Ciudad de México. El comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, anunció que a partir del 30 de marzo próximo iniciará la liberalización total del precio de las gasolinas y diésel en Sonora y Baja California, posteriormente los estados de la frontera norte del país serán en los que se aplique el proceso a partir del 15 de junio, siguiendo a estos Sinaloa, Baja California Sur y el sur de Durango en octubre, mientras que en noviembre el centro y sur del país también serán las áreas donde se liberalice definitivamente, culminando con la Península de Yucatán en diciembre.
En reunión con la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados el funcionario de la CRE insistió que del congreso federal salió la orden para liberalizar los precios de las gasolinas y el diésel, y lo que corresponde al gobierno y a la administración federal es “dejar que el mercado determine los precios; la decisión técnica se tomó desde el Congreso para facilitar la liberalización desde un año antes”.
García Alcocer también refirió que Petróleos Mexicanos rentará sus instalaciones de almacenamiento y transporte de combustible a grandes empresarios, que están enlistados para participar en una subasta (de renta) el próximo mes de marzo, organizada por la misma CRE.
A pesar de que los diputados de oposición insistieron en que se postergara indefinidamente la liberalización del precio, el comisionado presidente de ese organismo insistió en que no hay posibilidad porque el congreso dictó esa orden.
También anunció que las empresas British Petroleum (BPI), Chevron,. Gulf, Costco, Oxxo Gas, Pretro Seven, Ecogas, Hidrosina y Petrobras ya se encuentran en el mercado “tratado de diferenciarse en términos de marca, de tiendas y de baños limpios; están dando premios y bonos por fidelidad”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE MÉNDEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/08/liberalizacion-de-gasolinas-inicia-el-30-de-marzo-en-sonora-y-bc
Agobiados por la crisis económica y los gasolinazos, envenenados por las compañías mineras, amenazados por el crimen organizado, despreciados históricamente, habitantes de varios municipios chihuahuenses se sacudieron el miedo acumulado durante años y, confiados en que la nueva administración estatal los escucharía y atendería, se animaron a salir a las calles a protestar en el arranque de este año. Los inconformes, aún en pie de lucha, exigen dialogar con el gobernador Javier Corral, quien sólo manda negociadores.
CHIHUAHUA, Chih: Miles de habitantes de numerosos municipios chihuahuenses –que durante años habían guardado silencio por temor al crimen organizado y por su desconfianza hacia las autoridades municipales y estatales, a las cuales acusan de estar coludidas con el narcotráfico– se sacudieron el miedo y salieron el pasado 2 de enero a protestar a las calles, a tomar casetas de peaje y algunas instalaciones estatales y federales (como oficinas de Pemex) y a bloquear vías de ferrocarril.
Sus protestas, aunque un tanto disminuidas, continúan hasta la fecha.
Una de las peticiones de esos ciudadanos ha sido que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, se reúna con ellos, vaya con ellos a las manifestaciones, los escuche y les dé soluciones. Pero eso no ha pasado.
La respuesta que dio el gobierno fue el envío de la policía estatal para desalojar las instalaciones tomadas por los inconformes en los municipios. En poco más de un mes, el saldo es de 41 detenidos. Diez fueron liberados de inmediato; el resto salió libre bajo reservas –sus procesos continúan, como declaró el fiscal estatal César Augusto Peniche Espejel– luego de que los 33 diputados locales intervinieron y tras una movilización estatal que unificó la demanda: libertad para los manifestantes.
Pero las movilizaciones han sido infiltradas por provocadores.
Según información de la Fiscalía General del Estado, personas presuntamente relacionadas con el exgobernador César Duarte trataron de desacreditar una movilización de transportistas con el intento de quemar las casetas de peaje.
En el municipio de Saucillo, durante el desalojo de la caseta el pasado miércoles 1, hubo un intento por quemarla: un grupo de jóvenes encapuchados llevó llantas empapadas con gasolina para iniciar el incendio, pero los mismos manifestantes impidieron ese acto de vandalismo.
El 2 de enero miles de chihuahuenses salieron a las calles en numerosos municipios, y no las han abandonado. Su perseverancia ha trascendido a los partidos políticos y a las organizaciones civiles. Ahora los ciudadanos buscan a aquel Javier Corral que antes se manifestaba con ellos para denunciar la corrupción y la impunidad desmedida del gobierno duartista.
“Necesitamos enjundia del gobierno”, “buscamos solución de manera pacífica, pero la gente ya está cansada”, “Corral está siendo ingenuo si piensa que la Conago va a solucionar algo, si no los pelaron ni a él ni al Bronco”, “Si Corral nos dice: ‘Estoy con ustedes pero me tienen agarrado de los huevos’, lo vamos a entender, pero que nos dé la cara”, expresaron campesinos, ganaderos, maestros, amas de casa, comerciantes, miembros del Movimiento del Noroeste, de la Sierra Tarahumara. Lo hicieron el pasado miércoles 1 en reunión con el secretario estatal de Gobierno, César Jáuregui Robles.
Resistencia
La primera muestra de resistencia pacífica se dio en el municipio de Camargo, cuando agentes estatales intentaron desalojar a los inconformes de la caseta de peaje en la primera semana del conflicto. Los habitantes del municipio se unieron, llegaron en multitud a la caseta y se hincaron para cantar el himno nacional. Detuvieron el intento de desalojo que no fue realizado sino hasta el jueves 2.
Así se inició la resistencia de ese municipio, pacífica, para negociar sus demandas. La principal de éstas es el retiro de una de las casetas que los habitantes de Camargo deben pasar prácticamente todos los días o bien, que el peaje se reduzca en 90% para ellos.
Lorenzo Muñoz, uno de quienes participó en el acto pacífico para detener el desalojo, explica que los comerciantes camarguenses deben viajar diariamente a Delicias o a Chihuahua por insumos y pagan 200 pesos por cada cruce, algo que les parece insostenible cuando se le suma el alza al precio de los combustibles.
Los últimos días de enero hubo un acuerdo con el gobierno, según reconoció Corral el jueves 2: se descontará 90% del peaje a quienes pasan frecuentemente por la caseta por cuestiones de salud, trabajo o estudio.
Madera, municipio de la Sierra Tarahumara fuertemente golpeado y casi exterminado por el crimen organizado, ha sostenido la toma de casetas e instalaciones hasta ahora, mientras en el resto de los municipios inconformes las protestas se han tornado intermitentes.
El profesor Dante Valdez, quien ha permanecido en la protesta de Madera desde el principio, dice a Proceso que su municipio se encuentra en ruinas, como casi todo el estado. “Hay hartazgo, pero se perdió el miedo con la nueva administración. La pasada no hizo nada. Estamos hartos de tanto abandono. Madera requiere circunstancias diferentes”.
El 2 de enero los inconformes de Madera tomaron las instalaciones de la oficina de recaudación de rentas y de la Comisión Federal de Electricidad; durante dos días tuvieron ocupada la tienda Bodega Aurrerá y tres días la sede de Bancomer; además participaron en una marcha en Ciudad Cuauhtémoc y el pasado miércoles 1 viajaron a la ciudad de Chihuahua, para exigir soluciones al Congreso y al gobierno estatales.
