EPN cancela viaje a Washington después del portazo de Trump y del llamado de líderes en México

Esta mañana, Donald Trump manifestó a través de su cuenta de Twitter que si  México no está dispuesto a pagar su muro, sería mejor cancelar la visita de Peña Nieto, programada para el próximo martes. El Presidente mexicano fue conminado ayer por líderes a que cancelara su viaje. No lo hizo. Ahora, políticos, intelectuales y activistas reclamaron a Peña Nieto que no haya tenido el valor de suspender su reunión con su homólogo de Estados Unidos, y que éste se le adelantara. Después de muchas horas de desatino, Peña canceló su viaje.

Después de que el Presidente de Estados Unidos condicionara la reunión con Enrique Peña Nieto a la aceptación de que México pague por el muro, y luego de que políticos, intelectuales y académicos volvieron a criticarlo por no hacer caso a las recomendaciones, el Jefe de Estado mexicano anunció que cancela el viaje a Washington.

“Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS.”, escribió Peña en Twitter. 

“México reitera su voluntad de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones”, agregó.

La visita a Washington estaba ya virtualmente cancelada porque el Gobierno de México tiene una posición firme, al menos hasta ayer, de que no pagará el muro.


Esta mañana, Donald Trump manifestó a través de su cuenta de Twitter que si México no está dispuesto a financiar la edificación de un muro físico entre ambas naciones, sería mejor cancelar la visita de Peña Nieto, programada para el próximo martes.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de enero de 2017

Ante estas declaraciones, las reacciones de académicos, periodistas, investigadores y políticos no se hicieron esperar. Coincidieron en que el mandatario mexicano no debería asistir a Washington para reunirse con Trump.

Peña finalmente cedió, aunque tarde.

El líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, dijo: “EPN: ante el nuevo exabrupto de Trump no asista al encuentro y presente con urgencia en la ONU la demanda por violación a derechos humanos”.

“Otra vez Trump se adelantó a EPN”, opinó el periodista Jorge Ramos, quien calificó como desastroso los tiempos que maneja el mandatario mexicano, y destacó que no había más opción que dejar de lado la visita a Estados Unidos.

Agregó que una barrera física no detendrá a los inmigrantes, ya que el 40 por ciento llega a la Unión Americana con visas, ni detendrá las drogas y además costará millones. “Es inútil y no inteligente”, apuntó.

El historiador Enrique Krauze reiteró que “no hay duda en que el Presidente Enrique Peña Nieto no debe de acudir a Washington a la reunión con Trump”. También sugirió al priista a que “vaya al muro actual y, rodeado de migrantes, reitere el agravio de México y la negativa a pagar el muro”.

Trump es un demente que probablemente se destruirá a sí mismo. Hay que ganar tiempo con paciencia, fortaleza y dignidad.

— Enrique Krauze (@EnriqueKrauze) 26 de enero de 2017

Ricardo Anaya, líder del Partido Acción Nacional (PAN), expresó su sentir en redes sociales y calificó la noticia como una humillación y pidió a Peña Nieto ponerle un alto al mandatario estadounidense.

“Lo que faltaba: se adelanta Trump a cancelar reunión con EPN. Esto es una humillación. Urge poner un alto a Trump. ‘El valiente llega…'”.

El día de ayer, Anaya calificó como un insulto hacia todos los mexicanos, después del anuncio del Presidente Trump sobre el inicio de los trabajos para la construcción del muro fronterizo a tan sólo unos días de la visita de Peña Nieto a Estados Unidos.

“La posición es muy clara, o se cancela la reunión con Donald Trump o se asiste para decir públicamente, de frente, y con absoluta firmeza que México rechaza el muro y que no pagaremos ni un centavo por él”, dijo Anaya a través de un video publicado en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la también panista, Josefina Vázquez Mota, exhortó a una unión nacional que deje a un lado cualquier interés o diferencia partidista, con el objetivo de no permitir que se vulnere la “soberanía y dignidad” de México, pues es “inadmisible el trato que le está dando a nuestro país”.

Por su parte, la también panista, Josefina Vázquez Mota, exhortó a una unión nacional que deje a un lado cualquier interés o diferencia partidista, con el objetivo de no permitir que se vulnere la “soberanía y dignidad” de México, pues es “inadmisible el trato que le está dando a nuestro país”.

Asimismo, consideró que es momento de que el país “cambie su posición conciliatoria” y no negociar más con “tiranos”, lo cual dará “un ejemplo de dignidad al mundo”.


El Senador Roberto Gil Zuarth manifestó que el Presidente mexicano está obligado a cancelar el encuentro con Trump, “por el mínimo sentido de vergüenza”.

Ayer pudieron cancelar por dignidad. Hoy están obligados por el mínimo sentido de vergüenza. Es increíble que toleren tanta ofensa. Carajo. https://t.co/j5JMtm0aw7

— Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) 26 de enero de 2017

La tarde de este miércoles, el Presidente Trump firmó una orden ejecutiva para destinar fondos federales a la construcción del muro con México durante una ceremonia celebrada en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, y a pesar de la petición de diversas personalidades de la vida política y social de que Peña Nieto debía cancelar la reunión con el Gobierno de EU,  el Jefe de Estado mexicano dijo ayer que mantenía sus planes de viaje e informó que esperaría a que sus funcionarios concluyeran su encuentro en Washington para tomar decisiones.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, sostuvo que como Presidente de la república asumía “plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de Mexico y los mexicanos. Es mi deber encarar los problemas y enfrentar los desafíos”.

La gobernadora, los gobernadores y el jefe de gobierno de las 32 entidades federativas, miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), expresaron “nuestro repudio a la decisión del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, de construir un muro en los límites de la frontera compartida por ambos países”.

“Es un acto hostil que rompe con los principios de amistad, convivencia y cooperación entre ambas naciones”, dijeron. “Amenaza a la seguridad humana al afectar los derechos humanos de los migrantes. Genera un impacto negativo en el intercambio comercial, cultural y social, tanto de México como de Estados Unidos de América”.

Agregaron: “La dignidad de México no se negocia”.

“Comprometidos con la defensa de nuestra soberanía, actuaremos con firmeza y apoyaremos todas aquellas acciones que protejan el interés superior del Estado Mexicano. No al muro, sí a construir puentes de entendimiento”, dijeron.

EL MURO DE TRUMP CREARÁ CAMPOS DE REFUGIADOS: AMNISTÍA

Amnistía Internacional (AI) afirmó hoy que luchará “con todas sus fuerzas” contra el muro que propone Donald Trump, pues este supone un peligro y detonará la creación de campos de refugiados en la frontera entre México y Estados Unidos.

“No dejaremos que el Presidente Donald Trump cree campos de refugiados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México como aquellos que hemos visto en Grecia, Australia y otros países”, señaló la directora ejecutiva de AI en Estados Unidos, Margaret Huang, en un comunicado.

Ayer miércoles, el Presidente de Estados Unidos firmó órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración, incluyendo la construcción de un muro en la frontera con México, la apertura de más centros de detención de inmigrantes y la eliminación del financiamiento federal a “ciudades santuario”.

Huang afirmó que Amnistía luchará “contra esta peligrosa jugada con todas sus fuerzas”.


