Chihuahua, las acciones contra el gasolinazo

Agrupaciones de campesinos, agricultores del noroeste e integrantes del grupo de Facebook Chihuahua en Común anunciaron acciones en contra del incremento de la gasolina y, en el caso de este último, también reclama la derogación de la reforma energética.

En la frontera de Chihuahua, principalmente en Ojinaga y Juárez, los habitantes que tienen visa y realizan compras en El Paso, Texas, aprovechan para cargar gasolina, aunque aún no se ha generado tanto movimiento como esperan comience a registrarse la semana entrante, y principalmente la segunda quincena de enero, cuando aumenta el flujo vehicular por el ingreso a escuelas.

En Juárez la gasolina será más barata, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), cuyo valor de la Magna será de 12.44 pesos y 15.35 la Premium, lo que representa un alza de 15% sobre los precios actuales.

En El Paso, por ejemplo, el costo promedio del galón de gasolina es de 2.02 dólares, por lo que el litro cuesta 11.20 con el dólar a 20.75, y los juarenses tienen la percepción de que el combustible tiene mayor calidad y rendimiento en Estados Unidos.

El secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silverya, quien ha sido activista durante décadas, se solidarizó con las manifestaciones: “Ante los indignantes aumentos a las gasolinas, resultado de la fracasada reforma energética y de la pésima política económica de Peña Nieto, respaldo las convocatorias a las protestas pacíficas hechas por la ciudadanía”.

Y la presidenta del Congreso local e integrante del Movimiento Estatal de Mujeres, Blanca Gámez Gutiérrez, llamó al gobierno de Javier Corral Jurado a gestionar soluciones, principalmente hacia campesinos y grupos desprotegidos, que serán más afectados por el incremento de los combustibles.

La legisladora dijo que con exhortos al Ejecutivo federal no basta, es necesario que autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo intercedan a favor de la ciudadanía, porque la promesa fue que la reforma energética beneficiaría a los ciudadanos y no habría gasolinazos, por lo que las autoridades federales deben explicar el motivo por el que no han cumplido esa promesa.

Incluso, el gobierno estatal analizaba subir el precio del transporte público, pero esta semana el director general de Gobierno y Transporte Público, Joel Gallegos, aseguró que no incrementarán las tarifas y que prueban un camión que funciona con gas, con el fin de buscar ahorros de hasta 50%.

En algunos poblados de la Sierra Tarahumara, principalmente del Triángulo Dorado, grupos delictivos tienen el control de la venta de gasolina, por lo que los pobladores están a la expectativa del incremento y las consecuencias que pueda tener en aquella región.

Heraclio Rodríguez, líder estatal de El Barzón, dio a conocer que en reunión con representantes de las asociaciones Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesina Autónomas (Unorca); Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA); Agrodinámica Nacional, Onapafa y Unión Campesina Demócrata, lanzaron la convocatoria a quienes deseen sumarse a la causa y tomar este lunes 2 de enero la carretera Panamericana, que va de Chihuahua a Ciudad Juárez, a la altura de Sacramento.

También la autopista Chihuahua-Sonora, por Janos, así como el paso del ferrocarril en Jiménez, Delicias y Cuauhtémoc, de 8:00 a 10:00 horas.

En su perfil de Facebook, el líder agricultor del noroeste, Emilio Rayos, destacó: “A todos los productores y ciudadanía en general del noroeste les informamos que acabamos de tener una reunión todos los líderes agropecuarios del estado de chih y acordamos tomar aviones que inpidan que el gobierno federal yeve acabo el alsa anunciada en los energéticos x lo cual los invitamos a que participen en la toma de carreteras en cada una de nuestras ciudades , tren y carretera panamericana en puntos estratégicos como Ahumada Chih Delicias Jimenes y Cuahutemoc , envíalo a todos tus contactos, será el lunes 2de enero a las 10 de la mañana en todo el estado de Chihuahua ,cd de México y en algunos otros estados . Los mantendremos informados. No permitiremos bajo ningún motivo el alsa” (sic).

Los líderes campesinos coincidieron en que los que los mexicanos no han sido escuchados por los políticos, y que éstos son ajenos a la realidad que viven las familias pobres de México; “el reflejo son los constantes gasolinazos de donde el gobierno toma el dinero de los pobres, ya que los pobres son los que consumen más combustible”.

De acuerdo con un estudio que tiene El Barzón, la gasolina incrementó un 30% en 2016, advirtió Rodríguez, por lo que acordaron salir a las calles y defender los intereses de los más desprotegidos, porque los empresarios y sectores más favorecidos pueden recuperarse con la devolución de impuestos, pero los campesinos, no.

Los representantes de las organizaciones consideraron que el alza desmedida a las gasolinas y diésel es “el golpe más bajo” que se le puede dar a los mexicanos.

“Durante la reunión también se expuso que, en el pasado, el gobierno mexicano destinaba 50 mil millones de pesos para subsidios de los combustibles y hoy, por el contrario, el gobierno por cada litro de gasolina vendido recauda 4.29 pesos de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, más el IVA, lo que evidencia el fin recaudatorio detrás de estos incrementos”, explicaron en un comunicado conjunto.

“Las acciones que se tomarán afectarán a la ciudadanía, sin embargo, la lucha es a favor de todos, ¡defendamos los intereses de los mexicanos!”, agregaron.

En la página de Chihuahua en Común, que integra a varios militantes y simpatizantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), hicieron el siguiente llamado:

“Los administradores de este grupo, en su mayoría hasta el momento hemos decidido emprender acciones de protesta y manifestación en rechazo de los gasolinazos implementados por una política entreguista a las reglas del mercado desde la administración de Felipe Calderón hasta la aprobación de la reforma energética en 2013 por el PRI y el PAN, donde se estableció la liberación de los precios a manos de los privados en 2017.

“Decidimos asistir a la convocatoria que se hace para reunirnos el día 2 de enero a las nueve de la mañana en el estacionamiento del gimnasio Manuel L. Almanza en la ciudad de Chihuahua, con el fin de integrar la manifestación y exigencias.

“Existe otra convocatoria proveniente del grupo Bajemos el precio de la gasolina Chihuahua, ese mismo día, horas más tarde, sin embargo, estaremos convocando a la primera movilización porque la exigencia es la derogación de la reforma y abogar por una industria nacional que proteja los intereses de la mayoría, del pueblo, y no a favor de intereses privados y comerciales.

“Lo importante es luchar desde cualquier trinchera, pero sin olvidar exigir esta abrogación y no solamente exhortar a los poderes que aprobaron la reforma a disminuir el impuesto a la gasolina, como lo planteó la diputada Nadia Siqueiros, misma que emergió del grupo mencionado como candidata ciudadana del PAN, partido que presentó las modificaciones para esta reforma.

