lunes, 26 de diciembre de 2016

Desmantela la UNAM el Seminario del Taller Coreográfico

Con profundo desconcierto los integrantes del Seminario del Taller Coreográfico de la UNAM –fundado hace más de 40 años por Gloria Contreras– recibieron la orden de desalojar las instalaciones que ocupaban, decisión tomada por la maestra Teresa Uriarte cuando era coordinadora de Difusión Cultural. Cifras en mano, los hijos de la coreógrafa, Lorena y Gregorio Luke, exaltan los beneficios del seminario para la Universidad y confían en que Jorge Volpi, relevo de Uriarte, deshaga el entuerto.

Los mil 100 alumnos de diferentes edades, 19 maestros y dos coordinadores del Seminario del taller Coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México (STCUNAM) deben desalojar el próximo 31 de diciembre los cinco salones (donde han laborado por más de 40 años) que se ubican sobre la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario.

Esa indicación tajante se las informó Teresa Uriarte en una carta, con fecha del 17 de noviembre pasado, antes de que la historiadora dejara la dirección de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, lo cual sucedió en los primeros días de diciembre.

La coreógrafa y bailarina Gloria Contreras creó en 1970 la compañía de danza Taller Coreográfico de la UNAM (TCUNAM), y en 1974 fundó el STCUNAM, “porque el público, la mayoría profesores, estudiantes y trabajadores universitarios que asistía a las funciones del taller en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura, quería ser parte del fenómeno dancístico”, recuerda en entrevista Gregorio Luke, hijo de la Premio Nacional de Ciencias y Artes 2005 en el área de Bellas Artes.



Cuenta que entonces las autoridades universitarias accedieron a que se usaran esos espacios para los cursos del seminario, sin que la Máxima Casa de Estudios asumiera el pago de los profesores o algún otro costo, por lo que se acordó, resalta Gregorio, que se creara una asociación civil sin fines de lucro para la administración de los recursos del STCUNAM, obtenidos con las cuotas de los estudiantes.

“Estos recursos han servido para el pago de los profesores y para apoyar a la compañía de danza, el taller”, enfatiza el también conferencista.

Enseguida, preocupado, enuncia:

“Me parece injusto que los estudiantes y maestros del seminario ya no puedan usar esos salones, porque fueron creados para la danza, y de esos cinco salones dos los hicieron por mi madre cuando recibió el Premio Universidad Nacional en el área de Creación Artística y Extensión de la Cultura en 1995. El entonces rector José Sarukhán le preguntó qué podía hacer por ella, y le solicitó la construcción de dos salones más.

“Los pisos son especiales. La escuela los ha usado de manera ejemplar. Son las instalaciones más limpias de la universidad, se compra el papel para los sanitarios, en fin. Ojalá y haya una reflexión sobre la situación.”

Su hermana, Lorena Luke, señala a Proceso que la decisión de no permitir a los alumnos del seminario usar los salones, “fue tomada por las autoridades anteriores de la Coordinación de Difusión Cultural”:

“Tenemos esperanza en que el nuevo coordinador, el escritor Jorge Volpi, permita que el seminario continúe operando de manera normal, como lo ha hecho desde hace 42 años.”

Proceso intentó entrevistar a Volpi, quien el 8 de diciembre tomó posición de la Coordinación de Difusión Cultural, pero su respuesta, a través de su oficina de prensa, fue que “aún no tenía nada que decir porque estaba estudiando el caso y al terminar el año tendría un comunicado”.

La desacreditación

Gloria Contreras falleció el 25 de noviembre del 2015 y se le rindió un homenaje de cuerpo presente en la Sala Covarrubias. Ahí Gregorio, acompañado de su hermana Lorena, pidió que para dirigir el Taller Coreográfico “no se traiga a una persona de afuera”, y “ojalá que se consoliden las personas que ya están en la cabeza, y que logremos por primera vez en la historia de México la continuidad de un proyecto cultural”.

Nueve meses después, el pasado 25 de agosto, en una conferencia de prensa Uriarte mencionó la restructuración del TCUNAM. Ángel Rosas y Alejandra Llorente fueron nombrados director artístico y responsable de la producción escénica, respectivamente. Además, presentó el nuevo diseño de imagen del taller y anunció que en el 2017 comenzarán las actividades de la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras “como espacio de transmisión de conocimientos, discusión y análisis para favorecer la excelencia en la danza”.

Informó que organizarían audiciones para que ingresara un nuevo bailarín al taller, que una nueva sala de danza se nombraría Gloria Contreras –ubicada en el Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente–, y que el Teatro Arquitecto Carlo Lazo, donde se presenta la compañía de danza, sería remodelado.

La cátedra convocará a especialistas nacionales e internacionales para participar en cursos, talleres, seminarios, conferencias, clases magistrales, exposiciones y ensayos abiertos. Además anunció que la Medalla Gloria Contreras se entregaba en septiembre a la maestra Nellie Happee.

Pero ahí mismo la funcionaria reprobó que una asociación civil operara el seminario y no reportara sus ganancias a la Casa de Estudios, describió al STCUNAM como un “coto” y “una zona de penumbra”, y declaró (diario Reforma, 31 de octubre) que reconocía como legado de Gloria Conteras al Taller Coreográfico, pero no las clases impartidas en el Seminario.

Acentuó, categórica:

“Las clases de ballet no son el legado de Contreras: es un privilegio que tuvo la maestra y que estamos tratando de inscribir en la normatividad.”

Sin consultar a los maestros

Miriam Pacheco, coordinadora del STCUNAM, relata a este medio que todo comenzó el primero de agosto:

“Como íbamos a iniciar el curso el 10 de agosto, citaron a la asociación civil, Lorena estuvo presente, y el día 2 de agosto nos avisaron a los coordinadores de los cambios que se efectuarían para el 16 de agosto. La UNAM empezó a cobrar las suscripciones. Los papás no hicieron el depósito en el banco Santander, sino en BBVA Bancomer utilizando una ficha con el nombre del Patronato de la UNAM.”

En el reporte del ejercicio 2016 del seminario, que muestra Gregorio a esta reportera, se advierte que la UNAM cobró 279 mil 850 mil pesos:

“Primero nos habían dicho que la UNAM iba a administrar el seminario, lo cual nos pareció bien, por eso les cobraron a los alumnos, luego regresaron el dinero, pero lo depositaron en un juzgado.”

Pacheco cuenta que ella se reunió con la directora de Danza de la UNAM, Angélica Kleen, en agosto:

“Me dijo que el Seminario cambiaba de barco o el barco cambiaba de jefe, y el jefe era ella. Le di toda la información de los grupos, horarios, maestros, cómo nos pagaban, qué hacía el otro coordinador, Alfredo García, qué hacía yo, en fin, todos los detalles. La siguiente reunión la programamos para el domingo 21 porque era cuando todos los maestros podían, y me la canceló. Después ya no hubo ningún encuentro. Luego, Uriarte empezó a hablar mal del seminario.”

Lorena detalla que los alumnos realizan un pago único semestral. Se hace 50% de descuento a universitarios e hijos de trabajadores y a todos a partir del segundo semestre. Se aceptan desde niños de 4cuatro años hasta adultos mayores.

“A los hijos de los técnicos de la sala Miguel Covarrubias, miembros del TCUNAM y en casos de pobreza extrema se otorgan becas completas.”

Detalla las cuotas de clases:

1 clase a la semana , $1,700 = 50% $ 850.

2 clases a la semana 2,200 = 50% $1,100.

3 clases a la semana 2,800 = 50% $1,400.

3 veces a la semana (clase de puntas) $2,200

–¿Sabe cómo asignaron a Ángel Rosas como director artístico del Taller? –se le pregunta a Pacheco.

–Kleen mencionó que a través de un consejo colegiado, que es lo que se usa en la universidad, pero no sé francamente.

–A ustedes, ¿no les pidieron su opinión?

–No, y somos los afectados. Ni fuimos invitados en septiembre a la entrega de la medalla Gloria Contreras. Nos han relegado mucho. Nos evitan lo más que pueden.

Rememora que Difusión Cultural pidió a los hijos de Gloria Contreras una renta de 200 mil pesos mensuales para usar los salones:

“Con las cooperaciones que dan nuestros alumnos no alcanza para eso. Para pagar cinco meses serían un millón de pesos, ¿de dónde saldría el pago para los maestros?”

–¿No se reunieron con Teresa Uriarte?

–No, nunca. Cómo nos pudo descalificar de esa manera si nunca vio una clase de nosotros o una presentación de nuestros alumnos en foro, no conoció nuestro trabajo. Ni Kleen.

