Minutos después de la tragedia, Aldo Fasci Zuazua, vocero de seguridad del estado, atribuyó apresuradamente la balacera a los contenidos a los que acceden los niños en las redes sociales. Afuera del colegio, clamó: “Vamos a tener más cuidado en lo que portan y con quién se juntan, porque tienen acceso a todo en las redes sociales. Esto es producto, sin duda, de lo que vieron en redes de otros países”.
Sólo habían pasado unos minutos desde que el joven perpetró el ataque cuando los datos relevantes ya se conocían en los medios de comunicación: el muchacho desenfundó poco antes de las ocho de la mañana la pistola calibre .22 de su papá que había llevado en su mochila. Disparó, e hirió en la cabeza a la maestra Cecilia Cristina Solís y a los alumnos Luis Fernando y Ana Cecilia, mientras que Mariel recibió un impacto en el codo. Cuando vació el arma, la cargó de nuevo y se dio un tiro.
Momentos después de que los paramédicos de la Cruz Roja sacaran a las víctimas de la escuela, ubicada en calle Paseo del Lago número 5109 de la colonia Paseo Residencial, comenzaron a surgir las especulaciones, sobre todo aquellas que alertaban contra el uso de las redes sociales.
Un par de horas después circularon en internet videos y fotografías de la tragedia. Alguien, no se sabe quién, captó con un teléfono celular la grabación de una cámara de seguridad del interior del aula, donde se ve claramente el ataque. Son 34 segundos en total del primero al último tiro.
También se difundieron fotografías de los niños inconscientes y acercamientos a sus cabezas recostadas sobre charcos de sangre.
La mayoría de los medios de comunicación mexicanos se abstuvieron de publicar esas imágenes. Los pocos que lo hicieron tuvieron que bajarlas por la presión ciudadana que recibieron precisamente a través de las denostadas redes sociales.
Hasta la Secretaría de Gobernación, que ha transitado de la censura rigurosa a prácticamente ignorar los contenidos impropios y el lenguaje soez en los medios, tuvo que intervenir.
A través de la Dirección General de Radio, Televisión y cinematografía (RTC), la dependencia encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong dio la instrucción de que los medios se apegaran al capítulo 10 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que prohíbe difundir imágenes y la identidad de menores de edad relacionados con hechos criminales en calidad de víctimas, victimarios o testigos.
Mientras tanto, en Nuevo León, Aldo Fasci dio a conocer en rueda de prensa que el padre de Federico no incurrió en un delito por dejar el arma al alcance del joven. Añadió que ningún integrante de la familia tiene antecedentes penales. Hasta el momento, dijo, se sabía que el muchacho recibía tratamiento psicológico por un cuadro de depresión.
Por el acceso aparentemente fácil de Guevara Elizondo a la pistola, se recordó en Monterrey el caso de Elías, el niño de 13 años asesinado por su amigo Adrián, de 14, el 3 de enero de 2015 en la colonia Del Carmen.
Según la información local difundida entonces, Adrián compró la pistola y la presumió en una reunión de amigos. Al jugar con ella, se la colocó en la cabeza a Elías y jaló el gatillo, confiando en que la recámara del arma estaba vacía, pero estaba cargada.
El Colegio Americano del Noreste está en la exclusiva colonia Paseo Residencial de Monterrey, en el sur de esta ciudad, y su lema es “Educar para ser libre”. En su página en internet dice que fue establecido por la licenciada Juana Elma Badillo Galindo en 1984 y que ofrece una educación bilingüe y constructivista, basada en valores.
Ofrece los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Todos los aspirantes a alumnos deben aprobar un examen de ubicación de nivel académico y madurez, además de que se les pide carta de buena conducta.
En la página web del colegio aparece una carta fechada el 18 de enero, en la cual se lamentan los hechos de esa mañana, que no se especifican:
“En este momento nuestra prioridad son los afectados y sus familias –con quienes mantenemos estrecha comunicación, para brindarles el apoyo que requieran–, así como el resto de la comunidad académica del colegio. Estamos colaborando con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos y el resguardo de la integridad de nuestros alumnos, padres de familia, docentes y personal.”
“No hay que satanizar”
Sofía Hernández Robles, presidenta de la Asociación Psicólogos Actitud Positiva México, con 30 años de experiencia, denuncia que no se proporciona a los escolares atención de salud mental:
“Tiene que estipularse en la ley que trabajen con los estudiantes psicólogos actualizados, no sólo egresados, para que ejerzan adecuadamente su trabajo en las escuelas. Actualmente sólo hay programas, no está instituido esto, y cuando esos programas no funcionan, se retiran. En el sistema educativo se contratan psicólogos, pero no hacen su labor porque no los dejan trabajar internamente.”
Al respecto Angélica Quiroga Garza, profesora investigadora del departamento de Psicología y del Centro de Tratamiento e Investigación de la Ansiedad de la Universidad de Monterrey, indica que los tiroteos en escuelas eran inéditos en México, pero ya alcanzaron al país.
Considera que la “hipercomunicación” –el bombardeo de contenidos de todo tipo, no sólo virtuales, al que están expuestos los jóvenes– puede afectar a cualquier persona, no necesariamente a quien muestre tendencias violentas.
“Estamos impactados por demasiados estímulos sociales de diferentes índoles que pudieran llevar, como en este caso, a un joven a realizar esto que hizo contra otros y contra sí mismo. No creo que esto sólo provenga de la familia.”