“Este muro enviará el mensaje de que aquellas personas que vienen de otros países, especialmente las de América Latina, deben ser temidas y rechazadas y eso es terrible”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-01-2017/3140784

El Chapo mantuvo comprada a toda autoridad en México

El gobierno de Estados Unidos tardó más de 20 años en armar el expediente delictivo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y fue en 2009 cuando el Departamento de Justicia presentó por primera vez cargos contra el narcotraficante mexicano. En esa investigación, cuyas partes medulares fueron consultadas por Proceso, se consigna de manera explícita una constante: la protección que las autoridades de todos los niveles en México le dispensaron al capo, en particular desde 2001, cuando se fugó por vez primera de un penal de máxima seguridad.

CIUDAD DE MÉXICO: Joaquín Guzmán Loera llegó a ser el narcotraficante más importante en tiempos recientes gracias a la protección de las autoridades mexicanas de todos niveles, sobre todo después de su fuga del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001.

Pagó millones de dólares por su protección, armó un ejército particular y confrontó con violencia extrema a sus enemigos para hacer del Cártel de Sinaloa una de las organizaciones delictivas más grandes y prolíficas del mundo.

Movilizó por lo menos 200 mil kilos de cocaína y obtuvo ganancias por 14 mil millones de dólares porque llegó a tener el control de la mayoría de la cocaína que se transportaba y distribuía en el Continente Americano, desde los países del sur hasta Canadá. Su operación se extendió hacia África y Asia, incluidas China e India, como proveedores de precursores químicos para las drogas de diseño.

En un cuarto de siglo, pasó de ser un eficiente operador para mover droga desde Colombia a Estados Unidos a liderar “una empresa de continua actividad delictiva” responsable de fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana destinadas principalmente a ese país.

Considerado por algunos en Sinaloa como un moderno Robin Hood, Joaquín El Chapo Guzmán, de 59 años, además de sus guardias armadas acostumbraba cargar un fusil AK-47 o cuerno de chivo de plata y una pistola calibre .45 milímetros de oro con incrustaciones de diamantes. Sus dos escapatorias de penales de máxima seguridad en México –la primera en enero de 2001; la segunda en julio de 2015–, su capacidad económica de corrupción y los grupos de fuerza que desarrolló lo convierten en uno de los narcotraficantes más peligrosos.

Tal es el perfil delictivo del Chapo Guzmán que el gobierno estadunidense presentó ante la Corte federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, el viernes 20, un día después de que el gobierno de Enrique Peña Nieto lo extraditara, a unas horas de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

El traslado a Nueva York

Joaquín Guzmán Loera fue entregado la tarde del jueves 19 después de un rápido movimiento de los tribunales en México. En menos de 24 horas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México negaron y dieron por concluidos los dos amparos que tenían detenida su extradición, autorizada por el gobierno de Peña Nieto desde mayo del año pasado.

El Chapo fue sacado del Centro Federal de Readaptación Social número 9, una cárcel de alta seguridad en el desierto de Ciudad Juárez, y entregado a la Procuraduría General de la República (PGR). Los agentes de la procuraduría de inmediato lo pusieron en manos de sus pares estadunidenses, quienes lo trasladaron a la prisión de supermáxima seguridad en Nueva York.

Cuando fue presentado ante la Corte federal de Brooklyn, el Departamento de Justicia le hizo saber los 17 cargos que hay en su contra, entre ellos tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana, conspiración, uso ilegal de armas, homicidio y lavado de dinero.

Por todos esos ilícitos, la fiscalía pide cadena perpetua, luego de que el Departamento de Estado, en su solicitud de extradición, se comprometió con el gobierno de México a no aplicarle la pena de muerte, aun cuando fuera condenado a ella.

La pretensión de la justicia estadunidense, que refiere casi 40 años de actividad delictiva, contrastan con lo ocurrido en México, donde Guzmán no ha podido ser sentenciado por narcotráfico, a pesar de las acusaciones que le ha hecho desde los años noventa.

En más de 20 procesos que se le han abierto desde entonces por homicidio, producción y tráfico de mariguana y cocaína, y otros delitos contra la salud, ha salido absuelto, sin contar los 10 que actualmente se siguen en su contra. De acuerdo con su historial judicial, la justicia mexicana no ha podido declarar a Guzmán Loera como narcotraficante (Proceso 2052).

El capo enfrenta seis procesos en Estados Unidos en cortes federales de Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Texas y California. Sólo estas dos últimas pidieron a México su extradición. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la concedió y tuvo el aval del Poder Judicial de la Federación.­

Su defensa se concentró en esas dos peticiones, pero la SRE acordó con Estados Unidos extraditarlo por nuevos cargos en otras jurisdicciones a condición de no ser condenado a muerte o, en su caso, a que esa pena no se ejecute.

En su sesión privada del miércoles 18, ninguno de los cinco ministros de la Primera Sala de la SCJN hizo suya la petición del abogado del Chapo, José Refugio Rodríguez, para que revisaran la negativa de amparo decidida por un juez de primera instancia.

Los ministros consideraron que no había ninguna violación constitucional en la extradición y decidieron que los expedientes pasaran al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México para que éste resolviera en definitiva. La determinación de los ministros no fue comunicada oficialmente por la Suprema Corte, pero se conoció en el máximo tribunal y la noticia se difundió.

Más tardaron los ministros en resolver que los tres magistrados del Colegiado en confirmar por unanimidad la extradición el jueves 19 y dar por cerrado el caso. De inmediato, El Chapo fue sacado de la prisión de Ciudad Juárez y enviado a Nueva York.

Declaración de inocencia

En su primera comparecencia ante la Corte federal de Nueva York, el pasado viernes 20, El Chapo se declaró inocente de todos los cargos. Su primera audiencia quedó programada para el próximo 3 de febrero.

El Departamento de Justicia presentó ante esa Corte federal los cargos desde septiembre de 2014, mientras Guzmán estaba recluido en el penal de Almoloya, en el Estado de México, de donde se fugó en julio de 2015.

Estados Unidos se llevó más de 20 años para armar su expediente. Intervinieron la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigación (FBI), el Servicio Marshal, del Departamento de Justicia, así como el Departamento del Tesoro y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), del propio Departamento del Tesoro, y el Departamento de Seguridad Interior.

La investigación comprende de 1989 a 2014, periodo en el que, de acuerdo con los documentados presentados ante la Corte federal, hay una constante: la protección de la autoridad en México, en particular desde 2001, cuando se fugó por vez primera de un penal de máxima seguridad y se encaminó a convertirse en “el narcotraficante más notorio del mundo”.

En un memorándum que el Departamento de Justicia presentó el viernes 20 ante la Corte para reforzar su acusación, se asegura que Guzmán logró controlar “a funcionarios gubernamentales corruptos de todos los niveles de México y gobiernos de otros países a través de sobornos”.

Esos pagos le permitieron proteger sus embarques de droga de México hacia ciudades de la frontera norte, así como asegurar el paso de éstos cuando cruzaban a territorio de Estados Unidos.

Para las autoridades estadunidenses, la corrupción fue clave para solidificar su poder en México: “Una piedra angular de su estrategia fue la corrupción en cada nivel de gobierno: local, municipal, estatal y nacional, además de extranjeros, a quienes les pagó para asegurar que él y el Cártel de Sinaloa tuvieran libertad de traer toneladas de cocaína desde América del Sur y moverlas libremente a Estados Unidos”.

