CIUDAD DE MÉXICO: Sin la presencia del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, la Asamblea Legislativa local (ALDF) recibió la Constitución Política de la Ciudad de México, hecho que marcó el inicio de los trabajos de la VII Legislatura y la elaboración de sus leyes secundarias.
En el salón de sesiones, el expresidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, entregó la Carta Maga y sus archivos al presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna Estrada. Al recibirla, el diputado del PRD destacó que, conforme lo ordenó la reforma política, es una Constitución que dotará de certeza jurídica a los capitalinos con su carácter “progresista, incluyente y de avanzada”. Con ella, dijo, la Ciudad de México se convierte en la entidad federativa número 32, y añadió: “La ALDF ahora tiene el deber de armonizar las leyes locales con la norma fundamental local, así como redactar la legislación sustantiva que dará soporte al modelo constitucional local”. Alejandro Encinas recordó que el texto fue suscrito por “los 100 diputados” constituyentes y aprobado el pasado 31 de enero. Ahora, agregó, “se pasa la estafeta” a la Asamblea Legislativa para que expida las leyes constitucionales, entre ellas, las referentes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y la de alcaldías para hacerlas aplicables al proceso electoral de 2018. El límite para la elaboración de estas leyes es el 31 de diciembre de 2017. Encinas Rodríguez informó que en el fondo del archivo histórico de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México fue integrada y sistematizada toda la información ahí generada, con el apoyo del archivo general de la Nación. El fondo incluye debates, actas, acuerdos de la mesa directiva, conferencias, información de la consulta a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes –con fotografías y videos–, así como las versiones estenográficas de todos los debates en comisiones y el pleno. En el acto protocolario, los coordinadores parlamentarios reconocieron la labor de los constituyentes y se comprometieron a realizar los trabajos de las leyes secundarias. La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, asistió al acto en representación de Miguel Ángel Mancera. También estuvo el presidente del Tribunal Superior de Justicia local, Edgar Elías Azar.
Ciudad de México. El PRI en la Cámara de Diputados definió que no se aprobará la ley reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución, que incluye el mecanismo para que el Presidente de la República pueda solicitar al Congreso de la Unión decretar el estado de excepción en el país; tampoco se abordará la minuta en materia de mando policíaco único, porque la competencia en este aspecto quedaría definido con la ley de seguridad interior. “A la fracción del PRI no le interesa en forma prioritaria abordar y resolver la llamada suspensión de garantías. Creemos que en un Estado de derecho democrático debe bastar con una legislación cotidiana, respetuosa y defensora de los derechos humanos”, dijo el coordinador de esa bancada, César Camacho Quiroz. La minuta del Senado fue aprobada desde el 9 de diciembre de 2015, y turnada a la Cámara de Diputados en ese mismo mes. Hasta marzo del año pasado la Comisión de Gobernación aprobó el dictamen respectivo, con el voto de PRI, PAN, PRD, PVEM, PES y Panal, en una sesión donde se dijo que es preferible contar con un mecanismo que regule la atribución presidencial de suspender garantías en caso de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. No obstante, el dictamen no se envió al pleno de la Cámara, debido a que la Comisión de Derechos Humanos, a la que también se turnó la minuta, no abordó el tema. Esta última discutió la minuta hasta la segunda semana de diciembre pasado, para revivir la necesidad de darle al presidente la atribución de solicitar al congreso la suspensión de garantías o un estado de excepción.
Ciudad de México: Armas y lavado de dinero serán parte de los temas centrales a tratar en la anunciada reunión entre el responsable de la seguridad interna de Estados Unidos, John Kelly, y el secretario de Gobernación de México, Miguel Angel Osorio Chong. El funcionario advirtió precaución en la charla, a fin de que ningún asunto analizado con su contraparte lesione la soberanía y la dignidad del país. Subrayó también que hasta el momento no hay cambios en la política migratoria del vecino país; incluso en los días recientes se detectaron bajas en las deportaciones de paisanos. “Son muchos temas los que están en nuestro acuerdo integral; tal vez los que tomen hoy importancia, que así lo ha manifestado el Presidente de la República, el propio secretario Videgaray es el tema de las armas, el tema de los recursos ilícitos que fortalecen a algunas organizaciones delictivas. Esos son los temas que han estado y todavía están en la agenda con Estados Unidos”, señaló el secretario Osorio. Dijo que la agenda del encuentro se tendrá qué integrar previamente de común acuerdo porque cada país tiene sus propios intereses. El encuentro Kelly-Osorio Chong fue propuesto el martes durante una conversación telefónica de alrededor de 40 minutos entre los responsables de las políticas internas de ambas naciones. Aun no hay fecha posible para la realización del encuentro, programado para realizarse en la Ciudad de México. En cuanto al flujo migratorio, comentó que en los 18 días que lleva la administración Trump no ha variado “absolutamente nada”. En los reportes diarios que le hace llegar el Instituto Nacional de Migración, la recepción de paisanos es de entre 200 y 500 al día. “No ha variado absolutamente nada. Incluso yo les diría que en algunos días ha bajado. Hoy por hoy no ha sufrido ninguna modificación al respecto”. Esa situación, precisó, no tiene nada qué ver con una posición optimista del gobierno mexicano respecto de las políticas del vecino del norte sino del control estadístico en esta materia, así como del cumplimiento de los acuerdos con Estados Unidos de repatriación de mexicanos. “Hace cuatro años los dejaban (a los mexicanos devueltos) donde ellos querían; no sabíamos hacia donde se dirigían, eran sujetos incluso de la delincuencia nuestros connacionales. Hoy no regresa ninguno que no esté debidamente procesados en los acuerdos que tenemos”
¿Qué va a enterrar México una vez que Donald Trump cumpla su oferta de campaña de ponerle fin al Tratado de Libre Comercio con América del Norte? Entre otras cosas, las promesas de papel, los traumas por la crisis financiera de diciembre del 94, triunfos de algunos sectores, los fracasos de otros o la fallida proyección de crecimiento económico de los noventa. Hace 23 años, el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari le presentó a los mexicanos el acuerdo comercial como el ingreso al primer mundo y el principio para disminuir la miseria que desde entonces iba en aumento. Hoy, en la antesala de la probable renegociación que culminaría con el aniquilamiento del tratado ya casi todo es nostalgia y se ha impuesto la necesidad de cambiar la visión. ¿Cómo ver hacia delante? Es la gran pregunta para economistas, gestores culturales, empresarios y personas en la calle.
Era 1993 y se iniciaba el último año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien dos años atrás había firmado el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). Muy pocas cosas enturbiaban el futuro para los mexicanos. “No queremos un cambio que sea a costa de las libertades”, expresó el entonces Presidente al rendir su Quinto Informe de Gobierno en el Congreso de la Unión. Y sus palabras brindaron esperanza y confianza.
“Porque entonces el progreso no sería valioso ni respetaría la dignidad de los mexicanos. No queremos un cambio que concentre las oportunidades, sino que incorpore a todos a las tareas de la nación, y más a los que menos tienen. No queremos un cambio que perjudique nuestro medio ambiente, porque estaríamos sacrificando nuestro propio esfuerzo, estaríamos negando el porvenir a nuestros hijos”, dijo.
