Gobierno de Chiapas contrató compañías ligadas a la red de empresas fantasma de Duarte

La red de empresas fantasmas utilizada por Javier Duarte en Veracruz también está involucrada en un posible desvío de fondos en Chiapas, durante el sexenio de Juan Sabines, actual cónsul de México en Orlando, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Tres compañías ligadas a la red fantasma de Veracruz obtuvieron contratos por 118 millones de pesos entre 2010 y 2012 para realizar labores de outsourcing en el Sistema de Trasportes Urbanos de Tuxtla (SITUTSA), en el que el Gobierno de Chiapas tiene participación accionaria del 51%.

Ese sistema –conocido como ‘Conejobus’- fue creado por el Gobierno de Sabines, en sociedad con los transportistas, con una aportación de más de 120 millones de pesos, para la compra de 90 vehículos.

Desde su inicio de operaciones, en 2010, se contrató a una red de empresas para que realizaran labores de outsourcing.

Sabines fue miembro del PRI hasta el año 2006, cuando renunció para ser candidato a la gubernatura por una coalición integrada por el PRD, PT y Convergencia.

En el tramo final de su mandato se distanció del PRD y se vinculó de nuevo con el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto, quien en junio de 2015 lo nombró Cónsul de México en Orlando, donde actualmente reside.

Los contratos

En enero de 2010, el entonces gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, puso en marcha el sistema Conejobús, que es similar al Metrobús de la Ciudad de México, con lo que se buscaba modernizar el transporte público de Tuxtla Gutiérrez.

Para lanzar el Conejobús, el Gobernador aportó fondos públicos para adquirir los vehículos, y en sociedad con los transportistas chiapanecos creó la empresa Sistema de Trasportes Urbanos de Tuxtla SA de CV (SITUTSA), en la que el Gobierno de Chiapas es accionista mayoritario.

Desde su lanzamiento, se cedió la operación del Conejobús a tres empresas veracruzanas, a través de un esquema de outsourcing, en el que suministraban personal para el sistema de transporte y ofrecían servicios de asesoría contable y administración.

Estas empresas de outsourcing son: RAVSAN Servicios Múltiples, que cobró en Chiapas más de 68 millones 600 mil pesos; Comercializadora Pagoli, que recibió 27 millones 850 mil y Corporativo Lizgar, con 22 millones 736 mil pesos. También fue contratada LG Asesores Corporativos SC, uno de cuyos colaboradores fue quien gestionó el registro legal de la marca Conejobús.

Los contratos tenían vigencia hasta 2013, pero una serie de irregularidades detectadas aquel año en una auditoría, forzaron a su terminación anticipada.

La prensa chiapaneca consignó estas irregularidades. En su edición del 16 de junio de 2013, Código Sur publicó que el Conejobús enfrentaba un adeudo fiscal por 32 millones de pesos, mientras que el diario El Péndulo atribuyó este quebranto a las empresas de outsourcing que operaban el servicio de transporte en Tuxtla. “A las empresas de outsoursing el SAT (Servicio de Administración Tributaria) las considera como no indispensables para el desarrollo de la actividad”, citó el Diario de Chiapas, al consignar el resultado de la auditoría.

La red fantasma

Las empresas veracruzanas contratadas por el anterior Gobierno de Juan Sabines en Chiapas, forman parte de una compleja red fantasma que comparte socios y domicilios.

RAVSAN -que es la que cobró el mayor contrato en Chiapas- aportó como domicilio fiscal una humilde vivienda de un piso en la calle Guadalupe 1599, de la colonia Virgilio Uribe, en Veracruz.

Su dueño es Luciano Sánchez Díaz, quien además es socio de Comercializadora Dagú y de Mextic Traffic International SA de CV, otras dos empresas de la red fantasma de Veracruz, que juntas obtuvieron contratos en el Gobierno de Duarte por 24.5 millones de pesos. El otro accionista de RAVSAN se llama Eduardo Ravelo López.

Pese a que aparentemente son prósperos empresarios, en las actas constitutivas ambos socios dijeron habitar en zonas humildes: Luciano Sánchez Díaz en el lote ocho de la calle Olivos, en la colonia Miguel Alemán, y Eduardo Ravelo en un departamento de un maltrecho edificio en el conjunto Infonavit Chivería.

Corporativo Lizgar -otra de las empresas veracruzanas que operaba en Chiapas- tiene como socia a Areli Sulema Galloc, dueña a la vez de Bloques 2DM, firma fantasma que durante el sexenio de Duarte recibió 38 millones de pesos en contratos.

En Corporativo Lizgar también es socio Efraín Infanzón Malpica, quien de acuerdo con las actas obtenidas para esta investigación, es accionista en otras diez empresas. En una de ellas (Desarrollo Decoo) está asociado con Alberto Gómez Aranda y Patricia Ríos Triana, dueños de Desarrolladores Mercalim y AD911 SA de CV, ambas compañías fantasmas que durante el Gobierno de Duarte obtuvieron 36.5 millones de pesos.

Comercializadora Pagoli SA de CV recibió contratos tanto del Gobierno de Chiapas (27.8 millones de pesos) como del que encabezó Javier Duarte en Veracruz (5.7 millones).

Uno de los socios de Pagoli se llama Esteban Marín del Valle, quien a la vez está asociado en otra empresa con René Felipe Cazarín Escobar, dueño de Cymaned, también empresa fantasma de Veracruz.

Tanto en Pagoli como en RAVSAN Servicios Múltiples, el apoderado legal es César Álvarez Alegría, socio de la empresa fantasma Centro de Recursos de Negocios CERENE SA de CV, a quien Duarte le otorgó contratos por 5 millones de pesos.

Mismos domicilios

Hay una cuarta empresa veracruzana que participó en la operación del Conejobús de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se trata de LG Asesores Corporativos SC, que dirige el contador y empresario Víctor Manuel López Gachuz.

El domicilio de LG Asesores Corporativos es Sahagún 123, en el fraccionamiento Virginia, en Boca del Río, misma dirección que aportó Mauricio Bayron González, apoderado legal del Sistema de Trasportes Urbanos de Tuxtla SA de CV (SITUTSA), empresa cuyo accionista mayoritario es el Gobierno de Chiapas.

Bayron González fue quien en 2010 acudió ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a realizar a nombre de la transportista paraestatal los trámites de registro de la marca Conejobús.

Al igual que los socios de las otras compañías contratadas por el gobierno chiapaneco, Bayron González tiene vínculos con operadores de empresas fantasma.

En la empresa SOPS SC está asociado con Fabiola Jacqueline Mundo González, dueña a su vez de la firma fantasma Grupo Balcano SA de CV, a quien el Gobierno de Duarte le dio contratos por 60.7 millones de pesos.

