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¿Eres inmigrante en EU? Estos son tus derechos si las autoridades tratan de arrestarte

Independientemente del estatus legal, los inmigrantes en EU tienen derechos básicos, que no pueden ser violentados, por lo que es importante que los conozcas.

El número de redadas contra inmigrantes en Estados Unidos se ha incrementado en los últimos días por órdenes del presidente Donald Trump.

Aunque las redadas tienen como objetivo detener a personas sin documentos que cuenten con antecedentes criminales, reportes de la prensa estadounidense dan cuenta de detenciones de inmigrantes que tienen un historial limpio y que ahora pueden ser deportados a sus países de origen.

Ante este escenario, es necesario que los inmigrantes en Estados Unidos, independientemente de su estatus legal, conozcan sus derechos, los cuales no podrán ser violentados ni por la policía ni por las autoridades migratorias.

Este lunes, el canciller Luis Videgaray señaló que si un migrante mexicano es detenido deben conocer sus derechos para que no haya errores procesales y sean deportados.

En entrevista con Carlos Loret en Despierta, el canciller explicó que los casos de los migrantes que acaban de llegar es diferente al de aquellos que tienen muchos años viviendo en EU.

Quienes acaban de llegar y son detenidos por agentes migratorios deben contactar al consulado mexicano; si llevan años viviendo en EU también deben llamar a las autoridades mexicanas pues se necesita un juicio para que sean deportados.

Por esa razón, en Animal Político te compartimos una guía básica de tus derechos como inmigrante en Estados Unidos, de acuerdo con la organización American Civil Liberties Union (ACLU) y el National Immigration Law Center (NILC).

Los derechos de los inmigrantes en su casa


Si un agente de migración de EU llega a tu casa y toca la puerta, lo primero que debes hacer es mantener la calma y luego puedes proceder de la siguiente forma, de acuerdo con la American Civil Liberties Union:

  • No abras la puerta y recuerda que tienes derechos
  • Preguntan por qué razón están en tu casa y solicita, en caso de ser necesario, un interprete
  • Si los agentes migratorios piden entrar a tu casa, debes preguntarles si tienen una orden firmada por un juez. En caso de que sí tengan una, deberás exigir que te la muestren y para eso ellos deberán enseñártela a través de una ventana cerrada o deslizarla por debajo de una puerta
  • Si no cuentan con la orden firmada por un juez, tú estás en tu derecho de negarles la entrada a tu casa y podrás pedirles que dejen cualquier información en tu buzón
  • En caso de que los agentes irrumpan en tu domicilio, no te resistas a ser detenido, pero, de inmediato, guarda silencio y recuérdale a todas las personas que se encuentren en el lugar que hagan lo mismo
  • Si eres arrestado, permanece en silencio y no firmes nada hasta que hayas hablado con un abogado.





En este tipo de situaciones es necesario que recuerdes que una orden administrativa (forma I-200, I-2005) de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no autoriza que los agentes entre en tu casa sin tu consentimiento.





¿Y si te detiene un policía?

  • Cuando seas detenido por cualquier policía, mantén la calma y presta atención a detalles como la situación en la que fuiste detenido, el nombre del agente, su número de insignia, la agencia para la que trabaja, tiempo de duración de la parada y los motivos por los cuales fuiste detenido
  • Recuerda que los agentes te pueden pedir tu licencia, registro y prueba de seguro, pero es tu derecho no contestarle a un policía preguntas sobre tu estatus legal en el país, cómo ingresaste a Estados Unidos o dónde naciste. Esas preguntas sólo se las debes responder a un agente federal de inmigración.
  • La organización ACLU les recuerda a los inmigrantes en EU que también tienen el derecho de guardar silencio y pedir hablar con un abogado.
  • No está de más decirte que evites presentar documentos falsos, ya que puede ser incriminatorio.
  • Ten en cuenta que los pasajeros que te acompañan en un automóvil no tienen la obligación de dar su nombre ni identificación ni responder a ninguna pregunta, a menos de que sean sospechosos de algún delito. Si no son sospechosos de un crimen, los pasajeros pueden preguntar si son libres de irse en cualquier momento.





Qué hacer si ya te detuvieron 

  • Si un policía ya te arrestó, recuerda que lo mejor es permanecer en calma y no resistirse al arresto
  • Ejerce tu derecho de guardar silencio
  • Pide hablar con un abogado y recuerda que tienes derecho de hacer una llamada.
  • Habla acerca de tu estatus migratorio con un abogado y no firmes nada sin que él esté presente.


Independientemente de estos casos, es recomendable que busques asesoría legal con un especialista en temas de migración.

Además, se recomienda que, en conjunto con tus familiares, desarrolles un plan de emergencia por si eres arrestado o deportado.

El plan de emergencia debe incluir que un familiar o amigo sepa dónde encontrar una copia de documentos como acta de nacimiento o identificación  oficial.

Memoriza números telefónicos importantes como el número de teléfono de un familiar, amigo o de un abogado por si eres arrestado.


En caso de tener hijos menores de edad, los expertos de ACLU y NILC indican que es necesario que los padres hablen con sus hijos sobre su estatus migratorio y que les aclaren la importancia de saber qué hacer en caso de que uno o ambos padres sean detenidos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/inmigrantes-eu-derechos/

En 10 años solo un conductor ha perdido su licencia por faltas al reglamento en la CDMX

La cancelación de la licencia de conducir en la Ciudad de México por acumular 12 puntos de multa es un castigo que existe en el papel, pero no funciona en la realidad; autoridades argumentan problemas burocráticos.

La cancelación de licencias de conducir en la Ciudad de México por acumular doce puntos de multa es una castigo que existe en el papel, pero no funciona en la realidad.

A casi 10 años de que se pusiera en marcha este sistema solo una licencia de conducir ha sido cancelada, de acuerdo con datos oficiales obtenidos vía transparencia por Animal Político. Esto significa que solo uno de los más de cinco millones de automovilistas que circulan en la capital, ha perdido su licencia de manejar.

Lo anterior pese a que tan solo por exceder límites de velocidad, que es una de las infracciones por las que se aplican una mayor cantidad de puntos de sanción (seis puntos automáticos), se han aplicado del 2007 a la fecha ocho millones 425 mil 318 infracciones que equivalen, en teoría, a más de 51 mil millones de puntos de sanción en las licencias.

