MEXICALI, BC: “Es por su bien…”, “ya cualquiera es de prensa…” y “los vamos a tener vigilados”, son expresiones que usaron policías durante las acciones para impedir el libre ejercicio periodístico y agredir a reporteros en Playas de Rosarito.
En un hecho marcado por la actitud violenta contra los periodistas desde que inició la intervención policiaca, se interrumpió la transmisión en vivo que mostraba la represión de las corporaciones en contra de los ciudadanos durante el desalojo de manifestantes en la planta de Pemex, de acuerdo al expediente FED/SDH/PDSC/UNAI-B C/000019/2017 Exhorto 002/2017 de la Procuraduría General de la Republica.
En el recuento de lesiones y agravios a periodistas durante los operativos policiacos para recuperar los accesos a la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Petróleos Mexicanos, en Rosarito, se encuentran al menos 12 reporteros de medios de comunicación electrónicos e impresos, incluidas cuatro mujeres.
A pesar de establecer un Protocolo de Actuación en los operativos federales donde se advierte a los policías el respeto al trabajo de los reporteros, los resultados fueron contrarios y resultó una contraorden.
Los señalados por las agresiones son agentes de la Gendarmería Nacional, de la Policía Federal, de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Municipal de Rosarito, de acuerdo a testimonios de los propios periodistas y de organismos de derechos humanos.
La organización internacional Artículo 19 lanzó una alerta por la agresión a 12 periodistas durante las protestas por el gasolinazo y pidió al gobierno que garantice el derecho a la protesta y al ejercicio periodístico de quienes acuden a las marchas.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California señaló a cinco corporaciones policíacas que violentaron los derechos humanos de periodistas y manifestantes durante las protestas que se registraron en el TAD Rosarito, como la Policía Ministerial del Estado y a la Policía Municipal de Tijuana. En su informe sostuvo que documentaron 18 agresiones de reporteros, de las cuales solo 10 han sido ratificadas.
El primer incidente donde resultaron lesionados y agraviados por la violación al libre ejercicio del periodismo se registró durante la noche del 6 de enero, cuando la fuerza pública arremetió contra los manifestantes que mantenía bloqueados la planta de Pemex.
Esa noche, policías federales golpearon a Laura Sánchez, corresponsal de El Universal; Yolanda Caballero, reportera del diario El Sol de Tijuana; Luis Alfonso Pérez, colaborador del portal Animal Político y Jesús Bustamante, fotógrafo de Frontera.
Pérez fue golpeado en el cuerpo, sometido y arrestado, Sánchez recibió un golpe en la frente que le provocó una inflamación y hematoma, Caballero fue golpeada en la espalda e intimidada por policías que la metieron a la zona de conflicto. A ellos se les impidió realizar su labor periodística pues se les interrumpió la transmisión en vivo de los actos policiacos contra los ciudadanos en portales de medios nacionales y locales.
Esa tarde, a Bustamante lo sometieron los policías en la TAD Rosarito y le rociaron gas pimienta en los ojos.
Al día siguiente, también por la noche, los policías volvieron a desalojar a los manifestantes y confrontaron a un grupo de periodistas que hacían la cobertura del desalojo.
“Me pegaron con los toletes y los escudos a pesar que me identifiqué como periodista. Mientras me golpeaban les grité que era de prensa y trataron de arrancarme el gafete”, señala Manuel Ayala, periodista de la Agencia Fronteriza de Noticias, a quien los policías señalaron de ser uno de los “revoltosos” que tomaron la TAD Rosarito.
A su compañero de cobertura, Joe Terriquez, le fue peor porque lo golpearon y ya en el piso le trataron de quitar la cámara fotográfica.
A un costado, un policía federal se enfrentó a la periodista Julieta Martínez, se le puso enfrente, le manoteó en la cámara fotográfica para impedir que registrara la reprensión de que eran objeto los manifestantes. “Fotografías pura verga”, le espetó el servidor público mientras buscaba quitarle su instrumento de trabajo.
Roberto Córdova Leyva, un fotoperiodista freelance, fue golpeado por policías y tirado al piso para arrebatarle la cámara fotográfica.
De Uniradio, Alberto Elenes recibió una zarandeada de los federales y fue víctima del daño a su equipo de videograbación.
Antes, el reportero Daniel Ángel Rubio, de Síntesis Televisión, y Armando, camarógrafo, también resintieron la violencia institucional. Daniel fue detenido por agentes federales que le rompieron su teléfono celular.
Otro reportero de Frontera, Iván Molina, fue golpeado en el mismo operativo, al igual que Joel Lozano, de Diario Tijuana.
“Andaban como enyerbados”, comentó uno de los agraviados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANTONIO HERA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/469655/expediente-pgr-reporta-agresiones-policias-a-12-periodistas-en-rosarito
Érika Natalia Jaime Moreno y Omar Vladimir Hinojosa Mascorro son dos abogados que, como integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tienen encomendado brindar apoyo jurídico, precisamente, a víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, en el caso del ingeniero José Antonio Robledo Fernández –raptado y desaparecido desde el año 2009–, estos abogados actúan en beneficio del presunto autor del delito, y no en el de la víctima, tal como denunciaron sus familiares.
El ingeniero José Antonio Robledo fue secuestrado en Monclova, Coahuila, el 25 de enero de 2009, y desde entonces se ignora su paradero. Hasta la fecha, cinco personas han sido detenidas y enfrentan juicio por esta desaparición, entre las cuales está Carlos Arturo Jiménez Encinas, alias El Plátano, operador financiero de Omar Treviño, líder del Cártel de Los Zetas.
Según declaraciones de distintos testigos, El Plátano operaba una red de talleres mecánicos en Coahuila, en los que se brindaba servicio a patrullas y vehículos gubernamentales, así como a los vehículos blindados del crimen organizado. En uno de estos talleres, según investigaciones oficiales, pudo estar temporalmente el ingeniero Robledo, luego de ser secuestrado.
Tal como denunciaron los padres del ingeniero Robledo, los abogados defensores de este presunto operador de Los Zetas han logrado diluir los principales cargos que se le imputaban, como crimen organizado, y en la actualidad sólo enfrenta dos delitos: portación de arma prohibida y secuestro (por su probable implicación en el rapto del ingeniero).
Para debilitar esta acusación por secuestro, la defensa de El Plátano ha venido coordinándose, al menos desde agosto de 2016, con los dos abogados que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas designó para apoyar a los padres del ingeniero Robledo, tal como denunciaron.
“La CEAV nombró a estos dos abogados como nuestros representantes legales, sin pedir nuestra autorización, ni avisarnos siquiera –denunció Guadalupe Fernandez, madre del ingeniero José Antonio Robledo–, y ellos mismos, de nombre Érika Natalia Jaime Moreno y Omar Vladimir Hinojosa Mascorro, jamás se han comunicado con nosotros para presentarse, o para ver en qué nos apoyan.”