El domicilio que Bayron González aportó ante el IMPI (Sahagún 123) es la sede de una serie de despachos fiscales, todos manejados por el contador Víctor Manuel López Gachuz.

De acuerdo con documentos obtenidos para esta investigación, en uno de esos despachos ha colaborado, como apoderado legal, César Álvarez Alegría, quien participa como socio o representante de al menos tres de las empresas fantasma de Duarte (RAVSAN, CERENE y PAGOLI).

Los vínculos

Empresas contratadas entre 2010 y 2013 para operar el sistema de transporte de Tuxtla, en el que el Gobierno de Chiapas es accionista mayoritario:

RAVSAN SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV

Empresa fantasma de Veracruz

Dueño: Luciano Sánchez Díaz

Representante legal: César Álvarez Alegría

Ambos están ligados a otras tres empresas fantasmas:

Comercializadora Dagu, Mextic Traffic International y CERENE SA de CV

29.5 millones recibieron en contratos de Duarte.

CORPORATIVO LIZGAR, S.A. DE C.V.

Corporativo de Veracruz ligado a socios de empresas fantasma

Socio 1: Areli Sulema Galloc

Dueña de la empresa fantasma Bloques 2DM SA de CV

Socio 2: Efraín Infanzón Malpica

Está asociado en Desarrollo Decoo con Alberto Gómez Aranda y Patricia Ríos Triana

Ambos son dueños de las firmas fantasma Desarrolladores Mercalim y AD911

74.5 millones recibieron en contratos de Duarte.

COMERCIALIZADORA PAGOLI, S.A. DE C.V.

Dueño: Esteban Marín del Valle

Asociado en otra empresa con René Felipe Cazarín Escobar, dueño de la firma fantasma Cymaned.

Representante legal: César Álvarez Alegría

Dueño de la firma fantasma CERENE SA de CV

10.7 millones recibieron en contratos de Duarte.

LG ASESORES CORPORATIVOS SC

Dueño: Víctor Manuel López Gachuz.

Un colaborador está ligado a tres empresas fantasma (Ravsan, Cerene y Pagoli)

Está asociado en otra empresa con Mauricio Bayron González.

Éste, a su vez, es socio de la dueña de la firma fantasma Grupo Balcano.

Esta empresa recibió 60 millones del Gobierno de Duarte.


Byron es el apoderado de Trasportes Urbanos de Tuxtla, empresa del Gobierno de Chiapas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD.
AUTOR: RAÚL OLMOS
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/empresa-fantama-chiapas-sabines/

El peso inicia la semana estable; el dólar se vende en 20.80 máximo en bancos

El dólar inició operaciones esta semana, estable, sin indicadores económicos de relevancia. A nivel interbancario opera en 20.52 pesos, por abajo del precio de cierre del viernes pasado de 20.65 pesos.

La cotización más alta es de 20.80 pesos por dólar de acuerdo con datos de BanBajío, seguida de la de BBVA Bancomer de 20.72; Citibanamex, Santander e Inbursa lo ofrecen en 20.65; Banorte e Ixe en 20.60 y HSBC en 20.55 pesos.

En casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el dólar se vende en 20.06 pesos en promedio y en un máximo de 20.30 pesos. A la compra se adquiere en 19.30 y en un mínimo de 19.10 pesos.

El peso operaba estable este lunes con el mercado a la espera de la comparecencia de la jefa de la Reserva Federal, Janet Yellen, en el Congreso de Estados Unidos esta semana, y a la expectativa en torno a las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió con una marginal variación positiva de 2.12 puntos sin representación porcentual respecto al nivel previo, en espera de catalizadores y reportes corporativos.

La BMV opera en línea con los índices de Wall Street, donde el promedio industrial Dow Jones gana 0.39%, el Standard and Poor’s 500 (S&P500) avanza 0.28% y el Nasdaq 0.36%.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), inicia la semana en un nivel de 47 mil 799.16 unidades, con las emisoras de mayor ponderación en terreno positivo.

A escala mundial los mercados presentan movimientos positivos, luego de que se diera a conocer el dato del crecimiento económico en Japón, de 0.2 %, por debajo del estimado de 0.3 %.

Por el contrario, los precios del petróleo operan con bajas luego del repunte de la semana pasada. El West Texas Intermediate (WTI) baja 1.47%, a 53.07 dólares por barril; mientras que el Brent retrocede 1.66% a 55.76 dólares por barril.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/474218/peso-inicia-la-semana-estable-dolar-se-vende-en-20-80-maximo-en-bancos

La noche del infierno en San Miguel Allende

Antonio Luna solía encerrarse por las noches junto con su esposa Juana y sus tres hijos en la amplia estancia en remodelación de la propiedad que cuidaba, ubicada en la carretera a Dolores Hidalgo, justo donde el entorno comienza a verse escasamente poblado.

Fue en ese lugar, donde la noche del viernes 13 de enero, para la familia Luna Luna comenzó el infierno.

Los hijos de Juana y Antonio, ambos de apellido Luna: Adrián, de 11 años, Gabriel de ocho y Mateo, de cuatro, murieron de un disparo en la cabeza en el marco de un operativo ministerial a todas luces fallido y de un entorno inseguro que recrudeció en los últimos meses en esta ciudad.

La razón no alcanza para explicar cómo Antonio, descrito por quienes lo conocen como un padre amoroso para quien sus hijos lo eran todo, pudo haberles disparado a cada uno en la cabeza con el revólver calibre 22 que le dio su patrón para cuidar por las noches la propiedad en este lugar.

Así lo plantea la acusación formulada por la Fiscalía de la Procuraduría de Justicia, por la que fue vinculado por una juez y permanece preso en el Centro de Reinserción Social (Cereso).

Numerosos mensajes y llamadas telefónicas intercambiadas por Juana y Antonio con el propietario de la finca, Cipriano Sánchez, y los hermanos de ambos, revelan la incertidumbre y el terror vividos desde los primeros minutos de la balacera por esta familia, que en un principio creyó que “alguien se metió a robar”.

De acuerdo con estos mensajes revelados a Apro, Juana y Antonio clamaron por ayuda, pidieron a sus hermanos llamar a la policía y esperaron durante varias horas sin tener la certeza de que alguien iría a rescatarlos.

Es por eso que sobre la muerte de los tres niños, la presencia del grupo delictivo y el operativo que a cargo de agentes de la Procuraduría de Justicia, el transcurrir de los días saca a relucir más dudas que certezas.

Según la información oficial, elementos de la Policía Municipal, aquel día agentes de las Fuerzas del estado y de la Policía Federal llegaron al sitio y permanecieron a unos metros el lugar. Pero ninguno disparó una sola de las más de 400 balas que se habrían intercambiado en el interior de la finca.

