Agobiados por la crisis económica y los gasolinazos, envenenados por las compañías mineras, amenazados por el crimen organizado, despreciados históricamente, habitantes de varios municipios chihuahuenses se sacudieron el miedo acumulado durante años y, confiados en que la nueva administración estatal los escucharía y atendería, se animaron a salir a las calles a protestar en el arranque de este año. Los inconformes, aún en pie de lucha, exigen dialogar con el gobernador Javier Corral, quien sólo manda negociadores.
CHIHUAHUA, Chih: Miles de habitantes de numerosos municipios chihuahuenses –que durante años habían guardado silencio por temor al crimen organizado y por su desconfianza hacia las autoridades municipales y estatales, a las cuales acusan de estar coludidas con el narcotráfico– se sacudieron el miedo y salieron el pasado 2 de enero a protestar a las calles, a tomar casetas de peaje y algunas instalaciones estatales y federales (como oficinas de Pemex) y a bloquear vías de ferrocarril.
Sus protestas, aunque un tanto disminuidas, continúan hasta la fecha.
Una de las peticiones de esos ciudadanos ha sido que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, se reúna con ellos, vaya con ellos a las manifestaciones, los escuche y les dé soluciones. Pero eso no ha pasado.
La respuesta que dio el gobierno fue el envío de la policía estatal para desalojar las instalaciones tomadas por los inconformes en los municipios. En poco más de un mes, el saldo es de 41 detenidos. Diez fueron liberados de inmediato; el resto salió libre bajo reservas –sus procesos continúan, como declaró el fiscal estatal César Augusto Peniche Espejel– luego de que los 33 diputados locales intervinieron y tras una movilización estatal que unificó la demanda: libertad para los manifestantes.
Pero las movilizaciones han sido infiltradas por provocadores.
Según información de la Fiscalía General del Estado, personas presuntamente relacionadas con el exgobernador César Duarte trataron de desacreditar una movilización de transportistas con el intento de quemar las casetas de peaje.
En el municipio de Saucillo, durante el desalojo de la caseta el pasado miércoles 1, hubo un intento por quemarla: un grupo de jóvenes encapuchados llevó llantas empapadas con gasolina para iniciar el incendio, pero los mismos manifestantes impidieron ese acto de vandalismo.
El 2 de enero miles de chihuahuenses salieron a las calles en numerosos municipios, y no las han abandonado. Su perseverancia ha trascendido a los partidos políticos y a las organizaciones civiles. Ahora los ciudadanos buscan a aquel Javier Corral que antes se manifestaba con ellos para denunciar la corrupción y la impunidad desmedida del gobierno duartista.
“Necesitamos enjundia del gobierno”, “buscamos solución de manera pacífica, pero la gente ya está cansada”, “Corral está siendo ingenuo si piensa que la Conago va a solucionar algo, si no los pelaron ni a él ni al Bronco”, “Si Corral nos dice: ‘Estoy con ustedes pero me tienen agarrado de los huevos’, lo vamos a entender, pero que nos dé la cara”, expresaron campesinos, ganaderos, maestros, amas de casa, comerciantes, miembros del Movimiento del Noroeste, de la Sierra Tarahumara. Lo hicieron el pasado miércoles 1 en reunión con el secretario estatal de Gobierno, César Jáuregui Robles.
Resistencia
La primera muestra de resistencia pacífica se dio en el municipio de Camargo, cuando agentes estatales intentaron desalojar a los inconformes de la caseta de peaje en la primera semana del conflicto. Los habitantes del municipio se unieron, llegaron en multitud a la caseta y se hincaron para cantar el himno nacional. Detuvieron el intento de desalojo que no fue realizado sino hasta el jueves 2.
Así se inició la resistencia de ese municipio, pacífica, para negociar sus demandas. La principal de éstas es el retiro de una de las casetas que los habitantes de Camargo deben pasar prácticamente todos los días o bien, que el peaje se reduzca en 90% para ellos.
