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La descomposición

El sexenio de Enrique Peña Nieto parece haber terminado dos años antes de su final. La demagogia del presidente se desvanece a la par de su protagonista. Carente de autoridad y credibilidad, el mandatario se evidencia políticamente acabado. Ya no se le respeta ni se le cree. El rechazo social a su fallido gobierno –incapaz, corrupto y mendaz– es casi unánime. Acaso el único poder que conserva sea el del aparato represivo del Estado y el de influir en la nominación del candidato de su partido para sucederlo en 2018. Además, claro, del poder para moler a México.

El desprestigio acumulado de la actual administración ha hecho explotar la ira ciudadana en redes sociales, calles y carreteras de todo el país tras el gasolinazo. El mandatario remató el agravio con un desafortunado mensaje de año nuevo dedicado a justificar su decisión mediante argumentos falaces y medias verdades, utilizando el lenguaje corporal de un autómata.

Atribuyó la medida al aumento internacional del precio del combustible, pero omitió mencionar que siendo productor de petróleo México importa toda la gasolina que consume debido a la ineficacia y corrupción en Pemex. Mintió al decir que “el gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por ese incremento”, ocultando la grave crisis en que se encuentran las finanzas públicas del país, verdadero origen del alza. Mañosamente presentó la disyuntiva de suprimir el subsidio a la gasolina o eliminar cuatro meses de servicios del Seguro Social, dos años del programa Prospera o tres años del Seguro Popular, habiendo cancelado antes más de 9 mil millones de pesos en programas de Sedesol (Proceso 2097).

Al igual que los discursos vacuos del mandatario, la puesta en escena llamada Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía de la Familia fue recibida como una afrenta más, como otro engaño. A la usanza del priismo decrépito, los genios de la comunicación gubernamental improvisaron esa farsa con el ingenuo propósito de paliar la indignación nacional a base de generalidades y lugares comunes. Ninguna solución concreta del gobierno ni de sus comparsas, los representantes obreros, campesinos y empresariales. Corporativismo trasnochado e inútil.

El regalo presidencial de año nuevo causará una incontenible inflación, a pesar de la vana promesa de “evitar que el aumento en el precio de las gasolinas sea pretexto para incrementos injustificados en otros productos o servicios”. Como siempre, los más afectados serán los sectores menos favorecidos de la población, incluida la depauperada clase media.

El hartazgo alcanza niveles de alto riesgo. La indignación ciudadana es resultado no sólo de la suspensión del subsidio al combustible sino de la impudicia política desbordada. El derroche de la casta política, salarios y prestaciones desmedidos para la alta burocracia, la falta de transparencia en el gasto de los gobernadores, el endeudamiento sin control, el desfalco del erario, la falta de crecimiento económico y, sobre todo, la corrupción e impunidad reinantes son las marcas intolerables e imborrables del peñanietismo. Si a ello agregamos el aumento de la violencia, no es remoto que al México bronco se sume el México hastiado. Los saqueos, organizados o no, prefiguran el caos.

En medio de esa situación crítica en los ámbitos político, económico y social, México se enfrenta frágil a la amenaza de Donald Trump. Aun antes de su toma de posesión, que será el viernes 20, los embates del nuevo mandatario estadunidense ya han tenido efectos desastrosos sobre la paridad monetaria, la confianza de los inversionistas y la industria automotriz. El magnate fascistoide ha reiterado que la construcción del muro fronterizo será pagada por México, directamente o a través de impuestos, pues será un elemento esencial en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. “México se ha aprovechado de Estados Unidos y eso ya no ocurrirá”, amenazó Trump en su primera conferencia de prensa como presidente electo, el miércoles 11.

En ese contexto poco esperanzador resalta el nombramiento de Luis Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores para encabezar la defensa de la dignidad y la soberanía nacionales, los derechos de los migrantes, así como la economía del país. La supuesta cercanía del canciller Videgaray con el yerno y asesor de Trump Jared Kushner no garantiza una rectificación de la política del déspota hacia su vecino del sur. Por el contrario, el temor es que se incremente la sumisión del gobierno mexicano ante el desprecio del imperio. La docilidad expresada por Peña Nieto ante el candidato Trump durante la visita organizada por el aprendiz de diplomático, hoy a cargo de la política exterior del país, no es un buen precedente.

La primera prueba será ver cuál posición prevalece, la de Trump –de que México pagará el muro– o la de Peña Nieto –que lo niega. El cuadragésimo quinto presidente de la máxima potencia mundial parece decidido a imponer, no a negociar, en todos los temas de la compleja agenda bilateral: deportación de indocumentados, tráfico de armas y drogas, comercio, integración productiva. Especialmente sensible para México es el envío de las remesas, que podría ser gravado como medida de presión.

El panorama es sombrío. Concebir el poder como fuente de enriquecimiento personal tiene un alto costo para el país y también para los gobernantes, quienes a cambio de su codicia reciben el desprecio de sus gobernados. Peña Nieto llegó al poder gracias a la complicidad tramposa de las televisoras y burlando la Constitución. Su gestión ha sido la continuación de ese desdén por el estado de derecho, anteponiendo sus intereses particulares a la responsabilidad de gobernar con eficacia y honradez. Faltan dos años. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos ante la descomposición irrefrenable de su gobierno, señor presidente?





Fuente: Proceso
Autor: Héctor Tajonar
http://www.proceso.com.mx/470789/la-descomposicion-2

De la sorpresa a la risa y coraje… así viví la Constituyente

Sabía que debido a compromisos de trabajo sería difícil cumplir con la Asamblea Constituyente, encargada de aprobar la Constitución de la Ciudad de México, por lo que intenté negarme a participar por esa falta de tiempo; sin embargo, la convicción de que Morena es el único ente político que de verdad tiene la moral, la energía y la honestidad necesarias para recomponer al país, me animé a integrarme como constituyente.

Además, porque nuestra urbe necesita seguir siendo gobernada por la izquierda. Eso es lo que la ha hecho inmune al deterioro y al saqueo al que han sometido a las demás entidades federativas los políticos neoliberales. El caso es que salí electo en la votación que se organizó el 5 de junio pasado con los capitalinos.

Al mismo tiempo, llegó la hora de cumplir mis compromisos con mi carrera: dos series de televisión en Colombia, desde mucho antes pactados con contratos.

Soy actor y mi labor es itinerante debido, principalmente, a la poca producción de cine y televisión de calidad en mi país, así que me fui a trabajar fuera de México, más siempre traté de estar al tanto de lo que se gestaba y discutía entre mis compañeros; sobre todo, respecto a los temas y los puntos que se establecerían en las propuestas de Morena. Tópicos bien sustentados por especialistas en diferentes disciplinas sociales, judiciales, económicas y culturales que, resumidos, conforman los “Sentimientos de la Ciudad”, que presentó el maestro Bernardo Bátiz.

Destaco que no renuncié, pero tuve que pedir licencia, como ya mencioné, por mis obligaciones actorales y en mi lugar entró mi joven suplente, Jaime Eduardo Rojo Cedillo.