La función de estas corporaciones, según se apresuraron a aclarar, fue únicamente la de bloquear el paso a automovilistas en ese tramo de la carretera a Dolores Hidalgo “y vigilar que no hubiera heridos por alguna bala, alguna persona inocente (sic)”, dijo el comisionado de la Policía Federal en el estado, Miguel Ángel Simental, unos días después de lo ocurrido.

“Fue un operativo exclusivamente de la Procuraduría de Justicia del estado”, confirmó el comisionado federal.

El resultado no puede ser más cuestionable y desolador: tres niños asesinados en medio de cientos de balas, ventanas y paredes rotas y perforadas. El velador y padre de los menores detenido. Armas, vehículos y droga asegurados por la Procuraduría, pero ningún sicario capturado: todos huyeron por las brechas alrededor de la propiedad a escasos metros de la carretera; allí donde policías municipales, agentes de tránsito, policías federales y estatales “cuidaban”.

Al paso de los días también surgen contradicciones sobre las personas que habían rentado unos días antes un departamento al fondo del predio, separado del salón por un amplio jardín y estacionamiento.

Mientras el procurador Carlos Zamarripa los identificó como varios hombres integrantes de un grupo delictivo, el propietario del predio, Cipriano Sánchez, sostiene que fueron “dos mujeres comunes y corrientes” que le pidieron alojamiento a fines de diciembre.

El sepelio de los hijos de Antonio Luna. Foto: Especial

“Nada raro ni anormal”

En entrevista con apro el lunes 30 de enero, Cipriano Sánchez contó que acostumbra ir a la propiedad a diario; que nunca notó “nada raro ni anormal” en la conducta o presencia de sus inquilinas, aunque a veces éstas eran acompañadas por un joven u otras personas.

Sin embargo, nunca pudo confirmar su identidad porque desde el principio las dos mujeres adujeron que les habían robado su bolsa con sus identificaciones unos días antes, y sólo le dieron un nombre: Verónica Ortiz.

Cuando Antonio regresó tras dos semanas de vacaciones, su patrón le informó que había rentado el departamento, que no se ocupara de las inquilinas y que hiciera su trabajo “como siempre”.

La estancia donde solía encerrarse Antonio por las noches era remodelada para convertirse en un salón de fiestas, después de que por varios años el propietario la rentó a un empresario de Guadalajara que le invirtió para convertir el sitio en un centro nocturno con table dance, pero aparentemente nunca consiguió los permisos.

En la parte alta hay un televisor, mesas de billar, algunos colchones y un cuartito con un pequeño baño, suficientes para que la familia se instalara a ver televisión y se quedara a dormir.

Cada mañana, todos regresaban a su otra realidad: un cuarto que hacía las veces de recámara, cocina y sala, carente de electricidad, agua potable y drenaje, ubicado a unos 200 metros de la finca que Antonio cuidaba.

Allí se cambiaban de ropa y se arreglaban; la pareja llevaba a los niños a sus colegios y posteriormente cada uno se iba a trabajar. Por las noches, el salón de Cipriano era el sitio inmejorable para estar juntos y disfrutar de lo que en su cuartito no tenían.

La pareja llegó al sitio unos cuatro o cinco años atrás, siguiendo a dos hermanos de Juana que fincaron un par de cuartos aledaños y les permitieron quedarse. Hace dos años, Antonio fue contratado por Cipriano Sánchez para ser el velador del inmueble, junto al que hay un motel en construcción desde hace años, y una tienda, todos predios de Cipriano, según narró éste a la reportera.

“Venga pronto, hay una balacera…”

La noche del viernes 13 los primeros disparos comenzaron a escucharse a las 11:30 de la noche y los últimos a las 4:30 de la madrugada del sábado 14 en la propiedad ubicada en Ampliación Cieneguita, refieren en entrevista vecinos de Antonio y Juana que habitan otra pequeña casa junto al cuarto de los Luna Luna.

Cipriano Sánchez asegura que una hora antes se había retirado de la finca, donde estuvo casi toda la tarde haciendo arreglos en el patio y el jardín. “Dejé todo normal, le dije a Antonio que se encerrara; no supe si estaban las mujeres –inquilinas del departamento- no noté nada raro”, asegura.

Al escuchar los primeros disparos, varios de los vecinos se asomaron por las cortinas que hacen las veces de puerta. No atinaron más que a llamar a la policía municipal para decir que había un tiroteo y que muy cerca vivían familias con niños y tenían miedo. Después se persignaron y se pusieron a rezar el rosario.

Los vecinos sabían que la familia Luna Luna estaba en la finca. Todos los días los veían salir por las noches de su cuartito rumbo a la propiedad que cuidaba Antonio, a quien describen como un hombre tranquilo que nunca dio problemas, que jugaba con sus tres hijos en el terregal que hace las veces de patio y que ayudaba a Juana a acarrear el agua del aljibe para bañarse y cocinar.

“Nos pusimos a rezar. Pensábamos en los niños allí adentro. Los balazos se escuchaban seguidos, a veces un ratito de silencio y luego otra vez; todo fue adentro de la finca, afuera no vimos a nadie, ni un coche, nada. Ya casi cuando se acabaron, se oyó como una ráfaga, muchos de un jalón. Luego ya no se oyó nada”, narró una mujer.

Cipriano Sánchez recibió varias llamadas y un mensaje de texto desde el celular de Antonio y de otro que cree es el de Juana, pero no les contestó nunca porque, afirma, al llegar a su casa esa noche se quedó dormido y no despertó sino hasta la mañana siguiente.

En uno, que recibió a la 1:34 de la mañana, Antonio escribió: “Venga pronto hay una balacera en la tienda y aquí donde estamos”.

En total, 25 llamadas y seis mensajes de texto se intercambiaron entre los teléfonos de Juana y su cuñada Claudia, así como de ésta al número de emergencias y al directo de la Policía Municipal, a partir de las 12:39 y hasta las 4:57 de la madrugada.

Desde las 12:40, en la central de policía le aseguran que ya habían enviado gente al sitio. Eso mismo le repitieron en las sucesivas llamadas que hizo a la corporación, cada que Juana volvía a marcarle porque “no llega nadie a ayudarnos”.

Junto con otro de sus hermanos (son nueve en la familia de Antonio), Claudia se apersonó en las inmediaciones de la finca de Ampliación Cieneguita poco después de las dos de la madrugada del sábado 14, en busca de saber qué pasaba en la casa donde sabía que estaban el velador, su cuñada y sus tres sobrinos. Pero para ese momento, ya la carretera estaba cerrada y el paso impedido les fue impedido por policías municipales.

Una hora y media antes (12:30) las hermanas de Antonio habían recibido una primera llamada de Juana desde el interior de la finca, pidiéndoles que avisaran a la policía de que alguien estaba metiéndose a la casa. Su esposo y ella creían que era para robar.