El gobierno capitalino, en voz de la subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad Laura Ballesteros, reconoció que el sistema de cancelación de las licencias no funciona debido a fallas en el proceso burocrático que impiden que los automovilistas que acumulan los puntos de multa sean notificados y por tanto, los procesos de sanción no avanzan.

 ¿Qué dice la ley?

En 2007, durante la administración del Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard,  entró en vigor el Reglamento de Tránsito Metropolitano en la Ciudad el cual incluía por primera vez un sistema de puntos de sanción para las licencias de conducir.

El artículo 44 del mismo establecía que un automovilista que acumulara doce puntos de sanción le sería “cancelada su licencia” por un periodo de tres años.

El número de puntos de sanción que un conductor recibiría en su licencia dependería de la gravedad de la infracción cometida. En todos los casos cualquier violación representaba al menos un punto de sanción.

Las infracciones más graves, que ameritaban en automático seis puntos, eran conducir sin respetarlos límites de velocidad, manejar en estado de ebriedad (positivo en alcoholímetro), dar vueltas prohibidas o invadir el carril confinado para el transporte público, así como participar en carreras clandestinas conocidas como “arrancones”.

En diciembre de 2015 entró en vigor en la capital el nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito Federal que sustituyó al anterior. Aunque esta norma modificó varias de las disposiciones se mantuvo vigente el sistema de puntos de sanción y la cancelación de las licencias al acumular doce puntos.

Además se incrementó el número de infracciones que ameritaban seis puntos de sanción pues se incluyó el estacionarse en carriles confinados y en zonas peatonales.

La realidad

Animal Político preguntó a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y a la Secretaría de Movilidad (Semovi) cuantas licencias de conducir se han cancelado a los automovilistas por acumular doce puntos de multa. Esto desde el año 2007 en que comenzó a funcionar este sistema hasta la fecha.

Seguridad Pública contestó oficialmente que, aunque la policía capitalina es la responsable de vigilarla aplicación del reglamento y aplicar las multas correspondientes, el proceso del cómputo de los puntos en la licencia correspondía a Movilidad.

En tanto la Semovi respondió a través de un oficio firmado por el Subdirector de Procedimientos Administrativos y Sanciones, José Luis Ramírez Dueñas, que solamente existe un procedimiento de una licencia cancelada por la acumulación de los doce puntos.

En sus registros, la dependencia precisó primero que hay 23 procedimientos administrativos de cancelación o suspensión de licencias de conducir, pero de ellos solamente uno corresponde a este sistema.

“Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los sistemas electrónicos y documentales que ocupa la jefatura de Unidad Departamental de Procedimientos Administrativos solo se encontró 1 Procedimiento Administrativo de Cancelación o Suspensión de Licencia para Conducir tipo A por acumulación de 12 puntos” indica el oficio fechado el pasado 18 de enero.

Por tratarse de datos personales la Secretaría de Movilidad no proporcionó información sobre la identidad del único automovilista, de los más de cinco millones que circulan en la capital del país, que ha perdido su licencia por acumular 12 puntos de multa.

Tampoco se proporcionó el número de puntos de multa que se han aplicado a las licencias de conducir hasta la fecha pese a que se solicitaron esos datos.

Como ya se dijo, solo por el tema del exceso de velocidad habría ya más de 51 millones de puntos de sanción que tendrían que haberse aplicado en la última década. Además, si se toma en cuenta que cada año en promedio se sanciona a 19 mil personas por dar positivo en el alcoholímetro  y que esta falta es de las que amerita seis puntos, esto significaría 114 mil puntos de multa nuevos anualmente.

El problema y la solución

De acuerdo con Laura Ballesteros la aplicación de los puntos de sanción no se ha suspendido ni cancelado en la ciudad pues se trata de un programa estratégico para fomentar la seguridad vial en la zona, pero reconoció que en los hechos no hay cancelación de licencias.

“Si el retiro de licencias no ha sido posible es porque hay un problema en el proceso burocrático que tiene que ver con la notificación de las personas sancionadas” dijo la funcionaria en entrevista con este medio.

La subsecretaria de Movilidad explicó que la cancelación de una licencia de conducir es un procedimiento administrativo de sanción que tiene como punto de partida la notificación de los probables infractores.

El problema, explica la funcionaria,  es que por falta de personal en Semovi o de protocolos para realizar de forma adecuada las notificaciones, estas no han podido materializarse y en consecuencia todos los procedimientos están sin avance.

“Y ese proceso burocrático y largo es el que está haciendo que sea materialmente imposible notificar a las personas y sino están notificadas pues no les puedes generar ningún procedimiento” dice Ballesteros.

Para solucionar lo anterior la subsecretaria de Planeación indicó que desde hace varios meses se trabaja con el área jurídica de la Semovi en la creación de un nuevo protocolo que permita aplicar los puntos de sanción a las licencias.

El objetivo no es solo que se notifique a los automovilistas sino que se haga todo el procedimiento con máximo apego a la legalidad para evitar, por ejemplo, escenarios donde a través de amparos los infractores evadan la suspensión o cancelación de la licencia.

A su vez se busca vincular de forma efectiva el sistema del alcoholímetro con el de los puntos de sanción ya que, aunque manejar en estado de ebriedad es una de las infracciones graves que amerita seis puntos, estos en realidad no se aplican porque no se comunican.

Pero además Ballesteros indicó que no solo buscan que los puntos si deriven en sanciones sino una estrategia que derive en la capacitación de los automovilistas y no solo en “castigos”.

“A mí de nada me sirve sancionar a alguien, multarlo y quitarle la licencia sino hay un proceso de capacitación y aprendizaje en el camino (…) Lo que queremos introducir (y nos está llevando tiempo hasta ahora 8 meses) es vincular los puntos de sanción a las licencias con cursos y talleres que tengan que tomar las personas para recuperar los puntos perdidos y así no se tenga que llegar al retiro” dijo.


Ballesteros subrayó que en el reglamento de la Ley de Movilidad, que se espera se expida en breve pues ya está en la fase final de revisión, quedará definido de forma precisa el funcionamiento de los puntos de sanción y los mecanismos de capacitación que sirvan para descontarlos.