En busca de diálogo

El 13 de octubre los estudiantes, padres de familia y maestros del STCUNAM marcharon dentro de Ciudad Universitaria “para pedir alto a los agravios”. El 3 de noviembre, los profesores del seminario le enviaron una carta al rector Enrique Graue, donde le piden dialogar acerca del futuro de la escuela creada por Gloria Contreras y cómo será la relación laboral con los docentes. Les respondió el director general de Asuntos Jurídicos de la universidad Raúl Arcenio Aguilar Tamayo con otra carta, publicada el 18 de noviembre en la página de la Dirección General de Comunicación Social.

Primero aclara que “esta casa de estudios valora el legado artístico de la maestra Gloria Contreras”, por lo que apoya el trabajo del Taller Coreográfico de la UNAM, pero en cuanto al seminario “cabe señalar que éste funcionó con base en un convenio de colaboración celebrado entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la persona moral Seminario del Taller Coreográfico Universitario, Asociación Civil. Con base en este convenio, la Asociación Civil utilizó las instalaciones universitarias para impartir diversos cursos de danza y contrología”.

Después se lee:

“Tal como ustedes mencionan en su carta, fue la persona moral Seminario del Taller Coreográfico Universitario, A.C., quien los contrató para los fines de dicha Asociación Civil.

“En virtud de lo anterior, la UNAM no cuenta con los medios ni con las facultades para garantizar los derechos laborales derivados de su relación con dicha Asociación Civil.”

Así, la misiva finaliza:

“La UNAM está en la mejor disposición de abrir, en el futuro cercano, un centro de extensión universitaria para actividades de iniciación artística, en donde se contempla la impartición de cursos de danza. El proyecto se dará a conocer a la comunidad universitaria en cuanto esté definido.

“Les solicitamos se mantengan en contacto con la Universidad para que, en su debido momento, puedan postularse como posibles candidatos a la docencia de dicho centro de extensión universitaria.”

Pacheco opina que “por supuesto que la UNAM si tiene obligaciones con el STCUNAM yaíque realizó un convenio con una asociación civil. Lo que más les preocupa es que los maestros exijamos derechos laborales. La UNAM despidió al fotógrafo con diez años en el taller y además decidieron modificar el logotipo y no aparece el nombre de Gloria Contreras. Y nadie nos recibe para dialogar, a lo cual estamos dispuestos.”

Gregorio Luke muestra a Proceso los estados financieros del 2011 a octubre 2016, “porque toda la papelería de los 42 años es demasiado”, dice. Enseña que el seminario ha funcionado de manera eficiente:

“Paga bien a sus maestros, mantiene cuotas accesibles a los estudiantes. No sólo se ha desarrollado toda esta actividad sin costos para la UNAM, sino que se han hecho aportaciones significativas sin las cuales no hubiera sido posible la actividad del taller.”

Exhibe los documentos donde parte de los recursos del seminario han sido destinados para programas de mano, libros de texto, videograbaciones de ballets, fotografía en funciones, apoyos técnicos en teatros, limpieza y mantenimiento de los salones, boletos de avión, visas, viáticos para giras, botiquín y emergencias médicas, vestuarios, iluminación y escenografías, compra de equipo teatral y grabación de la música, en fin.

“En una compañía como el Taller que ha estrenado 300 obras, siempre hay focos que se funden, mallas que se rompen, zapatos que no hay, etcétera. El seminario y el taller siempre han sido un todo integrado”, manifiesta.

Recuerda que muchos egresados del Seminario después fueron pilares del Taller, como los coreógrafos Marco Antonio Silva e Isabel Beteta, solistas como Óscar Leyva, Manuel Morales, Francisco Rosas, Domingo Rubio (primer bailarín del Joffrey Ballet) y Pablo von Sternfels (del Ballet de Stuttgart en Alemania).

En cuanto a que la escuela es un “coto”, expresa:

“¡Hasta ese grado han llegado! Me tocó ver a mi madre empeñar el coche para enfrentar los gastos, a veces no alcanzaba. Y ya se están empezando a sentir los efectos de la crisis del seminario en el taller. La temporada que acaba de terminar del taller el 11 de diciembre, la 96, por primera vez en la historia no tuvo un programa general y es la primera vez en la historia que no se filmaron las funciones.”

Alza la voz:

“El seminario no es una escuela más, es una escuela única en el mundo. Es decir, lo que se pretende acabar es un fenómeno único en el mundo. Mi madre desarrolló una serie de ejercicios que se hacen en el piso, llamados contrología. Tengo mucha esperanza en Jorge Volpi.”

También informa que 131 padres del Seminario ya presentaron un amparo “por violar su derecho humano de bailar”.

El Seminario organizó un campamento en la Rectoría de la UNAM, pidiendo “diálogo y apoyo”, del miércoles 14 de diciembre a las siete de la mañana hasta el viernes 16, con una posada a partir de las cinco de la tarde.

Ahí, Mariana Aranda, de la Facultad de Ciencias Políticas, exclama:

“La razón por la cual entré al Seminario fueron los costos de los cursos, por ser económico, y lo único que mis papás podían pagarme. El seminario ha sido una de las mejores cosas de mi vida.”

Por su parte, otra alumna, América de Lourdes, ortodontista, declara:

“Soy egresada de la UNAM división de posgrado de odontología. Esta es mi casa. He venido a estos talleres por lesiones en mi espalda. Ingresé para salvar mi actividad profesional y encontré otra forma de vida. Sería invaluable perder este espacio por todo lo que representa para cada uno de nosotros."





Fuente: Proceso
Autora: Columba Vertiz de la Fuente
http://www.proceso.com.mx/467647/desmantela-la-unam-seminario-del-taller-coreografico

Emite CNDH recomendación al titular de Marina por cateo ilegal

Por el cateo ilegal y violación a la integridad personal de una mujer, en la ciudad y puerto de Veracruz, atribuidos a efectivos de la Armada de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz.

En un comunicado, la CNDH relató que el 7 de agosto de 2012, entre las 03:00 y las 03:30 horas, la víctima dormía cuando “elementos de la Secretaría de Marina (Semar) ingresaron a su hogar y los sacaron a golpes, los tiraron al suelo, les ordenaron callar, les vendaron los ojos y ataron las manos. Mientras unos marinos registraron el lugar, otros los subieron a una camioneta y trasladaron a las instalaciones de la base naval ubicada en el kilómetro 13.5 de la carretera Xalapa-Veracruz, junto al aeropuerto internacional”.

La víctima dijo que permaneció retenida de manera ilegal por 39 horas, tiempo en que fue torturada por los agentes navales que la cuestionaban sobre un grupo delictivo.

La Comisión agregó que a las 18:30 horas del 8 de agosto fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal y obligada a firmar una declaración autoincriminatoria, acusada de formar parte de una organización criminal y diversos delitos, como delincuencia organizada, contra la salud y portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El 17 de octubre presentó queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, que la remitió a la CNDH en razón de competencia el día 23 del mismo mes, formándose el expediente CNDH/2/2013/8619/Q.

Tras su investigación, “la CNDH acreditó que lo dicho por efectivos navales no se apegó a la realidad de los hechos, que no hubo orden de cateo ni flagrancia, que se transgredieron los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, a la privacidad, a la legalidad y seguridad jurídica, además de que la víctima sufrió violación a su integridad personal en el tiempo que fue retenida ilegalmente por el personal de la Semar”.

Por lo anterior, la CNDH emitió la recomendación al secretario de Marina dar atención médica y psicológica a la víctima, para restablecer su salud física y mental, así como reparar el daño conforme a la Ley General de Víctimas; colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que este Organismo Nacional presente ante la Procuraduría General de la República contra los agentes navales que intervinieron en los hechos.

Además, que se impartan cursos de capacitación al personal de la Semar en materia de derechos humanos con enfoque de equidad de género, para que se trate con el debido respeto a las mujeres y se eliminen de inmediato detenciones, cateos e intromisiones domiciliarias ilegales.





Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/467636/emite-cndh-recomendacion-al-titular-marina-cateo-ilegal

Queman patrullas en San Pablo del Monte, Tlaxcala, en intento por linchar a presunto plagiario

Pobladores de San Pablo del Monte, municipio de Tlaxcala, prendieron fuego a tres patrullas y causaron destrozos en las instalaciones de la presidencia municipal, luego de que la Policía se negó a entregarles a un presunto secuestrador.

Anoche, dos sujetos supuestamente intentaron llevarse a un par de hermanos en la colonia El Cristo, pero uno de ellos fue aprehendido por los uniformados.

Armados con palos, machetes y martillos, los vecinos se dirigieron a la comisaría y pidieron que les fuera entregado el presunto plagiario, pero la petición fue desoída. En respuesta, le prendieron fuego a tres patrullas y provocaron destrozos en la alcaldía.

