El diario neoyorquino tuvo acceso a un informe interno de la PGR, que supuestamente le sería entregado a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desde agosto pasado, en el que se revelan una serie de irregularidades y violaciones a derechos humanos cometidas durante todo el proceso de investigación, mostrando también cómo los investigadores han manejado mal el caso Iguala desde el inicio.
El Gobierno mexicano se ha negado a publicar un informe en el que se señalan irregularidades cometidas en el proceso de investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reveló este día el diario New York Times. De acuerdo con el rotativo estadounidense, el reporte interno de la Procuraduría General de la República (PGR) dice que los sospechosos cruciales en el caso Iguala fueron arrestados y trasladados ilegalmente, poniendo “en tela de juicio” las pruebas que proporcionaron, conducta que, señala, violó el derecho a la verdad y dañó los derechos de las víctimas de justicia. El Times refiere que este informe, que se completó hace cuatro meses en 177 páginas, proporciona la primera evidencia dentro de la oficina del abogado general mostrando cómo el caso fue mal manejado. El reporte le sería entregado a los padres de los normalistas desde el 18 de agosto, sin embargo, cuando acudieron a las instalaciones de la PGR, César Alejandro Chávez Flores, inspector general de la dependencia les dijo que el informe aún no había sido aprobado, una “simple formalidad” que nunca llegó y que hasta la fecha está siendo estudiado. Cuatro semanas después del encuentro, el funcionario presentó su renuncia. The New York Times refirió que la razón por la que el informe permanece en el “limbo burocrático” es por que “representa una serie de violaciones, incluyendo el principal investigador del gobierno que toma a un sospechoso para identificar la supuesta escena del crimen sin un abogado defensor presente”.
“Fue un claro signo de falta de voluntad política, no sólo de la Procuraduría General, sino del Gobierno Federal, para terminar la investigación interna”, dijo al diario Santiago Aguirre, Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en la Ciudad de México y el representante legal de las familias.
“Nos mostró que el inspector general trató de hacer un trabajo honesto y que no pudo encontrar las condiciones políticas e institucionales para llevar su trabajo a sus consecuencias finales”.
La posibilidad de que el informe sea eliminado de la investigación es una preocupación para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que está evaluando el progreso del caso y ha presionado al gobierno para que abra nuevas líneas de investigación. “Estamos muy preocupados y preocupados por las acusaciones planteadas recientemente”, dijo el presidente de la comisión, James L. Cavallaro. “Claramente un documento importante, y esperamos y esperamos recibirlo”, agregó. El relato del gobierno sobre lo que sucedió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 se basa en una serie de confesiones de supuestos miembros del crimen organizado que dijeron haber matado a los estudiantes y quemado sus cuerpos en un basurero de Cocula. Al día siguiente, recogieron las cenizas en bolsas de plástico y las arrojaron al cercano río San Juan. El informe del inspector general describe cómo seis sospechosos, detenidos en diferentes lugares del estado durante un día, confesaron con idéntica redacción que eran miembros de Guerreros Unidos y admitieron haber matado a los estudiantes. Las detenciones subsiguientes, basadas únicamente en esas declaraciones, fueron arbitrarias e ilegales, dijo la revisión. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos indica que un arresto ilegal anula cualquier evidencia obtenida como resultado. Ante tal situación, la PGR emitió un comunicado en el que aseguró que dicho informe es sólo “un simple proyecto” que se está analizando y que “carecen del rango de resolución formal”. La dependencia señaló que para que dicha “resolución adquiera validez” es necesario que la misma, además de cumplir con diversas formalidades preestablecidas, esté firmada por quien la emite, en este caso en específico por el ex Visitador General de la Procuraduría General de la República, César Alejandro Chávez Flores.
Por lo que afirmó que cualquier documento que se refiera al caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y sea difundido por medios no oficiales debe de tomarse sólo como un informe preliminar que se encuentra bajo escrutinio. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/15-12-2016/3126276
Tras ser criticado por sus declaraciones, el gobernador de Hidalgo ofreció disculpas y señaló que su intención era hacer una recomendación en materia de seguridad en el hogar.
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, invitó a las mujeres indígenas a que “duerman con ropa porque producen mucho chamaco”. En su visita al municipio de Acaxoxhitlán, Fayad Meneses entregó estufas ecológicas a comunidades marginadas, lo que dio pie a que el gobernador de Hidalgo invitara a las mujeres indígenas a dormir vestidas, lo que ocasionó la risa de los asistentes al evento. “Ya les dije que ya duerman con ropa porque producen muchos chamacos y el riesgo es que los chamacos se queman cuando dejan las estufas adentro del jacal”, aseguró el mandatario. Durante su discurso el gobernador agregó que ya envió al Congreso del estado la propuesta para crear la Comisión para la Atención de Pueblos Indígenas, la cual, dijo, ya está bajo análisis de los diputados locales.
Luego de ser criticado por sus declaraciones, el gobernador explicó que su intención era hacer una recomendación de seguridad en el hogar, la cual no se entendió y ofreció disculpas a las mujeres, de acuerdo con un reporte del noticiero 10 En Punto, de Televisa.
Los legisladores salieron de vacaciones con aguinaldo, “bono navideño” y 47 días de vacaciones pero sin cumplir con la aprobación de distintas leyes que fueron anunciadas como un objetivo. Pese a que el primer periodo de sesiones inició desde el 1 de septiembre a los legisladores, quedarán pendientes diversas leyes en materia de derechos humanos y anticorrupción. Al tiempo que el Partido Revolucionario Institucional ha impuesto su propia agenda en el último tramo del periodo de sesiones, con la intención de aprobar la iniciativa para normalizar las operaciones de las Fuerzas Armadas.
Organizaciones de la sociedad civil y académicos criticaron la aprobación de la Cámara de Diputados del bono navideño de 150 mil pesos aprobado por el concepto de Atención Legislativa. Mientras que una serie de leyes continúan durmiendo el sueño de los justos en las distintas comisiones. Cada Diputado recibe un salario de 73 mil 817 pesos mensuales, cuentan con derecho a una gratificación a fin de año de alrededor de 95 mil 250 pesos. Y a dos apoyos económicos por los conceptos de “Asistencia Legislativa” y “Atención Ciudadana” de 45 mil 786 pesos y 28 mil 772 pesos cada uno. No suficiente, el Pleno de la Cámara aprobó este jueves un bono por 150 mil pesos, presuntamente para pagar a colaboradores y gestiones en sus distritos.
“Lo que refleja una falta de sensibilidad por parte de miembros de nuestra clase política respecto a lo que implica ser servidor público”, dijo Marco Fernández, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
En tanto los funcionarios se atribuyen ingresos, el 46.2 por ciento de la población mexicana se encuentra en condición de pobreza, de acuerdo con datos del 2014 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Fernández resaltó que esta clase de adjudicaciones contribuyen a la deteriorada imagen de los legisladores ante la opinión pública, lo cual se ha visto en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental y en las realizadas por los diarios nacionales. No todos los grupos aceptaron el bono navideño. El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano (MC) decidieron rechazarlo por encontrarlo “ilegal”. El Diputado de Morena Vidal Llerenas Morales apuntó que era injustificable pretender dar una aguinaldo bajo un pretexto. Y consideró viable que haya un recorte al presupuesto del Congreso, que este año contó con 14 mil 101 millones de pesos.