Lorenzo Muñoz, uno de quienes participó en el acto pacífico para detener el desalojo, explica que los comerciantes camarguenses deben viajar diariamente a Delicias o a Chihuahua por insumos y pagan 200 pesos por cada cruce, algo que les parece insostenible cuando se le suma el alza al precio de los combustibles.
Los últimos días de enero hubo un acuerdo con el gobierno, según reconoció Corral el jueves 2: se descontará 90% del peaje a quienes pasan frecuentemente por la caseta por cuestiones de salud, trabajo o estudio.
Madera, municipio de la Sierra Tarahumara fuertemente golpeado y casi exterminado por el crimen organizado, ha sostenido la toma de casetas e instalaciones hasta ahora, mientras en el resto de los municipios inconformes las protestas se han tornado intermitentes.
El profesor Dante Valdez, quien ha permanecido en la protesta de Madera desde el principio, dice a Proceso que su municipio se encuentra en ruinas, como casi todo el estado. “Hay hartazgo, pero se perdió el miedo con la nueva administración. La pasada no hizo nada. Estamos hartos de tanto abandono. Madera requiere circunstancias diferentes”.
El 2 de enero los inconformes de Madera tomaron las instalaciones de la oficina de recaudación de rentas y de la Comisión Federal de Electricidad; durante dos días tuvieron ocupada la tienda Bodega Aurrerá y tres días la sede de Bancomer; además participaron en una marcha en Ciudad Cuauhtémoc y el pasado miércoles 1 viajaron a la ciudad de Chihuahua, para exigir soluciones al Congreso y al gobierno estatales.
En la Sierra Tarahumara los pobladores bloquearon carreteras, generando pérdidas millonarias a las empresas mineras y advirtieron que no dejarán pasar más cargamentos de cianuro, por el daño que esa sustancia les han causado durante años. Tampoco dejaron pasar camiones de reparto de Coca-Cola y Sabritas, según informa a este semanario José Luis Carrillo, del municipio de Guerrero.
Por su parte, el clúster minero publicó el 8 de enero un desplegado para advertir que el daño que los bloqueos generaron a las mineras de la Sierra Tarahumara había sido de 200 millones de pesos. El presidente del organismo, Jaime Andrés Cruz Russek, acompañado por representantes de las compañías Agnico Eagle, Dia Bras Mexicana, Coeur Mexicana, Grupo Cementos de Chihuahua, la Canacintra y proveedores del clúster, exigieron al gobierno estatal que tomara medidas para terminar con las ocupaciones y los bloqueos.
En los municipios fronterizos de Juárez y Ojinaga, organizaciones campesinas como El Barzón, la Unión Campesina Democrática, Agrodinámica Nacional y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, han tomado los puentes internacionales de manera intermitente.
Esas organizaciones han mantenido la protesta con marchas y toma de puentes internacionales. El miércoles 1 participaron en la marcha nacional en la Ciudad de México.
Por otra parte, los bloqueos de las vías férreas y la toma de vagones, que duraron más de 15 días, afectaron a 750 familias del municipio de Jiménez, porque los empleados no pudieron trabajar, denunció Martín García Jurado, secretario general de la Sección V del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros.
Además se tuvieron parados 400 vagones con alrededor de 450 toneladas de alimentos perecederos que debían llegar a Torreón para, de ahí, distribuirse hacia el sur del país.
Protesta unificada
Otro tema que unificó a los inconformes fue el alto costo de la tenencia vehicular. La Secretaría de Hacienda del estado cobra por este concepto mil 200 pesos, con descuento; pero a partir del próximo mes el costo será de mil 700 pesos. Un grupo originario de la capital estatal, Retén Ciudadano, obligó a las autoridades a cobrarles sólo 388.78 pesos.
En 2010 la tenencia costaba 300 pesos. Retén Ciudadano alega que si el salario mínimo se incrementó muy poco, no hay razón para que el pago de la tenencia se dispare; amparados en la Constitución, los miembros de esa organización sólo pagarán un aumento proporcional al del salario mínimo.