En la Sierra Tarahumara los pobladores bloquearon carreteras, generando pérdidas millonarias a las empresas mineras y advirtieron que no dejarán pasar más cargamentos de cianuro, por el daño que esa sustancia les han causado durante años. Tampoco dejaron pasar camiones de reparto de Coca-Cola y Sabritas, según informa a este semanario José Luis Carrillo, del municipio de Guerrero.
Por su parte, el clúster minero publicó el 8 de enero un desplegado para advertir que el daño que los bloqueos generaron a las mineras de la Sierra Tarahumara había sido de 200 millones de pesos. El presidente del organismo, Jaime Andrés Cruz Russek, acompañado por representantes de las compañías Agnico Eagle, Dia Bras Mexicana, Coeur Mexicana, Grupo Cementos de Chihuahua, la Canacintra y proveedores del clúster, exigieron al gobierno estatal que tomara medidas para terminar con las ocupaciones y los bloqueos.
En los municipios fronterizos de Juárez y Ojinaga, organizaciones campesinas como El Barzón, la Unión Campesina Democrática, Agrodinámica Nacional y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, han tomado los puentes internacionales de manera intermitente.
Esas organizaciones han mantenido la protesta con marchas y toma de puentes internacionales. El miércoles 1 participaron en la marcha nacional en la Ciudad de México.
Por otra parte, los bloqueos de las vías férreas y la toma de vagones, que duraron más de 15 días, afectaron a 750 familias del municipio de Jiménez, porque los empleados no pudieron trabajar, denunció Martín García Jurado, secretario general de la Sección V del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros.
Además se tuvieron parados 400 vagones con alrededor de 450 toneladas de alimentos perecederos que debían llegar a Torreón para, de ahí, distribuirse hacia el sur del país.
Protesta unificada
Otro tema que unificó a los inconformes fue el alto costo de la tenencia vehicular. La Secretaría de Hacienda del estado cobra por este concepto mil 200 pesos, con descuento; pero a partir del próximo mes el costo será de mil 700 pesos. Un grupo originario de la capital estatal, Retén Ciudadano, obligó a las autoridades a cobrarles sólo 388.78 pesos.
En 2010 la tenencia costaba 300 pesos. Retén Ciudadano alega que si el salario mínimo se incrementó muy poco, no hay razón para que el pago de la tenencia se dispare; amparados en la Constitución, los miembros de esa organización sólo pagarán un aumento proporcional al del salario mínimo.
El secretario estatal de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, le advirtió a la ciudadanía que el pago reducido que aceptaron recibir sólo se considerará un abono y que a partir del mes próximo tendrán que pagar el resto de los mil 700 pesos.
Este acto de resistencia de Retén Ciudadano se extendió por todo el estado, luego de que tuvo lugar la asamblea estatal No al gasolinazo Chihuahua y que de la región serrana se sumó el movimiento Municipios Noroeste No al gasolinazo.
En Madera, los encargados del Programa Oportunidades pidieron a la gente no participar en las movilizaciones para que no pusieran en riesgo el apoyo que se les da, pero los inconformes respondieron que prefieren quedarse sin apoyo a condición de que se genere empleo formal; la escasez de trabajo, afirman, puede hacer que más gente se vaya a las filas de la delincuencia organizada.
Con esos inconformes estuvo Patricia Terrazas, a quien le dijeron: “Aquí a la política ya se le perdió la credibilidad, aquí tenemos que ver otras cosas, aquí hacemos propuestas y usted las va a entregar”.
La funcionaria defendió al gobernador estatal: insistió en que Corral llegó a la gubernatura con expectativas muy altas y les pidió a los inconformes tiempo para demostrarles que el mandatario está con ellos.
El 2 de enero, en Nuevo Casas Grandes, los inconformes colocaron sendas mantas –con la palabra “traidor”– en la oficina y en la casa del legislador priista Alejandro Lebarón. Días después el diputado acudió a una reunión en Ciudad Cuauhtémoc, donde un ciudadano le dijo: “Anótele ahí en su hoja: ‘La gente ya no cree en sus mentiras’ (…) si bien usted no votó a favor de las reformas empobrecedoras que todos conocemos, porque no estaba en funciones, habrá que ver lo que votó su bancada para darse cuenta de qué estamos hablando (…) usted publicó en su Facebook el 26 de octubre de 2016, que no habría incrementos de gasolina y tengo las pruebas aquí mismo”.
Entre ganaderos, agricultores y comerciantes, hombres y mujeres, le reclamaron “con todo respeto si es que aún merecen eso de respeto”, que haya aprobado las reformas que los han dañado.
“En esas situaciones que nomás levantan la mano, muy amigos de Duarte, solapando tanta corrupción en presidencias, en Cámaras de Diputados y ahora que el pueblo los necesita, no hay un pronunciamiento claro y firme. Si no se baja la gasolina, por favor, pidan su licencia y retírense, porque entonces no nos están representando”, le dijo otro de los presentes.
El diputado federal priista Alejandro Domínguez, reunido en el municipio de Guerrero con los inconformes, luego de escuchar los reclamos sólo atinó a responder: “Yo no me puse el sueldo”.
Después de ser desalojados de la oficina de recaudación de rentas, los habitantes de Delicias recibieron a Roberto Fuentes, de la dirección de Gobernación. Una mujer le dijo que todos conocen la trayectoria del gobernador, pero con los hechos que acababan de suceder, éste va en contra de todo lo que hizo como oposición.
Fuentes sólo explicó que los desalojos fueron pacíficos e insistió en el papel de Corral ante la Conago, donde rechazó el gasolinazo.
En Camargo cuestionaron al recaudador que el mandatario estatal no permita los desalojos cuando él mismo participó, en 1996, en bloqueos de carreteras y tomas de casetas.
La respuesta de Corral
“En primer lugar, el gasolinazo es la más dura prueba que hemos tenido al interior del gobierno. Reconociendo la pluralidad que tenemos (…) aunque en la causa fundamental estamos de acuerdo y en las razones del gasolinazo estamos de acuerdo, pues no todo mundo está de acuerdo en cómo matar las pulgas, cuáles son los caminos para enfrentar esa decisión. Hay diversidad de opinión sobre los métodos”, dijo Javier Corral el pasado 14 de enero en entrevista con la reportera.
Sobre el despertar de la ciudadanía y la pérdida del miedo a manifestarse, opinó: “Debo decirle que un dato muy importante es el cambio de gobierno; saben que somos un gobierno democrático. Hay muchos líderes del PRI que se lanzaron a las protestas, es la hora de los valientes en un régimen democrático”.
Y apenas el jueves 2 Corral ofreció una mesa de diálogo con los inconformes.
Este reportaje se publicó en la edición 2101 de la revista Proceso del 5 de febrero de 2017.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/473335/en-los-municipios-chihuahuenses-se-sacuden-miedo
Atrapado entre el descontento social y el golpeteo político-económico de Donald Trump, el gobierno federal pospuso el gasolinazo del 4 de febrero e incrementó el subsidio a los gasolineros para hacerles más atractivo el negocio. Así, la administración que justificó la repentina alza de combustibles con razones financieras optó por la salida que en sus spots considera irresponsable. Por coincidencia, el secretario de Hacienda que avaló uno de los mayores subsidios a la gasolina en el último año del sexenio de Felipe Calderón, José Antonio Meade, está en el mismo puesto ahora, con el discurso contrario pero haciendo lo mismo.
