La Universidad difundió que con bases en los fundamentos anteriores, se incluyó el involucramiento de Chapingo en asuntos relacionados con la construcción del nuevo aeropuerto, por lo que Barrales Domínguez afirmó que la institución y su rectoría “se mantendrán al margen de este tema”.

Por último, hizo un llamado a toda la comunidad universitaria a mantenerse unidos “para garantizar la esencia revolucionaria e independiente que distingue a Chapingo y así cerrar el paso a las intromisiones”.

La Universidad de Chapingo trabaja en proyectos de autonomía agraria e impulsa actividades a favor de las comunidades indígenas y campesinas en México, al ser las más afectadas por las políticas gubernamentales que imponen medidas contra los pueblos.

A finales de enero, el rector de la UACh alertó que el país corre el riesgo de enfrentar una crisis en su soberanía alimentaria y acceso a alimentos de calidad por falta de producción nacional, y que por ello se debe aprovechar la intención del presidente Donald Trump de renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) para sacar de ese acuerdo a la agricultura del país y “prescindir de la comida norteamericana”, impulsar el mercado interno y la producción alimentaria nacional.

Barrales Domínguez dijo que la UACH está lista para participar en la renegociación del TLCAN, en la elaboración de políticas públicas a favor del campo y la creación de mercados locales y regionales de alimentos para cerrarle el paso a los intermediarios y abaratar el costo de los mismos.

Incluso, aseguró, México no solo tiene la capacidad para garantizar la soberanía alimentaria del país, sino también para evitar una hambruna a nivel mundial debido a la biodiversidad que existe en el territorio mexicano.

Añadió que no hay que temerle a las amenazas de Trump, “por el contrario está la posibilidad de recuperar el control alimentario de México”.

Fuente: Desinformémonos

Autor: Redacción

https://desinformemonos.org/universidad-chapingo-presionada-gobierno-difundir-politicas-publicas-alternativas/

Cuando tenía diez años, Mario Etzin Méndez tuvo una pesadilla que era real. Su padre se mudó por trabajo a San Cristóbal de las Casas y toda la familia tuvo que ir con él. Asustado ante esa ciudad tan inmensa comparada con su aldea, en la que la mayoría hablaba un idioma —el castellano— que nunca antes había oído, Mario se quedó sin hablar durante un año. A más de veinte años de aquello, este indígena aún se siente a veces un forastero en tierra propia, pero ha encontrado una forma de exorcizar sus demonios. Todos los días, se sienta en el despacho de la radio clandestina en la que trabaja y difunde las noticias en su idioma nativo, el tzeltal. Desde ahí Mario le habla a comunidades de los Altos de Chiapas, informa de protestas y homicidios, anuncia ferias de verduras y envía mensajes de parientes emigrados en Estados Unidos, y así mantiene comunicados a los indígenas de la zona. Y no es el único. En la región, se calcula que hay al menos otras treinta emisoras que transmiten, sin el permiso del Estado, en áreas donde a menudo la conexión telefónica es escasa o nula.

“Ich’aik spatival a wot’anik (Buenos días, amigos)”, recita Mario en el micrófono. “También hoy les trasmitimos”, continúa, hablando desde una colonia polvorienta y dislocada en los suburbios de San Cristóbal. Es el espacio que le ha concedido una iglesia evangélica, que también paga parte de los gastos. El resto, unos 50 mil pesos mexicanos —2.200 euros—, viene de colectas que se hacen en las comunidades. “No es fácil llevar adelante nuestra lucha. Solo la electricidad nos cuesta siete mil pesos al mes”, se justifica. “El Estado no ayuda y los indígenas nos resistimos a perder nuestro idioma, por eso hay tantas radios comunitarias clandestinas”, añade Mario, cuyo idioma es una lengua ergativa emparentada con el antiguo Maya que ha sobrevivido hasta nuestros días. Por ahora.

El mundo indígena ve cómo la sociedad le hace cortes de manga. Según datos del Instituto de Estadística mexicanos (Inegi), en el país hay alrededor de siete millones de personas que hablan 68 lenguas indígenas que tienen 364 variantes lingüísticas. De estos idiomas, al menos 179 de estas variaciones están en riesgo de extinguirse. Según datos de 2015 del Inali (el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México), 64 están en alto riesgo, 43 en riesgo mediano y 72 en riesgo no inmediato. Y esto, en parte por el avance del inglés, en parte porque muchos de los hablantes indígenas no saben leer ni escribir. Pero también porque las políticas puestas en marcha no han encontrado la forma de promover estos idiomas.

Y eso que, tan sólo en Chiapas, se estima la presencia de 1.7 millones de indígenas —al ser uno de los estados en México con el porcentaje más alto de población originaria—, con una concentración muy amplia en Los Altos y Selva Lacandona, y un total de 12 pueblos representados. Una población que es mayúsculamente marginada por los motivos habituales: la falta de acceso a la educación y al empleo y el hecho de vivir predominantemente en centros rurales, a kilómetros de distancia de los servicios básicos. Algo palpable en Chiapas y reconocido por recientes informes del Consejo Nacional de Población de México. Mientras que otros estudios señalan que alrededor de un 40 por ciento de la población indígena no recibe ningún ingreso y el 42 por ciento tiene menos de un salario mínimo.