Este miércoles 1 de febrero Rafael Moreno Valle dejará de ser gobernador y, a partir del día 10 –ya lo anunció– se dedicará “en cuerpo y alma” a buscar ser el candidato presidencial del PAN.
Según Moreno Valle, los resultados cosechados en su sexenio dan sustento a sus aspiraciones y, a la vez, ventaja sobre sus posibles adversarios al interior de su partido.
Sin embargo, académicos, periodistas, activistas y organizaciones sociales advierten que la supuesta transformación de Puebla no es más que un entramado publicitario que el gobernador armó a lo largo de su administración, con un costo millonario y que no tuvo otro objetivo que sustentar su sueño presidencial.
Los analistas incluso han llevado a cabo foros ciudadanos en los que han puesto en evidencia el estilo de gobernar de Moreno Valle: “Adicto a las escenografías”, “intolerante a la crítica y a movilización social”, “represor”, “persecutor”, “opaco”, “totalitario”. “Un riesgo para el país”, resumen.
En principio, los participantes en dichos foros han sostenido que el principal logro que enarbola Moreno Valle, en el sentido de que toda la obra de su sexenio la hizo “sin pedir un solo peso prestado”, es una “gran mentira”, pues al concluir su gobierno dejará a la entidad con la mayor deuda pública en la historia del país.
Los compromisos a pagar en las próximas tres décadas superan los 85 mil millones de pesos, casi el triple de la deuda que dejó el priista Humberto Moreira en Coahuila.
Los analistas destacan además que durante el periodo gubernamental del panista, la población que vive en pobreza en Puebla no sólo no se redujo, sino que se incrementó en 3%.
Por si fuera poco, en el sexenio que concluye hubo retrocesos graves en aspectos fundamentales como la gobernabilidad, la seguridad pública, el equilibrio de poderes, la transparencia y el respeto a los derechos humanos.
En especial, destacan que la presencia del crimen organizado se disparó en Puebla durante el sexenio morenovallista, teniendo su mayor foco rojo en la zona conocida como el “corredor del huachicol”, que abarca más de 20 municipios.
En los últimos seis años la detección de tomas clandestinas de robo de combustible a Pemex se incrementó en más de 2 mil%, para colocarla como la entidad con mayor incidencia de este tipo de delitos en el país.
Juan Luis Hernández Avendaño, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana-Puebla, asegura que Moreno Valle “echó por la borda” el bono democrático que ganó en 2011, cuando por primera vez un partido distinto al PRI llegó al poder en la entidad.
“Moreno Valle ganó la gubernatura con una esperanza de cambio que despertó entre los poblanos, pero fue un gobierno que repitió los mismos cánones represivos (de 80 años de gobiernos priistas) y quizá en su momento hasta los radicalizó”, señala.
El de Moreno Valle, agrega, fue un gobierno sin contrapesos. “Y cualquier gobierno sin contrapesos es un mal gobierno por definición”, puntualiza Hernández Avendaño.
También recuerda que la alianza que formaron en ese momento PAN y PRD, partidos con ideologías opuestas, se justificó para derrotar al autoritarismo priista. “Y lo que tuvimos como resultado de seis años es un gobierno esencialmente autoritario y represor”, sostiene. “¿Cómo justifican a estas alturas, con este resultado, esa alianza el PAN y el PRD?”, cuestiona el académico.
Más aún, indica que el mandatario poblano se caracterizó durante los últimos años de su gestión por tener una relación muy cercana con el presidente priista Enrique Peña Nieto, con un PRI que a nivel local se mostró totalmente domesticado, fuerza política que nunca actuó como oposición.
“Moreno Valle es en realidad el mejor candidato del PRI a la Presidencia de la República, no del PAN”, ironiza Hernández Avendaño, quien considera que el político poblano se inscribió en el conjunto de mandatarios que gobernaron “como si fueran los dueños feudales”.
“En Puebla persistió el enclave autoritario que había con el PRI, lo que tuvimos fue una alternancia sin alternativa democrática, sin transparencia, ni bienestar y perpetuando la corrupción”.
“Fue una alternancia”, añade, “para construir una candidatura presidencial y por eso prácticamente todas las obras fueron resultado de una necesidad, no de las necesidades de la sociedad. Las obras, la inversión, la propaganda, el gobierno en su conjunto obedeció a un único propósito: una candidatura presidencial”.