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FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/licencia-cancelada-cdmx/

Gobierno de Chiapas contrató compañías ligadas a la red de empresas fantasma de Duarte

La red de empresas fantasmas utilizada por Javier Duarte en Veracruz también está involucrada en un posible desvío de fondos en Chiapas, durante el sexenio de Juan Sabines, actual cónsul de México en Orlando, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Tres compañías ligadas a la red fantasma de Veracruz obtuvieron contratos por 118 millones de pesos entre 2010 y 2012 para realizar labores de outsourcing en el Sistema de Trasportes Urbanos de Tuxtla (SITUTSA), en el que el Gobierno de Chiapas tiene participación accionaria del 51%.

Ese sistema –conocido como ‘Conejobus’- fue creado por el Gobierno de Sabines, en sociedad con los transportistas, con una aportación de más de 120 millones de pesos, para la compra de 90 vehículos.

Desde su inicio de operaciones, en 2010, se contrató a una red de empresas para que realizaran labores de outsourcing.

Sabines fue miembro del PRI hasta el año 2006, cuando renunció para ser candidato a la gubernatura por una coalición integrada por el PRD, PT y Convergencia.

En el tramo final de su mandato se distanció del PRD y se vinculó de nuevo con el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto, quien en junio de 2015 lo nombró Cónsul de México en Orlando, donde actualmente reside.

Los contratos

En enero de 2010, el entonces gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, puso en marcha el sistema Conejobús, que es similar al Metrobús de la Ciudad de México, con lo que se buscaba modernizar el transporte público de Tuxtla Gutiérrez.

Para lanzar el Conejobús, el Gobernador aportó fondos públicos para adquirir los vehículos, y en sociedad con los transportistas chiapanecos creó la empresa Sistema de Trasportes Urbanos de Tuxtla SA de CV (SITUTSA), en la que el Gobierno de Chiapas es accionista mayoritario.

Desde su lanzamiento, se cedió la operación del Conejobús a tres empresas veracruzanas, a través de un esquema de outsourcing, en el que suministraban personal para el sistema de transporte y ofrecían servicios de asesoría contable y administración.

Estas empresas de outsourcing son: RAVSAN Servicios Múltiples, que cobró en Chiapas más de 68 millones 600 mil pesos; Comercializadora Pagoli, que recibió 27 millones 850 mil y Corporativo Lizgar, con 22 millones 736 mil pesos. También fue contratada LG Asesores Corporativos SC, uno de cuyos colaboradores fue quien gestionó el registro legal de la marca Conejobús.

Los contratos tenían vigencia hasta 2013, pero una serie de irregularidades detectadas aquel año en una auditoría, forzaron a su terminación anticipada.

La prensa chiapaneca consignó estas irregularidades. En su edición del 16 de junio de 2013, Código Sur publicó que el Conejobús enfrentaba un adeudo fiscal por 32 millones de pesos, mientras que el diario El Péndulo atribuyó este quebranto a las empresas de outsourcing que operaban el servicio de transporte en Tuxtla. “A las empresas de outsoursing el SAT (Servicio de Administración Tributaria) las considera como no indispensables para el desarrollo de la actividad”, citó el Diario de Chiapas, al consignar el resultado de la auditoría.

La red fantasma

Las empresas veracruzanas contratadas por el anterior Gobierno de Juan Sabines en Chiapas, forman parte de una compleja red fantasma que comparte socios y domicilios.

RAVSAN -que es la que cobró el mayor contrato en Chiapas- aportó como domicilio fiscal una humilde vivienda de un piso en la calle Guadalupe 1599, de la colonia Virgilio Uribe, en Veracruz.

Su dueño es Luciano Sánchez Díaz, quien además es socio de Comercializadora Dagú y de Mextic Traffic International SA de CV, otras dos empresas de la red fantasma de Veracruz, que juntas obtuvieron contratos en el Gobierno de Duarte por 24.5 millones de pesos. El otro accionista de RAVSAN se llama Eduardo Ravelo López.

Pese a que aparentemente son prósperos empresarios, en las actas constitutivas ambos socios dijeron habitar en zonas humildes: Luciano Sánchez Díaz en el lote ocho de la calle Olivos, en la colonia Miguel Alemán, y Eduardo Ravelo en un departamento de un maltrecho edificio en el conjunto Infonavit Chivería.

Corporativo Lizgar -otra de las empresas veracruzanas que operaba en Chiapas- tiene como socia a Areli Sulema Galloc, dueña a la vez de Bloques 2DM, firma fantasma que durante el sexenio de Duarte recibió 38 millones de pesos en contratos.

En Corporativo Lizgar también es socio Efraín Infanzón Malpica, quien de acuerdo con las actas obtenidas para esta investigación, es accionista en otras diez empresas. En una de ellas (Desarrollo Decoo) está asociado con Alberto Gómez Aranda y Patricia Ríos Triana, dueños de Desarrolladores Mercalim y AD911 SA de CV, ambas compañías fantasmas que durante el Gobierno de Duarte obtuvieron 36.5 millones de pesos.

Comercializadora Pagoli SA de CV recibió contratos tanto del Gobierno de Chiapas (27.8 millones de pesos) como del que encabezó Javier Duarte en Veracruz (5.7 millones).

Uno de los socios de Pagoli se llama Esteban Marín del Valle, quien a la vez está asociado en otra empresa con René Felipe Cazarín Escobar, dueño de Cymaned, también empresa fantasma de Veracruz.

Tanto en Pagoli como en RAVSAN Servicios Múltiples, el apoderado legal es César Álvarez Alegría, socio de la empresa fantasma Centro de Recursos de Negocios CERENE SA de CV, a quien Duarte le otorgó contratos por 5 millones de pesos.

Mismos domicilios

Hay una cuarta empresa veracruzana que participó en la operación del Conejobús de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se trata de LG Asesores Corporativos SC, que dirige el contador y empresario Víctor Manuel López Gachuz.

El domicilio de LG Asesores Corporativos es Sahagún 123, en el fraccionamiento Virginia, en Boca del Río, misma dirección que aportó Mauricio Bayron González, apoderado legal del Sistema de Trasportes Urbanos de Tuxtla SA de CV (SITUTSA), empresa cuyo accionista mayoritario es el Gobierno de Chiapas.