UNA LISTA DE REZAGOS
El siguiente periodo de sesiones comienza el 1 de febrero. Por lo que los legisladores tendrán 47 días de vacaciones (en la víspera de que aún no se ha confirmado u). Sin embargo, hay una serie de temas que han quedado rezagados coincidieron diputados.
“Ayer el PRI y sus aliados, frenaron dos piezas vitales, la Ley para prevenir y sancionar la tortura, y la Ley contra la Trata”, dijo Clemente Castañeda Hoeflich, jefe de la bancada del partido MC.
El 8 de diciembre el Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda destacó la necesidad de un marco normativo para los operativos de las fuerzas armadas. Encontrando eco en el propio Presidente de la República Enrique Peña Nieto. El Gobierno federal respalda la iniciativa de Ley de Seguridad Interior presentada por el PRI el 27 de octubre, cuyo contenido permite al Ejército suplir las tareas de las fuerzas de seguridad pública cuando el Presidente lo determine. Tanto el Partido Acción Nacional, como el Partido de la Revolución Democrática, ha supeditado la aprobación de esta Ley, a la aún no aprobada del Mando Mixto Policial, que pasaría el control de ciertos municipios al poder de los gobernadores.
“El Congreso tiene como tarea no es sólo aprobar una Ley, sino la obligación de evaluar el impacto social, el económico. y esta parte, nunca la atiende el Congreso”, dijo el profesor de la Universidad Nacional Autónoma Ricardo Espinoza Toledo.
Con base al rumbo que han tomado las discusiones, dijo Castañeda, la bancada mayoritaria ha relegado otros temas de derechos humanos a segundo plano. Una característica tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado. El 10 de diciembre del año pasado el Presidente anunció que enviaría iniciativas de Ley para combatir los delitos de lesa humanidad: desaparición y tortura. Y aunque hubo un respaldo al principio del actual periodo de sesiones este se volvió a diluir con el paso del tiempo.
“Con otras iniciativas ganan puntos [electorales] muy observables. Su visión es muy corta, porque ganancia quizá no tengan, pueden perder mucho con el tema desaparecidos”, dijo recientemente a este medio Lucía de los Ángeles García Henao, fundadora de la organización civil Solecito.
El Senado ha dejado pendientes la designación del próximo Fiscal Anticorrupción, la transformación de la Procuraduría General de la República a Fiscalía General. Asimismo, temas impulsados por el propio Presidente de la República han sido después desincentivados por la propia bancada del PRI.
El 17 de mayo el Presidente de la República envió su propuesta al Senado para aprobar el matrimonio igualitario, que luego quedaría congelada; como después sucedió con la iniciativa de la mariguana, llegada desde el 21 de abril, la cual aprobó el uso medicinal de esta droga, mas no el prometido aumento del gramaje de portación de 5 a 28 gramos. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/15-12-2016/3126274
De Evercore, la firma que lidera Pedro Aspe Armella, ex Secretario de Hacienda del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, salieron funcionarios de alto nivel de esa dependencia hacendaria en el sexenio de Enrique Peña Nieto: Luis Videgaray Caso, ex titular de Hacienda; Fernando Aportela Rodríguez, ex subsecretario de la SHCP, y Marcela Andrade Martínez, actualmente jefa de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas. Son puestos muy importantes que tienen que ver con las finanzas estatales y ahí se ve que hay una relación previa con la financiera de Aspe, dice en entrevista Enrique Cárdenas, director ejecutivo del CEEY, entidad que ha analizado la participación de Evercore en el endeudamiento de estados y también en el ocultamiento de pasivos por parte de gobernadores y ex gobernadores.
El servicio de asesoría que Evercore Casa de Bolsa ofrece a los gobiernos estatales en México es uno sus principales ingresos, reportó la firma dirigida por el ex Secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, a la autoridad norteamericana que vigila el mercado de valores. “Nuestros negocios en México obtienen una significativa porción de sus ingresos a través de contratos de consejería con gobiernos estales y locales en México”, expuso Evercore en un reporte entregado a la Securities and Exchange Commission (SEC, sus siglas en inglés). Entre sus aconsejados, sin embargo, se encuentran mandatarios que han sido señalados como generadores de las más abundantes deudas estatales. En 2006, por ejemplo, la firma de Aspe realizó un “diagnóstico financiero integral” al Gobierno de Coahuila, entonces a cargo del priísta Humberto Moreira Valdés.
Dos años después, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, la deuda de esa entidad había aumentado de 420 millones de pesos a mil 831.9 millones en 2008 y, para 2011, era ya de 36 mil 509 millones de pesos y emblema del crecimiento desmedido de los compromisos públicos en un estado. Otro caso es el de Puebla, donde la firma de Pedro Aspe obtuvo en 2012 la administración de un Fideicomiso que recauda el impuesto sobre la nómina como “fuente de pago de las obligaciones a cargo del estado derivada de proyectos”. Esto, con base en una modificación previa a la Ley de Deuda Pública de esa entidad que permitió dejar de llamar “deuda” a los “Proyectos de prestación de servicios”. El resultado: de acuerdo con una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Puebla apareció este año con la mayor cantidad de pasivos (16 mil millones) no reportados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que sólo le contaba hasta diciembre una deuda de ocho mil 609 millones al cierre de 2015.
“El endeudamiento no se ha detenido y aún no se conocen las cifras reales completas. Algunos estados han escondido su verdadero endeudamiento”, expuso el pasado miércoles el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) en un boletín.
“Como ya se mencionó, por primera vez y gracias a las reformas legislativas recientes, la ASF reveló los pasivos totales registrados en la cuenta pública de cada estado”, agrega el documento del CEEY. En su revisión difundida en agosto pasado, la ASF indica que comparó el saldo de los “Indicadores de Obligaciones” difundidos por la SHCP con el reportado en cada una de las cuentas públicas estatales, encontrando que, al cierre de 2015, había una diferencia de 50 mil 464.2 millones de pesos entre las 32 entidades.
“Destacan Puebla (16 mil 046.5 millones de pesos) y Michoacán (13 mil 941.1 millones de pesos), los cuales concentraron el 59.4 por ciento de dicha diferencia. Lo anterior, debido a que las entidades y los municipios sólo están obligados a inscribir en el ROEEFM las obligaciones garantizadas con participaciones y aportaciones federales, y se excluyen los pasivos financieros de corto plazo, los contingentes y otras obligaciones que no se consideran deuda pública”, planteó la ASF.