No obstante, me parece importante relatar mi experiencia en la Cámara de los Constituyentes. Los diputados de esta instancia, electos por el voto ciudadano, fuimos en mayoría los de Morena.

Además, debido a los candados de la política mexicana, es “legal y normal” que los políticos de los otros partidos hayan impuesto constituyentes para defender la postura del político mexicano que ha crecido dentro de la corrupción y acostumbrado a no perder el control que le permite manejar las leyes a su entera disposición.

Así que a la hora de votar los contenidos de los artículos planteados para la Constitución de la Ciudad de México, los diputados de Morena ¡somos minoría! porque los grupos parlamentarios votan en bloque y, ¡claro!, bloquean la mayoría de las propuestas y enmiendas extraordinarias que formulan acertadamente algunos compañeros de Morena.

Mis primeras reacciones al estar entre los políticos del país fueron de sorpresa, luego pasé a la indignación, la risa y el coraje, y de nuevo a la sorpresa, la risa y después de plano a la chacota, porque es una burla lo que el “Pacto por México” realiza al votar en contra del poder del ciudadano.

Lo que justamente le hace falta a la nueva Constitución de la Ciudad de México es ¡Poder ciudadano! Desgraciadamente, lo que se está votando lleva en su origen el ¡germen de la corrupción! Esta  carta magna es votada por componendas e intercambios de fuerzas entre esos políticos.

Los “jefes” de esos grupos parlamentarios deciden según sus intereses qué legalizar a favor y qué en contra y el ciudadano recibirá algunas pequeñas cosas porque nunca aceptarán darle de verdad soberanía y poder para defender sus derechos.

Me sorprendía cómo en la casa de Xicoténcatl, antigua sede del Senado, al presentar propuestas y enmiendas formidables para los diferentes artículos, no eran capaces ni de escucharlas, ¡no se detenían a sopesarlas!, ¡a reflexionarlas! Llevaban ya la consigna de votar en contra y según lo pactado entre ellos.

Me daba pena ver a los políticos jóvenes que no se permiten ser librepensadores ¡porque están haciendo carrera política! y deben alinearse a lo establecido por sus jefes; mientras los políticos ya con experiencia, marcan la pauta a seguir.

Es decir, realizando chapuza para poner candados al ciudadano y que no tenga fuerza frente a lo que ellos demagógicamente enarbolan como “la más moderna y humanista Constitución hecha hasta ahora”.

¡Lo peor! Pasan a la tribuna, exponen relatos aprendidos de memoria o estructurados por la costumbre y el tiempo que han estado gastando como políticos de partido y al finalizar sus discursos, se abrazan, besan, aplauden, como si hubieran metido un gol, y los asuntos de su perorata son ínfimos y muy pobres en contenido humanista y de acción social.

Ratifican una serie de artículos minados y con muchas fisuras para que los políticos puedan ejercer las “nuevas leyes” y crear las reformas que a ellos les convenga.

Estas son algunas de mis interrogantes durante las sesiones a las que asistí: ¿Por qué votan que no se proteja a los locatarios de los más de mil mercados en la ciudad de empresas como Wal-Mart? ¿Por qué no aceptar que estas empresas se coloquen por lo menos a dos kilómetros de donde se encuentran los mercados?

¿Cómo que no quieren permitir que exista un grupo de cinco ciudadanos que vigilen cuánto presupuesto gastará el Jefe de Gobierno, en qué y cómo lo distribuirá para bien de la ciudad? No aceptan la austeridad republicana.

¿Por qué no consienten que la ciudad sea soberana como lo son los otros estados de la República frente a la federación?

¿Cómo que no quieren permitir los mecanismos necesarios para una Democracia Participativa, donde los ciudadanos tengamos las posibilidades de revocar el mandato de los políticos, como un referéndum para aceptar o no la nueva Constitución?

Tampoco se acepta el derecho a la resistencia. No se manifiestan en contra de privatizar el agua. Quieren penalizar el aborto con un engañoso derecho a la vida. ¡Uf!, finalmente el PRD se mantiene firme y se echa abajo ese sofisma del derecho a la vida que no es otra cosa que criminalizar el aborto.

Todas estas maravillosas propuestas surgieron de diferentes compañeros de verdad sensibles e inteligentes.

Bueno, ¡si es una pena cómo se ejerce la política mexicana! Para muestra, ahí están las tan cacareadas reformas estructurales que sólo están despojando en muchos sentidos a los mexicanos.

Lo peor es que se perdió la oportunidad histórica de gestar una Constitución Política de avanzada, humanista y de espíritu social y libertario, donde la ciudadanía tenga voz y voto asegurados. ¡Eso sí es una pena!...





Fuente: Proceso
Autor: Damián Alcázar
http://www.proceso.com.mx/471168/la-sorpresa-a-la-risa-coraje-asi-vivi-la-constituyente

Violencia y miedos sociales: un desalentador balance



La reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) del Inegi nos muestra resultados que conjugan nuestra crítica situación de violencia y miedos sociales junto con la carga de un futuro de expectativas negativas que, si se mantienen, configuran un escenario trágico para los mexicanos.

El foco del ejercicio de percepción y de información de experiencia social relacionada con la violencia y/o la conflictividad a la que estamos expuestos, se concentra en las 51 ciudades más importantes del país (cobertura de la encuesta). Sus resultados, sin embargo, se pueden extrapolar de un modo general al país considerando la concentración poblacional y la representatividad del ejercicio demoscópico. El balance es desalentador, por mucho que se pretenda verlo con el optimismo tecnocrático del Inegi, un poco a tono del gobierno federal, que en diversas partes de su anuncio de la Ensu señala disminuciones en la percepción de la inseguridad en varias ciudades del país.

Inseguridad, al alza

Un primer dato que se destaca de observar los números de la Ensu es la elevada percepción de inseguridad en la población ciudadana del país: siempre muy por arriba de la mitad desde que se empezaron a realizar estas mediciones en 2013 (14 desde entonces) que van de 68 al actual 74.1% de diciembre pasado. En los años de gobierno de Enrique Peña Nieto no hemos dejado de sentirnos inseguros, e incluso aumenta en la sociedad dicha percepción.

Con la lente particular de la percepción por ciudad y comparando la encuesta del tercer trimestre de 2016, los datos no son menos alentadores. Del universo de las 51 ciudades que comprende la Ensu, sólo nueve tienen cifras de percepción menores a 50%. De hecho, como destaca la nota del Inegi, algunas de estas ciudades (Durango, Puerto Vallarta, Tepic, Saltillo y Mérida) muestran tendencia al alza en dicha percepción, como si se tratara de alcanzar el promedio nacional que, de suyo, es elevado en forma alarmante.

Las variaciones a la baja que muestran 21 ciudades, en realidad, salvo en siete casos (donde destacan La Paz, Chihuahua, Juárez o Neza, cuyas cifras siguen siendo altas), son de diferencias menores de dos puntos porcentuales, lo que hace irrelevante la disminución.

