Ciudad de México. Las víctimas de violaciones a sus derechos humanos tienen derecho al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Daño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), aún y cuando hayan aceptado previamente un convenio de indemnización de parte de la institución responsable de los hechos, estableció la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al resolver la queja presentada por un policía que había denunciado la violación de sus derechos humanos a manos de marinos, quien ya había recibido una indemnización de la Secretaría de Marina y solicitó posteriormente el pago de la reparación del daño a la CEAV, los ministros consideraron que “el derecho fundamental de las víctimas a ser reparadas de manera integral por las violaciones cometidas a sus derechos humanos -en especial, como la acontecida en la especie, por la comisión de tortura y actos crueles e inhumanos-, no puede tener el carácter de renunciable, ni puede verse restringido por las necesidades económicas o presiones que puedan recaer en la víctima” y le ordena a la Comisión determinar el monto de la indemnización correspondiente.
Precisó la sentencia que, en caso de que alguna autoridad ya haya otorgado alguna indemnización a la víctima, como parte de la reparación integral, tales conceptos deban ser considerados como complementarios "para alcanzar la integralidad que busca la reparación”.
La sala amparó a uno de los agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia de Colima, que se quejaron de haber sido detenidos arbitrariamente y torturados en instalaciones de la VI Región Naval. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a favor de las víctimas; el quejoso solicitó a la CEAV la indemnización correspondiente, a lo cual se negó ésta con el argumento de que la compensación y había sido cubierta por la Secretaría de Marina, además de que la Comisión “no era un órgano revisor en materia de reparaciones”.
La Comisión se negó a reparar el daño con el argumento de que si el quejoso no estaba de acuerdo con el monto recibido por parte de la Secretaría de Marina, hubiera interpuesto una queja, además de que no estaba acreditado como víctima del delito, sino como víctima de violación a sus derechos humanos por parte de autoridades federales, según la recomendación 37/2013 de la CNDH, por lo que resultaba improcedente “duplicar la aplicación de recursos a su favor”.
El ministro instructor sostuvo que no hay un impedimento legal para que las víctimas –en las circunstancias referidas- accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, además de que la Ley General de Víctimas o su Reglamento tampoco establece que si la víctima se dio por satisfecha “a través de otros mecanismos” del monto indemnizatorio que le fue otorgado por alguna autoridad federal por concepto de reparación, será improcedente la petición para acceder a los recursos solicitados.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/01/victimas-de-violacion-a-dh-con-derecho-a-fondo-de-ceav
Ciudad de México. Defensores de derechos de la infancia y adolescencia exigieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que emita medidas precautorias para suspender en todo el país el programa de Mochila segura, pues insistieron en que se trata de una medida discriminatoria que atenta contra el derecho a la intimidad y la seguridad jurídica de los menores.
Indicaron que desde el pasado 24 de enero la denuncia fue radicada en la segunda visitaduría del organismo, luego de que los defensores presentaran una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la cual remitió el caso a la CNDH, pues las escuelas de educación básica en la capital del país son planteles federales que dependen de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
En conferencia de prensa Sayuri Herrera, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, destacó que la implementación del operativo en escuelas de educación básica y media superior es violatorio a los acuerdos internacionales suscritos por México, e incluso con su legislación interna.
Se asegura que es una acción para prevenir el delito, dijo, pero "no se trata de operativos de prevención, sino de reacción", luego de los hechos ocurridos el pasado 18 de enero en Monterrey, Nuevo León, donde un alumno de secundaria particular disparó en contra de una maestra y tres compañeros, para después suicidarse.
La revisión de las pertenencias de niños y adolescentes, indicó, "sólo genera que se vea a los menores como los sospechosos". Además, indicó, al violarse el derecho a la intimidad, que garantiza que los menores deben estar libres de intromisiones a su persona y pertenencias, "también se pone en riesgo su integridad física y síquica, en una etapa de su desarrollo en que se está consolidando su personalidad y valores".
Al respecto, Alan Jiménez, director de la organización Comunalidades Vida y Dignidad, afirmó que aunque los padres autoricen la aplicación del programa Mochila segura, los derechos humanos de los menores "son irrenunciables, y se aplican también para padres y tutores, quienes no pueden violentarlos. El acta de nacimiento de un hijo no es una factura. No pueden ser vistos como su propiedad".
Agregó que la SEP, que encabeza Aurelio Nuño Mayer, "no sólo violenta los principios establecidos en la Convención por los Derechos del Niño, suscrita por México en 1990, que establece el interés superior de la infancia, tampoco se les respetó el derecho que tienen niños, adolescentes y jóvenes a ser consultados y que se escuche su opinión".
Por ello, los defensores reiteraron su llamado a la CNDH para que abra una investigación sobre la aplicación de Mochila segura y emita las medidas precautorias para detenerlo en todo el país.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LAURA POY SOLANO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/01/activistas-exigen-suspender-programa-mochila-segura
CIUDAD DE MÉXICO: Amnistía Internacional (AI) cuestionó la estrategia para legitimar la militarización de la seguridad pública, luego de que el Congreso retomó la discusión de la Ley de Seguridad Interior que pretende legalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en esas tareas.
En un comunicado, el investigador para México de AI, Carlos Zazueta, recordó que “tras diez años de seguridad militarizada se han incrementado las violaciones a derechos humanos, tales como la tortura, la desaparición, las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad de los responsables”.
Zazueta consideró como “preocupante” que en las iniciativas propuesta para la Ley de Seguridad Interior “se busque legitimar el uso de las fuerzas armadas para las tareas que son de seguridad pública ordinaria”.
Y advirtió que de aprobarse la legislación en los términos propuestos, se “debilitará aún más el sistema de protección de derechos humanos en el país, sin contribuir en modo alguno a la seguridad de la población”.
El investigador resaltó que el Congreso debería considerar “otras prioridades más urgentes, como las leyes generales de tortura y desaparición”, que hasta ahora no han sido discutidas, “a pesar del sufrimiento y la impunidad que generan tales crímenes”.
Amnistía Internacional ha documentado ampliamente los efectos de la militarización de la seguridad pública como parte de la “guerra contra el narcotráfico”, en informes referentes a la tortura sexual durante detenciones de mujeres, así como casos sobre desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de las fuerzas armadas.
