El TLCAN “ha sido una catástrofe para nuestro país, una catástrofe para nuestros trabajadores, para nuestros empleos", dijo.
El presidente estadounidense Donald Trump dijo que su gobierno buscará acelerar los plazos para iniciar el proceso de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y si es necesario cambiar el acuerdo por uno nuevo.
Dijo que el TLCAN “ha sido una catástrofe para nuestro país, una catástrofe para nuestros trabajadores, para nuestros empleos, para nuestras compañías que están dejando el país, lo quiero cambiar y quizá rehacerlo, quizá rehacerlo por un nuevo TLCAN”.
Hablando ante las cámaras de televisión antes de iniciar una reunión con legisladores en la Casa Blanca, Trump bromeó que le gustaría adicionar otra letra F para denotar la palabra en inglés fair (justo), insistiendo que el acuerdo (que en inglés es conocido como NAFTA) firmado con México y Canadá ha sido injusto.
El mandatario indicó igualmente que le gustaría acelerar las guías estatuarias “si es posible” para el inicio de las conversaciones con los gobiernos vecinos.
“Tenemos algunos límites estatuarios, pero no queremos tener límites. Tengo preocupaciones muy serias sobre el TLCAN”, dijo a los legisladores reunidos en el salón Roosevelt, donde estuvo acompañado por el nominado secretario de Comercio, Wilbur Ross.
El mandatario dijo no tener una preferencia sobre el resultado de la eventual renegociación del TLCAN, al señalar: “No me importa si es una renovación del TLCAN o un TLCAN nuevo, pero lo tenemos que hacer justo y es bastante injusto para los trabajadores estadounidenses”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0202/mexico/trump-pide-acelerar-renegociacion-del-tlcan-pide-que-sea-mas-justo/
Luego de conocerse que Rafael Moreno Valle dejó Puebla con una deuda de 23 mil 97 millones de pesos, casi 200 por ciento más que su predecesor Mario Marín, diputados federales del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano, y los rectores de la IBERO y la Universidad de las Américas exigieron una investigación en contra del ex Gobernador. Los legisladores locales aseguraron que dicha deuda no se encontraba en la cuenta pública 2016 aprobada por el Congreso estatal recientemente.
Diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano (MC), y los rectores de la IBERO y la Universidad de las Américas (UDLA) piden una explicación al ex Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle por dejar al estado con una deuda a cuestas de 23 mil 97 millones de pesos.
Ayer se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo Gobernador, Tony Gali Fayad, en la mesa principal estuvo sentado su antecesor, quien antes de dejar el recinto fue increpado sobre el endeudamiento. El panista no dio explicaciones. Solo dijo que “están equivocados” y prometió mandar una carta aclaratoria a los medios que han publicado notas sobre la deuda millonaria.
Pero este jueves, Gali Fayad aceptó a medias los 23 mil 97 millones de Moreno Valle.
“Hoy, de acuerdo a la página de la SHCP, la deuda se redujo a 8 mil 400 millones de pesos. Esa es la deuda reconocida. Ahora bien, en cuestiones de PPS, con servicios incluidos y me refiero al Museo Internacional Barroco, a las plataformas de Audi, al CIS, la deuda no se catalogaba como tal, todo eso que equivale a esos 23 mil millones. Todos esos recursos están en el gasto corriente de la federación, vienen implícitos en el PEF, es decir, están contabilizados para que se realice el pago de los mismos. Por eso se catalogan como deuda por decirlo de alguna manera y está el presupuesto para ser pagados […]. Sin embargo esta deuda es manejable y ya viene en el presupuesto, garantizó.
En la Cámara de Diputados federal, los legisladores de los partidos de oposición Francisco Martínez Neri, coordinador del sol azteca; Rocío Nahle, de Morena, y Clemente Castañeda, de MC, insistieron que la Procuraduría General de la República debe intervenir en caso de que existan anomalías.
Si hay elementos como los hubo en Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, que permitan la intervención directa de las autoridades que procuran justicia, particularmente la PGR, yo creo que habría que intervenir”, señaló en entrevista con Reforma Martínez Neri.
En tanto Rocío Nahle aseguró que con respecto al fideicomiso operado por Evercore, empresa de Pedro Aspe, ex Secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari, este busca reestructurar deudas con panistas y priistas,
“(Esta) asociación PRIAN desde hace tiempo maneja el País como si fuera una mala empresa. Vemos a Aspe y en todos el denominador común es más deuda y corrupción”, mencionó.
Clemente Castañeda, de MC, urgió a la Cámara de Diputados a revisar las cuentas de Moreno Valle en lo referente al gasto federal y denunciar penalmente las anomalías.
Se está volviendo una costumbre en este país que, una vez que se van los gobernadores, o incluso algunos antes de irse, nos damos cuenta del grave manejo que tuvieron en términos de las finanzas públicas”.
En tanto, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, quien estuvo en Puebla para asistir al acto protocolario dijo que él había estado en el último informe morenovallista y que ahí informó que la deuda era mucho mejor.
–¿El PAN defenderá a Moreno Valle por el tema de la deuda pública?, se le preguntó.
–Pero defenderlo de quién o de qué— cuestionó el dirigente partidista.
–Hay señalamientos de que de que se heredó una deuda multimillonaria, inclusive hay documentos oficiales donde se refleja— insistió este medio de comunicación.
–Yo puedo hablar por la información que tengo. Acudí al último informe del Gobernador y lo que ahí se expuso es que no aumento la deuda. No cuento con información distinta a eso.
–¿Pedirá información para tener más claro el tema o no le interesa al PAN?
–Es un tema de interés público que debe revisarse, yo puedo hablar por la información que yo tengo, insistió el queretano.
Los académicos también se subieron al tema.
El rector de la Universidad Iberoamericana, Fernando Fernández Font destacó que ha habido incongruencia en el discurso de Moreno Valle, pues primero dijo que no había dejado deuda, luego que no pidió ni un solo peso prestado y poco a poco han surgido los documentos que demuestran que la deuda pública de Puebla va de los 25 mil millones de pesos y podría llegar hasta los 75 mil millones.
El problema de ahí es que había dicho primero que no había dejado ninguna deuda, el segundo es que no había pedido ni un centavo prestado, ahora están saliendo muchos documentos de personas científicas por ejemplo del CIDE, en donde dicen que la deuda va de 25 mil millones hasta 75 mil, como afirma el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (…) Entonces no sabemos, ese es el problema de la transparencia, cuando no hay transparencia, las especulaciones surgen en todos lados, pero creo que sí habría que revisar eso, si no van a dejar endeudado al estado por varios años.