“Invitamos a los integrantes del grupo y ciudadanos en general que rechazan la reforma energética, la privatización del sector y los gasolinazos promovidos por las reglas de mercado, a acompañarnos en esta lucha que es de todos, en una manifestación pacífica”.





Fuente: Proceso
Autor: Patricia Mayorga
http://www.proceso.com.mx/468151/chihuahua-las-acciones-contra-gasolinazo

Entre protestas, Quirino Ordaz Coppel asume gobierno de Sinaloa

Quirino Ordaz Coppel rindió protesta como gobernador del estado, en medio de protestas por adeudos que le heredará la administración pasada de Mario López Valdez.

De acuerdo con reportes de Río Doce, afuera del Congreso local, donde Ordaz rindió protesta, se congregaron policías estatales, municipales y viudas de agentes, quienes con mantas le piden mantener la jubilación a los 25 años, así como mejores prestaciones y salarios.

Los constructores del estadio Ángel Flores, en inmediaciones del bulevar Pedro Infante, también se hicieron presentes previo a la sesión solemne de cambio de poderes.

En mantas que fueron colocados en góndolas, los contratistas señalan como responsable del incumplimiento del pago, al gobernador saliente: “Contratistas del estadio de béisbol de los Tomateros, afectados por la falta de pago de Malova” y “Malova pone en riesgo el patrimonio de las empresas sinaloenses”, relata el diario local.

Según información de Reforma, en el recinto legislativo se encuentran los mandatarios de Puebla, Rafael Moreno Valle; Oaxaca, Alejandro Murat; Quintana Roo, Carlos Joaquín González; Durango, José Rosas Aispuro; Sonora, Claudia Pavlovich; Nayarit, Roberto Sandoval; Guerrero, Héctor Astudillo; y Zacatecas, Alejandro Tello, así como el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/468161/protestas-quirino-ordaz-coppel-asume-gobierno-sinaloa

Mueren dos adultos y una menor en balacera en Hidalgo

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició la carpeta de investigación número NUC 18-2016-02879 por los hechos registrados la noche de jueves en la comunidad de Santa Rita, municipio de Cuautepec, donde tres personas fueron acribilladas, entre ellas una menor de nueve años de edad.

En un comunicado, la dependencia detalló que las víctimas, una de las cuales falleció camino al hospital, presentaban varios disparos de arma de fuego y que una de ellas, un joven de 23 años, sobrevivió al ataque, aunque falleció durante el traslado al hospital.

En la calle Aldama, esquina Progreso, colonia Santa Rita, las autoridades encontraron tres vehículos, una camioneta Chevrolet Pick Up vino, placas de circulación del Estado de México, una camioneta Cadillac Escalade y una Jeep Liberty arena. Los dos últimos vehículos usaban placas de Hidalgo y todos presentaban disparos de arma de fuego.

Según la PGJ, los presuntos responsables huyeron a bordo de vehículo cuyas características no se dieron a conocer.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/468102/mueren-dos-adultos-una-menor-en-balacera-en-hidalgo

“Es un robo descarado”, “sí me preocupa”, lanzan automovilistas capitalinos por gasolinazo

“Es un robo descarado”, “va a estar cabrón”, “sí me preocupa”, son las reacciones de algunos capitalinos que han ido durante este viernes a gasolineras de la Ciudad de México a llenar sus tanques, de cara al incremento del próximo 1 de enero.

Víctor, despachador de la gasolinera Servicio Gran Sur SA de CV, ubicada en Boulevard Adolfo Ruíz Cortines 5499, en la delegación Tlalpan, dijo que durante esta semana ha detectado que los automovilistas han solicitado, en mayor medida, llenar sus tanques de gasolina, ya sea Magna o Premium.

“Sí han pedido (los automovilistas) más tanques llenos”, aseguró el empleado en entrevista con Apro.

Mencionó que la mayor afluencia de automovilistas se ha registrado por las tardes y esperan que entre hoy y mañana, tengan más demanda.

En este centro de abastecimiento, Javier, un automovilista cliente, señaló: “normalmente lo lleno, pero ahora con más razón lo voy a llenar para tenerlo por lo menos una semana libre y a ver qué pasa”.

-¿Le preocupa el gasolinazo?

“Sí me preocupa. Porque además tengo otro auto que gasta un poco más de gasolina. A más tardar mañana lleno el otro”, indicó el automovilista, quien iba a bordo de un vehículo Nissan, March.

Johntan, otro conductor que llenó su tanque con gasolina Premium, en un vehículo 2015, dijo que “va a estar cabrón” el aumento en el precio de las gasolinas a partir de enero.

En la misma gasolinera, Emilio, quien es chofer de un taxi, aseguró que el aumento en la gasolina sí va a tener impacto, “¿pero qué podemos hacer con este cochino gobierno que tenemos? Nos están pisoteando totalmente a todo el pueblo”.

Además, afirmó que se va a sumar al paro y protesta en gasolineras, convocado en redes sociales.

“Es un robo descarado”, lanzó otro señor, quien iba a bordo de un automóvil Mercedez Benz, y quien llenó su tanque.

En otra gasolinera, Servicio el nuevo pedregal SA de CV, ubicada en calle Oriente 12, colonia Isidro Fabela, en la delegación Tlalpan, el supervisor Arturo indicó que no han registrado un aumento en ventas o en automovilistas que pidan más tanques llenos hasta el momento.

“Nosotros vamos a trabajar normal (el domingo)”, ante la convocatoria que hay en redes sociales de paralizar tres días la compra de gasolina a partir de 1 de enero.

Fuente: Proceso

Autor: Carlos Olvera

http://www.proceso.com.mx/468108/robo-descarado-me-preocupa-lanzan-automovilistas-capitalinos-gasolinazo

CNDH emite recomendación a gobierno de Oaxaca por violencia obstétrica

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 61/2016 al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, por dos casos de violencia obstétrica y violación al derecho a la protección a la salud contra dos mujeres en el Hospital General de Juchitán de Zaragoza “Macedonio Benítez Fuentes” de la Secretaría de Salud estatal, ocurridos en 2014.

El primer caso se trata de una mujer de origen zapoteca de 19 años de edad a quien los médicos de esa dependencia le practicaron una salpingoclasia sin su consentimiento.

Según el organismo, el 20 de junio de 2014 inició el expediente CNDH/4/2014/4297/Q y atrajo el caso luego de la publicación de dos notas periodísticas que informaban que luego del nacimiento de su hijo, a la mujer la operaron para evitar que tenga más hijos sin que le explicaran los alcances y consecuencias de dicho procedimiento y, peor, aún, sin su consentimiento.

La CNDH constató que las autoridades responsables del Hospital General no respetaron el consentimiento previo, libre e informado en servicios de anticoncepción, lo que configuró violencia obstétrica, además de que condicionaron el otorgamiento del servicio de salud a la firma de un convenio que los excluye de responsabilidad y obstaculizar el acceso de justicia de la víctima.