Cabe destacar que el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de defensores de derechos humanos, Michel Forst, se sumó a los cuestionamientos que otras oficinas de la ONU y expertos han hecho sobre la militarización.
En su informe preliminar presentado el martes 24, Forst señaló que “el uso de las Fuerzas Armadas en las funciones de seguridad pública y la falta de un programa para el regreso a un enfoque de seguridad completamente civil, levanta varias preocupaciones en términos de gobernanza democrática, sin tampoco haber puesto fin a la violencia”.
El relator de la ONU resaltó que durante su visita detectó que los defensores que representan a víctimas y familiares de violaciones graves a derechos humanos atribuibles a las Fuerzas Armadas “se encuentran en un mayor riesgo de represalias”.
En entrevista con Proceso, publicada en el número que circula esta semana, Forst puntualizó que “la función del Ejército es proteger al país en un estado de emergencia o de excepción, y no es el caso de México”.
Luego de señalar que si se aprueba la Ley de Seguridad Interior, presentará sus observaciones contra la medida en el informe final que dará a conocer en marzo de 2018 en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator dijo al semanario que documentó casos de “implicaciones muy fuertes contra el Ejército y la Marina en ataques contra defensores”, no sólo en casos de amenazas, sino de ejecuciones, secuestros y detenciones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472694/amnistia-internacional-cuestiona-estrategia-legitimar-militarizacion-la-seguridad-publica-en-mexico
CUERNAVACA, Mor: Durante los primeros 31 días de 2017, la entidad enfrentó la violencia más exacerbada en la administración de Graco Ramírez, con 68 homicidios violentos, lo que elevó el promedio de 1.58 crímenes por día en 2016 a 2.19 en el primer mes del año.
De esos 68 asesinatos, nueve fueron contra mujeres, y al menos siete de ellos se tipificarían como feminicidios. En la lista de ejecutados también hay un menor de 13 años de edad, de quien una de sus piernas se encontró flotando sobre el Río Chalma, en Puente de Ixtla, justo el día de reyes.
La gran mayoría de los asesinatos cometidos en enero fueron a balazos (34 casos) y se localizaron cuatro cuerpos desmembrados. En tres de estos casos, los restos aparecieron en dos distintos lugares, acompañados de narcomensajes donde se amenazaba a grupos rivales del crimen organizado o a funcionarios locales.
Los homicidios ocurrieron en 18 de los 33 municipios, y esta capital se colocó a la cabeza con 12 casos, seguida de Jiutepec y Puente de Ixtla, con ocho cada uno, y Amacuzac, con siete. En cada uno de los municipios de Jojutla, Miacatlán, Tlaltizapán y Yautepec se cometieron cuatro crímenes; tres, en Ayala y Xochitepec; dos, en Atlatlahucan, Cuautla, Tepoztlán y Zacatepec, y uno en Emiliano Zapata, Temixco, Tlaquiltenango y Totolapan.
En Axochiapan, Coatlán del Río, Huitzilac, Jantetelco, Jonacatepec, Mazatepec, Ocuituco, Temoac, Tepalcingo, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlayacapan, Yecapixtla y Zacualpan de Amilpas no se perpetraron asesinatos en el primer mes del año.
En el caso de las mujeres, los homicidios ocurrieron en los municipios de Cuernavaca, Jojutla, Miacatlán, Tlaltizapán y Yautepec, pese a la Alerta de Violencia de Género decretada por la Secretaría de Gobernación el 10 de agosto de 2015.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO
LINK: http://www.proceso.com.mx/472776/68-asesinatos-enero-fue-mes-violento-en-sexenio-graco-ramirez
CIUDAD DE MÉXICIO: Después de una intensa campaña en los espacios informativos de las principales cadenas de televisión abierta y noticieros radiofónicos contra los llamados Lineamientos para la Defensa de las Audiencias publicados el 21 de diciembre pasado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Presidencia de la República “descubrió” que existen ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que contravienen la Constitución porque le otorga facultades a este organismo autónomo para regular los derechos de las audiencias.
Así lo informó este 31 de enero el consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, quien anunció que la controversia del Ejecutivo federal sólo se concentra en estos ocho artículos de la ley secundaria que irían contra el derecho a la información y los derechos de las audiencias establecidos en el artículo 6 de la Constitución.
Muchas voces que apoyaron la reforma de telecomunicaciones destacaron que era un exceso darle atribuciones a un organismo eminentemente técnico, como es el IFT, para regular contenidos y derechos de audiencias en medio de un contexto de profundos cambios de los medios analógicos a los medios digitales, así como de presiones de los gigantes del sector como son Televisa, América Móvil, TV Azteca y los principales grupos radiofónicos.
Sin embargo, el Congreso aprobó así la ley y la dejó pasar. Entonces se vivía el mejor momento de la relación entre el gobierno federal y las televisoras. Ahora, hasta los mismos senadores y diputados federales del PRI, PRD y PAN que expresaron su apoyo a la reforma de Telecomunicaciones se han expresado indignados y escandalizados porque los lineamientos “establecen la censura previa”, atentan contra la libertad de expresión y contra la industria.
En otras palabras, los lineamientos son peor que Donald Trump para la industria mediática. Cualquiera que sintonice un noticiero en los últimos días escuchará las opiniones airadas de los conductores, analistas y legisladores. Hasta el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera se volvió especialista en derecho a la información y un adalid de la libertad de expresión.
Nunca se había visto y escuchado a tantos políticos y legisladores preocupados por unos lineamientos de defensa de los derechos de audiencias que se demonizaron para crecer la percepción del riesgo. Ni siquiera con la oleada de crímenes a periodistas o a los innumerables casos de censura que ocurren todos los días en la industria mediática se escuchó tan indignados a los legisladores.
Tampoco ante los cientos de trabajadores despedidos de las televisoras se preocuparon por salir en defensa de sus derechos.
La especialista Irene Levy escribió en su reciente artículo en El Universal que “lo contenido en los lineamientos no va más allá de lo que se incluyó en la reforma de Telecomunicaciones: en la propia Constitución en 2013 y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014; nada en los lineamientos es nuevo, ahí sólo se establecen los cómos. Es más, se ordena al IFT a expedir los lineamientos, no fue una ocurrencia. No sólo hacen el ridículo los legisladores que ahora critican lo que aprobaron, sino que obligan a que los ciudadanos nos preguntemos a qué intereses responden”.