Tras los hechos, granaderos de la Comisión Estatal de Seguridad de Puebla arribaron a San Pablo del Monte y rescataron a los efectivos que por algunos minutos fueron privados de su libertad.

De acuerdo con fuentes policiacas, un pleito de familia hizo suponer que dos niños habían sido secuestrados, y eso motivó la ira de los pobladores, quienes afirman estar hartos de la inseguridad en la zona.





Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/467657/queman-patrullas-en-san-pablo-del-monte-tlaxcala-en-intento-linchar-a-presunto-plagiario

Tultepec ardía y en Palacio Nacional el brindis seguía

La tarde del martes 20 el Palacio Nacional estaba de fiesta. Como a las 15:00 horas, el gabinete legal y ampliado, junto con otros colaboradores, se dieron cita en el Patio Central para participar del brindis de fin de año con el presidente Enrique Peña Nieto.

Las primeras imágenes de Tultepec y su desastre empezaban a viralizarse en redes sociales. Bastaba ver el video de la explosión en el Estado de México –entidad natal y origen político del mandatario– para anticipar un saldo trágico que, al cierre de esta edición, contabilizaba 35 muertos, unos 70 heridos y 12 personas desaparecidas.

Minutos antes de que se iniciara la celebración presidencial, el mercado pirotécnico de San Pablito, en Tultepec, estalló. El incendio estuvo fuera de control hasta cerca de las 17:00 horas y arrasó con los 300 puestos del sitio.

Peña Nieto se reunió para brindar con la alta burocracia por el cierre de 2016 y el próximo 2017. Su brindis no fue otra cosa más que una recitación de cifras y logros de su gobierno, pero afirmaba que no eran mérito personal sino de todos los servidores públicos “que se la rifan por México”.

“Nos aprestamos para que llegue 2017 resueltos, decididos, bien comprometidos, por encima de los intereses personales que cualquiera pueda tener”; y añadió: “Lo importante es seguir cumpliendo con esta honrosa responsabilidad que hoy tenemos de servirle a México desde la tarea del servicio público”.

La explosión en Tultepec no fue tema de discurso ni siquiera a las 16:00 horas, cuando los portales informativos daban cuenta de la noticia, ya circulaban imágenes y se habían emitido los primeros reportes oficiales.

En las últimas semanas, el mandatario ha insistido en que el desánimo no debe afectar a los mexicanos. Emplea una jerga motivacional, de superación personal. Nunca admite que hay problemas, sino “retos y desafíos” que deben superarse, de ahí que se haya permitido bromear (según la columna “Bajo Reserva” de El Universal) respecto de la impuntualidad del secretario de Educación, Aurelio Nuño, y de una secretaria de Estado el miércoles 21: Peña Nieto dijo que se notaba “el desánimo de algunos”.

Rostros festivos de sonrisa ensayada posaron para selfies que se presumieron más tarde en cuentas de redes sociales. En los timelines de Twitter y en los muros de Facebook, esos retratos del “México bonito” aparecieron al lado de los videos de Tultepec. La burocracia del más alto nivel se despidió como suele hacer la clase política, con sonoras palmadas en la espalda, verbalización de parabienes y sonrisas complacidas.

Entre las 16:30 y las 17:00 horas, los convocados fueron desalojando el Patio Central y sólo hasta las 17:23, cuando ya había concluido el ágape, la cuenta de Peña Nieto en Twitter emitió su primer mensaje respecto del siniestro: “El Gobierno de México trabaja en coordinación con el gobierno del Estado de México para atender a los heridos y afectados en Tultepec”.

En dos micromensajes más informó que el Ejército y Protección Civil apoyaban en la atención de la emergencia y, finalmente, expresó sus condolencias a los deudos de los fallecidos.

Peña Nieto, en el desastre

En poco más de cuatro años que lleva al frente del gobierno, Peña Nieto ha suspendido en diferentes ocasiones sus actividades para atender contingencias o desastres.

Uno de los hechos más conocidos ocurrió la noche del 15 de septiembre de 2013, cuando la tormenta tropical Manuel golpeó Guerrero. Obstinado en pronunciar desde Palacio Nacional la arenga tradicional conmemorativa del alzamiento armado de 1810, el Ejército y la Policía Federal desalojaron por la fuerza el plantón que el magisterio inconforme con la reforma educativa mantenía en el Zócalo –violencia gratuita, pues los manifestantes ya se estaban retirando.

Así, Peña Nieto pudo dirigir su primera ceremonia del Grito de Independencia. El Centro Histórico capitalino fue cercado por un enorme dispositivo de seguridad y el Zócalo se llenó con acarreados procedentes de localidades mexiquenses, entre otras, Tultepec.

Con el gabinete legal y ampliado, así como con invitados especiales acomodados para la cena del Patio Central, el presidente dirigió un breve saludo y se disculpó para ir a atender los daños del huracán.

En los días siguientes suspendió otras actividades, incluida una gira internacional por Nueva York, Estados Unidos, cuya cancelación se anunció el 19 de septiembre, es decir, dos días después del paso del meteoro.

El 23 de octubre de 2015, Peña Nieto canceló también todas sus actividades públicas ante el desastre que se anticipaba por el ciclón Patricia. No obstante, el fenómeno perdió fuerza y los daños fueron menores.

En otras ocasiones, Peña Nieto acudió a zonas de desastre. El 31 de enero de 2013 visitó la Torre de Pemex, donde aquel día hubo una explosión que mató a 37 personas y dejó más de un centenar de heridos. Estaba en Colima, donde puso en marcha el Programa Nacional Forestal, pero a su regreso a la Ciudad de México visitó las instalaciones siniestradas. Al día siguiente, decretó duelo nacional de tres días.

Un tornado devastó Ciudad Acuña, Coahuila, el 25 de mayo de 2015. El saldo: 14 muertos y miles de damnificados. Ese día, Peña Nieto canceló sus actividades, visitó la zona, caminó entre la destrucción, saludó gente y se mantuvo hasta el día siguiente en el lugar.

Y este año el mandatario visitó el Complejo Petroquímico Pajaritos, que explotó en abril, aunque entonces se puso en duda su asistencia porque las fotografías difundidas por la Presidencia parecían fotomontajes. También supervisó las afectaciones en Huauchinango, Puebla, por el paso del huracán Earl, en agosto.

Tultepec no mereció la misma atención. Peña Nieto sólo emitió tres tuits; al día siguiente, el miércoles 21, la Presidencia difundió un comunicado en el que infomó que el mandatario cancelaría actividades durante 10 días, para tomarse vacaciones.

El brindis no se suspendió, como tampoco su agenda, que transcurrió con normalidad: el miércoles 21 fue a Tlaxcala, donde pidió un minuto de silencio por los fallecidos y, hasta el jueves 22 decidió visitar a algunos heridos en el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango –por cierto, construido durante su administración y concesionado desde entonces a Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, el polémico contratista vendedor de la Casa Blanca, el escándalo que marca la administración de Peña Nieto.

Luego continuó con su agenda en Ecatepec, donde recordó los 201 años de la ejecución de José María Morelos y Pavón. Desde ahí “reiteró su apoyo” en la atención médica y anunció apoyos para reconstruir el mercado de San Pablito.





Fuente: Proceso
Autor: Arturo Rodríguez García
http://www.proceso.com.mx/467645/tultepec-ardia-en-palacio-nacional-brindis-seguia

viernes, 23 de diciembre de 2016

Los Derechos Humanos y su importancia

Antes de hablar de la importancia de los derechos humanos es necesario saber que son los derechos humanos.

Los derechos humanos son aquellos derechos o condiciones instrumentales que le permite a la persona su realización. En consecuencia o en efecto subsume o incluye aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para garantizar una vida digna sin distinción de raza, sexo, condición socioeconomico, preferencias sexuales, religión, opinión política, origen nacional, nacimiento o cualquier otra condición.

Estos derechos o condiciones son interrelacionados, independientes e indivisibles.

Los derechos humanos son universales e inalienables:

Los derechos humanos son universales es decir que cobijan a toda persona independientemente del lugar en donde se encuentre o la situación en donde este sin importar como en los párrafos anteriores se menciono las características individuales de la persona.

Los derechos humanos son Interdependientes e indivisibles:

El sentido de que los derechos humanos sean Interdependientes es que cada derecho depende o esta relacionado del uno del otro que no es solo uno si no son varios en cuestión.

El sentido de que los derechos humano sean indivisibles es que cada derecho es inherente al ser humano y que derivan de su dignidad, es decir que la violación de uno solo de estos derechos minaría en la condición humana y en la dignidad del individuo.