En cambio, abundó, en septiembre, noviembre y diciembre de 2016, estos abogados se coordinaron con la defensa de El Plátano, para establecer la realización de nuevas audiencias en beneficio del acusado. Con la aprobación que brindaron estos abogados, la familia del ingeniero Robledo quedó obligada a presentarse nuevamente a rendir declaración, pero ahora para que su defensa del imputado fortalezca sus alegatos.
“Nosotros nunca nos negamos a rendir declaración –subrayó la madre del ingeniero Robledo–, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para esclarecer el paradero de nuestro hijo. Pero aquí viene lo peor: estos abogados de la CEAV han autorizado las audiencias en tres ocasiones (septiembre, noviembre y diciembre de 2016), y en las tres ocasiones, estos mismos abogados de la CEAV han autorizado que las audiencias se pospongan, con el objetivo de darle más tiempo a la defensa, pero sin avisarnos nunca a nosotros, a quienes dicen representar.”
Se trata, concluyó la señora Guadalupe Fernández, de una “estrategia de desgaste, eso es lo que hacen con las familias de las víctimas para debiitarnos, para desesperarnos y hacer que desistamos, que dejemos perder los casos, y es indignante que estas acciones las hagan en acuerdo con la CEAV”.
En una búsqueda a través del portal de obligaciones de transparencia del gobierno federal, se pudo confirmar que Érika Natalia Jaime Moreno y Omar Vladimir Hinojosa Mascorro son integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el cargo de “Abogado A”.
Animal Político se comunicó con la CEAV para conocer su postura en torno a esta denuncia y, a través de Alfredo Méndez, director de Comunicación Social del organismo, se informó que “no hay comentarios”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÑINEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/atencion-victimas-desaparecido/
La apreciación sostenida del dólar esta mañana está relacionada a la conferencia que dará el presidente electo Donald Trump.
El dólar inició la jornada de este miércoles por arriba de los 22 pesos en ventanillas bancarias.
En BanRegio la divisa estadounidense se cotiza en 22.35, hasta 25 centavos más que su cierre de este martes.
Tras la conferencia de prensa ofrecida por el presidente electo de EU, Donald Trump, la divisa estadounidense se apreció 15 centavos más para llegar a un nuevo máximo histórico de 22.50 en BanRegio.
En Banamex el dólar aumentó de 22.24 en su apertura a 22.25 pesos; mientras que en Citibanamex aumentó 10 centavos para venderse en 22.25 pesos.
De acuerdo con el análisis de Banco Base, la apreciación sostenida del dólar esta mañana estubo relacionada con la conferencia de Trump, que es su primera aparición pública desde que ganó las elecciones en noviembre del año pasado.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/dolar-22-pesos-bancos-trump/
XALAPA, Ver: Al cumplirse un año de la desaparición en Tierra Blanca y posterior asesinato de los jóvenes José, Mario, Alfredo, Bernardo y Susana; padres y familiares en Playa Vicente no encuentra paz, ni resignación, ni sosiego, pero mucho menos justicia.
Los cinco jóvenes fueron “levantados” por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y posteriormente entregados a una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) quienes los llevaron al rancho “El Limón”, donde sus restos óseos calcinados y muestras sanguíneas fueron encontrados semanas después.
Bernardo Benítez, padre del joven del mismo nombre, recrimina que de nada sirve que haya 21 responsables -entre policías estatales, civiles e integrantes del Cártel de Jalisco- con prisión preventiva, si ni uno solo ha recibido sentencia, y peor aún -ataja- que con su alto nivel de peligrosidad se encuentren recluidos en penales de mediana seguridad como los de Cosamaloapan y el Duport Ostión de Coatzacoalcos.
A 365 días de la desaparición forzada de cinco jóvenes oriundos de Playa Vicente, quienes fueron detenidos por policías estatales en las inmediaciones del municipio de Tierra Blanca cuando regresaban de un viaje de placer a la playa en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, Bernardo Benitez Arroniz recrimina el “estancamiento” y “abandono” en que la PGR dejó el caso, una vez que los medios nacionales e internacionales dejaron de dar seguimiento al caso.
Benítez expresa que hoy hay un luto difícil de “explicar con palabras” en cinco familias de Playa Vicente.
“Es un día triste, hay mucha rabia e impotencia, no se puede uno olvidar (de los jóvenes), día a día, a cada hora, a cada minuto, te vienen a la mente”.
En estos doce meses, el transitar judicial y ministerial ha sido de completa angustia y encabronamiento, Benítez Arroniz reprocha que con elementos probatorios contundentes de que el quintuple homicidio fue cometido por la delincuencia organizada, en donde la propia Secretaría de Gobernación federal, el exgobierno de Javier Duarte y la Fiscalía General del Estado (FGE) manifestaron lo mismo, la PGR en su delegación Veracruz “dictaminó” que no había elementos para concluir eso, razón por la cual los 21 indiciados están en prisiones preventivas del fuero común.
“Son cuestiones políticas internas en las que uno sale afectado, pero como dice PGR Veracruz que no hay elementos, cuando en el rancho El Limón encontraron 8 mil fragmentos óseos calcinados, varios vehículos robados y diversos bidones de combustible de procedencia ilícita”, expone.
En el viacrucis judicial, las familias de los cinco jóvenes desaparecidos y posteriormente asesinados, ya promovieron un amparo para que la PGR Veracruz atraiga el caso y los 21 delincuentes en prisión preventiva sean enviados a penales de Máxima Seguridad (amparó 1301/2016 radicado en el Juzgado Quinto del Distrito de Boca del Río); en contraste, los policías e integrantes del CJNG ya tramitaron amparos, que en una primera instancia fueron negados. Hoy se encuentran en la revisión del mismo.
“Ya queremos que termine esto, al menos en el aspecto judicial quisiéramos estar tranquilos”.
Aunque los jóvenes desaparecieron el 11 de enero del 2016, fue casi un mes después cuando elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Gendarmería Nacional y la Fiscalía General (FG) de Veracruz recibieron los resultados de ADN que permitieron identificar a dos de los cinco jóvenes desaparecidos.
A través de un hueso identificaron los restos de Benítez Arroniz y una “gota de sangre” permitió la identificación de Abraham González.
Durante un mes más, familiares de los cinco jóvenes exigieron más pruebas concretas sobre que sus hijos fueron asesinados ahí, por lo que saltó a la vista una mayor complicidad de la SSP con el narcotráfico, pero también una mayor cantidad de personas asesinadas en el lugar, así como diversos vicios en las diligencias realizadas, razón por la que familiares de Playa Vicente acamparon durante dos meses en la Fiscalía Regional de Tierra Blanca como medida de presión a las autoridades.