Según Levy, “la vía para cambiar lo que ahora reclaman, es modificando la Constitución y la ley. Pretender que el IFT abrogue los lineamientos o que los posponga es pedirle que incumpla la Constitución y, sobre todo, es debilitar al órgano autónomo. ¿A quién conviene neutralizarlo? ¿A quién conviene abrir la puerta a la modificación constitucional y legal? ¿A cambio de qué?”.
Tal parece que el Poder Ejecutivo decidió neutralizar este asunto y cobrarle el favor al poder mediático concesionado con esta controversia constitucional que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Todo un reality show político-jurídico que no tiene qué ver estrictamente con los derechos de las audiencias y mucho menos con la libertad de expresión o el derecho a la información, sino con el negocio de la publicidad política encubierta en los contenidos y el apoyo de las televisoras al gobierno de Peña Nieto en momentos de profunda debilidad de ambos.
El mismo presidente del IFT, Gabriel Contreras, afirmó en otro artículo que el tema más polémico para los medios electrónicos concesionados fue el deber de distinguir la información noticiosa de las opiniones de quien las presenta. En la práctica, afirmó Contreras, no debe suponer ningún límite a la libertad de expresión, simplemente una “distinción” entre información, publicidad y opinión.
En su desplegado público, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) destacó que el punto más delicado de los lineamientos del IFT es que ponen reglas ahí donde ha prevalecido la discrecionalidad y el intercambio de dinero público por comentarios favorables en pantallas y estaciones de radio a favor de los políticos.
“Para los concesionarios de la televisión abierta, la radio y los sistemas de audio y video restringido (TV de paga), las audiencias siempre han asumido un papel residual y secundario, considerándolas en el mejor de los casos como consumidores de los bienes y servicios que se anuncian en las estaciones de radio, pantallas de TV y sistemas de TV de paga”, afirmó la AMEDI.
“Los medios de comunicación y sus representantes están molestos porque los lineamientos aprobados por el IFT los obligan a identificar la publicidad y eso afectará su negocio”, sentenció la AMEDI. Y destacó que “los anunciantes y los intereses económicos y políticos de los concesionarios ya no pueden estar por encima de los derechos de las audiencias”.
Gabriel Sosa Plata, defensor de los derechos de las audiencias en MVS, destacó que el “nado sincronizado” contra los lineamientos del IFT incluyó también a la Iglesia católica. En el semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis de la Ciudad de México también se envolvió en la bandera de la libertad de expresión y estableció que los lineamientos parecen “abrir más desacuerdos que consensos en cuanto a los derechos de las audiencias en relación a la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Hasta alcaldes de Jalisco aparecieron “gratis” en los noticieros nacionales hablando de un tema que eminentemente no es su asunto ni es su especialidad.
A los únicos que no acudieron ni los legisladores, ni las televisoras y tampoco el IFT de manera metódica, profunda y consistente fue a las propias audiencias de los medios. Quizá porque la auténtica revolución de las audiencias se está generando en otros espacios, en otras plataformas y en otros medios que no viven de este negocio descarado del infomercial político.
Un instrumento en apariencia noble como los Lineamientos de la Defensa de las Audiencias del IFT destapó la “caja de Pandora” y el auténtico tema de censura entre medios y poder político: la promoción no explícita y costosa con dinero público.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472558/censura-audiencias-reality-show-exagerado-las-televisoras
OAXACA, Oax: La Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmaron que las investigaciones contra el exgobernador Gabino Cué Monteagudo y sus excolaboradores continúan abiertas por presuntos actos de corrupción, enriquecimiento inexplicable y uso de recursos de procedencia ilícita.
Así lo dio a conocer el senador Benjamín Robles Montoya, quien agregó que también el Congreso de Oaxaca turnó la solicitud de Juicio Político contra el exmandatario estatal a la Comisión Instructora para darle cauce.
En documentos enviados al Consejo Ciudadano contra la Corrupción y la Impunidad (CCCI) se hace constar que los expedientes siguen abiertos contra exservidores públicos de la administración que encabezó Gabino Cué, cuyo saqueo podría ascender a más de 30 mil millones de pesos.
El legislador fundamentó como prueba para emprender acciones legales contra su examigo y colaborador las observaciones del 2011 al 2015 que ha señalado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un monto de más de 10 mil millones de pesos que no fueron comprobados ni justificados.
También se refirió al endeudamiento de más de 14 mil millones de pesos y a ello le sumó los dos mil 500 millones de pesos que le adeudan a empresarios; el déficit del sector educativo por más de seis millones; el de salud, de más de nueve mil millones. Un monto de más de 30 mil millones de pesos, recalcó.
Robles Montoya insistió en que hay pruebas de la corrupción del exgobernador Gabino Cué y sus excolaboradores Germán Tenorio, Alberto Vargas Varela, Netzahualcóyotl Salvatierra y Jorge Castillo, por las que deben responder, así como “todo aquel que robó al pueblo oaxaqueño”.
El senador por Oaxaca acusó a Jorge Castillo de ser el principal cómplice y prestanombres de Gabino Cué, a quienes “se les debe encarcelar porque robarse dinero del combate a la pobreza es un verdadero crimen”.
Desde el año pasado, detalló, el Consejo Ciudadano requirió a diversas dependencias del gobierno federal información sobre las investigaciones y acciones ante los actos de corrupción del gobierno de Cué Monteagudo, denunciados legal y públicamente.
En respuesta, la PGR indicó que, derivado de la denuncia interpuesta por Robles Montoya, si alguna dependencia o ciudadano cuenta con mayores datos que aportar a la investigación por los actos de corrupción, enriquecimiento inexplicable y uso de recursos de procedencia ilícita denunciados, que se hagan llegar a la brevedad posible a esa autoridad federal.
A su vez, la ASF informó al Consejo que se realizaron 130 auditorías a la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca sobre los ejercicios fiscales de 2010 a 2015, las cuales tienen diversas observaciones.
Mientras, la SFP citó al Consejo para el próximo 9 de febrero para responder a su solicitud sobre si existen denuncias e investigaciones a delegados federales en Oaxaca que durante el sexenio pasado hubieran incurrido en actos de corrupción.