Bayron González fue quien en 2010 acudió ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a realizar a nombre de la transportista paraestatal los trámites de registro de la marca Conejobús.

Al igual que los socios de las otras compañías contratadas por el gobierno chiapaneco, Bayron González tiene vínculos con operadores de empresas fantasma.

En la empresa SOPS SC está asociado con Fabiola Jacqueline Mundo González, dueña a su vez de la firma fantasma Grupo Balcano SA de CV, a quien el Gobierno de Duarte le dio contratos por 60.7 millones de pesos.

El domicilio que Bayron González aportó ante el IMPI (Sahagún 123) es la sede de una serie de despachos fiscales, todos manejados por el contador Víctor Manuel López Gachuz.

De acuerdo con documentos obtenidos para esta investigación, en uno de esos despachos ha colaborado, como apoderado legal, César Álvarez Alegría, quien participa como socio o representante de al menos tres de las empresas fantasma de Duarte (RAVSAN, CERENE y PAGOLI).

Los vínculos

Empresas contratadas entre 2010 y 2013 para operar el sistema de transporte de Tuxtla, en el que el Gobierno de Chiapas es accionista mayoritario:

RAVSAN SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV

Empresa fantasma de Veracruz

Dueño: Luciano Sánchez Díaz

Representante legal: César Álvarez Alegría

Ambos están ligados a otras tres empresas fantasmas:

Comercializadora Dagu, Mextic Traffic International y CERENE SA de CV

29.5 millones recibieron en contratos de Duarte.

CORPORATIVO LIZGAR, S.A. DE C.V.

Corporativo de Veracruz ligado a socios de empresas fantasma

Socio 1: Areli Sulema Galloc

Dueña de la empresa fantasma Bloques 2DM SA de CV

Socio 2: Efraín Infanzón Malpica

Está asociado en Desarrollo Decoo con Alberto Gómez Aranda y Patricia Ríos Triana

Ambos son dueños de las firmas fantasma Desarrolladores Mercalim y AD911

74.5 millones recibieron en contratos de Duarte.

COMERCIALIZADORA PAGOLI, S.A. DE C.V.

Dueño: Esteban Marín del Valle

Asociado en otra empresa con René Felipe Cazarín Escobar, dueño de la firma fantasma Cymaned.

Representante legal: César Álvarez Alegría

Dueño de la firma fantasma CERENE SA de CV

10.7 millones recibieron en contratos de Duarte.

LG ASESORES CORPORATIVOS SC

Dueño: Víctor Manuel López Gachuz.

Un colaborador está ligado a tres empresas fantasma (Ravsan, Cerene y Pagoli)

Está asociado en otra empresa con Mauricio Bayron González.

Éste, a su vez, es socio de la dueña de la firma fantasma Grupo Balcano.

Esta empresa recibió 60 millones del Gobierno de Duarte.


Byron es el apoderado de Trasportes Urbanos de Tuxtla, empresa del Gobierno de Chiapas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD.
AUTOR: RAÚL OLMOS
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/empresa-fantama-chiapas-sabines/

El peso inicia la semana estable; el dólar se vende en 20.80 máximo en bancos

El dólar inició operaciones esta semana, estable, sin indicadores económicos de relevancia. A nivel interbancario opera en 20.52 pesos, por abajo del precio de cierre del viernes pasado de 20.65 pesos.

La cotización más alta es de 20.80 pesos por dólar de acuerdo con datos de BanBajío, seguida de la de BBVA Bancomer de 20.72; Citibanamex, Santander e Inbursa lo ofrecen en 20.65; Banorte e Ixe en 20.60 y HSBC en 20.55 pesos.

En casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el dólar se vende en 20.06 pesos en promedio y en un máximo de 20.30 pesos. A la compra se adquiere en 19.30 y en un mínimo de 19.10 pesos.

El peso operaba estable este lunes con el mercado a la espera de la comparecencia de la jefa de la Reserva Federal, Janet Yellen, en el Congreso de Estados Unidos esta semana, y a la expectativa en torno a las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió con una marginal variación positiva de 2.12 puntos sin representación porcentual respecto al nivel previo, en espera de catalizadores y reportes corporativos.

La BMV opera en línea con los índices de Wall Street, donde el promedio industrial Dow Jones gana 0.39%, el Standard and Poor’s 500 (S&P500) avanza 0.28% y el Nasdaq 0.36%.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), inicia la semana en un nivel de 47 mil 799.16 unidades, con las emisoras de mayor ponderación en terreno positivo.

A escala mundial los mercados presentan movimientos positivos, luego de que se diera a conocer el dato del crecimiento económico en Japón, de 0.2 %, por debajo del estimado de 0.3 %.

Por el contrario, los precios del petróleo operan con bajas luego del repunte de la semana pasada. El West Texas Intermediate (WTI) baja 1.47%, a 53.07 dólares por barril; mientras que el Brent retrocede 1.66% a 55.76 dólares por barril.





Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/474218/peso-inicia-la-semana-estable-dolar-se-vende-en-20-80-maximo-en-bancos


La noche del infierno en San Miguel Allende

Antonio Luna solía encerrarse por las noches junto con su esposa Juana y sus tres hijos en la amplia estancia en remodelación de la propiedad que cuidaba, ubicada en la carretera a Dolores Hidalgo, justo donde el entorno comienza a verse escasamente poblado.

Fue en ese lugar, donde la noche del viernes 13 de enero, para la familia Luna Luna comenzó el infierno.

Los hijos de Juana y Antonio, ambos de apellido Luna: Adrián, de 11 años, Gabriel de ocho y Mateo, de cuatro, murieron de un disparo en la cabeza en el marco de un operativo ministerial a todas luces fallido y de un entorno inseguro que recrudeció en los últimos meses en esta ciudad.

La razón no alcanza para explicar cómo Antonio, descrito por quienes lo conocen como un padre amoroso para quien sus hijos lo eran todo, pudo haberles disparado a cada uno en la cabeza con el revólver calibre 22 que le dio su patrón para cuidar por las noches la propiedad en este lugar.