“Aquí vamos a seguir en pie de lucha y hasta llegar a las últimas consecuencias. Ayer nos dieron el resultado de la investigación. Nos dicen que se encontraron fosas con muchos cuerpos calcinados. No se pudo hacer el ADN con restos calcinados, pero hubo una parte que sí pudo ser analizada, me dicen que pertenecen a los restos de mi hijo”, relató en aquel entonces Bernardo Benítez.
Abundó que en un proceso judicial por separado, pusieron una denuncia ante la PGR en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, derivado de que de los policías incriminados en la desaparición de los jóvenes, ninguno contaba con los exámenes de evaluación y confianza.
“La denuncia la pusimos en Ciudad de México, fue una bronca que nos la recibieran, solo porque dijimos que si no abrían una investigación nos ampararíamos y lo haríamos público… la recibieron en diciembre del año pasado, pero hoy no han hecho una sola diligencia”.
Bernardo Benítez espera que con el nuevo gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y el nuevo fiscal General del Estado (FGE), Jorge Winckler, se pueda dar un acercamiento y que ellos les ayuden a presionar ante la Federación para dar justicia y sosiego a las familias: “vamos a darles un voto de confianza”.
En Veracruz, durante el sexenio de Duarte hubo más de mil desaparecidos en el sexenio, y según cifras oficiales de la FGE, 100 denuncias fueron resueltas, pues se encontró a dichas personas pero sin vida.
El caso de José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25; Bernardo Benítez Arroniz, de 25, y Susana Tapia, de 16 años; sacudió a la sociedad de Veracruz y traspasó las fronteras del país, pues en entrevista con Proceso y en encuentros con distintas televisoras, los padres de los 5 jóvenes “ofrecieron” al Cártel de Jalisco “entregarse” a cambio de que les regresarán con vida a sus hijos, dos semanas y media después, se confirmaría el hallazgo sin vida de los jóvenes oriundos de Playa Vicente.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/469615/tristeza-rabia-e-impotencia-a-ano-la-desaparicion-cinco-jovenes-en-tierra-blanca
“El pasado 6 de enero fui encarado, insultado y despedido por el director de MVM Televisión, Víctor Nakash García”, denunció el reportero Álvaro Morales Juárez, quien entrevistó a Ivette Morán, esposa del gobernador en Oaxaca, Alejandro Murat, sobre el avance en las investigaciones de un desvío de recursos del programa Cocinas Comunitarias, presuntamente cometido por el gobierno anterior.
“En su oficina, en tono retador, se dirigió a mí y me acusó de afectar el cierre de un convenio por un millón de pesos que pretende signar con el DIF estatal”, publicó Morales en una carta para revelar la violación a su libertad de expresión.
Morales Juárez explicó que, con motivo del Día de Reyes, entrevistó a la esposa de Murat Hinojosa en el Centro Recreativo y de Acondicionamiento Deportivo (CRAD) en Oaxaca, en la que preguntó sobre la entrega de juguetes. “Sin embargo, cuando consulté a la presidenta honoraria del DIF estatal sobre el avance de las investigaciones ligadas al programa Cocinas Comunitarias, y que ella misma me había informado en una entrevista efectuada en diciembre”, la vocera Marisol Cruz García se acercó para decirle: “Ya córtale”.
El reportero, que colabora en otros medios digitales e impresos, narró que hizo “caso omiso” a la indicación de Cruz García para continuar con la actualización de la información. “Continué con aproximadamente tres preguntas más al respecto, y entre cada una de ellas la mujer me decía cerca del oído: ‘ya párale’, ‘ya córtale’”.
Luego de la entrevista, que duró aproximadamente tres o cuatro minutos, la vocera Cruz García dijo a Morales que le informó al director de MVM sobre lo ocurrido, “a lo que respondí: ‘Yo puedo preguntar lo que quiera’”.
Posteriormente, el director de MVM citó a Morales para reclamarle que no matizó la entrevista y que además insultó a Morán, con base en la acusación de la vocera Cruz García. Luego del regaño, Morales fue despedido.
Agregó que no es la primera vez sufre actos de censura en esa televisora, “pues con anterioridad recibí la orden de no hacer preguntas incómodas al actual gobernador Alejandro Murat Hinojosa. Y, durante la pasada contienda electoral, no preguntar al excandidato a la gubernatura José Antonio Estefan Garfias, de la coalición PAN-PRD, sobre sus vínculos con el empresario Jorge Castillo, acusado de enriquecimiento ilícito durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo”.
Morales Juárez aseguró que “es un atropello a la libertad de expresión que un vocero pretenda dictar las preguntas que los comunicadores deben realizar ante los funcionarios y más aún que una empresa sea cómplice de ello”, por lo que responsabilizó a Víctor Nakash de cualquier amenaza o agresión de la que pueda ser víctima.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/reportero-encarado-insultado-despedido-preguntas-incomodas-desvio-recursos-oaxaca/
Transportistas de Guerrero hacen paro en varios puntos. En Zihuatanejo hubo represión por parte de la policía estatal la cual dejó herido a un taxista.
Agredieron a los manifestantes y a los periodistas que trataban de cubrir la situación.
Los hechos ocurrieron después de que más de mil 200 transportistas pertenecientes a 22 organizaciones pararon sus unidades en protesta por el aumento a la gasolina. Al conminarlos sus dirigentes a suspender el paro, muchos de los conductores no hicieron caso a sus representantes y continuaron con el paro indefinido.
Por la mañana de ayer, los transportistas llevaron a cabo una marcha a bordo de sus vehículos partiendo de la explanada de la unidad habitacional Infonavit El Hujal, ubicada en la zona poniente del puerto, recorrieron la lateral de la colonia El Limón hasta llegar al Palacio Municipal donde dejaron estacionadas algunas de sus unidades. Hicieron lo mismo frente a las oficinas del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo, ubicadas en la avenida Morelos, y llegaron a las oficinas donde están la delegación de la Secretaría de Finanzas del estado, la Contraloría General del estado y la delegación del Registro Público de la Propiedad, en cuyo portón principal colocaron dos mantas en la que expresaban su rechazo al aumento de la gasolina e invitaban a la población a no pagar impuestos. En la marcha, invitaban a la población a sumarse a este paro contra el alza de la gasolina y les ofrecían disculpas por dejarlos sin transporte informó el periódico El Sur.
La Policía Federal abandona la región de Tierra Caliente para contener las protestas contra el alza de la gasolina en el país.
Los grupos que había en Coyuca de Catalán, Ciudad Altamirano, Arcelia y San Miguel Totolapan dejaron las bases abandonadas. Sólo 80 policías estatales atienden en estos momentos a los nueve municipios de la zona.
Desde diciembre de 2014, tras los ataques de agentes policiacos de distintos niveles y la participación del Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, el gobierno federal desarmó a todas las policías municipales de los nueve ayuntamientos de la región, debido a sus presuntos nexos con la delincuencia organizada, desde entonces no hay otra corporación que atienda la seguridad, hacen recorridos policías federales y del estado, pero su presencia es intermitente en la zona.