“Por lo anterior, es importante considerar todas las obligaciones y financiamientos de las entidades federativas, debido a que como se observa en el cuadro anterior, el concepto ‘Otros pasivos’ concentró el 25.5 por ciento del total de las obligaciones financieras”, agregó la Auditoría en su “Informe de Avance de Gestión Financiera”. El nombre de Evercore apareció esta semana en el análisis hecho por el CEEY sobre la citada revisión de la ASF, indicando que la firma fundada por el ex Secretario de Hacienda del sexenio salinista ha trabajado a lo largo de los años en al menos una decena de Gobiernos estatales; entre ellos, Coahuila, con problemas históricos de deuda; o en los primeros lugares de pasivos “ocultos”, como Puebla, Michoacán, Oaxaca y Tabasco. “Además, el total de pasivos reportados por la ASF no siempre incluye los pasivos que se encuentran en fideicomisos mal llamados privados, mismos que se alimentan de recursos públicos. En otros casos sí lo hace”, explicó el CEEY.
“En al menos diez estados de la República (Durango, Sonora, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Coahuila, Tamaulipas, Puebla), Protego, hoy Evercore, realizó transacciones y en algunos de ellos participó en la ingeniería jurídica y financiera. De acuerdo con documentos oficiales presentados ante la Securities Exchange Commission de los Estados Unidos, Evercore México obtiene una parte significativa de sus ingresos de la asesoría que provee a Gobiernos estatales y municipales”, agregó.
La decena de estados aparece en las “transacciones” que Evercore difunde en su página en línea, donde menciona el trabajo realizado en Coahuila en 2006, cuando también trabajó para los estados de Querétaro y Sonora. En Michoacán, indican los datos, hizo un “refinanciamiento de la deuda del estado” desde 2007. La información de la página online no incluye la participación de Evercore en otras entidades, como Puebla o Chihuahua; estado este último donde la firma también realizó una reestructura de la deuda pública y, en 2013, creó un Fideicomiso que permitió al ex mandatario César Duarte Jáquez adquirir 19 mil 525.1 millones en nuevos préstamos. “Como ya se mencionó, estas operaciones que en ocasiones se concentran en fideicomisos ‘privados’, representan una caja negra: no se pueden auditar, no hay escrutinio público, y sus magnitudes pueden ser enormes”, advirtió el CEEY. “Destáquese que ni Tabasco ni Michoacán han tenido alternancia política en periodos recientes. En otros estados donde no la ha habido, como en el Estado de México, no sabemos ni remotamente cuál es el estado verdadero de sus finanzas estatales”, agregó. La investigación del CEEY detalla la situación del fideicomiso administrado por Evercore en Puebla, donde, de acuerdo con el Jefe de la Oficina del Gobernador, Roberto Moya Clemente, los pasivos de este fondo son de 22 mil 554 millones de pesos. “Todo parece indicar que estos pasivos no están considerados en la Cuenta Pública del Estado (pues no cuadran las cifras): Como ya se dijo, los pasivos totales reportados por la ASF son 24 mil 655 millones de pesos a diciembre de 2015, que incluyen la deuda registrada en la Secretaría de Hacienda. De no estar considerados los pasivos del Fideicomiso F/0144 en ese total, la suma de pasivos reales de Puebla alcanzaría los 47 mil 209 millones de pesos”, advierte. En entrevista, el director ejecutivo del CEEY, Enrique Cárdenas, señaló que además los términos del Fideicomiso en Puebla le dan “manga ancha” al Gobernador panista Rafael Moreno Valle para ejercer recursos. “El fideicomiso de Puebla, que sí lo conocemos, prácticamente dice que se puede gastar casi lo que sea; abre mucho la puerta para gastar prácticamente lo que sea y, además, el compromiso dura hasta que se termine de pagar”, dice.
“Con los datos nos dio el jefe de la oficina del Gobernador, estamos hablando de pasivos de 22 mil millones de pesos a un máximo de 25 años y, con ese dinero, se está absorbiendo un 50 ó 60 por ciento de los ingresos que generan los impuestos sobre la nómina. O sea, ahorita ya está comprometidos 50 o 60 por ciento de esos ingresos por los próximos, al menos, 15 años, sin haber dado cuentas al Congreso”, agregó Cárdenas.
RELACIONES POLÍTICAS
De acuerdo con un reporte que Evercore Partners entregó al Gobierno de Estados Unidos, la división de Casa de Bolsa que tiene en México obtuvo 150.2 millones de dólares entre 2014 y 2015. Las condiciones políticas, agrega el mismo reporte, son cruciales para la compañía. “Debido a que el Gobierno mexicano ejerce influencia significativa sobre tantos aspectos de la economía mexicana, eventos políticos en México, como cambios en los gobiernos estatales o municipales, pueden resultar en interrupciones de nuestras operaciones de negocios y afectar nuestros ingresos”, dice el reporte entregado a la SEC.
“Cualquier acción del Gobierno, incluyendo cambios en las regulaciones del sector financiero, podrían tener un impacto adverso en las operaciones de nuestros negocios mexicanos, especialmente en sus activos del manejo de negocios”, agrega.
Pero una firma con el nivel de influencia política que tiene Evercore “aprovecha la red de relaciones con altos ex funcionarios salinistas y prominentes funcionarios actual administración del Gobierno de Peña Nieto”, indicó este año el diputado federal poblano Rodrigo Abdala, en alusión a Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, uno de los hombres más cercanos al actual Presidente y, entre 1998 y 2005, empleado de lo que hoy es Evercore. “Hay que tener claro que Evercore no es cualquier intermediario financiero, porque hace las veces de banca de tercer nivel y de Casa de Bolsa. Eso permite le invertir en especulación financiera y en sus propios fondos de inversión en México y Estados Unidos y también, así como en inversiones directas en petróleo y energía a través y para sus propias inversiones, entre las que están las rondas de licitación derivadas de la llamada reforma energética”, expuso Abdala, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en un punto de acuerdo. Entrevistado al respecto, el director del CEEY dijo también observar una “notable concentración de casos a nivel estatal” asesorados por la firma de Aspe.
“Sabemos que de Evercore salieron Luis Videgaray, (el ex subsecretario de Hacienda, Fernando) Aportela, Marcela Andrade (hoy jefa de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas); en fin, puestos muy importantes que tienen que ver con las finanzas estatales y, bueno, ahí también se ve que hay una relación digamos previa”, agregó.
En la lista aparecen políticos, empleados municipales, dueños de paleterías, peluqueros, tortillerías, tiendas pequeñas y vendedores de pollo. Incluyen a un médico del pueblo así como al oficial mayor del Ayuntamiento. Ayer en la mañana la autodefensa dialogó con familiares de una de las mujeres que se encontraban retenidas y después de varios minutos acordaron dejarla en libertad. Salió de la casa que era la sede de la Comandancia de la Policía Municipal. Sin embargo, el grupo de autodefensa se negó a liberar al resto de los retenidos.
