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Todo se encamina a no permitir el sueño de un salario justo: dólar caro, inflación, gasolinazos…

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2016 inició con una molestia generalizada provocada por un aumento salarial de 2.94 pesos. Justo después de que en 2015 las cifras de pobreza en el país anunciaron que en los dos últimos años, la principal causa generadora de pobres era el ingreso de los mexicanos. Y es que el salario aumentó entre 2006 y 2016 sólo sólo 3.91 pesos, pese a que en ese periodo los mexicanos tuvieron que enfrentar una severa crisis económica (2008) y más recientemente, en la era Peña Nieto, una devaluación del tipo de cambio de 63 por ciento, de acuerdo con los precios del dólar al día de hoy.

En todo este tiempo también se rompieron varias promesas con las que el PRI regresó a Los Pinos: “vas a ganar más”, “habrá impuestos justos y progresivos”, “erradicaré la pobreza alimentaria”, “bajará el precio de los combustibles”…

A unos cuantos días de terminar el año, el Gobierno federal hizo un anuncio que desató reacciones de enojo y molestia, ya que en sentido contrario de lo que prometió en los spots que promovieron la Reforma Energética desde 2013, avisó que el precio de las gasolinas a partir del 1 de enero de 2017 subirá 20 por ciento.

Aunque este aumento obedece al proceso de liberalización del precio de las gasolinas, decretado por la reforma en cuestión, parece no caer en el mejor momento para la economía mexicana, que viene arrastrando otra molestia generada por la calidad de los salarios.

El Banco de México (Banxico) por años argumentó que una de las principales razones por las que no podía aumentar el salario mínimo es porque se desataría la inflación. Pero para enero, el aumento del precio de la gasolina podrá ser el factor que reviente el límite de 4 por ciento previsto por esta entidad, ya que los nuevos precios podrían provocar una oleada de aumentos en toda la cadena productiva, en la que el principal afectado sería el consumidor final, tomando en cuenta que a este incremento le anteceden tres más registrados en septiembre, octubre y noviembre de este año.



Pero a lo largo de todo este año, Enrique Peña Nieto rompió muchas de las promesas que hizo como candidato y luego como Presidente electo de México. Muchas de ellas han profundizado la crisis salarial que académicos y organizaciones civiles han denunciado a lo largo de este año.

De 2006 a 2016, el salario mínimo ha aumentado tan sólo 3.91 pesos. En ese periodo, el aumento más alto fue justamente el de 2016, cuando la Comisión Nacional de Salarios Mínimos decretó un incremento de 2.94 pesos para situarlo en 73.04 pesos. Antes, los aumentos otorgados figuraban entre los 1.38 pesos e incluso se redujeron 1.65 pesos, como fue el caso de 2008.

Por el contrario, a partir del 1 de enero, los mexicanos tendrán que pagar 2.01, 2.98 y 2.42 pesos más por las gasolinas magna, premium y el diésel. Para llenar un tanque de 50 litros, se desembolsarán 100, 149 y 121 pesos más, respectivamente.

Este año, uno de los grandes debates giró en torno a obtener un salario mínimo justo, que sería de 89 pesos –cantidad con la que se puede acceder a la canasta básica alimentaria, según el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)–. Sin embargo, la Conasami y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) anunciaron, la primera semana de diciembre, que el aumento al salario mínimo para 2017 sería de 80.04 pesos diarios. El ajuste se realizó a través de una fórmula que incluye un incremento nominal de 4 pesos y otro de 3.9 por ciento. Es decir, 7 pesos más respecto a la cantidad decretada para este año, el aumento más alto desde 1999.

2016 cierra con precios de luz más altos; con un crecimiento sostenido de la pobreza; con el riesgo de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) finalice; con el tipo de cambio devaluado 63 por ciento, y con una estimación de inflación bastante discreta, poco acorde con la perspectiva económica del nuevo año.

De acuerdo con la última medición del Coneval, de 2014, una de cada cinco personas recibió un salario tan bajo que aunque lo hubiera destinado íntegro para comprar la canasta básica, ésta seguiría inalcanzable, por su valor de mil 243 pesos mensuales por persona; más de la mitad de la población tiene un ingreso inferior a los 2 mil 542 pesos mensuales.

La proporción de mexicanos que viven con ingresos inferiores a la línea de bienestar y línea de bienestar mínimo, aumentó 0.5 y 1.6 puntos respectivamente. A pocos días del anuncio del aumento de precios, varios sectores productivos ya abordan las consecuencias. El Barzón aseguró que el precio del maíz podría aumentar 80 por ciento; transportistas también alistan una petición para incrementar las tarifas.

Además, la Reforma Energética contempla que la gasolina sí podría bajar su precio, pero también puede incrementar aún más.

Mientras tanto, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), negó a Ciro Gómez Leyva que el incremento tuviera un efecto inflacionario.

LAS PROMESAS ROTAS

Enrique Peña Nieto hizo 23 propuestas como candidato. De entrada se comprometió a aplicar impuestos justos y progresivos para que quien más gane, pague más; así como revisar las atribuciones fiscales de los tres niveles de gobierno. Pero justo este año, la Unidad de Datos de SinEmbargo publicó que ahora que las finanzas públicas padecen un endeudamiento histórico; cuando los ingresos petroleros se fueron al suelo y cuando los bolsillos de los ciudadanos son la única alternativa para que el Gobierno siga funcionando, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) le perdonó 56 mil millones de pesos a corporaciones, empresarios, políticos y ciudadanos “influyentes”.

En esas listas figuraron Casas Geo, Televisa, Tv Azteca, Elba Esther Gordillo, Omnilife, Industrias CH y otros miles de empresas y personajes más. Mientras, 53 millones de contribuyentes cumplen de manera puntual con sus impuestos.

Otro compromiso fue el de erradicar la pobreza alimentaria. Sin embargo, a pesar de tener dos programas insignes –Prospera y la Cruzada Nacional Contra el Hambre–, la carencia alimentaria sólo se ha reducido 0.1 por ciento, según el Coneval, al pasar de 23.3 a 23.4 por ciento del total de la población de México.

El Estado de México es la entidad que tiene al mayor número de población viviendo en esas condiciones: 3.5 millones. Le siguen Veracruz con 2.4 millones; Michoacán con 1.6 millones; y Oaxaca y Chiapas con 1.4 millones de personas cada uno.

De acuerdo con el Coneval, el acceso a la alimentación se redujo en una mitad del territorio nacional, mientras que en la otra aumentó, principalmente en Hidalgo, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca y Tabasco.


Pero la promesa rota más significativa en el contexto actual es el de “bajar el precio a combustibles”. El Presidente presumió en su mensaje de año nuevo en enero de 2015, una efímera disminución de los combustibles “por la Reforma Energética”; funcionarios de su Gobierno y él mismo prometieron que bajarían los precios en los siguientes meses y años.


“Se acabaron los gasolinazos que tanto lastimaron mes a mes la economía de las familias mexicanas”, presumía el Presidente en un video donde aseguró que a partir de su anuncio y gracias a la Reforma Energética, se habría de evitar el aumento en los precios del combustible.