El secretario estatal de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, le advirtió a la ciudadanía que el pago reducido que aceptaron recibir sólo se considerará un abono y que a partir del mes próximo tendrán que pagar el resto de los mil 700 pesos.
Este acto de resistencia de Retén Ciudadano se extendió por todo el estado, luego de que tuvo lugar la asamblea estatal No al gasolinazo Chihuahua y que de la región serrana se sumó el movimiento Municipios Noroeste No al gasolinazo.
En Madera, los encargados del Programa Oportunidades pidieron a la gente no participar en las movilizaciones para que no pusieran en riesgo el apoyo que se les da, pero los inconformes respondieron que prefieren quedarse sin apoyo a condición de que se genere empleo formal; la escasez de trabajo, afirman, puede hacer que más gente se vaya a las filas de la delincuencia organizada.
Con esos inconformes estuvo Patricia Terrazas, a quien le dijeron: “Aquí a la política ya se le perdió la credibilidad, aquí tenemos que ver otras cosas, aquí hacemos propuestas y usted las va a entregar”.
La funcionaria defendió al gobernador estatal: insistió en que Corral llegó a la gubernatura con expectativas muy altas y les pidió a los inconformes tiempo para demostrarles que el mandatario está con ellos.
El 2 de enero, en Nuevo Casas Grandes, los inconformes colocaron sendas mantas –con la palabra “traidor”– en la oficina y en la casa del legislador priista Alejandro Lebarón. Días después el diputado acudió a una reunión en Ciudad Cuauhtémoc, donde un ciudadano le dijo: “Anótele ahí en su hoja: ‘La gente ya no cree en sus mentiras’ (…) si bien usted no votó a favor de las reformas empobrecedoras que todos conocemos, porque no estaba en funciones, habrá que ver lo que votó su bancada para darse cuenta de qué estamos hablando (…) usted publicó en su Facebook el 26 de octubre de 2016, que no habría incrementos de gasolina y tengo las pruebas aquí mismo”.
Entre ganaderos, agricultores y comerciantes, hombres y mujeres, le reclamaron “con todo respeto si es que aún merecen eso de respeto”, que haya aprobado las reformas que los han dañado.
“En esas situaciones que nomás levantan la mano, muy amigos de Duarte, solapando tanta corrupción en presidencias, en Cámaras de Diputados y ahora que el pueblo los necesita, no hay un pronunciamiento claro y firme. Si no se baja la gasolina, por favor, pidan su licencia y retírense, porque entonces no nos están representando”, le dijo otro de los presentes.
El diputado federal priista Alejandro Domínguez, reunido en el municipio de Guerrero con los inconformes, luego de escuchar los reclamos sólo atinó a responder: “Yo no me puse el sueldo”.
Después de ser desalojados de la oficina de recaudación de rentas, los habitantes de Delicias recibieron a Roberto Fuentes, de la dirección de Gobernación. Una mujer le dijo que todos conocen la trayectoria del gobernador, pero con los hechos que acababan de suceder, éste va en contra de todo lo que hizo como oposición.
Fuentes sólo explicó que los desalojos fueron pacíficos e insistió en el papel de Corral ante la Conago, donde rechazó el gasolinazo.
En Camargo cuestionaron al recaudador que el mandatario estatal no permita los desalojos cuando él mismo participó, en 1996, en bloqueos de carreteras y tomas de casetas.
La respuesta de Corral
“En primer lugar, el gasolinazo es la más dura prueba que hemos tenido al interior del gobierno. Reconociendo la pluralidad que tenemos (…) aunque en la causa fundamental estamos de acuerdo y en las razones del gasolinazo estamos de acuerdo, pues no todo mundo está de acuerdo en cómo matar las pulgas, cuáles son los caminos para enfrentar esa decisión. Hay diversidad de opinión sobre los métodos”, dijo Javier Corral el pasado 14 de enero en entrevista con la reportera.