Precisan que los pagos le garantizaron, además de ese libre paso, que los miembros de su organización no fueran detenidos y que las disputas territoriales se resolvieran a favor de la organización que lideraba el capo sinaloense.

Dan un ejemplo: el soborno por alrededor de 1 millón de dólares en efectivo a funcionarios encargados de perseguirlo y, con ello, asegurar el paso libre de un cargamento a través de México. El documento omite la fecha y los nombres de los funcionarios involucrados, y asegura que hay testigos dispuestos a declarar sobre los pagos de Guzmán Loera a políticos y funcionarios encargados del cumplimiento de la ley en México para asegurar que ésta no se aplicara.

El memorándum menciona que un exfuncionario de Ciudad Juárez podría testificar sobre el pago de “cientos de dólares por mes” para dejar en libertad a los miembros del cártel que fueran detenidos, liberar las rutas por donde pasaban los cargamentos de droga y dar protección armada a los camiones cargados con droga que pasaran por esa área.

En 2009, los primeros cargos

En el historial delictivo de su acusado, el gobierno estadunidense le dice al juez que Guzmán comenzó desde adolescente cultivando mariguana y amapola para la producción de heroína. “Con el paso de los años dedicó sus esfuerzos a crecer su organización e incrementar y mejorar el poder del Cártel de Sinaloa, a menudo a través de la tortura y el asesinato”.

Abunda: “Como líder del Cártel de Sinaloa, operó con impunidad en los más altos niveles del mundo del narcotráfico mexicano, mientras aseguraba su éxito continuo y que no fuera detenido, a través de pagos de sobornos a funcionarios gubernamentales y oficiales encargados del cumplimiento de la ley”.

Señala que aun durante sus encarcelamientos, continuó manejando sus operaciones de narcotráfico y exitosamente complotó para escaparse de la cárcel. Una vez libre, continuó supervisando las actividades de su “imperio de tráfico de drogas”.­

Desde 2009, cuando el Departamento de Justicia presentó por primera vez cargos contra él en Nueva York, aseguró que junto con los otros jefes del Cártel de Sinaloa “históricamente… aseguraron su protección política y judicial en común”.

En esa acusación, el gobierno estadunidense se lanzó en contra del liderazgo de lo que se dio en llamar La Federación, como se conoció a la organización sinaloense entre finales de los años ochenta y la década pasada. Además del Chapo, incluyó a los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva, a Ignacio Coronel Villarreal y a los hermanos Ismael y Jesús Reynaldo Zambada García. Con excepción de Ismael, el resto están muertos, detenidos o extraditados.

Arturo Beltrán Leyva fue ejecutado por la Marina en 2009; Héctor está combatiendo su extradición, autorizada en diciembre pasado; Nacho Coronel fue abatido por el Ejército en 2010, y Jesús Zambada fue extraditado a Estados Unidos en 2012.

De acuerdo con ese expediente, La Federación operó a través de arreglos de cooperación y cercana coordinación con los proveedores de cocaína en América del Sur. “A través de una cadena de policías corruptos y contactos políticos, La Federación dirigió el transporte a gran escala de narcóticos que involucraba el uso de activos de transporte por tierra, aire y mar, embarcando múltiples toneladas de cocaína desde América del Sur, a través de América Central y México, para finalmente meterlas a Estados Unidos”.

Aunque a veces tenían diferencias y los líderes peleaban entre sí, “históricamente coordinaron sus actividades delictivas, compartieron y controlaron las rutas del narcotráfico en México, resolvieron conflictos territoriales, minimizaron su violencia interna y se aseguraron una protección política y judicial en común”.

Además, se valieron de sicarios que cometieron cientos de actos de violencia, incluidos asesinatos, secuestros, torturas y cobros violentos de deudas por droga.

Esa acusación incluyó no sólo la droga que entró a Nueva York o que fue asegurada. También abarcó los cargamentos que fueron asegurados fuera de la jurisdicción estadunidense.


Este reportaje se publicó en la edición 2099 de la revista Proceso, del 22 de enero de 2017.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/471650/chapo-mantuvo-comprada-a-toda-autoridad-en-mexico

Coparmex propone intensificar presencia de México en EU

Gustavo de Hoyos, presidente del organismo, aseguró que también será necesario intensificar la presencia y participación de México con otros países.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió a los sectores público y privado del país a emprender acciones para fortalecer al aparato productivo y el mercado interno, a fin de enfrentar con solidez los cambios esperados en la relación bilateral México-Estados Unidos.

En su mensaje semanal, Gustavo de Hoyos Walther, presidente del organismo, aseguró que también será necesario intensificar la presencia y participación de México con otros países.

Afirmó en un comunicado que en lo que al sector patronal se refiere, mantendrán un diálogo abierto y propositivo con los gobiernos en todos sus niveles, con organismos empresariales y con las organizaciones de la sociedad, para trazar una hoja de ruta y llevar adelante los cambios que se necesitan en México para fortalecer la economía.

Aseguró que construyen propuestas en temas como Estado de Derecho; combate a la pobreza; mejora en la calidad de la educación; mayor competitividad de las empresas y la creación de empleos suficientes; también la disciplina en las finanzas públicas y un ejercicio más eficiente y transparente en el gasto público.

De Hoyos Walther agregó que lo primordial es construir con enfoque incluyente, siempre de buena fe, con tolerancia a las distintas concepciones y promoviendo transformaciones en el marco legal y respeto a la estabilidad institucional.

Refirió que en materia de preservación del empleo, por ejemplo, hay que reconocer la resolución del gobierno federal que permitió un respiro a las empresas mediante las nuevas disposiciones para deducción inmediata de inversiones en nuevos establecimientos con ingresos de hasta 100 millones de pesos.

El dirigente patronal agregó que al Ejecutivo federal le corresponde la tarea de lograr un manejo más eficiente y transparente del gasto público, reduciendo efectivamente el gasto superfluo y estableciendo controles y métricas de evaluación que permitan monitorear el uso adecuado de los excedentes fiscales.

Aseguró que es preciso revisar cómo se gasta y qué impacto real tienen las obras y los programas públicos y, ante la escasez de recursos, vincular mucho más el gasto público con el sector privado nacional, pero de manera transparente y eficaz, para que esa inversión pública realmente se traduzca en crecimiento de la economía y en la generación de empleos.

“En este sentido, y aunque son incipientes, reconocemos las medidas que algunos gobiernos e instituciones públicas están haciendo en materia de austeridad. Son pasos en la dirección correcta, ni duda cabe, pero se requiere mayor profundidad y contundencia”, enfatizó.


Recordó que en el ámbito institucional, Coparmex celebró un convenio con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos para que todos los Centros Empresariales implementen protocolos de transparencia en el manejo de su información financiera, lo que se sumará a la supervisión que ejercen los órganos internos y externos de control.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2501/mexico/coparmex-propone-intensificar-presencia-de-mexico-en-eu/

SAT presenta propuesta para combatir corrupción en aduanas

México busca ser un actor con el apoyo de los miembros del G20, foro en el que participan las economías desarrolladas más importantes.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó una iniciativa para establecer Principios de Alto Nivel en el combate a la corrupción en las aduanas.