Fue en octubre del año pasado, cuando el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, informó que a partir de enero de 2016, como parte de las medidas fiscales propuestas en el paquete económico, los mexicanos se encontrarían con una disminución en los costos de las gasolinas. No ocurrió así. A partir de julio de este año los precios se incrementaron mes con mes.

Las autoridades también negaron el aumento al precio dela electricidad, pero en julio de este año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció un incremento en las tarifas eléctricas para el sector industrial, comercial y doméstico de entre 5 y 7 por ciento. Esta era otra de las promesas de Peña: “la Reforma Energética verás que bajará tu recibo de luz”, decía uno de los tantos spots.

Y agregaba: “también el de gas” y aunque éste no aumentó en 2016, para 2017 el precio aumentará, ya que el Gobierno dejará de cubrir el descuento del 10 por ciento, según lo anunciado por la Comisión Reguladora de Energía.

Finalmente, están los “10 compromisos con tu economía familiar”, promulgados por Peña en los primeros días de su gobierno.
  1. Vas a ganar más por tu trabajo, ya sea en tu negocio o en tu empleo. Darle valor a tu trabajo es darle valor a México.
  2. Vamos a detener el alza de los precios de los alimentos básicos.
  3. Vamos a bajar el precio de la luz, para apoyar a todas las familias.
  4. Habrá útiles escolares gratuitos para los niños de primarias y secundarias públicas.
  5. Becas de transporte para quienes estudian la prepa o la universidad lejos de su casa.
  6. Vales de medicinas en el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular para asegurar el abasto de medicamentos. Si el gobierno no te da las medicinas, que te las pague.
  7. Las jefas de familia tendrán un seguro de vida, para que sus hijos estén protegidos si ellas llegaran a faltar.
  8. Todos los adultos mayores de 65 años recibirán una pensión.
  9. Los programas Oportunidades y Seguro Popular van a continuar y crecer.
  10. Habrá apoyos para que mejores o amplíes tu vivienda
Cumplir las promesas que mejorarían la economía familiar, es en el cuarto año de gobierno de Enrique Peña Nieto, una misión casi imposible. A decir de los académicos consultados por SinEmbargo, en septiembre de este año, las promesas firmadas ante notario, son a estas alturas sólo futuro material de una nueva campaña: la de 2018.





Fuente: Sin Embargo
Autor: Daniela Barragán
http://www.sinembargo.mx/30-12-2016/3130860

El abuso de poder en México seguirá si la sociedad civil no audita al Estado, dice Buscaglia

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Para el investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, en el nuevo marco legal anticorrupción que se discute hace falta que se incluyan mecanismos de vigilancia ciudadana y técnica sobre las nuevas instituciones. Sobre todo, en la nueva Fiscalía General, cuya autonomía deberá estar garantizada desde los procesos de postulación y selección de candidatos hasta el monitoreo de su trabajo como titular del Ministerio Público: “Ninguna postulación que venga ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo va a tener un mínimo de legitimidad para poder considerarla autónoma. Así de mal están las cosas…”, alertó en entrevista con SinEmbargo.

En el tránsito de México a la democracia, el combate a la corrupción fue finalmente colocado este 2016 el centro de la discusión política. El pasado 5 de junio, por ejemplo, de acuerdo con el análisis de los partidos, motivó el “voto de castigo” a los partidos en el poder en estados cuyos hoy ex mandatarios estaban acusados de este tipo de abusos, como Chihuahua, Veracruz o Quintana Roo, entre otros.

Fue también el año de publicación de la nueva Ley General del Sistema Nacional Anti-corrupción, que obliga la coordinación de al menos siete entidades en contra de estos delitos: la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Instituto de Acceso a la Información Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura y un miembro del Comité de Participación Ciudadana.

Y fue, también, el año en el que al reclamo de las organizaciones de la sociedad civil le siguió la eliminación de un artículo que daría al cuestionado abogado priísta Raúl Cervantes Andrade, actual Procurador General de la República, pase automático para ser nombrado el próximo Fiscal de la nación.

Pero el camino hacia un efectivo combate al abuso de poder político es todavía largo para México, dice el académico e investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia.

Hace falta que el nuevo marco legal anticorrupción que se discute incluya, dice, mecanismos de vigilancia ciudadana y técnica sobre las nuevas instituciones.
Sobre todo, insiste Buscaglia, sobre la nueva Fiscalía General, cuya autonomía no llegará por nomenclatura, sino que debe estar garantizada desde los procesos de postulación y selección de candidatos hasta el monitoreo de su trabajo como titular del Ministerio Público.

“Las democracias modernas, todas, tienen redes de auditores de sociedad civil que cubren al sistema Judicial; a jueces, fiscales, policías, donde auditan al sistema de administración de justicia penal”, dice Buscaglia en entrevista.


“En Alemania, en Estados Unidos se llama CourtWatch, y esa capacidad de auditoría de la sociedad civil en México no existe; es un vacío de Estado, en el que no se regula la capacidad auditora de la sociedad civil. Eso tendría que estar proponiendo la sociedad civil mexicana ahora para el caso del Fiscal General: establecer una capacidad auditora de sociedad civil por ley, aprovechando esta reforma para auditar a los agentes del Ministerio Público y al Fiscal General”, agrega el también autor de títulos como Lavado de dinero y corrupción política: el arte de la delincuencia organizada y Vacíos de poder en México: el camino hacia la seguridad ciudadana, entre otros.

–En México se pospuso la discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuál es tu análisis de todo el proceso?

La experiencia internacional, que es la única que me da fundamentos para lo que recomiendo, es bastante clara: en países donde las instituciones del Estado adolecen de niveles de confianza paupérrimos, como es el caso de México, o como era el caso de Guatemala o el de Colombia o el de Italia, lo que tienes es que se necesitan instituciones adecuadas para que los fiscales sean, primero, autónomos en la práctica y no solamente en el texto de la Constitución, e instituciones mucho mas fuertes que las que uno observa en países con una tradición de Estado de Derecho y de democracia, como Francia, Alemania o de Estados Unidos, que no necesitan instituciones tan restrictivas para el nombramiento de sus fiscales generales.

En el caso de países donde han sido ampliamente penetradas sus instituciones del Estado, como es el caso de México, lo que necesitas es separar el mecanismo. Una de las características de los casos de éxito es separar el nombramiento y la nominación, la postulación del Fiscal general, separar los candidatos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

–¿Quién lo nombraría?