Un segundo dato importante en el comparativo es el hecho de que 23 de los 32, incluyendo a la Ciudad de México (poco más de las dos terceras partes), muestran una percepción creciente de inseguridad. Si consideramos en términos gruesos esta proporción, podemos hacer coincidir la percepción de inseguridad con el mapa de la violencia que nos muestran los datos de incidencia delictiva que proporciona la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) a través de su secretariado.

Esta apreciación desmiente en buena parte el cliché gubernamental de que la inseguridad del país es una mera cuestión de percepción y de falla en la comunicación de las políticas de prevención y combate al delito. O bien, que la alta criminalidad se concentra en medio centenar de municipios del país.

Futuro cierto: peor

En la línea de tiempo que se traza desde que se inician estas mediciones en cuanto a la expectativa de la “delincuencia” en nuestras ciudades por los próximos 12 meses, los resultados son de una creciente desesperanza: pasan de 60.8% en 2013 a 72.1% en 2016 las respuestas que conjuntan que “seguirá igual” con las de que “empeorará”.

En este punto vale la pena acotar el dato de que el levantamiento de la última encuesta de la que nos da razón el Inegi ocurrió en diciembre pasado, y que es posterior a la elección presidencial de Estados Unidos. Es obvio que este no es un factor definido en el ejercicio pero se puede plantear como hipótesis que el ánimo social que se refleja en la encuesta, suma nuestra endeble expectativa de solucionar la crisis de seguridad con el preámbulo de la era Trump. Este argumento podrá confirmarse cuando se realice, en marzo, el primer ejercicio de la Ensu este año.

Percepción versus conflictividad

Una de las cualidades de la Ensu es la medición de experiencia o exposición ya sea de conductas delictivas o la mera conflictividad derivada de la violencia en el entorno en que vive la población. Esto va de la mera problemática con vecinos o los conflictos en la calle hasta la presencia o conocimiento de la comisión de ciertos delitos. La diferencia es sustantiva porque no se trata de la subjetividad del sentimiento de inseguridad que tienen las personas sino su contacto con la inseguridad en sí. En principio, estas mediciones diferenciadas pueden ser indicativas sobre la naturaleza originaria de nuestros temores: apuntan a la degradación del tejido social o al sometimiento de nuestro entorno a criminalidad exógena.

Por ejemplo, la Ensu de diciembre señala a Fresnillo como una ciudad donde la población tiene una mayor percepción de inseguridad (90.7%), pero que en el apartado de “conflictos y conductas antisociales” aparece con uno de los menores porcentajes de conflictos entre la población (11.4%).

La explicación no es fácil y eso no se desprende de la encuesta. La ausencia o baja tasa de “conflictividad” como la caracteriza el Inegi no está aparejada con menos inseguridad. El análisis de la percepción debe contemplarse con datos de incidencia delictiva y con el señalamiento de su naturaleza. En el caso de Fresnillo puede aventurarse la hipótesis que la percepción de inseguridad se debe a factores ajenos a una dinámica de deterioro de convivencia social o de ausencia (de ahí que no exista conflictividad); el crimen organizado, por ejemplo.


Vivir con miedo

La lectura integral de las mediciones comprende el espacio físico en el que nos sentimos más seguros, donde el transporte público y los cajeros son los sitios con el primer lugar de vulnerabilidad (74.2 y 82%, respectivamente). Llama la atención de la encuesta que, aun en hogares o en la escuela, casi una tercera parte de la población encuestada se siente insegura (29.7 y 28.9%, respectivamente).

La variable sobre “experiencia” o los comportamientos personales respecto de ciertos hábitos nos muestra una compleja y triste degradación de nuestra vida social, familiar y de relación con nuestro entorno: más de la mitad de la población es renuente a caminar de noche cerca de casa (52.3%) o de permitir que sus hijos menores salgan de su vivienda (57.9%), en tanto que más de la tercera parte es renuente a visitar a parientes o amigos (35.5%). La conclusión es clara, la crisis de inseguridad de estos años ha mutilado los motores de la confianza y la convivencia sociales.

Colofón: confianza institucional en la eficacia… de papel

La Ensu describe una categoría que busca reflejar la confianza ciudadana en las instituciones del sector seguridad. Los resultados pueden ser engañosos porque no queda clara la intención que busca la medición cuando, por ejemplo, los entrevistados no se sabe si distinguen la competencia de cada organismo o nivel.

Las fuerzas armadas (Ejército y Marina), la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, todas ellas instituciones de tipo federal, en promedio tienen altos niveles de consideración de eficacia en su actuación. Los niveles más bajos o reprobatorios apuntan hacia las policías estatales y las municipales.
Niveles de eficacia. Instituciones. Foto: Especial
Niveles de eficacia. Instituciones. Foto: Especial”Muy o algo efectivo”.

Los datos así presentados dan pauta a la manipulación sobre la verdadera percepción de los organismos de seguridad del Estado o bien para orientar cierta predisposición a favorecer a instituciones que no están preparadas a desempeñarse como policías. La opinión favorable, en el caso de las fuerzas armadas y de las policías federales, tiene un componente de ignorancia o de confusión social que no se aclara en la encuesta.

En principio, la calificación ciudadana sobre el desempeño de las instituciones en papel de seguridad pública debe hacerse siempre que haya habido, en el caso de las federales, dicha actuación previa al levantamiento de la encuesta. Este dato no es claro. De ahí que el resultado es sesgado cuando se vierte sobre las policías con las que se tiene conocimiento permanente de su actividad en nuestro entorno, como son las estatales y las municipales.





Fuente: Proceso
Autor: Erubiel Tirado
http://www.proceso.com.mx/471164/violencia-miedos-sociales-desalentador-balance

Farmacéutica israelí corrompió a funcionarios mexicanos

Reputados médicos de hospitales públicos y funcionarios de salud mexicanos aceptaron millones de pesos para promover los productos de la farmacéutica Teva, particularmente un medicamento para tratar la esclerosis múltiple. Y el hecho no fue descubierto por autoridades nacionales, sino por Estados Unidos, que ya multó con más de 500 millones de dólares a la empresa israelí. Al sur del Bravo, la impunidad campea.

Funcionarios del sector salud durante los gobiernos federales panistas estuvieron involucrados en actos de corrupción internacional perpetrados por la farmacéutica Teva, la principal productora de medicinas genéricas en el mundo. Junto a Rusia y Ucrania, México se convirtió así en plataforma para que la empresa de origen israelí colocara en el mercado –irregularmente– el medicamento Copaxone, diseñado para el tratamiento de la esclerosis múltiple.

El caso fue investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a partir de una denuncia de la Comisión de Intercambio de Valores de ese país (SEC), pues la farmacéutica ha cotizado en la Bolsa estadunidense.

Teva evitó el juicio porque acordó con el Departamento de Justicia un pago por 520 millones de dólares. El acuerdo se firmó el pasado 22 de diciembre, luego de que la farmacéutica aceptara que un millonario pago de sobornos a funcionarios de esos tres países fue parte de su estrategia.