En contexto la importancia como se menciono es que son condiciones naturales que el individuo posee desde su nacimiento y por su condición humana, y que por lo tanto al ser despojado de estos se atenta en la dignidad del individuo mismo y por lo tanto deben ser protegidos o defendidos ya que si a un solo individuo se le despojan o violan sus derechos humanos todos los derechos de los integrantes de una comunidad ya sea pueblo, municipio o país están en riesgo de sufrir el mismo trato y a la vez ya que todos pueden ser el próximo objetivo.

Los derechos humanos se deben de respetar sin importar que el individuo este bajo algún proceso penal o que realice actividades contrarias a la ley o que 

¿Cuales son los derechos humanos?

LOS DERECHOS HUMANOS SON LOS SIGUIENTE:

  • DERECHO A LA VIDA
  • DERECHO A LA IGUALDAD Y PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN
  • IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
  • IGUALDAD ANTE LA LEY
  • LIBERTAD DE LA PERSONA
  • DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONALES.
  • LIBERTAD DE TRABAJO, PROFESIÓN, INDUSTRIA O COMERCIO
  • LIBERTAD DE EXPRESIÓN
  • LIBERTAD DE CONCIENCIA.
  • LIBERTAD DE IMPRENTA.
  • DERECHO A LIBERTAD DE TRANSITO Y RESIDENCIA
  • LIBERTAD DE ASOCIACIÓN, REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN.
  • LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO
  • DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA
  • DERECHO A LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY
  • DERECHO DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO LEGAL
  • PRINCIPIO DE LEGALIDAD
  • SEGURIDAD JURÍDICA PARA LOS PROCESADOS EN MATERIA PENAL
  • DERECHOS DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO.
  • SEGURIDAD JURÍDICA EN LAS DETENCIONES ANTE AUTORIDAD JUDICIAL.
  • SEGURIDAD JURÍDICA EN JUICIOS PENALES.
  • DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO
  • DERECHO A LA PROPIEDAD
  • DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
  • DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN
  • DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
  • DERECHO DE PETICIÓN
  • DERECHO A LA CIUDADANÍA
  • DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL Y A LA MÁXIMA PROTECCIÓN
  • DERECHO A LA EDUCACIÓN
  • DERECHO A LA SALUD
  • DERECHO A LA VIVIENDA
  • DERECHO AL AGUA Y SANEAMIENTO
  • DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
  • DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO
  • DERECHO A LA IDENTIDAD Y LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
  • DERECHOS AGRARIOS
  • DERECHO AL ACCESO A LA CULTURA
  • DERECHO A LA CULTURA FÍSICA Y AL DEPORTE
  • DERECHO AL TRABAJO
  • DERECHOS EN EL TRABAJO
  • DERECHOS DE LOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
  • DERECHOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
  • DERECHOS A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
  • DERECHOS A LAS PERSONAS MIGRANTES
  • DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO
  • DERECHO A LA REPARACIÓN POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
  • DERECHO A LA VERDAD


FUENTES:

WIKIPEDIA: https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS: http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanoshttp://www.cndh.org.mx/Cuales_son_Derechos_Humanos.
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES HUMANOS: http://hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=448&Itemid=249

miércoles, 21 de diciembre de 2016

El Instituto de la Pirotecnia en Edomex gastó 70% de la partida 2016 en “Servicios Personales”

En el Estado de México la actividad pirotécnica, además de ser una tradición, es también la principal actividad económica de diversos municipios de ese estado que ocupa el sitio número 11 de entre los más pobres del país. El día de ayer en Tultepec, uno de los cuatro mercados principales, prácticamente desapareció tras una explosión de la que aún se desconoce el origen. El mercado de San Pablito era, de acuerdo con las máximas autoridades estatales en materia, el más seguro de Latinoamérica. Pero al momento hay 32 personas muertas y 12 en calidad desaparecidas. El Imepi recibió en 2016 el presupuesto más alto de los últimos tres años: 18 millones 266 mil pesos. Pero 13 millones 069 mil se le fueron en “Servicios Personales” y no registró un solo peso gastado en “materiales y artículos de construcción y reparación, prendas de protección, materiales y suministros para seguridad o para equipo de defensa y seguridad”.

De 2013 a 2016, el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (Imepi) ha recibido 64 millones 694 mil pesos de presupuesto, otorgado por el Gobierno del Estado de México.

Justo este año recibió el presupuesto más alto de los últimos tres: ha trabajado con 18 millones 266 mil pesos, de los cuales, 13 millones 069 mil han sido para el rubro de “Servicios Personales”, partida en la que han entrado gastos como remuneraciones adicionales y especiales y “otras” prestaciones sociales y económicas.

De acuerdo con la información del Instituto referente al Tercer Trimestre de este año –revisado por la Unidad de Datos de SinEmbargo–, no se han registrado gastos para la compra de materiales y artículos de construcción y reparación, prendas de protección, materiales y suministros para seguridad ni para equipo de defensa y seguridad.

El saldo hoy, es un mercado destruido; casualmente el mercado de Tultepec, que Juan Ignacio Rodarte Cordero, director general del Imepi, calificó como el más seguro de Latinoamérica, “con puestos perfectamente diseñados y con los espacios suficientes para que no se dé una conflagración en cadena en caso de un chispazo”.


Ayer, cerca de las 15 horas, se reportó la explosión del mercado y fueron cerca de 12 minutos de fuego. Al momento hay 32 personas muertas y 12 en calidad desaparecidas.

El Instituto, que fue creado en 2003, cuenta con el subsidio que le proporciona el Gobierno del Estado de México.

En la entidad, en contraste, hay seis puntos de elaboración de pirotecnia. Estos sitios están en Texcoco, Toluca, Atlacomulco, Valle de Bravo, Tejupilco e Ixtapan de la Sal. Son 64 municipios que son comerciantes temporales con permiso para vender pirotecnia y hay cuatro mercados principales: el de San Pablito, de Chocolín, Jaltenco y Zumpango.

Desde la creación del Imepi, sus principales objetivos han sido el de formular, controlar y vigilar las medidas de seguridad que deben estar en las actividades de fabricación; vigilar el uso, venta, transporte, almacenamiento y exhibición de artículos pirotécnicos, y generar, desarrollar y consolidar una cultura de prevención y seguridad en materia pirotécnica.

También está, dentro de sus tareas, realizar programas de atención integral para los artesanos y elaborar programas que evitaran siniestros y desastres por la fabricación, uso y venta de los artículos pirotécnicos; establecer estrategias para combatir las causas originadoras de contingencias; coordinar acciones preventivas en zonas y lugares de riesgo donde se fabriquen cohetes; llevar un registro de los dictámenes de seguridad y los certificados de seguridad municipales; revisar constantemente que los establecimientos reúnan las condiciones de seguridad; implementar medidas preventivas en zonas y lugares de riesgo, entre otras.
Pero, de acuerdo con el último informe anual, en el ejercicio de 2015 –el año anterior– se destinaron 17 millones 672 mil pesos y el Imepi ejerció sólo 13 millones 961 mil pesos en Gastos de Operación, Asignaciones, Subsidios y “Otras ayudas por la Premiación de Concursos”: 10 millones 991 mil pesos para “Servicios personales”, 345 mil pesos para materiales y suministros y 2 millones 374 mil para “Servicios generales”.

Además gastó 170 mil pesos para “Ayudas sociales” y 78 mil pesos para “Otros gastos y pérdidas extraordinarias”, en las que se desagregan estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones.

Luego solicitó una ampliación por 2 millones 676 mil para abrir siete plazas, comprar gasolina, para “Gastos de operación”, para computadoras e impresoras y para dos vehículos.



Ese año, el Instituto lo inició con una plantilla de 33 personas. Está una en el mando superior, cuatro mandos medios, diez generales de confianza y 18 “por obra y tiempo determinado”, que estuvieron contratados hasta el 31 de diciembre de ese año.

El organigrama del Instituto está conformado por Juan Ignacio Rodarte Cordero en la Dirección General. De acuerdo con su currículum, este funcionario también ha ocupado puestos en el Estado de México como Secretario Técnico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue Coordinador en el Consejo Estatal de Seguridad Publica y Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo en el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.

La Secretaría Particular está a cargo de Carolina Silva Ortiz y la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, en manos de Fernando Zimbrón Romero.

Se desprenden tres subdirecciones: la de Normatividad y Registro, la de Capacitación e Innovación Tecnológica y la de Prevención que es también la de Difusión, en la que Carolina Silva Ortiz, también es encargada, a pesar de tener una preparación de Contadora Pública. Cobra en ambos puestos según el directorio de funcionarios del Estado de México.

Rodarte Cordero se volvió objeto de escrutinio luego de que el pasado 5 de agosto dijera: “El tianguis de pirotecnia de San Pablito es el mercado más seguro en Latinoamérica, con puestos perfectamente diseñados y con los espacios suficientes para que no se dé una conflagración en cadena en caso de un chispazo”.