La llegada de la PF a Tierra Caliente fue el 15 de diciembre del año pasado, el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que la corporación permanecería ahí para atender los problemas de seguridad, luego del levantamiento armado ocurrido en San Miguel Totolapan en contra de la delincuencia.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/guerrero-la-policia-estatal-reprime-paro-transportistas-la-federal-se-va-del-estado-atender-otras-zonas-del-pais/
A 11 días de iniciadas las protestas, ciudadanos liberaron la planta de Pemex en Mexicali; sin embargo las protestas continúan en otros puntos del país.
Ciudadanos en todo el país continúan manifestándose contra el aumento en el precio de las gasolinas a través de bloqueos, tomas de instituciones o concentraciones.
Este miércoles 11 de enero, transportistas realizan desde las 8:30 horas protestas pacíficas en cinco puntos de Morelia. Los manifestantes se encuentran sobre las banquetas con pancartas y gritando consignas en contra del gasolinazo, pero sin afectar la vialidad. Anunciaron que se mantendrán ahí hasta las 15 horas, reporto Quadratin.
Tras registrarse un bloqueo de una semana, como parte de las protestas contra el gasolinazo, Pemex informó este miércoles sobre la liberación pacífica de la Terminal de Almacenamiento y Distribución de La Rosita en Mexicali, Baja California.
“Trabajamos para restablecer el abasto a la brevedad”, indicó Petróleos Mexicanos en Twitter.
“La liberación pacífica de la TAD de #Mexicali fue posible gracias a la colaboración del gobierno federal, estatal y municipal”, agregó.
La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (ONEXPO) había advertido el martes pasado sobre “un número importante de estaciones de servicio cerradas, unas 180, en ciudades como Mexicali, Reynosa, Matamoros, Laredo, Ciudad Juárez, Piedras Negras.
Pemex, en Twitter, había indicado que el bloqueo en Mexicali llevó a que la situación de desabasto de gasolinas y diésel en esa ciudad tuviera niveles críticos.
Desde el inicio de este año se han registrado protestas en el país, en contra del aumento al precio de la gasolina. Las manifestaciones han incluido marchas, bloqueos y tomas de diferentes instalaciones, incluyendo gasolineras.
Las protestas pacíficas por gasolinazo
Transportistas de San Luis Potosí salieron este martes 10 de enero en caravana hacia la Ciudad de México para protestar contra el gasolinazo. Unos 50 camiones salieron este martes de la carretera de Matehuala y buscaban llegar a las cámaras de Diputados y Senadores, reporto el portal Pulso.
Sin embargo personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) los detuvo en el municipio de San Luis de la Paz en Guanajuato, donde ofrecieron una mesa de diálogo.
En Chihuahua, un grupo de ciudadanos tomaron las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en protesta por el gasolinazo, reportó el Diario de Juárez.
Mientras que en Ciudad Juárez integrantes del partido Morena tomaron las oficinas del SAT del municipio.
En Guerrero, ciudadanos tomaron este martes gasolineras en Petatlán, mientras que en el Congreso del estado integrantes de los partidos Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadanos (MC) tomaron la tribuna para pedir que se revierta el aumento a los combustibles, reportó el diario El Sur.
Transportistas invitaron a ciudadanos a sumarse a su manifestación en algunos de los principales cruceros de Morelia, la capital michoacana.
Cerca de 1,500 campesinos de la Productora Agrícola Ganadera de Usuarios de Agua para Riego AC, provenientes de Actopan, Hidalgo, realizaron una caravana este martes hacia la Cámara de Diputados para exigir que no continue el aumento a la gasolina y exigir apoyos para campesinos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/pemex-mexicali-gasolinazo-protesta/
Los gasolineros señalan que los focos rojos están en la frontera, ya que la gente cruza a EU para comprar combustible, lo que ha ocasionado el cierre de estaciones de servicio.
A 10 días del incremento en el precio de la gasolina, no solo los consumidores han sufrido el llamado gasolinazo. Los gasolineros aseguran que el bloqueo de estaciones de servicio y el desabasto de combustibles también los han afectado.
El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), José Ángel García Elizondo, señaló que 180 estaciones de servicio permanecen cerradas por desabasto, inviabilidad económica o porque han sido tomadas durante las protestas contra el alza en los precios.
Además, los empresarios gasolineros de la frontera norte han registrado una caída en sus ventas, debido a que la gente prefiere cruzar a Estados Unidos para comprar combustible en aquel país.
En conferencia de prensa, el titular de la Onexpo acusó que las pérdidas económicas ascienden a unos 34.5 millones de pesos diarios por los paros, ya que cada gasolinera cerrada deja de comercializar 12 mil litros cada día.
Precisó que de las 180 estaciones de servicio que están cerradas, unas 130 se ubican en la frontera con Estados Unidos.
“Hoy, los focos rojos en el país se focalizan en la zona fronteriza norte. Han sucedido dos temas importantes: la toma de instalaciones de Pemex, que han impedido el correcto suministro; pero también la inviabilidad económica, debido al fin de la homologación que se hacía con Estados Unidos”, explicó el líder gremial, en conferencia de prensa.
El presidente de la Onexpo explicó que la Secretaría de Hacienda otorgó un estímulo adicional a las zonas fronterizas para competir con los precios de EU; sin embargo, el esquema implica que los empresarios compren el combustible a Pemex a 15.50 pesos el litro, mientras que deben venderlo en 13 pesos en promedio.
Luego de esto, los gasolineros de la frontera norte deben esperar hasta 50 días para que recuperen el estímulo.
Ante este panorama, la Onexpo propone que se les otorgue una carta de crédito a las gasolineras que tienen este esquema para permitirles adquirir el combustible, sin verse afectados en su flujo diario.
Agregó que los gasolineros están a la espera de una revisión del margen comercial para ellos, ya que, con la nueva fórmula, disminuyó en 33% respecto al año pasado, a pesar de que el precio de la gasolina se incrementó a nivel nacional.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/gasolineros-gasolinazo-precio/
Se trata de 39 aspirantes, quienes cumplen con los requisitos para integrar tres ternas de candidatos a magistrados.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer este miércoles la lista de 39 aspirantes que cumplen con los requisitos para integrar tres ternas de candidatos a magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La lista, publicada en el Diario Oficial de la Federación, la integran Alvarado Sánchez Juan De Jesús, Ávila González Manuel Alejandro, Ávila Sánchez Raúl Zeuz, Avilés Albavera Hertino, Avilés Demeneghi Sergio, Becerra Bravo Raúl, Bracho Alegría Adriana, Buendía Díaz Emilio, Carreón Castro María Del Carmen.
Además Carrillo Medina Bruno Refugio, Ceballos Daza José Luis, Cicourel Solano Jaime, Cruz Valle Araceli Yhali, Félix López Roberto Carlos, Garay Garduño César, Garay Morales Leonor, García Moreno Socorro Roxana, Garza Moreno Miguel Ángel, González Fernández Arturo, Grijalva Vásquez Octavio.