Integrantes de la autodefensa de San Miguel Totolapan obtuvieron una lista con 32 nombres de vecinos que serían las próximas víctimas de la banda “Los Tequileros”. De acuerdo con el periódico El Sur, a una de las personas del grupo que aún mantiene retenido a los civiles armados se le encontró una lista hecha a mano de comercios y personas que serían secuestradas antes de que terminara el año.
A los detenidos se les vincula con el grupo liderado por Raybel Jacobo de Almonte, conocido como “El Tequilero”, cuya madre fue retenida por los pobladores de San Miguel Totolapan y fue liberada el pasado junto Isauro de la Paz Duque, en un intercambio. En la lista aparecen políticos, empleados municipales, dueños de paleterías, peluqueros, tortillerías, tiendas pequeñas y vendedores de pollo. Incluyen a un médico del pueblo así como al oficial mayor del Ayuntamiento. El listado al que tuvo acceso el medio la conforman 32 personas. Algunos identificados por sus negocios, otros por los apodos, pero en todos los casos se señalan los puntos en donde pueden ser ubicados y en donde podrían ser levantados. El mismo medio dio a conocer que ayer en la mañana la autodefensa dialogó con familiares de una de las mujeres que se encontraban retenidas y después de varios minutos acordaron dejarla en libertad. Salió de la casa que era la sede de la Comandancia de la Policía Municipal. Sin embargo, el grupo de autodefensa se negó a liberar al resto de los retenidos. El Sur detalla que a las 11 y media llegaron 10 patrullas de la Policía Federal (PF), al mismo tiempo se vio a un helicóptero de esa corporación que aterrizó en una cancha deportiva y ahí se quedó. El motivo era pedir la liberación de los retenidos y llevárselos en la aeronave a la ciudad de México para presentarlos ante un agente del Ministerio Público federal. El grupo pidió públicamente tres días para que las autoridades muestren acciones y resultados, “una muestra de que están combatiendo al grupo” contra el que se están enfrentando. “Ahí están en la entrada de San Miguel todos los ministeriales dormidos desde el miércoles en la gasolinera, en la sombra. La verdad no sé qué le digan al gobernador, si están trabajando, si de verdad están buscando algo, o no sabemos si esas son las órdenes reales del gobernador, de quedarse dormidos en la gasolinera sin hacer nada”, le reclamaron los vecinos a los policías federales.
Pese a que fueron varias las horas de diálogo, a las 3 de la tarde se retiró el helicóptero, vacío. No hubo acuerdos y los policías federales se retiraron del lugar.
El ingeniero local Isauro de la Paz Duque, secuestrado el domingo, fue liberado la noche de este miércoles por la célula delictiva Los Tequileros, a cambio de la liberación por parte de un grupo de autodefensas de María Félix de Almonte Salgado, madre del líder de esta banda, Raybel Jacobo de Almonte. Hasta ahora el papel de las autoridades parece no ser más que el de un tercer actor. Esperan que en las próximas horas los autodefensas del Movimiento totolapense por la paz terminen de liberar a alrededor de 17 personas. Este jueves un boletín del Gobierno del estado informó un acuerdo logrado entre una comisión de funcionarios públicos con pobladores de San Miguel Totolapan, en el que los autodefensas pondrían a disposición de las autoridades a los rehenes una vez que fuera liberado el ingeniero de la localidad. Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), integrado por dependencias federales y el Gobierno estatal, dijo que la idea de mandar a más de dos centenares de elementos a la zona tuvo como propósito hacer presión y restablecer el orden. “Los autodefensas retuvieron a personas que ellos creen que estaban ligadas con el grupo [criminal]”, dijo el portavoz del GCG. Agregó que cinco personas ya fueron liberadas por los autodefensas este jueves. Especialistas en derechos humanos y en materia penal calificaron la movilización como un “show”, pues no se ataca el problema central: la impunidad en la que operan grupos criminales no sólo en esa entidad del sur de México, sino en todo el país. La respuesta de los autodefensas evidencia la falta de presencia del Estado, y una violación a la Constitución de la República, consideró Gabriel Regino, abogado penalista. “Hay un concepto de venganza de sangre llamado “Blutrache”. Un principio que te permitía en el siglo XII hacer lo que están haciendo ahorita en Guerrero. Justicia por su propia mano [y quedar exentos de sanción]”, explicó. De acuerdo con el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Los Tequileros son una célula delictiva vinculada tiempo atrás con el cártel La Familia Michoacana, dedicada a la siembra y trasiego de amapola. La agrupación es dirigida por Raybel Jacobo de Almonte y se encuentra en la zona desde hace siete años, de acuerdo con habitantes del pueblo. “¿Qué hacen ellos? Llegan a una población rural, y en un camino instalan una especie de retén y a las personas que van pasando las privan de la libertad, y se los llevan caminando por cerros, cañadas, barrancas, hasta lugares inaccesibles”, y después piden rescate por ellos. De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), hasta octubre pasado operaban en Guerrero las células delictivas Guerreros Unidos, vinculada a la Familia Michoacana; Los Granados, los Rojos, el cártel Independiente de Acapulco y Los Ardillos, relacionados con el cártel de los Beltrán Leyva; así como el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Liberan al ingeniero por madre de líder delincuencial en San Miguel Totolapan.
Liberan al ingeniero por madre de líder delincuencial en San Miguel Totolapan pic.twitter.com/1EGRo94pRv
Edgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano del Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) calificó como un esfuerzo de apariencias el despliegue realizado por las fuerzas estatales y federales hacia San Miguel Totolapan. Al municipio llegaron 120 elementos del Ejército, 60 de la Policía Federal y 40 de la policía del Estado.
“Muchas de esas medidas reactivas tratan de hacerle frente a la opinión pública, a la imagen, y no tanto al centro del problema. Envían un número significativo de elementos muy diversos, pero en cuanto la presión disminuye el tema se olvida”, explicó.
De enero a octubre de este año se han suscitado 62 secuestros en Guerrero, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el investigador consideró que no hay programas para atender este delito a largo plazo. ¿Por qué una sola persona desató la ira de la comunidad? Álvarez señaló que sólo se explica por el hartazgo de los pobladores frente a los criminales.
El influyente diario estadounidense hizo eco de un documento publicado por la periodista Anabel Hernández en su libro 'La verdadera noche de Iguala' y en 'Aristegui Noticias', en noviembre pasado.