Por su parte, el rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez, precisó que Tony Gali tendrá que transparentar la deuda pública que deja Moreno Valle:
Está documentado, definido, y está cubierto de manera que él pueda simplemente decir aquí están las cuentas, aquí están claras, aquí está lo que se ha hecho, y lo que tenemos que hacer en el futuro. Sí, yo creo que sí”.
Es importante y espero que el señor Gobernador lo haga, es simplemente sacar las cuentas y decir aquí está, aquí están los contratos, cómo se ha hecho, lo que costó y la manera en que se va a pagar, eso dejaría a todos los poblanos tranquilos.
El único que ha defendido a Moreno Valle por su endeudamiento es Javier Lozano Alarcón, ahora jefe de oficina del gobierno galista, quien dijo que se trata de un golpeteo mediático y rechazó que el ex Gobernador de Puebla haya heredado tal deuda, pese a que existen documentos.
Es golpeteo político natural de la temporada por decir que quiere ser candidato del PAN y de alguna manera buscan disminuir su popularidad que va en aumento”, señaló el senador con licencia (…) No solamente no dejó endeudado por esa cantidad al estado, sino que hubo una disminución de 700 millones de pesos, no lo digo yo, lo dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que es la fuente de fuentes en finanzas públicas”.
Periódico Central documentó con informes publicados por la administración de Moreno Valle que la deuda heredada asciende a 23 mil 97 millones de pesos, cifra 174 por ciento mayor a lo que dejó el priista Mario Marín Torres al cierre de 2010.
FUENTE: SIN EMBARGO/PERIÓDICO CENTRAL.
AUTOR: REDACCIÓN/OSVALDO MACUIL, YONADAB CABRERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-02-2017/3143269
El incremento al precio de los combustibles es negativo para compañías que dependen del gasto doméstico, ya que precios más altos elevarán la inflación, lo que pesaría sobre el consumo privado. El 4 de febrero se prevé un nuevo ajuste en el precio de la gasolina, situación que ha dividido a los empresarios, pues hay quien asegura que el Gobierno de México debería detener el segundo gasolinazo del año, mientras que otras voces consideran que se debe continuar con la agenda de liberalización de los precios de los combustibles.
El próximo 4 de febrero se prevé un nuevo ajuste en el precio de la gasolina, situación que ha dividido a los empresarios, pues hay quien asegura que el Gobierno de México debería detener el segundo gasolinazo del año, mientras que otras voces consideran que se debe continuar con la agenda de liberalización de los precios de los combustibles.
En tanto, la calificadora Moody’s advirtió hoy que el aumento a los precios de los combustibles impactará tanto a los empresarios como a los consumidores mexicanos, ya que se elevarán los costos de los productos y servicios y eso impactará en la inflación.
“El incremento es negativo para compañías que dependen del gasto doméstico, ya que precios más altos elevarán la inflación, lo que pesaría sobre el consumo privado”, explicó la calificadora en un documento.
Algunas de las empresas que se verían afectadas son, de acuerdo con Moody’s, Televisa, Telmex y Elektra.
“El deslucido ambiente económico dificultará a las compañías pasar los incrementos de los precios a sus consumidores, lo que presionará sus márgenes operativos”, dijo Nymia Almeida, analista de Moody’s.
De acuerdo con la calificadora, Petróleos Mexicanos (Pemex) es la beneficiaria de los precios más altos porque éstos le permiten a la petrolera vender el combustible a precios mucho más cercanos a su estructura real de costos.
Además, dijo, el alza impactará positivamente en sus márgenes de venta y ayudará a mitigar las pérdidas de refinación.
La calificadora destacó que el alza de enero pasado precede a la liberalización del mercado de venta y distribución de gasolina en México, la cual se implementará a lo largo de 2017.
“Mayores ingresos fiscales por los impuestos a las gasolinas en 2016 impulsaron las participaciones federales. Las participaciones representan el 35 por ciento del total de los ingresos de los estados”, detalló el documento.
En diciembre pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que partir del 1 de enero y hasta el 3 de febrero de 2017, los precios promedio de la gasolina a nivel nacional serían de 15.99 pesos para la Magna, 17.79 la Premium y 17.05 para el Diésel, lo que representa un incremento de hasta un 20 por ciento con respecto al precio máximo observado en diciembre de 2016.
Explicó que los precios aplicables el 1 de enero estarían vigentes hasta el 4 de febrero; mientras que los del 4 de febrero se aplicarán hasta el 18 del mismo mes. A partir de ese día, tendrán una vigencia de 24 horas y se sujetarán a las siguientes reglas:
Los martes, miércoles, jueves y viernes, serán aplicables por un periodo de 24 horas; mientras que los sábados, domingos y lunes consecutivos, será aplicable el precio máximo que se dé a conocer para el sábado.
LA IP DIVIDIDA POR GASOLINAZO
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) está a favor de continuar con la liberalización en los precios de las gasolinas siempre y cuando existan márgenes de maniobra por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para evitar un efecto cascada en los precios.
“Nos parece muy prudente continuar en la agenda de la liberación de los precios de las gasolinas y los precios, pero debemos buscar cómo compensarlo para que no nos impacte en el corto plazo. El tema de continuar con la apertura de nuestras fronteras para la inversión internacional y nacional en la distribución y venta de nuevas moléculas de gasolina es muy importante porque es el camino correcto para tener más calidad de gasolinas y oferta de distintos precios”, dijo Castañón a Economíahoy.
Entrevistado en el marco de la presentación de la campaña Hecho en México, Castañón aseguró que lo prudente es hacer un esfuerzo ante un potencial nuevo aumento, aunque afirma que dependerá de la SHCP cancelar un nuevo incremento.
“Lo que no se debe detener es la agenda de liberalización porque México va hacia la apertura total del mercado de combustibles y tenemos que trabajar en ello”, detalló.
La liberalización del precio de la gasolina generará inversiones en México por 16 mil millones de dólares (mdd) en los próximos meses que se ejercerán en nuevas estaciones de servicio, la construcción de ductos, trenes, nuevas gasolineras y almacenes, según la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
En contraparte, Manuel Herrera, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), pidió mecanismos para postergar los gasolinazos en la medida de lo posible ante la gran presión que viven los industriales en los costos de producción.
“Estamos a favor de la liberalización de los precios y de la Reforma Energética y lo que estamos pidiendo es que se busquen mecanismos que nos permitan en esta coyuntura que es muy compleja y que hay una gran presión sobre los costos de producción tratar de alargarlo lo más que se pueda”, dijo Herrera quien encabeza la campaña Hecho en México.