Durante la Reunión del Grupo de Trabajo Anti-Corrupción del Grupo de los Veinte (G20), que se lleva a cabo en Berlín, Alemania, del 24 al 25 de enero, el organismo fiscalizador informó que el objetivo de esta propuesta es impulsar la productividad.

Así como contribuir en el mejoramiento de los sistemas de gobernanza en el sector aduanal, punto estratégico para la economía y la seguridad de las naciones.

En un comunicado, apuntó que la iniciativa se realizó en seguimiento a los temas planteados por el gobierno mexicano durante la Cumbre de Brisbane en 2014 y, posteriormente, será adoptada por líderes del G20.

Ello, a fin de establecer líneas de acción concretas, con base en los mejores estándares internacionales de integridad, para garantizar la transparencia, rendición de cuentas, eficiencia de procedimientos y agenda constructiva con el sector privado, agregó.

En estos trabajos participan la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), entre otras organizaciones internacionales.


El SAT señaló que México continuará liderando con este tipo de esfuerzos como un actor con responsabilidad global y con el apoyo de los miembros del G20, foro en el que participan las economías desarrolladas más importante en la coordinación de políticas públicas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2501/mexico/sat-presenta-propuesta-para-combatir-corrupcion-en-aduanas/

Dan prisión preventiva a Rodrigo Medina por peculado y daño al erario; lo internan en Topo Chico

MONTERREY, NL: El exgobernador de Nuevo León Rodrigo Medina de la Cruz fue internado esta madrugada en el penal del Topo Chico, por orden del juez de control que tras imputarlo por los delitos de peculado y daño al erario, decidió dictarle la medida cautelar para evitar que evada la acción de la justicia.


Por esta disposición, sin precedentes en la historia de la entidad, el priista estará tras las rejas por lo menos hasta el próximo 24 de febrero, cuando cierre la investigación por la autoría intelectual de estas acciones de deshonestidad en la función pública, informó hoy el gobierno del Estado.

De esta forma, Medina de la Cruz se une a Guillermo Padrés, el mandatario de Sonora que también fue recluido por delitos relacionados con corrupción. Otro gobernador, Javier Duarte, de Veracruz, está prófugo, por acusaciones de la misma índole.

Después de las 3:00 horas del jueves, cuando terminó la audiencia, el abogado de la defensa, el penalista Alonso Aguilar Zínzer se dijo sorprendido por la determinación del juez, al que acusó de actuar con favoritismo hacia la representación social y dijo desconocer las condiciones en las que el priista se encuentra en el interior del reclusorio, donde podría estar en situación de riesgo.

“Es una situación que hay que contemplar. Persiguió a la delincuencia muy firme en el estado, y seguro tiene enemigos”, señaló el litigante, quien responsabilizó al estado de la seguridad de su cliente.

El Palacio de Justicia de Monterrey se encuentra en un edificio contiguo al Penal del Topo Chico, al norte de la zona metropolitana, por lo el exjefe del Ejecutivo estatal tuvo qué caminar sólo unos pasos de la sala de audiencias a su confinamiento.

La del miércoles fue una larga audiencia de segunda imputación de 18 horas, en la que el juez de control Miguel Ángel Eufracio Domínguez escuchó desde las 9:00 horas alegatos de la parte acusadora y la defensa por los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones que, inicialmente, habían sido desechados en agosto.

Cuando llegó al Palacio, Medina lucía confiado y sonriente y no perdió la jovialidad a lo largo del día, cuando salía a la calle por recesos que imponía el juez.

El juzgador determinó que el acusado es presunto responsable de daño al patrimonio estatal por 3 mil 128 millones de pesos y la pena que puede alcanzar, de encontrarse responsable, es de hasta 12 años de prisión. Debido a que vive en la Ciudad de México debe ser encarcelado pues tiene falta de arraigo en Nuevo León y puede huir.

El pasado 9 de agosto, quien fuera gobernador en el sexenio 2009-2015 fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones, al detectarse que otorgó indebidamente estímulos fiscales a la armadora surcoreana KIA por 3 mil 600 millones de pesos.

Sin embargo, en esa misma audiencia, el juez de control desechó las imputaciones de peculado y daño al erario, por considerar que aunque sí había delitos, el ministerio público no aportó pruebas suficientes para involucrar en ellos al acusado, decisión que posteriormente fue ratificada en la apelación ante el Poder Judicial de la Federación.

Este jueves, cuando el juez dictó la medida preventiva de la prisión preventiva, los abogados exhibieron un amparo que fue desestimado, pues el juez consideró que no tiene validez para esta etapa del proceso.

La Fiscalía de Nuevo León buscará acumular en la misma carpeta de investigación los delitos de daño al erario, peculado y ejercicio indebido de funciones.

Por este último, hoy se ventila la audiencia en la que el juez cerrará la etapa de la investigación, aunque para la diligencia de hoy no es necesario que el imputado se presente.


Además de estos tres delitos, Medina enfrenta el de enriquecimiento inexplicable, por el que la Fiscalía Anticorrupción, que conduce Ernesto Canales, buscará también imputarlo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/471826/internan-a-rodrigo-medina-en-topo-chico-peculado-dano-al-erario

Colegio Monterrey: la vulnerabilidad de los escolares mexicanos

La noticia de que un joven tiroteó a tres alumnos y una maestra en un colegio de Monterrey consternó a la sociedad mexicana. Sin informarse adecuadamente, el gobierno de Nuevo León y muchos comentaristas especularon sobre la nefasta influencia de las redes sociales en los jóvenes y la supuesta falta de valores en la familia. Sin embargo, especialistas en psicología y educación señalan que el riesgo de ataques similares aumenta porque no se atiende a los escolares, no se educa a los padres ni se cumplen los programas que necesitan los menores infractores para salir de la delincuencia.

MONTERREY, NL: Hasta ahora nadie ha podido explicar por qué Federico Guevara Elizondo, de 15 años, llevó una pistola a su escuela, el Colegio Americano del Noreste, y la disparó contra tres de sus compañeros y una maestra la mañana del miércoles 18, antes de suicidarse de un tiro en el cráneo.

Minutos después de la tragedia, Aldo Fasci Zuazua, vocero de seguridad del estado, atribuyó apresuradamente la balacera a los contenidos a los que acceden los niños en las redes sociales. Afuera del colegio, clamó: “Vamos a tener más cuidado en lo que portan y con quién se juntan, porque tienen acceso a todo en las redes sociales. Esto es producto, sin duda, de lo que vieron en redes de otros países”.

Sólo habían pasado unos minutos desde que el joven perpetró el ataque cuando los datos relevantes ya se conocían en los medios de comunicación: el muchacho desenfundó poco antes de las ocho de la mañana la pistola calibre .22 de su papá que había llevado en su mochila. Disparó, e hirió en la cabeza a la maestra Cecilia Cristina Solís y a los alumnos Luis Fernando y Ana Cecilia, mientras que Mariel recibió un impacto en el codo. Cuando vació el arma, la cargó de nuevo y se dio un tiro.