En el ámbito estatal se presentó solicitud de juicio político contra Gabino Cué ante el Congreso del estado de Oaxaca, el cual notificó al Consejo Ciudadano que turnó la petición a la Comisión Permanente Instructora, presidida por la diputada María de Jesús Melgar Vásquez (Morena), e integrada por María Mercedes Rojas Saldaña (PRI) y Paola Gutiérrez Galindo (PRD), así como Juan Mendoza Reyes (PAN) y Jesús Romero López (PT).
Finalmente, el Consejo Ciudadano consideró que los gobiernos estatal y federal no solamente deben investigar el presunto desfalco al erario y castigar a los responsables. También, agregó, deben resarcir los daños que impactan directamente a millones de personas que iban a ser beneficiarias de programas sociales, proveedores que perderán sus inversiones y personas trabajadoras que cumplieron con sus deberes pero no han recibido el sueldo correspondiente.
El CCCI se creó el 30 de noviembre de 2016 por un grupo plural de ciudadanos que se comprometieron a observar, pronunciarse y actuar sobre asuntos de interés público.
Entre los integrantes de este Consejo Ciudadano se encuentran Maribel Martínez Ruiz, presidenta de ViVa AC; Benjamín Robles Montoya, senador por Oaxaca; Alejandro Cruz Pimentel, experto en Transparencia; Mario Herrera, activista y defensor de personas defraudadas por cajas de ahorro; David Viloria, reconocido consultor en gestión pública; Luis Vásquez, vicepresidente del Colegio Nacional de Ingenieros Civiles y constructor; Armando Figueroa abogado e integrante de la organización Movimiento Vial; Amira Azucena Cruz Ramírez, docente universitaria sobre Socioformación y Derecho a la Información, y Macrina Hernández Chagoya, activista, gestora e integrante de la Asociación Civil de ámbito nacional Ruta 5.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472772/pgr-asf-abierta-investigacion-corrupcion-gabino-cue-asegura-senador
CIUDAD DE MÉXICO: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó a trámite las controversias constitucionales promovidas por el Ejecutivo Federal y el Senado en contra de la Ley y los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) que regulan la defensa de las audiencias.
Ambos recursos fueron interpuestos el miércoles y turnados al ministro Alberto Pérez Dayán, quien el jueves las admitió a trámite y solicitó la contestación del Ifetel como parte demandada.
Pérez Dayán evitó pronunciarse sobre la suspensión en la aplicación de las normas combatidas puesto que ni la Presidencia de la República ni el Senado así lo solicitaron, aunque aclaró que ambos poderes pueden requerirlo en cualquier momento antes de que se dicte sentencia definitiva en las controversias.
Según la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, el Ifetel carece de facultades para regular sobre tales derechos, por lo que también demandó al Congreso de la Unión, que aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusón. La Presidencia dice que la regulación es facultad exclusiva del Ejecutivo federal.
Tras el anuncio de las controversias, el Ifetel fijó su posición defendiendo los lineamientos que dio a conocer el 21 de diciembre pasado y que entran en vigor el próximo 16 de febrero.
El Instituto señaló que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica y la Ley Federal de Telecomunicaciones reconocieron los derechos de las audiencias, entre ellos el que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, así como dar elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido del programa.
Los lineamientos también prevén el establecimiento de la figura del defensor de las audiencias y el deber de los concesionarios de tener códigos de ética.
Quienes impugnan los lineamientos, entre ellos Televisa y la iglesia católica, consideran que el Ifetel pretende imponer censura y controlar a los medios electrónicos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472747/scjn-admite-a-tramite-controversias-promovidas-pena-senado-contra-ifetel
Ciudad de México. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) criticó que el presidente Enrique Peña Nieto y el Senado de la República hayan interpuesto controversias constitucionales contra los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuando ambos poderes propusieron y aprobaron la legislación que le dio atribuciones al organismo regulador para hacerlo y ahora parece que no saben lo que discuten y aprueban.
"Resultan extrañas las controversias constitucionales presentadas por el Senado y la Presidencia de la República. El Senado deliberó y aprobó en su momento la reforma constitucional y la legislación secundaria que ordena al IFT emitir los Lineamientos. Además, este ordenamiento fue sometido a consulta pública y finalmente fue aprobado por el pleno del IFT. A unos cuantos días de que entren en vigor los Lineamientos, tardíamente los demandantes los consideran inconstitucionales. Pareciera que los legisladores no saben lo que discuten y aprueban. Por parte de la Presidencia, fue el propio Ejecutivo quien propuso dos de los derechos de las audiencias que más han sido atacados por los medios. Pareciera que el Ejecutivo Federal tampoco sabe lo que propone al Congreso de la Unión. Debería sentirse satisfecho porque avalaron lo que desde un principio contenía la iniciativa de ley", sentenció la Amedi.
Refirió que cuando el Ejecutivo Federal presentó la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión, la iniciativa no contemplaba los derechos de las audiencias, por lo que es "un logro de la sociedad" que hayan quedado plasmados en la versión final del artículo sexto constitucional.
La Amedi recordó que durante la discusión de la LFTR, se reforzaron los derechos de las audiencias y dos de ellos fueron propuestos por el propio Ejecutivo Federal.
Son los mismos derechos que en estos días han sido impugnados por legisladores que los aprobaron, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), la Iglesia Católica, autoridades estatales y municipales y ahora hasta el propio presidente.
Se trara de los derechos que dictan: “Que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta” y “Que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa.”
La organización advirtió que si se deja la reglamentación de los derechos de las audiencias en manos del Ejecutivo Federal implicará "someterlos a intereses políticos y de los concesionarios, como está ocurriendo".
El IFT, indicó, es la autoridad autónoma facultada técnicamente para regular los derechos de las audiencias y emitir los lineamientos correspondientes, además de que goza de la confianza social y el apoyo para que una vez que entren en vigor los Lineamientos, se aboque a vigilar y sancionar su cumplimiento y garantizar los derechos de las audiencias. incluso mencionó que desde 2014 los medios debieron nombrar a sus respectivos defensores de las audiencias.