Así lo plantea la acusación formulada por la Fiscalía de la Procuraduría de Justicia, por la que fue vinculado por una juez y permanece preso en el Centro de Reinserción Social (Cereso).

Numerosos mensajes y llamadas telefónicas intercambiadas por Juana y Antonio con el propietario de la finca, Cipriano Sánchez, y los hermanos de ambos, revelan la incertidumbre y el terror vividos desde los primeros minutos de la balacera por esta familia, que en un principio creyó que “alguien se metió a robar”.

De acuerdo con estos mensajes revelados a Apro, Juana y Antonio clamaron por ayuda, pidieron a sus hermanos llamar a la policía y esperaron durante varias horas sin tener la certeza de que alguien iría a rescatarlos.

Es por eso que sobre la muerte de los tres niños, la presencia del grupo delictivo y el operativo que a cargo de agentes de la Procuraduría de Justicia, el transcurrir de los días saca a relucir más dudas que certezas.

Según la información oficial, elementos de la Policía Municipal, aquel día agentes de las Fuerzas del estado y de la Policía Federal llegaron al sitio y permanecieron a unos metros el lugar. Pero ninguno disparó una sola de las más de 400 balas que se habrían intercambiado en el interior de la finca.

La función de estas corporaciones, según se apresuraron a aclarar, fue únicamente la de bloquear el paso a automovilistas en ese tramo de la carretera a Dolores Hidalgo “y vigilar que no hubiera heridos por alguna bala, alguna persona inocente (sic)”, dijo el comisionado de la Policía Federal en el estado, Miguel Ángel Simental, unos días después de lo ocurrido.

“Fue un operativo exclusivamente de la Procuraduría de Justicia del estado”, confirmó el comisionado federal.

El resultado no puede ser más cuestionable y desolador: tres niños asesinados en medio de cientos de balas, ventanas y paredes rotas y perforadas. El velador y padre de los menores detenido. Armas, vehículos y droga asegurados por la Procuraduría, pero ningún sicario capturado: todos huyeron por las brechas alrededor de la propiedad a escasos metros de la carretera; allí donde policías municipales, agentes de tránsito, policías federales y estatales “cuidaban”.

Al paso de los días también surgen contradicciones sobre las personas que habían rentado unos días antes un departamento al fondo del predio, separado del salón por un amplio jardín y estacionamiento.

Mientras el procurador Carlos Zamarripa los identificó como varios hombres integrantes de un grupo delictivo, el propietario del predio, Cipriano Sánchez, sostiene que fueron “dos mujeres comunes y corrientes” que le pidieron alojamiento a fines de diciembre.
El sepelio de los hijos de Antonio Luna. Foto: Especial

El sepelio de los hijos de Antonio Luna. Foto: Especial

“Nada raro ni anormal”
En entrevista con apro el lunes 30 de enero, Cipriano Sánchez contó que acostumbra ir a la propiedad a diario; que nunca notó “nada raro ni anormal” en la conducta o presencia de sus inquilinas, aunque a veces éstas eran acompañadas por un joven u otras personas.

Sin embargo, nunca pudo confirmar su identidad porque desde el principio las dos mujeres adujeron que les habían robado su bolsa con sus identificaciones unos días antes, y sólo le dieron un nombre: Verónica Ortiz.

Cuando Antonio regresó tras dos semanas de vacaciones, su patrón le informó que había rentado el departamento, que no se ocupara de las inquilinas y que hiciera su trabajo “como siempre”.

La estancia donde solía encerrarse Antonio por las noches era remodelada para convertirse en un salón de fiestas, después de que por varios años el propietario la rentó a un empresario de Guadalajara que le invirtió para convertir el sitio en un centro nocturno con table dance, pero aparentemente nunca consiguió los permisos.

En la parte alta hay un televisor, mesas de billar, algunos colchones y un cuartito con un pequeño baño, suficientes para que la familia se instalara a ver televisión y se quedara a dormir.

Cada mañana, todos regresaban a su otra realidad: un cuarto que hacía las veces de recámara, cocina y sala, carente de electricidad, agua potable y drenaje, ubicado a unos 200 metros de la finca que Antonio cuidaba.

Allí se cambiaban de ropa y se arreglaban; la pareja llevaba a los niños a sus colegios y posteriormente cada uno se iba a trabajar. Por las noches, el salón de Cipriano era el sitio inmejorable para estar juntos y disfrutar de lo que en su cuartito no tenían.

La pareja llegó al sitio unos cuatro o cinco años atrás, siguiendo a dos hermanos de Juana que fincaron un par de cuartos aledaños y les permitieron quedarse. Hace dos años, Antonio fue contratado por Cipriano Sánchez para ser el velador del inmueble, junto al que hay un motel en construcción desde hace años, y una tienda, todos predios de Cipriano, según narró éste a la reportera.

“Venga pronto, hay una balacera…”

La noche del viernes 13 los primeros disparos comenzaron a escucharse a las 11:30 de la noche y los últimos a las 4:30 de la madrugada del sábado 14 en la propiedad ubicada en Ampliación Cieneguita, refieren en entrevista vecinos de Antonio y Juana que habitan otra pequeña casa junto al cuarto de los Luna Luna.

Cipriano Sánchez asegura que una hora antes se había retirado de la finca, donde estuvo casi toda la tarde haciendo arreglos en el patio y el jardín. “Dejé todo normal, le dije a Antonio que se encerrara; no supe si estaban las mujeres –inquilinas del departamento- no noté nada raro”, asegura.

Al escuchar los primeros disparos, varios de los vecinos se asomaron por las cortinas que hacen las veces de puerta. No atinaron más que a llamar a la policía municipal para decir que había un tiroteo y que muy cerca vivían familias con niños y tenían miedo. Después se persignaron y se pusieron a rezar el rosario.

Los vecinos sabían que la familia Luna Luna estaba en la finca. Todos los días los veían salir por las noches de su cuartito rumbo a la propiedad que cuidaba Antonio, a quien describen como un hombre tranquilo que nunca dio problemas, que jugaba con sus tres hijos en el terregal que hace las veces de patio y que ayudaba a Juana a acarrear el agua del aljibe para bañarse y cocinar.