Momentos después de que los paramédicos de la Cruz Roja sacaran a las víctimas de la escuela, ubicada en calle Paseo del Lago número 5109 de la colonia Paseo Residencial, comenzaron a surgir las especulaciones, sobre todo aquellas que alertaban contra el uso de las redes sociales.

Un par de horas después circularon en internet videos y fotografías de la tragedia. Alguien, no se sabe quién, captó con un teléfono celular la grabación de una cámara de seguridad del interior del aula, donde se ve claramente el ataque. Son 34 segundos en total del primero al último tiro.

También se difundieron fotografías de los niños inconscientes y acercamientos a sus cabezas recostadas sobre charcos de sangre.

La mayoría de los medios de comunicación mexicanos se abstuvieron de publicar esas imágenes. Los pocos que lo hicieron tuvieron que bajarlas por la presión ciudadana que recibieron precisamente a través de las denostadas redes sociales.

Hasta la Secretaría de Gobernación, que ha transitado de la censura rigurosa a prácticamente ignorar los contenidos impropios y el lenguaje soez en los medios, tuvo que intervenir.

A través de la Dirección General de Radio, Televisión y cinematografía (RTC), la dependencia encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong dio la instrucción de que los medios se apegaran al capítulo 10 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que prohíbe difundir imágenes y la identidad de menores de edad relacionados con hechos criminales en calidad de víctimas, victimarios o testigos.

Mientras tanto, en Nuevo León, Aldo Fasci dio a conocer en rueda de prensa que el padre de Federico no incurrió en un delito por dejar el arma al alcance del joven. Añadió que ningún integrante de la familia tiene antecedentes penales. Hasta el momento, dijo, se sabía que el muchacho recibía tratamiento psicológico por un cuadro de depresión.

Por el acceso aparentemente fácil de Guevara Elizondo a la pistola, se recordó en Monterrey el caso de Elías, el niño de 13 años asesinado por su amigo Adrián, de 14, el 3 de enero de 2015 en la colonia Del Carmen.

Según la información local difundida entonces, Adrián compró la pistola y la presumió en una reunión de amigos. Al jugar con ella, se la colocó en la cabeza a Elías y jaló el gatillo, confiando en que la recámara del arma estaba vacía, pero estaba cargada.

El Colegio Americano del Noreste está en la exclusiva colonia Paseo Residencial de Monterrey, en el sur de esta ciudad, y su lema es “Educar para ser libre”. En su página en internet dice que fue establecido por la licenciada Juana Elma Badillo Galindo en 1984 y que ofrece una educación bilingüe y constructivista, basada en valores.

Ofrece los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Todos los aspirantes a alumnos deben aprobar un examen de ubicación de nivel académico y madurez, además de que se les pide carta de buena conducta.

En la página web del colegio aparece una carta fechada el 18 de enero, en la cual se lamentan los hechos de esa mañana, que no se especifican:

“En este momento nuestra prioridad son los afectados y sus familias –con quienes mantenemos estrecha comunicación, para brindarles el apoyo que requieran–, así como el resto de la comunidad académica del colegio. Estamos colaborando con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos y el resguardo de la integridad de nuestros alumnos, padres de familia, docentes y personal.”

“No hay que satanizar”

Sofía Hernández Robles, presidenta de la Asociación Psicólogos Actitud Positiva México, con 30 años de experiencia, denuncia que no se proporciona a los escolares atención de salud mental:

“Tiene que estipularse en la ley que trabajen con los estudiantes psicólogos actualizados, no sólo egresados, para que ejerzan adecuadamente su trabajo en las escuelas. Actualmente sólo hay programas, no está instituido esto, y cuando esos programas no funcionan, se retiran. En el sistema educativo se contratan psicólogos, pero no hacen su labor porque no los dejan trabajar internamente.”

Al respecto Angélica Quiroga Garza, profesora investigadora del departamento de Psicología y del Centro de Tratamiento e Investigación de la Ansiedad de la Universidad de Monterrey, indica que los tiroteos en escuelas eran inéditos en México, pero ya alcanzaron al país.

Considera que la “hipercomunicación” –el bombardeo de contenidos de todo tipo, no sólo virtuales, al que están expuestos los jóvenes– puede afectar a cualquier persona, no necesariamente a quien muestre tendencias violentas.

“Estamos impactados por demasiados estímulos sociales de diferentes índoles que pudieran llevar, como en este caso, a un joven a realizar esto que hizo contra otros y contra sí mismo. No creo que esto sólo provenga de la familia.”

De igual forma, añade, los adolescentes “pueden tener redes de apoyo personales, como los amigos y compañeros, antes que las virtuales. Pero ahora, las redes sociales han llevado a los jóvenes a la nueva dimensión del internet, donde tienen sus propios grupos que les permiten socializar, compartir y sentirse parte de un grupo”.

La especialista aclara que ese tipo de interacción no sólo provoca conductas destructivas, sino que los jóvenes también pueden crecer positivamente con información que ahí asimilan.

“No podemos satanizar sólo a las redes sociales; tampoco a las familias o a la escuela porque eventualmente se conjuntan factores que pueden llevar a alguien a reaccionar como este joven. En el video difundido se ve que el chico ya sabe manejar el arma”, observa.

Al día siguiente de la tragedia, el gobierno de Nuevo León informó que Federico practicaba la cacería con su padre, lo que explica su familiaridad con el arma. Quiroga Garza comenta que este hecho tampoco es motivo para demonizar a los cazadores, pues ellos “no van por la vida disparándole a la gente”.

Desde el punto de vista de la doctora en psicología, “pudo haber influencia de todo. Se dice que andaba en grupos de redes sociales enojados con la sociedad, pero ese hecho tampoco explica por sí mismo lo que sucedió. Hay que ver toda una serie de cuestiones (…), qué hizo ese día y antes, para decidir hacer esto, que seguramente había pensado en diferentes ocasiones antes”.

Como sociedad indignada “pareciera que queremos encontrar a un culpable –prosigue– y el más a la mano es una plataforma virtual que no se defiende porque está en un dispositivo. Se pueden hacer campañas y pedir que se eliminen contenidos, pero eso no va a detener el avance tecnológico. Ante eso, hay que atender y educar a las personas, principalmente a niños y jóvenes”.

La especialista afirma que los padres son responsables de los contenidos en internet a los que acceden los menores de edad; por eso vuelve a recomendar que los acompañen para vigilar los contenidos que reciben.

Aún más, considera que para establecer la verdadera causa del ataque es necesario efectuar una autopsia psicológica del muchacho. “Es una técnica que se utiliza en psicología, con una serie de elementos a considerar, entre ellos qué hizo, cómo lo hizo, qué dicen los papás… para llegar a una conclusión que explique lo que sucedió”.

Protocolos y leyes

En medio de la consternación general, el gobierno de Nuevo León reactivó la Operación Mochila para verificar que los estudiantes no introduzcan objetos ni sustancias peligrosas a las escuelas.

Al día siguiente de los hechos, en prácticamente todos los municipios del área metropolitana policías locales revisaron a los alumnos, algunos incluso con perros detectores de armas y drogas.

El primer día del operativo no hubo incidentes. Sin embargo, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Sofía Velasco, señaló que la revisión con uniformados es impropia, pues el procedimiento deben aplicarlo, previo aviso, brigadas integradas por padres de familia, psicólogos y directivos escolares.