El gobierno mexicano se negó a hacer público un reporte interno en el cual se señala que los investigadores del caso Ayotzinapa violaron la ley, una conclusión que “amenaza las bases legales” del caso, de acuerdo con un reportaje de The New York Times. El reporte documenta que sospechosos cruciales fueron arrestados y trasladados ilegalmente, “poniendo en duda la evidencia que proveyeron”. La conducta de los investigadores, según el documento, violó el “derecho a la verdad”. La investigación interna concluyó hace cuatro meses y estaba lista para ser entregada a los padres de los estudiantes desaparecidos. Pero el inspector general de la PGR, les dijo a los familiares de las víctimas que sus superiores debían aprobar el reporte antes, “una simple formalidad”. Cuatro semanas después de la reunión con los padres, el indagador que preparó el reporte, César Alejandro Chávez Flores, renunció “abruptamente”. La aprobación nunca llegó y el reporte permanece “bajo estudio” de acuerdo con la PGR. La existencia del documento se dio a conocer en el libro “La verdadera noche de Iguala”, de la periodista Anabel Hernández, y en Aristegui Noticias. Una copia del reporte obtenida por NYT sugiere que el documento permanece en un “limbo burocrático” debido a que documenta una serie de violaciones. Entre las irregularidades se reporta el hecho de que el investigador principal del caso llevó a un sospechoso a identificar la presunta escena del crimen sin un abogado presente, visita que no fue registrada oficialmente, además de que el lugar se dejo sin ser vigilado durante una noche. Además se reportó que seis sospechosos fueron detenidos en diferentes ubicaciones en un sólo día y “espontáneamente” confesaron, con palabras idénticas, su pertenencia al grupo Guerreros Unidos y su responsabilidad en la desaparición de los normalistas. Los arrestos subsecuentes, basados en estas declaraciones, fueron arbitrarios e ilegales por lo que, bajo la Constitución, se anularía la evidencia obtenida a través de estos. Otras irregularidades muestran archivos faltantes y fechas mezcladas. La visita del investigador principal del caso, Tomás Zerón de Lucio, junto con uno de los sospechosos, al río San Juan, donde supuestamente fueron tirados los restos de los estudiantes no fue registrada, así como tampoco se incluyeron ninguna de las actividades de ese día en el reporte de la investigación. El diario estadounidense señaló que tras su renuncia a la Agencia de Investigación de la PGR, Zerón, “quien ha trabajado cerca del presidente Enrique Peña Nieto por casi una década”, fue “inmediatamente” nombrado como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad. De acuerdo con NYT, uno de los “misterios persistentes” en el caso es porque la policía municipal nunca fue detenida por las policías estatales y federales. En el reporte se afirma que si la policía estatal hubiera actuado, los estudiantes y otras personas que fueron atacadas esa noche “no hubieran sido heridos o asesinados”. La investigación interna concluyó que es necesario realizar más investigaciones para determinar si la negligencia de las autoridades representó una obstrucción a la justicia. El investigador que ahora ocupa el puesto de Chávez Flores no “reconoció” las conclusiones debido a que hacían falta formalidades “no especificadas”. A su vez, Natalia Briseño, vocera de la PGR, afirmó que el documento “no existe legalmente” y aseguró que la revisión del documento sigue en marcha.
Denuncian falta de acción de las autoridades para procesar a los soldados, oficiales y mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Casi 26 mil cartas provenientes de 40 países distintos, fueron entregadas a la Procuraduría General de la República (PGR) para demandar el castigo a un grupo de militares vestidos de civil que torturaron y violaron a una joven en Tijuana, Baja California, el 2 de febrero de 2011, abusos que fueron denunciados hace cinco años sin que la averiguación previa haya avanzado. Antes de entregar las misivas, seis mil de ellas dirigidas al nuevo titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, defensores de derechos humanos clausuraron de forma simbólica las instalaciones de esa dependencia, en protesta por la negligencia de tres procuradores y dos procuradoras que no han querido armar un caso sólido contra los integrantes del Ejército Mexicano que cometieron el abuso, por lo que ni siquiera se ha solicitado la comparecencia de los mismos.
El Secretario Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara, explicó que la clausura simbólica de PGR es una forma de dar a conocer la falta de acción de las autoridades para procesar a los soldados, oficiales y mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que consintieron la tortura sexual que sufrió Miriam Isaura López en las instalaciones de la Segunda Zona Militar de Tijuana, Baja California, conocido como Cuartel Militar Morelos.
“Miriam fue detenida de manera arbitraria por militares vestidos de civil hace seis años en Tijuana, fue llevada al Cuartel Militar Morelos en esa ciudad fronteriza, fue torturada brutalmente, fue violada y se le buscó incriminar en diversos delitos, pero las acusaciones fueron desechadas por el Poder Judicial Federal un año después, se presentó una denuncia penal contra los responsables desde hace cinco años y hasta la fecha, ningún funcionario castrense ha comparecido ante la justicia”, afirmó. El activista agregó que las violaciones a los derechos humanos en agravio de Miriam Isaura no fueron las únicas cometidas por elementos del Ejército Mexicano durante la aplicación del Operativo Conjunto Tijuana, ya que se tienen denuncias de violaciones a los derechos humanos en otros 95 casos, en las cuales también se involucran a fuerzas castrenses del Campo Militar Aguaje de la Tuna. “Llevamos casi seis años de impunidad y a la fecha no hay ningún responsable rindiendo declaración ante la justicia, han desfilado cinco procuradores y seis fiscales de violencia contra las mujeres que no han querido acusar a ningún militar por las atrocidades cometidas en el caso de Miriam Isaura, hemos intentado todos los recursos legales sin que haya resultados, por eso decidimos recurrir a la solidaridad internacional”, puntualizó. José Antonio Guevara agregó que el caso de esta joven torturada y abusada sexualmente es una muestra de lo que podría ocurrir en el futuro si se amplían las facultades de las fuerzas armadas para realizar labores de seguridad pública, por lo que se pronunció en contra de que el Congreso de la Unión otorgue manga ancha al Ejército y a la Marina en este rubro, debido a que legalizaría este tipo de abusos contra civiles.
“Se trata de un caso que no es único en ese cuartel militar, en esa zona, tanto en el Cuartel Morelos como en Aguaje de la Tuna, al menos 95 personas fueron detenidas de manera arbitraria y sometidas a torturas en el contexto del operativo conjunto en Tijuana, entre los años 2009 y 20012. En el año 2011 iniciamos una campaña para demandar justicia en el caso de Miriam Isaura y hemos recibido desde entonces más de 26 mil cartas que ahora le mostramos a la sociedad mexicana, mismas que serán entregadas al Procurador para tratar de sensibilizarlo”, concluyó. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: JUAN OMAR FIERRO. LINK: http://aristeguinoticias.com/1512/mexico/clausuran-pgr-con-26-mil-cartas-por-la-impunidad-de-militares-que-violaron-a-mujer-en-bc-video/
CIUDAD DE MÉXICO: Un hombre fue ejecutado a balazos la madrugada de este jueves en calles de la colonia Roma Norte, en la delegación Cuauhtémoc. De acuerdo con el reporte policial, el occiso, quien hasta el momento no ha sido identificado, fue agredido por dos sujetos que descendieron de un vehículo blanco, le dispararon y después huyeron del lugar. La víctima quedó sobre la banqueta de la calle Puebla, casi esquina con Jalapa, a un costado de una jardinera. Los policías capitalinos resguardaron el lugar, donde se hallaron ocho casquillos percutidos de un arma calibre nueve milímetros.