Interpuestas las controversias, la Amedi señaló que la deliberación jurídica está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Confió en que la corte "sabrá garantizar una vez más los derechos fundamentales de los mexicanos", por lo que resulta "innecesario suspender o abrogar los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, pues su plena constitucionalidad será refrendada y confirmada. Los medios electrónicos deben cumplirlos y el IFT vigilar que se acaten".
En otras oportunidades, dijo, el máximo órgano judicial del país ha salvaguardado los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho de acceso a la información, así como ha refrendado la autonomía del IFT.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SUSANA GONZÁLEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/01/critica-amedi-controversias-sobre-derechos-de-audiencias
Los lineamientos del Ifetel van contra aquellos medios que "utilizan los espacios informativos para presentar como información aquella que es propaganda pagada".
Con la controversia constitucional que interpuso la Presidencia de la República contra los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre los derechos de las audiencias, vemos “un presidente de la República actúa como empleado de las televisoras… su proceder es absolutamente claro en esa dirección”, sostuvo el ex consejero del IFE, Alfredo Figueroa.
En entrevista para Aristegui en vivo, aseguró que además es “penoso, vergonzoso que el senador Pablo Escudero y el presidente actúen contra el interés general”, pues “el Estado actuando contra el Estado mismo”.
Lo que se pretende, detalló, es que el IFT no tenga facultades para intervenir en “un aspecto de corrupción política”.
Y es que “desde hace mucho tiempo advertimos cómo los concecionarios y algunos periodistas utilizan los espacios informativos para presentar como información aquella que es propaganda pagada”.
De esta forma, difunden su imagen, sus logros, con un “beneficio económico que obtienen concesionarios” de radio y televisión.
“Todos los días presentan información que no lo es”, subrayó. Eso “la constitución lo prohibió expresamente”.
Ahora “veremos cómo es que actúa la Suprema Corte”, ante “personeros de intereses que no son los del pueblo”.
Tanto la Presidencia como el Senado “actúan contra acuerdos y derechos conquistados”, sostuvo.
“Lo que en realidad quieren detener, es que están preocupados porque alguien intervenga y advierta que lo que presentan como información o entrevistas, es información pagada, un ejercicio de corrupción”, insistió Figueroa.
Recordó que muchos de los recursos que erogan los gobiernos tienen que ver con pagos a los medios, por notas u opiniones pagadas.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0102/mexico/epn-actua-como-empleado-de-las-televisoras-figueroa/
MONTERREY, NL: El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Emilio Arenas Bátiz, defendió la actuación del juez de control que envió a prisión la semana pasada al exgobernador Rodrigo Medina.
En respuesta a esta medida, el exmandatario lo denunció hoy ante la autoridad federal por la presunta violación del amparo que lo protegía de pisar la cárcel.
Arenas Bátiz explicó que el juzgador Miguel Ángel Eufracio Rodríguez –quien la madrugada del 26 de enero remitió al penal del Topo Chico al priista para evitar que evadiera la acción de la justicia–, actuó de acuerdo a principios jurídicos y a una interpretación honesta de la ley.
“El juez actúa conforme a sus convicciones jurídicas, ese tema tiene un margen de debate. De ninguna manera se puede hablar de una actuación con dolo de parte del juez. Hablé con él en estos días para reiterarle todo mi respaldo y el de la institución en la medida en la que fue tomada en una audiencia pública, escuchando los alegatos de las partes y fue por lo tanto una decisión que correspondió a su convicción jurídica”, explicó.
Eufracio Rodríguez vinculó a proceso a Rodrigo Medina por los delitos de peculado y daño al erario estatal, mismos que fueron desechados en una audiencia el pasado 9 de agosto por el juez de control Jaime Garza Castañeda, quien consideró insuficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Arenas Bátiz señaló que, pese a la disparidad de las sentencias que dictaron, el Poder Judicial del estado respalda a los dos, pues cada uno actuó con su propio criterio y, en su momento, han enfrentado críticas severas por su proceder.
“Cualquier juez que participe en esos asuntos se ve expuesto a estos problemas”, afirmó esta mañana el magistrado presidente, en el exterior del Congreso de Nuevo León, a donde acudió para atestiguar el inicio del segundo periodo de sesiones del segundo año de la legislatura.
Agregó que dispuso que a Eufracio Rodríguez le asignaran un par de escoltas para proporcionarle tranquilidad, pues este caso tiene mucha presencia en medios de comunicación y la permanente exposición pública puede afectar su estado de ánimo.
Este miércoles, el exgobernador Medina de la Cruz presentó en la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal contra el juez de control por haber violado el amparo que lo protegía de la acción de la autoridad, hecho que le costó estar en la cárcel 19 horas, antes de ser liberado por una orden de un juez federal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472796/tsj-nuevo-leon-defiende-a-juez-encerro-a-rodrigo-medina
CIUDAD DE MÉXICO: El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, presentó una denuncia de hechos en la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable por violar una suspensión a su favor, que derivó en que el pasado 26 de enero permaneciera 19 horas en prisión preventiva en el penal del Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León.
El exfuncionario presentó la denuncia luego de que fue detenido por el gobierno de Nuevo León, a pesar de que aseguró tener un amparo para evitar el acto.
Su defensor Adolfo Aguilar Zinser explicó que en la denuncia pide que se investigue todo lo sucedido en la noche del 25 y la madrugada 26 de enero derivada de la audiencia que se le siguió a su cliente.
“Entregamos la denuncia al secretario particular del subprocurador y la denuncia pide que se investigue todo en lo que se dio esta resolución. No estamos calificando hechos, no estamos señalando delitos porque no nos corresponde, le corresponde al MPF valorar las conductas que, en su caso, considere constitutivas de delito y las personas que sean probables responsables porque participaron en los hechos”.
Detalló la razón por la que la denuncia es contra de quien resulte responsable: “No queremos presumir delitos, vamos a dejar que el MPF los califique. En nuestra opinión hubo varias conductas indebidas y en el transcurso del trámite de la carpeta de investigación aportaremos todos los elementos que sean necesarios. No queremos entorpecer la investigación y nos reservamos algunos datos”.
Según Aguilar Zinser, el Consejo de la Judicatura del estado es el que, en su caso, impondría sanciones administrativas por la presunta violación de amparo.