Deuda millonaria
El académico Eudoxio Morales ha documentado que aunque Moreno Valle sólo ha reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) adeudos por 8 mil 608 millones de pesos, existen otros compromisos financieros que dejará el mandatario y que superan los 75 mil millones.
Se trata de decretos que fueron aprobados al inicio de su gobierno y obra que fue contratada bajo los esquemas de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y por Asociaciones Público-Privadas (APP) que, aunque no son clasificados como deuda, obligan al gobierno de Puebla a pagar anualmente más de 3 mil millones de pesos a las empresas que llevaron a cabo esos proyectos.
Bajo el esquema de PPS, el gobierno de Moreno Valle construyó el Centro Integral de Servicios (CIS), el Museo Internacional del Barroco y la planta armadora de automóviles Audi, que suman pasivos por 22 mil 476 millones de pesos.
Para el pago de estos contratos, el gobierno creó el fideicomiso 0144 firmado con la empresa Evercore, propiedad del exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, que sólo se hizo público hasta que el diario Reforma obtuvo una copia del contrato.
Con el esquema de APP, el gobierno de Moreno Valle participó en la construcción del segundo piso de la Autopista Puebla-México; la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan; la rueda de observación Estrella de Puebla; el Parque del Paseo del Teleférico; el edificio de la Fiscalía General, y el alumbrado ecológico de seis municipios.
Estas obras se anunciaron con un costo total de 8 mil 214 millones de pesos, pero que al pagarse a largo plazo con el esquema de mensualidades, implicarían una erogación de más de 30 mil millones, de acuerdo con Morales, quien es investigador de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UAP.
Igual Miguel Reyes Hernández, presidente del Observatorio de Salarios, observa que las “obras faraónicas de infraestructura” realizadas en el sexenio que termina “no necesariamente impactaron en la mayor parte de la población”.
Ejemplo de ello, expone, es que de acuerdo con cifras oficiales, a inicios del sexenio la población más pobre de la entidad gastaba 7% de su ingreso en transporte, cifra que se incrementó a 14% al concluir la administración.
“Esto”, menciona, “se debe a la mala planeación del transporte, como el caso de Ruta –metrobús construido en el actual sexenio– que no ha funcionado y que ha encarecido el costo de transportación de los pobladores”.
“Los beneficios de esas obras no fueron para los pobres sino para las grandes empresas que las llevaron a cabo”, agrega.
De hecho, sostiene que de acuerdo con cifras del Coneval, la población en pobreza multidimensional pasó de 61.5% en 2010 a 64.5% en 2014, es decir, aumentó 3%.
El académico detalla que los indicadores que Moreno Valle destaca como logros en cuanto a salud y vivienda y servicios básicos, se lograron con base en el Fondo Federal de Infraestructura Social para los Municipios, que el mandatario poblano acaparó en vez de trasferir a éstos esos recursos.
“En todos los demás indicadores de pobreza, Puebla sigue por encima del promedio nacional”, precisa, ya que “es el segundo estado más desigual del país, pues Moreno Valle lo recibe, en un cuarto sitio, lo termina como el segundo”.
A la par que se dedicaron presupuestos limitados para la pequeña y mediana empresa, así como para el campo, el gobierno panista canalizó cantidades millonarias a la industria automotriz, y especialmente para la instalación de Audi, empresa a la que incluso la administración morenovallista le construyó una virtual ciudad.
“Las desigualdades en Puebla son brutales y este gobierno no las zanjó, sino que vivió solamente de la propaganda mediática y, desde nuestra perspectiva, sería un desastre si pudiera tener más posibilidades hacia el futuro”, advierte Reyes.
En igual sentido opinó Miguel Calderón Chelius, coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Ibero-Puebla, quien considera que los supuestos logros del gobierno de Moreno Valle se basan sólo en la “simulación”.
“A este gobierno se le puede caracterizar como un gobierno adicto a las escenografías y cuya estrategia se basó en la simulación de los diversos indicadores sociales, económicos y políticos”, expresa el catedrático.
Luego indica que en ese sentido durante todo el sexenio se buscó llevar a cabo obras de infraestructura que dieran la apariencia de modernidad y progreso, sobre todo en la ciudad de Puebla y particularmente en la zona Angelópolis, en donde se hicieron puentes, ciclovías y museos.
Además, expone que en la búsqueda del control político absoluto del estado, el gobierno morenovallista hizo un daño “profundo” a la dinámica política de la entidad.