Tendrías que tener una comisión de postulación, de tres o cuatro candidaturas que después se lleven al Senado, y que esa comisión no esté formada por representantes del Estado, sino que deben ser dos o tres representantes de asociaciones de víctimas, dos decanos de Derecho, un presidente de la barra de abogadas, pero que tuviera dientes, no como en México, que no tienen ningún tipo de control de calidad sobre la calidad de sus abogados; pero en los países donde sí existe una barra de abogados fuerte, como Argentina, ahí tiene mucha influencia en la selección de postulaciones. ¿A qué me refiero? A las listas iniciales de candidatos, que tiene que estar elevada por una comisión constitucional de postulación, que revisen tres o cuatro candidaturas. Y una vez que estas tres candidaturas se elevan al Senado, se tienen que sujetar a lo que indique la Ley Orgánica de la Fiscalía General, en cuanto a los requisitos de los candidatos, que tienen que ser abogados, sin antecedentes penales, con ciertas características. Y luego el Congreso en pleno tiene que evaluar a estos tres candidatos, no sólo el Senado, aunque después las dos terceras partes del Senado sean las que tienen que votar. Es decir, que se le tiene que dar también una capacidad a la Cámara de Diputados para que puedan emitir juicios sobre las precandidaturas, pero no pueden empezar a incorporar amigos o a “carnales”, como le dicen en México, o a otros candidatos que envíe el Presidente o que envíe el Senado. Entonces sí, ahí sí, si quiere Cervantes someterse a la postulación de esa comisión de sociedad civil, que vaya y que le den una oportunidad. Pero tendría que pasar por ahí.


Ninguna postulación que venga ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo va a tener un mínimo de legitimidad para poder considerarla autónoma. Así de mal están las cosas y así de mal estaban las cosas en Italia, en Colombia y en Guatemala.

Entonces, hay que separar la postulación, hay que eliminar ese ‘pecado original’ del postulado, que es el quién te postula. Ya el hecho de que te postule alguien de los partidos, ya eso implica una mancha en la imagen y, por tanto, hay que eliminarlo.

–¿Qué detalles te han llamado la atención de la discusión?


Ante todo, la sociedad civil, felicidades. La sociedad civil, que al menos yo veo, se movió ante lo de Cervantes y forzó al Presidente a recular, y eso es bueno y hay que felicitar y acreditar esa reacción. No llevaron millones a las calles, como hicieron en Italia o como hacen en los países realmente democráticos, pero digamos que es mejor que nada.

Pero cuando veo las conferencias, no se animan a forzar estas mejores prácticas internacionales, como la que acabo de mencionar, que darían un rol a la sociedad civil a través de la comisión de postulación (del futuro Fiscal), técnica, que tiene que estar constitucionalmente establecida. Eso es lo que tendría que estar proponiendo la sociedad civil mexicana para que las postulaciones, los nombres, surjan de la sociedad.

Después de esto, olvídate por un minuto del Fiscal, tienes que tener una ley orgánica de agentes del ministerio público, que establezca un servicio civil de carrera totalmente autónomo, como el que establece la colombiana, un servicio civil de carrera fuerte, que reevalúe a todos los miembros de la PGR [Procuraduría General de la República] y de las fiscalías de los estados; que los someta a mecanismos de evaluación, de exámenes, nuevamente para ver quién puede pasar o no estos aspectos técnicos para que puedan seguir o no trabajando en las fiscalías o ministerios públicos, pero tiene que haber un servicio civil de carrera, con mecanismos de nombramiento, mecanismos disciplinarios.

En cuanto a éstos, la sociedad civil tiene que estar también involucrada a través de una comisión en la que no sean sólo inspectorías internas las que decidan si a alguien se le remueve como agente del ministerio público, sino que también tiene que haber una comisión auditora de sociedad civil, que a través de denuncias sociales o de víctimas se pueda evaluar los casos de agentes del ministerio público acusados de corrupción o de diferentes tipos de faltas. Ese tipo de mecanismos todavía no están propuestos en la Ley General Orgánica del Ministerio Público; por tanto, los requisitos de nombramiento y remoción a través de comisión de sociedad civil y de una inspectoría interna no están ni siquiera propuestos.

Edgardo Buscaglia explicó que este tipo de inspectorías internas deben realizar revisiones patrimoniales al azar. Sin embargo, alertó, que como en el caso de la Ley Tres de Tres, no basta con que se presenten las declaraciones patrimoniales, además aún se tienen que someter a auditorías esas declaraciones.

“Estas auditorías además tienen que estar financiadas autónomamente, no sujetas al nombramiento del Fiscal General. Las democracias modernas, todas, tienen este tipo de redes de auditores de sociedad civil que cubren al sistema judicial, a jueces, fiscales, policías, donde auditan al sistema de administración de justicia penal. En Alemania, en Estados Unidos se llama CourtWatch, y esa capacidad de auditoria de sociedad civil en México no existe; es un vacío de Estado, en el que no se regula la capacidad auditora de la sociedad civil”, agregó.

En el caso del futuro Fiscal General, consideró el investigador, la propuesta desde la ciudadanía debe proponer que se establezca “una capacidad auditora de sociedad civil por Ley, aprovechando esta reforma para auditar a los agentes del Ministerio Público y al Fiscal General”.

“Después tienes el tema de los órganos de control de la Fiscalía General por parte del Poder Legislativo. El control técnico de los órganos autónomos está ausente en el Legislativo, donde podría haber un proceso de comparecencias no anual, como sugirió un Senador, no: todos los meses, el Fiscal General tendría que comparecer ante una comisión técnica de control del Poder Legislativo, a la que le dé cuentas investigación por investigación para ver si cumplen con el orden jurídico vigente y con convenciones de Derechos Humanos”, precisó.

Buscaglia destacó que este tipo de comparecencias técnicas ya son implementadas en Francia, España y Estados unidos.

“Cada investigación del FBI hay una subcomisión del Congreso norteamericano que la evalúa a través de un plantel técnico de servicio civil de carrera que se llama el Congressional Research Service, que son empleados sujetos a un servicio civil de carrera, que están detrás de las comisiones de Congreso, para que cuando el director del FBI vaya mensualmente a comparecer ante la subcomisión –a puerta cerrada o abierta, dependiendo de la causa– el punto es que tiene que dar cuentas técnicamente hablando ante la subcomisión del Congreso. Claro, envía el reporte una semana antes para que los legisladores lo puedan evaluar con la ayuda técnica del plantel de servicio civil de carrera”, ejemplificó.

El académico puntualizó que este tipo de control técnico Legislativo es necesario en toda democracia, para que ésta pueda llamarse así. Alertó que es preciso que la evaluación debe ser legislara desde ahora para que se establezca dentro del marco jurídico para el nombramiento del Fiscal General.

Señaló que “los países que han tenido resultados positivos en sus nuevas fiscalía autónomas han tenido fiscales autónomos sometidos a una comparecencia técnica mensual, en la que cada investigación es evaluada por las subcomisiones del Congreso”.

“Eso es ciencia ficción en el congreso de México. Pero voy a poner un ejemplo: en Uruguay y en Colombia, la comisión del Congreso que se dedica a hacer comparecer al Fiscal le exige que, en cada investigación por delincuencia organizada o asociación ilícita, que presente cinco investigaciones paralelas para abarcar a toda la red criminal, sea caso de corrupción política o sea caso de delincuencia económica privada. Ahí te das cuenta por qué funciona; no porque se llama autónoma, sino porque el Congreso exige que esas cinco investigaciones también estén: la penal, financiera, patrimonial, tributaria y la investigación por extinción de dominio, que en México es otra simulación”, destacó.

Finalmente, el investigador consideró que “con ese monitoreo legislativo ya encuentras una presión para que la Fiscalía funcione. No por ser autónoma va a funcionar; no es una panacea la palabra “autónoma”, por más que el Fiscal sea nombrado autónomamente, tienes que asegurarte que el monitoreo sea técnico”.