CIUDAD DE MÉXICO: Dos adultos y seis menores de edad resultaron lesionados luego de que desconocidos dispararon cuando se encontraban afuera de un establecimiento comercial en la colonia La Florida de Apatzingán. En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer que ya se inició carpeta de investigación sobre los hechos. La dependencia detalló que las víctimas, dos de ellos de 47 y 36 años de edad, y los restantes menores de edad, se encontraban afuera del establecimiento denominado “La Palapa”, cuando fueron sorprendidos por individuos que accionaron armas de fuego. Las ocho personas presentan heridas, por lo que fueron auxiliados y trasladados a un nosocomio local para su atención.
OAXACA, Oax: La criminalización de la protesta social es una política de Estado que busca inhibir la defensa de derechos humanos, denunciaron 11 organizaciones no gubernamentales en su informe sobre detenciones arbitrarias e ilegales. Pese a que la ONU ha declarado como detención arbitraria la aprehensión de cinco activistas, entre ellos tres de Oaxaca, las ONG se quejaron que han sido desoídas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entre los casos mencionaron el de Damián Gallardo Martínez y Enrique Guerrero Aviña, detenidos arbitrariamente hace mil 307 días; Librado Baños Rodríguez, capturado arbitrariamente desde hace mil 208 días; Pedro Canché Herrera, aprehendido arbitrariamente durante 638 días antes de ser liberado el 29 de mayo de 2015, y Nestora Salgado, detenida arbitrariamente 941 días antes de ser liberada el 18 de marzo pasado. También precisaron que en el caso de Pedro Canché y Nestora Salgado están aún a la espera de recibir la debida reparación integral por los daños sufridos y, en el caso de la exlíder de autodefensas guerrerense, aún sigue siendo perseguida y criminalizada. Las cinco personas defensoras han sido reconocidas por opiniones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias como víctimas de captura arbitraria. Las cinco opiniones fueron emitidas en un espacio de poco más de un año, entre agosto de 2014 y diciembre de 2015, lo que constituye un hecho inédito al ser la primera vez en que el Grupo de ONU emite tal número de opiniones sobre un mismo país en un periodo de tiempo tan reducido. A dos años y cinco meses de la emisión de la primera opinión, los activistas Damián Gallardo, Enrique Guerrero y Librado Baños permanecen arbitrariamente detenidos y enfrentan constantes y reiteradas violaciones a sus derechos –incluyendo malos tratos y tortura–, situación que les ha ocasionado daños irreparables en su salud. Cabe destacar que estos cinco casos emblemáticos sólo representan una ínfima parte de las detenciones arbitrarias que ocurren impunemente en el país, pero ejemplifican la existencia de un preocupante patrón de criminalización de la protesta social en México. Este patrón de detención arbitraria de activistas parece responder a una voluntad de inhibir su trabajo en defensa de los derechos humanos de toda la ciudadanía mexicana, se resalta en el informe. Las ONG precisaron que los cinco activistas y su detención está vinculada a sus legítimas actividades en defensa de los derechos humanos. Todos ellos fueron arrestados de forma ilegal sin orden de aprehensión, encarcelados por delitos que no cometieron y sujetos a un mismo patrón, que incluye diferentes formas de tortura y malos tratos en el momento de la detención y en las instalaciones penitenciarias, incomunicación, desaparición forzada antes de su presentación, amenazas, confinamiento, campañas de difamación, violaciones al debido proceso y falta de independencia del Poder Judicial al calificar como legales dichas detenciones. También explicaron que este informe forma parte de una campaña nacional e internacional conjunta que ya ha llevado a las organizaciones participantes a organizar reuniones con instituciones internacionales, como la Unión Europea y sus Estados miembros en Bruselas; las Naciones Unidas y las autoridades suizas en Ginebra, y con autoridades nacionales e internacionales en la Ciudad de México. Cabe destacar que los tres activistas que permanecen en situación de detención arbitraria –Damián Gallardo, Enrique Guerrero y Librado Baños– son originarios y/o realizaban su labor de defensa de derechos humanos en el estado de Oaxaca. La presentación del reporte en Oaxaca responde a la grave preocupación por la situación de los tres defensores que permanecen detenidos y por el carácter sistemático de la criminalización de la protesta social en la entidad federativa, pues organizaciones de la sociedad civil han documentado 77 casos de personas presas por motivos políticos en esta entidad.
Finalmente, exigieron la inmediata liberación de Damián Gallardo, Enrique Guerrero y Librado Baños así como el cese de la criminalización y reparación integral a los cinco activistas por las numerosas violaciones de derechos humanos a las que han sido sometidos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PEDRO MATÍAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/466531/criminalizacion-la-protesta-busca-inhibir-defensa-derechos-ong
La sentencia de 33 años y 5 meses de prisión a Luis Fernando Sotelo, preso político en la Ciudad de México, fue modificada y reducida a 13 años con 15 días, más una multa de 238 mil 543.05 pesos y la reparación de los daños en la estación del metrobús de Ciudad Universitaria equivalentes a 8 millones de pesos, “sin que exista sustitutivo de la pena corporal ni suspensión condicional de la pena”, señaló la Red Contra la Represión y por la Solidaridad (RvsR). “Esto quiere decir que no existen posibilidades de que se le otorgue algún beneficio para su libertad inmediata”, lamentó la Red. Con la resolución, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México “deja clara su dependencia del poder Ejecutivo, pues se mantiene alineado a la política inquisitiva y de criminalización hacia la protesta y la juventud del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera”, señaló. Agregó que si el poder Judicial de la Ciudad de México “tuviese un poco de congruencia”, habría absuelto y otorgado la libertad inmediata a Sotelo pues, como su defensa legal ha comprobado, no existe evidencia que lo incrimine “toda vez que la única declaración del testigo presencial fue la del chofer del metrobús, que se probó fue falsa”. En cuanto a este punto, recordó que durante el juicio el chofer se desdijo de su declaración e indicó que no reconocía a Sotelo, pero no fue suficiente para que la sala penal reconociera que el proceso en su contra está “plagado de mentiras” y violaciones a sus derechos humanos. De acuerdo con la Red, la resolución no es ninguna “sorpresa” por conocer que el proceso contra Sotelo es una consigna política encabezada por Miguel Ángel Mancera que busca “amedrentar” a quienes luchan contra el sistema. “Nosotros no nos tragamos sus juegos políticos ni sus mentiras, sus resoluciones absurdas y sin sustento sólo nos dan más armas para pelear”, aseguraron.
La RvsR asegura que Luis Fernando no está preso por las razones jurídicas que “alude la justicia capitalina”, pues, en su opinión, las acusaciones en su contra “son sólo un pretexto para ejemplificar el castigo del Estado a quienes se solidarizan con las luchas sociales y sus demandas de justicia y de dignidad”, ya que Sotelo participó en actos de “solidaridad” por la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa y otras movilizaciones sociales.