La noche del jueves 19, el presidente Enrique Peña Nieto visitó Monterrey en gira relámpago. Acudió primero al Hospital Universitario, donde fueron operados y convalecen la maestra Cecilia y el estudiante Luis Fernando. Después, el mandatario fue al Hospital Christus Muguerza, al sur de la ciudad, donde fue operada la alumna Ana Cecilia. Al salir de esta visita, Peña Nieto dijo:

“Creo que este hecho lamentable convoca a que estos protocolos se revitalicen, tengan mayor vigencia. Hoy por la mañana di indicaciones al secretario de Educación Pública para que todos los gobiernos locales, con gobernadores, entre todos definan y tengan claro cuáles son los protocolos, los pongan en vigencia y podamos evitar que un hecho como éste se vuelva a repetir”, dijo Peña Nieto, a quien acompañó el secretario de Salud, José Narro.

En cuanto a la legislación aplicable a los adolescentes, con el paso de los años se ha vuelto más laxa, indica la antropóloga y psicoanalista Elena Azaola, quien elaboró por encargo de la Secretaría de Gobernación y la Oficina de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) el Diagnóstico de los adolescentes que cometen delitos graves en México.

Ella encontró que en 2014 fueron sancionados legalmente 16 mil 885 adolescentes, de los cuales 93% eran hombres. Del total, 4 mil 558 (es decir, 27%) fueron privados de su libertad por cometer delitos graves.

Con la reforma al artículo 18 constitucional, que entró en vigor en 2006, los estados quedaron obligados a crear nuevos sistemas de justicia para adolescentes, con mayores beneficios. A partir de entonces los muchachos de entre 14 y 18 años solamente son encarcelados en casos extremos.

Eso hizo que disminuyeran los jóvenes de ese rango de edad internados en reformatorios. En 2005, el año anterior a los cambios constitucionales, había en el país unos 37 mil menores encerrados, pero en 2014 sólo eran 5 mil. Otros 12 mil eran procesados en libertad.

Además, la especialista corroboró que los adolescentes infractores no reciben los programas de atención especializados que requieren, lo que agrava su situación y los coloca en riesgo a ellos y a las personas de su entorno.


“La mejor manera de evitar que estos adolescentes reciban esos daños y queden arraigados en una carrera delictiva o sigan siendo víctimas de los grupos de delincuencia organizada, es recuperar el espíritu y los principios que dieron origen al nuevo sistema de justicia para adolescentes, además de acortar la enorme distancia que separa a las normas de su puesta en práctica”, expone Azaola.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GAARZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/471652/colegio-monterrey-la-vulnerabilidad-los-escolares-mexicanos

Exigen ONG a Peña poner fin a violencia contra defensores de derechos humanos

CIUDAD DE MÉXICO: Organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto el cese de la violencia contra los defensores de derechos humanos, así como dar garantías de seguridad y sancionar a responsables de ataques a los activistas.


A unas horas de que finalizara la visita de Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, cerca de medio centenar de organizaciones y tres redes de agrupaciones suscribieron un pronunciamiento por el que condenan la violencia contra activistas, en particular el homicidio del ambientalista indígena Isidro Baldenegro López, ocurrido el lunes 16, día en que el experto inició su visita oficial a nuestro país.

Tras recordar que es “responsabilidad del Estado garantizar el derecho a defender derechos humanos”, las organizaciones firmantes llamaron al gobierno mexicano a acatar las recomendaciones formuladas por el relator de ONU, a quien activistas y periodistas expresaron las dificultades de ejercer sus labores durante reuniones sostenidas en la Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

En un comunicado, las organizaciones exigieron “investigar y castigar las violaciones a derechos humanos, violencia y amenazas cometidas contra defensores de derechos humanos”, de manera especial los casos en que “policías de todos los niveles, militares y marinos forman parte de quienes los agreden”, además de que deben garantizarse medidas de reparación y no repetición.

En apego a las recomendaciones y observaciones hechas por el relator Forst, las ONG exhortaron a combatir la corrupción e impunidad “que involucra tanto a agentes del Estado, empresas, grupos religiosos hegemónicos y miembros del crimen organizado, mismas que derivan en la violencia contra personas defensoras de derechos”.

También resaltaron que Forst, como otras oficinas de ONU, llamaron al retiro del Ejército “de las funciones de seguridad pública, y evitar con ello las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en los últimos años”.

Igual exigieron evitar y condenar la “desacreditación pública” de defensores, así como emprender una política de reconocimiento de su labor y de la libertad de expresión.

Además, exhortaron al Estado mexicano a atender las recomendaciones de organismos internacionales, entre ellas incluir a los integrantes de organizaciones sociales en las discusiones de los proyectos legislativos relacionados con tortura, desaparición y seguridad interior.

Asimismo, se pide “evitar la presentación y aprobación de leyes restrictivas de los derechos, especialmente de la libertad de expresión y de asociación sindical, así como el uso definiciones ambiguas, como ‘ataques a la paz pública’, que criminalizan la protestas social”.

En materia de protección las organizaciones sugieren mejoras en la operación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “fortaleciendo la solidez institucional e incrementando la participación de la sociedad civil”, así como “integrar un enfoque multicultural y colectivo, ya que los enfoques rurales y remotos requieren un enfoque diferente al urbano”.

Incluso sugieren la adopción de “políticas específicas de protección a personas y colectividades defensoras indígenas, mujeres, desplazadas y LGTBI, así como optimizar el funcionamiento de los organismos públicos de derechos humanos en la protección de defensores”.

También incorporar en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos “un sólido componente sobre la responsabilidad de las empresas; sobre la consulta y decisión de las comunidades, así como que se incluya a las y los defensores en las decisiones y el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los proyectos”, y sobre todo garantizar procesos de consulta “significativos sobre aquellos proyectos que pueden afectar los derechos de los pueblos indígenas”.

Para los activistas es indispensable que “los inversionistas y las empresas cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos y se sancione a las empresas asociadas con violaciones contra los defensores, tanto en el país como en el extranjero”.

Al exigir al Estado mexicano que invite una vez más al relator Forst, quien manifestó su disposición de dar seguimiento a las recomendaciones, las ONG consideraron que para que esas observaciones sean cumplidas se requiere la participación de la sociedad civil y de los agraviados, sobre todo tomando en cuenta que persiste “un contexto de violencia, impunidad y corrupción generalizada, en donde las respuestas por parte de los actores estatales resultan ineficaces e insuficientes”.

Entre las organizaciones que respaldan el pronunciamiento destacan Artículo 19, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Cauce Ciudadano, Asistencia Legal para los Derechos Humanos, Centro de Apoyo a las Identidades Trans, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Comunicación e Información de la Mujer, Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho e I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos.


Se sumaron al posicionamiento las redes Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social y Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/471763/exigen-ong-a-pena-poner-fin-a-violencia-contra-defensores-derechos-humanos

México ha hecho el “trabajo sucio” para EU: ‘HRW’

"A México se le pide que haga lo que de hecho es ilegal, que es detener a los buscadores de asilo que vienen de Centroamérica, donde hay una violencia rabiosa en lugares como Honduras y El Salvador", recordó.

Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, expresó su preocupación este miércoles en Ginebra por la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro en su frontera con México y de que se pierda la voz de ese país como defensor de los derechos humanos alrededor del mundo bajo la nueva administración. Asimismo, exhortó a otras democracias a “tomar una postura de liderazgo”.

Se reproduce la declaración íntegra de Roth:

“Tengo entendido que (Trump) comenzará el muro o hará algo simbólico para indicar que se construirá. Esperamos que el gobierno mexicano aproveche esta oportunidad para comenzar a expresar su preocupación por el trabajo sucio que se le ha pedido que haga por los Estados Unidos.

“¿Por qué razón México tiene que participar en la guerra contra la droga a un costo de vidas tan enorme en México cuando, de hecho, los Estados Unidos están dando pasos hacia la despenalización de la mariguana y tomando una postura de salud pública en cuanto a otras drogas en vez de una guerra fútil que cada vez produce más víctimas?

“A México se le pide que haga lo que de hecho es ilegal, que es detener a los buscadores de asilo que vienen de Centroamérica, donde hay una violencia rabiosa en lugares como Honduras y El Salvador, y México le ha estado haciendo un favor a Estados Unidos al intentar impedir que esta gente llegue a la frontera de Estados Unidos donde pueden exigir asilo, y violando derechos humanos en el proceso. ¿Por qué México tendría que hacer esto?


“Estos son los asuntos que espero que Peña Nieto aborde cunado Trump le diga ‘quiero que paguen el muro y quiero que renegocien el TLCAN'”, finalizó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2501/mundo/mexico-ha-hecho-el-trabajo-sucio-para-eu-hrw/

Cae México en Índice de Percepción de la Corrupción

Se ubica en la posición 123 de 176 países. Entre países de la OCDE, México es el peor evaluado.

México cayó hasta el lugar 123 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, pese a las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

En general, Dinamarca y Nueva Zelanda son los países mejor evaluados con 90 y 91 puntos de 100 posibles. México sólo consigue 30.


El comunicado y el informe completo:

01 Comunicado IPC 2016 by Aristegui Noticias on Scribd

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02 Informe IPC 2016 by Aristegui Noticias on Scribd

  02 Informe IPC 2016 by Aristegui Noticias on Scribd

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2501/mexico/cae-mexico-en-indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-documentos/

La narcopolicía de Duarte también sepultaba cuerpos

XALAPA, Ver: Pedro Huesca Barrada, exfiscal investigador especializado del gobierno de Javier Duarte y adscrito a la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina-Armada de México, mediante el extinto Operativo Veracruz Seguro, se convirtió –sin saberlo– en el primer mártir en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en la administración del priista.

El exfiscal fue “levantado” el 15 de abril de 2013 en Ciudad Cardel, junto con su oficial secretario Gerardo Montiel Hernández, por parte de policías estatales de la SSP y grupo de sicarios.

Justo ahora que faltan menos de tres meses para que se cumplan los cuatro años de su desaparición, los cráneos de ambos exservidores públicos fueron encontrados en un cementerio clandestino ubicado en un predio de 14 hectáreas, localizado a espaldas de la colonia Colinas de Santa Fe, en el llamado kilómetro 13.5 de una zona urbana que rodea al recinto portuario de Veracruz.

Todavía hasta mediados del año pasado el sistema de recompensas de la PGR ofrecía incentivos monetarios a quienes dieran datos concretos para dar con el paradero de Pedro Huesca y Gerardo Montiel.

Los exámenes de ADN de los familiares de ambas víctimas dieron “positivo” con el de dos cráneos encontrados en una de las 105 fosas halladas hasta el momento en ese panteón ilegal, el cual se creía que era utilizado por células delincuenciales de Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero que con la exhumación de los dos exfuncionarios de la desaparecida PGJE que fueron víctimas de desaparición forzada, se comprueba que elementos de la SSP también utilizaban dicho predio para “enterrar” y “desaparecer cuerpos” por su cuenta o con contubernio con sicarios del narcotráfico.

Hace poco integrantes del Colectivo Solecito, que aglutina a familiares de personas desaparecidas, ya habían advertido a la prensa su molestia de que a las fosas de Santa Fe se les llamara “narcocementerio”, porque eso significaba “deslindar” de cualquier responsabilidad a las autoridades policiacas que pudieron estar involucradas por omisión o complicidad.

“Sólo denme sus huesos”

Griselda Huesca, madre del exfiscal investigador adscrito al programa Veracruz Seguro, sólo exige una cosa: rapidez a la Policía Científica y a la Fiscalía General del Estado (FGE) en la identificación de restos óseos, con el fin de que le entreguen los de su hijo y darles cristiana sepultura.

La mujer recrimina que el martes pasado únicamente recibió una llamada de la Fiscalía, exigiendo que “ese mismo día” “se presentara” en el puerto de Veracruz, pues le darían “avances” en la investigación del “caso de tu hijo”.

“Quiero que me entreguen un hueso, su cráneo, algo donde pueda llorarle y decir aquí está mi hijo”, expresa Griselda, madre de Pedro, quien durante el primer y segundo año de su búsqueda se cansó de hablar con los exprocuradores Amadeo Flores y Luis Ángel Bravo para que agilizaran las investigaciones que dieran con el paradero de su hijo y también de tocar las puertas del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Lo más que pudo lograr fue que Enoc Maldonado, exasesor de ambos exfiscales, la recibiera por tres minutos para decirle de botepronto: Ya agarraron a uno que confesó (sic) que los habían asesinado. No sé, creo (sic) que se los llevaron para dar un paseo, ya traían instrucciones”. Griselda ya no quiso escuchar más, bajó gritando y llorando los tres pisos de la entonces Procuraduría y se fue.

Mejor no le fue en el quinto piso de la SSP, pues ahí tras horas de incertidumbre su titular Arturo Bermúdez las recibió a ella y a su nuera Yuriria Rodríguez así: “Mis viudas… ¿cómo están mis viuditas?”.

En la oficina también estaban familiares de policías desaparecidos en distintas circunstancias. Con prepotencia y fastidio, Bermúdez pidió que “ya no preguntaran” por sus seres queridos y mejor aceptaran una pensión de la SSP, así como otras prebendas en bienes inmuebles, incluso trabajo, con tal de que no hicieran “escándalo en los medios”.

Al pasar los años, Yuriria Rodríguez –viuda de Pedro Huesca– aceptó un terreno y un trabajo en la FGE, aunque Griselda Huesca siguió en la lucha por saber el paradero de su hijo y se adhirió al Colectivo Solecito. (“El infierno de Javier Duarte. Crónicas de un gobierno fatídico”, página 103, de Noé Zavaleta).

Además de incomodar al CJNG, Huesca también afectó intereses de Los Zetas y servidores públicos del entonces gobierno de Duarte, tal como se destacó en la edición 1881 del semanario Proceso con el reportaje “Los Zetas hacen de Córdoba su feudo y refugio”, firmado por el periodista Jorge Carrasco, donde se devela un entramado de funcionarios estatales, municipales, subprocuradores de justicia, y empresarios al servicio del crimen organizado, según la investigación ministerial 947/2012 VER-FIEAFTVS-10, abierta en la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Centro Veracruz y rubricada por Huesca Barradas.