Tras su detención, Rodrigo Medina fue ingresado a prisión por la vinculación a proceso del delito de peculado y daño patrimonial. Ahí permaneció 19 horas hasta que un juez federal ordenó su liberación inmediata dejando sin efecto la medida precautoria de prisión preventiva por 30 días dictada en su contra.
“Acudimos a cuanta cita nos ha pedido el subprocurador Anticorrupción y el juez de Control porque tenemos la tranquilidad de que nada hemos hecho. La investigación en mi contra tiene tintes de persecución política. No buscan conocer la verdad, sino encarcelarme a cualquier costo”, indicó el exgobernador.
Además, comentó que ha dado la cara y acudido a todas las citas y no existe ningún elemento que haga presumir que está fuera del país o que no quiere atender el mandamiento de la autoridad judicial. Incluso, enfatizó en que hasta ahora no ha sido declarado culpable de ningún delito.
Sin embargo, ese mismo 26 de enero, el fiscal anticorrupción Ernesto Canales señaló que la decisión del juez de control de fijarle la medida cautelar de prisión preventiva se debió a que el exfuncionario no comprobó un domicilio estable en el estado de Nuevo León.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472798/rodrigo-medina-presenta-denuncia-en-pgr-violacion-amparo-detenido
CIUDAD DE MÉXICO: Claudio X. González, empresario y presidente de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, aseguró que de existir un “salón de la infamia” de la corrupción nacional, entre los diez primeros integrantes estaría el presidente Enrique Peña Nieto.
Al ofrecer la conferencia “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad”, dentro del foro “La sociedad civil frente a la corrupción”, organizado por la Universidad Iberoamericana (UIA), aclaró que aunque el primer mandatario del país no se haya corrompido “descaradamente” como el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, su proceder influye directamente en el comportamiento de otras autoridades.
“Él es el presidente de la República, y si él se corrompe, el gobernador lo hará también”, y así los demás representantes del gobierno, aseguró el también activista social, de acuerdo con un comunicado de la UIA.
Según Claudio X. González, en el top ten de la corrupción nacional contemporánea además de Peña Nieto y Duarte de Ochoa, también aparecerían los exgobernadores de Chihuahua, César Duarte; de Sonora, el “terrible” Guillermo Padrés; de Oaxaca, Gabino Cué; de Coahuila, Humberto Moreira y su hermano Rubén, el actual mandatario de esa entidad; así como el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, a quien llamó “promotor de tremenda corrupción”.
En la lista de corruptos, agregó, también estarían el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, además de representantes del sector privado, como Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa –involucrado en el escándalo de la llamada Casa Blanca de la familia presidencial–; también José Andrés de Oteyza y Pablo Wallentin, expresidente y exdirectivo de OHL México, respectivamente.
El cofundador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad aseguró que en México no hay suficientes datos “duros” sobre la corrupción. Por ello, invitó a los estudiantes de la UIA a generar métricas aplicables a este problema, que actualmente sólo se registra mediante la percepción.
Y es que, alertó que es “muy probable” que empeore el índice de percepción de corrupción en el país, aun cuando en la realidad ese elemento no se incremente. La explicación: “la sociedad está harta de este fenómeno y por ello califica mal a sus autoridades”.
Claudio X. González llamó a la comunidad estudiantil a ser sensible a la injusticia y actuar para remediarla. “Abran su mente y corazón a lo que pasa en México; si no les duele no harán mayor cosa al respecto”, concluyó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472760/existiera-salon-la-infamia-pena-estaria-en-top-ten-claudio-x-gonzalez
Al menos 20 personas resultaron heridas por un enfrentamiento entre policías capitalinos y campesinos de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), que intentaron colocar carpas sobre avenida Reforma para bloquearla y exigir mejores condiciones para el sector agroalimentario y mayores recursos a los programas sociales en el Presupuesto 2017.
El enfrentamiento comenzó a la altura de la Glorieta Colón, cuando los policías impidieron el paso a los manifestantes que marchaban desde un plantón en la Secretaría de Gobernación, y duró aproximadamente 20 minutos, en los que hubo golpes y se lanzaron piedras y palos.
Los campesinos denunciaron que los granaderos levantaron el plantón que montaron en Bucareli, en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.
El pasado martes, integrantes del Frente Auténtico del Campo (FAC) llevaron a cabo otra manifestación desde el Monumento a la Revolución hasta la embajada de Estados Unidos para acusar al gasolinazo, a las políticas neoliberales y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de los problemas del sector campesino.
Los miembros del FAC expresaron que es conveniente que el TLCAN se cancele y no se negocie, ahora que el presidente Donald Trump pretende una reunión con los mandatarios de México y Canadá para la discusión de dicho tratado.
A través de una carta, los campesinos también calificaron de buena noticia el que Estados Unidos saliera del “abusivo ATP (Acuerdo Transpacífco)”.
Por otra parte, manifestaron su opinión frente a la construcción del muro fronterizo de Trump, y consideraron que es mejor que Estados Unidos se aísle por sí mismo. “La presencia del imperialismo estadounidense nunca ha sido benéfica y bien vista por los pueblos libres, pues abusando de su fuerza y su poderío ha destruido y despojado naciones enteras de su desarrollo, independencia y soberanía”, dice la carta.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/enfrentamiento-campesinos-policias-deja-veintena-heridos/
La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) halló 47 mil pruebas rápidas de VIH-SIDA que no cuentan con registro sanitario y que pueden dar resultados negativos falsos. Los paquetes con las pruebas fueron confiscados en un almacén del gobierno veracruzano, al cual previamente se le acusó de suministrar “agua destilada” a niños con cáncer en lugar de quimioterapias.
“Se trata de una prueba rápida para la determinación de VIH en sangre que no cuenta con registro sanitario ante la Cofepris, por lo que no se asegura la efectividad de la prueba ni de los resultados, pudiendo dar falsos negativos y poner en riesgo la salud de los pacientes que no reciben un tratamiento médico”, explicó la Comisión en un comunicado.
De acuerdo con el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, las compras de los medicamentos falsos comenzaron en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, entre el 2004 y 2010, y se descubrieron en de Javier Duarte, que gobernó la entidad desde el 2010 y hasta el 2016.