Han pasado 23 años y el porvenir ya está aquí, en la persona del Presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, quien según todas las visiones y fuentes hará lo que esté en sus manos para romper el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el que comparte sociedad con Canadá y México. Al Mandatario del vecino del norte le importa, sobre todo, finiquitar los tratos comerciales con México, deseo que manifestó desde la campaña. Su argumento es que nuestro país se aprovechó de la apertura comercial, es el único ganador y puso en desventaja a Estados Unidos.
“Quizá lo renegociaremos, quizá lo romperemos, porque ¿sabe?, todos los acuerdos tienen un fin”. Fueron las palabras de Donald Trump en una entrevista con la cadena televisiva CBS. Según Trump, en ese momento candidato a la Primera Magistratura del país más poderoso del mundo, el acuerdo regional entre Canadá, Estados Unidos y México era un desastre. De hecho, al ganar la candidatura del partido Republicano, su oferta primordial fue concluirlo de una vez por todas.
Según dijo el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, en la sesión del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la renegociación podría iniciarse en mayo próximo porque el Congreso de Estados Unidos necesita por lo menos tres meses para sentarse a la mesa. Es decir, el estira y afloja tomará tiempo. El 1 de febrero, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que su Gobierno inició consultas formales con el sector productivo con el fin de sentarse a la mesa. El Mandatario relanzó el sello “Hecho en México”, un emblema publicado por primera vez en 1978 en el Diario Oficial de la Federación, después de que se transmitió la campaña “Lo hecho en México está bien hecho”.
Pero el Presidente de Estados Unidos parece tener otros tiempos y no los del gabinete mexicano. Un día después de anunciada la campaña de Peña Nieto, su homólogo Donald Trump tuvo reuniones con legisladores y empleados de la empresa de motocicletas Herley-Davidson donde dijo que quiere “rehacer” el TLCAN que califica como “catástrofe” para Estados Unidos. Y acentuó que el objetivo es añadir una F al acuerdo, f de “free”y “fair” (libre y justo en inglés). No hay fuente consultable que indique que el TLCAN se salvará. El acuerdo comercial más ambicioso que ha firmado México, es un cadáver ya. Economistas, politólogos, empresarios, dueños de negocios en la calle lo ven de esa manera. Y entonces, ¿qué debe hacer México? ¿Hacia dónde debe virar? ¿Qué es lo que está sepultando?
Para el economista Manuel Molano del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), la historia está a punto de terminar y en México, la energía debe concentrarse en ver la contingencia y tomar decisiones. “Podríamos encontrar un modelo de producción que nos permitiera emplear a más personas que ahora ya no son sujetos de empleo debido a la sustitución del trabajo con la tecnología que trajo el Tratado. Que los trabajadores crezcan, ahorren y consuman. Ocurre en mayor y menor medida en Estados Unidos y Canadá. Pero en México, no. Por eso, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos que dejar de castigar la producción de la riqueza. Tenemos que generar incentivos para que más gente sea dueña de ese capital”.
Adriana Berrocal González presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), piensa que ningún escenario es catastrófico para México. “Los retos que tenemos ahorita son retos que ya teníamos antes. La coyuntura nos está forzando a tomar decisiones. Ahora podemos colocarnos en la parte más valiosa en la cadena de producción. Abrazar a la tecnología y mejorar la calidad de nuestra mano de obra para buscar el crecimiento económico con nuestros recursos y no con la dependencia de Estados Unidos que tenemos ahora. ¿Qué puede pasar? Si el TLCAN se cancela totalmente, quedan las reglas de la Organización Mundial de Comercio que son bastante sensatas”.
En el Centro Histórico, un hombre mayor de 70 años, que se ha dedicado al cuero los últimos 40 años, habla de lo que debe hacerse. Es un rostro del TLCAN. Su producto ha servido para la industria automotriz, una de las estrellas del acuerdo. Habla de Trump: “Al loquito este del norte, al cabeza de zanahoria, lo único que hay que hacer es dejarlo hablar para que se ahorque solo. Se va a ahorcar solo”.
– ¿Pero nosotros, qué vamos a hacer? – Tenemos que salir adelante. El gobierno debe dar más facilidades. La tramitología es espantosa (en México). Aquí eres delincuente hasta que no demuestres lo contrario. Aquí hay trámites para todo y aparte con corrupción. A finales de diciembre de 1993 a ras de la banqueta, Carlos Salinas de Gortari bailó. Era un líder. Casi todos le creían y lo celebraban. Cuando apenas tenía un mes en el Gobierno, había hecho lo impensable: el 10 de enero de 1989, envió al Ejército a detener en su casa de Ciudad Madero, Tamaulipas, al acaudalado y poderoso líder del Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), Joaquín Hernández Galicia, “La Quina” por homicidio y acopio de armas. Luego, Salinas se empeñó en firmar el TLCAN. A su lado, Jaime Serra Puche, el hombre más distinguido del Gabinete como Secretario de Comercio, de la antigua Secofi. Presidente y Secretario eran serios y efectivos. Serra Puche, por ejemplo, sin reserva declaró que no leía jamás la prensa mexicana; sino The Wall Street Journal y The Financial Times. Los dos tenían fama de trajes negros de marcas multinacionales en una época en que el mercado mexicano no estaba abierto de par en par. Y desde que Salinas de Gortari estampó su firma como Primer Mandatario en ese convenio comercial su discurso no cambió: México había ingresado al primer mundo y así se tenía que vivir, aun cuando en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional le había declarado la guerra al Estado mexicano, lo que puso en evidencia lo ya conocido: la marginación histórica de las comunidades indígenas. Fue cierto. Las cosas cambiaron. La apertura comercial se vio reflejada en cadenas y franquicias de comida rápida, el lenguaje se modificó, el uso de la telefonía se volvió celular, los videojuegos se ampliaron en una gama casi incuantificable, los conciertos de grupos y cantantes internacionales tomaron los escenarios mexicanos, las series por Internet se volvieron referentes, la oferta culinaria viró a lo internacional, las editoriales multinacionales ingresaron al mercado mexicano; pero al tiempo, el número de mexicanos pobres se incrementó sin que los empresarios respondieran con generación de empleos, el salario no aumentó y la población subió de peso a grados mórbidos.
Más allá del acceso al nuevo flujo comercial, ¿qué le pasó a los mexicanos respecto a la cultura? Eduardo Cruz Vázquez es coordinador del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (Grecu-UAM). Cuando, como coordinador del libro “TLCAN/Cultura. ¿Lubricante o engrudo?” se propuso elaborar la balanza comercial del sector, pero no encontró fuentes con las que pudiera establecer tal indicador. Pero hay algo cierto para el investigador. “Es evidente que la sociedad mexicana -dice en entrevista- ha tenido un crecimiento exponencial en contenidos de formas de cultura y recreación a través de importaciones de Estados Unidos, lo que ha invadido el escenario social de México. Se han llenado sus expectativas de entretenimiento a través de la industria audiovisual. Y ya no es la misma sociedad que hace 23 años”.
Algunos ganaron. La industria automotriz es uno de esos ejemplos luminosos. La exportación de automóviles, según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), mantuvo un crecimiento promedio hasta ahora de 12.6 por ciento anual. En 1993 había 13 plantas automotrices y ahora son más de 30 con miles de empleos directos, según datos de la Secretaría de Economía. La producción hortofrutícola es otra con luces. En ella está el aguacate, el llamado “el oro verde”. En 1995, esa fruta no se podía exportar a Estados Unidos, pero al cierre de 2012 se habían alcanzado 822 millones de dólares de ventas en ese país. El mercado de aguacate en el vecino del norte ha permitido el auge de más de 40 empresas exportadoras con unos 15 mil productores.