Gracias a los erogaciones ilegales en México, Rusia y Ucrania, Teva logró ganancias por más de 221 millones 232 mil 303 dólares… que se esfumaron con el pago de la multa.

Con los sobornos, Teva logró –en los tres países– la aprobación de regulaciones, decisiones de compra de medicamentos por parte de hospitales públicos y su inclusión en recetas, con lo que incrementó su cuota de mercado con ventajas sobre sus competidores.

En México, la investigación detectó que Teva hizo pagos ilegales a funcionarios del sector salud desde 2005 (en el gobierno de Vicente Fox) hasta 2012, durante todo el sexenio de Felipe Calderón. La farmacéutica israelí también corrompió a través de una empresa con la que distribuyó la inyección Copaxone.

Ese nombre es la marca comercial del acetato de glatiramer, una droga utilizada para el tratamiento de la esclerosis múltiple y uno de los pocos productos no genéricos que vende Teva.

Durante varios años ese medicamento, que retrasa la evolución de la enfermedad, fue uno de los que dejaban más ganancias a la empresa, por el solo hecho de que los pacientes con ese mal deben aplicarse una inyección diaria. Al año, el costo se eleva a miles de pesos por enfermo.

No es el primer escándalo de Teva en México. En 2007 ya había sido investigada en Estados Unidos también por prácticas corruptas y actualmente se encuentra en litigio en Nueva York para intentar desconocer un compromiso de compra de la farmacéutica mexicana Rimsa, a la que ahora acusa de producir medicamentos que ponen en riesgo la salud.

La trama

La investigación contra la farmacéutica israelí por los sobornos internacionales se hizo porque violó el Acta contra Prácticas Corruptas en el Extranjero, una ley estadunidense. El proceso se radicó en la Corte Federal para el Distrito Sureste de Florida, debido a que las operaciones de Teva para América Latina se manejan desde Miami.

Pero la investigación se amplió y ahora toca a Teva International Group, principal unidad responsable de las operaciones de Teva fuera de Estados Unidos, que operó entre 2002 y 2010 y estuvo a cargo de un ejecutivo israelí.

Los documentos presentados ante la Corte de Florida no precisan el total de los sobornos en México, pero mencionan que Teva pagó miles de dólares en efectivo, comidas, regalos y viajes a Cancún para médicos empleados de hospitales públicos.

En el caso del distribuidor del producto, señala que dio entre 9 mil 600 y 30 mil dólares cada año (entre 227 mil 904 y 712 mil 200 pesos al tipo de cambio actual) para influir en la decisión de recetar la inyección. Ya en 2012 los sobornos fueron por aproximadamente 159 mil dólares (3 millones 774 mil 660 pesos).

La “inversión” valió la pena… hasta que se conoció el delito. Tan sólo entre 2011 y 2012 –los últimos dos años del gobierno de Calderón– Teva México obtuvo contratos por unos 16 millones 865 mil 489 dólares, equivalentes a 222 millones 455 mil 800 pesos al tipo de cambio promedio de 13.19 pesos por dólar en 2012. La cifra es menor a la que obtuvo en Rusia, por casi 200 millones de dólares.

Entre los corrompidos en México, la investigación ubicó a un funcionario mexicano cuya identidad se reservó, quien entre 2005 y 2012 “fue un reconocido e influyente neurólogo que trató a pacientes con esclerosis múltiple”, tuvo altos cargos en hospitales y otras instalaciones de salud propiedad del gobierno.

Sobre la empresa –cuyo nombre también se reservó– distribuidora de la inyección, el Departamento de Justicia dijo que durante 2011 y 2012 Teva se valió de aquélla para distribuir Copaxone en los hospitales propiedad y administrados por el Estado.

Precisó que en ese periodo usó al distribuidor para hacer pagos a médicos y otros proveedores. “Algunos de éstos recibieron pagos de Teva México a cambio de recetar Copaxone al menos desde 2005”, apenas un año después de que la empresa israelí se instalara en el país.

Las “mordidas” fueron conocidas por los propios ejecutivos de Teva México encargados desde 2009 de desarrollar y aprobar los controles internos anticorrupción de la empresa.

Precedentes sucios

Teva ya había sido investigada por el Departamento de Justicia por prácticas sospechosas en México y así quedó asentado en el acuerdo con el gobierno estadunidense: “Teva comercializó y vendió productos farmacéuticos en países con alto riesgo de corrupción, entre ellos México.

“A pesar de conocer la naturaleza de los riesgos de corrupción de hacer negocios en México y consciente de la bandera roja sobre conductas previas relacionadas con la corrupción de la subsidiaria de Teva en México, Teva consciente y voluntariamente falló en poner en práctica un adecuado sistema de controles internos y en hacer cumplir los controles internos que ya tenía, lo que se tradujo en pagos impropios en México”, dice la investigación.

Teva se instaló en México en 2004 y desde entonces se ha dedicado a comprar compañías no sólo del sector farmacéutico, sino también inmobiliario y de servicios. Teva México está integrada por Lemery S. A. de C. V., de preparaciones farmacéuticas; Lemery Desarrollo y Control, de servicios de asesoría administrativa; e Inmobiliaria Lemery, urbanizadora y promotora de cementerios.

También forman parte del grupo la compañía farmacéutica Sicor de México, ubicada en Lerma, Estado de México; Teva Pharmaceuticals México, en Naucalpan, Estado de México; Ivax Phamaceuticals México, y Vitrum División Farmacéutica, ambas en la Ciudad de México.

El actual director de Teva México es Enrique Villarreal Barocio, a cargo de la empresa desde 2011. El crecimiento del consorcio tuvo un primer descalabro en 2016 con la compra de la farmacéutica Rimsa, de Guadalajara. La empresa israelí se comprometió a pagar 2 mil 300 millones de pesos por la compañía, pero el caso terminó en una demanda en Nueva York en un cruce de acusaciones por incumplimiento de contrato.

Ante los señalamientos de Teva de que Rimsa producía medicamentos con registros sanitarios que no correspondían a lo exhibido, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios cerró en octubre pasado la planta de Rimsa en Guadalajara mientras emite un dictamen. La resolución se espera para los primeros meses de 2017.

En cuanto la adquirió, Teva México redujo la producción de las dos plantas que Rimsa tenía en Guadalajara. Su objetivo era utilizar la estructura comercial de la empresa mexicana para aumentar su participación en el mercado de medicamentos genéricos.

Tanto la acusación de la SEC como la investigación del Departamento de Justicia detallaron la manera en que Teva corrompió en México. Las indagatorias fueron apoyadas con información de la Procuraduría General de la República.

La SEC aseguró que a mediados de la década pasada, la administración de Teva México “de manera rutinaria entretuvo a funcionarios del gobierno de México en un hotel de Cancún para incrementar las ventas de Teva en México”. En ese entonces Teva reportaba directamente a su matriz en Israel.