GASOLINARA AUMENTARÍA 10 POR CIENTO; ANALISTAS
Los precios de la gasolina en México pueden tener un aumento de alrededor de un 10 por ciento adicional al actual en febrero, estiman los analistas de UBS Luiz Carvalho y Julia Ozenda.
En su análisis sobre políticas de precios de combustibles en América Latina, el banco señala: “en otras palabras, podría haber otro gasolinazo en febrero debido a la depreciación del peso y un aumento en los precios de la gasolina en Estados Unidos”.
Un alza de precios de otro 10 por ciento sobre los actuales llevaría a la gasolina Magna a un costo de 17.58 pesos por litro; la Premium costaría 19.56 pesos por litro, y el diésel 18.75 pesos por litro.
Y es que México compra al vecino país del norte más de la mitad de la gasolina que consume y lo hace en dólares, por lo que al incremento de los precios de los combustibles por sí mismo hay que agregar el incremento correspondiente al encarecimiento de la moneda estadounidense respecto al peso.
Sólo durante el mes de enero de 2017, el peso se depreció un 0.85 por ciento y desde el 8 de noviembre, día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, a la fecha, la caída es ya del 13 por ciento.
El banco suizo también da cuenta de la molestia ciudadana que siguió al primer aumento del año, de alrededor de 20 por ciento y sugiere que un nuevo aumento será problemático para el gobierno. “Dada la reacción al aumento de enero, un nuevo incremento podría ser un reto para las autoridades”, dice el documento.
La Secretaría de Hacienda estipuló que habrá dos aumentos semanales establecidos por el gobierno durante las primeras dos semanas de febrero, y a partir de la tercera semana los precios se moverán de acuerdo con los precios internacionales. “Las fluctuaciones estarán determinadas esencialmente por los precios de Estados Unidos, y estarán sujetos al tipo de cambio”.
APUESTA PERDIDA
El significativo salto de doble dígito en los precios de los combustibles obedece a un mal cálculo del gobierno federal, que inicialmente había establecido que la liberalización de las gasolinas se llevaría a cabo en 2018. El año pasado, cuando los precios del petróleo estaban bajos, el gobierno anunció que adelantaría la liberalización a 2017 bajo la percepción de que los precios de la gasolina probablemente bajarían. Pero se equivocó.
El problema, señala UBS, es que en la segunda mitad de 2016 los precios del petróleo volvieron a subir, al tiempo que las elecciones de Estados Unidos hundieron al peso.
Hasta el 1 de enero de 2017, la gasolina sólo podía subir un máximo de 3 por ciento, de manera que aunque el precio internacional del combustible aumentara, el Estado absorbía el costo. En los últimos meses, el precio internacional de las gasolinas superó ese tope del 3 por ciento, ampliándose así cada vez más la brecha con el precio al consumidor final.
Cuando se complete el proceso hacia la liberalización total en todas las regiones del país -lo que finalizará en diciembre de este año- “quedará por ver si hay suficiente competencia entre las gasolineras para asegurar precios competitivos a lo largo y ancho del territorio nacional”, indicó UBS.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-02-2017/3143367
CIUDAD DE MÉXICO: Durante muchos años la corrupción y los abusos de poder de la clase política mexicana han minado la credibilidad y confianza ciudadana en todas las representaciones de autoridad y gobierno. Al mismo tiempo, han creado las condiciones propicias para permitir la proliferación de los peores gobernantes, y también la multiplicación del crimen organizado, factores que han roto el tejido social.
Esta situación genera graves riesgos de inestabilidad social e ingobernabilidad en un contexto de crisis interna a la que ahora se añade el factor Donald Trump, que ha cimbrado al débil gobierno de Enrique Peña Nieto y ha generado incertidumbre y temor entre la sociedad mexicana.
El distanciamiento entre la llamada clase política y la sociedad civil es más que evidente y se debe, sobre todo, a la corrupción que ha prevalecido entre gobernantes, autoridades e integrantes de todos los partidos políticos. También a los abusos de poder que han cometido con toda impunidad, enriqueciéndose ellos y sus familias, o ligándose a empresarios y a grupos criminales, en este último caso creando una nueva forma de gobierno que es el narco Estado.
Corrupción y abusos de poder es el binomio que provocó la derrota del PRI en siete de 12 estados en 2015 y que probablemente hará lo mismo en 2018. También es lo que ha ocasionado las últimas manifestaciones en todo el país a raíz del aumento de la gasolina, que aminoraron temporalmente por la estrepitosa llegada de Trump a la Casa Blanca anunciando la construcción de un muro fronterizo, la cancelación del TLC, la expulsión de millones de indocumentados y la imposición de aranceles a los productos mexicanos que ingresan al mercado estadunidense.
Este enojo social acumulado también alcanza a cierta parte de la prensa y algunos periodistas que igualmente se han vuelto cómplices de la corrupción y son favorecidos por los abusos del poder al dedicarse a vender su pluma al mejor postor. Ayer al PAN, cuando arribó al poder presidencial; hoy al PRI, que regresó a Los Pinos, y mañana a quien gane la elección de 2018.
La corrupción ha tenido un costo económico gigantesco para el país. En México las pérdidas económicas por la corrupción equivalen a 10% del PIB nacional, es decir, 920 mil millones de pesos, según estimaciones que el año pasado hizo Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En tanto, la impunidad en la clase política y gobernante es el motor que ha propiciado el crecimiento de la violencia en todo el país, pues al no aplicarse la justicia para gobernantes y autoridades corruptas, se da una señal a los criminales de que pueden hacer lo que quieran sin que los alcance la justicia.
Y en vísperas de los comicios de 2018, cuando se elegirá al nuevo Presidente de la República y se renovará el Congreso, 12 gubernaturas, 388 diputaciones locales y 965 ayuntamientos, la corrupción que no se acaba y la impunidad que persiste en la clase política son bombas de tiempo que pueden estallar en movimientos sociales organizados o espontáneos.
Los conflictos sociales en el país no han disminuido y se extienden a otros ámbitos. El año pasado, Víctor Toledo, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), enumeró 420 conflictos socioambientales, la mayoría relacionados con minería, energía y agua en comunidades campesinas e indígenas del país.
Por otro lado, basado en datos oficiales, el reportero de la revista Proceso, Arturo Rodríguez, reportó 256 conflictos sociales sin resolver, que van desde guerrillas hasta protestas mineras, guardias comunitarias a paramilitares, y movilizaciones estudiantiles a desaparición de activistas.