Los hechos no tardaron en mostrar lo contrario.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-12-2016/3128174

martes, 20 de diciembre de 2016

En San Lázaro, las truculencias del PRI para aprobar la Ley de Seguridad Interna

Pese a tener mayoría en la Cámara de Diputados, el PRI se está viendo en aprietos para aprobar la Ley de Seguridad Interna, con la cual quiere quedar bien con el presidente y, de la misma manera, con el titular de la Sedena. La oposición razonada y argumentada de Morena, MC, PRD e incluso de unos cuantos priistas obligó al tricolor a sacarse de la manga sus viejos trucos: albazos, imposición de agenda, engaños y trueques de última hora con el panismo. Aun así, esa ley tendrá que esperar al próximo periodo de sesiones.

CIUDAD DE MÉXICO: La exigencia del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, de que se legalicen las operaciones militares contra el crimen organizado, puso en aprietos a la Cámara de Diputados:

La llevó a trabajar de última hora en dictámenes impuestos por el PRI y sus aliados, a que éste reculara ante su división interna e intentara albazos que permitieran suspender las garantías individuales, a sacar del cajón el mando mixto policial y finalmente a que el tricolor estableciera un trueque legislativo con el PAN, mismo que se verá reflejado en el periodo de sesiones de febrero próximo, cuando se espera tener la Ley de Seguridad Interior, la reglamentaria del Artículo 29 Constitucional y las normas contra la trata y la tortura.

Consecuencia de la guerra contra el narco, Enrique Peña Nieto se vio obligado a “presionar” desde la Secretaría de Gobernación la creación o modificación de cinco leyes que tienen como fin último dar soporte a la de Seguridad Interna. Contrarias entre sí en algunos casos, la premura evidenció “la simulación” del gobierno de Peña Nieto.

Su urgencia por dar a las Fuerzas Armadas las herramientas para que sus integrantes no sean procesados por violaciones a los derechos humanos hizo evidente, en un desaseado proceso legislativo, que al gobierno le interesa “la estética internacional”, maquillar las cifras de tortura, que no se hable de “víctimas” sino de “afectados”, que se cierre el paso a peritos internacionales y que no se reconozca la existencia de “desplazados internos forzados”, pues esto último, dice el gobierno a los legisladores, “sólo ocurre en países con guerras internas, y en México eso no está sucediendo”.

Señalan lo anterior los coordinadores de los grupos parlamentarios de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de Movimiento Ciudadano (MC), Rocío Nahle y Clemente Castañeda, respectivamente; así como Araceli Damián, de Morena, de la Comisión Especial de Trata; y Cristina Gaytán (PRD), de la de Derechos Humanos.

Coinciden en que la Ley de Seguridad Interna es una forma de ceder a la presión de los militares y que sin la reglamentación del Artículo 29 constitucional –que amplía las facultades del Ejecutivo para determinar cuándo el país está en riesgo y suspender garantías– no se entendería aquella.

Sostienen que sin la guerra de Calderón, continuada por Peña Nieto, no habría necesidad de una Ley de General de Víctimas, una contra la tortura, otra contra la trata de personas y un más que establezca un mando mixto de policía.

Proceso legislativo violado

La inercia de la guerra calderonista llevó al gobierno de Peña Nieto a promover la Ley General de Víctimas en 2013 y, ante la fallida modificación a la Ley de Seguridad Nacional durante el último trienio del panismo, a impulsar la reglamentación al Artículo 29 constitucional, sobre suspensión de las garantías individuales en tiempos de guerra.

La primera fue avalada por el Senado, mientras que la reglamentación del Artículo 29 se quedó en el cajón legislativo; lo mismo sucedió con la Ley Contra la Trata de Personas. En 2014 la Ley Contra la Tortura se presentó y quedó en el olvido, lo mismo que el mando único de policías. Pero la demanda de Cienfuegos desactivó todo ese paquete legislativo, señala Damián.

Las cuatro normas –reglamentación del Artículo 29, cambios a la Ley General de Víctimas y modificaciones a las de tortura y trata de personas– se avalaron en el Senado a finales de diciembre y durante 2016, “pero en la Cámara de Diputados no formaban parte de nuestra agenda legislativa”, confirma Damián. Durante las reuniones plenarias de los grupos parlamentarios no fueron motivo de discusión, añade.

Avaladas, pues, en el Senado y encajonadas en la Cámara de Diputados, el coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho Quiroz, apresuró que se dictaminaran en comisiones a la vez que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, cabildeaba entre los legisladores de todos los partidos. Trató de convencerlos de las bondades de la Ley General de Víctimas, detallan a Proceso diputadas perredistas.

Así, luego del reclamo de Cienfuegos, entre el lunes 12 y el jueves 15, última semana del periodo ordinario de sesiones –el siguiente arranca el 1 de febrero y no puede haber periodos extraordinarios si no hay dictámenes a discutir–, Camacho, respaldado por sus aliados del Partido Verde, Encuentro Social y Nueva Alianza, que juntos suman 271 votos, suficientes para avalar las normas, y el PAN, empujaron aprobar todo en comisiones para de inmediato subirlo al pleno.

El martes 13 la Comisión de Derechos Humanos aprobó las leyes contra la tortura y contra la trata y la reglamentación al Artículo 29.

Esta última generó enfrentamientos entre diputados de Morena, MC y PRD. En entrevista, Rocío Nahle reclama la “violación al proceso legislativo”, pues dicha norma debía discutirse en las “Comisiones Unidas de Gobernación y Derechos Humanos”.

Camacho Quiroz y Marko Cortés, coordinador de la bancada panista, la citaron para elaborar los temas a discutir en la sesión del miércoles 14.

Pero nunca llegaron al encuentro, recuerda Nahle. “No hubo reunión. Sólo dijeron que no iba a haber, que los priistas estaban analizando. Sé que los del PRI abandonaron San Lázaro y estaban tratando de arreglar varias cosas entre ellos”.

La reunión se canceló, pero se le citó con urgencia para las 9:00 horas del miércoles 14 en la Junta de Coordinación Política (Jucopo, donde se acuerdan los temas que se discutirán en el pleno). “Por la mañana, cuando nos anunciaron que la reglamentación ya había sido avalada por mayoría en la Comisión de Derechos Humanos y que entraría a discusión, me opuse, les recordé que estaban violentando el proceso legislativo y que acudiríamos a diversas instancias si la subían. Todos los partidos reconocieron que se violó el proceso legislativo. Así, contenido y procedimiento lo sacaron de la discusión”.

Ante la posibilidad de que el Ejecutivo federal tenga amplias facultades para establecer cuándo se deben suspender los derechos y las garantías ante “perturbación grave de la paz pública”, los diputados de Morena, PRD y MC advirtieron que con ello se podía limitar el derecho a la ­manifestación.

O también está el riesgo de considerar que una toma de instalaciones –como las han realizado estudiantes en algunas ocasiones– sea un peligro y se declare la suspensión de sus derechos, consideró la legisladora perredista Cristina Gaytán.

El miércoles 14, zanjado el tema en la Jucopo, Nahle pensó que no habría mayores problemas, pero el último día de sesiones, jueves 15, apareció agendada en la Gaceta Parlamentaria para aprobarse en el pleno la reglamentación al Artículo 29. De nuevo sus reclamos, lo improcedente del proceso legislativo, el respaldo de PRD y MC, así como la amenaza de llevar el tema ante diversas instancias, extranjeras si se requería, hizo que el PRI ordenara “quitar de la lista la reglamentación”. “El PRI no dio explicaciones, pensó que nos podía dar un albazo, pero vio el respaldo de las diferentes fracciones y cedió”.

El PAN también cedió pero, aclara ­Nahle, aprobaron otras cosas en comisiones, como la ley contra la tortura, que va contra las observaciones que hizo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

“PAN y PRI, utilizando la mayoría legislativa, están poniéndose de acuerdo para meter el paquete llegado el momento”, acusa.

“Obsesión estética”

En la maratónica sesión del martes 13, la Comisión de Derechos Humanos aprobó también la minuta del Senado que prevé cambios a la Ley de Trata de Personas y la Ley Contra la Tortura.

Cristina Gaytán, que forma parte de la comisión especial de Ayotzinapa y es miembro de la Derechos Humanos, dijo que todo el paquete de reformas era una “simulación” del gobierno de Peña Nieto y en otros casos “una trampa”.

El gobierno de Peña Nieto “tiene un severo problema de obsesión estética, porque está más preocupado por lo que sí quieren que aparezca a nivel internacional y qué no.