De igual forma, añade, los adolescentes “pueden tener redes de apoyo personales, como los amigos y compañeros, antes que las virtuales. Pero ahora, las redes sociales han llevado a los jóvenes a la nueva dimensión del internet, donde tienen sus propios grupos que les permiten socializar, compartir y sentirse parte de un grupo”.
La especialista aclara que ese tipo de interacción no sólo provoca conductas destructivas, sino que los jóvenes también pueden crecer positivamente con información que ahí asimilan.
“No podemos satanizar sólo a las redes sociales; tampoco a las familias o a la escuela porque eventualmente se conjuntan factores que pueden llevar a alguien a reaccionar como este joven. En el video difundido se ve que el chico ya sabe manejar el arma”, observa.
Al día siguiente de la tragedia, el gobierno de Nuevo León informó que Federico practicaba la cacería con su padre, lo que explica su familiaridad con el arma. Quiroga Garza comenta que este hecho tampoco es motivo para demonizar a los cazadores, pues ellos “no van por la vida disparándole a la gente”.
Desde el punto de vista de la doctora en psicología, “pudo haber influencia de todo. Se dice que andaba en grupos de redes sociales enojados con la sociedad, pero ese hecho tampoco explica por sí mismo lo que sucedió. Hay que ver toda una serie de cuestiones (…), qué hizo ese día y antes, para decidir hacer esto, que seguramente había pensado en diferentes ocasiones antes”.
Como sociedad indignada “pareciera que queremos encontrar a un culpable –prosigue– y el más a la mano es una plataforma virtual que no se defiende porque está en un dispositivo. Se pueden hacer campañas y pedir que se eliminen contenidos, pero eso no va a detener el avance tecnológico. Ante eso, hay que atender y educar a las personas, principalmente a niños y jóvenes”.
La especialista afirma que los padres son responsables de los contenidos en internet a los que acceden los menores de edad; por eso vuelve a recomendar que los acompañen para vigilar los contenidos que reciben.
Aún más, considera que para establecer la verdadera causa del ataque es necesario efectuar una autopsia psicológica del muchacho. “Es una técnica que se utiliza en psicología, con una serie de elementos a considerar, entre ellos qué hizo, cómo lo hizo, qué dicen los papás… para llegar a una conclusión que explique lo que sucedió”.
Protocolos y leyes
En medio de la consternación general, el gobierno de Nuevo León reactivó la Operación Mochila para verificar que los estudiantes no introduzcan objetos ni sustancias peligrosas a las escuelas.
Al día siguiente de los hechos, en prácticamente todos los municipios del área metropolitana policías locales revisaron a los alumnos, algunos incluso con perros detectores de armas y drogas.
El primer día del operativo no hubo incidentes. Sin embargo, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Sofía Velasco, señaló que la revisión con uniformados es impropia, pues el procedimiento deben aplicarlo, previo aviso, brigadas integradas por padres de familia, psicólogos y directivos escolares.
La noche del jueves 19, el presidente Enrique Peña Nieto visitó Monterrey en gira relámpago. Acudió primero al Hospital Universitario, donde fueron operados y convalecen la maestra Cecilia y el estudiante Luis Fernando. Después, el mandatario fue al Hospital Christus Muguerza, al sur de la ciudad, donde fue operada la alumna Ana Cecilia. Al salir de esta visita, Peña Nieto dijo:
“Creo que este hecho lamentable convoca a que estos protocolos se revitalicen, tengan mayor vigencia. Hoy por la mañana di indicaciones al secretario de Educación Pública para que todos los gobiernos locales, con gobernadores, entre todos definan y tengan claro cuáles son los protocolos, los pongan en vigencia y podamos evitar que un hecho como éste se vuelva a repetir”, dijo Peña Nieto, a quien acompañó el secretario de Salud, José Narro.
En cuanto a la legislación aplicable a los adolescentes, con el paso de los años se ha vuelto más laxa, indica la antropóloga y psicoanalista Elena Azaola, quien elaboró por encargo de la Secretaría de Gobernación y la Oficina de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) el Diagnóstico de los adolescentes que cometen delitos graves en México.
Ella encontró que en 2014 fueron sancionados legalmente 16 mil 885 adolescentes, de los cuales 93% eran hombres. Del total, 4 mil 558 (es decir, 27%) fueron privados de su libertad por cometer delitos graves.
Con la reforma al artículo 18 constitucional, que entró en vigor en 2006, los estados quedaron obligados a crear nuevos sistemas de justicia para adolescentes, con mayores beneficios. A partir de entonces los muchachos de entre 14 y 18 años solamente son encarcelados en casos extremos.
Eso hizo que disminuyeran los jóvenes de ese rango de edad internados en reformatorios. En 2005, el año anterior a los cambios constitucionales, había en el país unos 37 mil menores encerrados, pero en 2014 sólo eran 5 mil. Otros 12 mil eran procesados en libertad.
Además, la especialista corroboró que los adolescentes infractores no reciben los programas de atención especializados que requieren, lo que agrava su situación y los coloca en riesgo a ellos y a las personas de su entorno.
“La mejor manera de evitar que estos adolescentes reciban esos daños y queden arraigados en una carrera delictiva o sigan siendo víctimas de los grupos de delincuencia organizada, es recuperar el espíritu y los principios que dieron origen al nuevo sistema de justicia para adolescentes, además de acortar la enorme distancia que separa a las normas de su puesta en práctica”, expone Azaola.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GAARZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/471652/colegio-monterrey-la-vulnerabilidad-los-escolares-mexicanos