Esto es lo que hay detrás de lo que el presidente Peña Nieto llamó “mal humor social”, y que en un contexto de crisis estructural puede derivar en estallidos sociales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472716/corrupcion-abusos-poder-bombas-tiempo
Ciudad de México. Las víctimas de violaciones a sus derechos humanos tienen derecho al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Daño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), aún y cuando hayan aceptado previamente un convenio de indemnización de parte de la institución responsable de los hechos, estableció la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al resolver la queja presentada por un policía que había denunciado la violación de sus derechos humanos a manos de marinos, quien ya había recibido una indemnización de la Secretaría de Marina y solicitó posteriormente el pago de la reparación del daño a la CEAV, los ministros consideraron que “el derecho fundamental de las víctimas a ser reparadas de manera integral por las violaciones cometidas a sus derechos humanos -en especial, como la acontecida en la especie, por la comisión de tortura y actos crueles e inhumanos-, no puede tener el carácter de renunciable, ni puede verse restringido por las necesidades económicas o presiones que puedan recaer en la víctima” y le ordena a la Comisión determinar el monto de la indemnización correspondiente.
Precisó la sentencia que, en caso de que alguna autoridad ya haya otorgado alguna indemnización a la víctima, como parte de la reparación integral, tales conceptos deban ser considerados como complementarios "para alcanzar la integralidad que busca la reparación”.
La sala amparó a uno de los agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia de Colima, que se quejaron de haber sido detenidos arbitrariamente y torturados en instalaciones de la VI Región Naval. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a favor de las víctimas; el quejoso solicitó a la CEAV la indemnización correspondiente, a lo cual se negó ésta con el argumento de que la compensación y había sido cubierta por la Secretaría de Marina, además de que la Comisión “no era un órgano revisor en materia de reparaciones”.
La Comisión se negó a reparar el daño con el argumento de que si el quejoso no estaba de acuerdo con el monto recibido por parte de la Secretaría de Marina, hubiera interpuesto una queja, además de que no estaba acreditado como víctima del delito, sino como víctima de violación a sus derechos humanos por parte de autoridades federales, según la recomendación 37/2013 de la CNDH, por lo que resultaba improcedente “duplicar la aplicación de recursos a su favor”.
El ministro instructor sostuvo que no hay un impedimento legal para que las víctimas –en las circunstancias referidas- accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, además de que la Ley General de Víctimas o su Reglamento tampoco establece que si la víctima se dio por satisfecha “a través de otros mecanismos” del monto indemnizatorio que le fue otorgado por alguna autoridad federal por concepto de reparación, será improcedente la petición para acceder a los recursos solicitados.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/01/victimas-de-violacion-a-dh-con-derecho-a-fondo-de-ceav
Ciudad de México. Defensores de derechos de la infancia y adolescencia exigieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que emita medidas precautorias para suspender en todo el país el programa de Mochila segura, pues insistieron en que se trata de una medida discriminatoria que atenta contra el derecho a la intimidad y la seguridad jurídica de los menores.
Indicaron que desde el pasado 24 de enero la denuncia fue radicada en la segunda visitaduría del organismo, luego de que los defensores presentaran una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la cual remitió el caso a la CNDH, pues las escuelas de educación básica en la capital del país son planteles federales que dependen de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
En conferencia de prensa Sayuri Herrera, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, destacó que la implementación del operativo en escuelas de educación básica y media superior es violatorio a los acuerdos internacionales suscritos por México, e incluso con su legislación interna.
Se asegura que es una acción para prevenir el delito, dijo, pero "no se trata de operativos de prevención, sino de reacción", luego de los hechos ocurridos el pasado 18 de enero en Monterrey, Nuevo León, donde un alumno de secundaria particular disparó en contra de una maestra y tres compañeros, para después suicidarse.
La revisión de las pertenencias de niños y adolescentes, indicó, "sólo genera que se vea a los menores como los sospechosos". Además, indicó, al violarse el derecho a la intimidad, que garantiza que los menores deben estar libres de intromisiones a su persona y pertenencias, "también se pone en riesgo su integridad física y síquica, en una etapa de su desarrollo en que se está consolidando su personalidad y valores".
Al respecto, Alan Jiménez, director de la organización Comunalidades Vida y Dignidad, afirmó que aunque los padres autoricen la aplicación del programa Mochila segura, los derechos humanos de los menores "son irrenunciables, y se aplican también para padres y tutores, quienes no pueden violentarlos. El acta de nacimiento de un hijo no es una factura. No pueden ser vistos como su propiedad".
Agregó que la SEP, que encabeza Aurelio Nuño Mayer, "no sólo violenta los principios establecidos en la Convención por los Derechos del Niño, suscrita por México en 1990, que establece el interés superior de la infancia, tampoco se les respetó el derecho que tienen niños, adolescentes y jóvenes a ser consultados y que se escuche su opinión".
Por ello, los defensores reiteraron su llamado a la CNDH para que abra una investigación sobre la aplicación de Mochila segura y emita las medidas precautorias para detenerlo en todo el país.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LAURA POY SOLANO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/01/activistas-exigen-suspender-programa-mochila-segura
CIUDAD DE MÉXICO: Amnistía Internacional (AI) cuestionó la estrategia para legitimar la militarización de la seguridad pública, luego de que el Congreso retomó la discusión de la Ley de Seguridad Interior que pretende legalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en esas tareas.
En un comunicado, el investigador para México de AI, Carlos Zazueta, recordó que “tras diez años de seguridad militarizada se han incrementado las violaciones a derechos humanos, tales como la tortura, la desaparición, las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad de los responsables”.
Zazueta consideró como “preocupante” que en las iniciativas propuesta para la Ley de Seguridad Interior “se busque legitimar el uso de las fuerzas armadas para las tareas que son de seguridad pública ordinaria”.
Y advirtió que de aprobarse la legislación en los términos propuestos, se “debilitará aún más el sistema de protección de derechos humanos en el país, sin contribuir en modo alguno a la seguridad de la población”.
El investigador resaltó que el Congreso debería considerar “otras prioridades más urgentes, como las leyes generales de tortura y desaparición”, que hasta ahora no han sido discutidas, “a pesar del sufrimiento y la impunidad que generan tales crímenes”.
Amnistía Internacional ha documentado ampliamente los efectos de la militarización de la seguridad pública como parte de la “guerra contra el narcotráfico”, en informes referentes a la tortura sexual durante detenciones de mujeres, así como casos sobre desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de las fuerzas armadas.