La empresa china Hangzhou Clongene Biotech Co. Ltd es la encargada de fabricar las pruebas rápidas para detectar el VIH, pero su comercialización en México es responsabilidad de Comercio y Servicios Administrativos e Integrales del Golfo S.A. de C.V.
“Hoy se ha oficializado que la información de que las pruebas de VIH-SIDA para mujeres embarazadas, eran también falsificadas. Son 47 mil pruebas las que se han detectado, ya intervino Cofepris y esas pruebas ya las decomisó”, señaló Yunes.
El uso de los medicamentos falsos se justificó bajo el argumento de que no había presupuesto suficiente para el sector y por el desvío de recursos. Además, se reveló que en bodegas de los centros de salud se encontraron medicamentos “que ya habían superado o pasado la etapa de caducidad”.
Fidel Herrera, quien renunció el 22 de enero como cónsul de México en Barcelona, España, dijo que regresaría al país para esclarecer las acusaciones de la compra de medicamentos falsos, pero hasta el momento no se sabe nada de él.
Por otro lado, Javier Duarte es ahora prófugo de la justicia por el desvío de recursos de la entidad durante su gobierno, por lo que la población desconoce su paradero.
Hasta ahora, no hay sentenciados por el suministro de los medicamentos.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/confiscan-47-mil-pruebas-falsas-vih-veracruz/
CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) inició una investigación sobre el ejercicio de los mil millones de pesos a la Fundación Juntos Podemos, que preside la panista Josefina Vázquez Mota, parte de los cuales fueron usados por la Fundación AEM que dirige un grupo de sus amigos.
La indagatoria de la SRE es en respuesta al escándalo por la presunción de malos manejos de recursos por parte de Eduardo Bravo Calderón, presidente de la Fundación AEM, y sus supuestos cómplices, Emilio España y Alejandro Quiroz, los tres operadores financieros de Vázquez Mota.
Estos tres personajes fueron a su vez expulsados el miércoles 25 de la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM) –España era el tesorero–, precisamente porque se identificó que incurrieron en conflictos de interés y porque no aclararon manejos financieros que involucraban a este organismo con la Fundación AEM.
La investigación de la SRE es diferente a la indagatoria que emprendió la AEM desde el 23 de noviembre del año pasado, de cuyo consejo formó parte hasta el 18 de enero, Gerónimo Gutiérrez, quien espera la ratificación del Senado para convertirse en embajador de México ante Estados Unidos y quien conoció parte de las irregularidades de los tres implicados, que son sus amigos.
Como se informó en la columna “Historia de lo Inmediato”, del martes 31, los recursos presuntamente desviados son parte de los mil millones de pesos de recursos federales gestionados por Vázquez Mota, quien tiene una estrecha relación profesional y de amigos con Bravo Calderón, España y Alejandro Quiroz.
Estos tres individuos son, justamente, los dueños de la marca Juntos Podemos de la fundación que preside Vázquez Mota y son sus operadores políticos y financieros en su proselitismo por ciudades estadunidenses, todo con cargo al erario federal que la SRE le entregó.
El reporte del comité de investigación de la AEM, parte del cual conoció Gerónimo Gutiérrez en su calidad de consejero de este organismo privado, expone que Bravo Calderón estableció un esquema de desvío de recursos públicos en su beneficio, en complicidad con España.
Como si fuera un benefactor, supuestamente Bravo Calderón pagaba de su bolsa la renta de las oficinas, la nómina del personal, las redes sociales, los sistemas de pago, los eventos, viajes y hasta la Revista Empresarios AEM, institución de la que había sido presidente.
Pero las oficinas de la AEM están a nombre de MMG Communications Inc, empresa de su propiedad, y la revista la editaba también otra compañía suya, Ediciones Supcorp SA de CV –con sede en la Ciudad de México–, por lo que cobraba lo que quería y él mismo se pagaba con recursos de la Fundación AEM, receptora de parte de los mil millones de pesos gestionados por Vázquez Mota.
En la reunión de la AEM, que duró cinco horas y en la que renunció Javier Martínez a la presidencia, que luego asumió Rafael Herrera, se tomó el acuerdo de recomendar a los dirigentes e integrantes de la AEM no tener ninguna relación con los tres directamente implicados y Emmanuel Loo, director del Integra Institute, que es la imagen pública de Fundación AEM y quien opera empresas creadas por ésta, como Mexpliqa LLC y Tianguist.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472745/sre-indaga-destino-los-mil-mdp-vazquez-mota-recibio-pena-nieto
NUEVO LAREDO, Tamps: El diario El Mañana de esta ciudad fronteriza dejó de circular el domingo y lunes pasado debido a agresiones y amenazas del crimen organizado, informó a Apro una fuente oficial.
El Mañana publicó este martes un pequeño aviso donde informa que suspendió su circulación los dos días mencionados.
Un portavoz del diario comentó que tres empleados responsables de la distribución de El Mañana fueron golpeados por hombres armados.
Además dañaron un vehículo y amenazaron a los distribuidores para que suspendieran la circulación del periódico, añadió la fuente.
Las amenazas contra el diario se habían suspendido desde hace tiempo, pero debido al recrudecimiento de la violencia en esta ciudad fronteriza reaparecieron.
El Mañana fue atacado con granadas y armas de fuego durante la “narcoguerra” que azotó esta ciudad en los años 2004,2005 y 2006.
Para evitar que la “plaza se calentara” con las noticias que daban cuenta sobre las decenas de enfrentamientos y cientos de crímenes que ocurrieron en esa época, el grupo que controlaba la plaza, los Zetas, impuso la primera gran censura contra El Mañana.
En esa época sus reporteros, editores y dueños comenzaron a recibir ataques y amenazas. Adicional a ello sus instalaciones sufrieron disparos de armas de fuego y ataques con granadas. En marzo del 2004 su director Roberto García Mora fue asesinado.
Tras varios atentados en su contra, los periodistas del diario fueron los primeros del país en usar chalecos antibalas, mismo que portaron durante casi un año.
También iniciaron la modalidad que retomaron años después muchos periódicos: eliminar los nombres del reportero y firmar las notas como “Redacción”.
Ante los continuos ataques y amenazas para que dejaran de publicar notas sobre violencia, los directivos de El Mañana cedieron y decidieron suspender la cobertura de los enfrentamientos y asesinatos provocados por las organizaciones criminales en disputa.