Ahí se detalla cómo en la detención de Cristopher Fuentes Letelier, El Chuletón; Gerardo Trejo Cruz, El Trejo, e Ignacio Valdez Ramírez, El Chilango –identificados como zetas– aluden a que en complicidad con ellos “trabajan” y “apoyan sus actividades” entre otros María Isabel Hernández Cruz, agente del MP en Córdoba; Abraham Becerril Hernández, subprocurador de Justicia en Córdoba; Marco Antonio Lezama Moo, exsubprocurador en Córdoba –hoy magistrado del Tribunal Superior de Justicia a propuesta de Javier Duarte–, y Jorge Yunis Manzanares, exsubprocurador regional de Justicia en Coatzacoalcos y “dado de baja” de la FGE en el 2015.

Sinergia SSP-CJNG

Griselda Huesca habla con voz pausada aunque se agita su respiración cuando los recuerdos traen a su mente escenas de dolor: “No me cae aún el veinte de que ya dieron con mi hijo si no puedo ver sus restos. Yo no creo en la justicia humana, no creo en la justicia de los hombres, hay una divina y a ésa me aferro”.

La madre de Pedro Huesca recuerda que desde que buscó al Colectivo Solecito sólo en tres ocasiones pudo ir a realizar trabajos de excavación en Colinas de Santa Fe, no por desidia, despreocupación o falta de compromiso, sino por terror.

“Me ponía muy mal, me dolía mucho la cabeza de ver tanta fosa, cada que se abría algo y siempre se encontraban restos… y tú como madre piensas que aquí puede estar mi hijo, y así pasó”, solloza.

Durante 45 meses la investigación ministerial 272/13 y ampliada en la Fiscalía de Asuntos Especiales –dirigida por el propio Enoc Maldonado– con el folio FAE/06/2013 y que derivó en la causa penal 49/2013, en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Puerto de Veracruz (expedientes a los que tuvo acceso Apro) mantuvo en “secrecía” a los detenidos por la “desaparición” de Huesca Barradas y su oficial secretario, pero sobre todo su modus operandi, que exhibía la sinergia para trabajar, al margen de la ley, a los presuntos integrantes del CJNG y a elementos de la SSP.

Maldonado Caraza, por ejemplo, no especificó a la madre de Pedro Huesca a qué “detenido” aludía en la filtración sobre que el fiscal especializado había sido asesinado, si se refería a Obed Pulido Murrieta El Cocho (halcón), Josué Acosta Isidoro El Tortuga (sicario) o Alberto Lewis El Pantera (jefe de plaza en esa región), presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quienes tenían la encomienda de llevarse al “licenciado Huesca”.

“Según El Pantera me comentó que me necesitaban para un evento que consistía en levantar a un licenciado, que esta persona se transportaba en una unidad Cheyenne, color blanca, 4 puertas, y que tenía que vigilar tanto el domicilio como los movimientos del licenciado. El Pantera me dijo que ese licenciado se las debía al jefe del cártel que está en Veracruz, desconociendo el nombre de dicha persona”, refiere la declaración de El Cocho en la FAE/06/2013.

Sus aseveraciones fueron respaldadas y acompañadas en la carpeta de investigación con conversaciones de Whatsapp de teléfonos Xperia (Telcel) y Blackberry (Movistar), en donde Obed Pulido también “halconeaba” movimientos de elementos de la Armada de México.

El 15 de abril del 2013, día del “levantón” de Pedro Huesca y de Gerardo Montiel, se agregó a dicha misión, para garantizar la efectividad del operativo, el comandante de la SSP Víctor Sandoval, a bordo de una unidad oficial de la Policía Estatal, junto con otros elementos de la corporación.

Dos años y medio después Sandoval fue incriminado por el oficial Rubén Pérez Andrade –con prisión preventiva por desaparición forzada– como responsable del destino del exagente del MP y su oficial secretario.

“En Cardel hubo problemas con un agente del MP. Supuestamente lo levantaron en una camioneta de la Policía Estatal. Hubo un tiroteo en Cardel (cinco balazos), llegó una patrulla y levantaron al MP, al parecer estuvo involucrado el comandante (Víctor) Sandoval”, se lee en la declaración ministerial de Rubén Pérez.

Sandoval fue muy cercano al delegado regional de la misma corporación, Marcos Conde Hernández, hoy preso en un penal de máxima seguridad como presunto responsable de la desaparición forzada y posterior asesinato de cinco jóvenes en Tierra Blanca: José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25; Bernardo Benítez Arróniz, de 25, y Susana Tapia, de 16 años, crímenes que sacudieron a la sociedad de Veracruz y traspasaron las fronteras del país.

En dicha región del Sotavento y de la Cuenca del Papaloapan las ligas de Marcos Conde y de sus policías cercanos con la delincuencia organizada han quedado de manifiesto en diversos actos.

En la Fiscalía General del Estado (FGE) se solicitaron datos para conocer el estatus de los detenidos por la desaparición de Huesca Barradas (prisión preventiva, sentenciados o cárcel con amparo tramitado), así como si a los policías incriminados ya se les abrió una causa penal extra, sin embargo, el fiscal Jorge Winckler apeló a la secrecía de la investigación, por lo que no argumentó que podía dar la información.

Mientras tanto, Griselda Huesca reprocha el “tortuguismo” con el que durante casi cuatro años actuó la extinta PGJE, hoy Fiscalía, para dar con los restos de su hijo.

“No me cae el veinte, no entiendo, ¿por qué tanto tiempo? y ¿por qué hasta ahora? Cómo me pudo suceder esto, y si ya apareció y es una seguridad que es él, que me lo entreguen… pero me dicen que hay trabas, que se necesita otro ADN, que los demás restos óseos no están aún bien analizados. Ya pasaron casi cuatro años y el expediente siempre estuvo como al principio, nadie de la PGJE se acercó a mí”, acusa Griselda Huesca.

El cementerio clandestino de Santa Fe en el puerto de Veracruz ha sobrepasado por mucho el impacto de los 17 narcocementerios hallados en distintas regiones durante el sexenio de Duarte de Ochoa, este panteón ilegal fue descubierto a raíz de que madres del Colectivo Solecito recibieron un “regalo” de la delincuencia organizada, el pasado 10 de mayo: A través de copias de croquis y mapas dibujados a mano, en hojas de papel bond, con decenas de cruces marcadas en dicho predio se pudo dar con la ubicación del mismo.

A la fecha se han encontrado un total de 105 fosas “positivas”, 47 de ellas ya procesadas por la Policía Científica, con 111 cráneos y 6 mil 33 restos óseos hallados en un radio de tres hectáreas de 14 por explorar, además de 740 pruebas de ADN realizadas a familiares de personas desaparecidas, las cuales tardarán de tres a seis meses en dar resultados.

En la Ciudad de México, en la Subsecretaría de Gobernación y Derechos Humanos de Segob, colaboradores de Roberto Campa y de la propia Policía Científica estiman que en dicho predio podría haber hasta 600 osamentas de personas desaparecidas. La búsqueda real apenas comienza.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: NOÉ ZAVALETA.

LINK: http://www.proceso.com.mx/471402/la-narcopolicia-duarte-sepultaba-cuerpos