CIUDAD DE MÉXICO: En contra de su discurso y a pesar de toda la argumentación técnica y económica que había esgrimido desde el 1 de enero, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto decidió dejar intactos los precios de la gasolina y el dísel, que estableció en aquella fecha y que tanto repudio social le generaron.
El gobierno prefirió tomar una decisión política y echar a la basura todas las “horas-rollo” que invirtió –con particular énfasis lo hicieron el propio mandatario y su secretario de Hacienda, José Antonio Meade– en tratar de convencer a una población que nada le cree, de que el precio de esos combustibles tiene que responder y reflejar el precio internacional tanto del crudo como el de las gasolinas, así como el precio del dólar y los costos de refinación, transporte y almacenamiento; también, el margen comercial de venta y los impuestos vigentes.
Nada de eso sirvió. Y aunque la evolución reciente de todos esos factores, según dijo la Secretaría de Hacienda el pasado viernes 3, daban para aumentar en al menos unos 70 centavos dichos precios, el gobierno decidió que no habría “gasolinazo” el pasado sábado 4, como lo establecía el cronograma oficial que la Comisión Reguladora de Energía emitió el 27 de diciembre último.
Y tampoco habrá el de media semana ni los dos previstos para la siguiente semana y que iniciarían el día 11.
Así, entonces, y hasta el 17 de febrero, la gasolina Magna seguirá costando en promedio 15.99 pesos el litro –2.01 pesos más, el 14.5%, que en diciembre–; la Premium se mantendrá en el promedio establecido de 17.79 pesos el litro –2.98 pesos, el 20.1%, más que en diciembre– y el dísel seguirá en 17.05 pesos el litro, que es un precio superior en 2.42 pesos, el 16.5% más del que tenía al terminar el año pasado.
Y si no se le ocurre otra cosa al gobierno, el próximo viernes 17 deberá dar a conocer los nuevos precios –más altos o más bajos, según los factores que los determinan– que regirán, pero sólo el sábado 18 porque después de ese día los precios máximos de los combustibles se modificarán diariamente, de acuerdo con el cronograma de la Comisión Reguladora de Energía.
Todavía la semana pasada autoridades de los sectores financiero y energético, y aun el presidente Peña Nieto –además de los farragosos spots en radio y televisión que aseguran que si las gasolinas están caras es porque el petróleo y el dólar también lo están–, insistían en que a partir del día 4 dichos energéticos tendrían un nuevo precio.
Antes, inclusive, el propio secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dejó entrever que ese día, el sábado pasado, aumentarían los precios, aunque, dijo, “en modo alguno” serían de la misma magnitud que los decretados el 1 de enero. Y eso, explicó el 26 de enero, porque el precio del petróleo en el mundo se ha mantenido estable en el último mes, aunque el tipo de cambio sí se ha movido mucho.
Lo único que quedó claro con la decisión del viernes 3, de no mover los precios de los combustibles, es que ya estaba ya tomada, y no por una razón económica –que fue el eje de todo el discurso oficial desde el 27 de diciembre, cuando se conoció el cronograma de precios máximos que regirían a partir del primer día de enero–, sino por un razonamiento político.
El gobierno federal, y el presidente Peña Nieto en particular, se vieron acorralados por la presión popular, las protestas callejeras, el apabullante rechazo reflejado en las redes sociales, el encono de empresarios de todos los tamaños y la irritación social casi generalizada que sobrevinieron apenas entraron en vigor los precios actuales.
Fue tal el embate público contra el gobierno y el presidente que éste inventó un “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” del que nadie se acuerda y que fue criticado severamente –porque no lleva a ningún lado ni resuelve para el grueso de la población los efectos del aumento en las gasolinas– desde el día en que pomposamente se puso en marcha en la residencia oficial de Los Pinos, el 17 de enero pasado.
Luego, para su mala suerte, ocurrió que el día 20 de ese mes tomó posesión el magnate Donald Trump como presidente de Estados Unidos y desde ese día empezó su embestida insólita contra México, que sorprendió, indignó e irritó al país todo y terminó por poner contra la pared al gobierno mexicano y al presidente Peña Nieto, de por sí muy disminuido en la aceptación pública.
En esas condiciones, y menos aún por la solidaridad manifiesta de la sociedad contra las acciones y actitudes de Trump hacia el país, el gobierno se iba a complicar la vida, echándole literalmente más gasolina al fuego.
Cero aumento
Así que se tomó la decisión política de no aumentar de nuevo los precios de las gasolinas y el dísel. Pero ni siquiera se guardaron las formas. Se supone, y así estaba establecido oficialmente, que el viernes 3, una vez que cerraran los mercados financieros y los mercados internacionales del crudo –para saber cómo habían terminado en el día los precios del dólar, el petróleo y las gasolinas–, se anunciarían los nuevos precios.
Pero el gobierno se olvidó de esos factores con los que machacó tanto para decir por qué estaban caras las gasolinas, y anunció antes de las ocho de la mañana del viernes, cuando aún no cerraban los mercados, que no se modificarían los precios ni el día 4 ni el 11 de este mes, como estaba determinado, sino hasta el sábado 18.
Más aún: tan estaba tomada la decisión que un día antes, el jueves 2, la Secretaría de Hacienda preparó un decreto firmado por el presidente Peña Nieto y el secretario Meade que apareció en el Diario Oficial de la Federación desde las primeras horas del viernes 3, mediante el cual los gasolineros, los que importan y los que venden, recibirán un estímulo fiscal adicional al que recibieron los gasolineros de la frontera el 1 de enero con los nuevos precios.
En efecto, según la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), quienes importen o enajenen gasolina menor a 92 octanos (Magna) deberán de pagar 4.16 pesos por litro por concepto de ese impuesto.
En el caso de la gasolina igual o mayor a 92 octanos (Premium) esa cuota es de 3.52 pesos por litro. Para el dísel, de 4.58 pesos por litro.
La ley del IEPS dice que esas cantidades “se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año”. Sin embargo, para efectos del incremento de precios del 1 de enero pasado, Hacienda decidió darle un estímulo fiscal a los gasolineros, es decir, bajarles el monto de la cuota por concepto del IEPS.
De los 4.16 pesos que la ley determina para cada litro de gasolina Magna, Hacienda se los bajó a los gasolineros a 3.18 pesos a partir del 1 de enero. Para la Premium, de 3.52 pesos por litro, bajó la cuota a 2.59 pesos por litro. Y para el dísel, de 4.58 pesos, a 3.59 pesos por litro.
Esos estímulos sólo aplicaron para los importadores y vendedores de combustibles ubicados en la franja fronteriza. Pero el decreto del jueves 2, publicado en el Diario Oficial el viernes 3, no sólo aumenta más el estímulo fiscal, sino que lo generaliza para todos los gasolineros e importadores de esos combustibles.
En efecto, en las disposiciones de ese decreto, que entraron “en vigor a las 04:00 horas del día 4 de febrero de 2017 y concluirá su vigencia a las 03:59:59 horas del día 11 del mismo mes y año” –dice textual el Diario Oficial–, se advierte la reducción adicional en las cuotas que deben pagar los empresarios de la gasolina y que forman parte del precio a los consumidores finales.
