridad interior, cualquier cosa que eso signifique. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA. LINK: http://www.proceso.com.mx/466479/cienfuegos-osorio-las-disputas-del-poder
Integrantes de asociaciones de mujeres transexuales y transgénero de casi todo el país asistieron a la primera edición del Doll Factory After Show “Amazonas Runway”, evento destinado a la recaudación de fondos para financiar actividades con el propósito de promover y defender los derechos de la comunidad trans en México. El objetivo del evento es además exigir que cesen las muertes de las mujeres trans, que tan sólo este año rebasaron los 60 casos en el país, así como la discriminación en su contra y violación a sus derechos humanos. La representante legal de la asociación civil Hermanas Mías Pro Trans, Percéfoni Heredia, explicó que al espectáculo, que inició en el salón de La Diosa Social Club, se presentaron más de 30 embajadoras trans de igual número de entidades del país, quienes lucharán por su dignificación. Heredia aseguró que las mujeres trans se vieron obligadas a organizarse porque conforman uno de los sectores de la población más vulnerables, que son víctimas de segregación, muerte y desaparición, pues se encuentran inermes a toda la violencia que deben sufrir por su condición sexo genérica. Agregó que a muchas de las víctimas que fueron asesinadas las conoció, por lo que le cuesta mucho separarse de su memoria y por tanto decidieron luchar, con el fin de resistir a los transfeminicidios. Otro de los objetivos del acto es que muchas mujeres trans “salgan del clóset” y dejen de tener miedo, señaló, además de crear ambientes favorables para su desarrollo humano y profesional. Por otra parte, Aruba Williams, representante de Nuevo León, señaló que el evento “servirá para unirnos contra la transfobia, que nos afecta a todas como ciudadanas. “En Nuevo León no existe una ley, tenemos que ir a México a cambio de identidad, y tenemos un gobernador [Jaime Rodríguez] al que le hace falta más información, debe acercarse a esta población para educarlo”, añadió. Puntualizó que existen más de cien casos de transexualidad infantil y que las autoridades no hacen nada, mientras “los padres los están educando como homosexuales y lesbianas que no son”.
La tarde del 14 de diciembre la solicitud de licencia para dejar el cargo como diputado constituyente de Mardonio Carballo estaba sobre la mesa del diputado Alejandro Encinas, presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México: “Se acabó mi vida en la Constituyente. Hoy pedí licencia. Aquí mis razones. La dignidad es una niña poderosa a la que hay que proteger” difundió el propio Mardonio minutos más tarde en sus cuentas de redes sociales. Argumentando que “presidir la Comisión de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas ha sido una de las tareas más difíciles de mi vida” continua diciendo Mardonio Carballo “por la imposibilidad de construir algo digno para los pueblos, sin imposiciones intelectuales, con calidad jurídica y humana. Todo el trabajo fue desvirtuado por intereses partidistas y personales para verse reflejados en una Constitución que ni siquiera es de nosotros”. Mardonio señala que firmó el articulado del Dictamen final en aras de allanar un camino plagado de conflictos, pero estos persisten: “el ejercicio parlamentario en la Asamblea Constituyente está secuestrado por cuotas partidistas y por personas que no tienen un interés legítimo en el tema y eso es un gran peligro para el reconocimiento de los derechos de los habitantes de la Ciudad de México”. Sin embargo, señala también como una causa fundamental de su renuncia que “lo más indigno ha sido constatar de forma personal el racismo al que me he enfrentado y desde el cual se construyó el articulado final de la Comisión. Fui invalidado, mi voz y mi experiencia de vida perdió fuerza y validez ante la violencia imperante en la Comisión… es bajo la lógica de no discriminación racial que dejo el cargo” finaliza diciendo en su carta Mardonio Carballo, diputado constituyente por parte del partido político Morena.
CIUDAD DE MÉXICO: Las gasolinas aumentarán 15 por ciento desde el 1 de enero, afirmó Roberto Díaz de León, consejero de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo). En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, dijo que se esperan cambios semanales en el precio de la gasolina, pero la baja de precios por la competencia podría darse hasta dentro de dos años. “Nosotros en Onexpo estimamos que deberá de tener un incremento de alrededor del 15 por ciento. De momento creemos que sí sería irresponsable hablar de precios más bajos, incluso la propia autoridad ha visto que sin subsidio, el precio de la gasolina debiera de andar hoy alrededor de los 15 pesos con 54 centavos para la gasolina magna”, precisó Díaz de León. Señaló que los precios del combustible siguen ciertas tendencias, de la mano de los precios de referencia internacionales, que sí van con una estacionalidad de precios.
“Entonces podríamos ir siguiendo estas estacionalidades de precios, y también conforme se vaya desarrollando la infraestructura que va haciendo falta en el país, y se vaya también desarrollando toda la cadena logística, seguramente podrá ir madurando toda la cadena que pueda irse reflejando esta eficiencia en los precios, y sí se puede esperar que ya en un mercado más maduro que pueda evolucionar favorablemente”. Reiteró que no se atreve a hablar de disminuciones porque es un proceso que lleva tiempo; dijo que son precios que la tendencia internacional está a la alza y el precio deberá de seguir esa tendencia.