Sobre el despertar de la ciudadanía y la pérdida del miedo a manifestarse, opinó: “Debo decirle que un dato muy importante es el cambio de gobierno; saben que somos un gobierno democrático. Hay muchos líderes del PRI que se lanzaron a las protestas, es la hora de los valientes en un régimen democrático”.
Y apenas el jueves 2 Corral ofreció una mesa de diálogo con los inconformes.
Este reportaje se publicó en la edición 2101 de la revista Proceso del 5 de febrero de 2017.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/473335/en-los-municipios-chihuahuenses-se-sacuden-miedo
Sus protestas, aunque un tanto disminuidas, continúan hasta la fecha.
Una de las peticiones de esos ciudadanos ha sido que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, se reúna con ellos, vaya con ellos a las manifestaciones, los escuche y les dé soluciones. Pero eso no ha pasado.
La respuesta que dio el gobierno fue el envío de la policía estatal para desalojar las instalaciones tomadas por los inconformes en los municipios. En poco más de un mes, el saldo es de 41 detenidos. Diez fueron liberados de inmediato; el resto salió libre bajo reservas –sus procesos continúan, como declaró el fiscal estatal César Augusto Peniche Espejel– luego de que los 33 diputados locales intervinieron y tras una movilización estatal que unificó la demanda: libertad para los manifestantes.
Pero las movilizaciones han sido infiltradas por provocadores.
Según información de la Fiscalía General del Estado, personas presuntamente relacionadas con el exgobernador César Duarte trataron de desacreditar una movilización de transportistas con el intento de quemar las casetas de peaje.
En el municipio de Saucillo, durante el desalojo de la caseta el pasado miércoles 1, hubo un intento por quemarla: un grupo de jóvenes encapuchados llevó llantas empapadas con gasolina para iniciar el incendio, pero los mismos manifestantes impidieron ese acto de vandalismo.
El 2 de enero miles de chihuahuenses salieron a las calles en numerosos municipios, y no las han abandonado. Su perseverancia ha trascendido a los partidos políticos y a las organizaciones civiles. Ahora los ciudadanos buscan a aquel Javier Corral que antes se manifestaba con ellos para denunciar la corrupción y la impunidad desmedida del gobierno duartista.
“Necesitamos enjundia del gobierno”, “buscamos solución de manera pacífica, pero la gente ya está cansada”, “Corral está siendo ingenuo si piensa que la Conago va a solucionar algo, si no los pelaron ni a él ni al Bronco”, “Si Corral nos dice: ‘Estoy con ustedes pero me tienen agarrado de los huevos’, lo vamos a entender, pero que nos dé la cara”, expresaron campesinos, ganaderos, maestros, amas de casa, comerciantes, miembros del Movimiento del Noroeste, de la Sierra Tarahumara. Lo hicieron el pasado miércoles 1 en reunión con el secretario estatal de Gobierno, César Jáuregui Robles.
Resistencia
La primera muestra de resistencia pacífica se dio en el municipio de Camargo, cuando agentes estatales intentaron desalojar a los inconformes de la caseta de peaje en la primera semana del conflicto. Los habitantes del municipio se unieron, llegaron en multitud a la caseta y se hincaron para cantar el himno nacional. Detuvieron el intento de desalojo que no fue realizado sino hasta el jueves 2.
Así se inició la resistencia de ese municipio, pacífica, para negociar sus demandas. La principal de éstas es el retiro de una de las casetas que los habitantes de Camargo deben pasar prácticamente todos los días o bien, que el peaje se reduzca en 90% para ellos.
Lorenzo Muñoz, uno de quienes participó en el acto pacífico para detener el desalojo, explica que los comerciantes camarguenses deben viajar diariamente a Delicias o a Chihuahua por insumos y pagan 200 pesos por cada cruce, algo que les parece insostenible cuando se le suma el alza al precio de los combustibles.
Los últimos días de enero hubo un acuerdo con el gobierno, según reconoció Corral el jueves 2: se descontará 90% del peaje a quienes pasan frecuentemente por la caseta por cuestiones de salud, trabajo o estudio.