También cumplen con los requisitos Guevara y Herrera María Cecilia, Jiménez Castillo Elva Regina, Kitazawa Tostado Francisco Arturo, León Vázquez Daniel, Medina Alvarado Juan Carlos, Mejía Contreras Teresa, Moreno Trujillo Rodrigo, Navarro Badilla Francisco Daniel, Pedroza Reyes Yolanda, Reynoso Núñez José.
Así como Ramírez Vargas José Román, Sánchez Cordero Grossmann Jorge Emilio, Sánchez Estrada Eduardo, Sánchez León Juan Carlos, Sánchez Morales Jorge, Silva Díaz Ricardo Antonio, Torres Padilla Rodrigo, Vivanco Morales Sandra Araceli y Zaldívar Arrieta Mario León.
En la sesión celebrada el 9 de enero pasado se aprobó la lista de aspirantes que cumplen con los requisitos para integrar tres ternas de candidatos a magistrados que serán propuestos a la Cámara de Senadores.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1101/mexico/suprema-corte-publica-lista-para-integrar-ternas-de-magistrados-de-tribunal-electoral/
"Los responsables tendrán que responder a la justicia", afirma.
Pachuca: Tras la muerte de dos jóvenes de Ixmiquilpan, durante un enfrentamiento con policías federales que intentaban retirar un bloqueo originado por las protestas contra el incremento del precio de las gasolinas, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad aseguró que estos fallecimientos no deben quedar impunes y que los responsables deberán de responder a la justicia, “caiga, quien caiga”.
“He dado instrucciones clarísimas para que estos lamentables hechos sean investigados a fondo”, declaró durante conferencia de prensa.
Agregó que no hay protesta que justifique la pérdida de vidas humanas. “Y no toleraré como gobernador la violencia, venga de donde venga, llegaremos al fondo de esto y los responsables tendrán que responder a la justicia”.
El pasado 5 de enero, los jóvenes Alan Giovani Gutiérrez Contreras, de la comunidad de Dios Padre y Fredy Cruz García, originario de Maguey Blanco, murieron tras recibir impactos de arma de fuego durante el enfrentamiento con elementos de la Policía Federal.
“Mis más sentidas condolencias a los familiares, a los seres queridos tanto de Alan Giovanni como de Fredy Cruz, les expreso mi más profundo respeto al dolor que hoy les embarga por la pérdida irreparable de sus seres queridos”, dijo Omar Fayad.
Tanto Fredy Cruz como Alan Giovanni “eran jóvenes con futuro y hoy se erigen como víctimas de un suceso que duele e indigna sobre todo porque la violencia nunca se debió de haber hecho presente”, agregó el mandatario.
Con estas declaraciones, Fayad da un giro a la postura del gobierno de Hidalgo, luego que anteriormente declaró que los pobladores de Ixmiquilpan rompieron un pacto de diálogo que mantenían con autoridades federales y estatales para liberar la vía México-Laredo.
Y continúa bloqueo en Ixmiquilpan por gasolinazo
Integrantes del movimiento contra el incremento del precio de las gasolinas en Ixmiquilpan confirmaron que el bloqueo en la carretera México-Laredo continúa.
Los manifestantes levantaron el bloqueo ubicado en el lugar conocido como la Huasteca y el paso de transporte público se normaliza, sin embargo el retén principal se mantiene a la altura de la Comercial Mexicana.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: VÍCTOR VERA.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1101/mexico/responsables-de-muerte-de-jovenes-en-ixmiquilpan-deben-responder-ante-la-justicia-fayad/
Pobladores y sacerdotes pidieron la intervención del gobierno que, hasta la noche del martes, se había negado a enviar policías para resguardar la seguridad de los habitantes de Chilón.
En el marco de los actos de saqueo que han realizado personas en diversos lugares de Chiapas y el país en días recientes, un grupo de civiles armados robó combustible de gasolineras y productos en comercios en el municipio indígena de Chilón, y ahora amenaza a la población que decidió organizarse para impedir los actos de vandalismo.
De acuerdo a las denuncias que hicieron los pobladores del municipio, el pasado 4 de enero un grupo de personas que llevaban el rostro cubierto y portaban armas de fuego, saquearon el combustible de las gasolineras de la zona, y robo en comercios, presuntamente como parte de las protestas por el incremento al precio de la gasolina. También pusieron retenes en los caminos del municipio, para cobrar “cuotas” por transitar.
Pobladores de este municipio habitado en su mayoría por indígenas de la etnia tseltal, se organizaron para impedir que continuarán los actos de robo, y conformaron el grupo Movimiento de Iniciativa Ciudadana Paz y Progreso.
“En los últimos días se hemos realizado rondines nocturnos. Fue la noche del martes, en el rondín nocturno, cuando los delincuentes llegaron en una camioneta, armados con rifles y con el rostro cubierto, e intentaron matar a compañeros de la población, hirieron a dos ciudadanos, sin que la policía local interviniera”, explicaron.
Este martes, ante el temor de nuevas agresiones, las clases se suspendieron en la cabecera municipal, y la población instaló bloqueos en varios puntos de la cabecera municipal, de manera intermitente.
A las 5 de la tarde reportaron la presencia de personas armadas en la periferia del la cabecera municipal. Los pobladores pidieron al gobierno del estado la llegada de policías estatales a fin de resguardar a la población, sin obtener una respuesta favorable.
Rodrigo Pinto, del Centro de Derechos Indígenas (CEDEIAC), explicó que el grupo de civiles armados actúa con impunidad, porque cuando han cometido los robos y agresiones, los policías estatales y municipales se retiran del lugar.
El párroco José Avilés, de la Misión Jesuita de Bachajón, explicó que a la petición para que policías estatales patrullen la zona, a través de la delegación del gobierno se les dijo que esperaran para tener una reunión hasta el jueves, el el municipio de Ocosingo, ubicado a unos 50 kilómetros de Chilón.
Denunció que en Chilón es un “pueblo desprotegido”. “En este momento falta seguridad en el pueblo. Están dejando a la población a merced de los grupos violentos del crimen organizado, para que arrase con el pueblo”, dijo el párroco.
“La seguridad pública municipal ha sido incompetente, hasta el grado de la complicidad para no actuar contra estos grupos armados. Han dejado vulnerable a la población. La población esta a merced de los grupos delictivos que han estado saqueando negocios, que ponen retenes y cobran peaje”, añadió el sacerdote Avilés.
Expuso que pidió a la Secretaría de Gobierno que intervenga, que manden policías estatales, “pero no han llegado hasta ahora”.
Denunció que este grupo de civiles armados ha agredido a la población del lugar antes de las protestas por el alza al precio de la gasolina, “con el tiempo se han fortalecido ante el amparo de la autoridad o ineptitud de la misma, acá la autoridad totalmente ausente”, acusó.
