En lo que va de 2017 los mexicanos ya han sido descalabrados dos veces: por el gasolinazo y por la confrontación con Estados Unidos. El segundo episodio le robó reflectores al primero, pero no importancia. De hecho, se acaba de confirmar que los aumentos a los combustibles ya vapulearon la economía. Según el INEGI, este enero la inflación anualizada rompió récord y creció 93% respecto de la padecida el año anterior. Y las malas noticias no paran: aún falta una oleada de gasolinazos…
El desconcierto y la irritación que han producido los ataques de Donald Trump al país –sin precedentes en la historia reciente– provocaron que el gasolinazo y el descontento que produjo pasaran a un segundo orden.
Sin embargo, esta semana la población conocerá de nuevos aumentos a los precios de los combustibles: la Secretaría de Hacienda y la Comisión Reguladora de Energía deberán anunciar los precios máximos que los hidrocarburos tendrán a partir del 4 de febrero, de acuerdo con el calendario oficial establecido el 27 de diciembre pasado.
El golpe se prevé duro: de hecho, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ya dio cuenta de la inflación provocada por el alza en las gasolinas.
El lunes 24 reportó que en la primera quincena de enero la inflación alcanzó 1.51%, y la inflación total de los 365 días previos, de 4.78%. Un año antes, la inflación fue de 0.03% en los primeros 15 días de enero de 2016 y, la anual, de 2.48%.
Eso quiere decir que en la primera quincena de este año los precios a nivel general aumentaron cinco veces más que los de hace un año. Y en términos anuales los precios crecieron 93%.
La información del INEGI no sólo revela que se rebasó el techo del objetivo de inflación anual del Banco de México –que es de 3%, con una variabilidad de más un punto o menos un punto porcentual–, sino que la inflación quincenal fue una de las más elevadas de los últimos 10 años.
El registro que más se le acerca fue de 0.97%, en noviembre de 2011.
Mientras que la inflación anual, de 4.78%, es la más alta desde la primera quincena de septiembre de 2012, cuando se registró 4.73%.
En lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto no ha habido datos tan altos.
Y esto se debe al incremento en los precios de las gasolinas que entró en vigor el 1 de enero pasado: de acuerdo con el INEGI, el nuevo precio explica más de 80% de la inflación registrada.
Si la inflación general fue de 1.51%, el de las gasolinas fue espectacular: la gasolina de bajo octanaje, la Magna, aumentó 16.8%, y la de alto octanaje, la Premium, se incrementó 21.67%.
De paso, para completar el rubro de “energéticos” en la clasificación del INEGI, el gas doméstico (LP) subió 17.81% en la quincena.
Ahora bien, como la gasolina Magna es la que más se consume, fue la que más incidencia tuvo en la inflación, que hubiera sido más alta si los productos agropecuarios no hubieran bajado 1.02% en la quincena, según el INEGI.
Otro dato que puede dimensionar el impacto inflacionario del gasolinazo es que ni en 2014, cuando entró en vigor la reforma hacendaria, con nuevos impuestos y alzas en las tasas, se registró un alza de más de un punto porcentual. Lo más alto había sido de 0.74%, en la primera quincena de noviembre de ese año.
Fue tal el golpe a los bolsillos de la población que esa reforma hacendaria le dio al gobierno federal una recaudación adicional de 246 mil millones de pesos: 16% más que en 2013. Y sin embargo, la inflación no se disparó tanto como entonces.
La liberalización temida
De acuerdo con el calendario oficial, el viernes 3 de febrero caducan los precios actuales de gasolinas y dísel (en promedio, la Magna a 15.99 pesos el litro, cuando antes estaba en 13.98; la Premium a 17.79 pesos, contra 14.81 pesos previos, y dísel a 17.05 pesos, desde 14.63 pesos en diciembre pasado).
Los aumentos, de media, fueron de 14.4% en la Magna; 20.1% la Premium y 16.5% el dísel.