Madera, municipio de la Sierra Tarahumara fuertemente golpeado y casi exterminado por el crimen organizado, ha sostenido la toma de casetas e instalaciones hasta ahora, mientras en el resto de los municipios inconformes las protestas se han tornado intermitentes.
El profesor Dante Valdez, quien ha permanecido en la protesta de Madera desde el principio, dice a Proceso que su municipio se encuentra en ruinas, como casi todo el estado. “Hay hartazgo, pero se perdió el miedo con la nueva administración. La pasada no hizo nada. Estamos hartos de tanto abandono. Madera requiere circunstancias diferentes”.
El 2 de enero los inconformes de Madera tomaron las instalaciones de la oficina de recaudación de rentas y de la Comisión Federal de Electricidad; durante dos días tuvieron ocupada la tienda Bodega Aurrerá y tres días la sede de Bancomer; además participaron en una marcha en Ciudad Cuauhtémoc y el pasado miércoles 1 viajaron a la ciudad de Chihuahua, para exigir soluciones al Congreso y al gobierno estatales.
En la Sierra Tarahumara los pobladores bloquearon carreteras, generando pérdidas millonarias a las empresas mineras y advirtieron que no dejarán pasar más cargamentos de cianuro, por el daño que esa sustancia les han causado durante años. Tampoco dejaron pasar camiones de reparto de Coca-Cola y Sabritas, según informa a este semanario José Luis Carrillo, del municipio de Guerrero.
Por su parte, el clúster minero publicó el 8 de enero un desplegado para advertir que el daño que los bloqueos generaron a las mineras de la Sierra Tarahumara había sido de 200 millones de pesos. El presidente del organismo, Jaime Andrés Cruz Russek, acompañado por representantes de las compañías Agnico Eagle, Dia Bras Mexicana, Coeur Mexicana, Grupo Cementos de Chihuahua, la Canacintra y proveedores del clúster, exigieron al gobierno estatal que tomara medidas para terminar con las ocupaciones y los bloqueos.
En los municipios fronterizos de Juárez y Ojinaga, organizaciones campesinas como El Barzón, la Unión Campesina Democrática, Agrodinámica Nacional y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, han tomado los puentes internacionales de manera intermitente.
Esas organizaciones han mantenido la protesta con marchas y toma de puentes internacionales. El miércoles 1 participaron en la marcha nacional en la Ciudad de México.
Por otra parte, los bloqueos de las vías férreas y la toma de vagones, que duraron más de 15 días, afectaron a 750 familias del municipio de Jiménez, porque los empleados no pudieron trabajar, denunció Martín García Jurado, secretario general de la Sección V del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros.
Además se tuvieron parados 400 vagones con alrededor de 450 toneladas de alimentos perecederos que debían llegar a Torreón para, de ahí, distribuirse hacia el sur del país.
Protesta unificada
Otro tema que unificó a los inconformes fue el alto costo de la tenencia vehicular. La Secretaría de Hacienda del estado cobra por este concepto mil 200 pesos, con descuento; pero a partir del próximo mes el costo será de mil 700 pesos. Un grupo originario de la capital estatal, Retén Ciudadano, obligó a las autoridades a cobrarles sólo 388.78 pesos.
En 2010 la tenencia costaba 300 pesos. Retén Ciudadano alega que si el salario mínimo se incrementó muy poco, no hay razón para que el pago de la tenencia se dispare; amparados en la Constitución, los miembros de esa organización sólo pagarán un aumento proporcional al del salario mínimo.
El secretario estatal de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, le advirtió a la ciudadanía que el pago reducido que aceptaron recibir sólo se considerará un abono y que a partir del mes próximo tendrán que pagar el resto de los mil 700 pesos.
Este acto de resistencia de Retén Ciudadano se extendió por todo el estado, luego de que tuvo lugar la asamblea estatal No al gasolinazo Chihuahua y que de la región serrana se sumó el movimiento Municipios Noroeste No al gasolinazo.