Las irregularidades fueron dadas a conocer en febrero de 2007 a través de una denuncia anónima al auditor interno de Teva, por lo que la matriz emprendió una investigación interna que terminó al año siguiente. La indagatoria encontró que había “evidencia creíble” de los pagos ilegales de Teva a funcionarios del gobierno de México para influir en la aprobación de regulaciones y fórmulas, así como en las decisiones de compra y prescripciones. Como resultado, 11 empleados de Teva México fueron despedidos.

Sin embargo, continuó la compra de voluntades de médicos en hospitales públicos para que siguieran recetando medicamentos de Teva.

Una de sus prioridades era colocar en el mercado la inyección Copaxone. La investigación estadunidense encontró que el 6 de noviembre de 2008, uno de los funcionarios mexicanos comprados por la empresa israelí se quejó porque no le habían pagado:

“Teva México prometió y prometió y nunca hubo ningún interés para mejorar nuestra relación”, según cita el Departamento de Justicia de un correo electrónico escrito ese día por el funcionario mexicano.

La comunicación añade que la falta de pago fue “realmente extraña, cuando soy uno de sus mejores clientes en México”. Explica que ha recetado Copaxone a unos 170 pacientes, lo que lo convertía en uno de los médicos que más ha prescrito el medicamente en la región.

El correo fue reenviado a un ejecutivo de Teva en Israel –no identificado en la versión pública de la investigación–, quien respondió a uno de los principales ejecutivos de Teva México –tampoco identificado– que “apreciaría sus buenos resultados y confianza de que el problema (con el funcionario mexicano) sería resuelto. Después de todo, no todos los días tenemos una queja de un profesor que tiene 170 pacientes con Copaxone”.

La propia empresa israelí reconoció la ventaja de los pagos ilegales. En un correo del 30 de diciembre de 2008 –también citado en el expediente–, un ejecutivo de Teva México reportó a su matriz que el reciente avance de Copaxone en el mercado mexicano no se debía al apoyo científico o académico, sino a “otros incentivos” pagados del presupuesto a la comercialización y promoción del producto.

La colocación de ese medicamento en el mercado mexicano quedó después a cargo de una Unidad de Innovación de Negocios de Teva México, que redujo el presupuesto para su promoción. Con propósitos de mantener la compra de los funcionarios mexicanos, Teva México decidió que a partir de entonces se les pagaría en efectivo por parte del distribuidor de Copaxone en el país.

Para entonces, de acuerdo con la SEC, Teva tenía una política y medidas contra las “mordidas” en el caso de terceras partes, pero ninguna de ellas fue aplicada en este caso.

Otro correo de la investigación, de abril de 2011, señala que un ejecutivo de Teva Israel “específicamente instruyó (a sus filiales en América Latina) a poner en práctica un sistema robusto que nos posibilite monitorear y asegurarnos que el mismo doctor no sea invitado a comer más de tres veces”.

La empresa en ningún momento desistió de colocar como fuera su sustancia. En enero de 2012 un ejecutivo de menor nivel de Teva México acordó con su distribuidor márgenes adicionales en sus ventas de Copaxone a través de descuentos impropios. El acuerdo consistió en que Teva México le daría un margen adicional de 2% sobre las ventas del distribuidor a sus clientes gubernamentales.

Tras el acuerdo, “el administrador de Teva México le dio a ese mismo subordinado una lista de doctores, sus números de teléfono y las cantidades de dinero que les debía pagar”.

El administrador de la empresa le pidió entonces llamar a los médicos para decirles que seguirían recibiendo dinero de Teva. Según la acusación de la SEC, “algunos de esos doctores empleados en hospitales del gobierno fueron influyentes neurólogos”.

Precisa que la mayoría de los médicos que fueron sobornados por el distribuidor del medicamento en 2011 y 2012 también recibieron pagos ilegales “en o alrededor de 2007”.

Indica que el distribuidor pagó entre 9 mil y 30 mil dólares cada año para influir en las recetas, mientras que Teva pagó directamente 159 mil dólares a funcionarios mexicanos en 2012.

Los pagos se mantuvieron durante ese año. Sólo entre el 16 de febrero y el 6 de marzo de ese año, la empresa distribuidora hizo pagos en efectivo al menos a siete funcionarios de hospitales e instalaciones de salud públicos.

La investigación consigna también un correo del 15 de marzo, en el que la distribuidora le reporta a Teva México cómo se entregó el dinero a los médicos, incluidos 30 mil dólares dados a un funcionario en su oficina la mañana del 17 de febrero de 2012. En total, el empleado de la distribuidora detalló pagos en efectivo por 159 mil dólares.

La SEC señaló que Teva México disfrazó los sobornos en sus registros contables como “legítimas reducciones de ingresos” y fueron consolidados en las declaraciones financieras de Teva ante la propia Comisión de Intercambio de Valores.

La empresa israelí reconoció los sobornos ante el Departamento de Justicia y acordó pagar una multa por 283 millones 177 mil 348 dólares en beneficio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; además de 236 millones 101 mil 824 dólares junto con la empresa distribuidora.





Fuente: Proceso
Autor: Jorge Carrasco Araizaga
http://www.proceso.com.mx/470788/farmaceutica-israeli-corrompio-a-funcionarios-mexicanos

En puerta, la “liberación” de Pensionissste

Asociado con el proyecto de crear la Bolsa Institucional de Valores, que competiría con la Bolsa Mexicana de Valores, existe otro para reformar la afore que maneja los fondos de los trabajadores del Estado, Pensionissste. Esta institución formaría parte de los capitales integrantes de la nueva bolsa, pero ya no contaría con el respaldo gubernamental en caso de pérdidas y minusvalías de los fondos que operan.

Con el retorno de Luis Videgaray al gabinete de Enrique Peña Nieto, como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, revivió un proyecto anunciado a finales de octubre de 2015: la creación de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), una nueva operadora que le hará competencia a la actual Bolsa Mexicana de Valores (BMV) pero que tendrá entre los capitales que la integran al Fondo Nacional de Pensiones Pensionissste, cuyo vocal ejecutivo José María de la Torre es un viejo amigo del exsecretario de Hacienda e impulsor de bajo perfil de este proyecto.

La autorización para que comience a operar Biva se espera a mediados de 2017 y dependerá de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a cargo de Jaime González Aguadé, y de la regulación que establezca la Secretaría de Hacienda, según admitió en varias declaraciones de prensa el director general de Central de Corretaje (Cencor), Luis Urquiza, quien aparece como principal promotor de Biva.

Según la información pública, el dinero para crear esta nueva bolsa de valores provendrá de una nueva figura conocida como Certificados de Capital de Desarrollo (CKD), nuevos instrumentos del mercado de valores que impulsan proyectos de infraestructura, empresariales y de capital privado.

Los CKD son “títulos o valores fiduciarios destinados al financiamiento de uno o más proyectos, o para la adquisición de una o varias empresas”, según la definición de la BMV.