El segundo caso es el de una embarazada de 23 años de edad, cuyo hijo perdió la vida cuando tenía 36 semanas de gestación, debido a una deficiente atención médica.

Así fue reportado en una nota periodística el 25 de julio de 2014, por lo que la CNDH inició el expediente CNDH/4/2014/4880/Q. En él detalló que la víctima cursaba 36.1 semanas de embarazo y al acudir a consultas de control prenatal el 8 y 9 de julio de ese año, los médicos del mencionado hospital le hicieron un ultrasonido que determinó que tenía exceso de líquido amniótico. No obstante, las dos veces fue dada de alta.

Dos semanas después, el 22 de julio, la agraviada volvió al hospital y un médico le recomendó ir con un especialista materno-fetal particular. Al día siguiente, en una clínica privada, se enteró de que su hijo “ya estaba muerto” desde hacía 24 horas, a casusa de “tener tanto líquido” y le recomendaron internarse en el Hospital General.

Peor aún, cuando el matrimonio llegó al hospital, según su versión, los médicos de diversos turnos “no eran coincidentes en precisar, si la expulsión del producto sería por parto natural o cesárea”. El esposo aseguró que los galenos le dieron a la paciente una pastilla para abortar, pero al no conseguirlo, fue operada tres días después, el 25 de julio, en medio de tratos groseros y regaños.

En este caso, la CNDH confirmó que los médicos omitieron solicitar interconsulta al servicio de Ginecología y Obstetricia para brindar un diagnóstico y manejo adecuado de la paciente, además de ignorar la vigilancia adecuada del producto de la gestación, mediante los estudios correspondientes.

Recomendaciones

Para ambos casos, la CNDH recomendó al gobierno de Alejandro Murat reparar el daño a las víctimas y sus esposos conforme a la Ley General de Víctimas del Estado de Oaxaca, que incluya compensación y rehabilitación. Además, pidió dar a las dos mujeres atención médica y psicológica por personal profesional especializado de forma continua hasta que alcancen su sanación física, psíquica y emocional.

Otra de las recomendaciones fue impartir dos cursos de capacitación a todo el personal del Hospital General en materia de derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres, especialmente en libertad y autonomía reproductiva, en relación con el consentimiento informado en servicios de anticoncepción y sobre violencia obstétrica, con perspectiva de género y trato humanizado.

Incluso, pidió que se implemente en dicho hospital una campaña de difusión de los derechos de las mujeres usuarias de los servicios de salud reproductiva.

También solicitó presentar al Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para incluir la esterilización forzada como un tipo penal; así como contar con la infraestructura y equipamiento adecuado y suficiente en el área de Ginecología del Hospital General; y colaborar con la CNDH en el trámite de la queja administrativa para que se inicie procedimiento disciplinario ante la instancia correspondiente contra los responsables.

Por último, sugirió inscribir a las mujeres y sus esposos en el Registro Estatal de Víctimas de Oaxaca para que tengan acceso, en lo conducente, al Fondo de Apoyo y Auxilio de las Víctimas de esa entidad federativa; además de que colabore en la denuncia que la CNDH formule ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por las acciones y omisiones cometidas contra la mujer que perdió el producto de la gestación.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/468106/cndh-emite-recomendacion-a-gobierno-oaxaca-violencia-obstetrica

Asaltan Central Camionera y hieren a cajero en Michoacán

A punta de pistola, un par de sujetos encapuchados asaltaron la mañana de este viernes la línea de autobuses Autovías que se encuentra en la Central Camionera de este municipio; en la acción, resultó herido de bala el cajero Antonio A., de 28 años de edad, quien tuvo que ser trasladado a un hospital.

Testigos del incidente relataron a la policía que los delincuentes llevaban el rostro cubierto con pasamontañas hasta la ventanilla que atendía Antonio, a quien, a gritos, le exigieron el dinero que había en caja y luego le dispararon en dos ocasiones. Los impactos se alojaron en las piernas.

Enseguida, los ladrones huyeron con rumbo desconocido.

Minutos más tarde, paramédicos de Protección Civil auxiliaron al cajero y lo canalizaron al hospital local del Instituto Mexicano del Seguro Social, en tanto que elementos de la policía y la procuraduría estatal se dieron a la tarea de buscar a los asaltantes sin éxito.

Fuente: Proceso

Autor: Francisco Castellanos

http://www.proceso.com.mx/468104/asaltan-central-camionera-hieren-a-cajero-en-michoacan

El gasolinazo, “una catástrofe”, afirma el EZLN

El subcomandante Galeano, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) calificó el gasolinazo que inicia el próximo 1 de enero como una “catástrofe” y comparó la realidad mexicana con un texto de ciencia ficción.

Galeano leyó el escrito “El gato-perro y el Apocalipsis” en las instalaciones de la Universidad de la Tierra (Unitierra) donde explicó que en México la catástrofe “tiene varios orígenes” y es como un meteorito “que ha cambiado de ruta con la misma constancia que un político haciendo declaraciones sobre el alza de combustibles, o un tornado de tiburones, o un planeta desviado de su curto, o un sol irritado lanzado fuera de su órbita”.

Una catástrofe, abundó, es también “una enfermedad proveniente del espacio de una nave extraterrestre, o una arma biológica que se sale de control y convertida en gas inodoro convierte al que entra en contacto con él y lo trasmuta en político profesional o en algo no tan horrible”.

En México, abundó, “se vive una crisis estructural” que no es más que el “imperio de la violencia criminal”, de las catástrofes naturales, de la carestía y desempleo desenfrenado.

Se viven también tiempos de “colapso energético, migraciones, hambre, enfermedad, destrucciones, muerte, desesperación, angustia, terror y deshumanización”, lamentó.

Y alertó que “un crimen está en curso”, el “más cruel y grande” que se haya visto en la historia de la humanidad, que incluso está dispuesto a todo “y se llama capitalismo” por lo que pidió al pueblo a prepararse para enfrentar la realidad.

Desde el lunes pasado, unos 200 encapuchados de las regiones Selva, Altos, Fronteriza y Norte de Chiapas, están reunidos en la Universidad de la Tierra, con 82 científicos de 11 países.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/468094/gasolinazo-una-catastrofe-afirma-ezln

Todo se encamina a no permitir el sueño de un salario justo: dólar caro, inflación, gasolinazos…

2016 inició con una molestia generalizada provocada por un aumento salarial de 2.94 pesos. Justo después de que en 2015 las cifras de pobreza en el país anunciaron que en los dos últimos años, la principal causa generadora de pobres era el ingreso de los mexicanos. Y es que el salario aumentó entre 2006 y 2016 sólo sólo 3.91 pesos, pese a que en ese periodo los mexicanos tuvieron que enfrentar una severa crisis económica (2008) y más recientemente, en la era Peña Nieto, una devaluación del tipo de cambio de 63 por ciento, de acuerdo con los precios del dólar al día de hoy.