Fuente: Sin Embargo
Autora: Sandra Rodríguez Nieto
http://www.sinembargo.mx/30-12-2016/3131109

La migración no para: encuentra nuevas rutas

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En su mayoría viajaban a lomos de La Bestia, pero la excesiva vigilancia del ferrocarril los obligó a cambiar de transporte. Ahora se desplazan en autobuses de pasajeros o hacinados en tráileres y camionetas. No importa cómo, pero decenas de miles de centroamericanos persisten en su afán de llegar a Estados Unidos, a despecho de que los gobiernos de ese país y de México eroguen ingentes cantidades en la aplicación de programas de contención. Nada parece ser capaz de detener el flujo de personas que huyen de la violencia del llamado Triángulo Norte de Centroamérica.

Por conducto de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y con fondos de la Iniciativa Mérida, el gobierno de Barack Obama financia desde mayo pasado un programa de capacitación a funcionarios mexicanos para desmantelar las redes de tráfico de migrantes que operan en el país, las mismas que decenas de miles de centroamericanos contratan cada año para alcanzar la frontera estadunidense.

Se trata del Proyecto Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes 2016-2018, ejecutado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) “en estrecha coordinación” con la Procuraduría General de la República (PGR).

Como parte de este proyecto, agentes estadunidenses de seguridad empezaron a capacitar a funcionarios de la PGR y de la Policía Federal (PF), así como a “funcionarios federales ubicados en estados seleccionados de la República y a autoridades estatales” para detectar, investigar y perseguir el tráfico de migrantes, con “un enfoque de delincuencia organizada trasnacional”, incluyendo una vertiente de investigación financiera.

Los estados “seleccionados” son los 10 fronterizos –del norte y del sur–, además de Oaxaca, Durango, Jalisco, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Veracruz.

El objetivo del proyecto –cuya copia obtuvo Proceso mediante una solicitud de acceso a la información– es “apoyar los esfuerzos del gobierno mexicano para hacer frente al tráfico ilícito de migrantes, prestando especial atención a los procesos interinstitucionales para prevenir, detectar y perseguir el delito, así como proveer asistencia a los migrantes objeto de tráfico”.

El documento no especifica la cantidad de dinero que el Departamento de Estado –del que depende la INL– erogará para su aplicación.

Uno de los componentes del proyecto plantea la impartición de “asesoría especializada” a la Unidad de Investigación de Delitos contra Personas Migrantes de la PGR –creada el 18 de diciembre de 2015–, así como “asistencia legislativa”, que consiste en un “debate legislativo” y la participación en un foro internacional de intercambio de buenas prácticas.

También prevé el desarrollo de campañas de comunicación dirigidas a las autoridades de los tres niveles de gobierno para informar sobre el tráfico de migrantes. Para ello, el proyecto considera cuatro mesas de trabajo en México y dos en Estados Unidos.

El proyecto se había dado inicio el pasado 30 de agosto, cuando Arely Gómez, extitular de la PGR, lo presentó junto con Roberta Jacobson –la embajadora de Estados Unidos en México–, Antonio Luigi Mazzitelli –representante en México de la ONUDD–, así como funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.

El pasado 9 de mayo se instaló la primera sesión de trabajo en el Salón Justicia de la PGR, donde se presentó formalmente el proyecto; otras se llevaron a cabo en Guadalajara, el 1 de septiembre; Hermosillo, el 8 de septiembre; Mexicali, el 22 de octubre; y Toluca, el 10 de noviembre.

Del 22 al 26 de agosto se reunieron 21 funcionarios de la PGR y la PF en el Centro Nacional de Capacitación y Adiestramiento de la Cruz Roja Mexicana de Toluca, donde recibieron el taller “Fortalecimiento de las capacidades de funcionarios encargados de la aplicación de la ley para la detención, investigación y persecución del delito de tráfico ilícito de migrantes”.

Participaron los agregados de la PGR para Centroamérica y el Caribe y América del Sur, así como de las ciudades estadunidenses de San Diego, El Paso, San Antonio y Los Ángeles, según las constancias que la PGR proporcionó a Proceso.

El taller no le costó un peso al gobierno mexicano: el Departamento de Estado estadunidense cubrió los traslados y los viáticos de los asistentes, de acuerdo con el oficio SJIAI/CAIA/0811/2016, emitido por la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la PGR.

Del 7 al 11 de noviembre, agentes de la PGR asignados a las delegaciones de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, así como a las agregadurías antes mencionadas, asistieron al taller de “Formación operativa para el análisis, investigación y persecución penal del tráfico ilícito de migrantes” en Tijuana.

De nueva cuenta, el Departamento de Estado, “a través de la Iniciativa Mérida, (cubrió) el costo del viaje y los viáticos a los asistentes con base en las tablas de Naciones Unidas”, señala una serie de invitaciones enviadas a los agregados de la dependencia.

El flujo sigue

A mediados de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto oficializó el endurecimiento de la política migratoria con la aplicación del llamado Programa Frontera Sur (PFS). Como consecuencia, el Instituto Nacional de Migración (INM) multiplicó los operativos en las carreteras, pero también en el ferrocarril que atraviesa México de sur a norte.

En los últimos tres años el INM detuvo a 429 mil 407 migrantes centroamericanos, de los cuales deportó a 402 mil 76.

En 2015, por primera vez México deportó a un mayor número de centroamericanos que Estados Unidos: el INM reportó 176 mil 726 deportaciones, y las autoridades estadunidenses, 76 mil 345.

Los migrantes centroamericanos siguen llegando a la frontera norte de México, así como a Estados Unidos: entre enero y octubre de este año, el INM detuvo a 4 mil 500 en Coahuila, 2 mil 951 en Nuevo León y 9 mil 700 en Tamaulipas, tres estados colindantes con Texas.

Entre octubre de 2015 y el mismo mes de 2016, la Patrulla Fronteriza estadunidense detuvo a 218 mil 110 migrantes “otros que mexicanos” –prácticamente todos originarios de Centroamérica– en la frontera con México, informó Jeh Johnson, el director del Departamento de Seguridad Nacional, el pasado 18 de octubre. 140 mil 496 de ellos fueron detenidos en Valle del Río Grande, Texas.

Previo al incremento de los operativos, los migrantes de origen centroamericano más pobres se subían en los vagones del tren de carga –La Bestia– para llegar a la frontera estadunidense.

En entrevistas por separado, trabajadores de tres albergues de migrantes en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, afirman a Proceso que el flujo de migrantes que viajan en tren disminuyó.

A la par, sostienen que para el traslado de migrantes se incrementó el uso de líneas comerciales de autobuses –sobre todo entre mujeres y menores de edad, pese al riesgo de ser detectados en los retenes carreteros y posteriormente deportados– y de los tráileres operados por traficantes.

En Saltillo, por ejemplo, bajaban del tren más de 300 personas al día antes de la puesta en marcha del PFS; ahora son menos de 50, dice Javier Martínez, del área de protección de la Casa del Migrante de Saltillo.