La figura de los CKD permite la creación de fideicomisos en los que pueden participar tanto socios capitalistas como las administradoras de fondos para el retiro (afores). En el caso de Biva, la CKD está formada por LIV Capital, integrada por socios capitalistas, pero más de 90% provendrá de capital de afores, entre ellas las de Banamex y Coppel así como Pensionissste.

En su columna “Nombres, nombres y… nombres”, del 4 de octubre de 2016, el especialista en negocios Alberto Aguilar informó que “entre las 34 casas de bolsa que hay en el país no todas están de acuerdo con el proyecto.

“Es más, hasta se cuestiona la participación del LIV Capital, de Miguel Ángel Dávila, Humberto Zesatti y Alex Rossi, que inyectará 450 millones de pesos a Biva porque en el mismo CKD participan varias afores.

“Se habla de Pensionissste, que lleva José María de la Torre, así como de Afore Banamex, a cargo de Luis Sayeg, y Afore Capital, que encabeza Mauricio Alarcón.

“Amén de que no necesariamente suena congruente que los dineros de los trabajadores participen en el capital de una bolsa, se hace ver que LIV ha tenido también sus tropiezos, como fue Mastretta, la automotriz mexicana que naufragó por problemas de gestión administrativa”, escribió Aguilar.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Retiro afirmó ante diputados y senadores, en consultas realizadas para aprobar la nueva ley que le da autonomía de gestión a Pensionissste, que el órgano de dirección de este Fondo Nacional de Pensiones se integrará por miembros de la Secretaría de Hacienda quienes “tienen conflictos en materia de inversión, porque prefieren que los activos de las afores se inviertan en fondos de gobierno”.

La creación de una nueva bolsa de valores en México no es recomendada por especialistas del sector, ya que ven la amenaza de una mayor fragmentación porque “la competencia no remediará la falta de crecimiento del mercado mexicano. En Canadá el mercado se abrió a competencia y no creció, pero se fragmentó”.

Así lo establece el estudio Estado del mercado de capitales mexicano: iniciativas para su expansión, realizado por Equity Research Desk LLC (www.erdesk.com), al cual tuvo acceso este semanario.

El estudio, de noviembre de 2016, compara el mercado bursátil mexicano (que representa apenas 39% del PIB con un total de 144 emisoras) con el de otras bolsas de América Latina (Chile tiene 83% y Colombia 41%) y el de otras regiones.

En México sólo hay 25 financieras enlistadas, mientras en Chile hay 46 y en Perú hay 71. Asimismo, sólo hay una compañía enlistada del sector energía, en comparación con 52 en Brasil, 25 en Argentina, 25 en Chile y 20 en Perú, y en la lista del país no aparecen empresas estatales.

El diagnóstico del estudio revela que la estructura del mercado bursátil mexicano “promueve la expatriación” de los capitales y este fenómeno continuará “a menos que se consense un plan de contención”.

Según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, entre 2013 y agosto de 2016 las carteras que más han crecido fueron las de las afores, que se incrementaron 65% al pasar de mil 903 millones de pesos a 2 mil 692 millones, en montos colocados tanto en ofertas públicas de acciones, como en CKD, en Fideicomisos para Rentar y Administrar Bienes Inmuebles y en emisiones de deuda privada de mediano y largo plazos.

La aventura de Pensionissste

La reforma financiera impulsada por Luis Videgaray aceleró, entre otras medidas, una iniciativa del Ejecutivo federal para separar a Pensionissste del ISSSSTE.

En septiembre de 2015 el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados su iniciativa que plantea la plena separación y “autonomía de gestión” para convertir a Pensionissste en un Fondo Nacional de Pensiones que determinará dónde y cómo invertirá los fondos de los trabajadores al servicio del Estado.

En su exposición de motivos, la iniciativa elaborada en las oficinas de la Secretaría de Hacienda advierte que Pensionissste “no cuenta con autonomía operativa, normativa y de gestión, lo cual genera diversas fracturas que le impiden atender de manera dinámica, en la línea con lo que exige el Sistema de Ahorro para el Retiro.

“Esta inflexibilidad –se advierte en el documento del Ejecutivo– impide a Pensionissste crecer a la par que sus competidoras y ofrecer mayores beneficios y calidad en el servicio a los trabajadores, lo cual la sitúa en condiciones de desventaja en el mercado, que podrían, en el mediano plazo, conducir a una situación de insostenibilidad”.

La iniciativa modifica la composición del consejo de administración de Pensionissste para que lo integren cuatro representantes del gobierno federal, tres de los nueve sindicatos de la burocracia federal y seis consejeros “independientes” designados directamente por el Ejecutivo Federal.

Todos los bienes y obligaciones de Pensionissste pasarán a manos de la nueva empresa administradora, y el gobierno federal “no responderá por las obligaciones a cargo de la nueva sociedad, ni de las pérdidas ocasionadas por una variación negativa en el valor de las acciones de las siefores (sociedades de inversión especializada en fondos de retiro) que operen los fondos de los trabajadores”.

El 8 de diciembre de 2015 se aprobó en la Cámara de Diputados la iniciativa enviada por Peña Nieto, con algunas modificaciones en relación con la composición del consejo de administración. En septiembre de 2016 la minuta llegó al Senado y sigue pendiente su análisis y aprobación.

El estudio “Apuntes sobre la iniciativa que reforma la Ley del ISSSTE para separar a Pensionissste”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, advierte que esta modificación legal podría generar implicaciones negativas en el bienestar de los trabajadores:

“Tanto en la propuesta del Ejecutivo como en la minuta se elimina la responsabilidad del gobierno federal si se llegan a perder los fondos de las cuentas individuales o en caso de minusvalías en el valor de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro.”

Se añade que en la propuesta del Ejecutivo federal “no existe ninguna restricción respecto a la obligación de buscar el bienestar social general, la iniciativa privada puede disponer de estos recursos sin la regulación del Estado y sin la función obligada constitucionalmente”.

Durante los foros de la Semana de la Seguridad Social, el vocal ejecutivo de Pensionissste, José María de la Torre, defendió en la Cámara de Diputados y en el Senado el nuevo esquema para dotar de “autonomía operativa, normativa y de gestión” a este fondo de pensiones.

De la Torre mencionó que estos cambios “son resultado directo de la entrada de los esquemas de capitalización individual de hace 17 años. El rol de las afores en los mercados domésticos y en la estabilidad macroeconómica es innegable”.

El funcionario, viejo amigo de Luis Videgaray, insistió en que el gobierno “no responderá” por cualquier minusvalía en el valor de las siefores con este nuevo esquema.

Como Videgaray, De la Torre tiene una larga carrera en el sector bancario privado. Tiene maestría en administración de empresas con especialidad en ingeniería financiera por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde Videgaray realizó estudios de posgrado.

De la Torre inició su carrera en Banamex, fue director de Citigroup, luego director de Ventas de Producción Estructuradas y Director de Estrategia de Inversión para América Latina en BBVA-Bancomer. Fue vicepresidente del banco estadunidense JP Morgan y director de Fondos de Renta Fija en la compañía holandesa ING.