Por cada litro de gasolina Magna se pagará en ese periodo una cuota de 2.57 pesos, que son 1.63 pesos menos de lo que señala la ley. Para la Premium, la cuota es de 3.48 pesos, 37 centavos menos. Y para el dísel, es ahora de 3.12 pesos, 1.45 pesos menos de lo que marca la ley.
Se dimensiona mejor el estímulo fiscal para los gasolineros si se considera el llenado de un tanque de gasolina de un automóvil chico, de 40 litros, por ejemplo. Mientras el usuario paga casi 640 pesos por llenar su tanque con gasolina Magna, los vendedores, que debían pagar una cuota de ley, por concepto de IEPS, de 166.40 pesos, ahora sólo pagan 102.80 pesos; es decir, un descuento o “estímulo fiscal”, 63.60 pesos, el 38.2%, que debe asumir el fisco federal… es decir, los contribuyentes todos del país.
Si se llena el tanque de 40 litros con gasolina Premium, el consumidor final pagará 712 pesos. Pero el dueño de la estación de servicio sólo paga ahora una cuota de 139.32 pesos, que es casi 1.50 pesos menos de lo que marca la ley.
En el caso del dísel, que cada vez se usa más, el consumidor paga 682 pesos por llenar su tanque de 40 litros. La cuota actual para el gasolinero es de 125.18 pesos, cuando la ley establece que debería pagar 183.20 pesos por vender esos 40 litros. El estímulo es de 50.04 pesos o 31.7%.
En conclusión, mientras el consumidor final seguirá cargando con los precios del gasolinazo del 1 de enero (en promedio nacional, aumento de 14.5% en la Magna; 20.1% en la Premium, y 16.5% en el dísel), los importadores y vendedores de gasolinas son beneficiados con un generoso estímulo fiscal.
Éste sin duda repercutirá en una merma en la recaudación por concepto del Impuesto sobre Producción y Servicios, como el propio secretario Meade aseguró a Proceso en una inconclusa entrevista, el 4 de enero pasado:
“Calculamos que deben ser más o menos entre 40 mil y 45 mil millones de pesos menos, con cargo a la reducción que desde el gobierno se asume del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios”, le dijo al reportero.
Esa era la reducción estimada en los ingresos, con el estímulo fiscal a gasolineros de la franja fronteriza, de principios de año, y la reducción misma de la tasa del IEPS que forma parte del precio final al consumidor.
Obvio que la pérdida será mayor ahora con un estímulo aún mayor, y generalizado para todos los empresarios de la gasolina.
Dicho estímulo y el mantener los precios de las gasolinas establecidos el 1 de enero, a final de cuentas son la prueba de que se trató de una decisión más política que económica la de mantener los precios sin cambio hasta el 17 de febrero.
En principio, muestra que parte de la lógica que subyace en el aumento de los precios y la ampliación del estímulo fiscal es el ánimo de incentivar a los gasolineros, de hacerles más atractiva la inversión no sólo para importar gasolinas, sino para poner más estaciones de servicio, para crear las infraestructuras propias del caso –transporte, almacenamiento, distribución y demás– y, por supuesto, darles la garantía de un mayor margen de utilidades.
Todo ello, claro, a costa del bolsillo de los consumidores y aun del propio gobierno, que prefiere recaudar menos con el fin de hacerles más atractivo el negocio a los gasolineros, a los ya establecidos y a los nuevos.
Una decisión errónea
La decisión de mantener los precios también contradice la lógica del discurso oficial. Y lleva a cometer los mismos errores que ahora el gobierno critica de sexenios anteriores, que subsidiaban la gasolina.
No mover los precios el día 4, ni el 8 ni el 11 ni el 15 de febrero –en las dos primeras semanas completas de este mes se modificarían los precios en dos ocasiones cada una, según el cronograma oficial– significaría, siguiendo la lógica del discurso gubernamental, que las autoridades tienen una bola de cristal y ya saben cómo van a estar en esas fechas los precios internacionales del petróleo y las gasolinas, el nivel del tipo de cambio y los costos de logística para los gasolineros.
La realidad es que el gobierno se olvidó de la lógica del mercado que permeaba en su discurso en favor del alza a las gasolinas. Y pasó a hacer lo que siempre hicieron los gobiernos anteriores y el actual en su primera mitad, en mayor o menor medida, que fue administrar y subsidiar los precios reales de la gasolina.
En la entrevista con Proceso, Meade aseguró algo que hoy se contradice con la decisión tomada el viernes 3:
“El gobierno no puede influir sobre el costo del petróleo, no puede influir sobre el costo de la molécula (el crudo). Y frente a un incremento muy importante del costo de la molécula, lo que hizo fue reducir su impuesto (el IEPS) para aminorar el impacto. ¿Hasta cuánto puede reducir el impuesto? Sus capacidades están acotadas porque ha cambiado la circunstancia del país: por ejemplo, durante la anterior administración la plataforma promedio de producción petrolera era más o menos 2.7 millones de barriles de petróleo; este año va a ser apenas superior del millón 900 mil. Por tanto, hay menos capacidad de generar excedentes.
“Además, la mezcla mexicana en el presupuesto (en el sexenio anterior) era de 42 dólares, un poco superior a lo que estamos viendo hoy, pero en el pasado, en donde se generaron esos recursos excedentes, tú tenías excedentes del precio del petróleo sobre el precio del presupuesto de unos 35 dólares y una plataforma que era superior en casi 700 mil barriles diarios a la de ahora, por lo que tus grados de libertad eran mayores.
“Yo, aun así, creo que no debieron de haberse utilizado (esos excedentes) para mantener el precio artificialmente bajo, pero tenías los recursos para hacerlo, y ahora estructuralmente no los tienes.”
Y, sin embargo, lo hicieron.
Y, vueltas que da la vida: fue el propio Meade quien en 2012, último año de la administración del panista Felipe Calderón –él mismo como secretario de Hacienda, por primera vez–, avaló un subsidio a las gasolinas de más de 203 mil millones de pesos, cantidad similar a la que ahora dicen el presidente y él mismo que hubiera costado si no se aplica el gasolinazo del 1 de enero.
Fue el segundo mayor subsidio en la historia. El primero fue de 217 mil 609 millones, en 2008, también en el gobierno de Calderón –Meade como subsecretario de Ingresos de la SHCP, que encabezaba Agustín Carstens–, pero que en parte se justificó por los efectos de la megacrisis financiera internacional que hizo desplomarse en forma dramática la economía nacional al año siguiente.
Este reportaje se publicó en la edición 2101 de la revista Proceso del 5 de febrero de 2017.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/473369/gasolinazo-las-trampas-del-gobierno
CIUDAD DE MÉXICO: Como lo hizo desde su campaña y en el arranque de su gobierno, Donald Trump sigue con su estrategia de agarrar a México como su costal de entrenamiento para mantenerse en el ring en una pelea donde lo mismo lanza golpes contra mexicanos que contra alemanes, australianos, árabes y todo aquel que se cruce en el camino.
Pero cuando ya no aguanta el golpeteo el presidente Trump recula y se saca del guante algún golpe bajo que, sin embargo, pierde su efectividad porque se topa con la pared del sistema de justicia, el Congreso, los medios y la sociedad estadunidense que lo ha parado en seco.
