El pasado 26 de diciembre, la CNDH decidió cerrar una recomendación hecha a las instituciones poblanas para buscar justicia y reparar el daño por la muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo. El menor de edad de Chalchihuapan fue la víctima más sobresaliente que dejó la “Ley Bala” impulsada por el Gobierno del panista Rafael Moreno Valle. Con ello, el organismo nacional dejó sin seguimiento el impulso de investigaciones por lo sucedido el 9 de julio del 2014, justo cuando Moreno Valle se prepara para dejar su cargo el próximo 1 de febrero. El abogado de Elia Tamayo, madre del menor, adelantó que buscan llevar el incumplimiento del Gobierno Estatal a la CIDH.
Las autoridades estatales que ordenaron la represión de una manifestación de pobladores en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, hace dos años y medio, donde murió un niño de 13 años, quedaron exoneradas de que se les exijan cuentas por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acusó Hilario Gallegos Gómez, abogado del Centro de Derechos Humanos José Luis Tehuatlie Tamayo.
José Luis Tehuatlie murió a causa de una herida provocada por una bala de goma que recibió durante el desalojo. La CNDH determinó el 26 de diciembre pasado no dar más seguimiento a una Recomendación realizada sobre el caso. Esto debido a que el Gobierno de Rafael Moreno Valle presuntamente cumplió con las 11 recomendaciones que contenía.
Pero la visión de los familiares y las víctimas del desalojo dista de la versión oficial. Hilario Gallegos resaltó que 10 de las 11 recomendaciones no han sido efectuado a cabalidad.
Y lamentó que tampoco se haya cumplido con la recomendación de dar con los responsables de la represión. A la fecha sólo tres autoridades menores han sido detenidas por este caso.
“El Gobierno era responsable inclusive por las lesiones de los policías, porque los policías que dispararon y estuvieron presos, lo hicieron bajo el mandato de la autoridad. Aquí el principal responsable es Moreno Valle y Facundo Rosas [entonces Secretario de Seguridad Pública de Puebla]. Desconocemos que tengan averiguaciones en su contra”, dijo Gallegos.
La notificación sobre el cierre de la Recomendación 2VG/2014 , abierta desde el 11 de septiembre del 2014, se hizo de forma errónea, dijo Gallegos; ya que el documento suscrito llegó a su domicilio y no al de Elia Tamayo, madre de José Luis.
De esta cuenta que para el abogado el cierre de la Recomendación no será oficial, sino hasta que se terminen de notificar a las partes de forma debida. Y espera que sea el presidente de la CNDH Luis Raúl González Pérez, quien se pronuncie públicamente sobre esta decisión que los familiares no han terminado de entender.
No obstante, el departamento de comunicación social de la CNDH adelantó que no tiene ningún mensaje al respecto en puerta.
Sin lograr dar con la responsabilidad que tuvieron las autoridades que dieron las ordenes de actuación policial, Elia Tamayo ha luchado en los últimos dos años y medio para que se haga justicia en el caso de su hijo, quien tenía 13 años.
“Me siento muy mal porque tantas cosas que se han hecho y aún no hay justicia. Al Gobernador Moreno Valle le digo que no se haga sordo”, dijo Elia en una conferencia de prensa ayer.
Para el Sexto Visitador de la CNDH, Jorge Ulises Carmona Tinoco, los 11 puntos de la Recomendación sobre este caso ya fueron cumplidos por el Gobierno poblano.
“Con fundamento en lo que establece el artículo 138, fracción II del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 26 de diciembre de 2016, la Recomendación 2VG/2014 se calificó como aceptada, con pruebas de cumplimiento total”, reza el documento hecho llegar al domicilio de Gallegos.
Con el fin de que el proceso de justicia y reparación se concrete, el abogado afirmó que buscarán justicia en el extranjero. Las víctimas buscan llevar el incumplimiento del Gobierno Estatal a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Además del castigo a los responsables, las recomendaciones están encaminadas hacia la reparación de los daños a los afectados.
El 23 de marzo del año pasado el Gobierno de Puebla pidió perdón por el incidente. Sin embargo, lejos de ser el Gobernador panista quien diera las palabras, lo hizo el Fiscal General Jurídico de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito, Enrique José Flota Ocampo.
“Esta disculpa implica el reconocimiento de la responsabilidad del Estado cuando en la actuación de sus funcionarios y agentes resulta violatoria a los derechos humanos”, dijo en aquella ocasión el funcionario.
Elia Tamayo recibió 2.5 millones de pesos por su derecho de reparación del daño. Más este lunes dejó en claro que ningún precio le devolverá a su hijo.
“Eso fue cumplido a raíz de un acuerdo que se llevó a cabo. Era un derecho, pero en determinado momento si bien la señora Elia no lo aceptaba pues el Gobierno dentro de sus facultades lo podía depositar en algún juzgado y de no retirarse, con los años, ser destinado a una causa social”, señaló Gallegos.
Agregó que el dinero y los actos de reparación no han cumplido con la Ley de protección a las víctimas para el Estado de Puebla.
“Y yo me preguntó y los otros diez puntos de las recomendaciones en dónde están, qué se ha presentado [para determinar su realización]”, agregó el abogado.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-01-2017/3134800