Gaytán detalla por ejemplo que en La Ley General de Víctimas no se quiso establecer el término “desplazamiento interno forzado” pues, dice, “reconocerlo es algo grave, llama la atención en el extranjero”.

La diputada verde Lía Limón, quien durante el primer trienio de Peña Nieto fue directora de Derechos Humanos de Gobernación, dijo que no se incluía el término “forzado” porque, según las definiciones internacionales, se utiliza “en aquellos estados que están en guerra o en conflicto interno armado, no es el caso de México.”

Ernestina Godoy, diputada por Morena, reclama la falta de seriedad de la legisladora verde: “Hay cuatro supuestos (para ese término): uno es la guerra interna, otro cuando existen violaciones generalizadas a los derechos humanos, otra cuando existe violencia generalizada y el último, ante un desastre natural. Fue una discusión que tuvimos con el subsecretario Roberto Campa Cifrián”.

Godoy recuerda que Campa, en su cabildeo con los legisladores, intentó convencerlos de que no se podía incluir en la Ley de Víctimas dicho término, “pues no estamos en guerra. Le respondí: ‘No estamos en guerra pero sí ante una violación generalizada de derechos humanos y violencia generalizada’”.

Gaytán es más directa y aclara: “No hubo cabildeo de Campa Cifrián en la Comisión de Derechos Humanos, hubo presión. Creen que pueden modificar cualquier cosa por su mayoría.”

En el caso de la Ley Contra la Trata de Personas que se avaló en el Senado y se aprobó en la Comisión de Derechos Humanos el martes 13, incluso por el PRI, relata Gaytán que hubo división entre los priistas. “Incluso les dijimos: ‘Pónganse de acuerdo, nosotros ya sabemos que vamos con la ley’”.

Al día siguiente el PRI “desenlistó” de las leyes a aprobar en el pleno la de tortura. Incluso Camacho, junto con PVEM, PES y Panal, dijo que había diferencias.

Lo cierto es que, recuerda Araceli Damián, hubo grupos de derecha que presionaron para que no pasara, porque la ley de trata considera el aborto cuando la mujer haya sido objeto del delito de trata, aunque se remite a lo que establece cada estado.

Rosi Orozco, exdiputada federal panista, integrante de la congregación La Roca, cabildeó entre todos los partidos para que no se aprobara en comisiones la Ley Contra la Trata. “También lo hizo con el PRI y se acercó mucho a ellos”, recuerda Damián.

En el caso de la Ley Contra la Tortura, el PRI la avaló mientras que PRD, MC y Morena se opusieron, pues los diputados modificaron la minuta del Senado.

Los priistas pidieron que no se incluyera en el registro de tortura a los detenidos que la denunciaban, “porque todos los detenidos iban a alegar luego tortura y los índices se iban a elevar”, dice. “Y en otras ocasiones dijeron que no pusiéramos víctimas sino afectados. Porque lo que les interesa son las cifras y lo que digan en el extranjero”.

Como último dato de lo que hizo el PRI con la Ley de Víctimas y que fue considerado un mensaje contra los defensores de derechos humanos extranjeros, está el negar el derecho que tienen las víctimas a pedir la participación de peritos extranjeros. “Es un mensaje para los antropólogos forenses argentinos que no creyeron en la verdad histórica y para los del GIEI por el caso Ayotzinapa; se dice en la ley que podrán participar luego de que hayan agotado la participación de los peritos mexicanos”.

Clemente Castañeda sostiene que “todo el paquete es para justificar la acción militar en tareas de seguridad e implementar el estado de excepción, y a nivel internacional, que no se reconozca que hay desplazados forzados por esa absurda guerra contra el narcotráfico.

“Creo que este manejo de las leyes y el proceso legislativo de bajar leyes, subir otras, modificar otras y apresurar los tiempos, lo que demostró es que existe la tentación de parte del gobierno federal de querer manejar con absoluta discrecionalidad y sin contrapesos el poder público. Todo estuvo orientado hacia allá. La ley de tortura incomoda, porque son ellos los que tienen las mayores acusaciones de ello.

“Este paquete de leyes es para no ser acusados por violaciones a los derechos humanos. Quienes impulsan estas leyes lo hacen como un intento por generar márgenes de maniobra para que el poder público se pueda ejercer sin contrapesos o con los menos contrapesos posibles. Hoy tiene una resistencia a que regresen miembros de organismos internacionales, por eso lo de los peritos en la ley de víctimas”, sostiene Castañeda.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
TITULO ORIGINAL: Y en San Lázaro, las truculencias del PRI para aprobar la Ley de Seguridad Interna

Fuerzas Armadas: Un golpe silencioso

Hace una década, y por un acto irreflexivo, Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles para que emprendiera una tarea que no le correspondía: combatir el crimen organizado. Ahora, el titular de la Secretaría de la Defensa, Salvador Cienfuegos, da un manotazo y exige que la tropa vuelva a los cuarteles, a menos que haya una cobertura legal que legitime ese estado de excepción en el que de hecho viven los mexicanos desde hace una década. Esa legitimación ya se cocina en el Congreso con el único fin de crear una ley que haga constitucional la militarización del país.

CIUDAD DE MÉXICO: El secretario de la Defensa Nacional, el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, calló más de lo que dijo. Detrás de sus fuertes críticas a las autoridades civiles está el proyecto de los mandos militares de intervenir para “restaurar el orden interno” en el país con el aval del presidente de la República.

Las presiones del general secretario para que el Congreso elabore ya una Ley de Seguridad Interior están encaminadas también a buscar una protección retroactiva a los militares comprometidos por violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, a responder ante un eventual requerimiento judicial internacional por crímenes de lesa humanidad.

El pasado 27 de octubre el PRI presentó una iniciativa de Ley de Seguridad Interior que propone amplias facultades a los mandos militares en casos de amenazas “a las instituciones y al desarrollo nacional”, sin más contrapeso que el de sus compañeros en el gabinete de seguridad nacional y en la que el Legislativo queda como mero facilitador y sin más información que aquella que los militares le quieran dar.

Con el argumento de la inoperancia de la fuerza civil, la cúpula militar ha cabildeado esa iniciativa con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto y su partido. Con la experiencia del sexenio pasado, cuando una propuesta similar quedó congelada en el Congreso, el alto mando militar salió esta vez a hacer una intensa campaña ante la opinión pública.

El pretexto lo dio el desayuno de fin de año del general Cienfuegos con los reporteros que cubren las actividades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el pasado jueves 8. A diferencia de otros años, el alto mando del Ejército tomó el micrófono para explayarse en sus declaraciones.

Habló sobre el desgaste de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, de que “no estudiaron para perseguir delincuentes”, del “deseo” de los militares de regresar a los cuarteles y la advertencia de que en el Ejército hay quienes “ya se lo están pensando” (si salen a las calles) para no ser acusados de violaciones a los derechos humanos.

El tono y el discurso tuvieron un destinatario preciso: el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al que mediante alusiones responsabilizó de no haber impulsado la iniciativa de ley ni la profesionalización de las policías civiles.

Aunque los legisladores que han presentado iniciativas sobre seguridad interior salieron de inmediato a avalar la retórica del general, respaldada por la mayoría de los formadores de opinión, la ansiada ley para los militares tendrá que esperar, aun cuando en la Cámara de Diputados y en el Senado hay consenso sobre la necesidad de legislar en la materia.

Pero no una ley como la que firmaron los diputados del PRI, César Camacho, coordinador de ese partido, y Marta Sofía Tamayo. El senador panista Roberto Gil presentó el 19 de septiembre un proyecto de ley que le da mayor peso al control legislativo a través de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, mientras que el diputado panista Jorge Ramos propone, en lugar de una ley ex profeso, un nuevo capítulo en la actual Ley de Seguridad Nacional.

La divergencia creció más cuando el PRD planteó que al mismo tiempo se debe reglamentar el Artículo 29 de la Constitución sobre la suspensión de derechos en los casos de estados de excepción, y aprobar la reforma constitucional para crear la figura de “mando mixto policial”, bajo el cual los municipios dejan de estar a cargo de la seguridad pública.

La Ley de Seguridad Interior es la principal de una serie de iniciativas en materia de seguridad. También están la Ley General de Víctimas, que ya fue aprobada en el pleno por la Cámara de Diputados y el Senado; la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura; la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; y la reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución.

Las disposiciones tendrán que alinearse con el propósito de la cúpula militar para intervenir en operaciones de “restauración del orden interno”, razón por la cual las tres últimas fueron retiradas cuando iban a ser aprobadas, la semana pasada, en el pleno de la Cámara de Diputados, luego de que en comisiones se habían aprobado las minutas respectivas enviadas por el Senado.