“A pesar del Programa Frontera Sur, la migración no para, porque hay una situación muy grave por la violencia en Centroa­mérica; las pandillas amenazan de muerte a las familias, o de reclutar a sus hijos; la migración se da más por eso que por razones económicas”, insiste. Y subraya: “Los migrantes encuentran siempre una manera de seguir viajando”.

En Reynosa, Tamaulipas, ocurrió lo mismo: según el pastor Héctor Joaquín Silva, responsable del albergue Senda de Vida, en los últimos meses “ha bajado” el flujo de migrantes que viajan por tren; sin embargo recalca que el número de migrantes “se mantiene”: indica que se generalizó la modalidad de viajar por autobuses de línea a la ciudad fronteriza, pero también en vehículos privados, “engañados” –y a veces secuestrados– por traficantes, precisa.

En Monterrey incluso se incrementó más de 60% el número de migrantes que acudió al albergue Casanicolás, asevera Victoria Ríos Infante, coordinadora de vinculación de esta institución: en 2015 llegaban en promedio 90 personas por mes; este año la cantidad se elevó a 149. “Vemos al migrante más cansado, física y emocionalmente, que antes del Programa Frontera Sur”, plantea.

Ríos desconoce la magnitud del tráfico de personas en la zona, ya que los migrantes que usan los servicios de traficantes no se hospedan en el albergue. “Hay un número considerable de migrantes en hoteles pequeños, de más bajo costo, de la zona centro de Monterrey”, declara.

Hechos sucesivos

En los últimos meses se sucedieron detenciones masivas de migrantes que viajaban hacinados en tráileres.

El 26 de septiembre pasado, siete agentes del INM fueron atacados con armas de fuego por traficantes de personas en la carretera transístmica 185, en Oaxaca. Los agentes habían detenido a un traficante que llevaba 25 migrantes en la caja de una pick up, cuando los alcanzaron cinco personas armadas a bordo de motocicletas; éstas les dispararon y los obligaron a detenerse. Liberaron al traficante y se llevaron a los migrantes.

El 4 de octubre, el INM informó que un grupo de traficantes de personas abandonó a alrededor de 55 migrantes en el municipio veracruzano de Tres Valles, al notar que cuatro de ellos habían muerto de asfixia y deshidratación durante un viaje de 48 horas, sin escalas, en una camioneta cerrada, con logotipos clonados de Correos de México.

El siguiente 13 de octubre, al revisar dos vagonetas en la carretera que va de Ciudad Valles, San Luis Potosí, a Ciudad Victoria, Tamaulipas, agentes de la PF encontraron hacinados en los vehículos a 122 migrantes, 45 de ellos menores de edad.

Tres semanas más tarde, el 2 de noviembre, un tráiler fue detenido en un retén del INM en la carretera Villahermosa-Cárdenas, Tabasco. En la caja estaban amontonados 94 centroamericanos, entre ellos 43 menores. El mismo día, en la carretera libre Aguascalientes-Zacatecas, el INM detuvo un autobús en el que viajaban 92 indocumentados, entre ellos 23 menores.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre Tráfico de Personas 2016, que la ONUDD publicó este miércoles 21, las autoridades mexicanas sentencian a entre 60 y 100 traficantes de personas cada año desde 2012, la mayoría de ellas provenientes de Centroamérica.

Iniciativa Mérida

No es la primera vez que Washington destina fondos de la Iniciativa Mérida para reforzar la política de contención migratoria en México.

En febrero y marzo pasados, informes del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) señalaron que, de acuerdo con el tercer pilar de la Iniciativa Mérida –que consiste en crear una “frontera del siglo XXI”–, el gobierno de Obama erogó casi 20 millones de dólares para reforzar la frontera sur de México.

Estos fondos se destinaron a la instalación de kioscos móviles, adiestramiento a equipos caninos y capacitación para agentes migratorios, “incluyendo el monitoreo de migrantes vulnerables, traficantes y terroristas potenciales”, según el informe Cooperación en Seguridad EU-México: la Iniciativa Mérida y más allá, publicado el 22 de febrero.

En el segundo informe, Los recientes esfuerzos de México en ordenar la migración, publicado el 9 de marzo, el CRS recordó que la Agencia de Inmigración y Aduanas creó en México una Unidad de Investigación del Crimen Trasnacional, que investiga el tráfico de personas, y que el Departamento de Defensa entrenó y equipó a las fuerzas armadas mexicanas.

Además señaló que “el Departamento de Estado reprogramó recientemente 60 millones de dólares (mil 122 millones de pesos, según el valor promedio de cambio en 2016) de fondos no erogados durante años previos para apoyar proyectos existentes, una red de comunicación segura para agencias mexicanas en la frontera sur y equipo biométrico para el INM”.

Y añadió: “Una amplia porción de los 70 millones de dólares (mil 309 millones de pesos, según el mismo cambio promedio anual) que el Departamento de Estado dedicó a los programas de seguridad fronteriza (norte y sur) con fondos de los años fiscales 2013-2015 se usarán para los esfuerzos de la frontera sur”.

En el presupuesto para 2016, la Secretaría de Hacienda destinó mil 809 millones de pesos al INM, 88% de los cuales se destinó a cubrir la nómina.

El CRS, que provee información a los congresistas estadunidenses, planteó que “mientras funcionarios de Estados Unidos saludaron los esfuerzos de México (en la contención migratoria), grupos defensores de derechos humanos criticaron a México por los abusos perpetrados por funcionarios contra migrantes, por fracasar en proveer información sobre visas humanitarias o asilo político (…) y por detener a niños migrantes”.

También subrayó que la sociedad civil “levantó voces preocupadas respecto a la gestión que tiene México de sus flujos migratorios complejos y sobre su capacidad de proteger a los migrantes” y que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados “expresó su preocupación ante las negativas de México para otorgar acceso al asilo a los refugiados provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica”.





Fuente: Proceso
Autor: Mathieu Tourliere
http://www.proceso.com.mx/467787/la-migracion-encuentra-nuevas-rutas

Nuevo León: el regreso de la delincuencia

By: Unknown on 12:20:00 / comment : 0 , , , , , , ,

La ciudadanía y el empresariado nuevoleoneses se lo han dicho al gobernador Rodríguez Calderón: el crimen en la entidad ha tenido un crecimiento escandaloso en los meses recientes, hasta llegar a los niveles que había a principios de la década, cuando los cárteles del narcotráfico tenían en su poder a Nuevo León. Sondeos encargados por la iniciativa privada lo muestran así y prenden los focos rojos, mientras el mandatario estatal desestima el problema y achaca la “percepción” de inseguridad a un complot en su contra.

La noche del domingo 4 de diciembre, dos hombres atacaron con bombas molotov la tienda de ropa El Asturiano, en el centro de esta ciudad, y causaron daños menores. Aunque la agresión tenía sesgos gansteriles, esa misma noche el vocero de seguridad en Nuevo León, Aldo Fasci, descartó que el incidente estuviera relacionado con el crimen organizado.

El lunes 5 se cometió un atentado similar, ahora contra la casa de cambio Lisag, en el sur de la capital. Varias personas rociaron de gasolina el exterior del lugar, pero no consumaron el ataque pues un empleado del local avisó a las autoridades.