En todo este tiempo también se rompieron varias promesas con las que el PRI regresó a Los Pinos: “vas a ganar más”, “habrá impuestos justos y progresivos”, “erradicaré la pobreza alimentaria”, “bajará el precio de los combustibles”…

A unos cuantos días de terminar el año, el Gobierno federal hizo un anuncio que desató reacciones de enojo y molestia, ya que en sentido contrario de lo que prometió en los spots que promovieron la Reforma Energética desde 2013, avisó que el precio de las gasolinas a partir del 1 de enero de 2017 subirá 20 por ciento.

Aunque este aumento obedece al proceso de liberalización del precio de las gasolinas, decretado por la reforma en cuestión, parece no caer en el mejor momento para la economía mexicana, que viene arrastrando otra molestia generada por la calidad de los salarios.

El Banco de México (Banxico) por años argumentó que una de las principales razones por las que no podía aumentar el salario mínimo es porque se desataría la inflación. Pero para enero, el aumento del precio de la gasolina podrá ser el factor que reviente el límite de 4 por ciento previsto por esta entidad, ya que los nuevos precios podrían provocar una oleada de aumentos en toda la cadena productiva, en la que el principal afectado sería el consumidor final, tomando en cuenta que a este incremento le anteceden tres más registrados en septiembre, octubre y noviembre de este año.

Pero a lo largo de todo este año, Enrique Peña Nieto rompió muchas de las promesas que hizo como candidato y luego como Presidente electo de México. Muchas de ellas han profundizado la crisis salarial que académicos y organizaciones civiles han denunciado a lo largo de este año.

De 2006 a 2016, el salario mínimo ha aumentado tan sólo 3.91 pesos. En ese periodo, el aumento más alto fue justamente el de 2016, cuando la Comisión Nacional de Salarios Mínimos decretó un incremento de 2.94 pesos para situarlo en 73.04 pesos. Antes, los aumentos otorgados figuraban entre los 1.38 pesos e incluso se redujeron 1.65 pesos, como fue el caso de 2008.

Por el contrario, a partir del 1 de enero, los mexicanos tendrán que pagar 2.01, 2.98 y 2.42 pesos más por las gasolinas magna, premium y el diésel. Para llenar un tanque de 50 litros, se desembolsarán 100, 149 y 121 pesos más, respectivamente.

Este año, uno de los grandes debates giró en torno a obtener un salario mínimo justo, que sería de 89 pesos –cantidad con la que se puede acceder a la canasta básica alimentaria, según el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)–. Sin embargo, la Conasami y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) anunciaron, la primera semana de diciembre, que el aumento al salario mínimo para 2017 sería de 80.04 pesos diarios. El ajuste se realizó a través de una fórmula que incluye un incremento nominal de 4 pesos y otro de 3.9 por ciento. Es decir, 7 pesos más respecto a la cantidad decretada para este año, el aumento más alto desde 1999.

2016 cierra con precios de luz más altos; con un crecimiento sostenido de la pobreza; con el riesgo de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) finalice; con el tipo de cambio devaluado 63 por ciento, y con una estimación de inflación bastante discreta, poco acorde con la perspectiva económica del nuevo año.

De acuerdo con la última medición del Coneval, de 2014, una de cada cinco personas recibió un salario tan bajo que aunque lo hubiera destinado íntegro para comprar la canasta básica, ésta seguiría inalcanzable, por su valor de mil 243 pesos mensuales por persona; más de la mitad de la población tiene un ingreso inferior a los 2 mil 542 pesos mensuales.

La proporción de mexicanos que viven con ingresos inferiores a la línea de bienestar y línea de bienestar mínimo, aumentó 0.5 y 1.6 puntos respectivamente. A pocos días del anuncio del aumento de precios, varios sectores productivos ya abordan las consecuencias. El Barzón aseguró que el precio del maíz podría aumentar 80 por ciento; transportistas también alistan una petición para incrementar las tarifas.

Además, la Reforma Energética contempla que la gasolina sí podría bajar su precio, pero también puede incrementar aún más.

Mientras tanto, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), negó a Ciro Gómez Leyva que el incremento tuviera un efecto inflacionario.

LAS PROMESAS ROTAS

Enrique Peña Nieto hizo 23 propuestas como candidato. De entrada se comprometió a aplicar impuestos justos y progresivos para que quien más gane, pague más; así como revisar las atribuciones fiscales de los tres niveles de gobierno. Pero justo este año, la Unidad de Datos de SinEmbargo publicó que ahora que las finanzas públicas padecen un endeudamiento histórico; cuando los ingresos petroleros se fueron al suelo y cuando los bolsillos de los ciudadanos son la única alternativa para que el Gobierno siga funcionando, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) le perdonó 56 mil millones de pesos a corporaciones, empresarios, políticos y ciudadanos “influyentes”.

En esas listas figuraron Casas Geo, Televisa, Tv Azteca, Elba Esther Gordillo, Omnilife, Industrias CH y otros miles de empresas y personajes más. Mientras, 53 millones de contribuyentes cumplen de manera puntual con sus impuestos.

Otro compromiso fue el de erradicar la pobreza alimentaria. Sin embargo, a pesar de tener dos programas insignes –Prospera y la Cruzada Nacional Contra el Hambre–, la carencia alimentaria sólo se ha reducido 0.1 por ciento, según el Coneval, al pasar de 23.3 a 23.4 por ciento del total de la población de México.

El Estado de México es la entidad que tiene al mayor número de población viviendo en esas condiciones: 3.5 millones. Le siguen Veracruz con 2.4 millones; Michoacán con 1.6 millones; y Oaxaca y Chiapas con 1.4 millones de personas cada uno.

De acuerdo con el Coneval, el acceso a la alimentación se redujo en una mitad del territorio nacional, mientras que en la otra aumentó, principalmente en Hidalgo, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca y Tabasco.

Video: https://youtu.be/CRmeud7-NfI

Pero la promesa rota más significativa en el contexto actual es el de “bajar el precio a combustibles”. El Presidente presumió en su mensaje de año nuevo en enero de 2015, una efímera disminución de los combustibles “por la Reforma Energética”; funcionarios de su Gobierno y él mismo prometieron que bajarían los precios en los siguientes meses y años.

“Se acabaron los gasolinazos que tanto lastimaron mes a mes la economía de las familias mexicanas”, presumía el Presidente en un video donde aseguró que a partir de su anuncio y gracias a la Reforma Energética, se habría de evitar el aumento en los precios del combustible.

Fue en octubre del año pasado, cuando el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, informó que a partir de enero de 2016, como parte de las medidas fiscales propuestas en el paquete económico, los mexicanos se encontrarían con una disminución en los costos de las gasolinas. No ocurrió así. A partir de julio de este año los precios se incrementaron mes con mes.