GUANAJUATO, Gto: En sesión secreta, el Congreso votó por retirar del cargo al regidor perredista Julio César García Sánchez, integrante del ayuntamiento de la capital del estado, quien con este resultado del juicio de procedencia que le fue instaurado deberá enfrentar un proceso penal, acusado de ejercer violencia de género contra su expareja. Treinta diputados votaron a favor y seis en contra del desafuero, informó Elvira Paniagua, diputada presidenta de la Comisión de Responsabilidades del Congreso, luego de la sesión secreta efectuada la mañana de este jueves. La solicitud del desafuero del servidor público del Partido de la Revolución Democrática fue hecha a mediados del año por la Procuraduría de Justicia del Estado, pues a pesar de que García Sánchez había solicitado licencia para comparecer ante un juez de oralidad penal, éste determinó que primero debía ser sometido al juicio de procedencia, pues todavía gozaba del fuero como regidor. La expareja de García Sánchez denunció a fines de enero que éste la golpeó y amenazó. Inicialmente la mujer acudió ante la Contraloría Municipal y el ayuntamiento, para posteriormente interponer la denuncia penal ante el Ministerio Público. El Centro Las Libres acompañó a partir de ese momento a la víctima, y el asunto fue consignado a un juzgado del sistema penal acusatorio. El 25 de febrero el regidor pidió licencia para presentarse ante el juez, y tomó su lugar como su suplente el regidor transgénero José Luis Araujo, o Rubí Araujo, quien estuvo dos meses en el cargo, hasta que concluyó la licencia y García Sánchez volvió a la regiduría con el fallo a su favor del juez y un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia para que sólo fuera procesado después del juicio de procedencia en el Congreso. A lo largo del proceso los abogados del regidor interpusieron varias recusaciones contra los diputados que integran la Comisión de Responsabilidades, alegando que tenían una postura a favor de la contraparte y la habían hecho pública. También acudió a la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos. La determinación del Congreso será notificada en las próximas horas a las partes, incluyendo al ayuntamiento de la capital, para que se proceda a retirar del cargo al regidor. Al respecto, la directora de Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, señaló que “el mensaje es que las instituciones funcionan y nos dan certeza como ciudadanas de que ningún hombre, político, funcionario o servidor público con fuero, puede ejercer violencia contra las mujeres porque habrá una sanción jurídica”.
“El Congreso está mandando el mensaje que correspondía. No solamente él (Julio César) que ya está bajo una sospecha y debe enfrentar su juicio como cualquier ciudadano, sino para todos los servidores públicos hombres que tienen poder político, económico para defenderse, que tienen que ir igual que el resto de los ciudadanos a enfrentar las consecuencias de los delitos que cometen”, puntualizó Cruz Sánchez. FUENTE: PROCESO. AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA. LINK: http://www.proceso.com.mx/466524/desafueran-a-regidor-encare-proceso-penal-golpear-a-expareja
CIUDAD DE MÉXICO: El próximo martes 20, los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala iniciarán la Caravana 43 por la Memoria y la Esperanza, la cual arrancará en Ayotzinapa y terminará seis días más tarde en la Basílica de Guadalupe, en esta capital. En ese lapso los padres de los normalistas recorrerán los municipios de Taxco, en Guerrero –el miércoles 21–, así como los municipios morelenses de Axoxocotla y Cuernavaca –el viernes 23– y de Amilcingo y Tepoztlán, el sábado 24. El domingo 25 los padres llegarán a la Ciudad de México, donde realizarán un acto político, y al día siguiente realizarán una “marcha-procesión” desde la glorieta de Peralvillo hasta la Basílica de Guadalupe, donde acudirán a una misa que oficiarán Carlos Garfias Merlo y Raúl Vera, respectivos arzobispo de Guerrero y obispo de Saltillo.
La Unión Europea y las embajadas de sus Estados miembros en México condenaron “firmemente” el asesinato el pasado 10 de diciembre del periodista mexicano Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, quien era reportero de Antena Radio Chihuahua. La Unión Europea confió en que las autoridades mexicanas realicen una investigación “expedita, transparente y eficaz para esclarecer los hechos, así como identificar y juzgar a los responsables”.
Ciudad de México. El Consejo Universitario (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprobó el presupuesto que la casa de estudios ejercerá en 2017, el cual asciende a 40 mil 929 millones de pesos, 0.6 por ciento mayor al que se tuvo este año. Durante la última sesión del año de este órgano colegiado, el presidente del CU dijo que este aumento equivale a 247 millones de pesos más que en 2016, y sí bien dijo que se trata de un incremento marginal, permitirá que programas fundamentales continúen, como el que no habrá recorte a becas. De acuerdo con el proyecto presentado por el secretario administrativo de la casa de estudios, Leopoldo Silva, ante los consejeros, este presupuesto se divide en dos: 88.8 por ciento, 36 mil 346 millones, proviene de recursos otorgados por la Federación; en tanto que 4 mil 583 (11.2 por ciento) son recursos generados por la UNAM. El presupuesto universitario se repartirá en cuatro áreas: docencia, investigación, difusión cultural y gestión institucional. Para docencia se destinarán 24 mil 949 millones de pesos, que equivalen a 61 por ciento del total; a investigación se otorgarán 10 mil 655 millones de pesos, que representan 26 por ciento; a extensión y difusión de la cultura se le asignarán 3 mil 309 millones, el 8.1 por ciento; y finalmente la gestión administrativa contará con 2 mil 16 millones de pesos, 4.9 por ciento.
El rector destacó que se han hecho esfuerzos ante el difícil año financiero que será 2017, y por ello en gestión institucional se ha logrado pasar de 5.2 por ciento que se ejerció el año pasado, a 4.9 por ciento (0.3 menos), a fin de aprovechar esos recursos para otras áreas fundamentales. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: EMIR OLIVARES ALONSO. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/15/aprueba-unam-presupuesto-de-40-9-mil-millones-para-2017