Una persona está tendida en el piso, otra, con una brocha en la mano marca su silueta en el pavimento, la escena se repite varias veces, hombres y mujeres; un niño que emula a otro que hoy está muerto o desaparecido, mientras su hermano pequeño marca su silueta. De frente el monumento a la revolución; de lado derecho se trata de representar a las personas desaparecidas, del lado izquierdo a los que han sido asesinados a 10 años de que Felipe Calderón Hinojosa declarará la llamada guerra contra el narcotráfico y así, una a una fueron apareciendo cientos de siluetas en el piso, cada cual con el nombre de la persona a quien representa y tras de ella una familia que sufre la ausencia.
Adán, Saúl, Marcos, Sonia, María, Gerson, Karina, Sonia, entre otros nombres en el piso, desde muy temprano comenzaban a dar cuenta de la tragedia nacional provocada por la guerra: “125 mil asesinados, 30 mil desaparecidos, 200 mil desplazados” son cifras conservadoras, aseguraron los familiares, pero aún así dan cuenta del México que sangra por la violencia encrudecida por la guerra. La acción fue convocada públicamente el jueves pasado cuando organizaciones de familiares de personas desaparecidas llamaron a realizar este acto que nombraron de resistencia, declarando que la llamada guerra no ha sido contra el narcotráfico sino contra el pueblo como una excusa para instaurar un estado decepción permanente, de militarización del país, señalando que quienes han sido llamados “daños colaterales” son en realidad las víctimas directas de la guerra, es decir, la ciudadanía en general, y también recordaron a los periodistas asesinados cuando se vuelven “incomodos” para el gobierno.
Una jarana sonó también acompañada de voces que cantaban el dolor de Ayotzinapa, los poemas brotaron como consigna y petición de paz, con voces jóvenes y rebeldes que invitaban a los curiosos asistentes a unirse a la protesta, paseantes curiosos se acercaban, luego, se volvían parte del acto pidiendo también el alto a la guerra, marcando sus siluetas en el piso; un grupo de jóvenes de preparatoria se unieron “es que no queremos ser los próximos” afirmó uno de ellos.
Al micrófono, familiares contaban sus testimonios, “mi hija está desaparecida”, dijo la mamá de Mónica Ramírez Alvarado, estudiante de la Autónoma Nacional desaparecida en 2004, relatando cómo aun pese a que hay detenidos por el caso, no ha logrado encontrar la justicia ni saber del paradero de su hija. Valentina Peralta Puga, de la organización Eslabones, habló sobre las fosas de Tetelcingo, narrando como son las propias autoridades quienes dificultan la labor que hacen los familiares para encontrar a sus desaparecidos y señaló que en el caso de Morelos ya hay una alta funcionaria procesada por el caso de las fosas irregulares de la Fiscalía del estado, conocidas como fosas de Tetelcingo.
Una integrante de Familiares en Búsqueda María Herrera, recordó a los asistentes que la necesidad de búsqueda directa de los familiares por encontrar a sus desaparecidos se ha vuelto apremiante, por lo cual ya se tiene en puerta la Tercer Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que será del 20 de enero al 4 de febrero del 2017 en Sinaloa, y para lo cual están realizando un el concierto “Voces por Nuestros Desaparecidos” para juntar fondos, por lo cual pidió la solidaridad y apoyo, el concierto se realizará el próximo jueves 15 de diciembre en el Café Zapa Vive e invitó al público en general a solidarizarse para poder juntar recursos que ayuden en las búsquedas directas. El evento que iniciará a las diez de la mañana, vio su fin alrededor de las seis de la tarde, jóvenes de la organización Nos Hacen Falta, agradecieron la presencia los asistentes y dijeron que las siluetas ahí representadas eran apenas una ínfima cantidad en comparación a las personas desaparecidas o asesinadas en el lapso de diez años de la guerra contra el pueblo:
“sólo nosotros mismos podemos hacer que esta carnicería que es nuestro país termine, pero eso lo tenemos que hacer nosotros, con la memoria de quienes nos hacen falta y exigiendo justicia, la única manera de detener esta catástrofe es uniéndonos, tomando los espacios públicos, haciendo valer nuestra voz y entendiendo que esta violencia sin sentido es parte de una una estrategia equivocada que no tiene como objetivo la paz, sino en control mediante el miedo, existe un país diferente que nos pertenece pero que tenemos que recuperar” finalizó.
CIUDAD DE MÉXICO: En un hecho sin precedentes, los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia no recibieron el pago de su salario y el aguinaldo correspondiente el día 9, debido a un supuesto retraso en la liberación el recurso correspondiente por parte de la Secretaría de Hacienda, lo que así fue argumentado por funcionarios del área administrativa de la institución. Después de colocar carteles y mantas en las distintas delegaciones e instalaciones del INAH en varias entidades del país como Guanajuato y Tlaxcala, y del reclamo del Comité Sectorial de Trabajadores Técnicos y Profesionistas de la institución, este miércoles les fue pagado el salario y una parte de las prestaciones de fin de año, pero sólo al personal de base, a quien todavía le adeudan el incremento salarial autorizado al 1 de noviembre y 10 días de salario como prestación de fin de año. El personal eventual, mandos medios, de apoyo y de confianza en general de la institución se quedó sin percibir sus quincenas del mes de diciembre, denunció el secretario del Comité Sectorial, Juan Manuel Hernández Melchor. Este Comité, adscrito al Sindicato Nacional de Trabajadores Democráticos de la Secretaría de Cultura –instancia de la que ahora depende el INAH- exhibió la situación como “inédita en toda la historia de la institución”, y reclamó el incumplimiento de un compromiso del presidente Enrique Peña Nieto “de que no habría ninguna afectación a los derechos de los trabajadores que pasaríamos a la Secretaría de Cultura, eso no se respetó”, dijo Juan Manuel Hernández a Apro. “Nunca había pasado esta situación; lo que nos informa la Secretaría de Cultura es que hubo un retraso en la liberación del recurso por parte de Hacienda”, señaló. El dirigente sindical mostró el oficio circular 014, fechado el 13 de diciembre dirigido a los trabajadores del INAH y firmado por el Secretario administrativo Alejandro Ordoño Pérez y por el Coordinador nacional de recursos financieros José Jurado Barragán, en el que se les informa del retraso en las fechas de pago “derivado de la situación financiera por la que atraviesa el Instituto Nacional de Antropología e Historia para el cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2016”. En el oficio se establece el compromiso de cumplir con el pago que debió efectuarse el 9 de diciembre, pero para el miércoles 14, de las dos quincenas de diciembre, conjuntamente con las prestaciones de prima vacacional, ajuste de calendario y días festivos. “Las cuentas por liquidar certificadas, cargadas el pasado 8 de diciembre de 2016 a través del Sistema de Administración Financiera Federal SIAFF, con fecha probable de pago el 13 de diciembre, fueron reprogramadas para el 14 de diciembre (…) ya que se sujetaron al ambiente controlado, derivado de las disposiciones emitidas para el cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2016”, fue la ‘explicación’ técnica dada por los funcionarios administrativos del INAH a los trabajadores en este oficio. Pero en un segundo punto del mismo, indica: “Respecto al personal eventual y de confianza (compactados, personal de proyectos, mandos medios y superiores, apoyo a confianza y hora semana mes) queremos reiterar que el instituto está llevando a cabo todas las gestiones administrativas pertinentes, con las autoridades competentes, para garantizar el pago de todos y cada uno de los compromisos en las fechas correspondientes en los términos de ley”. Al respecto, el secretario del Comité sectorial y colegiado general ejecutivo, Juan Manuel Hernández Melchor, explicó que la organización sindical sostuvo reuniones con funcionarios de la Secretaría de Cultura y del propio INAH en busca de resolver la falta de pagos, y este viernes se reunirá con el antropólogo Diego Prieto, encargado del despacho de la dirección del instituto. Por escrito, el Comité dijo reconocer que el INAH “viene arrastrando un déficit de varios años que no ha sido atendido con seriedad y responsabilidad, pero también es cierto que estamos enfrentando una política hacendaria de desprecio hacia la base trabajadora del país y de sus derechos legítimos”. “Nos están diciendo que los 10 días de prestación que todavía nos deben serán cubiertos hasta el 20 de enero y que el retroactivo nos llegaría hasta la primera quincena de enero, y no aceptamos eso, queremos que lo paguen antes de que inicie el periodo vacacional del personal, y también ver que se cumpla a los compañeros eventuales, mandos medios y apoyo a confianza que siguen sin recibir su pago”, dijo el secretario sindical. El incremento aprobado al primero de noviembre es de un 3.8 por ciento directo al salario y de 1.90 por ciento en prestaciones. “El incremento siempre se nos había pagado a fines de noviembre, o a más tardar en la primera quincena de diciembre”, expuso. Hernández Melchor informó que la plantilla de personal del Instituto es de unos 4 mil 200 trabajadores.