En los últimos años, los televidentes estadounidenses han dado en consumir totopos con guacamole mientras siguen el final de la temporada de la NFL. Es la transmisión más vista por televisión en Estados Unidos, lo que hace que los tiempos comerciales se coticen alto en la industria publicitaria. Y este año, en las vísperas de la celebración del Super Bowl, el ingreso de un cargamento de 120 toneladas de aguacate fue frenado en la frontera de México con Estados Unidos, lo que se interpretó como el primer gran signo de que el aguacate puede tener problemas en el futuro cercano. La mayoría de los aguacateros de Michoacán están agrupados en Avocados from Mexico, una organización que el año pasado logró que su comercial humorístico estuviera en la lista de los 10 mejores de The Washington Post. Un grupo de extraterrestres hace una visita guiada a un museo del espacio para conocer la cultura humana. Figuran artefactos como el cubo de Rubik y las mascotas Chia, así como el actor juvenil de los 80, Scott Baio. “Ese simple rompecabezas era simplemente irresoluble por los humanos”, dice el guía. En otra parte del museo presenta asientos de avión como “cámaras de tortura”. Al final, el guía presenta uno de los más importantes legados humanos: “Lo más sorprendente son los aguacates de México. Siempre están en temporada, así que los puedes comer todo el año”. Enseguida los extraterrestres devoran totopos con guacamole. Este auge pervive entre termores, uno es el probable fin del TLCAN y el otro, la violencia que no cede en Michoacán, la tierra que lo produce. Los pequeños productores coinciden que el poder de facto de grupos delincuenciales aún piden cuotas o producción. Además, están los sembradores ilegales que según el Gobierno del estado destruyen cada año unas 20 mil hectáreas para hacer crecer aguacate. El TLCAN tuvo víctimas muy visibles. Antes del acuerdo, más del 80 por ciento de los juguetes que llegaba a México, vía Los Reyes Magos o Santa Claus, era mexicano. La cifra decayó. De 380 fabricantes que registró la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (Amiju) en 1993, hoy sólo quedan 30. Otra herida es la industria del vestido. Cientos de fábricas cerraron en México lo que aniquiló unos 350 mil empleos en veinte años, según el documento “Políticas e Instrumentos para profundizar la integración Regional de la Industria del Vestido en la zona del TLCAN” de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV).
¿Por qué en esta historia hay sacrificados? Adriana Berrocal, presidenta del IMEF, señala que “en México no se aprovecharon los procesos de industrialización para incorporarlos en la planta productiva. Y mientras no los adoptemos seremos participantes pasivos del proceso. A eso, sumemos que en dos décadas los salarios no se incrementaron como se pensaba. Una de las expectativas del Tratado era que la brecha de ingresos con los socios comerciales se rompería; pero no ocurrió de esa forma”.
La naturaleza del Tratado fue mostrar luces y sombras. El comercio exterior con Estados Unidos y Canadá creció de manera considerable. En 1993, México exportaba hacia ambos países 44 mil 420 millones de dólares e importaba 46 mil 470 millones, lo que le representó un déficit comercial de dos mil 50 millones de dólares. Al iniciar la era Trump, hay un superávit comercial de 103 mil 762 millones de dólares. Hay que decir que dentro del TLCAN, México realiza el 96.3 por ciento de su comercio con Estados Unidos y el restante 3.7 por ciento con Canadá. En cambio, los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) de Estados Unidos y Canadá hacia México no han mostrado crecimiento. En 1999 la IED de ambos países fue de ocho mil 246 millones de dólares y en el año 2012 se reportaron ocho mil 781 millones.
Ahora, el TLCAN queda a deber en crecimiento. La economía de México se extendió un promedio de sólo 2.5 por ciento al año, una fracción de lo que se necesitaba para proporcionar los empleos y la prosperidad prometida por sus impulsores. En estos días, la foto es esta: más de la mitad de los mexicanos vive por debajo de la línea de pobreza, una proporción que permanece sin cambios desde 1993, antes de que el acuerdo entrara en vigor. Los salarios mexicanos se han estancado por más de una década, y persiste el abismo entre ricos y pobres. En el campo, la mayoría de los trabajadores tienen empleos ilegales en talleres, mercados y granjas para poder sobrevivir.
En el Gobierno de Enrique Peña Nieto, los nubarrones se instalaron sobre la economía mexicana. Analistas consultados por el Banco de México estiman un crecimiento económico nacional de 1.49 por ciento para 2017 y de 2.17 por ciento para 2018. El mercado interno se encuentra débil por falta de ingresos, los consumidores no muestran confianza y por si fuera poco, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destacó en un informe que México es el único país del continente donde el salario mínimo es inferior (0.66 veces) al umbral de la pobreza. A la hora de las explicaciones, los especialistas coinciden en que el impulso reformador del gobierno se impuso sobre la cotidianidad de los ciudadanos. En menos de dos años, el Presidente Enrique Peña Nieto logró consolidar cinco reformas estructurales en los ámbitos financiero, económico, de telecomunicaciones, educativo y energético; mientras empezaba un freno y luego una desaceleración en la Economía. Para Gerardo Esquivel, del Colegio de México, “el Presidente se ha dedicado a hacer política y ha pasado por alto la gestión de la vida en la calle. Y he aquí este bajo crecimiento, con un mercado interno débil”.
Varias posiciones económicas coinciden en que si el TLCAN no contribuyó con el crecimiento económico fue porque las cadenas productivas no se fortificaron. La ausencia de política industrial benefició la importación de insumos y bienes a través de la desregulación. “Mucho del intercambio se enfocó en la maquila. Además, de cada dólar de lo que exportamos, el 40 por ciento son insumos de Estados Unidos, no es que aquí generáramos. Pasó en todas las industrias. Aeronáutica, Automotriz, línea blanca, electrónicos. Estuvo muy concentrada el tema de la inversión. Ahí se generó productividad. Pero simultáneamente hubo un proceso de automatización del trabajo que no aportó a la ecuación”, indica Berrocal del IMEF.
Además, está el trabajo informal. En 2014, el Presidente Peña Nieto puso en operación la estrategia “Crezcamos Juntos” para otorgar beneficios fiscales a quienes se sumaran a la formalidad. Quería, el Mandatario, otorgar seguridad social, vivienda y pensión. Del año de iniciado el programa, la informalidad disminuyó a 2015 en 0.3 por ciento. Y ahora, cuando ha iniciado la era Trump, ese tipo de ocupación le aporta al PIB, 23.6 por ciento, según la Medición de la Economía Informal, base 2008, del Inegi. Carlos Salinas de Gortari, el hombre en quien se originó el TLCAN, fijó su posición en el blog sobre América Latina y el Caribe de la London School of Economics and Political Science sobre la posible sepultura del acuerdo. Según el ex Presidente, la eliminación sería un retroceso para México y Estados Unidos. Sobre nuestro país, escribió que de ser monoexportador de petróleo, ahora exporta bienes por mil millones de dólares diarios, desde tomates y chiles, hasta celulares y televisiones. Según él, los sueldos ligados al TLCAN son 40 por ciento más altos que el resto, con 90 por ciento de los trabajadores sindicalizados. En cuanto a Trump, el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari ya había establecido su postura. En noviembre de 2015, se presentó en el foro de The Economist en México y permitió ser entrevistado por Michael Reid, editor en jefe en Latinoamérica de la publicación británica, frente a una audiencia de periodistas, académicos y empresarios.