A través de la Diócesis de San Cristóbal, insistió al gobierno de Manuel Velasco Coello detener el grupo de agresores, y resguardar la seguridad de los habitantes de Chilón.
Fue hasta las 10 de la noche del martes que un grupo de 40 policías estatales arribó al municipio. Informaron a la población que permanecerán hasta las 6 de la mañana del miércoles 11 de enero, “y luego se decidirá la estrategia” que seguirán.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN/ÁNGELES MARISCAL.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1101/mexico/en-chiapas-civiles-armados-amenazan-a-la-poblacion/
Ciudad de México. José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aseveró que Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá trabajar en la creación de un marco de integridad coherente y efectivo para evitar la colusión y corrupción en las compras de bienes y servicios.
Señaló que la experiencia de la OCDE ha demostrado que cuando las empresas se coluden, el costo de los bienes y servicios puede aumentar en por lo menos 20 por ciento.
Este porcentaje puede ser mucho mayor. Por ejemplo, en México el precio por unidad de insulina que compra el IMSS bajó 57.6 por ciento después de que las propias autoridades del IMSS y la Cofece detectaron y sancionaron prácticas de colusión.
Gurría Treviño exhortó a las compañías proveedoras a denunciar los actos de corrupción y colusión, mediante una política de protección de los denunciantes y la posibilidad de hacer denuncias anónimas.
Al presentar los estudios sobre las contrataciones públicas de Pemex y un examen de las normas y prácticas de contratación de Pemex en México, dijo que las compras públicas son una actividad de alto impacto y de alto riesgo para la corrupción.
Estas adquisiciones, agregó, representan en promedio 29 por ciento de los gastos totales gubernamentales en los países de la OCDE y más del 20 por ciento en el caso de México.
Por su parte, las compras de Pemex a pequeñas y medianas empresas representan el 20 por ciento del gasto gubernamental en este rubro. Estos montos son considerables y es por ello que la colusión puede tener consecuencias muy negativas.
En su oportunidad el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, informó que en la empresa se ha implementado un sistema electrónico que permite ahora a los proveedores tener mayor competencia, transparencia y certidumbre.
Con ello, se ha logrado obtener ahorros por 24 mil millones de pesos en 2016.
Indicó que también se han reducido las asignaciones directas de 80 a 30 por ciento entre 2015 y 2016. Además se ha aumentado en 40 por ciento el número de competidores.
Adicionalmente, de 102 recomendaciones que ha realizado la OCDE, ya se han implementado 73 y solo faltan 30.
Anunció que en febrero próximo se realizará el día del proveedor que junto con la Comisión Consultiva Empresarial permitirá mejorar los procesos de compras de la empresa.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/11/ocde-insta-a-pemex-a-evitar-colusion-y-corrupcion
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal indicó que las autoridades del Metro han fallado en encontrar financiamiento para el Sistema, ya que los recursos adicionales por el alza del precio del boleto son insuficientes.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) aceptó que aunque el precio del boleto aumentó de 3 a 5 pesos desde 2013 no se han cumplido los compromisos con lo que se justificó ese incremento, y solo fue un “paliativo”, según explica una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
En la recomendación 14/2016, la Comisión indicó que “a casi tres años del aumento, las mejoras en el servicio no son aún perceptibles en el día a día de las personas usuarias”, ya que la gente sigue viajando en vagones saturados y sin ventilación, además de transbordar y transitar en espacios físicos deteriorados, sin mantenimiento, y con infraestructura vieja.
La CDHDF recordó que para justificar el alza en las tarifas el STC estableció 11 compromisos de mejoras con los usuarios.
En un link puede consultarse los niveles de avance en gestión y desarrollo del proyecto. Lo único que se ha cumplido al 100% es el sexto compromiso, de incorporar 1,200 policías más “para fortalecer la seguridad del Metro e inhibir el comercio formal en sus instalaciones”.
Sin embargo, pese a la presencia de más policías, de enero a noviembre de 2016 se registraron más de 670 robos en las instalaciones del Metro, lo que representa un incremento del 66% en comparación con los 404 atracos registrados oficialmente en el mismo periodo de 2015.
La Comisión también detectó que persiste el comercio informal dentro de andenes y vagones.
El séptimo compromiso – que incluye dos acciones – solo ha sido cumplido parcialmente, ya que aunque se cumplió al 100% con la eliminación de doble pago en torniquetes para usuarios que transbordan en la estación Pantitlán, falta concretar la renivelación de vías de la Línea A.
Otros compromisos que no se han cumplido al 100%, según se lee en la página del Metro, son:
- Comprar 45 trenes nuevos con aire acondicionado para la Línea 1 y doce trenes más para la Línea 12.
- Renovación integral de la Línea 1 y remodelación de las estaciones.
- Dar mantenimiento mayor a los 45 trenes de Línea 2.
- Reparar 105 trenes que están fuera de servicio.
- Mejorar los tiempos de recorrido de trenes en las Líneas 4, 5, 6 y B, mediante la modernización del sistema de tracción-frenado de 85 trenes que están en operación y cuyo equipo, por su antigüedad, es obsoleto.
- Sustituir 50 escaleras eléctricas por nuevas en Líneas 1, 2 y 3.
- Comprar 3 mil 705 ventiladores para vagones y 258 compresores para mejorar el sistema de frenado que sitve para el cierre de puertas de los trenes.
- Comprar e instalar un nuevo sistema de radiocomunicación TETRA LTE en trenes, estaciones y para el personal operativo, para tu seguridad.
- Modernizar el sistema de torniquetes y generalizar el uso de la tarjeta recargable en la Red del Metro.
Para hacer su reporte, la CDHDF documentó varios problemas que detectó en el servicio del Metro, como fallas en el funcionamiento de escaleras eléctricas, lámparas y vagones; retraso en la salida de los trenes; hacinamiento de pasajeros; deterioro “notable” en estaciones como Chabacano y Guerrero; humedad y filtraciones en estaciones como Zapata y Constitución de 1917; elevadores fuera de servicio, y torniquetes de acceso que se encuentran reparados con cinta canela.
Con esos hechos, apuntó la Comisión, pierden legitimidad los criterios con los que se prometió a la gente en 2013 que habría mejoras en el servicio al aumentar el precio del boleto del Metro, en cuanto a confort, tiempo, reducción de aglomeraciones, seguridad y ventilación.
El análisis de la situación del Metro partió de las quejas presentadas por usuarios, inconformes con el alza en la tarifa.
Un problema de recursos
Según el reporte de la CDHDF, a la gente se le prometieron 11 mejoras que no se podrán cumplir tan solo con un aumento en el precio del boleto, de 3 a 5 pesos.
Y los funcionarios del STC han fallado en su tarea de buscar fuentes de financiamiento, más allá de un aumento en el precio del boleto, para cumplir con el objetivo de dar un servicio público seguro y de calidad.