A las 12:39, Claudia marcó al teléfono celular de Juana y le preguntó que si los supuestos ladrones se querían meter a la finca que cuidaba Antonio, o a la casita donde vivían los Luna Luna. Juana le aclaró a su cuñada que estaban todos encerrados en la finca que cuidaba su esposo. “Aquí donde trabaja Antonio, quieren robar, se quieren meter”, le dijo, evidentemente asustada.

A las 2:39, Juana le volvió a marcar, justo cuando Claudia y su hermano se dirigían a Ampliación Cieneguita. “Pensábamos que los policías no llegaban porque no ubicaban el lugar, así que se nos ocurrió ir para señalarles dónde era. Pero ya no nos dejaron pasar”, narró la hermana de Antonio a apro el jueves 26.

En esa llamada, Juana le dice que nadie de la policía llega. “Ya nos están echando gas”, agrega. A través de la línea, su cuñada alcanzó a escuchar claramente los disparos.

“Cuando llegamos, me acerqué a unos policías para enterarlos de que allí estaban mis sobrinos con sus papás, que había niños. Uno de los policías habló como por un micrófono, escuché que dijo: hay un velador, su esposa y tres menores. Luego alguien le marcó a su celular, contestó y les dijo: es que esto se puso más cabrón, porque ahí está el velador y hay tres menores. No supe quién le llamó y a quién informó”, refirió Claudia.

Después de varios intentos por comunicarse nuevamente con Juana, a las 2:52 ésta respondió a Claudia, en un murmullo: “Te voy a colgar porque no quiero que nos descubran”. Esa fue la última vez que escuchó a la madre de sus sobrinos, pues le marcó otra decena de ocasiones y a veces descolgaban, pero no volvió a responderle.

A las 4:57, ante el silencio de la primera, la falta de información por parte de los policías y el tremendo frío que se sintió, Claudia optó por retirarse de la carretera y volvió a su casa donde vive con su mamá. Antes, éste fue el último mensaje que envió a Juana por el WhatsApp: “Ya la policía tiene sus datos, de ustedes y de los niños, por si les habla sepan que son ellos”.

Casi 12 horas después, alrededor de las tres y media de la tarde, Claudia pudo ver a su hermano, detenido en los separos de la Policía Municipal. Lo primero que hizo al verlo fue preguntarle por sus sobrinos.

“Me los mataron. Están muertos los tres y Juana no va a salir. Está allá, no va a salir ni pagando fianza. Encárgate de mis hijos y de ella”, fue la respuesta de Antonio.

El procurador de justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, ha expuesto que esta instancia tiene los elementos periciales y la declaración ministerial de la madre de los menores, Juana Luna, para sustentar la acusación contra Antonio contenida en la carpeta de investigación, que ya está también en los terrenos del Poder judicial del estado.

Más interrogantes

En las diversa entrevistas que ha dado a medios, el procurador Carlos Zamarripa ha señalado que los elementos de la Agencia de Investigación Criminal que realizaron el operativo –seis en total, según informes de la Procuraduría de Derechos Humanos que ha tomado declaración a los mismos, así como a ocho elementos de la Policía Estatal– no contaban con la información de que en la propiedad había una familia con menores de edad, y que los agentes se identificaron claramente mediante los comandos de voz propios de estos operativos.

-¿Hay alguna posibilidad de que los agentes hayan incurrido en algún error o en algún acto indebido durante este operativo?, preguntó apro al procurador.

-Ninguna evidencia tengo para pensar o suponer una actuación indebida, respondió.

Sin embargo, resulta imposible ignorar las declaraciones que en los días siguientes hizo la propia madre de las víctimas, quien apuntó a los elementos ministeriales como quienes desarmaron a su esposo, hicieron disparos y posteriormente obligaron a Antonio a tomar el arma en sus manos.

Ante cámaras y grabadoras, Juana Luna narró que después de esos momentos no volvió a ver a sus hijos vivos y que su declaración en las oficinas de la Subprocuraduría de Justicia habría sido modificada de forma sustancial y ella presionada para firmarla, “porque sólo así podría salir”.

En una de estas entrevistas, Juana contó que cuando los tenían a ella y a su esposo todavía dentro de la finca (antes de ser trasladados al Ministerio Público) los llevaron al departamento que Cipriano había rentado.

“Mi esposo le preguntó al oficial que estaba allí que si les estábamos marcando, por qué no llegaban. Dijo que no podían, que al parecer allí hubo un enfrentamiento de dos grupos contrarios, y cuando llegaron ellos salieron por otras puertas, ya no los alcanzaron”.

“Eso comentan mis superiores porque yo acabo de llegar”, les dijo el agente, aparentemente también de la PGJE. Siguió: “Nosotros ni siquiera sabíamos quiénes eran, pensamos que se habían metido a robar”, insistió Juana en su versión ante los medios. “Yo por eso pensé que eran como los de la tele, que eran secuestradores”.

Dos días antes de lo ocurrido en Ampliación Cieneguita, elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Procuraduría de Justicia y del grupo táctico de la Secretaría de Seguridad Pública “reventaron” una casa en la colonia Lindavista, en la que un joven de 18 años y un niño de 10 permanecían secuestrados.Tres de los plagiarios murieron en el enfrentamiento con los agentes y uno de éstos fue herido, informó el procurador Carlos Zamarripa.

En octubre del 2015, la delincuencia dio la bienvenida al actual presidente municipal, el panista Ricardo Villarreal García –hermano del también exalcalde y exdiputado federal Luis Alberto Villarreal- con un ejecutado, sólo 10 minutos después de que aquél asumió el cargo, momento a partir del cual las ejecuciones continúan con una frecuencia nunca antes vista, refieren reporteros en esta ciudad.

Es en éste San Miguel, que acumula títulos como “la mejor para vivir”, “la mejor ciudad de México, Centro y Sudamérica” y otros igualmente pomposos, en donde han sido detenidos en los últimos tres años no uno, sino varios capos del narcotráfico, como Héctor Beltrán Leyva, El H, jefe del cártel de los Beltrán desde la muerte de su hermano Arturo El Barbas. Héctor Beltrán fue detenido a principios de octubre del 2014.

Tal panorama exhibe una acometida criminal de asesinatos, extorsiones, robos domiciliarios, ataques con explosivos a bares y restaurantes que tienen preocupados y molestos a los sanmiguelenses y residentes extranjeros, y ante el cual las corporaciones municipales, estatales y federales parecen estar rebasadas, por lo que la muerte de los niños Luna Luna detonó varias protestas y marchas en la ciudad.

“Si dicen que mi hermano es culpable, yo creo que atrás de él hay otro culpable, ¿no? ¿Quién mandó ese operativo y aparte fallido. ¿Con quién pelearon? ¿Con quién, me pregunto? – cuestiona Claudia, hermana de Antonio.