– ¿Qué le diría a Donald Trump, precandidato del Partido Republicano a la Presidencia de Estados Unidos, en este invierno de 2015? – le preguntó el entrevistador.
El ex Mandatario mexicano más controvertido de la Historia contemporánea achicó los ojos, su gesto característico. Creó tensión. –Señor, ¿tiene usted un mínimo de decencia?” – dijo Salinas que le diría a Trump. El hombre de las frases más provocadoras, como “ni los veo, ni los oigo” (cuando hablaba de los perredistas, oposición de su gobierno) o, “no se hagan bolas” (cuando él mismo propició que la candidatura de Luis Donaldo Colosio se viera minada por el impulso de Manuel Camacho Solís), expuso esa vez que Trump podría ser derrumbado sólo con la palabra.
Explicó que Donald Trump tiene una posición como la del entonces Senador Joseph McCarthy, “el gran demagogo” de los cincuenta del siglo pasado que persiguió a los intelectuales por sus ideas. “ … McCarthy se cayó cuando hubo alguien que se levantó y le hizo la pregunta fundamental: “¿Señor, tiene usted un mínimo de decencia?”
Agonizante. Afectado por la disminución de sus recursos. Víctima de las corruptelas históricas. Vacío en varias regiones por la violencia o la pobreza. Abusado por los intereses políticos. Con dependencia alimentaria de más de 50 por ciento. En crisis y sin política integral. Así será el campo mexicano cuando, dentro de tres meses, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, se sienten a negociar el TLCAN como lo quiere el nuevo Presidente de Estados Unidos, Donald John Trump. Han pasado cuatro años de Gobierno y Enrique Peña Nieto, Presidente de México, no ha presentado una política integral para el agro mexicano. En 2013, anunció que impulsaría una reforma estructural que lo transformaría, pero hasta ahora, cuando las circunstancias políticas del mundo han cambiado por la llegada de Trump a la Presidencia de Estados Unidos, la tiene guardada.
El 4 de marzo de 2013, Peña Nieto asistió al primer evento de su gobierno relacionado con el sector agropecuario, en Culiacán, Sinaloa. Ahí tuvo que escuchar del líder de la Liga de Comunidades Agrarias, Germán Escobar Manjarrez, que las cosas habían cambiado y que ese estado ya no era el granero generoso de México que fue. El agricultor y político también del PRI –fuera del discurso que llevaba escrito- le pidió al primer mandatario que detuviera el acaparamiento de maíz que resultó del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), firmado en 1994 y que para el campo empezó en 2008. Le hizo ver que por el acuerdo había una crisis. Ante el Presidente, hizo cuentas. Que la semilla, el fertilizante y el diésel costaban el triple que hacía tres años. Y que además, las transnacionales amenazaban con traer maíz blanco de Sudáfrica. Pero el Presidente no le contestó nada. Peña Nieto indicó que refrendaba el compromiso del gobierno federal para la modernización y tecnificación del campo sinaloense. Esa vez, cuando su Gobierno tenía apenas tres meses, el Presidente fijó su postura respecto al campo mexicano: el silencio. Después, el sector no volvió a ser tema de sus discursos ni de su agenda política. Si en materia de seguridad y violencia, en la presente Administración se impuso la discreción, en la del campo mexicano se instaló la omisión.
Para los ex presidentes priistas, el campo era el eje temático tanto de sus campañas como de sus Gobiernos. Por lo menos en la palabra, los campesinos eran personajes respetados y hasta inmaculados. Vicente Fox continuó con esa tradición, aunque Felipe Calderón, concentrado en el tema de la seguridad, la rompió. Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) creó en 1965 el Banco Nacional de Crédito Agropecuario y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). Luis Echeverrría Álvarez (1970-1976) promulgó en 1971 la Ley Federal de la Reforma Agraria y la Ley Federal de Aguas. José López Portillo (1976-1982) le pidió perdón a los campesinos durante su campaña electoral y en 1979, expidió la Ley de Fomento Agropecuario. Miguel de la Madrid (1982-1988) reactivó el reparto agrario con la formación de la UNORCA. Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) reformó el artículo 27 constitucional en materia agraria en 1992 y en 1994, ya en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), creó el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo). Ernesto Zedillo (1994-2000), dirigió en 1997 el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) a las familias rurales y en 1999, hizo desaparecer a la Conasupo dado que el cáncer de la corrupción la carcomía. Vicente Fox Quesada (2000-2006), en la alternancia política, lanzó la Financiera Rural, y; Felipe Calderón (2006-2012), concentrado en la Guerra en contra del Narcotráfico, lo olvidó. Enrique Peña Nieto (2012-2018) no ha presentado nada. El Presidente Peña Nieto sólo ha hecho anuncios como el de noviembre de 2013, durante la entrega del Premio Nacional Agroalimentario, cuando dijo que enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa para “una gran reforma” que modificaría el rostro del agro. O ha lanzado frases triunfalistas como las de los congresos extraordinarios de la Confederación Nacional Campesina (CNC) a los que ha asistido cada año. “Sigamos trabajando unidos, sigamos trabajando de la mano, hombro con hombro, mirando hacia delante en ese México de esperanza que se va abriendo ante los ojos de todas y de todos”, fue la de agosto de 2016.