Las autoridades también negaron el aumento al precio dela electricidad, pero en julio de este año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció un incremento en las tarifas eléctricas para el sector industrial, comercial y doméstico de entre 5 y 7 por ciento. Esta era otra de las promesas de Peña: “la Reforma Energética verás que bajará tu recibo de luz”, decía uno de los tantos spots.

Y agregaba: “también el de gas” y aunque éste no aumentó en 2016, para 2017 el precio aumentará, ya que el Gobierno dejará de cubrir el descuento del 10 por ciento, según lo anunciado por la Comisión Reguladora de Energía.

Finalmente, están los “10 compromisos con tu economía familiar”, promulgados por Peña en los primeros días de su gobierno.

1. Vas a ganar más por tu trabajo, ya sea en tu negocio o en tu empleo. Darle valor a tu trabajo es darle valor a México.
2. Vamos a detener el alza de los precios de los alimentos básicos.
3. Vamos a bajar el precio de la luz, para apoyar a todas las familias.
4. Habrá útiles escolares gratuitos para los niños de primarias y secundarias públicas.
5. Becas de transporte para quienes estudian la prepa o la universidad lejos de su casa.
6. Vales de medicinas en el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular para asegurar el abasto de medicamentos. Si el gobierno no te da las medicinas, que te las pague.
7. Las jefas de familia tendrán un seguro de vida, para que sus hijos estén protegidos si ellas llegaran a faltar.
8. Todos los adultos mayores de 65 años recibirán una pensión.
9. Los programas Oportunidades y Seguro Popular van a continuar y crecer.
10. Habrá apoyos para que mejores o amplíes tu vivienda

Cumplir las promesas que mejorarían la economía familiar, es en el cuarto año de gobierno de Enrique Peña Nieto, una misión casi imposible. A decir de los académicos consultados por SinEmbargo, en septiembre de este año, las promesas firmadas ante notario, son a estas alturas sólo futuro material de una nueva campaña: la de 2018.

Fuente: Sin Embargo

Autor: Daniela Barragán

http://www.sinembargo.mx/30-12-2016/3130860

El abuso de poder en México seguirá si la sociedad civil no audita al Estado, dice Buscaglia

Para el investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, en el nuevo marco legal anticorrupción que se discute hace falta que se incluyan mecanismos de vigilancia ciudadana y técnica sobre las nuevas instituciones. Sobre todo, en la nueva Fiscalía General, cuya autonomía deberá estar garantizada desde los procesos de postulación y selección de candidatos hasta el monitoreo de su trabajo como titular del Ministerio Público: “Ninguna postulación que venga ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo va a tener un mínimo de legitimidad para poder considerarla autónoma. Así de mal están las cosas…”, alertó en entrevista con SinEmbargo.

En el tránsito de México a la democracia, el combate a la corrupción fue finalmente colocado este 2016 el centro de la discusión política. El pasado 5 de junio, por ejemplo, de acuerdo con el análisis de los partidos, motivó el “voto de castigo” a los partidos en el poder en estados cuyos hoy ex mandatarios estaban acusados de este tipo de abusos, como Chihuahua, Veracruz o Quintana Roo, entre otros.

Fue también el año de publicación de la nueva Ley General del Sistema Nacional Anti-corrupción, que obliga la coordinación de al menos siete entidades en contra de estos delitos: la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Instituto de Acceso a la Información Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura y un miembro del Comité de Participación Ciudadana.

Y fue, también, el año en el que al reclamo de las organizaciones de la sociedad civil le siguió la eliminación de un artículo que daría al cuestionado abogado priísta Raúl Cervantes Andrade, actual Procurador General de la República, pase automático para ser nombrado el próximo Fiscal de la nación.

Pero el camino hacia un efectivo combate al abuso de poder político es todavía largo para México, dice el académico e investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia.

Hace falta que el nuevo marco legal anticorrupción que se discute incluya, dice, mecanismos de vigilancia ciudadana y técnica sobre las nuevas instituciones.

Sobre todo, insiste Buscaglia, sobre la nueva Fiscalía General, cuya autonomía no llegará por nomenclatura, sino que debe estar garantizada desde los procesos de postulación y selección de candidatos hasta el monitoreo de su trabajo como titular del Ministerio Público.

“Las democracias modernas, todas, tienen redes de auditores de sociedad civil que cubren al sistema Judicial; a jueces, fiscales, policías, donde auditan al sistema de administración de justicia penal”, dice Buscaglia en entrevista.

“En Alemania, en Estados Unidos se llama CourtWatch, y esa capacidad de auditoría de la sociedad civil en México no existe; es un vacío de Estado, en el que no se regula la capacidad auditora de la sociedad civil. Eso tendría que estar proponiendo la sociedad civil mexicana ahora para el caso del Fiscal General: establecer una capacidad auditora de sociedad civil por ley, aprovechando esta reforma para auditar a los agentes del Ministerio Público y al Fiscal General”, agrega el también autor de títulos como Lavado de dinero y corrupción política: el arte de la delincuencia organizada y Vacíos de poder en México: el camino hacia la seguridad ciudadana, entre otros.

–En México se pospuso la discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuál es tu análisis de todo el proceso?

La experiencia internacional, que es la única que me da fundamentos para lo que recomiendo, es bastante clara: en países donde las instituciones del Estado adolecen de niveles de confianza paupérrimos, como es el caso de México, o como era el caso de Guatemala o el de Colombia o el de Italia, lo que tienes es que se necesitan instituciones adecuadas para que los fiscales sean, primero, autónomos en la práctica y no solamente en el texto de la Constitución, e instituciones mucho mas fuertes que las que uno observa en países con una tradición de Estado de Derecho y de democracia, como Francia, Alemania o de Estados Unidos, que no necesitan instituciones tan restrictivas para el nombramiento de sus fiscales generales.

En el caso de países donde han sido ampliamente penetradas sus instituciones del Estado, como es el caso de México, lo que necesitas es separar el mecanismo. Una de las características de los casos de éxito es separar el nombramiento y la nominación, la postulación del Fiscal general, separar los candidatos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

–¿Quién lo nombraría?