En Madera, los encargados del Programa Oportunidades pidieron a la gente no participar en las movilizaciones para que no pusieran en riesgo el apoyo que se les da, pero los inconformes respondieron que prefieren quedarse sin apoyo a condición de que se genere empleo formal; la escasez de trabajo, afirman, puede hacer que más gente se vaya a las filas de la delincuencia organizada.
Con esos inconformes estuvo Patricia Terrazas, a quien le dijeron: “Aquí a la política ya se le perdió la credibilidad, aquí tenemos que ver otras cosas, aquí hacemos propuestas y usted las va a entregar”.
La funcionaria defendió al gobernador estatal: insistió en que Corral llegó a la gubernatura con expectativas muy altas y les pidió a los inconformes tiempo para demostrarles que el mandatario está con ellos.
El 2 de enero, en Nuevo Casas Grandes, los inconformes colocaron sendas mantas –con la palabra “traidor”– en la oficina y en la casa del legislador priista Alejandro Lebarón. Días después el diputado acudió a una reunión en Ciudad Cuauhtémoc, donde un ciudadano le dijo: “Anótele ahí en su hoja: ‘La gente ya no cree en sus mentiras’ (…) si bien usted no votó a favor de las reformas empobrecedoras que todos conocemos, porque no estaba en funciones, habrá que ver lo que votó su bancada para darse cuenta de qué estamos hablando (…) usted publicó en su Facebook el 26 de octubre de 2016, que no habría incrementos de gasolina y tengo las pruebas aquí mismo”.
Entre ganaderos, agricultores y comerciantes, hombres y mujeres, le reclamaron “con todo respeto si es que aún merecen eso de respeto”, que haya aprobado las reformas que los han dañado.
“En esas situaciones que nomás levantan la mano, muy amigos de Duarte, solapando tanta corrupción en presidencias, en Cámaras de Diputados y ahora que el pueblo los necesita, no hay un pronunciamiento claro y firme. Si no se baja la gasolina, por favor, pidan su licencia y retírense, porque entonces no nos están representando”, le dijo otro de los presentes.
El diputado federal priista Alejandro Domínguez, reunido en el municipio de Guerrero con los inconformes, luego de escuchar los reclamos sólo atinó a responder: “Yo no me puse el sueldo”.
Después de ser desalojados de la oficina de recaudación de rentas, los habitantes de Delicias recibieron a Roberto Fuentes, de la dirección de Gobernación. Una mujer le dijo que todos conocen la trayectoria del gobernador, pero con los hechos que acababan de suceder, éste va en contra de todo lo que hizo como oposición.
Fuentes sólo explicó que los desalojos fueron pacíficos e insistió en el papel de Corral ante la Conago, donde rechazó el gasolinazo.
En Camargo cuestionaron al recaudador que el mandatario estatal no permita los desalojos cuando él mismo participó, en 1996, en bloqueos de carreteras y tomas de casetas.
La respuesta de Corral
“En primer lugar, el gasolinazo es la más dura prueba que hemos tenido al interior del gobierno. Reconociendo la pluralidad que tenemos (…) aunque en la causa fundamental estamos de acuerdo y en las razones del gasolinazo estamos de acuerdo, pues no todo mundo está de acuerdo en cómo matar las pulgas, cuáles son los caminos para enfrentar esa decisión. Hay diversidad de opinión sobre los métodos”, dijo Javier Corral el pasado 14 de enero en entrevista con la reportera.
Sobre el despertar de la ciudadanía y la pérdida del miedo a manifestarse, opinó: “Debo decirle que un dato muy importante es el cambio de gobierno; saben que somos un gobierno democrático. Hay muchos líderes del PRI que se lanzaron a las protestas, es la hora de los valientes en un régimen democrático”.
Y apenas el jueves 2 Corral ofreció una mesa de diálogo con los inconformes.
Este reportaje se publicó en la edición 2101 de la revista Proceso del 5 de febrero de 2017.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/473335/en-los-municipios-chihuahuenses-se-sacuden-miedo