El tiempo corre en contra. Porque en cada declaración y tweet, Donald John Trump lo que muestra es prisa. Y aunque tomará meses conseguir nuevos acuerdos o ponerle fin al TLCAN, al campo mexicano le llegó otra vez otra vuelta del destino y la encarará sin la reforma ofrecida por el Presidente. EL GRAN PERDEDOR ANTE SU NUEVA OPORTUNIDAD Antes del TLCAN, México importaba 19 por ciento de alimentos y hoy, la dependencia es de poco más de 50 por ciento, según datos de José Luis Calva Téllez, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La misma Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) reconoce el déficit de la balanza en este sector de cuatro mil 792 millones de dólares, en promedio en la última década. Ante el paisaje, el Gobierno federal respondió con austeridad. De 2014 a 2016, recortó 37.4 mil millones de pesos al Programa Especial Concurrente (PEC) debido a las medidas de austeridad anunciadas por la Secretaría de Hacienda en esos dos años. Este 2017, el PEC tiene 304 mil 751.1 millones de pesos, lo cual es 48 mil 91 mil millones de pesos de lo ejercido en 2016. Es una cifra similar en términos reales a la ejercida en 2009, según el Presupuesto de Egresos de la Federación. La estrategia gubernamental de disminuir el presupuesto ocasionó un aumento de importaciones de granos básicos como maíz, sorgo, trigo, soya, arroz y hasta frijol, según una revisión de esta Unidad de Datos. Si ante la negociación del TLCAN lo que falta es productividad en el campo, la organización “Iniciativa Valor al Campesino” expone que ese presupuesto es insuficiente. Un cálculo de esta Organización no Gubernamental arroja que seis de cada 10 pesos invertidos corresponden a rubros sociales y 3.6 se aplican en apoyo a la producción; es decir, para infraestructura, competitividad, materia financiera y medio ambiente. Para Adriana Berrocal, presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos y Finanzas (IMEF), el campo representa uno de los sectores que deben ser revisados en la oportunidad que abre la probable negociación del TLCAN porque fue ahí donde no se vio una integración a los procesos de la globalización. Hay que decir que en 2015, por primera vez, la balanza comercial del sector agroalimentario presentó un superávit de mil 289 millones de dólares. Si bien llegó el auge, los campesinos continuaron en una situación de pobreza, sin soberanía alimentaria y con dependencia de Estados Unidos. En los años del TLCAN, según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), desaparecieron 391 mil unidades de producción porcícola y 322 mil ganaderas, afectadas por las importaciones y el aumento en los costos de producción. Incluso la Confederación Nacional Campesina -una organización de la entraña del Partido Revolucionario Institucional- reconoce en el estudio “Estado Eficaz: Modernización de la Administración Pública Mexicana para Atender al Campo” que desde la entrada en vigor del TLCAN en enero de 1994, unos 2.3 millones de campesinos dejaron sus tierras para emigrar a Estados Unidos o las ciudades en el mismo país. La misma organización sostiene que otros cinco millones de productores eligieron dedicarse a otras actividades. Lo que plantea la organización priista, bastión de poderío por los votos que representa el campo, no es lejano al panorama que tiene José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico quien indica que el agro ha sido “un sector perdedor por el TLCAN y la evidencia de ello es que México se estancó en la producción per cápita de los 15 principales cultivos y productos, como maíz blanco, frijol, trigo, tomate, arroz, huevo, leche, y otros”. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la dependencia alimentaria de México se puede atribuir tanto al declive del apoyo al sector primario por parte del Gobierno como a las políticas de liberalización del comercio que entraron en vigencia tras el Tratado.
“El resultado combinado de la disminución del apoyo gubernamental y de la estrategia de liberalización del comercio dirigida por el TLCAN, ha sido una brecha en constante crecimiento entre la producción nacional de alimentos y la demanda”, se lee en el documento “Mexico: food price increases and growth constraints” de Moritz Cruz, Armando Sánchez y Edmund Amann.
NO SÓLO ES CONTAR GRANOS El politólogo Eduardo Huchim May, especialista en sistema electoral, describe que el campo mexicano frente al TLCAN no sólo debe ser visto desde los análisis económicos; sino políticos. Y de corrupción. El especialista expone que la pobreza rural tiene un vínculo cada vez más fortificado con las elecciones y por ello, se ha convertido en “víctima propiciatoria” de los actos más funestos de corrupción. “Con sus habitantes se integran los padrones de pobres y personas en miseria. Estos individuos siempre han significado votos. Así que es un problema histórico, circular y que la coyuntura obliga a revisar”. En torno al campo mexicano han ocurrido las historias más marcadas de la corrupción nacional. En 2013, 53 funcionarios de Veracruz hicieron uso de los padrones de Oportunidades y la Cruzada Nacional contra el Hambre para promover el voto a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), delito que rompió el Pacto por México, la figura en la que el Presidente Enrique Peña Nieto utilizó para impulsar cinco reformas. Y apenas cuatro años antes -2009- una investigación periodística de El Universal dio con que el Procampo –creado en 1994 para apoyar a los productores más pobres afectados por el TLCAN- le entregaba beneficios millonarios a funcionarios públicos, entre ellos, el mismo titular de la Sagarpa, Francisco Javier Mayorga y su familia. Además, en la lista de beneficiarios estaban ex funcionarios, poderosos agroindustriales y personajes relacionados con el crimen organizado.
Hay otro pasaje. De 1982 a 1994, Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex Presidente, ocupó varios cargos de la Conasupo. Fue gerente general de Sistema de Distribuidoras Conasupo (Diconsa), director general de Imconsa y director de Planeación y Programación Presupuestal.
En 1994, fue descubierto en millonarias compras de semilla de maíz, frijol, arroz y leche con posibles residuos radioactivos del extranjero, lo que ayudó a quebrar la industria campesina nacional. Fue llevado a prisión por enriquecimiento ilícito pues poseía cuentas en Suiza y 54 propiedades, patrimonio que no coincidía con sus ingresos. En 1995 ingresó al penal de máxima seguridad, en ese tiempo llamado Almoloya de Juárez. Y en 2013, un juez lo absolvió. SAGARPA Y SEDATU, LAS INSTANCIAS DEL CAMPO El Gabinete agrario está integrado por dos instancias gubernamentales, la Sagarpa y la Sedatu. Los dos funcionarios que las ocupan, José Calzada Rovirosa y Rosario Robleas Berlanga tienen un denominador: son amigos cercanos de Enrique Peña Nieto, Presidente de México. Cada uno percibe al mes, 205 mil 122 pesos en salario bruto. El titular de la Agricultura es un hombre que no incluye en su declaración patrimonial su casa, pero sí un local de 778 metros cuadrados construidos. Por su parte, Robles Berlanga, de Desarrollo Territorial, declara que no desea hacer públicos sus bienes patrimoniales. José Calzada Rovirosa, ex Gobernador de Querétaro y priista cercano al grupo de Atlacomulco, tiene un Doctorado en Economía y Administración por la Universidad de Querétaro. Llegó a la Sagarpa en agosto de 2015, en sustitución de Enrique Martínez y Martínez. Calzada Rovirosa ha dejado claro lo que piensa del matiz que se le pondría al TLCAN. Ahí están sus palabras de cuando compareció ante comisiones unidas de Agricultura y Sistema de Riego, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, con motivo del análisis del IV Informe de Gobierno en octubre de 2016. “La situación del campo mexicano es espectacular pues crece por encima de la media nacional, pero aún está muy lejos de su potencial”, dijo el Secretario frente a los diputados que criticaron la falta de productividad. Luego, en noviembre, en el Foro Económico de Pesca y Acuacultura, el funcionario expresó que la eventual renegociación del TLCAN no dañará al campo mexicano porque la relación entre México y Estados Unidos es “muy madura”. Rosario Robles, la otra Secretaria que tendrá que hacerle frente a la negociación del TLCAN, ocupa la silla principal de la Sedatu, después de haber conducido la Secretaría de Desarrollo Social, dependencia encargada de abatir la pobreza. Su cartera, cuando fue Reforma Agraria, es una de las dependencias más agotada de la Administración federal. En 2009, el ex Presidente Felipe Calderón envió una iniciativa al Congreso de la Unión para desaparecerla con el argumento de que su objetivo de reparto agrario era anacrónico, pero la propuesta no prosperó. Durante el peñanietismo ha estado ocupada por tres Secretarios: Jorge Carlos Ramírez Marín, Jesús Murillo Karam y ella, Rosario Robles Berlanga. La Sedatu recibió a Murillo Karam después de que la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, aterrizó en “una verdad histórica” endeble e inverosímil, derruida por las pesquisas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En agosto de 2015,Robles Berlanga lo sustituyó. En estos días, tiene en cartera unos 500 conflictos de disputa de tierra, algunos con antigüedad de hasta un siglo. Ahí están incluidos los programas de Vivienda Digna, los de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos, el de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales, el de Vivienda Rural, el de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios, el de Fomento al Desarrollo Agrario, el de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios y el de Fomento a la Urbanización Rural.