Tendrías que tener una comisión de postulación, de tres o cuatro candidaturas que después se lleven al Senado, y que esa comisión no esté formada por representantes del Estado, sino que deben ser dos o tres representantes de asociaciones de víctimas, dos decanos de Derecho, un presidente de la barra de abogadas, pero que tuviera dientes, no como en México, que no tienen ningún tipo de control de calidad sobre la calidad de sus abogados; pero en los países donde sí existe una barra de abogados fuerte, como Argentina, ahí tiene mucha influencia en la selección de postulaciones. ¿A qué me refiero? A las listas iniciales de candidatos, que tiene que estar elevada por una comisión constitucional de postulación, que revisen tres o cuatro candidaturas. Y una vez que estas tres candidaturas se elevan al Senado, se tienen que sujetar a lo que indique la Ley Orgánica de la Fiscalía General, en cuanto a los requisitos de los candidatos, que tienen que ser abogados, sin antecedentes penales, con ciertas características. Y luego el Congreso en pleno tiene que evaluar a estos tres candidatos, no sólo el Senado, aunque después las dos terceras partes del Senado sean las que tienen que votar. Es decir, que se le tiene que dar también una capacidad a la Cámara de Diputados para que puedan emitir juicios sobre las precandidaturas, pero no pueden empezar a incorporar amigos o a “carnales”, como le dicen en México, o a otros candidatos que envíe el Presidente o que envíe el Senado. Entonces sí, ahí sí, si quiere Cervantes someterse a la postulación de esa comisión de sociedad civil, que vaya y que le den una oportunidad. Pero tendría que pasar por ahí.

Ninguna postulación que venga ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo va a tener un mínimo de legitimidad para poder considerarla autónoma. Así de mal están las cosas y así de mal estaban las cosas en Italia, en Colombia y en Guatemala.

Entonces, hay que separar la postulación, hay que eliminar ese ‘pecado original’ del postulado, que es el quién te postula. Ya el hecho de que te postule alguien de los partidos, ya eso implica una mancha en la imagen y, por tanto, hay que eliminarlo.

–¿Qué detalles te han llamado la atención de la discusión?

Ante todo, la sociedad civil, felicidades. La sociedad civil, que al menos yo veo, se movió ante lo de Cervantes y forzó al Presidente a recular, y eso es bueno y hay que felicitar y acreditar esa reacción. No llevaron millones a las calles, como hicieron en Italia o como hacen en los países realmente democráticos, pero digamos que es mejor que nada.

Pero cuando veo las conferencias, no se animan a forzar estas mejores prácticas internacionales, como la que acabo de mencionar, que darían un rol a la sociedad civil a través de la comisión de postulación (del futuro Fiscal), técnica, que tiene que estar constitucionalmente establecida. Eso es lo que tendría que estar proponiendo la sociedad civil mexicana para que las postulaciones, los nombres, surjan de la sociedad.

Después de esto, olvídate por un minuto del Fiscal, tienes que tener una ley orgánica de agentes del ministerio público, que establezca un servicio civil de carrera totalmente autónomo, como el que establece la colombiana, un servicio civil de carrera fuerte, que reevalúe a todos los miembros de la PGR [Procuraduría General de la República] y de las fiscalías de los estados; que los someta a mecanismos de evaluación, de exámenes, nuevamente para ver quién puede pasar o no estos aspectos técnicos para que puedan seguir o no trabajando en las fiscalías o ministerios públicos, pero tiene que haber un servicio civil de carrera, con mecanismos de nombramiento, mecanismos disciplinarios.

En cuanto a éstos, la sociedad civil tiene que estar también involucrada a través de una comisión en la que no sean sólo inspectorías internas las que decidan si a alguien se le remueve como agente del ministerio público, sino que también tiene que haber una comisión auditora de sociedad civil, que a través de denuncias sociales o de víctimas se pueda evaluar los casos de agentes del ministerio público acusados de corrupción o de diferentes tipos de faltas. Ese tipo de mecanismos todavía no están propuestos en la Ley General Orgánica del Ministerio Público; por tanto, los requisitos de nombramiento y remoción a través de comisión de sociedad civil y de una inspectoría interna no están ni siquiera propuestos.

Edgardo Buscaglia explicó que este tipo de inspectorías internas deben realizar revisiones patrimoniales al azar. Sin embargo, alertó, que como en el caso de la Ley Tres de Tres, no basta con que se presenten las declaraciones patrimoniales, además aún se tienen que someter a auditorías esas declaraciones.

“Estas auditorías además tienen que estar financiadas autónomamente, no sujetas al nombramiento del Fiscal General. Las democracias modernas, todas, tienen este tipo de redes de auditores de sociedad civil que cubren al sistema judicial, a jueces, fiscales, policías, donde auditan al sistema de administración de justicia penal. En Alemania, en Estados Unidos se llama CourtWatch, y esa capacidad de auditoria de sociedad civil en México no existe; es un vacío de Estado, en el que no se regula la capacidad auditora de la sociedad civil”, agregó.

En el caso del futuro Fiscal General, consideró el investigador, la propuesta desde la ciudadanía debe proponer que se establezca “una capacidad auditora de sociedad civil por Ley, aprovechando esta reforma para auditar a los agentes del Ministerio Público y al Fiscal General”.

“Después tienes el tema de los órganos de control de la Fiscalía General por parte del Poder Legislativo. El control técnico de los órganos autónomos está ausente en el Legislativo, donde podría haber un proceso de comparecencias no anual, como sugirió un Senador, no: todos los meses, el Fiscal General tendría que comparecer ante una comisión técnica de control del Poder Legislativo, a la que le dé cuentas investigación por investigación para ver si cumplen con el orden jurídico vigente y con convenciones de Derechos Humanos”, precisó.

Buscaglia destacó que este tipo de comparecencias técnicas ya son implementadas en Francia, España y Estados unidos.

“Cada investigación del FBI hay una subcomisión del Congreso norteamericano que la evalúa a través de un plantel técnico de servicio civil de carrera que se llama el Congressional Research Service, que son empleados sujetos a un servicio civil de carrera, que están detrás de las comisiones de Congreso, para que cuando el director del FBI vaya mensualmente a comparecer ante la subcomisión –a puerta cerrada o abierta, dependiendo de la causa– el punto es que tiene que dar cuentas técnicamente hablando ante la subcomisión del Congreso. Claro, envía el reporte una semana antes para que los legisladores lo puedan evaluar con la ayuda técnica del plantel de servicio civil de carrera”, ejemplificó.

El académico puntualizó que este tipo de control técnico Legislativo es necesario en toda democracia, para que ésta pueda llamarse así. Alertó que es preciso que la evaluación debe ser legislara desde ahora para que se establezca dentro del marco jurídico para el nombramiento del Fiscal General.

Señaló que “los países que han tenido resultados positivos en sus nuevas fiscalía autónomas han tenido fiscales autónomos sometidos a una comparecencia técnica mensual, en la que cada investigación es evaluada por las subcomisiones del Congreso”.

“Eso es ciencia ficción en el congreso de México. Pero voy a poner un ejemplo: en Uruguay y en Colombia, la comisión del Congreso que se dedica a hacer comparecer al Fiscal le exige que, en cada investigación por delincuencia organizada o asociación ilícita, que presente cinco investigaciones paralelas para abarcar a toda la red criminal, sea caso de corrupción política o sea caso de delincuencia económica privada. Ahí te das cuenta por qué funciona; no porque se llama autónoma, sino porque el Congreso exige que esas cinco investigaciones también estén: la penal, financiera, patrimonial, tributaria y la investigación por extinción de dominio, que en México es otra simulación”, destacó.