Tras la nueva subida, los precios de los combustibles se establecerán en función del precio internacional del petróleo, del tipo de cambio y de los costos de transporte y logística, según las autoridades.
El pasado jueves 26, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró públicamente que “en modo alguno” los incrementos serán de la misma magnitud que los decretados el 1 de enero.
Y eso, explicó, porque el precio del petróleo en el mundo se ha mantenido estable en el último mes, aunque el tipo de cambio sí se ha movido mucho.
En efecto, la mezcla mexicana de exportación inició el año en 45.75 dólares por barril (dpb). Tuvo un pico, el viernes 6, de 46.96 dpb, pero fue a la baja en las siguientes jornadas. El viernes 27 terminó en 45.70 dpb.
Los crudos internacionales de referencia también se han movido marginalmente. Según la firma Oil Price, que Pemex usa como fuente, el West Texas Intermediate (WTI) inició el año en 52.33 dpb y terminó el viernes pasado en 53.17. El Brent del Norte arrancó en 55.47 y el viernes 27 estuvo en 55.52.
El tipo de cambio sí se ha movido con más volatilidad. El dólar tipo fix, que es el que se usa para pagar obligaciones, inició el año en 20.66 pesos. Tuvo un pico de 21.91 pesos el día 13, y el viernes 27 llegó a 21.34 pesos. Una variación, entre la primera fecha y la última, de 68 centavos en favor del dólar, que significa un aumento en el precio de la divisa de 3.3%.
El descontento de los vendedores
Los aumentos a los combustibles no sólo han irritado a los consumidores, sino también a empresarios gasolineros, quienes se dicen “engañados y presionados por el gobierno para apresurar la libre competencia”… para la cual ni siquiera hay condiciones.
Eso asevera el presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), Pablo González Córdova, quien además reclama: “No hubo un estudio serio de la Secretaría de Hacienda ni de la Comisión Reguladora de Energía, no sólo para adelantar un año la liberalización de los precios de las gasolinas (originalmente pactada para 2018), sino que tampoco lo hubo para decretar un aumento tan drástico como el del 1 de enero.
“Las autoridades se sentaron como en los tiempos de la Santa Inquisición. No consultaron a los sectores productivos, como pasaba con otros gobiernos, para tomar este tipo de medidas, que lastiman tanto la economía familiar.”
También la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios Prieto, manifestó su desacuerdo con la liberalización anticipada. Apenas el viernes 13, en una comparecencia ante legisladores de la Comisión Permanente, sentenció: “La creación de un mercado competido, con múltiples jugadores, que es el objetivo de la reforma (energética), no se genera por decreto”.
En agosto del año pasado, en entrevista con Proceso (edición número 2079), la funcionaria había manifestado su sorpresa por esa decisión:
“¿Por qué lo habrían de adelantar? No lo sé. Lo que sí puedo decir es que si lo van a hacer, deberían prestar atención a algunas recomendaciones que hicimos, que son más de 20 y versan sobre distintos temas, que van desde infraestructura, señalización de precios, acceso a puertos, aeropuertos, ferrocarriles y demás, para que cuando se libere el precio de la gasolina haya la mayor concurrencia de participantes y eso haga que entre las empresas se dé la competencia, y eso tiene el efecto de disciplinar el precio.”
Y advertía, en línea con lo que ahora señala el empresario González Córdova: “Si no hay competencia, el riesgo es que cuando tú liberes el precio, éste se vaya al cielo porque tienes a un monopolio vendiendo un producto y nadie está controlando ese precio”.
“Por donde se le vea –decía Palacios Prieto–, el país no tiene las condiciones para transitar a un mercado de gasolinas con libre fluctuación de precios, pues todavía se adolece de infraestructura, incertidumbre entre los inversionistas ante la imprecisión en las regulaciones, además del control que tiene Pemex en los diferentes eslabones de la producción.
“Aún más grave, el precio de las gasolinas, lejos de disminuir, como lo prometió el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el caso de una apertura se incrementará por una combinación de factores: la logística, los precios del petróleo, el tipo de cambio y el margen que busquen obtener las diferentes empresas que participarán.”