Con todo, al campo mexicano lo han puesto de nuevo frente a otro destino, uno que de nuevo le marcará la historia.
EL CAMPO MEXICANO: LAS PROMESAS MUERTAS DE OLVIDO • 25 de noviembre de 1911. Emiliano Zapata y Otilio Montaño firman el Plan de Ayala que será proclamado tres días después. El caudillo del sur había roto con uno de los iniciadores de la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero, quien ahora ha asumido la Presidencia de la República. Al momento de firmar, Zapata pronuncia la frase: “La tierra es de quien la trabaja”. La usa también para levantarse en armas. Sus palabras perdurarán en las manifestaciones sociales de los años por venir. • En 1912, el Presidente Francisco I. Madero se opone al Plan de Ayala. Con la investidura de Presidente, en 1912, Francisco I. Madero dice en el Congreso: “Por fortuna este amorfo socialismo agrario, que para las rudas inteligencias de los campesinos de Morelos sólo puede tomar la forma de vandalismo siniestro, no ha encontrado eco en las demás regiones del país”. • Pascual Orozco, caudillo en Chihuahua, se levanta en contra de Madero y lanza el Plan de La Empacadora, el cual reconoce los principios del Plan de San Luis y el Plan de Ayala. A las proclamas de los campesinos, añade un programa en beneficio de los obreros que incluye la reducción de la jornada laboral y la prohibición del trabajo a menores de diez años. • El Presidente Francisco I. Madero y el Vicepresidente José María Pino Suárez presentan su renuncia al Congreso de la Unión y la noche del 22 de febrero de 1913, en el perímetro del penal de Lecumberri, son asesinados. • El 20 de agosto de 1914, al frente del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza entra triunfante a la Ciudad de México. Concluye así la segunda etapa armada de la Revolución Mexicana. Se erige como Presidente de México. • El caudillo mestizo Emiliano Zapata va a morir. La trampa se la tenderán en San Juan Chinameca, Morelos. Es 10 de abril de 1919 y mediante una carta, el coronel Jesús M. Guajardo, a las órdenes del Presidente Venustiano Carranza, le dirá que se unirá a su causa. Que le dará armas, le dice. Pero será mentira. La lluvia de balas le caerá apenas toque el dintel de la puerta de la Hacienda de Chinameca. Guajardo trasladará su cuerpo a lomo de mula a Cuautla y lo entregará al general Pablo González. A partir de ahora, Emiliano Zapata se convertirá en el símbolo de la resistencia, la Revolución y redención de los campesinos de México bajo los emblemas de todos los movimientos sociales. También lo será de los pueblos indígenas. “¡Zapata vive! ¡La lucha sigue!” será la arenga más usada en las manifestaciones callejeras de lucha social. • En 1922, el gobierno de Álvaro Obregón establece que las tierras de riego deben medir entre tres y cinco hectáreas y las de temporal, entre cuatro y seis hectáreas. Se propone repartir minifundios. • El Presidente Álvaro Obregón entrega tierras como complemento del salario de los trabajadores rurales. Ese era un eufemismo pues en realidad eran empleados en haciendas. Eran propiedades para que los hombres del campo complementaran su base alimentaria, vivienda y otros bienes. • En 1926, bajo el mandato de Plutarco Elías Calles, se expide la Ley de Crédito Agrícola. Son creados el Banco Nacional de Crédito Agrícola y la Comisión Nacional de Irrigación.
• 1930:las propiedades de más de mil hectáreas abarcan 83.5 por ciento de la superficie de fincas rústicas. Hay 2.5 millones de campesinos sin tierra; es decir, 77 por ciento de la población ocupada en la agricultura. Pese al paisaje, el gobierno de Pascual Ortiz Rubio declara el fin del reparto agrario.
• Surge el Código Agrario en 1934, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, que fija las dimensiones mínimas del Ejido en cuatro y ocho hectáreas. • En 1935 es creado el Banco Nacional de Crédito Ejidal.
• Por estos años, el compositor e intérprete sinaloense, Luis Pérez Meza, compone “El Barzón”, antecedente de la llamada canción de protesta. La pieza cuenta la intrincada relación de un campesino y el terrateniente para el que está obligado a trabajar. En los noventa, “El Barzón” será el nombre de una agrupación social para saldar deudas.
• En 1937 es creado el Comité Regulador del Mercado del Trigo. En 1965 se transformará en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). Este organismo se convertirá en escenario de robo y corruptelas en todos los niveles. • Es 1935 y a través del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Presidente Cárdenas organiza a los campesinos en una central única y mayoritaria: la Confederación Nacional Campesina (CNC). • El Presidente Lázaro Cárdenas recorre el país. En 1940 desea cambiar los conceptos que hasta ahora han regido al campo mexicano. Quiere que se finque la agricultura comercial en consonancia con la demanda de la Nación. No encuentra razón para que se continúe el fomento de la agricultura doméstica. Aspira a un mercado nacional de productos agrícolas. De modo que modifica el Código Agrario de 1934 y emite otro. • La CNC conforma grupos armados para acotar corrientes políticas contrarias a las decisiones presidenciales. En este escenario, con estos ambientes, el reparto de la tierra continúa. • El Presidente Manuel Ávila Camacho emite a través de un decreto otro Código Agrario en 1942, que establece cinco hectáreas para el Ejido. • En campaña, en 1945, el candidato del PRI, Miguel Alemán Valdés, anuncia su intención de terminar con la reforma agraria para transformarla en reforma agrícola. • Una reforma constitucional en 1946, a instancias del Presidente Miguel Alemán Valdés, eleva a 10 hectáreas el ejido. • En 1951, en campaña, el candidato priista Adolfo Ruiz Cortines centra sus discursos en los próceres agrarios de la Revolución Mexicana. “… A ese evangelio de la tierra que obliga con auténtica convicción revolucionario a proseguir con la Reforma Agraria al mismo tiempo que proteger los derechos del pequeño agricultor, pues en el ejido y la pequeña sociedad se sustenta la economía agrícola de México”, dice apenas sabe que es el candidato del PRI a la Presidencia. Ya investido como Primer Mandatario no atiende la alarma que representa el latifundio disfrazado y se concentra en el incremento social de la producción. Los beneficiarios de su política serán los empresarios agrícolas. • En cuanto asume la Presidencia, en 1952, el Presidente Ruiz Cortines instaura el Plan Agrícola de Emergencia. • El Fondo de Cultura Económica publica “El Llano en Llamas” de Juan Rulfo, en 1953. Es una recopilación de cuentos que abre con “Nos han dado la tierra”. Rulfo pone en la primera persona de un campesino la historia del reparto agrario. “Nos dijeron: _Del pueblo para acá es de ustedes. Nosotros preguntamos: _ ¿El Llano? _ Sí, el Llano. Todo el Llano Grande. Nosotros paramos la jeta para decir que el Llano no lo queríamos. Que queríamos lo que estaba junto al río. Del río para allá, por Las Vegas, donde están esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena. No este duro pellejo de vaca que se llama Llano”. • En 1954, el gobierno de Ruiz Cortines promulga el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, la Ganadería y la Avicultura. Incrementa el gasto en infraestructura hidráulica, aumenta el crédito agrícola y la inversión de fertilizantes. • Entre 1956 y 1958, se desarrolla la llamada política de estabilidad con desarrollo, esfuerzo que después será bautizado como desarrollo estabilizador. • En el informe rendido el 1 de septiembre de 1961, Adolfo López Mateos exclama: “Vertical e inflexible ha sido y seguirá siendo, por definición, la política agrarista del régimen actual”. • En 1964, Gustavo Díaz Ordaz asume la Presidencia de la República. Crea el Programa Nacional de Ganadería con el fin de fomentar la importación. Durante el sexenio se importan productos agropecuarios por mil 781 millones de pesos. • Una de las primeras acciones de Díaz Ordaz [este Presidente quedará en el centro de la tragedia de Tlatelolco de 1968 en la que cientos de estudiantes murieron y desaparecieron], en 1965, es crear el Banco Nacional de Crédito Agropecuario. • La otra gran acción por el campo ocurre el 23 de marzo de 1965. Por decreto presidencial surge la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), organismo regulador de los precios de los productos de la canasta básica. Será el centro de las historias de corrupción más señaladas en la historia del siglo XX en el país. Entre 1986 y 1993, habrá mal uso de los recursos públicos y ocurrirá una negligencia histórica: Raúl Salinas de Gortari, Director de Liconsa, y el Director General de Conasupo, José Ernesto Costemalle distribuirán 45 mil toneladas de leche contaminada proveniente de la región de Chernobil. Salinas de Gortari obtendrá millones de pesos por esta triquiñuela. Para 1998, el Gobierno federal cerrará la Conasupo de un plumazo. • El Censo de 1970 indica que la desigualdad en el campo es evidente. El reparto ejidatario ha dependido de la localización geográfica y la correlación de las fuerzas políticas. • Los campesinos de la Revolución envejecen. En 1970, la mitad de los ejidatarios certificados tenía más de cincuenta años de edad y la cuarta parte del total más de 65. La carencia de un sistema de seguridad social y de pensiones para los agricultores convierte a la parcela en el único patrimonio para enfrentar la vejez.