Finalmente, el investigador consideró que “con ese monitoreo legislativo ya encuentras una presión para que la Fiscalía funcione. No por ser autónoma va a funcionar; no es una panacea la palabra “autónoma”, por más que el Fiscal sea nombrado autónomamente, tienes que asegurarte que el monitoreo sea técnico”.

Fuente: Sin Embargo

Autora: Sandra Rodríguez Nieto

http://www.sinembargo.mx/30-12-2016/3131109

La migración no para: encuentra nuevas rutas

En su mayoría viajaban a lomos de La Bestia, pero la excesiva vigilancia del ferrocarril los obligó a cambiar de transporte. Ahora se desplazan en autobuses de pasajeros o hacinados en tráileres y camionetas. No importa cómo, pero decenas de miles de centroamericanos persisten en su afán de llegar a Estados Unidos, a despecho de que los gobiernos de ese país y de México eroguen ingentes cantidades en la aplicación de programas de contención. Nada parece ser capaz de detener el flujo de personas que huyen de la violencia del llamado Triángulo Norte de Centroamérica.

Por conducto de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y con fondos de la Iniciativa Mérida, el gobierno de Barack Obama financia desde mayo pasado un programa de capacitación a funcionarios mexicanos para desmantelar las redes de tráfico de migrantes que operan en el país, las mismas que decenas de miles de centroamericanos contratan cada año para alcanzar la frontera estadunidense.

Se trata del Proyecto Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes 2016-2018, ejecutado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) “en estrecha coordinación” con la Procuraduría General de la República (PGR).

Como parte de este proyecto, agentes estadunidenses de seguridad empezaron a capacitar a funcionarios de la PGR y de la Policía Federal (PF), así como a “funcionarios federales ubicados en estados seleccionados de la República y a autoridades estatales” para detectar, investigar y perseguir el tráfico de migrantes, con “un enfoque de delincuencia organizada trasnacional”, incluyendo una vertiente de investigación financiera.

Los estados “seleccionados” son los 10 fronterizos –del norte y del sur–, además de Oaxaca, Durango, Jalisco, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Veracruz.

El objetivo del proyecto –cuya copia obtuvo Proceso mediante una solicitud de acceso a la información– es “apoyar los esfuerzos del gobierno mexicano para hacer frente al tráfico ilícito de migrantes, prestando especial atención a los procesos interinstitucionales para prevenir, detectar y perseguir el delito, así como proveer asistencia a los migrantes objeto de tráfico”.

El documento no especifica la cantidad de dinero que el Departamento de Estado –del que depende la INL– erogará para su aplicación.

Uno de los componentes del proyecto plantea la impartición de “asesoría especializada” a la Unidad de Investigación de Delitos contra Personas Migrantes de la PGR –creada el 18 de diciembre de 2015–, así como “asistencia legislativa”, que consiste en un “debate legislativo” y la participación en un foro internacional de intercambio de buenas prácticas.

También prevé el desarrollo de campañas de comunicación dirigidas a las autoridades de los tres niveles de gobierno para informar sobre el tráfico de migrantes. Para ello, el proyecto considera cuatro mesas de trabajo en México y dos en Estados Unidos.

El proyecto se había dado inicio el pasado 30 de agosto, cuando Arely Gómez, extitular de la PGR, lo presentó junto con Roberta Jacobson –la embajadora de Estados Unidos en México–, Antonio Luigi Mazzitelli –representante en México de la ONUDD–, así como funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.

El pasado 9 de mayo se instaló la primera sesión de trabajo en el Salón Justicia de la PGR, donde se presentó formalmente el proyecto; otras se llevaron a cabo en Guadalajara, el 1 de septiembre; Hermosillo, el 8 de septiembre; Mexicali, el 22 de octubre; y Toluca, el 10 de noviembre.

Del 22 al 26 de agosto se reunieron 21 funcionarios de la PGR y la PF en el Centro Nacional de Capacitación y Adiestramiento de la Cruz Roja Mexicana de Toluca, donde recibieron el taller “Fortalecimiento de las capacidades de funcionarios encargados de la aplicación de la ley para la detención, investigación y persecución del delito de tráfico ilícito de migrantes”.

Participaron los agregados de la PGR para Centroamérica y el Caribe y América del Sur, así como de las ciudades estadunidenses de San Diego, El Paso, San Antonio y Los Ángeles, según las constancias que la PGR proporcionó a Proceso.

El taller no le costó un peso al gobierno mexicano: el Departamento de Estado estadunidense cubrió los traslados y los viáticos de los asistentes, de acuerdo con el oficio SJIAI/CAIA/0811/2016, emitido por la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la PGR.

Del 7 al 11 de noviembre, agentes de la PGR asignados a las delegaciones de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, así como a las agregadurías antes mencionadas, asistieron al taller de “Formación operativa para el análisis, investigación y persecución penal del tráfico ilícito de migrantes” en Tijuana.

De nueva cuenta, el Departamento de Estado, “a través de la Iniciativa Mérida, (cubrió) el costo del viaje y los viáticos a los asistentes con base en las tablas de Naciones Unidas”, señala una serie de invitaciones enviadas a los agregados de la dependencia.

El flujo sigue

A mediados de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto oficializó el endurecimiento de la política migratoria con la aplicación del llamado Programa Frontera Sur (PFS). Como consecuencia, el Instituto Nacional de Migración (INM) multiplicó los operativos en las carreteras, pero también en el ferrocarril que atraviesa México de sur a norte.

En los últimos tres años el INM detuvo a 429 mil 407 migrantes centroamericanos, de los cuales deportó a 402 mil 76.

En 2015, por primera vez México deportó a un mayor número de centroamericanos que Estados Unidos: el INM reportó 176 mil 726 deportaciones, y las autoridades estadunidenses, 76 mil 345.

Los migrantes centroamericanos siguen llegando a la frontera norte de México, así como a Estados Unidos: entre enero y octubre de este año, el INM detuvo a 4 mil 500 en Coahuila, 2 mil 951 en Nuevo León y 9 mil 700 en Tamaulipas, tres estados colindantes con Texas.

Entre octubre de 2015 y el mismo mes de 2016, la Patrulla Fronteriza estadunidense detuvo a 218 mil 110 migrantes “otros que mexicanos” –prácticamente todos originarios de Centroamérica– en la frontera con México, informó Jeh Johnson, el director del Departamento de Seguridad Nacional, el pasado 18 de octubre. 140 mil 496 de ellos fueron detenidos en Valle del Río Grande, Texas.