Mientras tanto, en su reiterada idea de construir el muro en la frontera con México, el equipo de Trump ha salido con la idea de que serán los cárteles mexicanos de la droga quienes pagarán la construcción de esa barda fronteriza que nos hace recordar los tiempos en que los imperios intentaban vanamente protegerse de los enemigos con murallas y fosas alrededor de sus castillos.
La idea de que sean los recursos fiscalizados a los cárteles mexicanos los que sustenten los gastos que implicará la construcción del muro, forma parte de un conjunto de iniciativas de Trump y su equipo para salir adelante, a como dé lugar, con sus ambiciosos proyectos. Una de esas ideas igualmente peligrosas es enviar tropas militares estadunidenses a México para combatir a los narcotraficantes.
Con estas dos ideas, Trump ha subido a su ring a los “bad hombres”, a los cárteles de la droga no sólo mexicanos sino de América Latina y de Estados Unidos que suministran y comercializan los enervantes que inundan el mercado de consumo más grande en el mundo, el de los adictos estadunidenses.
Trump ha puesto la mira en los cárteles de la droga mexicanos y de varios países que han tomado un poder importante tanto en México como en los Estados Unidos, donde se lava la mayor parte de las multimillonarias ganancias y desde donde viene el suministro de armamento.
De ahí que una de las preguntas necesarias que habría que hacerse es cómo van reaccionar los grupos criminales estadunidenses, italianos, rusos, mexicanos, colombianos, peruanos, venezolanos, salvadoreños, etc., cuando se les quieran cortar las rutas del tráfico y bloquear los circuitos financieros que son donde se llevan las ganancias estratosféricas.
En el tráfico de las drogas que se consumen en los Estados Unidos no están únicamente los grupos criminales mexicanos y latinoamericanos, hay de muchos países que están involucrados en el trasiego y en el lavado de miles de millones de dólares.
Difícilmente todos estos grupos se quedarán con los brazos cruzados viendo que su negocio se acaba o que disminuyen sus ganancias con medidas migratorias como la construcción del muro o la intervención del Ejército estadunidense en la guerra contra el narcotráfico, una medida policiaca militar que en México y en otros países ya demostró su ineficacia.
Las consecuencias fatales de la idea de Trump de meter a su loca pelea al crimen organizado o a los cárteles de la droga podrían tener las peores consecuencias para los Estados Unidos, un país donde, según su Departamento de Justicia y Consejo de Relaciones Exteriores, entre 2001 y 2011 los incidentes relacionados con armas de fuego dejaron 40 veces más muertos que los ataques calificados por las autoridades de “terroristas”.
Los “bad hombres”, el crimen organizado, los cárteles de la droga no sólo operan fuera, sino que están dentro de Estados Unidos y quizá sean los más importantes y peligrosos porque no se tratan de campesinos como “El Chapo” Guzmán convertidos en las cabezas de grupos que cosechan, producen o transportan los enervantes, sino de personajes que forman parte de los sistemas financieros y bancarios o de la industria del armamento, cuyo poder sale públicamente sólo cuando se tocan sus intereses.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/473583/trump-los-bad-hombres
Los haitianos que llegaron a Tijuana, Baja California, para alcanzar Estados Unidos, formaron filas en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) desde las 7 horas para buscar regularizar su estancia en México, en lugar de llegar a territorio estadounidense donde podrían ser deportados por las políticas migratorias del presidente Donald Trump.
Alrededor de 209 personas, de las 14 mil que se encuentran varadas en Tijuana y Mexicali, consiguieron una ficha para tramitar su estancia permanente en México y tener oportunidad de trabajo.
Mientras tanto, los migrantes africanos y haitianos que llegaron en el 2016 a las ciudades de Baja California viven en albergues en condiciones precarias, sin agua, sanitarios ni alimentos y en hacinamiento, por lo que varios se ven obligados a dormir en comedores públicos, casas y calles.
Gran parte de los haitianos que llegan a Baja California vienen desde Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia, pues es donde residían luego del temblor del 2010 que terminó con la vida de más de 200 mil personas y redujo a escombros gran parte del territorio nacional. Sin embargo, por las crisis económicas que atraviesan dichos países, los haitianos perdieron sus trabajos, lo que los motivó a trasladarse a Estados Unidos. Por otro lado, Brasil les ofreció empleo en las construcciones para las Olimpiadas que se celebraron en Río el verano pasado, pero luego de que concluyeron fueron despedidos.
Ahora, los migrantes temen cruzar la frontera y prefieren esperar un milagro. Las políticas antimigratorias de Trump tuvieron efecto en sus proyectos de marcha, por lo que ahora prefieren quedarse en la situación en la que están en México.
En octubre, se calculó que cada día 300 haitianos llegaron a territorio mexicano con la esperanza de cruzar a Estados Unidos, pero la elección de Trump del 8 de noviembre cambió las cosas. Días después se solicitó la creación de un fondo especial para garantizar la protección y atención a los migrantes haitianos y africanos, el cual debería conformarse con recursos del gobierno federal, de las 32 entidades del país, de la iniciativa privada y de la comunidad internacional. A pesar de ello, las condiciones en las que viven continúan precarias.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/haitianos-buscan-quedarse-tijuana-no-deportados-estados-unidos/
Article 19, el organismo que defiende la libertad de expresión y a los periodistas, denunció a través de redes sociales que la impunidad que cubre a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, no solo es por el desvío de miles de millones de pesos del erario público durante su gestión, sino también por el asesinato de 17 periodistas y tres más desaparecidos.
Article 19 hace el recuento en una infografía de los 17 asesinatos cometidos durante el mandato de Javier Duarte, ahora “prófugo”, desde el homicidio de Misael López Solana de Notiver el 20 de junio de 2011 hasta la muerte de Pedro Tamayo, reportero de Al Calor Político, el 10 de julio de 2016.
En el listado están también Anabel Flores del Sol de Orizaba, Regina Martínez de Proceso, Moisés Sánchez de La Unión y Gregorio Jiménez de Notisur.
Permanecen desaparecidos Sergio Landa del Diario Cardel desde enero de 2013, Miguel Morales, del Diario de Poza Rica, desaparecido en julio de 2012 y Gabriel Fonseca de El Mañanero desde septiembre de 2011
Es importante señalar que Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció a México como el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo, ya que en seis años, de 2000 a 2016 han sido asesinados 99 periodistas y dentro del país, Veracruz es el estado con mayor incidencia en los hechos con 19 periodistas muertos, 17 de los cuáles fueron ejecutados durante la gestión de Javier Duarte.
La organización Reporteros Sin Fronteras realizó el informe “Los periodistas frente al miedo” donde presentó los resultados de una misión especial que analizó la situación de los comunicadores, especialmente durante el sexenio de Duarte.
“Veracruz es el lugar más peligroso del Continente para los medios de comunicación, en un México que oficialmente no se encuentra en guerra, pero que padece desde hace décadas el flagelo y la violencia de los cárteles de la droga” señala en el documento Emmanuel Colombié, director de RSF para América Latina.
INFOGRAFÍA
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/impunidad-javier-duarte-no-solo-desvio-recursos-17-periodistas-asesinados-article-19/
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: El gobierno estatal ofreció una disculpa pública a 25 campesinos que fueron víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos luego de ser perseguidos y encarcelados injustamente durante el sexenio del exmandatario y ahora cónsul en Orlando, Florida, Juan Sabines Guerrero.