“Nos pusimos a rezar. Pensábamos en los niños allí adentro. Los balazos se escuchaban seguidos, a veces un ratito de silencio y luego otra vez; todo fue adentro de la finca, afuera no vimos a nadie, ni un coche, nada. Ya casi cuando se acabaron, se oyó como una ráfaga, muchos de un jalón. Luego ya no se oyó nada”, narró una mujer.

Cipriano Sánchez recibió varias llamadas y un mensaje de texto desde el celular de Antonio y de otro que cree es el de Juana, pero no les contestó nunca porque, afirma, al llegar a su casa esa noche se quedó dormido y no despertó sino hasta la mañana siguiente.

En uno, que recibió a la 1:34 de la mañana, Antonio escribió: “Venga pronto hay una balacera en la tienda y aquí donde estamos”.

En total, 25 llamadas y seis mensajes de texto se intercambiaron entre los teléfonos de Juana y su cuñada Claudia, así como de ésta al número de emergencias y al directo de la Policía Municipal, a partir de las 12:39 y hasta las 4:57 de la madrugada.

Desde las 12:40, en la central de policía le aseguran que ya habían enviado gente al sitio. Eso mismo le repitieron en las sucesivas llamadas que hizo a la corporación, cada que Juana volvía a marcarle porque “no llega nadie a ayudarnos”.

Junto con otro de sus hermanos (son nueve en la familia de Antonio), Claudia se apersonó en las inmediaciones de la finca de Ampliación Cieneguita poco después de las dos de la madrugada del sábado 14, en busca de saber qué pasaba en la casa donde sabía que estaban el velador, su cuñada y sus tres sobrinos. Pero para ese momento, ya la carretera estaba cerrada y el paso impedido les fue impedido por policías municipales.

Una hora y media antes (12:30) las hermanas de Antonio habían recibido una primera llamada de Juana desde el interior de la finca, pidiéndoles que avisaran a la policía de que alguien estaba metiéndose a la casa. Su esposo y ella creían que era para robar.

A las 12:39, Claudia marcó al teléfono celular de Juana y le preguntó que si los supuestos ladrones se querían meter a la finca que cuidaba Antonio, o a la casita donde vivían los Luna Luna. Juana le aclaró a su cuñada que estaban todos encerrados en la finca que cuidaba su esposo. “Aquí donde trabaja Antonio, quieren robar, se quieren meter”, le dijo, evidentemente asustada.

A las 2:39, Juana le volvió a marcar, justo cuando Claudia y su hermano se dirigían a Ampliación Cieneguita. “Pensábamos que los policías no llegaban porque no ubicaban el lugar, así que se nos ocurrió ir para señalarles dónde era. Pero ya no nos dejaron pasar”, narró la hermana de Antonio a apro el jueves 26.

En esa llamada, Juana le dice que nadie de la policía llega. “Ya nos están echando gas”, agrega. A través de la línea, su cuñada alcanzó a escuchar claramente los disparos.

“Cuando llegamos, me acerqué a unos policías para enterarlos de que allí estaban mis sobrinos con sus papás, que había niños. Uno de los policías habló como por un micrófono, escuché que dijo: hay un velador, su esposa y tres menores. Luego alguien le marcó a su celular, contestó y les dijo: es que esto se puso más cabrón, porque ahí está el velador y hay tres menores. No supe quién le llamó y a quién informó”, refirió Claudia.

Después de varios intentos por comunicarse nuevamente con Juana, a las 2:52 ésta respondió a Claudia, en un murmullo: “Te voy a colgar porque no quiero que nos descubran”. Esa fue la última vez que escuchó a la madre de sus sobrinos, pues le marcó otra decena de ocasiones y a veces descolgaban, pero no volvió a responderle.

A las 4:57, ante el silencio de la primera, la falta de información por parte de los policías y el tremendo frío que se sintió, Claudia optó por retirarse de la carretera y volvió a su casa donde vive con su mamá. Antes, éste fue el último mensaje que envió a Juana por el WhatsApp: “Ya la policía tiene sus datos, de ustedes y de los niños, por si les habla sepan que son ellos”.

Casi 12 horas después, alrededor de las tres y media de la tarde, Claudia pudo ver a su hermano, detenido en los separos de la Policía Municipal. Lo primero que hizo al verlo fue preguntarle por sus sobrinos.

“Me los mataron. Están muertos los tres y Juana no va a salir. Está allá, no va a salir ni pagando fianza. Encárgate de mis hijos y de ella”, fue la respuesta de Antonio.

El procurador de justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, ha expuesto que esta instancia tiene los elementos periciales y la declaración ministerial de la madre de los menores, Juana Luna, para sustentar la acusación contra Antonio contenida en la carpeta de investigación, que ya está también en los terrenos del Poder judicial del estado.

Más interrogantes

En las diversa entrevistas que ha dado a medios, el procurador Carlos Zamarripa ha señalado que los elementos de la Agencia de Investigación Criminal que realizaron el operativo –seis en total, según informes de la Procuraduría de Derechos Humanos que ha tomado declaración a los mismos, así como a ocho elementos de la Policía Estatal– no contaban con la información de que en la propiedad había una familia con menores de edad, y que los agentes se identificaron claramente mediante los comandos de voz propios de estos operativos.

-¿Hay alguna posibilidad de que los agentes hayan incurrido en algún error o en algún acto indebido durante este operativo?, preguntó apro al procurador.

-Ninguna evidencia tengo para pensar o suponer una actuación indebida, respondió.

Sin embargo, resulta imposible ignorar las declaraciones que en los días siguientes hizo la propia madre de las víctimas, quien apuntó a los elementos ministeriales como quienes desarmaron a su esposo, hicieron disparos y posteriormente obligaron a Antonio a tomar el arma en sus manos.

Ante cámaras y grabadoras, Juana Luna narró que después de esos momentos no volvió a ver a sus hijos vivos y que su declaración en las oficinas de la Subprocuraduría de Justicia habría sido modificada de forma sustancial y ella presionada para firmarla, “porque sólo así podría salir”.

En una de estas entrevistas, Juana contó que cuando los tenían a ella y a su esposo todavía dentro de la finca (antes de ser trasladados al Ministerio Público) los llevaron al departamento que Cipriano había rentado.