“Este procurador le inventa cada cosa; pues creo que él también es culpable, ¿no? O quien mandó este operativo, también es culpable. Porque si no hubiera pasado esto, la vida sería normal para ellos, feliz. Porque eran muy felices”.

Fuente: Proceso

Autora: Verónica Espinosa

http://www.proceso.com.mx/474065/la-noche-del-infierno-en-san-miguel-allende

Ven desequilibrio en decreto de veda a comunidades indígenas para el uso del agua

El jefe de cooperación de la Unión Europea, Juan Garay, consideró que pareciera que en México se antepone el beneficio económico de las mineras por encima de la supervivencia de las comunidades, en este caso, las zapotecas de los valles de Ocotlán, Zimatlán y Ejutla, que luchan por el agua.

Al participar como invitado especial en la consulta indígena donde proponen que se levante el decreto de veda de 1967 en la micro-región que las 16 comunidades denominan Xnizaa (Nuestra Agua), que prohíbe a los campesinos el alumbramiento del agua del subsuelo para el cultivo de sus hortalizas, calificó este hecho como un ejercicio de gobernanza.

“Está claro que la minería es una actividad industrial estratégica y necesaria para el desarrollo de México pero debe estar muy bien regulada en el daño medio ambiental y, sobre todo, en uso de un recurso básico como el agua”.

Sin embargo, señaló que hay un desequilibrio porque limitan a unas comunidades de las necesidades más básicas que empiezan con la alimentación y la supervivencia.

“Nos parece un proceso democrático y necesario la consulta indígena y tremendamente pertinente en relación a la gobernanza de un recurso básico para la vida como es el agua y que sea en equidad y sostenibilidad.

Entonces, dijo, “estamos muy interesados en ver los resultados a este proceso como ejemplo democrático y soberanía con objetivo de equidad y sostenibilidad”.

Destacó que “el decreto de veda es necesario en cualquier país porque hay que controlar el uso excesivo de los recursos naturales en beneficio colectivo y nuevas generaciones, el problema es cuando esos decretos se aplican de forma desequilibrada”.

“Y sí que tenemos preocupación aunque requiere de una investigación más profunda de cómo la ley de minas permite un uso mucho más indiscriminado de agua, incluso de su contaminación en relación al decreto de veda que afecta a comunidades zapotecas.

“Hay que analizar cuál es el uso excesivo y el efecto que puede tener en los niveles de los acuíferos en México (las mineras) porque me parece un marco que no asegura la equidad y que debe ser reflexionado con estudios de cómo las mineras pueden tener efectos en el flujo de acuíferos en detrimento y la veda pone en riesgo a comunidades que tienen fines sostenibles y de supervivencia.

Juan Garay va más allá al afirmar que estas acciones pueden ser una gran oportunidad frente a la preocupante política migratoria de Estados Unidos con el tema de los migrantes.

Considera que “es una gran oportunidad para revigorizar el campo mexicano al apoyar a migrantes con experiencia y formaciones interesantes ahora que vuelvan al lugar de origen y puedan tener una reintegración en su territorio en actividades de sostenibilidad”.

Cabe recordar que el pasado 8 de febrero de 2017, en la comunidad zapoteca de San Pedro Apóstol, la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA) presentó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) su propuesta para el uso, disfrute y administración comunitaria del agua, en el marco de la consulta indígena que se está llevando a cabo en los Valles Centrales.

La propuesta demanda que se reconozcan los derechos territoriales y el derecho de libre determinación y autonomía de las comunidades zapotecas en esa región para que tengan la facultad de elaborar y emitir las normas que regulen el uso y disfrute de las aguas del subsuelo.

Para ese fin, proponen que se levante el Decreto de Veda de 1967 en la micro-región que las 16 comunidades denominan Xnizaa (Nuestra Agua), con la responsabilidad de implementar un reglamento para el uso y cuidado del agua subterránea.

En los últimos 10 años, los campesinos y campesinas indígenas que integran la COPUDA, han dado cuenta de su capacidad, para gestionar, diseñar y construir obras de captación de agua de lluvia que hasta ahora revitalizan los mantos acuíferos de la región, de la cual depende su sustento.

Organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, tales como el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, A.C.; la RedTDT “Todos los derechos para todos y todas”; OXFAM México, A.C.; CIESAS-Plural (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social), EDUCA Servicios Para una Educación Alternativa A.C. y la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I) coinciden que ésta es una oportunidad histórica para que el Estado Mexicano establezca una relación de corresponsabilidad con los pueblos indígenas que siente un precedente a nivel nacional.

Fuente: Proceso

Autor: Pedro Matías

http://www.proceso.com.mx/474207/ven-desequilibrio-en-decreto-veda-a-comunidades-indigenas-uso-del-agua

Suspenden siete gasolineras por irregularidades

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en los estados de México, Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Chiapas fueron suspendidas las actividades de siete gasolineras por irregularidades en la comercialización y despacho de combustibles.

Destacó que a raíz del proceso de liberación en los precios de las gasolinas y el diésel, diversas franquicias se han aprovechado de los consumidores, y por ese motivo se realizó un operativo conjunto en el que participaron el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

En esa acción, apuntó, se suspendieron siete gasolineras ubicadas en Buenavista y Maravatío, Michoacán; Ecatepec de Morelos y Malinalco, Estado de México; Agua Dulce, Veracruz; Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y Frontera Comalapa, Chiapas.

En un comunicado, la dependencia comentó que la idea de los operativos es combatir el mercado ilícito de gasolina, la evasión fiscal, el lavado de dinero y el fraude comercial.

Informó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal brindaron su apoyo en el operativo para garantizar la seguridad del personal en todo momento, con pleno respeto a los derechos humanos.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/474215/suspenden-siete-gasolineras-irregularidades

Diputados en Guerrero se niegan a transparentar su salario y solicitan amparo federal

Los diputados de la LXI legislatura local solicitaron un amparo ante la justicia federal para negarse a cumplir una resolución emitida por el Instituto de Transparencia estatal (Itaigro), que ordenó revelar el monto total del salario neto y bruto de los legisladores que junto a otro tipo de prestaciones y bonos suman más de 200 mil pesos mensuales.

El apoderado legal externo del Poder Legislativo, Ciro Rubio Alvarado, aseguró en su alegato presentado a principios de este mes ante el Juzgado Décimo de Distrito, con sede en esta capital, que esta decisión “traería efectos perniciosos en las garantías fundamentales” de los diputados locales.

Además, el abogado del Congreso local calificó de “inconstitucional e ilegal” el acuerdo del Itaigro, indican documentos oficiales en poder de Apro.