“Resulta evidente la falta de previsión por parte de las autoridades, ya que se debió planificar incrementos graduales, proyectos para la obtención de financiamiento, convenios de colaboración con el gobierno federal y el Estado de México para conseguir ingresos”, indicó la Comisión.
“Actualmente se dan a conocer deficiencias que vienen desde hace 10 años, lo cual no implica que estas serán resueltas, ya que el problema es la falta de ingresos rezagados desde hace varios años”, agregó.
Si solo se cuenta con los recursos adicionales que recibió el Metro a través del aumento en la tarifa, administrado por un Fideicomiso llamado FIMETRO, el Sistema requeriría entre 17 y 24 años para cumplir con las mejoras prometidas.
Los recursos adicionales por el aumento al boleto, según la CDHDF, solo alcanzan para cubrir 5.7% de los 11 compromisos.
“En este año (2016), la autoridad informó que los montos obtenidos por el ajuste de dos pesos al costo del boleto son insuficientes para atender el total de proyectos a corto plazo, ya que los ingresos por este rubro representan aproximadamente 2 mil 500 millones de pesos anuales, mientras que el monto total estimado para algunos proyectos es de aproximadamente 43 mil 268 millones de pesos”, se lee en el reporte.
“El ajuste resultó ser una medida paliativa temporal ya que el aumento del boleto no resolvió la insuficiencia de sus ingresos”.
Según la CDHDF, el STC también indicó que otros factores que aumentaron el costo de las mejoras son la inflación y el hecho de que muchos contratos se realizaron en moneda extranjera, y ha existido una depreciación del peso.
Las autoridades del Metro indican que cada usuario es subsidiado por un monto de 7.5 pesos por viaje. Aunque ese subsidio no es una aportación monetaria adicional, que otorgue el Gobierno central de la Ciudad de México, sino que el propio Sistema absorbe el costo, según indica la Comisión.
“No puede invertirse en el mantenimiento que requiere el Sistema debido a que sale de sus ingresos (alrededor de 10 mil millones pesos)”, apunta el reporte.
“El Sistema entiende perfectamente que el déficit que presenta se traduce en la falta de ingresos para proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo indispensable para la adecuada prestación del servicio público”, agrega.
Aunque las autoridades del Metro anticipan un aumento en el número de usuarios, por el aumento en el precio de la gasolina, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera descartó que en 2017 suba el precio de este medio de transporte público que traslada a miles de personas cada día.
Violaciones de derechos
Al fallar un servicio de calidad a los usuarios del Metro, señaló la Comisión, se viola el derecho de los ciudadanos a un nivel de vida y a una movilidad adecuados.
Además, en su análisis la CDHDF identificó que durante las protestas “Pos Me Salto”, contra el aumento a la tarifa del Metro, fueron detenidos de forma arbitraria tres personas, y se violó su derecho a la libertad de expresión, por lo que recomendó a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que sean indemnizadas.
Recomendaciones
Ante este panorama, la CDHDF recomendó al Sistema de Transporte Colectivo realizar un diagnóstico sobre su servicio e instalaciones, para identificar sus necesidades de operación y mantenimiento, y presentar un plan con acciones de corto, mediano y largo plazo, que le permitan solventar sus necesidades.
Otra de sus recomendaciones al STC es fortalecer los mecanismos de recepción y atención de quejas de los usuarios, e implementar una campaña de sensibilización, donde se comunique a los usuarios la importancia de cuidar las instalaciones.
En el caso de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, le recomendó que una vez que sea aceptada la recomendación revise de manera integral el fideicomiso FIMETRO, para que pueda cumplir con los 11 compromisos.
Respuesta del Metro
Al aceptar la recomendación de la CDHDF “en sus términos”, el STC indicó en un comunicado que ya presentó ante la Comisión un análisis integral y actualizado sobre el estado de la red de transporte.
“En este documento fue incorporado un Plan de Trabajo, con las acciones estructuradas en el corto, mediano y largo plazo, así como las acciones permanentes que tienden a mejorar el servicio. Estos proyectos consideran tanto los recursos de FIMETRO como otros con fuentes de financiamiento distinto o alterno. Los proyectos de largo plazo, estarán sujetos siempre a la disponibilidad presupuestal con que cuenta el STC”, indicó Jorge Gaviño, director general del Metro.
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FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/metro-boleto-fallas-recomendacion-cdhdf/
Los gobernadores de Nuevo León y Chihuahua, dijo Corral Jurado, han coincidido en que se deben hacer recortes a los gobiernos y reducciones a gasto corriente: “De entrada lo que aceptamos es que el dilema sea ¿gasolinazo o recorte a programas sociales?”, enfatizó. El “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar” firmado ayer por el Presidente Enrique Peña Nieto, empresarios y sindicatos no les fue dado a conocer con tiempo a los mandatarios: “Les puedo asegurar que mientras nosotros manteníamos la discusión en la Conago, el Presidente ya estaba presentando el acuerdo, ni siquiera a los gobernadores del país nos convidaron el acuerdo”.
Los gobernadores de Nuevo León y Chihuahua, Jaime Rodríguez Calderón y Javier Corral Jurado, respectivamente, analizarán la posibilidad de importar gasolinas de Estados Unidos para aminorar los golpes del gasolinazo a sus ciudadanos, entre otras medidas.
“…En breve se reunirá [Javier Corral] con el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, para analizar algunas medidas a seguir, tendientes a disminuir las afectaciones para sus estados, e incluso ambos gobiernos podrían importar gasolina de los Estados Unidos”, dio a conocer el Gobierno de Chihuahua en un comunicado.
Hoy se cumplen 13 días seguidos de protestas en contra del gasolinazo en estados del norte y sur del país, pese al anuncio de medidas tomadas por el Gobierno federal para aminorar las protestas.
En entrevista con medios de comunicación, el mandatario de Chihuahua contó que ambos han coincidido en que se deben hacer recortes a los gobiernos y reducciones al gasto corriente, así como otorgar apoyos a productores rurales.
“De entrada, lo que no aceptamos es que el dilema sea: ¿gasolinazo o recorte a programas sociales? ¿Por qué no redistribuir las cargas fiscales o algunos impuestos a quienes más tienen? Todo el costo se va a los sectores más vulnerables y los va a empobrecer más”, enfatizó.
Corral Jurado reveló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aceptó la implementación de un programa flexibilizado para la frontera.
“Este programa otorgará un estímulo con base a la diferencia de precios promedio con Texas en los Estados Unidos, lo que será acreditado contra impuestos o bien, será reembolsado. Esto con la finalidad de que el Estado de Chihuahua sea más competitivo”, explicó el Gobierno de Chihuahua en un comunicado.
“Necesitamos cuidar la frontera. Ya el golpe de la homologación del IVA [Impuesto al Valor Agregado] fue muy duro. No diferenciar los precios en la frontera sería muy grave para el comercio y la industria, porque aumentaría el número de personas que cargan gasolina en el lado norteamericano y además van a comprar otras cosas”, explicó en entrevista con medios.