La noche del jueves, el sindicato emitió un comunicado dirigido al personal eventual y de apoyo a confianza, en el que les recuerda que el recurso presupuestal del INAH “ya considera a todos los trabajadores de la institución” y que se ha solicitado a los titulares del INAH y de la Secretaría de Cultura que se agilice el pago pendiente “dadas las precarias condiciones laborales en que se encuentran”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA. LINK: http://www.proceso.com.mx/466471/denuncian-trabajadores-del-inah-retraso-en-pago-salario-aguinaldo
CIUDAD DE MÉXICO: Las universidades, tal como las conocemos, están destinadas a desaparecer. Es un sistema costoso, prácticamente ajeno al actual modelo laboral, amén de que la información dejó de ser un negocio.
Este hecho podría parecer apocalíptico, pero expertos anticipan que conllevará muchísimos beneficios. La educación realmente será universal, accesible, y con un catálogo infinito de asignaturas y habilidades. “La lectura en voz alta será reemplazada por video en streaming. Los exámenes y cursos por Internet se convertirán en la norma. El intercambio académico se llevará a cabo principalmente en espacios interactivos en línea, ocupados por una nueva generación de jóvenes con hiperinteligencia, que ya pasan gran parte de sus vidas en línea. Las universidades ampliarán su alcance a estudiantes de todo el mundo, sin límites geográficos o incluso por zonas horarias. Todo esto se ofrecerá, también, a una fracción del costo de una educación universitaria tradicional”, advierte Nathan Harden, autor de Sex & God at Yale: Porn, Political Correctness, and a Good Education Gone Bad (St. Martin’s, 2012). En el mismo sentido apunta Mark C. Taylor, jefe del departamento de Religión de la Universidad de Columbia y autor de Field Notes From Elsewhere: Reflections on Dying and Living: “La mayoría de los programas de posgrado en las universidades americanas fabrican un producto para el cual no hay mercado (candidatos para enseñar posiciones que no existen) y desarrollan destrezas para las cuales hay demanda decreciente (investigación en subcampos dentro de subcampos y publicación en revistas leídas por nadie más que unos cuantos colegas con ideas afines)”. De esta forma, los currículums y los posgrados largos serán reemplazados por las plataformas Udacity, Coursera, E-Magister o cualquiera de los ascendentes sistemas de educación en línea. Las empresas se concentrarán en contratar de manera temporal a especialistas que han desarrollado habilidades específicas.
En una entrevista con Larry King en 2013 durante la Conferencia Gloral del Milken Institute, el empresario mexicano Carlos Slim enfatizó: “La educación debe ser cambiada por completo y con tecnología, porque es una gran herramienta para todo, para cambiar la educación, y la forma en que se está implementando no es la correcta. Si piensas en la educación actual, tienes los mismos modelos que vienen de la educación militar y religiosa de hace 2 mil años.
“Es un proceso de domesticación, a veces no les enseña a los niños cómo pensar, cómo investigar sino a memorizar frecuentemente en lugar de racionalizar el libro (…) se podría mejorar la educación con la tecnología, principalmente la educación en el mundo es muy académica, no hay un buen modelo que capacite a la gente para el trabajo”. Previendo estos tiempos y anticipándose a sus competidores, el Instituto Tecnológico de Massachusetts se convirtió en la primera universidad de élite en el mundo en ofrecer una credencial para que sus alumnos puedan estudiar y completar cursos gratuitos en línea. De manera similar, la Universidad de Harvard promueve constancias de maestría para quienes completen cursos en línea y demuestren las habilidades aprendidas. A pesar de lo optimista que pueda parecer este panorama, también existirán consecuencias negativas a partir de la inevitable homogeneización de este sistema. De entrada, una reducción significativa del personal de las universidades e inminentes despidos. El deterioro de las relaciones en persona. Además, carreras o conocimientos que no sean requeridos en el mercado, como filosofía o civismo, por citar las más evidentes, serán relegadas de los planes de estudio. Los expertos prevén también que este sistema premiará sólo a quienes tengan la habilidad para estudiar, prepararse y estar en constante dinamismo, virtudes de las que no todos fueron provistos. No sobra recordar que, además, los países menos desarrollados podrán incluso ampliar la amplia brecha que los separa de las naciones con alto nivel educativo. Basta mencionar el último reporte de la prueba PISA, que colocó a México en el último lugar de los países pertenecientes a la OCDE.
“Este enfoque refleja que las economías modernas recompensan a los individuos no por lo que saben, sino por lo que pueden hacer con lo que saben (…) Ya en las pruebas anteriores divulgadas hace tres años se mostró que la mitad de los estudiantes en muchos países de la región no sabían leer o escribir apropiadamente, no tenían los fundamentos más elementales en matemáticas. Esto significa que no tendrán ninguna chance en la vida”, profetizó la OCDE. FUENTE: PROCESO/WWW.AGENCIADINAMITA.COM. LINK: http://www.proceso.com.mx/466149/inminente-fin-las-universidades