En palacio de gobierno el subsecretario de Segob, Roberto Campa Cifrián, y el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, encabezaron la ceremonia donde se ofrecieron disculpas a los 25 campesinos por el maltrato y los dos años de encarcelamiento que sufrieron en la pasada administración.
Al acto, donde los funcionarios ofrecieron este acto de disculpa pública tras un acuerdo conciliatorio con la organización campesina derivado de la recomendaciones 64/2011 y 11/2013, también acudió el visitador general de la CNDH, Ismael Eslava Pérez.
La mayoría de los hombres y mujeres agraviados forman parte del Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri), adheridos a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN), cuyo líder Francisco Jiménez Pablo también estuvo preso a lo largo de tres años.
“En cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo autónomo con el que colabora permanentemente el gobierno de Chiapas para velar por las garantías individuales de las y los chiapanecos, nos reunimos hoy para ofrecer una disculpa pública a las víctimas de los hechos ocurridos el 7 de abril y 4 de julio de 2010, cuando fueron conculcados sus derechos humanos a quienes hoy quiero refrendar mi solidaridad por los agravios padecidos”, dijo Gómez Aranda a nombre del mandatario estatal Manuel Velasco Coello.
Entre los agraviados estuvieron Francisco Javier Jiménez Pablo, Elvia Pérez Balboa, Juan Jiménez López, Tereso Morales Roblero, Daniel Vázquez Mendoza, Luis Alpuche Reyes, Juan López Roblero, Simón Jiménez López, Francisco Aguilar Gómez, Everneo Velázquez Agustín, Miguel Luna Hernández, Marbel Zunún López y Priscilo Morales Morales.
Además, Francisco Luna Hernández, Pedro Raymundo Silva, Darinel Roblero Bartolón, Eliezer Hernández Luna, Roberto Ramírez Roblero, Calixto Roblero Roblero, Arturo Jiménez Mendoza, Santos Salas Vázquez, Hipólito Ramírez de León, Miguel Jiménez Pérez, Miguel Ángel Roblero Roblero y Emmanuel Pérez Morales.
En su intervención, Roberto Campa destacó que este evento es una valiosa oportunidad para fortalecer el compromiso con la legalidad, ya que nadie tiene razón cuando se transgrede el derecho de los demás y sólo las sociedades dispuestas a vivir en el respeto a la ley garantizan la convivencia y el desarrollo armónico.
Por su parte, el visitador Ismael Eslava Pérez precisó que en un estado democrático, apegado a la legalidad, es necesario encontrar un equilibrio entre el legítimo ejercicio de las autoridades y el respeto a los derechos fundamentales de las personas, una condición fundamental para la convivencia pacífica y el fortalecimiento institucional basado en el marco del respeto.
En representación de las víctimas, el dirigente del Mocri-CNPA-MN, Francisco Jiménez Pablo, resaltó que el diálogo constructivo que esta organización inició con la actual administración es lo que ha permitido seguir avanzando hasta llegar hasta este momento, donde inicia el proceso de reparación de daños por los hechos ocurridos en 2010.
Al terminar el acto, Jiménez Pablo dijo que si bien ya se formalizó la disculpa pública y habrá reparación monetaria por los daños ocasionados, sigue siendo grave que sigan sin castigo los servidores públicos que cometieron y ordenaron estos atropellos, entre ellos el procurador Raciel López Salazar.
Además cuestionó que el exgobernador que ordenó estas violaciones graves fue “premiado” con el consulado en Orlando.
“Sabines Guerrero debería ser cesado el cargo, no sólo por los graves abusos del poder sino por toda la corrupción que dejó a su paso en Chiapas”, sentenció Jiménez Pablo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/473663/ofrecen-disculpas-a-campesinos-chiapas-encarcelados-injustamente-gobierno-sabines
MADRID: La Policía Nacional española investigó supuestos pagos ilegales de Jordi Pujol Ferrusola –primogénito del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol Soley– a Ana Cristina Fox de la Concha, hija de Vicente Fox, el presidente mexicano de 2000 a 2006, por el supuesto alquiler de un inmueble en la Ciudad de México.
Según la vasta investigación contenida en el informe 19.150 del Grupo 24 la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que Apro tuvo acceso, se da la coincidencia que en el sexenio de Fox, a Pujol Ferrusola le fueron otorgadas licencias de apuestas por la Secretaría de Gobernación.
“Tenemos la certeza de la existencia de al menos una resolución favorable a los intereses de Jordi Pujol Ferrusola decretada por la administración dirigida por Vicente Fox”, que fue el otorgamiento de 106 licencias de apuestas, apunta el informe fechado el 26 de mayo de 2016.
La investigación española en poder del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, pone al descubierto los supuestos pagos desde Iniciatives Marketing i Inversions, la sociedad de Pujol Ferrusola y su esposa Mercé Gironés, a la persona que identifican como la hija de Fox.
Entre diciembre de 2009 y julio de 2011, la empresa Iniciatives Marketing i Inversions realizó pagos mensuales a Ana Cristina Fox de la Concha y a una tercera persona, Erik Rodrigo Taracenas Oliveras, por un total de 45 mil 717 euros, por el supuesto arrendamiento de un inmueble en la Ciudad de México, cuya dirección no se identifica.
Los pagos se hicieron a dos entidades bancarias. La primera a nombre del banco BBVA Bancomer, cuya beneficiaria es Ana Cristina Fox, y otra de Banamex, cuyo beneficiario es Taracenas Oliveras.
El primer pago de diciembre de 2009 era para la fianza del alquiler del inmueble, según concluye la policía. Durante 2010 se transfirieron 38 mil 730 euros y otros 14 mil 603 euros en 2011.
Los investigadores precisan que en las declaraciones y documentación incautada a Jordi Pujol Ferrusola y a sus empresas no aparece ningún documento que ampare el alquiler de dicho inmueble, pese a ser deducible de impuestos.
También sospechan que se trate de un presunto soborno, debido a que en sus visitas a México se tiene acreditado que Pujol se hospedaba en hoteles.
El concepto de los pagos es el supuesto alquiler de una vivienda en la Ciudad de México que aparece a nombre de la empresa Ecrem S.A., la misma sociedad que Pujol utilizó para la construcción y el desarrollo del hotel El Encanto, en Acapulco, Guerrero, que la revista Proceso dio a conocer en julio de 2013.
El informe aborda otros movimientos de dinero hechos por Pujol Ferrusola a otras personas vinculadas con actividades políticas en México, que oscilan en 1.5 millones de dólares y medio millón de euros, el 25 de junio de 2015.
En aquella información publicada en México por Proceso, la policía española y una expareja de Pujol, Victoria Álvarez, sostienen que el primogénito del presidente Pujol Soley “es socio al 20% de Carlos Riva Palacio Magaña”, a quien otro informe de la UDEF identifica como “principal accionista del casino Royale”, de Monterrey, Nuevo León.
El nuevo informe –fechado el 26 de mayo de 2016– amplía lo que se conocía en 2013, cuando Proceso hizo la publicación, en el sentido de que Promociones e Inversiones de Guerrero S.A. de C.V. fue una de las sociedades beneficiadas con los permisos para centros de apuestas que otorgó el entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel, al final del sexenio de Vicente Fox.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTIÉRREZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/473615/hija-vicente-fox-aparece-en-investigacion-corrupcion-en-espana
CELAYA, Gto: Las procuradurías de justicia y de derechos humanos del estado investigan una denuncia hecha por la madre de una alumna de la secundaria técnica 17 de San Nicolás de los Agustinos, en Salvatierra, la cual resultó intoxicada luego que presuntamente dos de sus compañeras pusieron una sustancia plaguicida en un lácteo que la estudiante ingería durante un receso.