A su paso, refiere, Moreno Valle dejó un desdibujamiento de los partidos políticos, donde prácticamente la mayor parte de los políticos del estado tienen un comportamiento que hace indiferente el partido al que pertenezcan.
“En el caso de Moreno Valle sería indistinto que él compitiera por el PAN, por el PRD o por el PRI, del cual es originario”.
También destaca que durante los seis años de su gestión, el panista configuró un escenario para construir una candidatura a la Presidencia, y basó su discurso en supuestos cambios profundos en la sociedad poblana sin presuntamente incurrir en algún tipo de endeudamiento.
“Esto es falso, los recursos del Estado están comprometidos por los próximos 30 años, y esto va tener efectos notables en los próximos gobiernos”, alerta.
Gobierno opaco
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) acusa que el gobierno de Moreno Valle se caracterizó por negarse a transparentar su actuación, pese a que fue uno de sus principales promesas de campaña.
En seis años, el gobierno poblano firmó más de 100 acuerdos de reserva de información –más de uno por mes–, con lo que bloqueó el escrutinio ciudadano en el caso de expedientes de adjudicación y ejecución de obra pública y de los Proyectos de Prestación de Servicios, entre otros.
Además, denuncia, el gobierno se negó a regular el millonario gasto en publicidad oficial, el cual habría sumado alrededor de 900 millones de pesos en sólo seis años.
El organismo observa que el gobierno instrumentó estrategias para bloquear el acceso a la información con prácticas que buscaron desincentivar a los solicitantes, como la reserva generalizada, el arbitrario cambio en la modalidad de entrega de la información y la negación del gobierno a eliminar la ratificación del recurso de revisión.
Aparte, la Amedi manifiesta que la Comisión de Acceso a la Información (Caip), que Moreno Valle propuso durante su campaña ciudadanizar, fue “capturada y controlada” por el morenovallismo con la anuencia del Congreso.
Represión y presos políticos
Ana Rosa Zilli Coronado, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla, relata que al final de la gestión morenovallista aún se encuentran en prisión seis personas que son consideradas presos políticos.
Cuatro de ellos son integrantes de la agrupación de vendedores y ambulantes 28 de Octubre, un mototaxista y el exfuncionario del gobierno de Mario Marín, Francisco Castillo Montemayor, quien fue procesado luego de que criticó obras del parque Flor del Bosque llevadas a cabo por Moreno Valle.
En total se han documentado 302 personas perseguidas, contra quienes se giraron órdenes de aprehensión o se iniciaron procesos jurídicos y que reúnen condiciones para ser consideradas presos políticos.
“El número de casos evidencia la función policiaca que ha mantenido la presente administración estatal, la cual tiene la capacidad para violentar a sus ciudadanos a través del daño a su patrimonio personal, comunal e histórico”, detalla Zilli Coronado.
Ello, agrega, quedó demostrado en las detenciones de mototaxistas, concesionarios de la Ruta 2, y los integrantes de la 28 de Octubre; la muerte del nonagenario Delfino Flores Melga en prisión; la resistencia de los pobladores cholultecas defensores de su patrimonio, y el encarcelamiento de presidentes de Juntas Auxiliares.
Igual refiere el caso de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, los afectados por el Gasoducto Morelos, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla y los pobladores de Cacalotepec que protestaron por el servicio del metrobús, quienes fueron a parar a la cárcel tras participar en protestas.
Eduardo Morales, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero, informa que de 26 conflictos socio-ambientales que se tienen detectados en Puebla, que implican defensa del territorio y de los recursos naturales por parte de poblaciones rurales e indígenas, al menos 24 se suscitaron durante este gobierno que fenece el martes 31.
Con Moreno Valle se multiplicaron los llamados “proyectos de muerte” en territorio poblano, donde el mandatario utilizó todo su poder para favorecer el despojo y buscar someter a las comunidades para permitieran las obras.
Morales menciona que esto provocó conflicto y trastocó la vida de las comunidades afectadas.
El periodista Ernesto Aroche señala que en este mismo escenario los delitos de alto impacto, como son el secuestro y robo con violencia, se duplicaron durante el sexenio.
El robo de combustible se disparó en más de 2 mil%, a la vez que se presentaron en Puebla hechos de violencia que hasta hace pocos años no se veían, como las balaceras y la desaparición de cuerpos con ácido.
Fuente: Proceso
Autora: Gabriela Hernández