Estos son sólo dos de los numerosos incidentes violentos habidos en días recientes en Nuevo León, los cuales preocupan a una ciudadanía que ve cómo la delincuencia va al alza.

Algunos organismos privados –basados en cifras oficiales– denuncian que la incidencia delictiva volvió a los niveles que había al inicio de la década, cuando Nuevo León ardió por la actividad de criminales que tomaron como rehén la zona metropolitana de Monterrey.

Tanto Cuauhtémoc Antúnez Pérez, secretario estatal de Seguridad Pública, como el procurador nuevoleonés, Roberto Flores Treviño, declinaron entrevistas al respecto con el corresponsal de este semanario. A raíz de las presiones del empresariado local, ambos recibieron un ultimátum del Bronco: El pasado 25 de octubre lanzó un mensaje a la ciudadanía, pero con dedicatoria especial para los dos funcionarios: de no abatir los índices delictivos para cuando finalice el presente año, tendrán que dejar sus puestos.

“Si no lo hacen, se van. Ya hablé con ellos”, dijo el mandatario en una reunión en la que los organismos privados le presentaron el Pulso Metropolitano de Seguridad –el Pulsómetro–, sondeo mediante el cual puede ser medida la percepción que tienen los ciudadanos al respecto.

Según el Pulsómetro –realizado por el Tecnológico de Monterrey a partir de encuestas entre 4 mil 603 ciudadanos, practicadas del 29 de agosto al 15 de septiembre– sólo uno de cada 10 regiomontanos se siente seguro.

La policía estatal Fuerza Civil gozaba de 21% de aceptación en septiembre de 2015. Un año después la cifra cayó a 14%, de acuerdo con el estudio, encargado por la Caintra, el Consejo Cívico, la Coparmex, el Centro de Integración Ciudadana (CIC), la Canaco Monterrey, la Canadevi e Invex.

“Hace seis meses alertamos a las autoridades de los tres niveles de gobierno de una tendencia al deterioro en el ambiente de seguridad en el estado, que se percibía a través del Pulsómetro y las estadísticas delictivas de la propia procuraduría”, recordaron.

En el mismo sondeo sólo 23% de los nuevoleoneses percibió que el mandatario está comprometido con la preservación de la tranquilidad ciudadana.

En respuesta a las cifras, El Bronco soltó una declaración insólita a la prensa: “Puedo no estar de acuerdo, y si digo que no estoy de acuerdo luego se van a molestar (los empresarios) y para ustedes es noticia. Yo finalmente acepto lo que ellos digan”.

El 2 de octubre, por medio del Observatorio Ciudadano de Nuevo León, los organismos civiles exhibieron el repunte de delitos en la era del Bronco, y la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones.

Basado en cifras de la Procuraduría de Justicia en Nuevo León, el sistema de monitoreo delictivo encontró que en la comparación del periodo enero-septiembre de este año, con el mismo lapso de 2015, la estimación de cifra negra de delitos (los que no se denuncian) se encuentra estancada, y sólo uno de cada 10 ilícitos llega al Ministerio Público.

En esos meses aumentó la incidencia en prácticamente todos los delitos de alto impacto. El homicidio doloso se incrementó de 345 a 511 denuncias; el secuestro, de 17 a 19, con lo que el estado, por este delito, bajó del sitio 14 al 11 a escala nacional; la extorsión subió de 357 denuncias a 446; la violación, de 470 a 516.

El robo a negocio aumentó 74%: de 2 mil 99 a 3 mil 654; en robo a casa habitación las querellas se dispararon de 2 mil 143 a 2 mil 578, con lo que Nuevo León se movió a escala nacional del lugar 18 al 13.

El robo a persona subió de mil 921 a 2 mil 365; el de vehículo, de 2 mil 325 a 3 mil 113, lo que representa un promedio de 346 autos hurtados al mes, cifra superior a los 300 considerados como aceptables.

Todo este tipo de robos, con el agravante de la violencia, aumentó de 2 mil 920 a 4 mil 656.

En el análisis, los empresarios consideran que el incremento de los robos con violencia en Nuevo León puede ocurrir porque las bandas del crimen organizado se involucran en este tipo de delitos, cuando antes sólo se ocupaban de traficar drogas.

Como consecuencia de la inseguridad, agregan, algunos empresarios se han abstenido de invertir aquí, pues el aumento de hasta 30% en los índices delictivos impacta la inyección de recursos y la generación de empleos.

El estudio fue firmado por el CIC y el Consejo Cívico, con apoyo de la Caintra, la Canaco y la Coparmex de Nuevo León.

Más antecedentes ominosos, que anticipaban el regreso de la violencia a la entidad, fueron presentados por esos organismos en un análisis sobre la inseguridad, tras el cual concluyeron que el resurgimiento del crimen organizado en Nuevo León ocurre por el relajamiento de las fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno.

En su pronunciamiento del 28 de julio, señalaron que los grupos delictivos avanzan para reposicionarse a niveles que ya se creían abatidos.

Desde 2015 “venimos viendo señales consistentes e inequívocas de que la delincuencia organizada vuelve a tomar fuerza en nuestro estado. Aprovechando las elecciones y las transiciones de administración estatal y municipales –añaden en su estudio–, todo indica que los delincuentes están recuperando terreno luego del repliegue logrado años atrás”.

Una de las causas del incremento en la actividad criminal fue el repliegue de las fuerzas federales, las cuales pacificaron la entidad luego de que los cárteles se apoderaran del estado; hacia 2013 se observó un descenso significativo de la violencia.

Una señal precisa de preocupación es el aumento de robos con violencia. Entre el último semestre de 2015 y el primero de 2016 hubo un incremento de 46%, un nivel que no se registraba desde 2012. En este rubro Nuevo León pasó del lugar 10 al ocho en el país.

“La violencia con la cual se cometen los robos ha sido en el pasado un indicador negativo de presencia de grupos de la delincuencia organizada en el estado, y este tipo de señales deben atenderse con la máxima prioridad por parte de todas las autoridades encargadas de nuestra seguridad, incluyendo a las autoridades federales”, alerta el estudio.

En mayo, cuando los organismos privados presentaron quejas sobre la inseguridad que crecía en el estado, El Bronco culpó a las televisoras, con el argumento de que exageraban y distorsionaban la realidad para afectarlo políticamente a él.

Control de la información

Al iniciarse octubre, los integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública manifestaron su interés por crear un observatorio alterno del delito, pues señalaron que las cifras oficiales no reflejan la realidad en el estado.

Lo que buscan es saber cuántas personas fueron detenidas, cuántas sujetas a proceso, así como el número de víctimas y datos similares, dijeron a medios locales.

El pasado martes 6, el gobierno estatal presentó sus cifras delictivas. Indicó que de octubre a noviembre, en cuanto a denuncias, la estadística va a la baja: los homicidios pasaron de 57 a 41; los robos a negocio, de 300 a 249; de vehículo, de 365 a 359, y de casa, de 311 a 275.