“Esta es una guerra enloquecida que no es de Nuevo Laredo ni de los medios, ni de El Mañana, ni de la sociedad; sin embargo, todos padecemos las secuelas que produce la violencia”, precisó la editorial en la que se informaba que anunciaba limitaría su cobertura para “autoprotegerse”.
“Vimos que la autoridad estaba rebasada por la delincuencia organizada y que no había garantías para los periodistas”, señalo el diario en aquella ocasión.
Otros diarios de Nuevo León y Coahuila también fueron atacados por el crimen organizado en los años que inició la disputa entre el Cartel del Golfo y los Zetas. Los que sufrieron los peores atentados fueron El Norte de Monterrey y el Siglo de Torreón.
El Norte, el diario más importante de Grupo Reforma, sufrió al menos ocho atentados con granadas y varios de sus reporteros fueron golpeados y amenazados. Los atentados contra el periódico obligaron a sus directivos a refugiarse en Estados Unidos.
El Siglo de Torreón también sufrió alrededor de una decena de ataques y sus instalaciones fueron incendiadas. Cinco de sus trabajadores fueron secuestrados y amenazados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472697/manana-nuevo-laredo-suspende-publicaciones-amenazas-del-narco
CHILPANCINGO, Gro: Al menos seis jóvenes ejecutados fueron encontrados en las inmediaciones del poblado de Mazatlán, al sur del municipio de Chilpancingo en la región Centro de la entidad.
Las víctimas habían sido privadas de su libertad hace dos días por un grupo armado que irrumpió durante la noche del lunes 30 en el poblado de Achotla, municipio de Mochitlán y se llevó por la fuerza a ocho personas, entre ellas seis hombres y dos mujeres.
De acuerdo a un reporte oficial, la mañana de este miércoles fue reportado el hallazgo de seis hombres ejecutados que estaban tirados sobre la vía que conecta el poblado de Mazatlán y El Salado.
Las autoridades ministeriales arribaron al lugar donde pobladores de Achotla confirmaron que las personas asesinadas eran los desaparecidos y señalaron que aún no encuentran a las dos mujeres que también fueron privadas de su libertad por el grupo armado que opera impunemente en esta franja de la entidad.
Los familiares de las víctimas indicaron que los sicarios que atacaron el pueblo de Achotla forman parte del grupo de autodefensa de la UPOEG, vinculado con la banda de Los Ardillos que dirige la familia del dirigente perredista Bernardo Ortega Jiménez, refieren los informes oficiales.
Apenas ayer, habitantes de Achotla habían denunciado públicamente la acción del grupo criminal registrada la noche del lunes 30 y señalaron que a pesar de que reportaron el hecho con prontitud, la policía estatal llegó al lugar después de 10 horas de la irrupción de los sujetos armados.
A través de un comunicado oficial, el gobierno estatal informó desde ayer que habría implementado un operativo para tratar de liberar a las personas secuestradas.
No obstante, esta mañana fueron encontrados asesinados seis de las víctimas y faltan dos mujeres por localizar.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472651/hallan-ejecutados-a-seis-jovenes-levantados-lunes-en-chilpancingo-dos-mujeres-siguen-sin-aparecer
La iniciativa busca reformar la Ley General de Educación para revalidar estudios en el extranjero de jóvenes y profesionistas que regresen al país.
Este miércoles el presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa preferente al Congreso de la Unión para revalidar en México estudios y grados académicos obtenidos en el extranjero, mediante reformas a la Ley General de Educación.
La propuesta del Ejecutivo federal plantea la revalidación de estudios para facilitar el ingreso o reingreso al sistema educativo a los connacionales que eventualmente sean deportados o emigren de manera voluntaria de Estados Unidos a México.
Se tienen 60 días para validar ese proyecto de ley que envió el mandatario federal y que se turnó al Senado de la República como cámara de origen para su discusión y aprobación.
Por su parte, los presidentes de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, Pablo Escudero y Edmundo Javier Bolaños Aguilar, se comprometieron a aprobar lo más pronto posible la iniciativa.
En entrevista en la Cámara de Diputados, antes de que se instalara la sesión de Congreso General para la apertura del Segundo Periodo de Sesiones del Segundo Año de la LXIII Legislatura, Escudero Morales adelantó que el Senado podría aprobar en dos semanas la iniciativa y turnar la minuta a los diputados para su aval.
El senador comentó que quienes cursan estudios en la Unión Americana “se encuentran angustiados y preocupados” por lo que sucede en ese país y ante ello el gobierno federal “se adelantó” con el objetivo de tener todo listo para los estudiantes y profesionistas que requieren revalidar estudios, así como para refrendar su cédula profesional.
Por otro lado, el diputado presidente, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, dijo: “se trata de estar preparados en el caso de que lleguen estudiantes mexicanos provenientes de Estados Unidos y atenderlos de la mejor manera”.
“Nosotros estaremos atentos al plazo que la ley establece para que sea revisada y aprobada, para luego recibirla en la Cámara de Diputados y actuar en consecuencia”, agregó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0102/mexico/epn-envia-al-congreso-iniciativa-preferente-para-proteger-a-estudiantes-deportados/
Enrique Peña Nieto agradeció al gobierno y pueblo español, y subrayó la importancia que tiene para México su relación con esa nación.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy Brey, llamó al presidente Enrique Peña Nieto para expresar la solidaridad de España para con México, frente a la postura adoptada por la administración de Donald Trump.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Rajoy Brey destacó los vínculos históricos y personales entre ambos países, por lo cual le reiteró su apoyo al presidente Peña Nieto y le comunicó sus deseos para que prevalezca un diálogo constructivo y respetuoso entre México y Estados Unidos.
Peña Nieto agradeció las muestras de solidaridad al gobierno y pueblo español, y subrayó la importancia que tiene para México su relación con España, que se refleja en los ámbitos bilateral, iberoamericano, birregional y multilateral.
Ambos mandatarios coincidieron que 2017 ofrece una excelente oportunidad para retomar el dinamismo que ha caracterizado la relación de ambas naciones durante los últimos años.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0102/mexico/espana-se-solidariza-con-mexico-ante-embates-de-trump/