Cabe destacar que el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de defensores de derechos humanos, Michel Forst, se sumó a los cuestionamientos que otras oficinas de la ONU y expertos han hecho sobre la militarización.
En su informe preliminar presentado el martes 24, Forst señaló que “el uso de las Fuerzas Armadas en las funciones de seguridad pública y la falta de un programa para el regreso a un enfoque de seguridad completamente civil, levanta varias preocupaciones en términos de gobernanza democrática, sin tampoco haber puesto fin a la violencia”.
El relator de la ONU resaltó que durante su visita detectó que los defensores que representan a víctimas y familiares de violaciones graves a derechos humanos atribuibles a las Fuerzas Armadas “se encuentran en un mayor riesgo de represalias”.
En entrevista con Proceso, publicada en el número que circula esta semana, Forst puntualizó que “la función del Ejército es proteger al país en un estado de emergencia o de excepción, y no es el caso de México”.
Luego de señalar que si se aprueba la Ley de Seguridad Interior, presentará sus observaciones contra la medida en el informe final que dará a conocer en marzo de 2018 en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator dijo al semanario que documentó casos de “implicaciones muy fuertes contra el Ejército y la Marina en ataques contra defensores”, no sólo en casos de amenazas, sino de ejecuciones, secuestros y detenciones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472694/amnistia-internacional-cuestiona-estrategia-legitimar-militarizacion-la-seguridad-publica-en-mexico
CUERNAVACA, Mor: Durante los primeros 31 días de 2017, la entidad enfrentó la violencia más exacerbada en la administración de Graco Ramírez, con 68 homicidios violentos, lo que elevó el promedio de 1.58 crímenes por día en 2016 a 2.19 en el primer mes del año.
De esos 68 asesinatos, nueve fueron contra mujeres, y al menos siete de ellos se tipificarían como feminicidios. En la lista de ejecutados también hay un menor de 13 años de edad, de quien una de sus piernas se encontró flotando sobre el Río Chalma, en Puente de Ixtla, justo el día de reyes.
La gran mayoría de los asesinatos cometidos en enero fueron a balazos (34 casos) y se localizaron cuatro cuerpos desmembrados. En tres de estos casos, los restos aparecieron en dos distintos lugares, acompañados de narcomensajes donde se amenazaba a grupos rivales del crimen organizado o a funcionarios locales.
Los homicidios ocurrieron en 18 de los 33 municipios, y esta capital se colocó a la cabeza con 12 casos, seguida de Jiutepec y Puente de Ixtla, con ocho cada uno, y Amacuzac, con siete. En cada uno de los municipios de Jojutla, Miacatlán, Tlaltizapán y Yautepec se cometieron cuatro crímenes; tres, en Ayala y Xochitepec; dos, en Atlatlahucan, Cuautla, Tepoztlán y Zacatepec, y uno en Emiliano Zapata, Temixco, Tlaquiltenango y Totolapan.
En Axochiapan, Coatlán del Río, Huitzilac, Jantetelco, Jonacatepec, Mazatepec, Ocuituco, Temoac, Tepalcingo, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlayacapan, Yecapixtla y Zacualpan de Amilpas no se perpetraron asesinatos en el primer mes del año.
En el caso de las mujeres, los homicidios ocurrieron en los municipios de Cuernavaca, Jojutla, Miacatlán, Tlaltizapán y Yautepec, pese a la Alerta de Violencia de Género decretada por la Secretaría de Gobernación el 10 de agosto de 2015.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO
LINK: http://www.proceso.com.mx/472776/68-asesinatos-enero-fue-mes-violento-en-sexenio-graco-ramirez
CIUDAD DE MÉXICIO: Después de una intensa campaña en los espacios informativos de las principales cadenas de televisión abierta y noticieros radiofónicos contra los llamados Lineamientos para la Defensa de las Audiencias publicados el 21 de diciembre pasado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Presidencia de la República “descubrió” que existen ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que contravienen la Constitución porque le otorga facultades a este organismo autónomo para regular los derechos de las audiencias.
Así lo informó este 31 de enero el consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, quien anunció que la controversia del Ejecutivo federal sólo se concentra en estos ocho artículos de la ley secundaria que irían contra el derecho a la información y los derechos de las audiencias establecidos en el artículo 6 de la Constitución.
Muchas voces que apoyaron la reforma de telecomunicaciones destacaron que era un exceso darle atribuciones a un organismo eminentemente técnico, como es el IFT, para regular contenidos y derechos de audiencias en medio de un contexto de profundos cambios de los medios analógicos a los medios digitales, así como de presiones de los gigantes del sector como son Televisa, América Móvil, TV Azteca y los principales grupos radiofónicos.
Sin embargo, el Congreso aprobó así la ley y la dejó pasar. Entonces se vivía el mejor momento de la relación entre el gobierno federal y las televisoras. Ahora, hasta los mismos senadores y diputados federales del PRI, PRD y PAN que expresaron su apoyo a la reforma de Telecomunicaciones se han expresado indignados y escandalizados porque los lineamientos “establecen la censura previa”, atentan contra la libertad de expresión y contra la industria.
En otras palabras, los lineamientos son peor que Donald Trump para la industria mediática. Cualquiera que sintonice un noticiero en los últimos días escuchará las opiniones airadas de los conductores, analistas y legisladores. Hasta el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera se volvió especialista en derecho a la información y un adalid de la libertad de expresión.
Nunca se había visto y escuchado a tantos políticos y legisladores preocupados por unos lineamientos de defensa de los derechos de audiencias que se demonizaron para crecer la percepción del riesgo. Ni siquiera con la oleada de crímenes a periodistas o a los innumerables casos de censura que ocurren todos los días en la industria mediática se escuchó tan indignados a los legisladores.
Tampoco ante los cientos de trabajadores despedidos de las televisoras se preocuparon por salir en defensa de sus derechos.
La especialista Irene Levy escribió en su reciente artículo en El Universal que “lo contenido en los lineamientos no va más allá de lo que se incluyó en la reforma de Telecomunicaciones: en la propia Constitución en 2013 y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014; nada en los lineamientos es nuevo, ahí sólo se establecen los cómos. Es más, se ordena al IFT a expedir los lineamientos, no fue una ocurrencia. No sólo hacen el ridículo los legisladores que ahora critican lo que aprobaron, sino que obligan a que los ciudadanos nos preguntemos a qué intereses responden”.