De esta forma, los integrantes de la LXI legislatura local que encabeza la diputada priista, Flor Añorve Ocampo, pretenden evadir su responsabilidad e incumplir con las disposiciones de Ley 207 de Transparencia en Guerrero que ellos mismos aprobaron el año pasado donde se indica que los datos sobre sueldos y percepciones de servidores públicos en la entidad se considera información pública de oficio.

El hecho es el primer antecedente jurídico registrado en la entidad sobre la resistencia de la clase política para erradicar vicios que fomentan la corrupción y el manejo discrecional de recursos públicos, y también exhibe el nivel de opacidad que existe en Guerrero.

Documentos oficiales obtenidos por Proceso indican que el primero de julio de 2016, un ciudadano solicitó información al Congreso local, sobre la remuneración bruta y neta de todos los diputados locales y su personal de confianza, incluyendo todas las prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos y sistemas de compensación.

El 27 de junio, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el órgano garante (Itaigro), porque no recibió la información que solicitó vía transparencia.

Después de seis meses, el 20 de diciembre, el pleno del Instituto de Transparencia en la entidad el Itaigro emitió la resolución 88/2016 que ordenó a la presidenta del Congreso local, Flor Añorve Ocampo, entregar la información completa sobre sueldos y prestaciones de los diputados locales de lo contrario se aplicarían multas y sanciones administrativas.

La sanción contemplada en la resolución que fue notificada al Congreso el 25 de enero de este año, es la mínima de 11 mil pesos, debido a que la máxima asciende a 100 mil pesos contra los sujetos obligados que se niegan a entregar información pública de oficio, indican los documentos consultados.

En respuesta, la coordinadora de la fracción priista, Flor Añorve, decidió contratar un abogado externo, a pesar de que existe un área jurídica en el Congreso local, para rechazar el cumplimiento de su obligación legal.

El jueves 2 de febrero, Ciro Rubio Alvarado, quien se asumió como apoderado legal de la LXI Legislatura local, promovió un juicio de amparo ante la justicia federal argumentando que la resolución del Itaigro es inconstitucional e ilegal.

El litigante particular afirma que el hecho de hacer pública la información sobre el salario y percepciones mensuales de los diputados locales “traería efectos perniciosos en las garantías fundamentales” de los legisladores en Guerrero.

Además, señaló que la resolución del Itaigro carece de legalidad y transgrede principios constitucionales a pesar de que los propios diputados aprobaron la Ley 207 de Transparencia en la entidad.

Al día siguiente, viernes 3 de febrero, el juez Décimo de Distrito, Jacinto Figueroa Salmorán concedió “la suspensión provisional” solicitada por el apoderado del Congreso local para beneficiar a los diputados de la LXI legislatura que pretenden evadir el cumplimiento de la ley.

De esta forma, comenzó el juicio de amparo 110/2017 promovido por el Congreso contra una resolución del Itaigro para determinar si el cumplimiento de ley de Transparencia exenta al poder Legislativo en la entidad.

Fuente: Proceso

Autor: Ezequiel Flores Contreras

http://www.proceso.com.mx/474213/diputados-en-guerrero-se-niegan-a-transparentar-salario-solicitan-amparo-federal

Universidad de Chapingo es presionada por el gobierno por difundir políticas públicas alternativas

La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) es objeto de presiones por parte del gobierno al ser difusora de propuestas alternativas de políticas públicas, las cuales buscan combatir la pobreza en el campo con el impulso de proyectos a largo plazo, negarse a ceder a las condicionantes gremiales y por buscar mejoras en la infraestructura de la universidad, denunció el rector, Sergio Barrales Domínguez.

Con “las amenazas”, el gobierno advierte que “se retirarán recursos e incluso serán estrictas las auditorías a esta institución en todos los proyectos y programas que se operen”, dijo Barrales Domínguez durante la inauguración del “Foro de Análisis del Programa de Extensión y Vinculación Universitaria”.

Explicó que funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se inconformaron por la postura que asumió la UACh públicamente respecto a sacar al aparto campesino del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La Universidad difundió que con bases en los fundamentos anteriores, se incluyó el involucramiento de Chapingo en asuntos relacionados con la construcción del nuevo aeropuerto, por lo que Barrales Domínguez afirmó que la institución y su rectoría “se mantendrán al margen de este tema”.

Por último, hizo un llamado a toda la comunidad universitaria a mantenerse unidos “para garantizar la esencia revolucionaria e independiente que distingue a Chapingo y así cerrar el paso a las intromisiones”.

La Universidad de Chapingo trabaja en proyectos de autonomía agraria e impulsa actividades a favor de las comunidades indígenas y campesinas en México, al ser las más afectadas por las políticas gubernamentales que imponen medidas contra los pueblos.

A finales de enero, el rector de la UACh alertó que el país corre el riesgo de enfrentar una crisis en su soberanía alimentaria y acceso a alimentos de calidad por falta de producción nacional, y que por ello se debe aprovechar la intención del presidente Donald Trump de renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) para sacar de ese acuerdo a la agricultura del país y “prescindir de la comida norteamericana”, impulsar el mercado interno y la producción alimentaria nacional.

Barrales Domínguez dijo que la UACH está lista para participar en la renegociación del TLCAN, en la elaboración de políticas públicas a favor del campo y la creación de mercados locales y regionales de alimentos para cerrarle el paso a los intermediarios y abaratar el costo de los mismos.

Incluso, aseguró, México no solo tiene la capacidad para garantizar la soberanía alimentaria del país, sino también para evitar una hambruna a nivel mundial debido a la biodiversidad que existe en el territorio mexicano.

Añadió que no hay que temerle a las amenazas de Trump, “por el contrario está la posibilidad de recuperar el control alimentario de México”.

Fuente: Desinformémonos

Autor: Redacción

https://desinformemonos.org/universidad-chapingo-presionada-gobierno-difundir-politicas-publicas-alternativas/

Ley de Telecomunicaciones de EPN amenaza a radios comunitarias y a la resistencia indígena, alertan

En Chiapas, la resistencia clandestina de los indígenas campa a sus anchas en las ondas. En zonas donde hay escasa cobertura de telefonía móvil –mucho menos Internet–, es la forma que han encontrado los indígenas para resistir a la extrema marginación que sufren y evitar que sus lenguas mueran. Una resistencia que ahora está siendo amenazada por una nueva Ley de telecomunicaciones en México, aprobada en 2014 por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Cuando tenía diez años, Mario Etzin Méndez tuvo una pesadilla que era real. Su padre se mudó por trabajo a San Cristóbal de las Casas y toda la familia tuvo que ir con él. Asustado ante esa ciudad tan inmensa comparada con su aldea, en la que la mayoría hablaba un idioma —el castellano— que nunca antes había oído, Mario se quedó sin hablar durante un año. A más de veinte años de aquello, este indígena aún se siente a veces un forastero en tierra propia, pero ha encontrado una forma de exorcizar sus demonios. Todos los días, se sienta en el despacho de la radio clandestina en la que trabaja y difunde las noticias en su idioma nativo, el tzeltal. Desde ahí Mario le habla a comunidades de los Altos de Chiapas, informa de protestas y homicidios, anuncia ferias de verduras y envía mensajes de parientes emigrados en Estados Unidos, y así mantiene comunicados a los indígenas de la zona. Y no es el único. En la región, se calcula que hay al menos otras treinta emisoras que transmiten, sin el permiso del Estado, en áreas donde a menudo la conexión telefónica es escasa o nula.