• Es en esta época cuando el compositor jalisciense Francisco Madrigal escribe “Jacinto Cenobio”, una pieza que será interpretada por Amparo Ochoa y Guadalupe Pineda, exponentes de la Trova o Canto Nuevo. En primera persona, un campesino mexicano expone sus motivos para pasar su vejez en un mercado en la Ciudad de México. Prefiere estar ahí antes que regresar con la humillación en el hombro a la parcela, esa que le dio el gobierno. “Me dijo, un favor, vuá pedirle ahijado, que a naide le cuente que me ha encontrado, que yo ya no quero volver pallá, al fin ya no tengo dónde llegar”.
• A partir de 1970 aparecen grupos organizados de campesinos en demanda de la tierra. Son hijos o nietos de ejidatarios, jornaleros o trabajadores rurales migrantes que fueron de sur a norte. Reclaman la afectación de latifundios simulados. • Luis Echeverría Álvarez asume el gobierno en 1970 y está enfrentado a la efervescencia del movimiento campesino. Quiere lograr consenso en los sectores campesinos repartidos en el país. Organiza ejidos colectivos, aumenta los precios de garantía y crea instituciones para controlar el intermediarismo como Tabamex, Inmecafé y Proquivemex. • En 1971 se promulgan la Ley Federal de la Reforma Agraria y la Ley Federal de Aguas. • En 1973 se crea el Consejo Permanente Agrario (Conpa) que integra las centrales campesinas formadas hasta el momento, con excepción de la CCI dirigida por Danzos Palomino y la UGOCM, bajo la dirigencia de Jesús Orta. • Resultado de la la transformación del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), el 29 de diciembre de 1974 es creada la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a la cual, le corresponderá el ejercicio de las atribuciones y facultades que señala el Artículo 27 de la Constitución. • Un año después, es instituido el Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural). Si bien esta institución logró elevar el financiamiento al campo, al país le costó rescatarlo y liquidarlo en más de 150 mil millones de pesos; además de 50 mil millones de ANAGSA, la institución que garantizaba los créditos del banco. Su gasto operativo llegó a lo grotesco: más de 20 mil empleados en los 80 y la mayor flota aérea, sólo después de las Fuerzas Armadas. • LLega 1976 y la CCI, la UGOCM y la CNC firman el Pacto de Ocampo para agrupar en un solo organismo a las centrales oficiales. • Durante la campaña electoral, el candidato del PRI a la Presidencia de la República, José López Portillo, le pide perdón a los campesinos del país. • Dos años de lopezportillismo bastan para que el ritmo del reparto de tierra disminuya. La política económica está centrada en el petróleo. La importación de granos y oleaginosas aumenta en 52 por ciento. • En 1979 se expide la Ley de Fomento Agropecuario. • Cuando en 1982, de la Madrid Hurtado asume la Presidencia de la República, se reinicia el reparto de la tierra. La política se concentrará durante el sexenio en dar certeza jurídica a los propietarios. • Entre 1983 y 1986 el precio de los fertilizantes se incrementa en 291 por ciento. Algunos reclaman tierra, pero otros ya no pueden sembrar. • En esos mismos años, el presupuesto destinado al desarrollo rural disminuye en 37 por ciento. Ya no se puede sembrar porque el crédito ha descendido en 68 por ciento, 86 por ciento para el arroz y 88 por ciento para el trigo. • La lucha organizada por el campo continúa. Y la represión es la marca del gobierno de Miguel de la Madrid. Entre 1982 y 1987 ocurren 760 asesinatos políticos en el campo mexicano en 25 de los 32 estados de la República. • En 1988 asume la Presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari, y el minifundismo y la pobreza son las características del campo mexicano. El 49 por ciento de las parcelas es menor a cinco hectáreas. • A la par del cultivo deteriorado, el gobierno federal reconoce grandes extensiones sembradas con marihuana en el norte del país, en la región que bautiza como “Triángulo Dorado”. • En 1988 las compañías que se ocupaban de la venta de semillas, fertilizantes y almacenamiento son privatizadas.
• En el mismo año las empresas estatales dedicadas a la comercialización de Tabaco, Café y Azúcar son eliminadas.