“Mi esposo le preguntó al oficial que estaba allí que si les estábamos marcando, por qué no llegaban. Dijo que no podían, que al parecer allí hubo un enfrentamiento de dos grupos contrarios, y cuando llegaron ellos salieron por otras puertas, ya no los alcanzaron”.

“Eso comentan mis superiores porque yo acabo de llegar”, les dijo el agente, aparentemente también de la PGJE. Siguió: “Nosotros ni siquiera sabíamos quiénes eran, pensamos que se habían metido a robar”, insistió Juana en su versión ante los medios. “Yo por eso pensé que eran como los de la tele, que eran secuestradores”.

Dos días antes de lo ocurrido en Ampliación Cieneguita, elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Procuraduría de Justicia y del grupo táctico de la Secretaría de Seguridad Pública “reventaron” una casa en la colonia Lindavista, en la que un joven de 18 años y un niño de 10 permanecían secuestrados.Tres de los plagiarios murieron en el enfrentamiento con los agentes y uno de éstos fue herido, informó el procurador Carlos Zamarripa.

En octubre del 2015, la delincuencia dio la bienvenida al actual presidente municipal, el panista Ricardo Villarreal García –hermano del también exalcalde y exdiputado federal Luis Alberto Villarreal- con un ejecutado, sólo 10 minutos después de que aquél asumió el cargo, momento a partir del cual las ejecuciones continúan con una frecuencia nunca antes vista, refieren reporteros en esta ciudad.

Es en éste San Miguel, que acumula títulos como “la mejor para vivir”, “la mejor ciudad de México, Centro y Sudamérica” y otros igualmente pomposos, en donde han sido detenidos en los últimos tres años no uno, sino varios capos del narcotráfico, como Héctor Beltrán Leyva, El H, jefe del cártel de los Beltrán desde la muerte de su hermano Arturo El Barbas. Héctor Beltrán fue detenido a principios de octubre del 2014.

Tal panorama exhibe una acometida criminal de asesinatos, extorsiones, robos domiciliarios, ataques con explosivos a bares y restaurantes que tienen preocupados y molestos a los sanmiguelenses y residentes extranjeros, y ante el cual las corporaciones municipales, estatales y federales parecen estar rebasadas, por lo que la muerte de los niños Luna Luna detonó varias protestas y marchas en la ciudad.

“Si dicen que mi hermano es culpable, yo creo que atrás de él hay otro culpable, ¿no? ¿Quién mandó ese operativo y aparte fallido. ¿Con quién pelearon? ¿Con quién, me pregunto? – cuestiona Claudia, hermana de Antonio.

“Este procurador le inventa cada cosa; pues creo que él también es culpable, ¿no? O quien mandó este operativo, también es culpable. Porque si no hubiera pasado esto, la vida sería normal para ellos, feliz. Porque eran muy felices”.





Fuente: Proceso
Autora: Verónica Espinosa
http://www.proceso.com.mx/474065/la-noche-del-infierno-en-san-miguel-allende

Ven desequilibrio en decreto de veda a comunidades indígenas para el uso del agua

El jefe de cooperación de la Unión Europea, Juan Garay, consideró que pareciera que en México se antepone el beneficio económico de las mineras por encima de la supervivencia de las comunidades, en este caso, las zapotecas de los valles de Ocotlán, Zimatlán y Ejutla, que luchan por el agua.

Al participar como invitado especial en la consulta indígena donde proponen que se levante el decreto de veda de 1967 en la micro-región que las 16 comunidades denominan Xnizaa (Nuestra Agua), que prohíbe a los campesinos el alumbramiento del agua del subsuelo para el cultivo de sus hortalizas, calificó este hecho como un ejercicio de gobernanza.

“Está claro que la minería es una actividad industrial estratégica y necesaria para el desarrollo de México pero debe estar muy bien regulada en el daño medio ambiental y, sobre todo, en uso de un recurso básico como el agua”.
Sin embargo, señaló que hay un desequilibrio porque limitan a unas comunidades de las necesidades más básicas que empiezan con la alimentación y la supervivencia.

“Nos parece un proceso democrático y necesario la consulta indígena y tremendamente pertinente en relación a la gobernanza de un recurso básico para la vida como es el agua y que sea en equidad y sostenibilidad.

Entonces, dijo, “estamos muy interesados en ver los resultados a este proceso como ejemplo democrático y soberanía con objetivo de equidad y sostenibilidad”.

Destacó que “el decreto de veda es necesario en cualquier país porque hay que controlar el uso excesivo de los recursos naturales en beneficio colectivo y nuevas generaciones, el problema es cuando esos decretos se aplican de forma desequilibrada”.

“Y sí que tenemos preocupación aunque requiere de una investigación más profunda de cómo la ley de minas permite un uso mucho más indiscriminado de agua, incluso de su contaminación en relación al decreto de veda que afecta a comunidades zapotecas.

“Hay que analizar cuál es el uso excesivo y el efecto que puede tener en los niveles de los acuíferos en México (las mineras) porque me parece un marco que no asegura la equidad y que debe ser reflexionado con estudios de cómo las mineras pueden tener efectos en el flujo de acuíferos en detrimento y la veda pone en riesgo a comunidades que tienen fines sostenibles y de supervivencia.

Juan Garay va más allá al afirmar que estas acciones pueden ser una gran oportunidad frente a la preocupante política migratoria de Estados Unidos con el tema de los migrantes.

Considera que “es una gran oportunidad para revigorizar el campo mexicano al apoyar a migrantes con experiencia y formaciones interesantes ahora que vuelvan al lugar de origen y puedan tener una reintegración en su territorio en actividades de sostenibilidad”.

Cabe recordar que el pasado 8 de febrero de 2017, en la comunidad zapoteca de San Pedro Apóstol, la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA) presentó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) su propuesta para el uso, disfrute y administración comunitaria del agua, en el marco de la consulta indígena que se está llevando a cabo en los Valles Centrales.

La propuesta demanda que se reconozcan los derechos territoriales y el derecho de libre determinación y autonomía de las comunidades zapotecas en esa región para que tengan la facultad de elaborar y emitir las normas que regulen el uso y disfrute de las aguas del subsuelo.