Sin embargo, subió la extorsión de 51 a 61; se mantuvieron el secuestro, en tres, y el robo a persona en 137.

Ese mismo día el Consejo Cívico, uno de los organismos más activos en el monitoreo de índices delictivos en Nuevo León, le respondió al gobierno estatal que si bien algunos delitos decaen, los cárteles siguen presentes en la entidad, como se observa en los “incidentes delictivos de alto impacto en el área metropolitana de Monterrey”.

Y la violencia en Nuevo León también es de género.

El Sistema Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres emitió el pasado 18 de noviembre una alerta en cinco municipios metropolitanos de Nuevo León: Monterrey, Guadalupe, Apodaca, Juárez y Cadereyta.

De acuerdo con el organismo Arthemisas por la Equidad, que ha monitoreado el fenómeno, de febrero de 2012 hasta el día de la alerta han sido privadas de la vida en la entidad 449 mujeres.

El miércoles 7 El Bronco dijo que si el Congreso de Nuevo León se empeña en retirar el impuesto de la tenencia vehicular, que le aporta al estado más de 600 millones de pesos anuales, no tendrá recursos para contratar a los 2 mil policías que urgentemente se requieren en la entidad en los próximos años.

Los diputados ya anunciaron que rechazarán esa propuesta.

Tregua entre pandillas

En la geografía nuevoleonesa, la zona norte de Monterrey es el punto más caliente. Tienen presencia permanente el Cártel del Noreste, integrado por zetas jóvenes, la vieja guardia de Los Zetas y el Cártel del Golfo.

En ese lugar se concentran alrededor de 400 pandillas con unos 8 mil integrantes en total, según el diagnóstico de Nacidos para Triunfar (NPT), asociación civil que trabaja directamente con las bandas. Su director, Juan Pablo García Aguiñaga, reunió a representantes de 100 de ellas para proponerles un acuerdo de paz que comienza a cumplirse por etapas.

El jueves 8 depusieron las armas 17 bandas del barrio de La Alianza. García Aguiñaga espera que en las semanas siguientes un número igual decida entrar a la tregua. Le urge que este conflictivo sector se tranquilice porque, afirma, han detectado que recientemente exinternos del penal de Topo Chico recorren el norte de la capital para reclutar nuevos adeptos e incorporarlos a la actividad criminal.

“El norte de Monterrey es la zona más conflictiva del estado. Aquí hay riñas entre pandillas y éstas tienen relación directa o indirecta con los cárteles de la zona. Nacidos Para Triunfar lo que hace es generar un proceso de paz, porque cuando acabó la violencia peor, allá por 2012, las clicas (pandillas) empezaron a retomar su lugar y ahora están en disputa de territorios”, dice García Aguiñaga en entrevista.

En esa época los cárteles, indica, eran los protagonistas de la violencia cotidiana y se alimentaban de jóvenes de las pandillas que vendían droga, halconeaban y mataban, además de consumir. Sin embargo, las organizaciones criminales fueron reducidas por acciones de Fuerza Civil, que salió a las calles a combatirlos.

Desde 2015 las disputas entre los cárteles han disminuido y la violencia por el narcotráfico bajó de intensidad, aunque ha subido la que ocasiona la guerra entre pandillas, lo que se percibe en homicidios entre jóvenes por conquistar espacios y territorios con el propósito social de obtener pertenencia y reconocimiento.

NPT hizo un mapeo de la zona norte de Monterrey y la dividió en 10 sectores. Pudo contactar a 150 pandillas y consiguió que cerca de 100 de ellas accedieran a trabajar en la tregua, que va aparejada con una serie de acciones a fin de dar a los jóvenes una oportunidad para que dejen la calle e se incorporen a la vida productiva.

El programa NPT trabaja en escuelas que dan talleres de liderazgo, sexualidad y combate a las adicciones, de donde los jóvenes pueden obtener en una primera etapa –prevista para concluir en enero– alguna de las 500 becas de trabajo o estudio que hay disponibles, con el patrocinio de empresarios y en coordinación con la Subsecretaría de Prevención Social.

Aunque aún faltan muchas pandillas por intervenir, el NPT considera urgente acelerar el trabajo, porque sobre todos los jóvenes se cierne la amenaza de reclutamiento por parte de expresidiarios de Topo Chico. Pero hay numerosos jóvenes en situación de riesgo, pues muchos de ellos son familiares de quienes murieron en la guerra contra el narco.

“Nuestra hipótesis y nuestra experiencia nos dicen que muchos jóvenes de éstos van a encabezar las listas de los cárteles. Y ahorita, en las peleas entre ellos, lo que buscan es ocupar territorios para obtener liderazgo, algo muy importante en el mundo de las clicas. Ganar terreno da poder e identidad”, explica García Aguiñaga.

Sostiene asimismo que el pacto ya dio los resultados iniciales: no hubo homicidios en la primera semana. Sin embargo, dice, el trabajo de pacificación parece interminable, pues se estima que en toda la zona metropolitana hay alrededor de 2 mil 500 pandillas.





Fuente: Proceso
Autor: Luciano Campos Garza
http://www.proceso.com.mx/467792/nuevo-leon-regreso-la-delincuencia

#Cinismo Recorte de 200 mil mdp o nuevos impuestos sin aumento a gasolinas: Ochoa Reza

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El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, expresó su respaldo absoluto a la decisión del gobierno de incrementar el precio de la gasolina y afirmó que de no hacerlo, el costo para las finanzas públicas de México sería de más de 200 mil millones de pesos en un año, el equivalente a la mitad del presupuesto total anual del IMSS.

Sostuvo que los nuevos precios “artificiales” de la gasolina están ligados al incremento del costo del petróleo en el mundo y el alza del valor del dólar y recalcó que si se mantuvieran los precios actuales en 2017, el gobierno tendría que recortar al menos 200 mil millones de pesos o aplicar nuevos impuestos para todos los mexicanos.

Ese monto, abundó, equivale a la mitad del presupuesto anual del IMSS o a más del doble del presupuesto anual del programa Prospera, que atiende a 6.8 millones de familias mexicanas en situación de pobreza.

Ochoa Reza refirió que entre 2006 y 2014 se mantuvo un precio artificial de las gasolinas en México, lo que implicó un costo de 1.1 billones de pesos o 6.7 puntos porcentuales del PIB, recursos que podrían haberse traducido en más gasto social, salud, educación o en la creación de nueva infraestructura en el país.

Afirmó que es “totalmente falso” que haya una intención de recaudar más impuestos con el ajuste al precio de las gasolinas. “De hecho, el impuesto sobre las gasolinas en México se reducirá en 2017 de 4.60 pesos a 3 pesos por cada litro. Es el único componente en la estructura de costos de la gasolina que bajará el próximo año”, sostuvo Ochoa Reza.

También defendió la reforma energética al sostener que promueve la inversión para construir mayor infraestructura para el transporte y almacenamiento de gasolinas en el país.

“La reforma energética generará mayor inversión en el país y promoverá la creación de mayor infraestructura para el transporte y almacenamiento de gasolinas que se reflejarán en un mejor servicio, en condiciones competitivas de calidad y precio para todos los mexicanos”, aseguró.