La historia de Biva

Recién estrenada la reforma financiera del gobierno de Peña Nieto, en octubre de 2015, Santiago Urquiza, presidente de Cencor, presentó ante la Secretaría de Hacienda una solicitud para organizar y operar Biva.

Urquiza, con más de 20 años en el sector financiero y bursátil, sorprendió al ámbito de las finanzas al indicar que tenía tres años trabajando esta iniciativa y contaba con el patrocinio de Nasdaq, que le brindaría su sistema de vigilancia y sus avances tecnológicos operativos.

Afirmó que esta nueva bolsa se orientará hacia las medianas y pequeñas empresas y requeriría una inversión inicial de 320 millones de pesos. Habló de un “universo potencial” de más de 6 mil empresas y mencionó en rueda de prensa que en un primer momento los valores que se cotizaran en la Biva serían de deuda y capital.

“La intención es trabajar en conjunto para hacer el mercado de valores más accesible al mercado… Creemos que el mercado mexicano puede crecer 40% en tres años”, dijo Urquiza con optimismo a columnistas de El Economista, El Financiero, Milenio y Excélsior.

Desde el principio, varias columnas periodísticas y especialistas del ámbito financiero y bursátil especularon sobre la viabilidad de la Biva y quiénes podrían estar detrás de esta nueva empresa que generó nerviosismo en la BMV, dirigida por José Oriol Bosch.

Durante todo 2016 Hacienda, dirigida por Luis Videgaray, así como el Banco de México y la CNBV dieron signos de que la Biva sería aprobada porque era necesario abrir la competencia en el sector bursátil.

A finales de 2016, ante la renuncia de Videgaray a la Secretaría de Hacienda, comenzaron a ventilarse las dificultades de viabilidad de la Biva.

Un estudio de Accival-Citibanamex afirmó en noviembre del año pasado que “tanto las compañías listadas en México como las casas de bolsa mexicanas ponen en duda las ventajas de que opere en el país una nueva plataforma de negociación de instrumentos de renta variable”.

“Las compañías listadas, especialmente las de pequeña y mediana capitalización, temen que la potencial fragmentación de liquidez resulte en una caída de los precios de las acciones en la medida en que aumente el descuento de liquidez”, afirmó el estudio de Citibanamex, accionista de la actual BMV.

Ese mismo mes Jaime González Aguadé, director de la CNBV, comenzó a circular un proyecto para regular la Biva. Con el visto bueno de la autoridad reguladora del mercado bursátil, la Secretaría de Hacienda, le entregaría la concesión.

La novedad fue el anuncio de que Latin Idea Ventures Capital (LIV Capital) aportará los 450 millones de financiamiento inicial a partir de su CKD para fondear la Biva y que dependerá de la aprobación de Hacienda.

Los especialistas bursátiles especulan que, con el retorno de Luis Videgaray al gobierno federal, el proyecto revivirá con mayor fuerza y la concesión podría ser entregada a mediados de este año.





Fuente: Proceso
Autor: Jenaro Villamil
http://www.proceso.com.mx/470787/en-puerta-la-liberacion-pensionissste

Miles de mujeres alzan la voz en EU contra Donald Trump

Miles de mujeres se están concentrando en Washington este sábado para una demostración de fuerza en el primer día completo de la presidencia de Donald Trump.

Los organizadores de la Marcha de las Mujeres sobre Washington esperan una concurrencia de más de 200 mil personas, una cifra que se compararía favorablemente con la de los asistentes a la ceremonia de investidura de Trump.

Transmisión en vivo de Democracy Now:




Las participantes están "ofendidas y asustadas" por el nuevo presidente y quieren mayor voz para las mujeres en la vida política, de acuerdo con la declaración de los organizadores.

"En el espíritu de la democracia y en homenaje a los campeones de los derechos humanos, la dignidad y la justicia que nos precedieron, nos unimos en nuestra diversidad para mostrar nuestra presencia en números demasiado grandes para pasarlos por alto", dice la declaración.

Había previstas más de 673 manifestaciones de mujeres y diversos grupos en todo el país y en el extranjero.





Fuente: La Jornada
Autor: AP
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/21/multitudinaria-concentracion-femenina-en-contra-de-trump

Por alza 'desproporcionada', vecinos de Polanco no pagarán 'predialazo'

Afectados por el predialazo, habitantes de Polanco hicieron un llamado a los residentes de la zona para no pagar este impuesto hasta que el Gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa (ALDF) aclaren o den marcha atrás a los incrementos desproporcionados que este año se aplicaron en sus boletas.

Georgina Ricks, residente del área, indicó que en esta zona, además del incremento en los valores para el cobro del predial, se impuso uno más para los inmuebles que colindan con corredores comerciales, como Presidente Masaryk, Paseo de la Reforma, Campos Elíseos, Horacio, Homero y Ejército Nacional.

Son 40 cuadras perpendiculares de Periférico a Mariano Escobedo en las que calculamos que hay mil inmuebles a los que pudieron haber puesto este valor, que empezaron a aplicarlo desde 2015, pero de manera selectiva en algunas manzanas con el fin de que la gente no se les enoje al mismo tiempo, resaltó.

Indicó que los habitantes de Polanco fueron muy enfáticos en que no iban a pagar la contribución de mejoras con la intervención en Presidente Masaryk, y efectivamente en el paquete económico quedó establecido que habrá ingresos por ese rubro hasta 2020, pero buscaron recuperarlo por otro lado.

La reducción de uno a 0.8 por ciento en la depreciación de los inmuebles, agregó la vecina, también comenzó a aplicarse desde hace dos años en algunos casos aislados y ahora de manera generalizada, a pesar de que se trata de una modificación que no fue aprobada por la Asamblea.

Ricks expresó que las afectaciones no son sólo en las zonas residenciales, también en las colonias populares, sobre todo a los adultos mayores que contaban con una tarifa fija.

Las autoridades quieren atenderlo en lo individual, pero te piden un levantamiento topográfico que cuesta mil peso o un avalúo con peritos de la Secretaría de Finanzas, que sale en 10 mil pesos, es decir, la casa nunca pierde, apuntó.

En un pronunciamiento conjunto, organizaciones como La Voz de Polanco y Suma Urbana, así como vecinos demandaron a las autoridades capitalinas dar una explicación de las inconsistencias que presenta la información publicada en la Gaceta Oficial de la capital con lo aprobado en la ALDF y definir las medidas para hacer las correcciones correspondientes.

Además, solicitaron modificar el concepto de corredor de valor, ya que este permite cobrar el metro cuadrado a un costo mucho más elevado a los inmuebles colindantes a un paso comercial, a pesar de que la que dirección o entrada principal no estén sobre el mismo.

También pidieron respetar la depreciación acumulada de uno por ciento por 40 años y corregir los rangos para determinar el impuesto predial para que efectivamente se cobre 3.99 por ciento al que se comprometieron realizar las autoridades.