Para ese fin, proponen que se levante el Decreto de Veda de 1967 en la micro-región que las 16 comunidades denominan Xnizaa (Nuestra Agua), con la responsabilidad de implementar un reglamento para el uso y cuidado del agua subterránea.

En los últimos 10 años, los campesinos y campesinas indígenas que integran la COPUDA, han dado cuenta de su capacidad, para gestionar, diseñar y construir obras de captación de agua de lluvia que hasta ahora revitalizan los mantos acuíferos de la región, de la cual depende su sustento.

Organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, tales como el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, A.C.; la RedTDT “Todos los derechos para todos y todas”; OXFAM México, A.C.; CIESAS-Plural (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social), EDUCA Servicios Para una Educación Alternativa A.C. y la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I) coinciden que ésta es una oportunidad histórica para que el Estado Mexicano establezca una relación de corresponsabilidad con los pueblos indígenas que siente un precedente a nivel nacional.





Fuente: Proceso
Autor: Pedro Matías
http://www.proceso.com.mx/474207/ven-desequilibrio-en-decreto-veda-a-comunidades-indigenas-uso-del-agua

Suspenden siete gasolineras por irregularidades

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en los estados de México, Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Chiapas fueron suspendidas las actividades de siete gasolineras por irregularidades en la comercialización y despacho de combustibles.

Destacó que a raíz del proceso de liberación en los precios de las gasolinas y el diésel, diversas franquicias se han aprovechado de los consumidores, y por ese motivo se realizó un operativo conjunto en el que participaron el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

En esa acción, apuntó, se suspendieron siete gasolineras ubicadas en Buenavista y Maravatío, Michoacán; Ecatepec de Morelos y Malinalco, Estado de México; Agua Dulce, Veracruz; Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y Frontera Comalapa, Chiapas.

En un comunicado, la dependencia comentó que la idea de los operativos es combatir el mercado ilícito de gasolina, la evasión fiscal, el lavado de dinero y el fraude comercial.

Informó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal brindaron su apoyo en el operativo para garantizar la seguridad del personal en todo momento, con pleno respeto a los derechos humanos.





Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/474215/suspenden-siete-gasolineras-irregularidades

Diputados en Guerrero se niegan a transparentar su salario y solicitan amparo federal

Los diputados de la LXI legislatura local solicitaron un amparo ante la justicia federal para negarse a cumplir una resolución emitida por el Instituto de Transparencia estatal (Itaigro), que ordenó revelar el monto total del salario neto y bruto de los legisladores que junto a otro tipo de prestaciones y bonos suman más de 200 mil pesos mensuales.

El apoderado legal externo del Poder Legislativo, Ciro Rubio Alvarado, aseguró en su alegato presentado a principios de este mes ante el Juzgado Décimo de Distrito, con sede en esta capital, que esta decisión “traería efectos perniciosos en las garantías fundamentales” de los diputados locales.

Además, el abogado del Congreso local calificó de “inconstitucional e ilegal” el acuerdo del Itaigro, indican documentos oficiales en poder de Apro.

De esta forma, los integrantes de la LXI legislatura local que encabeza la diputada priista, Flor Añorve Ocampo, pretenden evadir su responsabilidad e incumplir con las disposiciones de Ley 207 de Transparencia en Guerrero que ellos mismos aprobaron el año pasado donde se indica que los datos sobre sueldos y percepciones de servidores públicos en la entidad se considera información pública de oficio.

El hecho es el primer antecedente jurídico registrado en la entidad sobre la resistencia de la clase política para erradicar vicios que fomentan la corrupción y el manejo discrecional de recursos públicos, y también exhibe el nivel de opacidad que existe en Guerrero.

Documentos oficiales obtenidos por Proceso indican que el primero de julio de 2016, un ciudadano solicitó información al Congreso local, sobre la remuneración bruta y neta de todos los diputados locales y su personal de confianza, incluyendo todas las prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos y sistemas de compensación.

El 27 de junio, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el órgano garante (Itaigro), porque no recibió la información que solicitó vía transparencia.

Después de seis meses, el 20 de diciembre, el pleno del Instituto de Transparencia en la entidad el Itaigro emitió la resolución 88/2016 que ordenó a la presidenta del Congreso local, Flor Añorve Ocampo, entregar la información completa sobre sueldos y prestaciones de los diputados locales de lo contrario se aplicarían multas y sanciones administrativas.

La sanción contemplada en la resolución que fue notificada al Congreso el 25 de enero de este año, es la mínima de 11 mil pesos, debido a que la máxima asciende a 100 mil pesos contra los sujetos obligados que se niegan a entregar información pública de oficio, indican los documentos consultados.

En respuesta, la coordinadora de la fracción priista, Flor Añorve, decidió contratar un abogado externo, a pesar de que existe un área jurídica en el Congreso local, para rechazar el cumplimiento de su obligación legal.

El jueves 2 de febrero, Ciro Rubio Alvarado, quien se asumió como apoderado legal de la LXI Legislatura local, promovió un juicio de amparo ante la justicia federal argumentando que la resolución del Itaigro es inconstitucional e ilegal.

El litigante particular afirma que el hecho de hacer pública la información sobre el salario y percepciones mensuales de los diputados locales “traería efectos perniciosos en las garantías fundamentales” de los legisladores en Guerrero.

Además, señaló que la resolución del Itaigro carece de legalidad y transgrede principios constitucionales a pesar de que los propios diputados aprobaron la Ley 207 de Transparencia en la entidad.

Al día siguiente, viernes 3 de febrero, el juez Décimo de Distrito, Jacinto Figueroa Salmorán concedió “la suspensión provisional” solicitada por el apoderado del Congreso local para beneficiar a los diputados de la LXI legislatura que pretenden evadir el cumplimiento de la ley.

De esta forma, comenzó el juicio de amparo 110/2017 promovido por el Congreso contra una resolución del Itaigro para determinar si el cumplimiento de ley de Transparencia exenta al poder Legislativo en la entidad.





Fuente: Proceso
Autor: Ezequiel Flores Contreras
http://www.proceso.com.mx/474213/diputados-en-guerrero-se-niegan-a-transparentar-salario-solicitan-amparo-federal