Según Levy, “la vía para cambiar lo que ahora reclaman, es modificando la Constitución y la ley. Pretender que el IFT abrogue los lineamientos o que los posponga es pedirle que incumpla la Constitución y, sobre todo, es debilitar al órgano autónomo. ¿A quién conviene neutralizarlo? ¿A quién conviene abrir la puerta a la modificación constitucional y legal? ¿A cambio de qué?”.
Tal parece que el Poder Ejecutivo decidió neutralizar este asunto y cobrarle el favor al poder mediático concesionado con esta controversia constitucional que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Todo un reality show político-jurídico que no tiene qué ver estrictamente con los derechos de las audiencias y mucho menos con la libertad de expresión o el derecho a la información, sino con el negocio de la publicidad política encubierta en los contenidos y el apoyo de las televisoras al gobierno de Peña Nieto en momentos de profunda debilidad de ambos.
El mismo presidente del IFT, Gabriel Contreras, afirmó en otro artículo que el tema más polémico para los medios electrónicos concesionados fue el deber de distinguir la información noticiosa de las opiniones de quien las presenta. En la práctica, afirmó Contreras, no debe suponer ningún límite a la libertad de expresión, simplemente una “distinción” entre información, publicidad y opinión.
En su desplegado público, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) destacó que el punto más delicado de los lineamientos del IFT es que ponen reglas ahí donde ha prevalecido la discrecionalidad y el intercambio de dinero público por comentarios favorables en pantallas y estaciones de radio a favor de los políticos.
“Para los concesionarios de la televisión abierta, la radio y los sistemas de audio y video restringido (TV de paga), las audiencias siempre han asumido un papel residual y secundario, considerándolas en el mejor de los casos como consumidores de los bienes y servicios que se anuncian en las estaciones de radio, pantallas de TV y sistemas de TV de paga”, afirmó la AMEDI.
“Los medios de comunicación y sus representantes están molestos porque los lineamientos aprobados por el IFT los obligan a identificar la publicidad y eso afectará su negocio”, sentenció la AMEDI. Y destacó que “los anunciantes y los intereses económicos y políticos de los concesionarios ya no pueden estar por encima de los derechos de las audiencias”.
Gabriel Sosa Plata, defensor de los derechos de las audiencias en MVS, destacó que el “nado sincronizado” contra los lineamientos del IFT incluyó también a la Iglesia católica. En el semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis de la Ciudad de México también se envolvió en la bandera de la libertad de expresión y estableció que los lineamientos parecen “abrir más desacuerdos que consensos en cuanto a los derechos de las audiencias en relación a la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Hasta alcaldes de Jalisco aparecieron “gratis” en los noticieros nacionales hablando de un tema que eminentemente no es su asunto ni es su especialidad.
A los únicos que no acudieron ni los legisladores, ni las televisoras y tampoco el IFT de manera metódica, profunda y consistente fue a las propias audiencias de los medios. Quizá porque la auténtica revolución de las audiencias se está generando en otros espacios, en otras plataformas y en otros medios que no viven de este negocio descarado del infomercial político.
Un instrumento en apariencia noble como los Lineamientos de la Defensa de las Audiencias del IFT destapó la “caja de Pandora” y el auténtico tema de censura entre medios y poder político: la promoción no explícita y costosa con dinero público.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472558/censura-audiencias-reality-show-exagerado-las-televisoras
OAXACA, Oax: La Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmaron que las investigaciones contra el exgobernador Gabino Cué Monteagudo y sus excolaboradores continúan abiertas por presuntos actos de corrupción, enriquecimiento inexplicable y uso de recursos de procedencia ilícita.
Así lo dio a conocer el senador Benjamín Robles Montoya, quien agregó que también el Congreso de Oaxaca turnó la solicitud de Juicio Político contra el exmandatario estatal a la Comisión Instructora para darle cauce.
En documentos enviados al Consejo Ciudadano contra la Corrupción y la Impunidad (CCCI) se hace constar que los expedientes siguen abiertos contra exservidores públicos de la administración que encabezó Gabino Cué, cuyo saqueo podría ascender a más de 30 mil millones de pesos.
El legislador fundamentó como prueba para emprender acciones legales contra su examigo y colaborador las observaciones del 2011 al 2015 que ha señalado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un monto de más de 10 mil millones de pesos que no fueron comprobados ni justificados.
También se refirió al endeudamiento de más de 14 mil millones de pesos y a ello le sumó los dos mil 500 millones de pesos que le adeudan a empresarios; el déficit del sector educativo por más de seis millones; el de salud, de más de nueve mil millones. Un monto de más de 30 mil millones de pesos, recalcó.
Robles Montoya insistió en que hay pruebas de la corrupción del exgobernador Gabino Cué y sus excolaboradores Germán Tenorio, Alberto Vargas Varela, Netzahualcóyotl Salvatierra y Jorge Castillo, por las que deben responder, así como “todo aquel que robó al pueblo oaxaqueño”.
El senador por Oaxaca acusó a Jorge Castillo de ser el principal cómplice y prestanombres de Gabino Cué, a quienes “se les debe encarcelar porque robarse dinero del combate a la pobreza es un verdadero crimen”.
Desde el año pasado, detalló, el Consejo Ciudadano requirió a diversas dependencias del gobierno federal información sobre las investigaciones y acciones ante los actos de corrupción del gobierno de Cué Monteagudo, denunciados legal y públicamente.
En respuesta, la PGR indicó que, derivado de la denuncia interpuesta por Robles Montoya, si alguna dependencia o ciudadano cuenta con mayores datos que aportar a la investigación por los actos de corrupción, enriquecimiento inexplicable y uso de recursos de procedencia ilícita denunciados, que se hagan llegar a la brevedad posible a esa autoridad federal.
A su vez, la ASF informó al Consejo que se realizaron 130 auditorías a la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca sobre los ejercicios fiscales de 2010 a 2015, las cuales tienen diversas observaciones.
Mientras, la SFP citó al Consejo para el próximo 9 de febrero para responder a su solicitud sobre si existen denuncias e investigaciones a delegados federales en Oaxaca que durante el sexenio pasado hubieran incurrido en actos de corrupción.
En el ámbito estatal se presentó solicitud de juicio político contra Gabino Cué ante el Congreso del estado de Oaxaca, el cual notificó al Consejo Ciudadano que turnó la petición a la Comisión Permanente Instructora, presidida por la diputada María de Jesús Melgar Vásquez (Morena), e integrada por María Mercedes Rojas Saldaña (PRI) y Paola Gutiérrez Galindo (PRD), así como Juan Mendoza Reyes (PAN) y Jesús Romero López (PT).