Tras el incidente, la alumna Sara N. fue llevada al Hospital General de Salvatierra, en donde estuvo internada entre el miércoles 1 y el lunes 6 de febrero, tras presentar un fuerte dolor de abdomen, náuseas, vómito y mareos.
Ante la denuncia hecha por la madre de la menor, la Procuraduría de Justicia estatal y la de los Derechos Humanos iniciaron, respectivamente, la carpeta de investigación 11103/2017, y el expediente de queja 15/17-E, éste último de manera oficiosa, informó el organismo.
Según los datos consignados, la menor era víctima de bullying por parte de sus compañeras, luego de alguna diferencia por el que rompieron su amistad, y así lo había externado a la familia.
El miércoles, durante un receso del taller de agricultura, el profesor de la materia habría prestado las llaves del almacén bajo su cargo a las dos alumnas referidas, las cuales pusieron la sustancia plaguicida en una bebida Yakult, que Sara había dejado a medio beber y que posteriormente continuó tomando.
Fue entonces cuando la menor comenzó a presentar los síntomas de la intoxicación.
La madre de la menor no fue avisada de inmediato, y también señaló al director del plantel por intentar convencerla –cuando la alumna ya estaba hospitalizada- de que el asunto no pasara a mayores.
De acuerdo con el dictamen pericial de la Procuraduría de Justicia, la menor presentó intoxicación por órgano fosfatos, informó el subprocurador René Urrutia de la Vega.
Urrutia dijo que conforme avance la indagatoria, de encontrarse datos de prueba que apunten a la responsabilidad de las dos compañeras de Sara, la carpeta será turnada a la agencia especializada en justicia para menores.
En tanto que la Procuraduría de Derechos Humanos dio a conocer que solicitó medidas cautelares para salvaguardar a la menor, así como los informes respectivos a la Secretaría de Educación del estado (SEG), una vez que la madre de Sara ratificó la queja iniciada de oficio, en contra del personal de la secundaria 17.
Al respecto, la Secretaría de Educación informó que el mismo miércoles el director de la escuela reportó el caso al Departamento jurídico de la delegación regional y que, supuestamente, aplicó un protocolo contra la violencia escolar.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/473646/guanajuato-alumnas-secundaria-intoxican-a-companera-al-poner-plaguicida-en-bebida-pgj-investiga-caso
Entre el domingo y el martes se registraron tres enfrentamientos que dejaron una docena de muertos, entre ellos un militar. Una de las balaceras se registró mientras se jugaba la final de la Serie del Caribe.
En las últimas 72 horas se han registrado tres balaceras en diferentes puntos de Sinaloa, dejando 12 personas muertas, confirmó la Procuraduría del estado.
El domingo se registró un enfrentamiento que dejó dos personas fallecidas.
En la madrugada del martes cinco presuntos delincuentes y un soldado de la Marina Armada de México murieron tras un enfrentamiento armado en la colonia Villas del Real.
Durante la madrugada, en la capital del estado de Sinaloa, miembros de la Marina Armada “fueron agredidos por disparos de arma de fuego cuando realizaban patrullajes en la zona por un grupo de sujetos fuertemente armados que viajaban en varios vehículos, por lo que repelieron la agresión”, indica un comunicado de la fiscalía local.
Los peritos “localizaron a cinco civiles del sexo masculino sin vida, todos ellos jóvenes, que portaban chalecos tácticos, cargadores y fusiles AK-47 y AR-15, quienes presentaban impactos de bala en distintas partes del cuerpo”, añade el parte, al precisar que un elemento de la Marina también falleció “por las mismas causas”.
Por este caso, las autoridades incautaron una camioneta con impactos de bala, cinco rifles y 250 casquillos percutidos.
Este fin de semana se desarrollaron en Culiacán los encuentros de la Serie del Caribe de Béisbol, que enfrentó en la final este martes a México contra Puerto Rico.
Justo cuando México buscaba el título la tarde del martes se registró otro enfrentamiento en la intersección de la carretera 50 y 20, frente a una gasolinera en Villa Juárez, Navolato, que causó la muerte a cuatro personas por disparos de arma de fuego, confirmó la procuraduría del estado.
Las autoridades localizaron cuatro vehículos, en uno de ellos hallaron cargadores y cartuchos útiles para arma AK47, armas de menor calibre y chalecos antibalas, de acuerdo con información de la procuraduría estatal.
Sinaloa, tierra del encarcelado capo Joaquín el Chapo Guzmán, forma parte junto con los vecinos Chihuahua y Durango del “Triángulo Dorado”, tierra de cultivos de marihuana y amapola, así como de rutas de narcotráfico a Estados Unidos disputadas por cárteles antagónicos.
Con frecuencia, en esta zona hay enfrentamientos armados entre delincuentes así como con las fuerzas armadas desplegadas para combatirlos.
El 30 de septiembre pasado, criminales perpetraron en Culiacán una espectacular emboscada contra militares que dejó cinco soldados muertos, diez heridos y un paramédico herido.
Más de 177,000 personas han sido asesinadas en México desde diciembre de 2006, cuando el gobierno lanzó un combate militar contra los cárteles de la droga, según cifras oficiales que no especifican cuántos de esos casos están relacionados con el crimen organizado.
Los homicidios habían disminuido desde 2012, pero a partir de 2015 volvieron a repuntar: 2016 cerró con 20,789 asesinatos contra 17,034 el año anterior.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/mexico-6-muertos-en-balacera-en-culiacan/
Ciudad de México. La presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), Ximena Puente de la Mora, se comprometió en el Senado a solicitar al gobierno federal las cifras sobre los recursos recibidos por México a través de la Iniciativa Mérida y los gastos que las secretarías de la Defensa y la Marina han realizado en los últimos 10 años para la compra de armamento y equipo utilizado en la lucha contra el crimen organizado.
Durante su comparecencia ante el pleno del Senado, donde rindió su informe de labores, el coordinador del PRD, Manuel Bartlett, le pidió esa información, toda vez que, expuso, de acuerdo con reportes en Estados Unidos, el gobierno mexicano ha recibido a través de la Iniciativa Mérida más de 2.5 millones de dólares en equipo y entrenamiento, pero su gasto en armamento y suministros triplica esa cifra.
El senador Bartlett detalló que en el Informe Anual que el jefe del Comando Norte (Northcom) almirante William E. Gortney rindió en 2014 ante el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Senadores, sostuvo que ese año “marcó un hito histórico” en la relación bilateral con México, ya que el país “dio un paso sin precedente al acercarse al Departamento de Defensa para adquirir equipo militar de Estados Unidos por medio del programa de ventas militares”.
Es decir, recalcó el coordinador perredista, “en dos años y medio de gestión de Enrique Peña Nieto México ha comprado a Estados Unidos municiones, helicópteros y vehículos militares por 3 mil 500 millones de dólares”. Se adquirieron, detalló, 30 millones de balas y proyectiles, más de 20 helicópteros, UH -60 black Hawk y 2 mil 200 vehículos militares multipropósito Humvee. Se trata de “un volumen cien veces mayor que en años anteriores”.