• En 1990 se erradican los permisos de importación a productos del agro. • En 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, es reformado el Artículo 27 constitucional en materia agraria. Se promulgan también la Ley Agraria y la Ley Forestal. • Dada la enmienda constitucional, los ejidos dejan de estar subordinados a las autoridades gubernamentales. La impartición de justicia se traslada a los tribunales agrarios ordinarios. Se rompe el vínculo tutelar entre el Estado y los campesinos. • En 1993 surge el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) que expide certificados a los parceleros. En 2000, este organismo logra la certificación del 80 por ciento de los ejidos del país. • Surge, también en 1993, con el gobierno salinista, el Registro Agrario Nacional. • El Tratado de Libre Comercio firmado en 1993 y con vigor a partir de 1994 incluye un capítulo para el campo mexicano que será puesto en vigor en 2008. Se determina la desgravación arancelaria de los productos agrícolas entre México, Estados Unidos y Canadá. Los precios serán determinados por las condiciones del mercado y no influenciados por las políticas públicas nacionales. • En 1994 y como medida complementaria a la reforma del artículo 27, se crea el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), un programa de pagos directos a los productores de granos básicos con base en la superficie cultivada. El programa pronto se volverá presa de la corrupción y el narcotráfico. Los padrones serán utilizados durante los gobiernos de la alternancia con fines electorales. En Michoacán se descubrirán los nombres de narcotraficantes en los padrones. • En 1997, a instancias del Presidente Ernesto Zedillo, es creado el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) para dar transferencias directas a las familias rurales pobres, ese año contabilizadas en 2.5 millones. • En 1999, con el aval del Congreso de la Unión, el Presidente Ernesto Zedillo desaparece la Conasupo. • En 2000, por primera vez, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es derrotado en las elecciones presidenciales. Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) asume la Presidencia de la República. Su origen se encuentra justo en el campo mexicano. Se ostenta como ranchero. Pero no presenta una política clara para restablecer al agro. • Le bastan tres años en el gobierno para poner en marcha la Financiera Rural, organismo que constituye un nuevo sistema de financiamiento y que hará llegar el crédito a las manos de los productores agropecuarios. • Al sexenio de Vicente Fox se le atribuye la etapa de mayor deterioro del campo mexicano. Pero en el Programa Sectorial de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2001-2006, él dice que son los productores rurales los responsables. La producción ha caído en 85 por ciento. • En 2006 llega a la Presidencia Felipe Calderón Hinojosa y en su Plan Nacional de Desarrollo tampoco queda clara la política para el campo. • El 8 de septiembre de 2009, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa propone al Congreso de la Unión la desaparición de la SRA como medida de austeridad y bajo una recomendación de la OCDE. No lo logra. • En la persona de Enrique Peña Nieto, el PRI gana las elecciones presidenciales de 2012. Un año transcurre sin que se conozcan los lineamientos de la política para el campo. El 6 de noviembre de 2013 anuncia una reforma revolucionaria que modificará el campo jurídico.
• La política para el campo, que implicará una revolución, no ha sido presentada. Por lo pronto y sin debate previo, la Secretaría de la Reforma Agraria se ha transformado desde enero de 2013 en Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Las autoridades del municipio de Aquila, Michoacán, confirmaron que los siete policías comunitarios fueron liberados este miércoles.
Los siete policías comunitarios de Aquila, Michoacán secuestrados fueron liberados este miércoles. Integrantes del grupo criminal secuestraron el pasado domingo a cinco elementos comunitarios. De acuerdo a declaraciones de testigos habrían sido hombres con uniformes de la Marina quienes los privaron de la libertad. Este martes, el director de Seguridad Pública del municipio de Aquila, Germán Ramírez, confirmó que otros dos policías comunitarios fueron secuestrados por una célula del grupo criminal los “Caballeros Templarios” mientras negociaban la liberación de sus compañeros.
Un estudio demostró que por cada homicidio vinculado al narco, un municipio perdió dos programas de inclusión o participación social.
La guerra contra el narcotráfico iniciada por el gobierno de Felipe Calderón redujo las capacidades de gobernabilidad de los municipios del país. Por cada ejecución vinculada al crimen organizado -en una tasa de mil habitantes-, los municipios perdieron en promedio dos programas u órganos de participación ciudadana que contribuían a mejorar las condiciones de vida de la población, concluyó el estudio La Retracción del Estado: como la violencia afecta la capacidad de gobernar en México, del Centro de Investigación y Desarrollo Económico (CIDE). “Los municipios tenían en promedio 3.1 mecanismos para la participación y consulta, por lo que el efecto asociado de la violencia fue de una magnitud importante en la reducción de esta función”, indica el estudio. De acuerdo con el análisis realizado por el investigador Oliver D. Meza, los municipios tuvieron que enfocar sus propias políticas en favor del gasto en seguridad conforme a la línea del gobierno federal, y en detrimento de los recursos para otros programas. “Los gobiernos municipales han decidido privilegiar agendas de políticas impulsadas por la federación para empatar recursos locales con recursos federales. Estos mecanismos fiscales, entre otros, han hecho que el municipio pierda interés en asuntos de su propia agenda”, detalla. Sin embargo, el análisis también plantea que el mismo recrudecimiento de la violencia pudo desincentivar a los ciudadanos para participar activamente con el gobierno municipal en estos programas, lo que también representa un retroceso en la presencia del Estado. Incluso existe la posibilidad de que el propio crimen organizado haya asumido funciones inherentes al gobierno municipal y que este retroceso del Estado se refleje en la disolución de planes y estrategias sociales. “El municipio en México es un agente del Estado, aun cuando se le quiera ver como el eslabón más pequeño. Por tanto el detrimento en estas funciones disminuye la capacidad del Estado en su conjunto y los datos señalan que ésta se vio afectada posiblemente a causa de la violencia generada por el narcotráfico, especialmente en momentos en los que el mismo Estado recrudeció la violencia mediante la política prohibicionista”, subraya el estudio. Un cáncer que se multiplica El CIDE documentó que al menos en los primeros cinco años de la estrategia de combate el narcotráfico el fenómeno de la violencia relacionada con el crimen organizado se expandió de forma notoria en el país, causando deterioro en las condiciones sociales y de seguridad. Los datos incluidos en el estudio Geografía de la Violencia en México. Un acercamiento a la reconfiguración territorial de la violencia generada por el crimen organizado evidenciaban que en 2007 se registraron 76 municipios con al menos un enfrentamiento, pero para 2009 ya se tenían 221 municipios con esta problemática. Y para 2011 la cifra se disparó hasta 366 municipios con al menos un enfrentamiento vinculado a la delincuencia organizada. “Esto representa el 15 % del total de municipios en el país, y un incremento superior al 500 por ciento respecto al año 2007”, indica el análisis. En 2011 también hubo 211 municipios en el país en donde se registraron agresiones y ejecuciones relacionadas con la delincuencia organizada, casi el doble en comparación con cuatro años antes. Otro dato más: en 2007 el 18 % de los incidentes registrados tuvieron armas largas de por medio y para 2011 dicha proporción ya era superior al 30 por ciento. “En este tenor es muy probable que se diera un incremento en las organizaciones criminales y ante tal escenario, la actuación del Estado se tornó compleja para combatir a tantas pequeñas fracciones de estos grupos delincuenciales. Condición que debilita la posibilidad del gobierno para intervenir, efectivamente, en una diversificación de grupos fragmentados menores”, concluye el análisis. Metodología del estudio Para realizar el estudio, Meza construyó un modelo estadístico de análisis con más de diez variables. Se utilizó como indicadores para la medición dos estrategias básicas que tienen los municipios para construir o consolidar condiciones de gobernabilidad y que son medidas por el INEGI: el número de mecanismos y de órganos de participación ciudadana. Este tipo de estrategias agrupan programas como visitas de las autoridades a comunidades o colonias, foros de atención con los ciudadanos, supervisión de obras y/o servicios públicos, consejos ciudadanos, comités vecinales, consejos de seguridad pública, órganos de contraloría social, entre otros.
El estudio cruzó esta información con la evolución de ejecuciones ligadas al crimen organizado y, a través de una fórmula que incluyó otras varias variables, encontró una relación que permite concluir que el incremento de la violencia incidió negativamente en la continuidad de los programas. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: ARTURO ANGEL. LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/guerra-narco-municipios-perdieron-programas-sociales/