Según las autoridades, la “actualización” de los precios –del 1 de enero al 3 de febrero una sola vez; del 4 al 17 de febrero en dos ocasiones cada semana, y a diario a partir del 18 de febrero– es el paso previo para la liberalización total, es decir, cuando ya no sea la autoridad, sino el mercado el que fije los precios.
Por lo pronto, el esquema de “actualización” se mantendrá en cada una de las 90 regiones en que se dividió el país para estas alzas.
Para los expertos y empresarios, sin embargo, será difícil que en el año se subsanen las carencias que señala la presidenta de la Cofece.
González Córdova, presidente de Amegas, coincide en que “es una burla que quieran adelantar la liberalización de precios cuando no existen condiciones de competencia. Lo único que están haciendo es no sólo desestabilizar el mercado, sino el país”.
Pero lo que más molestó a los gasolineros fue cómo Hacienda tomó la decisión de aumentar los precios y la magnitud de éstos. Ellos se inclinaban por un aumento gradual.
González apunta: “Cuando Felipe Calderón empezó su gobierno, juntó a las diferentes cámaras empresariales y acordaron aumentar el precio de las gasolinas, pero no de un trancazo de tres pesos, tan desproporcionado, sino a través de un deslizamiento mensual, y funcionó. Eso permitió que la gente no se irritara tanto como ahora”.
Y subraya un hecho central: los aumentos no significarán utilidades para que las empresas puedan invertir y dar un mejor servicio.
El margen de ganancia para las estaciones de servicio es prácticamente el mismo que antes, dice. El litro de Magna cuesta hoy 15.99 pesos. De ésos, 5.82 pesos (36%) corresponden al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); 8.08 pesos, al precio del combustible; 1.18, a los costos de logística y distribución, y 91 centavos (0.91 pesos) a las estaciones. No es muy diferente a los 89 centavos que obtenían antes de los aumentos.
Otra de las novedades con la intención de liberar anticipadamente los precios es que los gasolineros quedarán sin protección gubernamental.
Se queja González Córdova: “Ahora las gasolineras tenemos que rentar los ductos de Pemex, pero en caso de una sustracción ilegal de combustible, nos han dicho: ‘¡Ah, no! De eso ustedes se tendrán que hacer cargo; ustedes son los que rentan y por lo tanto deben absorber esos gastos’”.
Desde que subieron los precios en enero, el secretario José Antonio Meade debió salir ante los medios de comunicación –muchas veces en más de una ocasión al día– para intentar explicar el aumento y apaciguar la ira multitudinaria de la gente.
Nunca lo logró. Sólo dejó en claro que una de las causas del gasolinazo era ofrecerles a los empresarios gasolineros, mexicanos y extranjeros, un margen de ganancias tal que los haga interesarse en invertir en infraestructura de almacenamiento y transporte (Proceso 2096).
Sin embargo, hasta ahora, dice el presidente de la Amegas, “la importación de gasolinas y dísel es una fantasía. Desde abril de 2016, según decreto presidencial, toda empresa mexicana o extranjera puede importar gasolinas y dísel. No se ha importado un litro de gasolinas hasta el momento, por el impuesto y por la falta de infraestructura. No hay tanques de almacenamiento de Shell, de Mobil, de ninguna, ni hay poliductos.
Según la Secretaría de Energía, actualmente existen 169 permisos de importación de gasolinas y 242 para la compra de dísel.
González Córdova considera que de todas las empresas interesadas, por lo menos hay tres que quieren acaparar el mercado, “pero las demás no son más que coyotes y oportunistas que no han importado un solo litro, pero se inscribieron con un permiso provisional, y cuando haya condiciones importarán y revenderán lo que traigan del extranjero”.
Fuente: Proceso
Autores: Carlos Acosta Córdova y Juan Carlos Cruz Vargas
http://www.proceso.com.mx/472477/desastre-economico-perdio-reflectores-ahi-vienen-gasolinazos