Luego, hizo un llamado a los partidos de oposición a actuar con responsabilidad.

“No es momento de promover el encono social. El país necesita de la unidad y del diálogo propositivo. Los partidos políticos debemos ser responsables y hablar con la verdad, nadie debe hacer de este tema una bandera política populista”, dijo.

También llamó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a aplicar un operativo nacional, para evitar la especulación con el precio de la gasolina y al gobierno federal establecer una política “clara y efectiva” para erradicar el robo y tráfico de hidrocarburos en el país.





Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/468083/recorte-200-mil-mdp-nuevos-impuestos-sin-aumento-a-gasolinas-ochoa-reza

El Tribunal Electoral prohíbe entregar beneficios sociales en eventos masivos durante campañas

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La Sala Superior del TEPJF aprobó una tesis de jurisprudencia que indica que para no afectar “los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales”, los beneficios sociales no deben ser entregados en actos masivos durante las campañas.


Los beneficios de los programas sociales no podrán ser entregados en eventos masivos durante las campañas electorales, así lo determinó hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La Sala Superior del TEPJF aprobó la tesis de jurisprudencia LXXXVIII/2016 que indica que para no afectar “los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, los programas no deben entregarse en modalidades que afecten la equidad”.

Por medio de un comunicado, la institución explicó que no existía el deber específico de suspender dichos beneficios de programas sociales durante el periodo de campañas electorales, sin embargo, luego de la interpretación de los artículos 41, Base IIl, Apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo, octavo y noveno, de la Constitución, se llegó a la conclusión de que tales actividades afectarían el principio de equidad de la contienda.

Asimismo señaló que las autoridades tienen un especial deber de cuidado con la entrega de dichos beneficios, de manera que no generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los referidos principios.

Anteriormente, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el Secretario de Desarrollo Social, Enrique Miranda Nava, prometió no estar presente en ninguno de los eventos de entrega de apoyo que se lleven a cabo en los estados que elegirán representantes el próximo años, tales como Estado de México, Nayarit y Coahuila.





Fuente: Sin Embargo
Autor: Redacción
http://www.sinembargo.mx/29-12-2016/3130917

Vive CDMX día de balaceras, bancazo, ejecución y hallazgo de mutilado

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Un asalto a un banco y otro a una tienda de conveniencia, un homicidio y el hallazgo de un cuerpo mutilado en el Metro fue el saldo que la delincuencia dejó este jueves en la Ciudad de México.

Los hechos violentos comenzaron alrededor de la 01:00 de la mañana de este jueves, cuando al Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C2) llegó el reporte de un asalto a una tienda de conveniencia ubicada en la esquina de las avenidas Gabriel Mancera y Parroquia, en la colonia Del Valle, delegación Benito Juárez.

Policías preventivos llegaron al punto y alcanzaron a un grupo de sujetos –dos hombres y tres mujeres– que huían en un auto Honda Civic, color gris, con placas de la Ciudad de México. Entonces, iniciaron la persecución hasta alcanzarlos, la cual terminó en la esquina de Insurgentes y Parroquia.

En el punto, los sospechosos abrieron fuego contra los uniformados, quienes repelieron la agresión y provocaron heridas a tres sujetos, dos hombres de 46 y 42 años de edad, así como una mujer de 29 años. Los dos primeros fueron canalizados al hospital de la Cruz Roja, y la segunda, al hospital de Xoco; los tres en calidad de detenidos.

El resto de los detenidos fueron puestos a disposición de la Coordinación Territorial de Seguridad y Procuración de Justicia BJ-2, junto con dos armas de fuego y el vehículo con el que intentaron escapar y que resultó con más de 20 impactos de bala.

Las autoridades comenzaron la investigación, pues los detenidos podrían estar relacionados con otros asaltos a tiendas de conveniencia ocurridos en días anteriores.

Horas más tarde se registró un asalto a la sucursal del banco BanBajío, ubicada en las avenidas Río de la Loza y Carmona y Valle, en la colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc.

De acuerdo con los reportes policíacos, un sujeto que vestía pantalón de mezclilla y sudadera gris, entró a la sucursal como si fuera un cliente. De pronto, notó que una empleada del banco estaba fuera de su zona de trabajo; entonces, la sometió por el cuello y la obligó a entregarle el dinero de su caja.

Al obtener el efectivo –cuyo monto se desconoce–, el asaltante huyó a bordo de un vehículo con dirección al oriente de la capital. Policías preventivos llegaron a la sucursal, aunque sólo para recabar pistas sobre el delincuente.

En otro hecho violento, un cuerpo masculino en estado de descomposición fue hallado entre las estaciones Observatorio y Tacubaya de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Reportes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina indicaron que el cadáver presentaba quemaduras en los hombros y en la pierna derecha, mientras que un tobillos, la boca y la pierna izquierda estaban desprendidos.

De acuerdo con los primeros informes, por el grado de descomposición, el cadáver tenía al menos una semana abandonado. Se presume que la víctima pudo haberse electrocutado y caído a las vías del tren, donde fue arrollado.

En tanto, en la delegación Venustiano Carranza, un hombre de aproximadamente 28 años de edad fue ejecutado mientras conducía una motoneta en la calle Bondojito, casi esquina con el Eje 2 Norte, en la colonia Ampliación Michoacana.

Los primeros reportes indicaron que el homicidio ocurrió cuando la víctima fue interceptada por los tripulantes de otra motoneta, quienes le dispararon en al menos nueve ocasiones. El conductor no llevaba casco y al menos uno de los disparos lo recibió en la cabeza, lo que ocasionó que derrapara y quedara sin vida en el piso.

Agentes del Ministerio Público acudieron a la zona para realizar el levantamiento del cadáver y comenzar la investigación correspondiente. No hubo detenidos.





Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/468041/vive-cdmx-dia-balaceras-bancazo-ejecucion-hallazgo-mutilado

CDMX: Les dan permiso para “podar” árboles… ¡y los talan!

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Vecinos de la colonia Del Valle en la Ciudad de México denunciaron la tala ilegal de cinco árboles, en donde se alista una nueva sucursal de Farmacias del Ahorro.

El local está ubicado en la Avenida Coyoacán esquina con San Borja. De acuerdo con un comunicado del Comité de Vigilancia de la colonia Del Valle, los árboles fueron talados en la madrugada del 25 de diciembre.

En una de las puertas del establecimiento se encontraba un documento otorgado por la delegación Benito Juárez en el que se da autorización para la poda de los árboles, pero no para talarlos. Dicho documento ya fue retirado del lugar.
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David Alvarado, vecino del lugar, proporcionó a Aristegui Noticias fotos de la tala y del documento que se encontraba pegado en las puertas del lugar.

La delegación Benito Juárez no ha dado una respuesta concreta, pero empleados del lugar argumentaron que los responsables de las distintas áreas se encuentran de vacaciones.

La postura de Farmacias del Ahorro
En un escueto comunicado, la empresa informó lo siguiente:





Fuente: Aristegui Noticias
Autor: Redacción
http://aristeguinoticias.com/2912/mexico/cdmx-les-dan-permiso-para-podar-arboles-y-los-talan/
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