Finalmente, el Consejo Ciudadano consideró que los gobiernos estatal y federal no solamente deben investigar el presunto desfalco al erario y castigar a los responsables. También, agregó, deben resarcir los daños que impactan directamente a millones de personas que iban a ser beneficiarias de programas sociales, proveedores que perderán sus inversiones y personas trabajadoras que cumplieron con sus deberes pero no han recibido el sueldo correspondiente.
El CCCI se creó el 30 de noviembre de 2016 por un grupo plural de ciudadanos que se comprometieron a observar, pronunciarse y actuar sobre asuntos de interés público.
Entre los integrantes de este Consejo Ciudadano se encuentran Maribel Martínez Ruiz, presidenta de ViVa AC; Benjamín Robles Montoya, senador por Oaxaca; Alejandro Cruz Pimentel, experto en Transparencia; Mario Herrera, activista y defensor de personas defraudadas por cajas de ahorro; David Viloria, reconocido consultor en gestión pública; Luis Vásquez, vicepresidente del Colegio Nacional de Ingenieros Civiles y constructor; Armando Figueroa abogado e integrante de la organización Movimiento Vial; Amira Azucena Cruz Ramírez, docente universitaria sobre Socioformación y Derecho a la Información, y Macrina Hernández Chagoya, activista, gestora e integrante de la Asociación Civil de ámbito nacional Ruta 5.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472772/pgr-asf-abierta-investigacion-corrupcion-gabino-cue-asegura-senador
CIUDAD DE MÉXICO: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó a trámite las controversias constitucionales promovidas por el Ejecutivo Federal y el Senado en contra de la Ley y los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) que regulan la defensa de las audiencias.
Ambos recursos fueron interpuestos el miércoles y turnados al ministro Alberto Pérez Dayán, quien el jueves las admitió a trámite y solicitó la contestación del Ifetel como parte demandada.
Pérez Dayán evitó pronunciarse sobre la suspensión en la aplicación de las normas combatidas puesto que ni la Presidencia de la República ni el Senado así lo solicitaron, aunque aclaró que ambos poderes pueden requerirlo en cualquier momento antes de que se dicte sentencia definitiva en las controversias.
Según la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, el Ifetel carece de facultades para regular sobre tales derechos, por lo que también demandó al Congreso de la Unión, que aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusón. La Presidencia dice que la regulación es facultad exclusiva del Ejecutivo federal.
Tras el anuncio de las controversias, el Ifetel fijó su posición defendiendo los lineamientos que dio a conocer el 21 de diciembre pasado y que entran en vigor el próximo 16 de febrero.
El Instituto señaló que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica y la Ley Federal de Telecomunicaciones reconocieron los derechos de las audiencias, entre ellos el que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, así como dar elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido del programa.
Los lineamientos también prevén el establecimiento de la figura del defensor de las audiencias y el deber de los concesionarios de tener códigos de ética.
Quienes impugnan los lineamientos, entre ellos Televisa y la iglesia católica, consideran que el Ifetel pretende imponer censura y controlar a los medios electrónicos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472747/scjn-admite-a-tramite-controversias-promovidas-pena-senado-contra-ifetel
Ciudad de México. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) criticó que el presidente Enrique Peña Nieto y el Senado de la República hayan interpuesto controversias constitucionales contra los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuando ambos poderes propusieron y aprobaron la legislación que le dio atribuciones al organismo regulador para hacerlo y ahora parece que no saben lo que discuten y aprueban.
"Resultan extrañas las controversias constitucionales presentadas por el Senado y la Presidencia de la República. El Senado deliberó y aprobó en su momento la reforma constitucional y la legislación secundaria que ordena al IFT emitir los Lineamientos. Además, este ordenamiento fue sometido a consulta pública y finalmente fue aprobado por el pleno del IFT. A unos cuantos días de que entren en vigor los Lineamientos, tardíamente los demandantes los consideran inconstitucionales. Pareciera que los legisladores no saben lo que discuten y aprueban. Por parte de la Presidencia, fue el propio Ejecutivo quien propuso dos de los derechos de las audiencias que más han sido atacados por los medios. Pareciera que el Ejecutivo Federal tampoco sabe lo que propone al Congreso de la Unión. Debería sentirse satisfecho porque avalaron lo que desde un principio contenía la iniciativa de ley", sentenció la Amedi.
Refirió que cuando el Ejecutivo Federal presentó la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión, la iniciativa no contemplaba los derechos de las audiencias, por lo que es "un logro de la sociedad" que hayan quedado plasmados en la versión final del artículo sexto constitucional.
La Amedi recordó que durante la discusión de la LFTR, se reforzaron los derechos de las audiencias y dos de ellos fueron propuestos por el propio Ejecutivo Federal.
Son los mismos derechos que en estos días han sido impugnados por legisladores que los aprobaron, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), la Iglesia Católica, autoridades estatales y municipales y ahora hasta el propio presidente.
Se trara de los derechos que dictan: “Que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta” y “Que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa.”
La organización advirtió que si se deja la reglamentación de los derechos de las audiencias en manos del Ejecutivo Federal implicará "someterlos a intereses políticos y de los concesionarios, como está ocurriendo".
El IFT, indicó, es la autoridad autónoma facultada técnicamente para regular los derechos de las audiencias y emitir los lineamientos correspondientes, además de que goza de la confianza social y el apoyo para que una vez que entren en vigor los Lineamientos, se aboque a vigilar y sancionar su cumplimiento y garantizar los derechos de las audiencias. incluso mencionó que desde 2014 los medios debieron nombrar a sus respectivos defensores de las audiencias.
Interpuestas las controversias, la Amedi señaló que la deliberación jurídica está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Confió en que la corte "sabrá garantizar una vez más los derechos fundamentales de los mexicanos", por lo que resulta "innecesario suspender o abrogar los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, pues su plena constitucionalidad será refrendada y confirmada. Los medios electrónicos deben cumplirlos y el IFT vigilar que se acaten".
En otras oportunidades, dijo, el máximo órgano judicial del país ha salvaguardado los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho de acceso a la información, así como ha refrendado la autonomía del IFT.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SUSANA GONZÁLEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/01/critica-amedi-controversias-sobre-derechos-de-audiencias
Los lineamientos del Ifetel van contra aquellos medios que "utilizan los espacios informativos para presentar como información aquella que es propaganda pagada".
Con la controversia constitucional que interpuso la Presidencia de la República contra los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre los derechos de las audiencias, vemos “un presidente de la República actúa como empleado de las televisoras… su proceder es absolutamente claro en esa dirección”, sostuvo el ex consejero del IFE, Alfredo Figueroa.