“Ich’aik spatival a wot’anik (Buenos días, amigos)”, recita Mario en el micrófono. “También hoy les trasmitimos”, continúa, hablando desde una colonia polvorienta y dislocada en los suburbios de San Cristóbal. Es el espacio que le ha concedido una iglesia evangélica, que también paga parte de los gastos. El resto, unos 50 mil pesos mexicanos —2.200 euros—, viene de colectas que se hacen en las comunidades. “No es fácil llevar adelante nuestra lucha. Solo la electricidad nos cuesta siete mil pesos al mes”, se justifica. “El Estado no ayuda y los indígenas nos resistimos a perder nuestro idioma, por eso hay tantas radios comunitarias clandestinas”, añade Mario, cuyo idioma es una lengua ergativa emparentada con el antiguo Maya que ha sobrevivido hasta nuestros días. Por ahora.

“Sí, pues lo cierto es que cada vez las lenguas originarias se hablan peor”, opina Armando Gómez, de 29 años, otro indígena que conduce un programa de entretenimiento en la ciudad. “El idioma es parte de mi identidad, una identidad que ha sido y sigue siendo maltratada. El hecho de que el Estado no nos otorgue licencias es otra prueba de esto”, añade este indio tzeltal. “Eso sí, en mis programas, no hablo de ningún tema ‘caliente’. No quiero poner mi vida en riesgo”, advierte Armando.

El mundo indígena ve cómo la sociedad le hace cortes de manga. Según datos del Instituto de Estadística mexicanos (Inegi), en el país hay alrededor de siete millones de personas que hablan 68 lenguas indígenas que tienen 364 variantes lingüísticas. De estos idiomas, al menos 179 de estas variaciones están en riesgo de extinguirse. Según datos de 2015 del Inali (el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México), 64 están en alto riesgo, 43 en riesgo mediano y 72 en riesgo no inmediato. Y esto, en parte por el avance del inglés, en parte porque muchos de los hablantes indígenas no saben leer ni escribir. Pero también porque las políticas puestas en marcha no han encontrado la forma de promover estos idiomas.

Y eso que, tan sólo en Chiapas, se estima la presencia de 1.7 millones de indígenas —al ser uno de los estados en México con el porcentaje más alto de población originaria—, con una concentración muy amplia en Los Altos y Selva Lacandona, y un total de 12 pueblos representados. Una población que es mayúsculamente marginada por los motivos habituales: la falta de acceso a la educación y al empleo y el hecho de vivir predominantemente en centros rurales, a kilómetros de distancia de los servicios básicos. Algo palpable en Chiapas y reconocido por recientes informes del Consejo Nacional de Población de México. Mientras que otros estudios señalan que alrededor de un 40 por ciento de la población indígena no recibe ningún ingreso y el 42 por ciento tiene menos de un salario mínimo.

Según datos del Instituto de Estadística mexicanos, en el país hay alrededor de siete millones de personas que hablan 68 lenguas indígenas que tienen 364 variantes lingüísticas. Foto: Archivo Cuartoscuro

Por una parte, en las últimas décadas algún moderado avance se ha producido, como el hecho de que la Iglesia católica haya empezado a permitir que se celebren las misas en idiomas originarios, tal como aconteció durante la visita del Papa Francisco a México en febrero de 2016. Por otra, siguen produciéndose episodios extremos de discriminación, como el ocurrido en ese mismo año de tres indígenas que estuvieron a punto de ser deportados por las autoridades migratorias mexicanas, porque no se les reconocía como mexicanos, según informó la prensa local. Algo de lo que se salvaron únicamente gracias a la intervención de algunas ONG.

De hecho, ese es otro tema. De acuerdo con Azalia Hernández Rodríguez, del centro de derechos humanos FrayBa de San Cristóbal de las Casas, “los indígenas siguen siendo víctimas de numerosas violaciones de derechos humanos”, a manos de grupos paramilitares e incluso de las autoridades federales y nacionales que operan en Chiapas, lo que incluye “desplazamiento forzosos, represión y arrestos arbitrarios”. Algo que, a su vez, conlleva graves actos de discriminación y vulneración de los derechos de los indígenas cuando son arrestados y no reciben la debida atención al desconocer el castellano.

En ese mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe (2015) sobre la situación de derechos humanos en México, ha desdibujado un panorama desolador.“ Existen graves violaciones contra los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas en México […] en dos áreas principales: violencia en el contexto de megaproyectos […] o en el marco de reivindicación de sus tierras y faltas al debido proceso penal”.

LA NUEVA HOSTIL LEY DE PEÑA NIETO

Después de algunos días en la ciudad, los reporteros indígenas informan sobre los últimos acontecimientos. No es casual que Armando no hable de temas sensibles. Ni que Mario trabaje con los evangélicos. “El tema es que las radios indígenas no son comerciales, no compiten con las leyes del mercado, expresan una función social a través de los usos y costumbres de nuestra gente”, observa Armando.

En este ya frágil equilibro, se ha sumado la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de México, aprobada en 2014 por la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto. Una legislación que hubiera marcado un hito histórico, pues reconoció por primera vez la existencia de las radios indígenas o comunitarias, pero que ha suscitado múltiples quejas entre los involucrados, que la ven como otra estrategia para acabar con ellos. ¿Qué ha cambiado? “Que en cualquier momento te catean, se llevan todo y te cierran la radio. Ya le pasó a unos colegas hace un año”, dice otro reportero.

Las nuevas normas no sólo dificultan los ya complicados y costosos trámites para obtener las licencias, lo que condena a la clandestinidad a estas emisoras, según Mario. También el Gobierno ha reservado “el 10 por ciento del espectro radioeléctrico” que está en las frecuencias más altas de la FM (de los 88 a los 108 MHz), mientras que en AM se ha previsto el segmento de la llamada banda ampliada (de los 1605 a los 1705 KHz), como se lee en el artículo 90 de la ley.