Lo que quieren los militares

La iniciativa del PRI sobre Seguridad Interior va a tono con el discurso de Cienfuegos para tener una ley que proteja a las Fuerzas Armadas, pero sin que existan contrapesos efectivos. Les da a éstas la facultad de “normalizar el orden interno” en cualquier parte del país mediante “operaciones de restauración del orden” en las que la máxima autoridad puede ser un comandante militar designado por el Ejército y la Marina.

Asegura que las Fuerzas Armadas intervendrán “sólo cuando las capacidades de las Fuerzas Federales (Policía Federal) resulten insuficientes para contrarrestar las amenazas”.

En ese caso, a propuesta de los mandos del Ejército y la Armada, el presidente designará a un “comandante de las Fuerzas Armadas participantes”, quien será el encargado de dirigir “los grupos interinstitucionales” que se integren y “definirá las responsabilidades, canales de comunicación y la coordinación entre las autoridades civiles y militares”.

Entre las acciones que podrían efectuar los militares están el establecimiento de destacamentos de seguridad y de bases de operaciones móviles y fijas; la intercepción terrestre, aérea y marítima; patrullajes; puestos de vigilancia; reconocimientos; seguridad en instalaciones estratégicas; escoltas de seguridad y todas “las que se consideren necesarias”.

Respecto al uso de la fuerza, dice que se hará en función de sus propios protocolos para “controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia”, incluso si no es agresiva.

La única previsión que pone a los militares es que sea el presidente de la República, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el que emita una “Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior” a publicarse en el Diario Oficial de la Federación, según lo determine el Consejo de Seguridad Nacional (CSN).

Pero en esa decisión también tomarán parte los propios jefes castrenses como integrantes del CSN, que encabeza el titular del Ejecutivo federal y todos cuyos miembros son sus subordinados.

Además de los titulares de la Sedena y de la Secretaría de Marina, en el CSN participan los secretarios de Gobernación, Hacienda, Función Pública, Relaciones Exteriores y Comunicaciones y Transportes, así como el procurador general de la República.

Un peso importante en el CSN lo tiene el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien además de ser el secretario técnico del consejo –es decir el encargado de operar los acuerdos del mismo– participa a través de la Comisión Nacional de Seguridad, que tiene a su cargo a la Policía Federal, y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

En un escenario de intervención federal, la Segob también será la encargada de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior.

La iniciativa del partido gobernante señala que como responsable de la seguridad interior y de la política de seguridad pública, la Segob debe también coordinar con el resto de las dependencias federales, los estados y los municipios, acciones para “la normalización del orden interno en un área o zona geográfica del país”.

Dice que el objetivo de la ley es garantizar la seguridad interior, a la que define como “la condición de paz que permita salvaguardar la continuidad de las instituciones y el desarrollo nacional, mediante el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en beneficio de la población”.

A partir de esa definición dice que la seguridad interior puede estar afectada por el cambio climático, la corrupción, la deficiencia en la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, terrorismo, delincuencia organizada, portación y tráfico de armas de fuego, los desastres y todas aquellas situaciones incluidas en la Agenda Nacional de Riesgos, prevista en la Ley de Seguridad Nacional.

Además, dice que cuando las autoridades competentes estén rebasadas, se considerarán amenazas a la seguridad interior los actos violentos que busquen “quebrantar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional, la integridad de la federación, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio o en alguna de sus partes”.

Lo mismo, en el caso de fenómenos de origen temporal o emergencias ambiental, biológica, nuclear, química, sanitaria o cualquier otra que ponga en peligro a la sociedad o a la infraestructura estratégica.

Las Fuerzas Armadas también podrán actuar ante “cualquier otro acto u hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas” en cualquier parte del país.

La propuesta de ley descansa únicamente en el Ejecutivo federal la decisión de emitir una “Declaratoria de Protección a la Seguridad”, cuando así lo decida el propio presidente de la República o a solicitud de algún gobernador o Congreso estatal, mientras que el Congreso sólo debe pronunciarse sobre su legalidad y estar a la espera de “un informe” que el secretario de Gobernación le remita a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, acción que define como un “esquema de control democrático”.

El Ejército y la Marina podrían intervenir incluso antes de la declaratoria, pues la propuesta le da al presidente la atribución de “ordenar acciones inmediatas” si hay situaciones “que pongan en peligro a la población o debiliten a las instituciones democráticas”.

La declaratoria, por lo demás, se podrá modificar para prolongar la intervención federal si persisten las causas que le dieron origen. Señala que sus efectos son distintos a los de la suspensión de derechos prevista en el Artículo 29 de la Constitución, pues no “implican la restricción o suspensión de los derechos humanos y sus garantías”.

Sin embargo, en la exposición de motivos, los diputados priistas dicen que esa disposición constitucional aplica para “casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, la misma condición que establecen para una intervención de las Fuerzas Armadas.

La información en torno a las Acciones de Orden Interno y de Seguridad Interior será clasificada como de seguridad nacional, por lo que no serán del conocimiento público. Por el contrario, en una intervención de seguridad interior las autoridades civiles tendrán que darles a los militares toda la información de inteligencia que les pidan.

Más aún, de acuerdo con el artículo cuarto transitorio, las operaciones en vigor que al momento de la publicación de la ley estén realizando los militares por algunas de las causas descritas, se seguirán realizando si se cumple con el procedimiento para establecer una intervención federal; es decir, que bastaría con ese requisito mínimo para que la ley sea retroactiva.

Estado de excepción “de facto”

El presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Waldo Fernández González, diputado perredista por Nuevo León, considera que la norma sobre seguridad interior tendría que ser un capítulo de la Ley de Seguridad Nacional, más que un ordenamiento expreso.

En cualquier caso, coincide en la necesidad de regular la participación de los militares en tareas de seguridad interior, pero con fechas específicas para que los gobiernos de los estados fortalezcan a sus policías y las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles: “Tiene que haber un tiempo preciso, como ocurrió con el nuevo sistema de justicia penal, que estableció plazos” para su entrada en vigor.

Además, propone restablecer el principio de responsabilidad penal para los gobernadores que no certifiquen a sus cuerpos policiacos, tarea que al final del anterior sexenio se fijó para el actual.

Los plazos que se fijaron fueron modificados a propuesta del exsenador priista y actual gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, hasta que el tema se desvaneció sin que se cumpliera con lo establecido en los transitorios de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En entrevista, el pasado miércoles 14, Fernández González se dice convencido de darle certeza jurídica a las Fuerzas Armadas no sólo en beneficio de ellas, sino de los ciudadanos, “que tienen que saber en qué casos van a intervenir las Fuerzas Armadas y en cuáles se van a retirar. Parte central del debate es cuándo deben intervenir y bajo qué protocolos de actuación”.

Especializado en política y estrategia de defensa y seguridad nacional, el diputado federal por Nuevo León dice que la legislación en Seguridad Interior se tiene que hacer sin dogmas: “¿Que se va a militarizar el país? Si ya está militarizado. Pero por otro lado tampoco hay que dejar vacíos que impidan el control en la actuación de las Fuerzas Armadas. Hay que ponerle contrapesos al Ejército y al propio Ejecutivo”.

Opuesto a que los militares se conviertan en una autoridad por encima del poder civil en donde intervenga la autoridad federal, asegura que en el caso de Nuevo León, las Fuerzas Armadas se constituyeron de facto en un mando único para resolver el tema de la inseguridad. En las juntas de coordinación, el Ejército tomaba el mando y el control de los operativos, refiere; aunque admite también que hay otras experiencias en las que no ha gustado el mando único de los militares.

“Los militares tienen que enfocarse en su actuar, tienen que estar viendo temas de delincuencia organizada cuando no la pueda confrontar la autoridad civil. Pero es fundamental que en una ley de seguridad interior se determine cuándo tienen que intervenir y a petición de quién, las amenazas que van a enfrentar y los protocolos de actuación, además de establecer en artículos transitorios fechas límite para el fortalecimiento de las policías.

El legislador reivindica el papel del Congreso para fijar contrapesos en una ley en la que se favorece la actuación militar y para que el diálogo entre civiles y militares no sea exclusivamente con el Ejecutivo.

Dice que ante el vacío legal sobre la actuación militar en tareas de seguridad interna y de cara a los compromisos internacionales que ha asumido México en derechos humanos, “pudiera venir una autoridad del extranjero a tratar de enjuiciar a nuestras Fuerzas Armadas. Lo podrían hacer, pero con una ley tendríamos el procedimiento interno de defensa”.

Además, legislar en la materia sería “reconocer el estado de excepción que estamos viviendo desde hace una década. En el sexenio de Calderón no se quiso aceptar esa situación y el costo lo han pagado tanto las Fuerzas Armadas como los ciudadanos”.