Pese a sus esfuerzos por contener precios, mercados reducen ventas

La cuesta de enero comenzó y con ella las bajas ventas en los mercados públicos, cuyos pasillos lucen a toda hora desiertos, a pesar de los esfuerzos de los locatarios por contener el incremento a los precios de sus productos.

En distintos centros de abasto, los comerciantes detallaron que el costo de la carne de cerdo y res se elevó entre 20 y 30 por ciento desde diciembre pasado, mientras embutidos y lacteos, cuyo precio ya subió en la primera semana de enero, podrían experimentar una nueva alza en breve.

Verduras y frutas han tenido pequeñas fluctuaciones, mientras el bolillo, el huevo y las tortillas mantienen su precio, pero ya no tardan en subir, advirtieron.

Gastamos 800 pesos más a la semana en el consumo de gas, aún no ha llegado el recibo de luz, así que no sabemos cómo viene, mientras la masa mantiene su costo, pero si se incrementa ya no vamos a poder mantener a 11 pesos el kilo de tortilla, lamentó Adolfo Ledezma, propietario de un expendio de ese alimento en la colonia Juárez.

Detalló que la mayoría de los locatarios está absorviendo los costos, porque si te vas por la libre y subes el precio las multas son de 23 mil pesos; para qué exponerse.

Los dueños de misceláneas precisaron que desde los primeros días de enero las carnes frías, como jamón y salchicha, se incrementaron 4.5 por ciento, las margarinas 9 por ciento, el queso 0.4 por ciento, yogur uno por ciento y las cremas otro tanto. Nos avisaron que en dos semanas más viene otro incremento, apuntó Amalia Rosas, del mercado Juárez.

En los locales de frutas y verduras, los productos más caros son la uva, que la ofertan en 80 pesos, y el ajo, en 140 por kilo. En lo demás, los precios suben y bajan, la semana pasada teníamos la cebolla en 28 pesos, ahora está en 18; el jitomate subió un poquito a 18 pesos por kilo, refirió.

En el mercado Cristo Rey, en Álvaro Obregón, la situación es similar. Las ventas de pollo cayeron 20 por ciento y la gente comenzó a sustituir pechuga, pierna o muslo, por retazo, vísceras, cabezas y patas, que antes eran la comida para perros, porque estamos amolados, señaló Marcos Muñoz, quien atiende un local de este producto.

El locatario Nicolás Torres señaló que el costo de la carne de res subió 30 por ciento, pero afirmó que mantienen en 140 pesos el kilo porque no podemos repercutirlo en la misma proporción, sería como condenarnos a no vender nada, pues hoy estamos peor que durante la crisis de 1994, y lo que falta.

Una situación similar enfrenta Cecilia Martínez, con un alza en el precio de la carne de cerdo de 30 por ciento y una caída en las ventas de 40 por ciento, que ha llevado a la gente a comprar menos, porque hasta el chicharrón prensado cuesta casi lo mismo que la maciza, 85 y 95 pesos, respectivamente.

La venta de alimentos preparados no se queda atrás. Aunque demos más barato, no tenemos gente. Todos los días los pasillos del mercado están vacíos. La situación está retedifícil, pero es de lo que vivimos y tenemos que echarle ganas. No queda de otra, afirmó José Blas Lara.

Mientras, Francisco reconoce que la cuesta de enero se prolongará varios meses, porque las ventas están estancadas y la gente muy amolada.

En un recorrido por la zona poniente se observó que los precios del pan de dulce aumentaron un peso y el bolillo se mantiene entre 1.50 y 2 pesos.





Fuente: La Jornada
Autoras: Rocío González Alvarado y Laura Gómez Flores
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/21/capital/029n1cap

Universitarios, el sector "más afectado" por el desempleo

El desempleo en México afecta en mayor proporción a las personas que han cursado el bachillerato o concluido estudios universitarios. Al término del año pasado, 48 de cada 100 desocupados habían completado la educación media superior o superior.

Denuncian a Duarte y Herrera por medicinas apócrifas en Veracruz

Los ex gobernadores del estado, Fidel Herrera Beltrán (2004 a 2010), actual cónsul de México en Barcelona, España, y Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), prófugo de la justicia, fueron denunciados por la compra de medicamentos apócrifos para el tratamiento de pacientes con cáncer.

En entrevista en el puerto de Veracruz, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares informó que el secretario de Salud estatal, Arturo Irán Suárez Villa, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a las 23:20 horas del pasado jueves contra los dos ex mandatarios.

La querella abarca a los secretarios de Salud de ambos gobiernos, así como a los directores administrativos de la dependencia en un periodo de 12 años, para que se investigue la adquisición de fármacos clonados, precisó.

Yunes Linares adelantó que el próximo lunes dará a conocer un nuevo lote de medicamentos que se planeaba suministrar a pacientes con cáncer, de lo cual ya tiene conocimiento el secretario de Salud federal, José Narro Robles, y con quien hay comunicación para atender este caso.

Desde hace tres días una brigada de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios analiza la compra de medicamentos apócrifos y las pruebas de VIH-Sida en Veracruz. La FGE debe ejercer su autonomía para que respondan ante la justicia los responsables de esos hechos, dijo.

A comienzos de esta semana el gobernador panista informó que su administración había iniciado una investigación por el probable suministro de agua destilada en lugar de medicina para quimioterapia a niños con cáncer, durante el gobierno encabezado por el priísta Duarte de Ochoa.

En esta indagatoria, se incluyó la revisión de inventarios de productos farmacéuticos, a fin de identificar si hay caducos o irregulares, y deslindar responsabilidades de servidores públicos e integrantes de la industria farmacéutica que pudieran estar involucrados en esos hechos.

Prisión preventiva a ex funcionario

Mientras, la juez de control del Poder Judicial del estado, Verónica Portillo Suazo, dictó la noche del jueves prisión preventiva contra Leonel Bustos Solís, ex director del Régimen Estatal de Protección en Salud durante los gobiernos de Herrera Beltrán y Duarte de Ochoa, por el presunto desvío de 2 mil 300 millones de pesos.

Bustos Solís es acusado de abuso de autoridad, tráfico de influencias, peculado e incumplimiento de un deber legal por transferir el monto citado del Seguro Popular a las cuentas del gobierno del estado. Estos delitos, en conjunto, acumulan una pena de 35 años de prisión.

La FGE solicitó el embargo precautorio de las propiedades de Bustos Solís: un departamento en Jardines de Xalapa; propiedades en Teocelo, Valle de Las Ánimas, Alto Lucero, y dos lotes en Monte Magno. Además pidió intervenir cuatro cuentas bancarias, que en conjunto suman 20 millones de pesos.

La juez dictó la prisión preventiva debido a que el ex funcionario no acreditó un domicilio en la entidad veracruzana, y por contar con la solvencia económica, que le permitiría darse a la fuga. El próximo martes 24 de enero, a las 17 horas, se continuará con la audiencia y se definirá su vinculación a proceso.





Fuente: La Jornada
Autora: Eirinet Gómez
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/21/estados/024n1est