“Y este es otro problema. Eso significa que tendríamos menos alcance de señal. Esas son las frecuencias que nadie quiere”, afirma el locutor indígena. Algunos periodistas comunitarios de Chiapas se han reunido en una asociación para denuncia las faltas de la ley. Algunos expertos piensan que detrás hay cuestiones políticas, puesto que unas de las primeras radios indígenas de Chiapas fue creada por los zapatistas en los 90. Tanto es así que el asunto de las radios también fue objeto de debate cuando se negoció los fallidos acuerdos de San Andrés Larráinzar (1996), firmados por el Gobierno federal y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y nunca realmente puestos en marcha.

Porque, además, todo esto ocurre en una tierra donde los conflictos no escasean. Hoy, “en Chiapas, hay alrededor de 40 megaproyectos, la mayoría de los cuales son mineros, hidroeléctricos, de turismo y plantaciones, que siguen la lógica del despojo de la tierra (a los indígenas)”, advierte Hernández Rodríguez, del FrayBa. “El tema es que, desde el levantamiento zapatista (1994), los indígenas han desarrollado mayor capacidad de resistencia y lucha, lo que a su vez ha originado reacciones muy violentas por parte del Estado”, añade.

ALGUNAS TIBIAS SEÑALES DE ESPERANZA

Lo que, claro, se suma a los riesgos propios del sector en estas tierras. Donde hablar de un homicidio en una aldea, de tráfico de estupefacientes o de despojo de tierras, puede significar perder el puesto o, mucho peor, poner en riesgo la vida. “A mí, me pasó. Se me han acercado y me han dicho que dejara de dar la información. Me han amenazado de muerte y también han intentado corromperme”, cuenta Enrique Gómez Hernández, reportero de Xero Uno, la única radio autorizada por el Gobierno que emite en idiomas originarios en San Cristóbal.

“La radio tiene 43 años, y desde el inicio ha servido como un puente de comunicación entre las comunidades indígenas y el Estado, a lo que ahora se ha sumado un noticiero de información general”, explica el gerente de la emisora, Gubidcha Matus. Pero, ¿hasta cuándo pueden continuar? “De momento, no hay fecha de caducidad. La radio habla los idiomas de mucha gente”, continúa Gubidcha. “Creo que las cosas están cambiando. Hay puertas que se están abriendo”, afirma María Jirón Pérez, una de las primeras periodistas que como Gómez Hernández han sido llamadas a colaborar con el proyecto.

—¿Y qué pasa si alguien no quiere que salga una información?

—Se colabora. Yo además no hablo de política, dice María.

—¿Nunca?

—Me gustan más los temas culturales.

Dicho esto, los indígenas de Chiapas no son tampoco los únicos de México que batallan por llevar adelante sus formas de vivir. Según publicó, recientemente, el diario mexicano El Economista, en el estado de Oaxaca existen alrededor de 70 radios comunitarias o indígenas, de las cuales solo tres cuentan con permiso oficial para emitir.

Un tema que también ha sido objeto de informe de la antropóloga Elena Nava Morales, titulado Fuerzas hegemónicas y contrahegemónicas en la comunicación indígena, que en sus conclusiones parciales —la investigación todavía está en curso— asevera que las políticas de los gobiernos mexicanos todavía son confusas sobre estas radios y “cargadas de paternalismo”. Algo que se suma a otro obstáculo: los indígenas se rigen también por sus propias reglas, conocidos como usos y costumbres.

Y no es de un asunto baladí. “Las radios son de importancia fundamental para las comunidades originarias porque ahí reproducen su lengua, su política, su cultura y sus conocimientos sobre el mundo”, subraya Nava Morales.

Así y todo, Nava Morales también considera que la nueva ley de Peña Nieto ha logrado al menos una victoria para los indígenas. El Estado mexicano ha reconocido por primera vez la existencia de estas emisoras, lo que ha sentado un precedente legislativo “muy importante”. Dicho esto, también considera que los ocho artículos de la legislación son “insuficientes para abarcar la diversidad de experiencias comunicativas indígenas que existen en el país”. Y, más en general, que todavía falta camino por recorrer para que se pongan en marcha “políticas y leyes que vayan más de acuerdo con las necesidades y aspiraciones de todas las personas que conforman el país”.

La autora ha realizado el reportaje con el apoyo de la IWMF (International Women’s Media Foundation), en el marco del proyecto Adelante.

Fuente: Sin Embargo

Autor: Redacción con información de elmundo.es

http://www.sinembargo.mx/12-02-2017/3148265

Las Fuerzas Armadas se salen con la suya

Las declaraciones que desde diciembre pasado realizó el secretario de la defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, presionaron a los legisladores para aprobar el paquete de seguridad, incluida la Ley de Seguridad Interior. Ahora, sin embargo, las Fuerzas Armadas están ejerciendo una presión aún mayor para que el legislativo apruebe cuanto antes esta última.

Si bien hay indicios de que las versiones sobre la amenaza de Donald Trump de enviar tropas a México para combatir al crimen organizado atizaron esa urgencia, el PRI y sus aliados, incluyendo al PAN, están en la ruta de plegarse a la imposición de las Fuerzas Armadas…

Después del miércoles 1, cuando se difundieron versiones extraoficiales de que el presidente estadunidense Donald Trump pretende enviar tropas a México para combatir a los “bad hombres”, los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina rebasaron al Ejecutivo federal: al día siguiente convocaron a varios legisladores a las oficinas del primero, general Salvador Cienfuegos Zepeda.

Una semana más tarde lograron poner la Ley de Seguridad Interior en la antesala del pleno de San Lázaro.

“Si hay otro camino diferente para enfrentar la inseguridad, nosotros no queremos referirnos a él sino que queremos la Ley de Seguridad Interior ¡ya!”, dijo el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, el secretario de Marina, a diputados y senadores que acudieron el miércoles 7 al encuentro en las oficinas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Ese día el PRI hizo a un lado su iniciativa de reglamentar el “estado de excepción” y sacó de la congeladora su otra propuesta: la Ley de Seguridad Interior. El jueves 9, los diputados del PAN votaron a favor de esta última en la Comisión de Seguridad Pública.

Federico Döring, vicecoordinador y principal operador político de la fracción del PAN en San Lázaro, aclaró a Proceso que su partido “tiene empatía pero no simpatía” con la propuesta del coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz. Para el panista, “lo que no supo operar el gobierno lo supieron operar políticamente las Fuerzas Armadas”, ya que consiguieron que la Ley de Seguridad Interior ya fue aprobada en comisiones.

A pesar de ello, advierte que “hoy” no están dadas “las condiciones políticas” para su aprobación, pues se requiere consenso en algunos puntos que no han generado acuerdos. “Quizá para la próxima semana se den”, comenta.

Fuente: Proceso

Autora: Jesusa Cervantes

http://www.proceso.com.mx/474107/las-fuerzas-armadas-se-salen-la-suya