Previo al incremento de los operativos, los migrantes de origen centroamericano más pobres se subían en los vagones del tren de carga –La Bestia– para llegar a la frontera estadunidense.

En entrevistas por separado, trabajadores de tres albergues de migrantes en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, afirman a Proceso que el flujo de migrantes que viajan en tren disminuyó.

A la par, sostienen que para el traslado de migrantes se incrementó el uso de líneas comerciales de autobuses –sobre todo entre mujeres y menores de edad, pese al riesgo de ser detectados en los retenes carreteros y posteriormente deportados– y de los tráileres operados por traficantes.

En Saltillo, por ejemplo, bajaban del tren más de 300 personas al día antes de la puesta en marcha del PFS; ahora son menos de 50, dice Javier Martínez, del área de protección de la Casa del Migrante de Saltillo.

“A pesar del Programa Frontera Sur, la migración no para, porque hay una situación muy grave por la violencia en Centroa­mérica; las pandillas amenazan de muerte a las familias, o de reclutar a sus hijos; la migración se da más por eso que por razones económicas”, insiste. Y subraya: “Los migrantes encuentran siempre una manera de seguir viajando”.

En Reynosa, Tamaulipas, ocurrió lo mismo: según el pastor Héctor Joaquín Silva, responsable del albergue Senda de Vida, en los últimos meses “ha bajado” el flujo de migrantes que viajan por tren; sin embargo recalca que el número de migrantes “se mantiene”: indica que se generalizó la modalidad de viajar por autobuses de línea a la ciudad fronteriza, pero también en vehículos privados, “engañados” –y a veces secuestrados– por traficantes, precisa.

En Monterrey incluso se incrementó más de 60% el número de migrantes que acudió al albergue Casanicolás, asevera Victoria Ríos Infante, coordinadora de vinculación de esta institución: en 2015 llegaban en promedio 90 personas por mes; este año la cantidad se elevó a 149. “Vemos al migrante más cansado, física y emocionalmente, que antes del Programa Frontera Sur”, plantea.

Ríos desconoce la magnitud del tráfico de personas en la zona, ya que los migrantes que usan los servicios de traficantes no se hospedan en el albergue. “Hay un número considerable de migrantes en hoteles pequeños, de más bajo costo, de la zona centro de Monterrey”, declara.

Hechos sucesivos

En los últimos meses se sucedieron detenciones masivas de migrantes que viajaban hacinados en tráileres.

El 26 de septiembre pasado, siete agentes del INM fueron atacados con armas de fuego por traficantes de personas en la carretera transístmica 185, en Oaxaca. Los agentes habían detenido a un traficante que llevaba 25 migrantes en la caja de una pick up, cuando los alcanzaron cinco personas armadas a bordo de motocicletas; éstas les dispararon y los obligaron a detenerse. Liberaron al traficante y se llevaron a los migrantes.

El 4 de octubre, el INM informó que un grupo de traficantes de personas abandonó a alrededor de 55 migrantes en el municipio veracruzano de Tres Valles, al notar que cuatro de ellos habían muerto de asfixia y deshidratación durante un viaje de 48 horas, sin escalas, en una camioneta cerrada, con logotipos clonados de Correos de México.

El siguiente 13 de octubre, al revisar dos vagonetas en la carretera que va de Ciudad Valles, San Luis Potosí, a Ciudad Victoria, Tamaulipas, agentes de la PF encontraron hacinados en los vehículos a 122 migrantes, 45 de ellos menores de edad.

Tres semanas más tarde, el 2 de noviembre, un tráiler fue detenido en un retén del INM en la carretera Villahermosa-Cárdenas, Tabasco. En la caja estaban amontonados 94 centroamericanos, entre ellos 43 menores. El mismo día, en la carretera libre Aguascalientes-Zacatecas, el INM detuvo un autobús en el que viajaban 92 indocumentados, entre ellos 23 menores.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre Tráfico de Personas 2016, que la ONUDD publicó este miércoles 21, las autoridades mexicanas sentencian a entre 60 y 100 traficantes de personas cada año desde 2012, la mayoría de ellas provenientes de Centroamérica.

Iniciativa Mérida

No es la primera vez que Washington destina fondos de la Iniciativa Mérida para reforzar la política de contención migratoria en México.

En febrero y marzo pasados, informes del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) señalaron que, de acuerdo con el tercer pilar de la Iniciativa Mérida –que consiste en crear una “frontera del siglo XXI”–, el gobierno de Obama erogó casi 20 millones de dólares para reforzar la frontera sur de México.

Estos fondos se destinaron a la instalación de kioscos móviles, adiestramiento a equipos caninos y capacitación para agentes migratorios, “incluyendo el monitoreo de migrantes vulnerables, traficantes y terroristas potenciales”, según el informe Cooperación en Seguridad EU-México: la Iniciativa Mérida y más allá, publicado el 22 de febrero.

En el segundo informe, Los recientes esfuerzos de México en ordenar la migración, publicado el 9 de marzo, el CRS recordó que la Agencia de Inmigración y Aduanas creó en México una Unidad de Investigación del Crimen Trasnacional, que investiga el tráfico de personas, y que el Departamento de Defensa entrenó y equipó a las fuerzas armadas mexicanas.

Además señaló que “el Departamento de Estado reprogramó recientemente 60 millones de dólares (mil 122 millones de pesos, según el valor promedio de cambio en 2016) de fondos no erogados durante años previos para apoyar proyectos existentes, una red de comunicación segura para agencias mexicanas en la frontera sur y equipo biométrico para el INM”.

Y añadió: “Una amplia porción de los 70 millones de dólares (mil 309 millones de pesos, según el mismo cambio promedio anual) que el Departamento de Estado dedicó a los programas de seguridad fronteriza (norte y sur) con fondos de los años fiscales 2013-2015 se usarán para los esfuerzos de la frontera sur”.

En el presupuesto para 2016, la Secretaría de Hacienda destinó mil 809 millones de pesos al INM, 88% de los cuales se destinó a cubrir la nómina.

El CRS, que provee información a los congresistas estadunidenses, planteó que “mientras funcionarios de Estados Unidos saludaron los esfuerzos de México (en la contención migratoria), grupos defensores de derechos humanos criticaron a México por los abusos perpetrados por funcionarios contra migrantes, por fracasar en proveer información sobre visas humanitarias o asilo político (…) y por detener a niños migrantes”.

También subrayó que la sociedad civil “levantó voces preocupadas respecto a la gestión que tiene México de sus flujos migratorios complejos y sobre su capacidad de proteger a los migrantes” y que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados “expresó su preocupación ante las negativas de México para otorgar acceso al asilo a los refugiados provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica”.

Fuente: Proceso

Autor: Mathieu Tourliere

http://www.proceso.com.mx/467787/la-migracion-encuentra-nuevas-rutas