El legislador pidió a la presidenta del Inai corroborar esa información y precisar cuál es el monto que la actual administración ha erogado en armamento y suministros para el combate al narcotráfico, cuáles son los proveedores y la modalidad de compra, si fue a través de licitación pública, invitación o asignación directa.
“Tomo nota de sus requerimientos”, respondió la presidenta del Inai. Agregó que es necesario dar seguimiento al uso de los recursos públicos.
Durante su intervención inicial expuso que de octubre de 2015 a septiembre de 2016 hubo un incremento considerable de las solicitudes de información, de 83.3 por ciento con relación a un año anterior, ya que hubo más de 202 mil requerimientos.
La Suprema Corte de Justicia, como sujeto obligado recién incorporado, recibió el mayor número de solicitudes, 49 mil –de las que sólo 0.28 por ciento de sus respuestas fueron impugnadas ante el Inai– y le siguieron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Consejo de la Judicatura Federal.
El mayor tema de interés, detalló, sin duda es el de la justicia, seguido por el de salud. A punto de concluir su gestión de tres años al frente del Inai, Puente de la Mora respondió a cuestionamientos de cada uno de los grupos parlamentarios.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/08/inai-pedira-al-gobierno-reporte-sobre-recursos-de-iniciativa-merida
CHILPANCINGO: Los padres del menor que murió por intoxicación de Methotrexate después de recibir quimioterapia en el Instituto de Estatal de Cancerología Dr. Arturo Beltrán Ortega (Iecan), presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del estado (FGE), y una queja ante la Comisión estatal de Derechos Humanos (Codehum), en contra del gobierno de Héctor Astudillo Flores por el delito de homicidio, suministro de medicamento inadecuado y violación a la convención de los derechos de la infancia.
De esta forma, las víctimas exigieron que se investigue este caso que pretendieron ocultar las autoridades estatales y se finque responsabilidad a funcionarios y médicos del nosocomio que decidieron sustituir medicamento de patente por fármacos genéricos no apto para tratamiento oncológico en agosto pasado, indicaron en entrevista con Apro.
Al respecto, José Zuñiga López y Heidy Camargo Díaz, los padres del menor, quien falleció a principios de agosto de 2016 porque le suministraron Methotrexate genérico, señalaron que esperan que la investigación no sólo sancione a los responsables conforme a la ley, sino marcar un parteaguas con el propósito de que el gobierno de Astudillo contrate personal médico especializado para que los niños y pacientes que padecen cáncer en la entidad tengan una atención de calidad y no mueran por actos de corrupción de funcionarios estatales.
Esta mañana, los padres de la víctima acudieron a la sede de la Coddehum en esta capital e interpusieron una queja para que investiguen este caso argumentando que funcionarios y médicos del Iecan, así como representantes del gobierno estatal y la Secretaría de Salud en la entidad violaron los derechos a la vida contemplados en la declaración universal de los derechos humanos y la convención de los derechos de la infancia.
También informaron que previamente habían acudido a la sede de la FGE, donde denunciaron a las mismas autoridades del gobierno de Astudillo por los delitos de “homicidio, así como responsabilidad profesional, omisión de cuidado, abandono, negación o práctica indebida del servicio médico, suministro de medicamento inapropiado y suministro simulado de medicamento”.
Lo anterior luego de que Proceso dio a conocer que una semana después de que el menor falleció, los médicos especialistas del Iecan denunciaron que los directivos del nosocomio habían sustituido el medicamento de patente por fármacos genéricos que no cumplen con los estándares de calidad –como “estudios de bioequivalencia, farmacocinética y eficacia”– en la aplicación de quimioterapias y tratamiento de pacientes oncológicos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/473640/padres-menor-fallecio-intoxicado-quimioterapia-demandan-al-gobierno-astudillo
CHILPANCINGO: Un miembro de la Marina, que presuntamente realizaba labores de inteligencia encubierto, fue ejecutado en la colonia Emiliano Zapata del puerto de Acapulco, donde posteriormente se registró un enfrentamiento entre sicarios y militares que arribaron a la zona controlada por el narco para rescatar el cuerpo de su compañero.
Reportes oficiales indican que cerca de las 21:00 horas del martes se reportó un homicidio entre las calles 13 y 18, afuera de un deportivo, luego de que dos hombres y una mujer arribaron a la zona a bordo de una ostentosa camioneta Nissan Modelo Titán sin placas.
Enseguida, los tres civiles fueron interceptados por un grupo de sicarios y al oponer resistencia uno de ellos fue ejecutado y sus acompañantes, identificados como Sherlyn y Ángel, resultaron heridos.
Posteriormente, arribó un convoy de la Marina a la zona para rescatar al civil asesinado y los dos heridos, situación que desencadenó un enfrentamiento que se prolongó durante varios minutos en este lugar donde las balaceras y ejecuciones ya se han vuelto comunes.
En un comunicado oficial, la Secretaría de Marina Armada de México confirmó el saldo de un muerto y dos heridos, y señaló que se trataba de personal naval que había sufrido una agresión directa por parte de un presunto grupo criminal, cuando sus efectivos realizaban un recorrido de vigilancia en la colonia Emiliano Zapata.
No obstante, la Marina no explica por qué los militares se desplazaban a bordo de una lujosa camioneta particular sin placas en una zona donde es común que sicarios instalen retenes en la zona urbana de Acapulco para mantener en control de las calles y barrios ensangrentados por la brutal confrontación que mantienen pandillas en el principal destino turístico de la entidad.
Ardillos bloquean vía federal para exigir salida del Ejército de Chilpancingo
En Chilpancingo, policías comunitarios del poblado de Petaquillas vinculados con el grupo delictivo de Los Ardillos, así como pobladores y taxistas de los municipios de Mochitlán y Quechiltenango, bloquearon durante más de siete horas la carretera federal México-Acapulco para exigir la salida del Ejército de esta franja de la entidad dominada por la banda que dirige la familia del dirigente perredista, Bernardo Ortega Jiménez.
A pesar de que el gobierno de Héctor Astudillo atribuyó la protesta a la delincuencia organizada, los manifestantes doblaron a las autoridades y liberaron la vía federal tras pactar una reunión privada con funcionarios estatales planteada para este miércoles.
Los policías comunitarios y transportistas, encabezaos por autoridades de los poblados de Petaquillas, Colotlipa, Mochitlán y Quechultenango, bloquearon la carretera de las 14:00 a las 19:30 horas de ayer, para exigir al gobierno de Astudillo el retiro de un campamento militar instalado recientemente en la zona sur de la capital del estado, así como la salida de policías estatales y federales, con el argumento de que la población “ha sufrido intimidaciones”.
De acuerdo con documentos oficiales, esta zona de la región Centro, donde se produce droga sintética y heroína, es controlada por el grupo delictivo de Los Ardillos, afincados en el poblado de Tlanicuilulco y con presencia directa en el poblado de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, donde se asumen como policías comunitarios y operan bajo el manto protector del gobierno estatal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/473589/matan-a-militar-en-acapulco-viajaba-en-lujosa-camioneta-sin-placas-en-zona-narcos