En entrevista para Aristegui en vivo, aseguró que además es “penoso, vergonzoso que el senador Pablo Escudero y el presidente actúen contra el interés general”, pues “el Estado actuando contra el Estado mismo”.
Lo que se pretende, detalló, es que el IFT no tenga facultades para intervenir en “un aspecto de corrupción política”.
Y es que “desde hace mucho tiempo advertimos cómo los concecionarios y algunos periodistas utilizan los espacios informativos para presentar como información aquella que es propaganda pagada”.
De esta forma, difunden su imagen, sus logros, con un “beneficio económico que obtienen concesionarios” de radio y televisión.
“Todos los días presentan información que no lo es”, subrayó. Eso “la constitución lo prohibió expresamente”.
Ahora “veremos cómo es que actúa la Suprema Corte”, ante “personeros de intereses que no son los del pueblo”.
Tanto la Presidencia como el Senado “actúan contra acuerdos y derechos conquistados”, sostuvo.
“Lo que en realidad quieren detener, es que están preocupados porque alguien intervenga y advierta que lo que presentan como información o entrevistas, es información pagada, un ejercicio de corrupción”, insistió Figueroa.
Recordó que muchos de los recursos que erogan los gobiernos tienen que ver con pagos a los medios, por notas u opiniones pagadas.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0102/mexico/epn-actua-como-empleado-de-las-televisoras-figueroa/
MONTERREY, NL: El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Emilio Arenas Bátiz, defendió la actuación del juez de control que envió a prisión la semana pasada al exgobernador Rodrigo Medina.
En respuesta a esta medida, el exmandatario lo denunció hoy ante la autoridad federal por la presunta violación del amparo que lo protegía de pisar la cárcel.
Arenas Bátiz explicó que el juzgador Miguel Ángel Eufracio Rodríguez –quien la madrugada del 26 de enero remitió al penal del Topo Chico al priista para evitar que evadiera la acción de la justicia–, actuó de acuerdo a principios jurídicos y a una interpretación honesta de la ley.
“El juez actúa conforme a sus convicciones jurídicas, ese tema tiene un margen de debate. De ninguna manera se puede hablar de una actuación con dolo de parte del juez. Hablé con él en estos días para reiterarle todo mi respaldo y el de la institución en la medida en la que fue tomada en una audiencia pública, escuchando los alegatos de las partes y fue por lo tanto una decisión que correspondió a su convicción jurídica”, explicó.
Eufracio Rodríguez vinculó a proceso a Rodrigo Medina por los delitos de peculado y daño al erario estatal, mismos que fueron desechados en una audiencia el pasado 9 de agosto por el juez de control Jaime Garza Castañeda, quien consideró insuficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Arenas Bátiz señaló que, pese a la disparidad de las sentencias que dictaron, el Poder Judicial del estado respalda a los dos, pues cada uno actuó con su propio criterio y, en su momento, han enfrentado críticas severas por su proceder.
“Cualquier juez que participe en esos asuntos se ve expuesto a estos problemas”, afirmó esta mañana el magistrado presidente, en el exterior del Congreso de Nuevo León, a donde acudió para atestiguar el inicio del segundo periodo de sesiones del segundo año de la legislatura.
Agregó que dispuso que a Eufracio Rodríguez le asignaran un par de escoltas para proporcionarle tranquilidad, pues este caso tiene mucha presencia en medios de comunicación y la permanente exposición pública puede afectar su estado de ánimo.
Este miércoles, el exgobernador Medina de la Cruz presentó en la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal contra el juez de control por haber violado el amparo que lo protegía de la acción de la autoridad, hecho que le costó estar en la cárcel 19 horas, antes de ser liberado por una orden de un juez federal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472796/tsj-nuevo-leon-defiende-a-juez-encerro-a-rodrigo-medina
CIUDAD DE MÉXICO: El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, presentó una denuncia de hechos en la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable por violar una suspensión a su favor, que derivó en que el pasado 26 de enero permaneciera 19 horas en prisión preventiva en el penal del Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León.
El exfuncionario presentó la denuncia luego de que fue detenido por el gobierno de Nuevo León, a pesar de que aseguró tener un amparo para evitar el acto.
Su defensor Adolfo Aguilar Zinser explicó que en la denuncia pide que se investigue todo lo sucedido en la noche del 25 y la madrugada 26 de enero derivada de la audiencia que se le siguió a su cliente.
“Entregamos la denuncia al secretario particular del subprocurador y la denuncia pide que se investigue todo en lo que se dio esta resolución. No estamos calificando hechos, no estamos señalando delitos porque no nos corresponde, le corresponde al MPF valorar las conductas que, en su caso, considere constitutivas de delito y las personas que sean probables responsables porque participaron en los hechos”.
Detalló la razón por la que la denuncia es contra de quien resulte responsable: “No queremos presumir delitos, vamos a dejar que el MPF los califique. En nuestra opinión hubo varias conductas indebidas y en el transcurso del trámite de la carpeta de investigación aportaremos todos los elementos que sean necesarios. No queremos entorpecer la investigación y nos reservamos algunos datos”.
Según Aguilar Zinser, el Consejo de la Judicatura del estado es el que, en su caso, impondría sanciones administrativas por la presunta violación de amparo.
Tras su detención, Rodrigo Medina fue ingresado a prisión por la vinculación a proceso del delito de peculado y daño patrimonial. Ahí permaneció 19 horas hasta que un juez federal ordenó su liberación inmediata dejando sin efecto la medida precautoria de prisión preventiva por 30 días dictada en su contra.
“Acudimos a cuanta cita nos ha pedido el subprocurador Anticorrupción y el juez de Control porque tenemos la tranquilidad de que nada hemos hecho. La investigación en mi contra tiene tintes de persecución política. No buscan conocer la verdad, sino encarcelarme a cualquier costo”, indicó el exgobernador.
Además, comentó que ha dado la cara y acudido a todas las citas y no existe ningún elemento que haga presumir que está fuera del país o que no quiere atender el mandamiento de la autoridad judicial. Incluso, enfatizó en que hasta ahora no ha sido declarado culpable de ningún delito.
Sin embargo, ese mismo 26 de enero, el fiscal anticorrupción Ernesto Canales señaló que la decisión del juez de control de fijarle la medida cautelar de prisión preventiva se debió a que el exfuncionario no comprobó un domicilio estable en el estado de Nuevo León.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472798/rodrigo-medina-presenta-denuncia-en-pgr-violacion-amparo-detenido