Abunda: “Hubo un cálculo político por parte de Calderón pensando que el estado de excepción de facto iba a ser una solución sencilla, sin darse cuenta del entuerto que estaba armando”.


Como presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Fernández dice que quien sacó a los militares de sus cuarteles “simple y sencillamente se lavó las manos, y ahora el PRI, que está en el poder, tampoco le ha entrado con seriedad al problema”, al promover una ley sin contrapesos al poder militar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/466974/fuerzas-armadas-golpe-silencioso

Estalla mercado de pirotecnia en Tultepec; reportan 60 lesionados

CIUDAD DE MÉXICO: Una fuerte explosión se registró este martes en el mercado de cohetes  de San Pablito, en Tultepec, Estado de México, dejando al menos 60 lesionados, informó Protección Civil del municipio.


Los heridos han sido trasladados al Hospital Vicente Villada, de acuerdo con información de Milenio, mientras que bomberos del Estado de México y la Ciudad de México así como militares y elementos de Protección Civil, ya se encuentran en la zona.

En el lugar también se encuentran unidades de rescate aéreo.


Por su parte, Luis Felipe Puente, coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, alertó sobre la explosión  en su cuenta de Twitter:





El momento justo de la explosión fue captada en video y difundida en redes sociales como Twitter y Facebook, así como varias imágenes.


Aproximadamente a las 15:00 horas, se registraron varias explosiones que cimbraron el centro del municipio y localidades cercanas como Coacalco y Tultitlán.



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/467057/estalla-mercado-pirotecnia-en-tultepec-reportan-60-lesionados-videos

lunes, 19 de diciembre de 2016

PGR debe abrir cifra de recompensas pagadas para localizar a desaparecidos

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales (INAI) instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) para que busque y dé a conocer el número de recompensas pagadas por aportar información para localizar a personas desaparecidas, así como la cifra de las que han sido encontradas.

Además deberá informar el número de acuerdos específicos por el que se ofrecen recompensas para localizar a personas desaparecidas en el estado de Veracruz.

En un comunicado, el INAI destacó que al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez indicó que desde 2006 el número de desapariciones en México ha aumentado, y si bien pueden o no deberse a motivos delictivos, cobran mayor atención las que ocurren a manos del crimen organizado o de agentes del Estado.

“Hoy el paradero de miles de mexicanos es incierto. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), de 2006 a octubre de 2016 ha habido 29 mil 903 personas desaparecidas entre el fuero federal y el fuero común. Miles de madres, padres y familias desconocen dónde están sus seres queridos. Este escenario nos obliga a reflexionar sobre lo que haremos o las acciones necesarias para conocer el paradero de cada una de esas personas”, expuso.

De acuerdo con Salas Suárez, algunas organizaciones de la sociedad civil han cuestionado la confiabilidad de los datos oficiales sobre desapariciones en México, toda vez que las cifras no distinguen rigurosamente entre las categorías de desaparecidos; es decir, incluyen casos por motivos no delictivos.

“¿Qué está haciendo el Estado mexicano para resolver los casos de desapariciones? La información pública permitirá a las autoridades rendir cuentas y así, responder a esta pregunta para que la población valore la efectividad de las acciones gubernamentales sobre el combate a la inseguridad y el acceso a la justicia e incluso, si es necesario, colaborar para mejorarlas”, remarcó.

El posicionamiento del comisionado se dio después de que una particular solicitó que se le diera a conocer, respecto al programa de recompensas para localizar a personas desaparecidas, cuántos acuerdos específicos existen, enlistar los números de acuerdo específicos y cuántas recompensas se han pagado a personas por aportar información útil para localizar personas desaparecidas.

Asimismo, cuántas personas han sido localizadas gracias al programa de recompensas, cuántas personas desaparecidas han presentado la solicitud de ingresar al programa de recompensas ante el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas y cuántos acuerdos específicos se han emitido, por el que se ofrece recompensa para localizar personas desaparecidas en Veracruz.

Sobre algunas de las peticiones, la PGR remitió un vínculo de internet y en otras dijo no contar con antecedente alguno.

Inconforme, la particular interpuso recurso de revisión ante el INAI en el que manifestó que la información contenida no atiende a lo solicitado, toda vez que se requirió el registro documental que concentre el número de acuerdos específicos por el que se ofrece recompensa para localizar a las personas desaparecidas.

Tampoco estuvo de acuerdo con la afirmación de inexistencia, y el link de internet –añadió– no atiende a lo solicitado, pues requiere el registro documental que concentre el número de acuerdos específicos por el que se ofrece recompensa para localizar a personas desaparecidas en Veracruz.

En el análisis del caso, la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez se remitió al vínculo proporcionado, del cual se desprenden 275 acuerdos de ofrecimientos de recompensas, dentro del periodo de 2008 al noviembre de 2016.

En ese sentido, se concluyó que respecto a la solicitud de información contenida en el primer punto, la PGR sí proporciono el número de acuerdos de ofrecimiento de recompensas, pues aún y cuando no señaló directamente el total de ellos, este se desprende del conteo de los mismos.

En relación con la información requerida en otro de los puntos, no se advierte que dicho vínculo proporcione la información solicitada por la particular, toda vez que se encuentra la totalidad de los acuerdos específicos, pero no se advierten cuáles de ellos están encaminados a localizar a personas desaparecidas en el estado de Veracruz.

Si bien el sujeto obligado señaló que de la consulta de cada uno de los acuerdos se advierte la entidad del país correspondiente a las personas desaparecidas, lo cierto es que esto no es regla general, pues del análisis realizado, en varios de ellos no se logra observar a qué estado del país pertenece la persona desaparecida, por la cual se ofrece recompensa.

Se apuntó que si bien la PGR atendió, turnó y buscó alguna de la información solicitada dentro de las unidades administrativas competentes, utilizó un criterio de búsqueda restrictivo, pues de información localizada en notas periodísticas, se advierten indicios que apuntan a la existencia de recompensas pagadas, derivado de aportar información que llevara a la localización de personas desaparecidas.

La ponencia señaló que aunque las notas periodísticas no constituyen prueba plena y no son aptas para acreditar, por sí mismas, que la información contenida y que hacen del conocimiento público, se encuentra apegada a la realidad, ésta se pudo corroborar a través de información publicada en páginas oficiales del sujeto obligado.
En ese sentido, se indicó, se genera convicción de que la información solicitada por la particular no es igual a cero o inexistente, como lo adujo el sujeto obligado.

Finalmente, no se advirtió normatividad o indicio alguno que pudiera demostrar que lo solicitado deba de ser generado con motivo del programa de ofrecimiento de recompensas, así como tampoco que la PGR se encuentre constreñido a generar dicha información, por lo tanto debe ser considerado como inexistente.

Derivado de este análisis, la ponencia consideró parcialmente fundado el agravio de la particular en ciertos puntos, por lo que a propuesta del comisionado Salas Suárez, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la PGR y le instruyó a que turne la solicitud a las unidades administrativas competentes, dentro de las cuales no podrá omitir a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.

Tampoco a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; la Oficialía Mayor; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, y a la Dirección General de Comunicación Social, a efecto de que las mismas realicen una búsqueda exhaustiva y entreguen la información, en los términos ya referidos.





Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/466895/pgr-debe-abrir-cifra-recompensas-pagadas-localizar-a-desaparecidos

Bebidas lácteas con azúcar pagarán un peso de impuesto por litro a partir de 2017

A partir del próximo año el fisco gravará con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), las bebidas lácteas que contengan azúcares disueltas en agua, según establece un anexo de la Resolución Miscelánea para 2017.

Así, a partir del próximo año, bebidas como las leches de chocolate o endulzadas con otros sabores estarán obligadas por ley a pagar un peso por litro del mencionado gravamen.

“El artículo 2, fracción I, (inciso G) de la Ley del IEPS, establece que en la enajenación o, en su caso, en la importación de bebidas saborizadas que contengan cualquier tipo de azúcares añadidos, se aplicará una cuota de un peso por litro”, señala la disposición.

De acuerdo con la Ley del IEPS, establecida en la reforma fiscal de 2013, las bebidas no alcohólicas elaboradas por la disolución en agua de cualquier tipo de azúcares y que pueden incluir ingredientes adicionales como saborizantes naturales, artificiales o sintéticos, adicionados o no, de jugo, pulpa o néctar de frutas o de verduras o de legumbres, de sus concentrados o extractos y otros aditivos para alimentos, y que pueden estar o no carbonatadas, deben pagar el impuesto.

El gravamen ya existía, pero el SAT amplió su criterio de cobro para incluir las bebidas lácteas azucaradas que son consumidas principalmente por niños.





Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/466916/bebidas-lacteas-azucar-pagaran-peso-impuesto-litro-a-partir-2017