Agregó que el “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar” firmado ayer por el Presidente Enrique Peña Nieto, empresarios y sindicatos no les fue dado a conocer con tiempo a los Gobernadores:
“Les puedo asegurar que mientras nosotros manteníamos la discusión en la Conago [Conferencia Nacional de Gobernadores], el presidente ya estaba presentando el acuerdo, ni siquiera a los gobernadores del país nos convidaron el acuerdo”, dijo.
El mandatario felicitó a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) por no respaldar dicho acuerdo, pues “el momento no es para acuerdos cosméticos”.
Corral aseguró que su Gobierno mantiene una estrecha relación con las empresas extranjeras establecidas en Chihuahua para evitar que las inversiones abandonen la entidad ante los amagos del Presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump.
“Estamos dándole seguimiento a todos los proyectos, y les generamos un programa de inventivos y estímulos a varias empresas que confirmaron su presencia acá, entre ellas, una gran empresa china, por lo cual se analizan sus requerimientos y se avanza en la concreción de su presencia en el territorio estatal”.
“EL BRONCO” ANUNCIA MEDIDAS DE AUSTERIDAD
Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, anunció este día las medidas de austeridad en el Gobierno de Nuevo León, con lo que prevé ahorrar 250 millones de pesos.
Entre las medidas implementadas está la rebaja de sueldos del 20 por ciento a funcionarios de primer nivel y del 50 por ciento en su aguinaldo. Además de la eliminación de los bonos.
Informó que se reducirá en 50 por ciento el cobro de la tenencia, medida que le generó críticas en días pasados debido a que en campaña dijo que la desaparecería. A aquellos que ya lo pagaron se les reembolsará el dinero.
“El Bronco” anunció que implementará un programa de cero tolerancia a la corrupción y además un comité para recuperar bienes que hubiesen sido desviados por funcionarios públicos.
Entre otras medidas asumidas se encuentra la desaparición y fusión de secretarías, además de que no se darán aumentos a mandos policíacos ni funcionarios.
“Somos conscientes de que el reclamo de la sociedad por le incremento a las gasolinas es justificado”, dijo en conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, ubicado en Monterrey Nuevo León
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-01-2017/3134821
A casi ocho años del incendio en la Guardería ABC, donde murieron 49 niños, un juez pidió a la PGR reabrir el caso contra el ex Gobernador de Sonora y dos de sus empleados quienes falsificaron un oficio y manipularon evidencia del caso.
La Procuraduría General de la República reabrió una investigación en contra del ex Gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y sus empleados, el Diputado federal Abel Murrieta Gutiérrez y el Consultor Juan Carlos Lam Félix.
Bours, Murrieta y Lam falsificaron un oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social y manipularon evidencia de la indagatoria que ellos mismos hacían en ese momento sobre el incendio en la Guardería ABC, lugar que se incendió el 5 de junio de 2009 donde murieron 49 niños y más de 100 resultaron heridos.
De acuerdo con un comunicado de la asociación civil Manos Unidas por Nuestros Niños, los funcionarios desviaron la investigación del caso.
La investigación la ordenó un juez de control del centro de justicia penal federal en contra de los tres ex funcionarios.
Manos Unidas por Nuestros Niños exige al Procurador General de Justicia, Raúl Cervantes, que no ceda ante la presión del poder político y económico de Bours; o por el fuero del Diputado federal Aberl Murrieta.
“Los padres y madres de los 49 niños fallecidos y de los más de 100 lesionados en el incendio de la Guardería ABC merecemos conocer la verdad del incendio y que se juzgue a los verdaderos responsables. ¡Ya basta de impunidad!, ¡son muchos años esperando justicia!”, finalizó el comunicado.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-01-2017/3134960
La Ley de seguridad interior sería una amenaza para el respeto de los derechos humanos e incumpliría con los tratados internacionales al no estar bien definidos los conceptos de seguridad nacional y seguridad pública.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProDH) publicó una misiva en donde organizaciones sociales y especialistas manifestaron su preocupación por la posible imposición de una Ley de Seguridad Interior que violente los derechos humanos.
El día de hoy, en una reunión con representantes del Ejecutivo y de ambas cámaras, el Senado de la República comenzó formalmente los trabajos para la discusión de una eventual Ley de Seguridad Interior, cuyo concepto y marco jurídico aún no están bien definidos y propician la confusión, señalaron las organizaciones.
“Vale la pena recordar de nuevo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló, ya desde su informe temático de 2009, que el concepto de seguridad interior propicia la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, acarreando funestas consecuencias para los derechos humanos. Así lo expresó dicha Comisión, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que optó por ese marco jurídico.
Los firmantes denunciaron que tanto el PRI, como el PAN y el PRD, en apoyo con la representación del Ejecutivo coincidieron en señalar que aspiran a la aprobación de un marco jurídico que diseñe los supuestos para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir cuando se considere afectada la seguridad interior.
Sin embargo, alertaron del peligro de que este mayor protagonismo de las Fuerzas Armadas las en labores de seguridad pública, puede no traer consigo la aprobación de mecanismos, contrapesos y rendición de cuentas correspondientes.
“Esto es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó ‘impunidad institucional castrense'”, alertaron las organizaciones.
Además, acusaron que en las discusiones que dieron inicio hoy, no estuvieran representados todos los partidos y fueran expluidas las perspectivas críticas de los especialistas. Sólo se dio voz a “un jurista carente de especialidad en al ámbito de la seguridad que se limitó a replicar la visión oficial”, manifestaron.
Por tal motivo, las organizaciones exigieron que las próximas discusiones se realicen bajo un formato abierto e incluyan todas las perspectivas planteadas, abarcando aquellas que han señalado los riesgos de que una ley de seguridad interior atente contra los derechos humanos.
Los firmantes expresan que no debe normalizarse la participación de la Marina y el Ejército en el territorio, a pesar de que es “claro que las Fuerzas Armadas no pueden dejar de hacer súbitamente las labores que hoy efectúan en regiones del país donde el Estado mexicano no detenta el monopolio legítimo de la violencia”.
“No por ello deben adoptarse falsas soluciones: no es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal; máxime cuando el propio Secretario de la Defensa Nacional ha aceptado que el Ejército y la Marina no están capacitados para las labores que hoy realizan”.
Los defensores de derechos humanos llamaron a ampliar el debate antes de que se imponga de manera apresurada y opaca la Ley de Seguridad Interior, y que por el contrario, que ésta contemple el diseño de un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas que hoy realizan, acompañado de un verdadero plan de fortalecimiento progresivo de las instancias civiles de seguridad.
Entre los firmantes se encuentran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C.; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.; Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C. México Unido contra la Delincuencia; la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI A.C.; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la república mexicana).
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-01-2017/3134944
